La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) llamó este jueves a las administraciones educativas para que refuercen las medidas de accesibilidad auditiva para el alumnado con sordera en los recintos de realización de la prueba de acceso a la Universidad (EBAU), a través de la disposición de emisoras FM o la instalación eventual de bucles magnéticos.

En una nota, la confederación subrayó que en el actual contexto de prevención del Covid-19, en el que se aplican medidas distancia social y el uso de mascarillas, «la realización presencial de la prueba en espacios amplios, con mayor distancia entre evaluadores y alumnado, suma barreras para estos estudiantes» y encontrarán «mayores dificultades de acceso a la comunicación y a la información» en cuestiones como la indicación de instrucciones e incidencias.

Si se prevé la presencia de alumnos con discapacidad auditiva con audífonos e implantes, un equipo individual de FM o la instalación eventual de un bucle magnético en el espacio en que tiene lugar la prueba (adaptando una parte del mismo), posibilitará a éstos la recepción directa de la voz de quienes trasladan las instrucciones, comunican las incidencias y se encargan de la vigilancia de su desarrollo.

En todo caso, Fiapas subraya que, en su relación con el alumnado con sordera, estas mismas personas deberán tener en cuenta las limitaciones que impone el uso de mascarillas en la recepción e inteligibilidad del mensaje, facilitando su comunicación siguiendo unas pautas sencillas de apoyo a la misma y entregando por escrito la información necesaria.

Finalmente, la confederación recuerda que el alumnado con sordera «en el momento de presentar su matrícula a la EBAU, puede solicitar medidas de apoyo tales como adaptación de tiempos, medios materiales y humanos (equipos de FM o bucle magnético, intérprete de lengua de signos, en el caso de que sea usuario de esta lengua), adaptación del modelo de examen, de los enunciados de las pregunta, y accesibilidad a la información y a la comunicación en todos los procedimientos: recepción de instrucciones, revisión de pruebas, comunicación de resultados…»

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La drástica caída del tráfico debido al estado de alarma, en vigor a pocos minutos de que acabara el sábado 14 de marzo con el fin de frenar la expansión de la Covid-19, ha contribuido a que este año se haya convertido ya en el de más días sin muertos en carretera en España desde que la Dirección General de Tráfico (DGT) comenzara a recopilar información estadística en 1960.

Con el estado de alarma se han producido importantes descensos en la circulación de vehículos en comparación con el tráfico habitual, tanto al entrar y salir de grandes ciudades como en los desplazamientos largos por carretera (entre un 60 y un 70% de lunes a viernes y cerca de un 90% en fines de semana), así como en los movimientos transfronterizos entre España y Francia o Portugal (entre el 70 y el 90%, en general).

Según datos de la DGT sobre la siniestralidad vial en las vías interurbanas a un máximo de 24 horas tras los accidentes, a los que tuvo acceso Servimedia, entre el 1 de enero y el pasado martes 12 de mayo se han registrado 31 días sin víctimas mortales en las carreteras españolas, lo que supone un mes completo en poco más de un cuatrimestre transcurrido en 2020.

Se trata de un nuevo máximo histórico de días sin fallecidos en las carreteras, ya que ese hito lo ostentaba hasta ahora 2019, con 30 jornadas sin muertos en las vías interurbanas españolas.

Los mejores años históricos en materia de seguridad vial llegaron a partir de 2013, cuando hubo 6 días sin fallecidos en carretera. Esa cifra fue aumentando paulatinamente: 9 en 2014, 17 en 2015, 28 en 2016, 16 en 2017, 28 en 2018, 30 en 2019 y 31 en lo que va de 2020, con lo que presumiblemente éste, que no ha llegado aún a su ecuador, acabará con un récord difícilmente superable.

Antes del estado de alarma (del 1 de enero al 14 de marzo) se contabilizaron siete días sin muertos por accidentes de tráfico en las carreteras. Desde el 15 de marzo hasta el 12 de mayo ha habido otras 23 jornadas similares, con lo que ya totalizan 31 en un 2020 al que le queda más de la mitad de su recorrido.

TIPOS DE ACCIDENTES

Entre el 1 de enero y el 14 de mayo murieron 202 personas en las vías interurbanas españolas (2,77 de media cada día), mientras que del 15 de marzo al 12 de mayo perdieron la vida otras 53 (0,90 como promedio diario). Es decir, la siniestralidad se ha reducido el triple durante el estado de alarma.

Las carreteras convencionales registraron 33 muertos entre el 15 de marzo y el 12 de mayo (el 62% del total), mientras que los 20 restantes perdieron la vida en autopistas y autovías (38%).

Un total de 24 de las 53 víctimas mortales en esos casi dos primeros meses de estado de alarma viajaban en coche y 12 en camión de más de 3.500 kilos. El resto eran peatones (cinco), motoristas (tres), iban en otro tipo de vehículo (tres), furgoneta (dos), camión de hasta 3.500 kilos (dos), ciclomotor (uno) y se desconoce el medio de desplazamiento (uno).

Además de la cifra excepcionalmente baja de víctimas mortales en general, cabe destacar el descenso de usuarios vulnerables (peatones, ciclistas, ciclomotoristas y motoristas), ya que nueve perdieron la vida entre el 15 de marzo y el 12 de mayo (un 17% del total), cuando entre el 1 de enero y el 14 de marzo de este año fallecieron 74 (36% del total).

