Será mediante una proposición no de ley, que se debatirá este martes. La iniciativa se registró a comienzos de octubre, justo unos días antes de que el Pleno rechazara una moción consecuencia de interpelación con un contenido similar, y por tanto no hace referencia a los últimos acontecimientos y al reciente corte de carreteras por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Sí reclama, no obstante, condenar «las actuaciones violentas de los comandos separatistas durante el 1 de octubre de 2018 y, en particular, el ataque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la ocupación de infraestructuras clave y el asalto a la Delegación del Gobierno de la Generalidad en Gerona y al Parlamento de Cataluña.

Además, reclama condenar las declaraciones en las que Torra emplazaba a esos CDR a «apretar», en las que «alienta a los citados comandos separatistas a la desobediencia y a las acciones violentas»; y a expresar el apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los funcionarios que defienden en Cataluña la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

El pasado martes, ante los parlamentarios de Ciudadanos, Rivera se mostró convencido de que tenía razón cuando alertó del riesgo de que el Estado «saliera» de Cataluña y de levantar la aplicación del 155 antes de que los independentistas «claudiquen» ante la democracia. Denunció que «parece que algunos quieren que haya muertos», y acusó a Torra de tomar una «decisión dramática» al poner como ejemplo de camino a la independencia «una guerra» como la que se vivió en Eslovenia.

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, Ciudadanos alerta de que la situación es «insostenible» desde que el gobierno independentista cruzó en 2017 «de modo imperdonable una línea que conduciría a la más detestable ilegalidad» y a una conflictividad social en la que Cataluña se encuentra «atrapada, con tensión creciente y brotes de violencia que comienzan a preocupar a toda la ciudadanía española».

Argumenta que el hecho de que el presidente de una comunidad autónoma «anime a unos ciudadanos, sin importar quiénes sean, a cometer actos de violencia y de ocupación del espacio público de manera ilegal no sólo constituye una actuación inmoral y explícitamente antidemocrática, sino que resulta gravísimo, intolerable y de una irresponsabilidad mayúscula».

Considera por ello que la única manera de solucionar el conflicto catalán «pasa por recuperar la presencia del Estado en Cataluña, retirando la ocupación partidista de las instituciones públicas catalanas y asegurando, de una vez por todas, que no se impone el relato separatista por encima de todos los demás».

Día volvió a liderar las caídas, con un desplome del 10,64%. Junto a esta compañía las peores evoluciones correspondieron a Inditex (-3,87%), AIG (-3,62%), Indra (-2,85%) y Técnicas Reunidas (-1,80%). Los avances estuvieron a su vez liderados por Siemens Gamesa (+1,23%), Iberdrola (+0,97%), Mapfre (+0,50%) y Telefónica (+0,46%).

Entre los valores de mayor capitalización también se anotaron revalorizaciones las acciones de Naturgy (+0,22%) y Endesa (+0,19%), frente a los recortes que acusaron los títulos de BBVA (-0,15%), Repsol (-0,54%), Santander (-0,80%) o Caixabank (-0,97%).

Por su parte, la prima de riesgo osciló en el entorno de los 114,5 puntos.

Fuentes de la dirección popular aseguraron este lunes que si el PSOE acabara absteniéndose en la investidura del nuevo presidente andaluz, aun en el supuesto de perder la Junta, sería como consecuencia de alguna negociación. El partido de Albert Rivera ha expresado públicamente su deseo de una abstención socialista, que evitaría que el nuevo mandatario regional contase con el aval de Vox, al menos en la investidura.

Los responsables de la formación popular rechazan esta hipotética abstención de los diputados que encabeza Susana Díaz, puesto que el acuerdo de gobierno que quieren alcanzar con Ciudadanos en Andalucía será un escaparate de cama a próximas citas electorales.

Por este motivo, el PP busca articular con el partido de Rivera un pacto de gobernabilidad en la comunidad andaluza que permita sostener una buena gestión, pero sin contar para ello con una abstención del PSOE en la investidura, ya esto exigiría cesiones.

EL PSOE, EL NUEVO “APESTADO”

Desde la cúpula de la formación popular se entiende que el acuerdo con Ciudadanos en Andalucía y los primeros meses de la nueva Administración autonómica tendrán su repercusión en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, incluso en las generales, sea cual sea el momento en que las convoque el presidente Pedro Sánchez.

