El borrador de dictamen de la misión europea sobre los crímenes de ETA sin resolver recoge propuestas como que los posibles beneficios penitenciarios para presos de la banda terrorista sean supeditados a la colaboración con la Justicia o que los delitos no puedan prescribir al ser considerados de lesa humanidad.
El texto, incluye las propuestas de la delegación de eurodiputados que visitó España durante varios días el pasado mes de noviembre. Ya entonces explicaron que su compromiso era publicar un informe que atendiera a las demandas de colectivos de víctimas que se quejaban de los beneficios sin colaboración previa con la Justicia, los homenajes públicos conocidos como ‘ongi etorri’ o la negativa de algunos países a extraditar etarras huidos.
El borrador de informe fue enviado a los miembros de la misión –que tuvieron hasta el 4 de febrero para aportar sugerencias–, por lo que el texto resultante se elevará el 14 de marzo, abriendo un plazo de enmiendas que desembocará en el voto en comisión, previsto para el 20 de abril.
La misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo viajó a España por petición de la asociación Dignidad y Justicia, y durante su estancia en España se reunieron con colectivos de víctimas y miembros de la judicatura y fuerzas de seguridad. Entre los españoles estaban Dolors Montserrat (PP), Maite Pagazaurtundua (Cs), Jorge Buxadé (Vox) o Cristina Maestre (PSOE).
COMPROBAR SI HAY ARREPENTIMIENTO
Dentro de las conclusiones se insta a las instituciones competentes a que los privilegios penitenciarios que puedan concederse a los condenados por terrorismo estén vinculados a su cooperación en la resolución judicial de los más de 300 crímenes de ETA sin condena, entendiendo que lo anterior sería la demostración de un «verdadero arrepentimiento».
En el borrador se aboga por que todas las instituciones competentes eviten la «exaltación pública» de los terroristas condenados a su salida de prisión, los conocidos como ‘ongi etorri’, así como prevenir la humillación de las víctimas de ETA dentro de futuras reformas legislativas.
Sobre los más de 300 crímenes de ETA sin condena judicial instan a propiciar una investigación con datos actualizados haciendo partícipe de ello al Ministerio Público y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más allá de si se trata de delitos prescritos. El objetivo sería que las todas las víctimas sean informados del resultado de tales investigaciones, aunque no desembocaran en reproche penal.
En este sentido, incluyen cambios en el Código Penal que refuerce las posibilidad de condenar a los dirigentes de ETA por ser «instigadores» de los atentados terroristas, así como llamar desde las instituciones europeas a que los países miembros cooperen en los mandamientos sobre prófugos de la justicia española.