Por el contrario, ha subido el porcentaje de camioneros fallecidos, ya que son los que sí pueden desplazarse y a los que se les levantó las restricciones para poder abastecer a la población durante esta situación excepcional.

Los 12 usuarios de camión de más de 3.500 kilos representan un 23% del total de las víctimas mortales en los 59 primeros días de estado de alarma, cuando eran apenas un 3% del 1 de enero al 14 de marzo de este año.

SEMANA SANTA Y OTROS MÍNIMOS

Por otro lado, una de las peculiaridades en materia de seguridad vial durante el estado de alarma es que coincidió con una Semana Santa atípica en la que fallecieron 13 personas en las carreteras, lo que supone un 52% menos que el año pasado y un nuevo mínimo histórico frente a los 24 fallecidos en la Pascua de 2013.

A ese mínimo histórico en la siniestralidad vial contribuyó que en la Semana Santa hubo 2,1 millones de desplazamientos de largo recorrido, esto es, una caída del 86% respecto a los 14,9 millones del año pasado. Esta circunstancia fue más acusada en coches y motos (92,2%).

Además, el confinamiento en casa de la mayor parte de la población por el estado de alarma para frenar la propagación del coronavirus contribuyó a que marzo fuera el mes con menos personas fallecidas en accidentes de tráfico en las carreteras desde que 1960, ya que murieron 53 personas (45 menos que ese mismo mes de 2019).

Hasta entonces, el mínimo histórico mensual fueron las 69 víctimas mortales de marzo de 2013. Sin embargo, esa cifra fue rebajada aún más el pasado abril, con 30 fallecidos.

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Vodafone ha reforzado en los últimos doce meses su condición de operadora pionera en el desarrollo del 5G en España y va a seguir con el despliegue, a pesar de la crisis económica derivada del coronavirus.

Vodafone se convirtió el pasado junio en la única operadora en desplegar una red 5G comercial en España. La red se estrenó en 15 ciudades con velocidades de descarga de hasta 1Gbps, bajas latencias y una cobertura aproximada del 50% en cada una de las poblaciones. Durante el final del año se ha acelerado el despliegue y cobertura de la red 5G en dos nuevas ciudades (Badajoz y Benidorm), que se sumarán a otras cuatro más próximamentre: Palma de Mallorca, Valladolid, Murcia y Alicante.

Todas las tarifas de Vodafone son 5G. Está disponible en todos los nuevos planes de contrato, prepago y empresas para que los clientes se beneficien de las bajas latencias y capacidad de la nueva red.

Vodafone contará en su gama de terminales con más de 10 smartphones 5G antes del verano para facilitar el acceso a la nueva tecnología.

Combinada con las tarifas ilimitadas de datos y el acceso a la mayor oferta de cine y series, la tecnología 5G permite que los usuarios disfruten de la mejor experiencia de conectividad y contenidos en movilidad del mercado. Además, en el último año, Vodafone ha reforzado su apuesta por desplegar la mejor red móvil y ofrecer la huella de fibra más extensa. El ‘benchmark’ de la consultora Umlaut (antes P3) ha vuelto a reconocer que Vodafone España cuenta, por quinto año consecutivo, con la mejor red móvil del mercado.

Además, la operadora vuelve a la senda del crecimiento. En el segundo semestre mantuvo un ritmo positivo de ingresos, hasta alcanzar los 4.296 millones de euros, con una recuperación sostenida en los procedentes de servicios y que se situaron en 3.094 millones. Su resultado operativo o Ebitda creció a su vez un 8,2%.

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El Gobierno admitió este miércoles que hay “lío” con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y apeló a que “no haya obstáculos porque se está poniendo dinero público” y ante eso “nadie puede en el camino hacer nada que no sea facilitar el fin para el que está previsto”.

Así lo comentó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante su intervención en la Comisión Constitucional del Senado cuando se le preguntó por la gestión que hacen los bancos de los avales del ICO.

“Hay lío con los créditos del ICO, estamos preocupados con esto porque nos llega mucha información acerca de algunas situaciones con las entidades financieras”, reconoció Calvo.

“Tenemos preocupación” porque, añadió también, “los datos que tenemos son muy buenos y casi el 90% de las operaciones del ICO son nuevas, lo que significa que hay ganas de arrancar, moverse, de no haber tirado la toalla, de haber aprendido de la crisis anterior”.

“Este es un dato muy interesante”, compartió la ‘número dos’ del Ejecutivo, “que sean operaciones nuevas significan que algunos van a aguantar lo que tenían y otros se van a lanzar pronto”.

Por ello, sostuvo que “es conveniente que no haya obstáculos, porque se está poniendo dinero público y el dinero público no es de nadie porque es de todos, y son recursos públicos que aportamos todos, y nadie puede en el camino hacer nada que no sea facilitar el fin para el que está previsto”, concluyó.

NUEVAS LÍNEAS

Horas antes de la comparecencia de Calvo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el programa de 100.000 millones de euros se ha ido habilitando en diferentes tramos con la intención de ir “poco a poco” viendo las necesidades reales de las empresas y “adaptarlo a la demanda”.