A este respecto, los responsables del PP piensan sobre la fecha de las generales que los barones autonómicos socialistas quieren que sean marzo; la dirección del PSOE en Ferraz que se convoquen en mayo; mientras que Sánchez se decantaría por diciembre de 2019.

En todo caso, la dirección popular cree que la actual situación política y el mapa electoral salido de las andaluzas son más propicios al PP, con independencia de que pueda perder representación en las instituciones. Los populares consideran que es así porque la aparición de un bloque alternativo al PSOE en Andalucía -PP, Ciudadanos y Vox- hace que el partido de Casado haya dejado de ser el “apestado” de la política española.

Para el PP, el “apestado” ahora sería el PSOE, debido a que el nuevo mapa electoral puede que esta formación política pierda el poder en ayuntamientos y comunidades tras las elecciones de mayo.

Según informa el Ministerio de Fomento, frente al trimestre anterior, el precio medio del metro cuadrado experimentó un descenso del 4,8%. En los municipios de más de 50.000 habitantes el precio medio del metro cuadrado ha descendido en tasa interanual un 3,7% tras situarse en 276,7 euros por metro cuadrado.

El número de transacciones realizadas en el tercer trimestre de 2018 fue de 5.338, un 8,2% menos que las realizadas en el segundo trimestre de 2018, que ascendieron a 5.187 y un 17,4% más que las realizadas en el tercer trimestre de 2017, donde se transmitieron 4.545 solares.

Según el tamaño del municipio, las transacciones se distribuyen de la siguiente forma: en los municipios menores de 1.000 habitantes se realizaron 448 transacciones, un 22,4% más que en el mismo trimestre del año anterior; en los municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes se vendieron 938 solares, lo que representa un aumento del 9,5% en tasa interanual; en los municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes el número de transacciones fue de 873, un 14,4% más que en el mismo trimestre del año anterior; en aquellos municipios cuya población está comprendida entre 10.000 y 50.000 habitantes las transacciones ascendieron a 2.036, un 28% menos en tasa interanual.

Finalmente, en los municipios con una población superior a 50.000 habitantes el número de solares vendidos fue de 1.043, un 7,7% más que el tercer trimestre del año anterior.

La superficie trasmitida en el tercer trimestre de 2018 asciende a 7,9 millones de metros cuadrados, por un valor de 932,7 millones de euros. Respecto al tercer trimestre de 2017, las variaciones interanuales representan un 24,7% más de superficie transmitida y un 21,9% más del valor de las mismas.

El registro de la NASA, hecho público este lunes y al que tuvo acceso Servimedia, indica que la temperatura de la superficie terrestre y oceánica del planeta de noviembre de 2018 superó en 0,77ºC la media del periodo de referencia de ese mes entre 1951 y 1980.

Se trata del quinto registro de noviembre más alto en 139 años, sólo por detrás del de 2015 (+1,02ºC), el de 2016 (+0,90), el de 2017 (+0,85) y el de 2013 (+0,78), y empatado con el de 2010 (+0,77).

En el mapa de la NASA se observa que los principales aumentos térmicos en noviembre se produjeron en una zona que abarca Alaska, el este de Rusia y la parte del Ártico que separa ambas zonas (mar de Chukchi), donde los termómetros marcaron entre 4,0 y 5,8ºC más de lo normal, así como en resto de la región ártica, Escandinavia y el este de Asia (de 2 a 4ºC más).

Por el contrario, noviembre resultó ser más frío de lo habitual en toda América del Norte salvo Alaska y el oeste de Canadá (sobre todo en el este de esta región americana, donde en algunas zonas hizo entre 2 y 4ºC menos de lo habitual), así como en el centro de la Antártida (donde hubo 1ºC menos que de constumbre).

En cuanto a España, el pasado noviembre fue normal en temperaturas porque el valor medio se quedó en 11,3ºC, lo que supone 0,3ºC más de lo habitual teniendo en cuenta como periodo de referencia el que va de 1981 y 2010. Se trata del 17º noviembre más cálido desde 1965 y el octavo más caluroso desde el inicio del siglo XXI, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA recopila datos mundiales de temperatura gracias a unas 6.300 estaciones meteorológicas distribuidas por todo el planeta e instrumentos en buques y boyas que miden la temperatura de la superficie del mar, así como estaciones de investigación situadas en la Antártida. El registro histórico comienza en 1880 porque las observaciones anteriores no cubrieron suficientemente el planeta, sino sólo una parte de él.

Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull firman la carta, de la que han trasladado copia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esa carta, piden la atención de las autoridades comunitarias «por una situación que entendemos muy grave, que sucede en el Reino de España y que afecta directamente a las reglas, los principios y los valores fundacionales de la Unión Europea».

Explican que son nueve personas (la expresidente del Parlamento de Cataluña, 6 exmiembros del Gobierno de Cataluña y 2 líderes de la sociedad civil) «que estamos en prisión sin juicio, algunos desde hace más de un año» acusados de rebelión «por haber promovido un referéndum pacífico en Cataluña el 1 de octubre del año pasado.

«Sufrimos un proceso judicial que evidencia una vulneración muy severa de nuestros derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, el derecho de representación política, y el derecho a un proceso judicial con todas las garantías», explican.

Una de las consecuencias más graves de esa situación, prosiguen, es «el bloqueo que nos impone el Tribunal Constitucional español y que nos impide acceder a la Justicia Europea. Lo hace mediante dilaciones indebidas en la resolución de nuestros recursos de amparo», precisan, ya que la legislación y la doctrina establecen un periodo máximo de treinta días para resolver los recursos contra las órdenes de prisión provisional y, aunque el primer recurso de amparo se presentó el 22 de noviembre de 2017, no se ha contestado a ninguno de ellos.

Explican los firmantes que esa situación «injusta» les ha llevado a iniciar una huelga de hambre para denunciar ese bloqueo al acceso a la Justicia Europea, y que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen depositadas «nuestras esperanzas de Justicia y de protección de nuestros derechos fundamentales».

Denuncian la politización de los máximos órganos judiciales y del propio Tribunal Constitucional, un «problema conocido» que ha merecido las recomendaciones del Consejo de Europa a través del grupo Greco. Con la huelga de hambre, «una de las pocas acciones políticas de denuncia que pacíficamente se pueden llevar a cabo desde una cárcel, nos sentimos directamente defensores de las reglas y de los principios y valores fundacionales de la Unión Europea».

Aseguran que la carta pretende poner a esas autoridades «al tanto de una situación que en la Europa del siglo XXI creemos sinceramente que no debería producirse en ningún caso». «Conscientes de donde están los límites de la división de poderes, pensamos que esta denuncia no caerá en saco roto, seguro entre aquellos que hacen de los derechos fundamentales una divisa de su compromiso político e incluso ético», concluyen.

Fue el pasado 30 de noviembre cuando se iniciaron las gestiones para localizar a un ciudadano serbio que había intentado violar a una mujer en la ciudad alemana de Stolberg. Las investigaciones mostraron que, tras cruzar Bélgica y Francia durante su huida, podría encontrarse en Barcelona.

El permanente contacto entre los investigadores alemanes y la Policía Nacional permitió averiguar que el sospechoso podría encontrarse en la cafetería de un céntrico hotel de la ciudad condal. Los agentes se desplazaron de forma inmediata hasta el lugar y detectaron la presencia del individuo en las inmediaciones del hotel, por lo que procedieron a su detención.

Se trata de un ciudadano serbio nacido en 1980 y al que no le constaba ningún antecedente policial en España. Tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega por el suceso de Stolberg, en el que trató de violar a una mujer en el momento en el que accedía a su vivienda. Previamente la había perseguido, empujado violentamente y amenazado de muerte si gritaba y consiguió huir del lugar cuando un vecino acudió en su ayuda.

El detenido es un peligroso agresor sexual que, entre 2016 y agosto de 2018, permaneció en una prisión austriaca por otras dos violaciones. Tras ser repatriado a Serbia, se fugó a Alemania, donde se mantuvo hasta el intento de violación por el que ha sido arrestado.

DOS ASESINATOS

En la tarde de ese mismo día, la Policía Nacional detuvo a un segundo fugitivo. En esta ocasión se trataba de un ciudadano británico que se encontraba alojado en un camping de la localidad alicantina de Benidorm. Tenía una Orden de Detención Europea por una agresión en la que un hombre acabó gravemente herido. Los hechos ocurrieron durante la noche del 11 de julio de 2018 en la ciudad inglesa de Stainforth.

