La escalada del conflicto en Oriente Medio ya tiene su impacto directo en la economía española, especialmente en autónomos y pymes. El diésel es un 28% más caro desde el ataque a Irán, y la gasolina un 16%.
O lo que es lo mismo; para un trabajador por cuenta propia que se desplaza en coche, desde repartidores a electricistas, esta subida supone un sobrecoste de 288 euros al mes. Los costes de los combustibles se han disparado en pocas semanas, alterando los planes de gasto de miles de negocios que dependen del transporte diario.
Este aumento de los costes de energía, sumado a las tensiones en el comercio internacional y la incertidumbre en los mercados, ha llevado al despliegue de medidas urgentes. Los profesionales del sector advierten que "los autónomos no podrán repercutir esta subida al consumidor final lo que reducirá aún más sus márgenes y pondrá en riesgo la viabilidad de numerosas actividades".
La imposibilidad de trasladar los precios al cliente obliga a los trabajadores a asumir las pérdidas de forma directa, comprometiendo -en la mayoría de los casos- la continuidad de sus servicios.
EL GOBIERNO BLINDA A LOS AUTÓNOMOS Y AL TRANSPORTE CON SU PLAN DE 5.000 MILLONES
El pasado 20 de marzo se anunció un conjunto de medidas por valor de 5.000 millones de euros destinadas a amortiguar el golpe económico derivado del conflicto. El plan incluye ayudas directas, facilidades de financiación y medidas para garantizar liquidez a empresas expuestas al encarecimiento de costes.
El objetivo es evitar un deterioro del tejido productivo similar al vivido en crisis anteriores, con especial foco en pequeñas empresas, transporte, industria y sectores que consumen mucha energía.
Dentro de este paquete, se pone en marcha una reducción casi total de la fiscalidad de la energía, bajando los impuestos sobre la electricidad hasta en un 60%. En concreto, el Real Decreto-ley recoge la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y pellets, al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano.
También se bonifica en un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución "para toda la industria electrointensiva". Estas rebajas fiscales buscan dar un respiro inmediato a las facturas mensuales de los negocios.
APOYO ECONÓMICO AL SECTOR PRIMARIO Y NUEVAS LÍNEAS DE CRÉDITOS PARA AUTÓNOMOS
Para facilitar el acceso a la financiación en los sectores más vulnerables, se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA de subvención de créditos para el sector agroalimentario y pesquero.
Estas herramientas financieras permiten que los agricultores y ganaderos mantengan su actividad a pesar de la subida de los fertilizantes y piensos. La liquidez se convierte en la prioridad máxima para evitar el cierre de explotaciones que ya trabajaban con márgenes muy ajustados antes de la crisis actual.
Además de los créditos específicos para el campo, el Gobierno ha reforzado los mecanismos de liquidez para empresas con mayor exposición internacional. Se busca que las pymes exportadoras no pierdan competitividad en los mercados exteriores debido a los problemas logísticos derivados de las rutas comerciales afectadas. La meta es mantener el flujo de mercancías y asegurar que la falta de capital no detenga la producción industrial durante los meses de mayor inestabilidad política.
Así, y mientras el Gobierno central define el marco general, las comunidades autónomas están activando sus propias respuestas de forma desigual, dibujando un mapa fragmentado de ayudas. Algunas regiones han optado por actuar con rapidez, como Murcia, que ha movilizado un paquete económico para apoyar a empresas con problemas inmediatos de liquidez. Asturias ha seguido una vía distinta, apostando por facilitar el acceso al crédito mediante avales públicos, mientras que en Baleares se prepara un decreto que combinará rebajas fiscales con ayudas directas.
Por otro lado, el Ejecutivo vasco refuerza con 257 millones de euros el apoyo a las pymes y habilita avales de hasta 450 millones para asegurar la financiación. En contraste, comunidades como Galicia, Castilla-La Mancha o La Rioja han mantenido reuniones con los sectores afectados pero sin concretar ayudas por el momento. En Madrid y en la Comunitat Valenciana se ha solicitado que sea el Gobierno central el responsable único de adoptar medidas, abogando por una bajada general del IVA de la luz y el gas a nivel nacional.
La falta de sincronización entre las distintas administraciones puede traducirse en diferencias significativas en el apoyo recibido por las empresas y los autónomos según su ubicación. Dependiendo de la comunidad en la que opere el negocio, un profesional puede acceder a subvenciones directas o simplemente a rebajas de impuestos estatales. Esta brecha genera una situación de incertidumbre para quienes esperan soluciones claras ante el encarecimiento de la vida y la producción.