Así recordó que se han liberado ya tres tramos: dos por un valor de 20.000 millones de euros cada uno y un tercero por 24.500 millones. Además, se liberarán más cantidades a medida que se cubran las habilitadas. “En la medida en que agotemos esa línea de liquidez, que ¡ojalá esté dando una respuesta efectiva a las necesidades del tejido empresarial!, podemos plantearlos la posibilidad de ampliarlas”, indicó.

Según la ministra, la línea del ICO se ha revelado como una herramienta de “enorme utilidad para el conjunto del tejido productivo” ya que, al garantizar el Estado los avales en porcentajes que en el caso de las pymes llegan al 80% y respaldar así las operaciones que pudieran fallar, facilita que la banca dé la liquidez o créditos que precisan empresas y autónomos.

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La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, trasladó este miércoles que el Ejecutivo está trabajando en una reforma sanitaria que le permita prescindir del estado de alarma en el caso de que haya rebrotes del Covid-19 y emplear la legislación básica del Estado.

“Espero contar con el Partido Popular para la reforma sanitaria, lo he hablado con el señor Casado”, añadió Calvo en el Senado, justo dos días después de que mantuviera una conversación con el líder del principal partido de la oposición.

El Gobierno busca, dijo Calvo, poder tener, en el caso de un repunte puntual, la respuesta que permita controlar la movilidad porque “no queremos que en desescalada ocurra algo, un foco, y no tener un elemento de reacción”.

La ‘número dos’ del Ejecutivo confirmó en la Comisión Constitucional que se está trabajando con la idea de presentar la semana que viene una nueva prórroga del estado de alarma, pero en lugar de 15 días como todas las pasadas, sería de “más o menos de un mes” porque la pretensión es “hasta el final del desescalamiento”.

Esta prórroga, sostuvo, recogería las medidas de relajación del estado de alarma con la «asimetría» entre los diferentes territorios para aminorar mucho las condiciones y abundar más en la cogobernanza.

HASTA PRIMEROS DE JULIO

Ese detalle lo apuntó en la réplica, después de que en su intervención inicial señalara que el Ejecutivo tantea a los grupos políticos para mantener el estado de alarma en España hasta finales de junio o los primeros días de julio, coincidiendo con el plan de desescalada establecido para afrontar la pandemia del Covid-19.

“Pretendemos salir del estado de alarma en cuanto termine la desescalada, es decir, finales de junio o primeros de julio. Calvo sostuvo que “tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y naturalmente el otoño, por si existe un repunte o una vuelta de la intensidad del Covid-19 en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de la Constitución» que regula el estado de alarma.

Si bien advirtió de que, para ello, necesita un «consenso» con las fuerzas políticas, «sin merma de las transferencias y del respeto a las competencias asumidas por las comunidades autónomas”. “Salir de la alarma significa dotarnos a nosotros mismos de instrumentos importantes para poder navegar cualquier situación que vuelva a perturbarnos», añadió.

En su intervención, la vicepresidenta defendió el uso del estado de alarma por parte del Ejecutivo, por ser el “más garantista y constitucional”, y señaló que esa decisión ha hecho que «nuestro Gobierno, y en particular al presidente, sea el más sometido al control parlamentario en una situación como esta”, de todo el ámbito europeo.

“Cada 15 días el presidente ha comparecido para rendir cuentas, para escuchar a la oposición y pedirle que, lealmente, nos acompañaran con unidad en un momento tan difícil para España”, presumió en un momento en el que el Ejecutivo tantea a los grupos parlamentarios para solicitar una prórroga del estado de alarma por un mes.

La vicepresidenta lamentó que, “desgraciadamente”, para ella “la parte más penosa y dura” de la pandemia “no me ha cogido pudiendo ayudar al Gobierno, sino que me ha cogido, en términos individuales, fuera de ello”, aludiendo a la lucha contra el Covid-19 que libró tras contagiarse y tener que estar hospitalizada varios días por el coronavirus.

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

Por otra parte, Calvo admitió este miércoles que es una “preocupación importante” para el gabinete que preside Pedro Sánchez la renovación de los órganos pendientes como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

“La pandemia no puede opacar”, dijo la vicepresidenta, la “pendiente renovación” de algunos órganos que requieren de mayorías reforzadas y de un acuerdo muy importante”, que, de no alcanzarlo, y hacerlo pronto, estaríamos incumpliendo nuestra Constitución. “Es una preocupación importante para el Gobierno y no hay excusa, ni siquiera en estas circunstancias, para llegar a acuerdo en su renovación pendiente”, trasladó.

OPOSICIÓN

Por el PP, su portavoz Amelia Salanueva tachó de “surrealista” la intervención de la vicepresidenta y denunció la “absoluta irresponsabilidad” del Ejecutivo cuando autorizó las marchas por el 8-M porque “optaron por ideología más que por salud» y, encima, las ministras estuvieron “luchando y dándose codazos por la pancarta”.

Salanueva reprochó la “ineficacia” del Ejecutivo para superar la pandemia y la “ceremonia de la confusión” sobre las cifras, tanto en lo referido a contagiados y fallecidos, como por los test realizados.