Nueve personas, algunas de ellas armadas con cuchillos, atacaron el establecimiento en el que se encontraba el hombre que resultó herido. Las cámaras de seguridad permitieron la identificación del detenido a quien no le constaban antecedentes policiales en España.

En el día posterior a estas dos detenciones, la Policía Nacional procedió en Madrid a la detención de un ciudadano venezolano que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención por delito de asesinato. El hecho delictivo se produjo en marzo de este año, cuando el detenido y otras personas acabaron presuntamente con la vida de un supervisor de la Policía Nacional Bolivariana y la de su pareja, a quienes dispararon en varias ocasiones en la ciudad de Caracas. Este tercer detenido tampoco tenía antecedentes policiales en España.

El magistrado toma esta decisión por si la actuación del expresidente pudieran constituir los presuntos delitos de prevaricación administrativa y fraude a la Administración, “sin perjuicio de que pudiera resultar su participación criminal en la adjudicación y/o pago de otras contrataciones irregulares objeto de la presente pieza separada 5 que no hubieran prescrito”.

En un auto, De la Mata acuerda esta diligencia a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras la reapertura de esta pieza por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a raíz de las declaraciones de Ricardo Costa, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en el juicio del ‘caso Gürtel’ que se celebró en el Juzgado Central de lo Penal por la supuesta financiación ilegal de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana.

El instructor señala que “lo cierto es que han sido puestos de manifiesto elementos que relacionan a Camps Ortiz con los hechos con la suficiente consistencia como para, en este momento, dirigir contra él el procedimiento en calidad de persona investigada”.

Agrega que resulta razonable y pertinente dirigir la investigación contra Camps a fin de determinar si está incluido entre las autoridades superiores jerárquicamente a la acusada Dora Ibars y “que pudieron participar de modo decisorio en la adjudicación aparentemente irregular del stand de grandes eventos de FITUR 2009 y si esta adjudicación pudo ser una forma de retribuir a esa sociedad por trabajos realizados realmente para el Partido Popular en la Comunidad Valenciana que estaban pendientes de cobro”.

En su resolución, De la Mata acuerda también tomar declaración como investigados a Salvadora Ibars, a Álvaro Pérez `El Bigotes´, a Francisco Correa, a Pablo Crespo y a Cándido Herrero y, como testigos, a otras siete personas, entre ellas Ricardo Costa. Estas citaciones tampoco tienen fecha por el momento y se señalara en función de las disponibilidades de agenda del órgano judicial, explica la resolución.

PETICIÓN DE FISCALÍA

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez el pasado día 14 la citación como imputado al que fuera presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por presuntos delitos de prevaricación y fraude en la contratación pública con la empresa Orange Market, vinculada a la ‘trama Gürtel’.

Anticorrupción urgía al magistrado para que procediera a la citación de Camps antes de que finalice el año en curso para evitar una posible prescripción de los delitos que atribuye al expresidente valenciano, que ya se ha librado de imputaciones anteriores precisamente por prescripción.

Los delitos que el ministerio público atribuye a Camps están siendo investigados dentro de la pieza cinco de la macrocausa que trata de aclarar la actividad de las empresas de Francisco Correa y su relación con la financiación irregular del PP nacional y valenciano.

El pasado 27 de septiembre, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó la reapertura de la investigación sobre las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a Orange Market para averiguar quién las ordenaba, después de las revelaciones de Francisco Correa, Ricardo Costa y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ durante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano, que apuntaban directamente al expresidente autonómico Francisco Camps.

La Sala admitía así la solicitud que hizo la Fiscalía Anticorrupción de reenviar al juez instructor del ‘caso Gürtel’, José de la Mata, esta pieza sobre las contrataciones de la Generalitat con ‘Gürtel’ y que estaba pendiente de ser señalada para juicio.

El ministerio público hizo esta petición basándose en las revelaciones que hizo Costa en el juicio. A tenor de lo que dijo, Dolors Ibars, directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, podría haber recibido indicaciones para contratar a empresas del Grupo Correa entre los años 2004 y 2009. De ser así podría haber incurrido en un delito de prevaricación.

