Derechos Sociales destinará entre un 7 y un 8% del Fondo Social Europeo Plus a la Garantía Infantil Europea

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha comunicado este miércoles a las comunidades autónomas que dedicará entre un 7 y un 8% del Fondo Social Europeo Plus a la Garantía Infantil Europea, hasta 3 puntos más del 5% inicialmente previsto.

Así se contempla en el Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha presentado este miércoles a las CCAA.

El Ministerio espera que este «esfuerzo adicional» sea también «compartido y llevado a cabo por el resto de administraciones», con el objetivo de abordar la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha trasladado durante su intervención que «el compromiso del Gobierno con la infancia es pleno, especialmente, en la lucha contra las graves tasas de pobreza infantil que sufre aún nuestro país y que sitúan a más de dos millones de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y exclusión social».

«El objetivo es luchar de manera transversal sobre todas las condiciones que desencadenan la desigualdad y que empiezan por el acceso a los derechos básicos. Por tanto, no podemos decir que hemos acabado con la desigualdad si hay niños y niñas que no tienen acceso a una alimentación saludable, si la brecha digital sigue golpeando a los estudiantes más pobres o si la preocupación de que sus padres o madres no puedan pagar el alquiler no deja que se concentren en sus deberes», ha indicado.

Durante los últimos meses, Derechos Sociales ha estado trabajando con ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones del tercer sector, académicos, expertos y niños, niñas y adolescentes en este objetivo.

Esta colaboración desembocará, el próximo 15 de marzo, en la presentación a la Comisión Europea de un Plan de Acción Estatal, que será una hoja de ruta hasta 2030 y girará en torno a tres ejes de actuación: la pobreza infantil y la protección social; el ejercicio de los derechos sociales a través de servicios públicos de calidad; y los entornos protectores, inclusivos y participativos.