Si Carles Puigdemont, político fugado de la justicia española desde 2008, pusiera un pie en España, podía ser detenido por cualquier ciudadano particular, tal y como aparece recogido en el artículo 490.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal LECRIM: «Cualquier persona puede detener al procesado que estuviere en rebeldía».
Según informa ‘Libertad Digital’, el ciudadano que detuviera al expresident únicamente debería justificar que ha obrado movido por motivos racionalmente suficientes para creer que el detenido encaja en los supuestos que contempla el artículo 490.
Según fuentes jurídicas, la detención consiste en la privación de libertad de una persona con el único objetivo de ponerla a disposición judicial por la comisión de un delito, en los casos previstos en el art. 17 de la Constitución Española de 1978 (CE) y en el art. 489 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) .
La detención puede ser llevada a cabo por la Policía de propia autoridad y por particulares, por lo que se distingue entre: detención judicial (elevación de la detención a prisión o puesta en libertad con o sin fianza); detención policial (puesta a disposición judicial) y detención por particulares (entrega a la Policía para su puesta a disposición judicial, aunque nada obsta a la directa puesta a disposición judicial por parte del particular).