Ibars dependía directamente de la Presidencia del Gobierno valenciano, en manos de Camps, y el presunto delito estaría a punto de prescribir. Para evitarlo, la Fiscalía pide que se le impute antes de final de año, una petición que podría atender el juez.

En el juicio por la financiación irregular del PP valenciano, Ricardo Costa aseguró que contrató elementos para actos de campaña a los que asistió el expresidente Mariano Rajoy por valor de 120.000 euros, que pagaron varios empresarios. Costa fue condenado en ese juicio a cuatro años de prisión.

Tras la reapertura de la investigación, Camps compareció ante los periodistas para asegurar que es “el hombre más investigado, analizado, perseguido, bajo lupa, microscopio; se me ha intentado ligar a cualquier tipo de cosas y nadie ha encontrado nada porque nunca nada ocurrió”.

El expresident de la Generalitat insistió en que no dio “ninguna instrucción” para adjudicar contratos a la ‘trama Gürtel’. Ya en su comparecencia de abril ante la comisión que investiga los sobrecostes y la deuda millonaria de Feria Valencia, Camps dijo que no conocía a Orange Market “para nada” y que nunca puso en contacto a sus responsables “con nadie; bastante tenía con ser presidente de la Generalitat».

Ambas sentencias, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido, señalan que la alegada vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley “es prematura dado el momento procesal en el que se ha planteado, ya que permanece abierto un cauce procesal legalmente pertinente en el que dilucidar dicha cuestión en la vía judicial”.

Dicho cauce es “el planteamiento de un artículo de previo y especial pronunciamiento que solicitara la declinatoria de jurisdicción que fundamenta el motivo de amparo”. Por tanto, será en este momento cuando el Tribunal de enjuiciamiento con todos los elementos de juicio que arroje la instrucción y a la vista del contenido de las acusaciones que se hayan formulado, «puede resolver la cuestión planteada”. A partir de dicha decisión podrá ser evaluada su resolución desde el contenido del derecho al juez legal predeterminado por la ley consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución española.

En la demanda de amparo las recurrentes, acusadas de presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, denunciaban la vulneración de los derechos fundamentales a un Tribunal independiente e imparcial y prefijado por la ley (artículo 24.2); a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1) y a un recurso efectivo (artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).

La sentencia, que analiza de un modo meticuloso la doctrina constitucional en los amparos, extrae una regla general que aboga por la inadmisibilidad de las pretensiones de amparo planteadas en procesos penales no concluidos. No obstante, dicha regla presenta excepciones en la jurisprudencia cuando las resoluciones judiciales afectan a derechos fundamentales de carácter sustantivo, como la libertad; cuando se denuncia la vulneración de derechos fundamentales procesales y en los casos de revocación de sentencias penales absolutorias que habilitan la posibilidad de un nuevo enjuiciamiento.

En este contexto, el Tribunal examina si los motivos de amparo alegados por las recurrentes se encuentran entre los supuestos excepcionales aún antes de haber finalizado la causa penal en la que se plantean.

Así, respecto a la vulneración de imparcialidad de la Sala Penal del Supremo, la sentencia apunta que no se ha agotado la vía judicial porque “el cauce procesal adecuado para dirimir las dudas de imparcialidad judicial es el incidente de recusación previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

En cuanto a la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, pues consideran que la competencia por razón de aforamiento es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no del Supremo, la resolución judicial señala que “las recurrentes (una declarada en rebeldía y la otra acusada) tienen todavía la oportunidad procesal de plantear al Tribunal de enjuiciamiento, como artículo de previo pronunciamiento, la declinatoria de jurisdicción que fundamenta su queja”.

En este sentido, la sentencia subraya que en este caso lo que ocurre es que, “al tratarse de una causa penal que se sigue ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no es posible utilizar el cauce ordinario de la cuestión de competencia, no sólo porque no exista superior jerárquico común, sino porque el art. 21 LECrim impide a cualquier juez, Tribunal o parte promover cuestión de competencia contra el Tribunal Supremo”.

Por tanto, “para cuestionar la competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha de acudirse, como cauce procesal idóneo para decidir la competencia penal, a la declinatoria de jurisdicción, que ha de plantearse ante el Tribunal de enjuiciamiento”.