La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) trasladará este martes 21 de septiembre al ministro de Universidades, Manuel Castells, su rechazo a la reforma universitaria porque «no resuelve los problemas endémicos que sufre, como la precariedad en el empleo, ni aporta soluciones de futuro».
Así lo ha adelantado CSIF, que ha subrayado «la falta de transparencia y la ausencia de negociación del Ministerio con las organizaciones sindicales» para sacar adelante el anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), presentado en el Consejo de Ministros del pasado 30 de agosto.
«Los anuncios del ministro Castells de mejorar la gobernanza y acabar con la precariedad del profesorado contrastan con medidas que en la práctica reducen la democracia interna en la universidad y que no aportan soluciones reales a los problemas de temporalidad, precariedad e inestabilidad de las plantillas», ha afirmado CSIF.
A su juicio, propone un sistema de financiación «fragmentado y sin certezas» de incremento, incide en la política de crear una carrera laboral «paralela a la funcionarial» y «extingue figuras como la de los Profesores Contratados Doctores».
«Consideramos que se trata, además, de un modelo intervencionista, que resta autonomía a la Universidad y reduce la democracia interna y la participación, dando más poder a la figura del rector frente a los órganos de gobierno y representación», ha manifestado.
Desde CSIF, rechazan que el rector sea elegido por un órgano específico con personas externas y que, a su vez, pueda controlar los órganos colegiados y nombrar a decanos y directores de entre una terna.
«Advertimos también de que, al tiempo que se incrementan las personalidades externas a los centros, desaparezcan los representantes de los colectivos universitarios de los Consejos Sociales», ha detallado CSIF, que apuesta por la elección por sufragio universal, ponderado con participación de todos los miembros de la comunidad universitaria.
Asimismo, ha criticado que la reforma propuesta por Castells «no va acompañada de memoria económica, no aclara cuánto costará implantar la nueva LOSU ni quién ni cómo afrontará los gastos». Por otra parte, el sistema de financiación propuesto en el anteproyecto «no permitirá a las universidades una verdadera autonomía a la hora de abordar sus objetivos ni posibilitará superar la infrafinanciación endémica de las universidades públicas», ha añadido.
«Las universidades públicas han sufrido un recorte presupuestario superior al 20% desde la crisis económica de 2008 y no podemos deducir de la futura LOSU que permita un incremento suficiente de la financiación», ha dicho CSIF, que apuesta por alcanzar como mínimo el 1,5% del PIB durante los próximos años para ir acercándonos a la media europea.
Por otro lado, el sindicato teme que «la falta de un marco común podría agravar los problemas de movilidad y homologación en un escenario en el que cada comunidad autónoma tendrá un modelo laboral diferente, un convenio colectivo con una carrera académica distinta, figuras de Personal Docente e Investigador (PDI) variopintas, retribuciones no armonizadas, agencias y criterios de evaluación diversos y normativas de selección desiguales».
Respecto a la precariedad laboral, asegura que resultan «frustrante las escasas y poco definidas propuestas» para un Profesorado Asociado que imparte docencia y realiza otras múltiples funciones. «Para la mayoría no hay solución de continuidad y tampoco hay referencia presupuestaria para su estabilización», ha añadido.
Por último, ha denunciado que el actual texto de la LOSU «extingue y deja prácticamente sin regulación y sin garantías jurídicas a un colectivo clave como son los Profesores Contratados Doctores». «Algo similar e inaceptable ocurre con los actuales Titulares de Escuela Universitaria o Catedráticos de Escuela Universitaria a los que ni siquiera se menciona», ha concluido.