Así, le advirtió de que los Ciudadanos empiezan a gritar “libertad, libertad” ante un Gobierno “incapaz de solucionar la mayor crisis sanitaria y desbordado sin encontrar soluciones”.

Para ERC es «fundamental”, indicó el senador Jordi Martí, “retomar la mesa” de diálogo sobre Cataluña “cuanto antes”. Por eso pidió que la desescalada vaya «acompañada de la descongelación” de la mesa de negociación.

Calvo respondió sobre esta cuestión que este «formato» de búsqueda de acuerdos «ha venido para quedarse» pero que “ahora eso no toca”.

Con una intervención dura contra la vicepresidenta, el Gobierno y el PSOE, el senador de Cs Francisco José Carrillo advirtió a Calvo de que “no se equivoquen con los hechos acecidos en los últimos días” -aludiendo al acuerdo con su líder Inés Arrimadas- porque en “Ciudadanos no tiene a un nuevo socio sino a un vigilante partido que les exigirá hacer las cosas bien, no para permitir que su voluntad se imponga en el santa sanctórum parlamentario”.

“Si desean nuestro apoyo, tendrán que informarnos, escucharnos y negociar con nosotros cada propuesta que lleven a las Cortes, y no les va a salir gratis. Tendrán que dejar a un lado su ideología que tanto nos ha divido y su autosuficiencia que tanto nos castiga día a día, y su unilateralidad que tantas vidas y ruina nos está costando”, alertó, porque “para salvar vidas y empleo, todo, pero para avanzar en su agenda ideológica, nada”, resumió.

Por su parte, desde el PNV, el portavoz en la Cámara Alta Jokin Bildarratz, apeló al mensaje de “colaboración y lealtad” que mantienen desde su formación y ahondó en una necesaria cogobernanza con las CCAA en este periodo de desescalada, si bien dejó claro que la posición colaborativa “no quiere decir” que no tengan una posición crítica.

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Los expertos en economía que han participado en el encuentro online ‘Situación económica, perspectivas y medidas empresariales’ organizado por Estudio de Comunicación, han reclamado ante la crisis generado por la Covid-19 más protagonismo del sector público, medidas legislativas y regulatorias claras y atracción de inversión exterior.

Ha contado con la participación de Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico y ex secretario de Estado de Presupuestos; Emilio Ontiveros, presidente la compañía especializada en asesoramiento, consultoría y formación independiente en economía AFI y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y Carlos Fernández, portavoz económico de Grant Thornton y miembro del claustro de IEB.

En este encuentro digital los ponentes han compartido ideas sobre el futuro económico de España y el mundo, con más de 180 asistentes al encuentro, teniendo presente que la crisis que ha provocado la pandemia está teniendo un gran impacto en la producción y el consumo, en los mercados de valores y la economía global en general.

Ricardo Martínez Rico, presidente ejecutivo de Equipo Económico, señaló que para afrontar el futuro incierto que dibuja esta crisis hay que trabajar sobre tres ámbitos: “En el internacional, defender el comercio y los vínculos con nuestros socios más cercanos; en el público, establecer una legislación clara para generar certidumbre y una estabilidad regulatoria que permita mantener la confianza de los inversores; y en el ámbito empresarial, asumir un proceso de transformación rápido que permita hacer a nuestras empresas más flexibles”. Sobre las previsiones al cierre de este año, Martínez Rico advirtió que puede acabar 2020 con un déficit del 14% y con un endeudamiento público del entorno del 120% y rrecordó que la financiación es limitada y no se va a dar eternamente.

Martínez Rico indicó que el sector público debe tener un papel de más protagonismo en cuestiones como los ERTE, inversiones e impuestos, etc., que “ahora mismo son un vaivén que dificultan las decisiones. Las empresas tienen que generar valor no solo para sus accionistas sino para la sociedad en general”.

EUROPA TIENE QUE ACTUAR

Según Emilio Ontiveros, presidente de AFI, “Europa va a ser uno de los principales tributarios de esta crisis, y las economías periféricas son las que más van a sufrir. Para que la economía se recupere, Europa tiene que actuar, y ya lo está haciendo, con el ingreso de liquidez y la compra de deuda pública y privada.

Se debe», añadió, «constituir un fondo de reconstrucción que aborde las necesidades de recuperación en el día después de esta crisis, un fondo para tomar decisiones de inversión en las distintas economías, adoptando un modelo de transferencias y no de préstamos. Tenemos que revertir las cadenas transfronterizas y España tiene que defender el libre comercio y la apertura absoluta”.

Por su parte, Carlos Fernández, portavoz económico de Grant Thornton, detalló que “la reducción de la actividad en los sectores esenciales en España está impactando negativamente sobre la actividad de otros sectores adyacentes».

En este sentido, dijo que esta es una crisis diferente «y debemos ser creativos en las soluciones a aplicar. No podemos tomar medidas convencionales que se basen solo en el endeudamiento, y menos en países como España con pocos márgenes fiscales; debemos de utilizar la tecnología como herramienta para solventar estos problemas y dar un impulso a la transformación digital de las empresas”.

En cuanto a las previsiones de recuperación, los expertos coincidieron en que se tardará al menos cuatro años en volver a los indicadores económicos previos a esta crisis.

