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El Foro de Gobierno Abierto aprobará en octubre nuevas medidas

El Foro de Gobierno Abierto prevé aprobar durante el mes de octubre el IV Plan de Gobierno Abierto que incluye medidas como la regulación de los ‘lobbies’, medidas de mejora de la transparencia y la integridad de las administraciones, entre algunas de las 130 propuestas recibidas, según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

El plan está siendo elaborado de manera conjunta por administraciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de unos talleres de deliberación organizados por el Ministerio en los que han participado la Administración General del Estado (AGE), las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) así como otras entidades civiles.

Durante las jornadas se ha debatido sobre transparencia, rendición de cuentas, integridad, participación y sensibilización y se han presentado propuestas de compromisos en estas materias, tanto desde las entidades públicas como por parte de las organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Internacional, Acces-Info, Fundación Hay Derecho, Civio, Archiveros Españoles de la Función Pública, Acreditra, Plataforma del Tercer Sector, Consejo de Consumidores y Usuarios así como profesores y catedráticos de universidades españolas.

Por parte de la Administración General del Estado ha participado como ponentes representantes de la Oficina de Conflictos de Intereses, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales e Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). También han participado todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y la FEMP. Asimismo, han participado representantes de la Alianza del Gobierno Abierto (Open Government Partnership).

La Administración General del Estado inició un proceso de consulta previa durante el año 2019 y se han incorporado al nuevo plan las iniciativas consideradas prioritarias.

Por parta de la AGE se ha propuesto incorporar al plan la reforma del marco regulatorio de la transparencia y la puesta en marcha de un plan de mejora y refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas en la AGE.

Desde el Ministerio señalan que la reforma del marco regulatorio incluye, además de la aprobación del reglamento de la vigente ley de transparencia, una propuesta de reforma de esta ley, siete años después de su entrada en vigor para incorporar nuevos enfoques más ambiciosos, de acuerdo con las demandas expresadas por la ciudadanía y por los representantes de la sociedad civil española.

El plan de mejora y refuerzo de la transparencia, que también es uno de los compromisos que se han presentado en el taller, permitirá desarrollar una estrategia coordinada que aúne los esfuerzos de los distintos actores implicados, para superar la atomización de iniciativas que se desarrollan en este ámbito.

La AGE ha propuesto medidas de supervisión y control, la mejora del portal de transparencia, datos abiertos y desarrollo de buenas prácticas en los ámbitos sectoriales económico-financiero, empleo público y registro mercantil.

En el objetivo de la mejora de la integridad pública se ha propuesto que el IV Plan de Gobierno abierto incluya un diagnóstico y mejora de los Sistemas Preventivos de Integridad Pública, la regulación de los lobbies, la modificación de la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y el refuerzo de la integridad en ámbitos específicos, como los de la inteligencia artificial.

Asimismo, en el marco de la integridad, que ha sido calificado de prioritario por las organizaciones de la sociedad civil se aborda también la protección de los denunciantes que se traducirá en la transposición de la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la UE.

Por otro lado, en cuanto a la participación, la AGE ha planteado el desarrollo de un Plan de mejora de la participación ciudadana en los asuntos públicos y la implantación de la denominada huella legislativa.

En cuanto a la sensibilización y la formación, la AGE ha presentado también propuestas sobre educación y formación en gobierno abierto, comunicación y un observatorio sobre gobierno abierto. Las propuestas incluyen actuaciones para mejorar la formación de la ciudadanía y de los principales actores involucrados, la formación y acreditación de competencias de la mujer rural para reducir la brecha digital y el desarrollo de competencias de los empleados y empleadas públicos en materia de gobierno abierto.

Al mismo tiempo se ha propuesto un plan de comunicación, en línea con las propuestas de la sociedad civil y las recomendaciones de la OCDE y del Mecanismo de Revisión Independiente de la OGP, la investigación de punta y debate avanzado sobre gobierno abierto y la difusión de la producción científica.

El Observatorio de Gobierno Abierto incluirá las mejores prácticas desarrolladas por los ministerios para dar respuesta a iniciativas puntuales demandadas por la ciudadanía en distintos ámbitos sectoriales.

INICIATIVAS LOCALES Y AUTONÓMICAS

Las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía han presentado un total de 53 propuestas para el Plan de Gobierno Abierto. Además, la FEMP ha sumado sus propuestas dirigidas a contribuir con el desarrollo de un Plan de Consolidación e Impulso de la Red de Entidades Locales por la Transparencia.

El Ministerio apunta que el objetivo es que el IV Plan responda al máximo a las demandas y expectativas de la ciudadanía, en línea con las recomendaciones de la Alianza para el Gobierno Abierto y del grupo de trabajo de Gobierno Abierto del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, organizaciones de las que España forma parte.

Los principales ejes u objetivos del Plan y la hoja de ruta a seguir ha sido aprobada por unanimidad en el seno de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto. El plazo de recepción de propuestas de ciudadanos y sociedad civil se abrió en 2019 y se recibieron 130 propuestas en materia de transparencia, publicación de datos abiertos, rendición de cuentas, participación de la ciudadanía en la gestión pública, sensibilización en los valores y principios del Gobierno abierto y con la integridad pública y el refuerzo de sus valores éticos.

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