La Audiencia de Valladolid ha acordado finalmente suspender de forma definitiva el juicio por el denominado caso de ‘La Perla Negra’ y ordenar su devolución al juzgado de instrucción con el fin de garantizar que todas las partes personadas en el proceso han recibido la totalidad de la causa para evitar así incurrir en una posible nulidad por vulneración del derecho de defensa.
La decisión era la esperada después de que este lunes la Sección Segunda de lo Penal–es el tribunal sentenciador–suspendiera momentáneamente el juicio para resolver las distintas cuestiones previas planteadas por las partes, que en su práctica totalidad y secundadas hasta por las acusaciones, habían denunciado públicamente que ni siquiera habían tenido acceso a la totalidad de la documentación, compuesta por 18 tomos y cerca de 26.000 folios, según informaron fuentes jurídicas.
Y es que tras cerca de nueve años de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid respecto de una causa que fue declarada en 2016 de especial complejidad, la práctica totalidad de los letrados de las doce personas físicas y tres jurídicas encausadas e incluso la fiscal del caso y las acusaciones particular y popular, ejercidas por la Junta y el PSCyL, respectivamente, coincidían en que la documentación no habían llegado en su integridad a las partes.
En algunos casos ni siquiera se les había hecho llegar la causa completa, en otros alguno de los CD remitidos había sido imposible abrirlos y, además, ni siquiera se había foliado buena parte de la documentación, de ahí que los letrados, con la aquiescencia de los acusadores, pidieran ‘devolver el toro a corrales’, en términos taurinos, para evitar ver vulnerados sus derechos de defensa, pues ese traslado incompleto de la causa incluso les impedía concretar si, por ejemplo, los delitos imputados a sus clientes habían prescrito o no.
EL CERTIFICADO DE LA SECRETARIA
Así, la Audiencia Provincial devuelve ahora la causa a Instrucción número 2 para garantizar que la misma, íntegramente, es entregada en mano a la representación legal de los encausados, algo que habrá de certificar la secretaria o Letrada de la Administración de Justicia de dicho juzgado, algo que ya este mismo tribunal acordó anteriormente en el juicio por el ‘Caso PGOU’, como así recordaron este lunes algunos de los defensores pidiendo que siguiera la misma doctrina.
En su decisión, el magistrado que preside la sala reconoce que «no consta acreditado que tras el auto de apertura del juicio oral la Letrada de la Administración de Justicia haya certificado que las defensas tuvieran conocimiento de todas las diligencias de la causa«, entre ellas un CD que, tal y como alegó la defensora de Salvador Molina, contiene información fiscal «de trascendencia» sobre la exviceconsejera Begoña Hernández «que se encuentra encriptado y ha sido imposible abrir».
Ante este contratiempo, algunas de las partes, vaticinan que el juicio podría no celebrarse hasta finales de año, dada la complejidad de determinar qué documentos faltan a los letrados–se emplaza a éstos a que concreten en un plazo de diez días cuáles les faltan–, poner remedio al problema y dar plazo a las partes para que a la vista de las nuevas pruebas puedan modificar sus respectivos escritos de defensa si así lo estiman oportuno, además de buscar nuevas fechas para la celebración de la vista oral.
La fijación de las nuevas fechas podría también afectar al ‘Caso de las eólicas’, pendiente de determinar el calendario del juicio oral por parte de la Sección Cuarta de lo Penal, toda vez que tres de los procesados, el exviceconsejero Rafael Delgado y los empresarios y hermanos Alberto y Francisco Esgueva, figuran inmersos en esta segunda causa junto a otros 14 presuntos implicados, y materialmente no podrían ocupar ambos banquillos de forma simultánea.
El juicio de ‘La Perla’ ahora suspendido estaba previsto que se prolongara durante 23 días hasta, en principio, el día 29 de abril, proceso en el que estaban citados, entre testigos y peritos, hasta un total de 90. Entre los primeros figuraban el que fuera presidente de la Junta Juan Vicente Herrera–su declaración se había fijado para el día 30 de marzo– y la exconsejera de Economía y Hacienda y hoy portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo
La causa de ‘La Perla Negra’ guarda relación con la compra de un edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2 de Arroyo de La Encomienda (Valladolid) y también con la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona.
PARA BENEFICIAR A ALGUNAS MERCANTILES
Tales operaciones, a juicio de la Fiscalía, fueron realizadas por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León y propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L.) a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.
En relación al edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2, de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), la acusación pública sostiene que la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y que hiciera frente al abono de 9.787.472,55 euros, correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 S.L.
Por lo que atañe a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques–sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros–sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.
Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.