En opinión de Martínez Rico, ”España siempre ha necesitado financiación del exterior para crecer, pero si queremos ahora recuperarnos es vital seguir atrayendo capital internacional y ser más flexibles, para poder invertir en nuestras empresas, pero con unas normas de juego equivalentes para todos”.

Por su parte, Emilio Ontiveros apuntó que “es cierto que desaparecerán muchas empresas, pero nacerán otras mucho más eficientes, que abandonan patrones viejos, y habrá una reconversión con profesionales más preparados”.

Finalmente, el portavoz económico de Grant Thornton concluyó que “no podemos caer en el error de vivir en un modelo cerrado porque esta crisis sanitaria va a producir insuficiencias en la cadena de suministro. Hay que pensar en inversión extranjera, tenemos que dar la imagen de un país limpio y trazable de cara a nuestros socios”.

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La Confederación Aspace (Asociaciones de Personas con Parálisis Cerebral) reclamó este miércoles «mecanismos de coordinación con administraciones públicas, proveedores y empresas colaboradoras» para afrontar la desescalada y pidió que los protocolos de prevención y actuación «se adecúen a la realidad de los centros y servicios de las entidades de atención a la parálisis cerebral».

En su opinión, estos protocolos deben partir de grupos de trabajo en los que participen profesionales del movimiento Aspace junto a administraciones públicas sanitarias, educativas y sociales, así como empresas de prevención de riesgos laborales.

A su juicio, los acuerdos alcanzados han de incorporar medidas ante contagios y valorar la apertura gradual de los centros según sus características.

También propuso que la coordinación con la Administración Pública contemple la flexibilización de las condiciones que afecten a conciertos, convenios, contratos públicos y subvenciones vigentes.

Según Aspace, un colectivo con pluridiscapacidad como el de las personas con parálisis cerebral, requiere «una gran dedicación de recursos», sobre todo «en estos momentos en los que es necesario reforzar las plantillas de las entidades para proponer nuevas modalidades de atención e impulsar nuevos programas adaptados a las circunstancias».

Asimismo, pidió dotar a todos los centros de equipos de protección y material de desinfección, realizar test masivos a profesionales y usuarios, ofrecerles apoyo psicológico y formarles sobre el uso, higiene y mantenimiento de dichos equipos. Además, solicitó que estas medidas se hagan extensivas a las empresas subcontratadas por las entidades Aspace.

Reclamó impulsar la atención domiciliaria y, si es preciso, facilitar la atención en los centros mediante horarios escalonados, transporte privado, etc.

Finalmente, defendió la puesta en marcha de bolsas de trabajo de profesionales del ámbito sociosanitario para poder cubrir bajas con las que llevar a cabo la ampliación de personal dedico a la atención domiciliaria.

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La Fundación Cermi Mujeres (FCM) advirtió este miércoles de que la pandemia del coronavirus “ha evidenciado, más que nunca, que los cuidados de personas con discapacidad, mayores o en situación de dependencia recaen de manera desproporcionada en las mujeres”.

Así lo señaló la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Ana Peláez, durante el tercer webinario de ‘No estás sola’, un ciclo de encuentros telemáticos puesto en marcha por la FCM durante los miércoles de las próximas semanas, a las 16.00 horas, para favorecer el apoyo y acompañamiento a las mujeres con discapacidad y a madres y cuidadoras durante la actual crisis sanitaria, económica y social. Esta tercera sesión contó con la presencia online de unas 240 mujeres, tanto de España como de Latinoamérica.

Ana Peláez reconoció el trabajo de las madres y cuidadoras, tanto en el ámbito familiar como desde lo profesional, al tiempo que recordó que muchas mujeres con discapacidad se ocupan de estas labores en su entorno. Igualmente, indicó que muchas cuidadoras y madres son las que están ocupándose del cuidado de personas contagiadas de Covid-19, tanto a nivel doméstico como profesional, pues la mayoría de trabajadores sanitarios son mujeres.

Tras la introducción de Ana Peláez, la secretaria general de la Confederación Española de Personas Sordas (Fiapas), Mercedes Ramón, dijo que la pandemia le ha afectado a nivel personal, “pero una debe reinventarse”, pese a que denunció que se ha encontrado con dificultades en el acceso a determinados servicios sanitarios. En cuanto a la situación general, incidió en el efecto nocivo de la pandemia por “muchas carencias” en servicios como la logopedia.

La presidenta de la Asociación de Parálisis Cerebral (Aspace), Manuela Muro, repasó su trayectoria ligada a la discapacidad, que comenzó cuando fue madre a los 20 años de una persona con parálisis cerebral. Fundadora del movimiento de personas con parálisis cerebral en La Rioja, explicó que cuando irrumpió la pandemia, “tuvimos miedo, pero una vez más, creo que ha sido la mujer la que ha vuelto a tirar del carro”. También puso en valor a las “mujeres que atienden al movimiento asociativo de la discapacidad, pues tres de cada cuatro profesionales del sector son mujeres, aunque se han empezado a incorporar ya hombres”.

RÁPIDO RETROCESO

Por su parte, la presidenta de la Federación Autismo Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, madre de un joven con autismo, subrayó que siempre ha tratado de “luchar” por la igualdad de derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). “Ahora por la pandemia, pero en realidad como antes, no me queda otra que luchar por mi hijo y compaginar todas las tareas de la vida con los cuidados”, relató.

“Con esta crisis se está retrocediendo muy rápido en lo avanzado, como ya vimos en la crisis de 2008, aunque estoy segura de que entre todos seremos capaces de detener este tsunami”, aventuró Cristina Gómez.

Desde Latinoamérica, la presidenta de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador (Amuces), Verónica Rivas, declaró que “esta pandemia nos ha sobrepasado a todos”, pero “nos ha ayudado para solidificar los lazos en la familia”. También defendió que “es fundamental intercambiar los roles dentro del hogar, saber encontrar momentos para el ocio en la familia y reservar tiempo para nosotras, porque no somos Cenicientas”. Asimismo, agradeció la ayuda que la ONCE, a través de la Fundación ONCE para Latinoamérica (FOAL) está realizando en la región.

La profesora Nuria Parancalejo de la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual (Afanias), explicó que ella es madre con discapacidad y pensó al comienzo del confinamiento “que no sería capaz de afrontar todos los cuidados y que lo llevaría peor”, pero celebró que “está siendo perfectamente capaz”. Concluyó su intervención proclamando que está convencida de que “todo saldrá bien”.

CUIDAR SIN APOYOS

Mientras, Tania Cruz de la Fe, profesional de cuidados para personas con autismo, lamentó la falta de recursos de muchas personas mayores que están teniendo que cuidar de familiares con discapacidad, “sin ningún apoyo”. Además, mostró su preocupación por los casos en los que se tienen que seguir tratamientos médicos en los hogares. A su juicio, “si nos hubieran dado las medidas higiénicas sanitarias para evitar el contagio, podríamos haber seguido trabajando más y mantener recursos de apoyo como el que yo trabajo”.

Acto seguido, la directora de la Fundación de Daño Cerebral Adquirido Ateneu Castelló, Amalia Diéguez, avisó de que las mujeres con daño cerebral perciben que sufren más dificultades que los hombres con esta discapacidad. En su intervención, detalló que se ha agravado la situación de muchas personas con daño cerebral y de las personas cuidadoras, repasando los problemas que se han ido dando en las diferentes fases del confinamiento.

Por último, en el turno de intervención de las presentes se pusieron de relieve cuestiones como la falta de recursos que están afrontando las personas sordas y sordociegas y la soledad de las mujeres con discapacidad y cuidadoras, entre otros temas.

SERVIMEDIA

El Defensor del Pueblo mostró su preocupación por «los largos períodos de tiempo» que, a veces, deben esperar las personas dependientes para acceder a las prestaciones o a los servicios que ya les han sido reconocidos bien por insuficiencia de recursos públicos o concertados, bien por falta de crédito para pagar las dotaciones económicas concedidas.

Así se recoge en el informe de 2019 de la institución presentado este miércoles en el Congreso, donde el Defensor llama a aumentar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

«Este retraso es lo más preocupante», indicó el Defensor respecto del SAAD, que a su juicio no tiene capacidad «para incorporar en un plazo razonable a todas las personas reconocidas como dependientes pero sin prestación o servicio aprobados».

«En algunas comunidades autónomas, además, la valoración del grado de dependencia se demora en exceso», agregó. Por otro lado, la institución admite que realizó numerosas recomendaciones y «recordatorios de deberes legales» a las administraciones tras detectar demoras y retrasos en los procesos de valoración del grado de discapacidad, y criticó la falta de «avances significativos» en la aprobación del nuevo baremo de valoración de la discapacidad, pieza fundamental para acceder a la protección social de las administraciones públicas.

También pidió a las comunidades autónomas agilizar el acceso a los servicios de la atención temprana y ser más transparentes en la adjudicación de plazas.

En este sentido, recomendó a la Comunidad de Madrid la publicación periódica de la situación de las listas de espera y de las plazas adjudicadas en la correspondiente página web «de manera clara, estructurada, accesible y comprensible.

TRANSPORTES

Por otro lado, la institución también se ocupó de las dificultades a las que se enfrentan los viajeros con movilidad reducida. En este contexto, reclamó a Renfe que mejore la información sobre la accesibilidad de las estaciones e instó a la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) a vigilar que las más de 600 empresas que prestan el servicio de transporte por carretera ofrecen una información adecuada sobre accesibilidad de estaciones y vehículos.

En 2019, el Defensor formuló dos recomendaciones -aceptadas- para proteger a las personas ciegas en la firma de contratos privados sin la intervención de notario, a fin de garantizar que los firmantes han tenido acceso al texto del contrato y a su pleno conocimiento.

EMPLEO

En cuanto a la formación ligada al empleo, el Defensor del Pueblo constata casos en los que las administraciones públicas no facilitan las adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan participar en acciones formativas, tal y como dicta la legislación.

El informe recoge casos en los que los servicios públicos de empleo seleccionaron a una persona con discapacidad para participar en una acción formativa, pero ni la Administración ni la entidad que impartía la formación le facilitaron las adaptaciones que necesitaba para poder recibirla, por entender que no les correspondía hacerse cargo de su coste.

Cita una de las quejas recibidas en este sentido por parte de una persona con discapacidad auditiva, a la que no se le facilitó intérprete de lengua de signos. En lugar de ello, en este caso, la Comunidad de Madrid instó a la interesada a optar por acciones formativas a las que pudiera adaptarse en atención a sus circunstancias personales, lo cual “invertía los principios que sustentan la inclusión de las personas con discapacidad, pretendiendo que sean las circunstancias de la persona (se entiende que las determinadas por su discapacidad) las que deban adecuarse a las características de la acción formativa”.

SERVIMEDIA

La Comisión Europea se comprometió a examinar el posible incumplimiento medioambiental en el vertedero de Zaldívar (Vizcaya) ante los indicios de “importantes deficiencias en el funcionamiento del vertedero que las autoridades competentes o los órganos jurisdiccionales deberían haber detectado, vigilado y, en última instancia, sancionado”.

Así consta en una respuesta de la Comisión a la eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez quien lamentó que hayan pasado más de tres meses sin encontrar a las dos personas desaparecidas.

El Ejecutivo comunitario declaró, a su vez, que la autoridad nacional o regional competente debería exigir “la reparación al operador del vertedero de los recursos naturales dañados devolviéndolos a su estado básico anterior a que se produjera el daño y la asunción de todos los costes”, pero “en vista de la gravedad del caso,” la propia Comisión tomará partido.

Tanto Rodríguez como el equipo de Cs en el País Vasco valoraron positivamente que la UE haya tomado esta decisión, tal como la eurodiputada solicitó el pasado mes de febrero al conocerse el trágico accidente mortal en el vertedero.

Rodríguez también pidió al Gobierno vasco que “tome las medidas necesarias para que esta irresponsabilidad no vuelva a suceder”. En este sentido, el portavoz de la formación en Euskadi, Luis Gordillo, consideró que “las familias de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán merecen respuestas y ayuda, cuando el Gobierno vasco solo les está ofreciendo silencio. La transparencia brilla por su ausencia en el equipo de gobierno del lehendakari Urkullu”.

SERVIMEDIA

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y los Cermis autonómicos abordaron este miércoles los principales retos del sector de la discapacidad en la etapa de reconstrucción que se debe emprender tras los “graves efectos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia, tanto a nivel estatal como territorial”.

En un encuentro telemático, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, elogió el trabajo de las plataformas autonómicas de la discapacida. “En una situación tan dura, no sólo habéis estado a la altura, sino por encima incluso de lo que cabía esperar”, reconoció.

También puso de relieve la importancia de que desde la ciudadanía se marque la ‘X Solidaria’ del IRPF, dado que contribuye a que las organizaciones sociales y de la discapacidad puedan apoyar a millones de personas en riesgo de exclusión.

Por otro lado, se expusieron las claves del documento ‘Propuestas del movimiento Cermi para un plan de transición hacia una nueva normalidad en la cartera de servicios destinados a las personas con discapacidad’.

Con este instrumento, se plantea el marco, los principios, las pautas y la secuencia que, a juicio del movimiento social de la discapacidad, deberían seguirse por parte de las administraciones sociales estatales, autonómicas y locales, y de las organizaciones sociales colaboradoras de las redes públicas, “en el proceso de transición hacia la reanudación de los servicios sociales, paralizados, suspendidos o reducidos, en lo más crudo del estado de alarma decretado para luchar contra la pandemia”.

Por último, en el encuentro, los diferentes Cermis autonómicos expusieron las principales preocupaciones en cada territorio que pasan, entre otras cuestiones, por la necesidad de garantizar la sostenibilidad del tejido asociativo de la discapacidad y de los servicios que se prestan a estas personas.

También incidieron en la necesidad de retomar paulatinamente los servicios destinados a las personas con discapacidad y sus familias, siempre incluyendo las medidas que salvaguarden la seguridad de las personas trabajadoras y voluntarias y de las usuarias, así como en la relevancia de la interlocución entre la sociedad civil y las administraciones para avanzar hacia la nueva normalidad “sin dejar a nadie atrás”.

SERVIMEDIA

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha atendido en la Comunidad Autónoma de Aragón a un total de 288 personas con discapacidad desde el día 16 de marzo, primer día en el que se tuvieron que cerrar todas sus oficinas y se puso en marcha el teletrabajo debido al estado de alarma decretado por el Gobierno a causa del Covid-19.

La crisis sanitaria actual ha obligado a Inserta a realizar un esfuerzo para seguir atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad de forma no presencial, tanto en lo que se refiere a su formación como en el acceso al empleo. Por ello, los técnicos de Inserta que trabajan en las 36 oficinas que la entidad tiene repartidas por todo el territorio, continúan prestando su servicio a sus demandantes a través de la plataforma ‘Por Talento’ (www.portalento.es), así como telefónicamente.

Gracias a esta labor, en Aragón, 24 personas con discapacidad se han incorporado a la bolsa de empleo de Inserta, iniciando así su ruta hacia el mercado laboral. Además, 264 han recibido tutorizaciones ajustadas a sus perfiles (orientación posterior a la formación, monitorización hacia el empleo, etc.).

Asimismo, Inserta sigue a disposición de las empresas que requieran de sus servicios. Pueden realizar consultas o gestionar ofertas a través de su contacto habitual, mail, teléfono y en el correo portalentoinserta@fundaciononce.es.

ARAGÓN

Según los datos recogidos por Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE, en la Comunidad Autónoma de Aragón se registran 33.600 personas con certificado de discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, con una mayor presencia de hombres (57,4%) y personas con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años (69,6%). Hay un 4,5% de jóvenes.

Más de la mitad de las discapacidades registradas, son de tipo físico y predominan aquellas con porcentajes comprendidos entre el 33% y el 44% (46,0%).

La tasa de actividad es del 31,2% (más de 48 puntos por debajo de la correspondiente a la población sin discapacidad en Aragón) y 3,8 puntos por debajo de la tasa de actividad de personas con discapacidad en España. Respecto a la tasa de empleo, se fija en el 27,7% (1,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional para personas con discapacidad).

La tasa de paro de personas con discapacidad se encuentra por debajo de la media nacional de este colectivo en 5,2 puntos, situándose en el 21,0% Atendiendo al nivel de estudios de la población con discapacidad aragonesa, observamos que un 22,0% ha alcanzado formación superior, para el resto del colectivo a nivel nacional el porcentaje es del 16,8%, y del 34,4% para la población sin discapacidad.

El salario medio bruto anual en Aragón se fija en 25.423,9€, no obstante, en el caso del colectivo, desciende en 4.937,8€, una de las mayores diferencias.

Inserta es la entidad de Fundación ONCE especializada en la prestación de servicios gratuitos de intermediación laboral, captación y desarrollo de talento con discapacidad y gestión del empleo, con el objetivo de lograr su inclusión laboral. Además, ofrece a los emprendedores con discapacidad formación y asistencia técnica para elaborar su plan de negocio. Para poder acceder a su bolsa de empleo es necesario tener una discapacidad certificada superior al 33% y estar en situación de desempleo.

La actividad de Inserta se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

SERVIMEDIA

Fundación ONCE ha abierto su IV Convocatoria de ayudas para el desarrollo de programas universitarios de formación para el empleo dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La iniciativa, denominada Unidiversidad, cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, y está destinada a todas las universidades españolas y centros adscritos.

Esta convocatoria pretende promover y desarrollar, en el curso académico 2020-21, programas formativos para el empleo y la inclusión universitaria de jóvenes con discapacidad intelectual, un grupo con especiales dificultades de inserción laboral.

El programa Unidiversidad se basa también en el hecho demostrado de que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario en competencias profesionales generales y con una titulación emitida por una Universidad incide positivamente en su inserción laboral en diferentes sectores empresariales, tal y como se ha constatado en sus ediciones anteriores

«El impacto y el éxito de las anteriores convocatorias nos ha llevado a repetir esta iniciativa, que pretende brindar a jóvenes con discapacidad intelectual la oportunidad de ir a la universidad y participar activamente de su ambiente», afirma Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE.

Desde esta perspectiva, los proyectos universitarios que se beneficien de esta convocatoria de ayudas han de estar enfocados a la preparación laboral de las personas con discapacidad intelectual, estructurada en materias o asignaturas funcionales, humanísticas y profesionales, y complementada con actividades extracurriculares en el Campus, que se compartirán con alumnos universitarios de carreras oficiales y otras actuaciones que se consideren pertinentes.

Así, los programas, que deberán empezar a impartirse en el primer trimestre del curso 2020/2021, preferentemente coincidiendo con el calendario académico de la universidad, habrán de implicar a las universidades españolas en la inclusión social de jóvenes con discapacidad intelectual, a través de la formación y la mejora de su empleabilidad.

Además, deberán proporcionar a este alumnado formación universitaria enfocada a mejorar su autonomía, conocimientos humanísticos y su preparación laboral, y dotarle de habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo, accediendo a puestos en la modalidad del empleo con apoyo. Asimismo, las universidades tendrán que proporcionar a estos jóvenes experiencias inclusivas y de normalización dentro de la comunidad universitaria y facilitarles una formación integral y personalizada.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las universidades españolas o centros adscritos que deseen llevar a cabo un programa universitario para jóvenes con discapacidad intelectual. De esta forma, los destinatarios últimos serán personas con discapacidad intelectual -con un grado igual o superior al 33%-, de entre 18 y 30 años y que estén inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa al inicio del curso.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 8 de junio en el siguiente enlace: ‘https://www.fundaciononce.es/es/content/iv-convocatoria-de-ayudas-para-programas-universitarios-de-formacion-para-el-empleo’.

Las universidades seleccionadas deberán participar en una investigación periódica que coordinará Fundación ONCE, con el objetivo de evaluar el desarrollo e impacto de los programas y avanzar en una estrategia global de inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.

En sus tres ediciones anteriores, esta iniciativa ha permitido que casi 900 jóvenes con discapacidad intelectual pasaran por una de las universidades beneficiarias del programa, y mejoraran así sus habilidades sociales y laborales.

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Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha atendido en Andalucía a un total de 1.432 personas con discapacidad desde el día 16 de marzo, primer día en el que se tuvieron que cerrar todas sus oficinas y se puso en marcha el teletrabajo por el estado de alarma.

La crisis sanitaria ha obligado a Inserta a realizar un esfuerzo para seguir atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad de forma no presencial, tanto en lo que se refiere a su formación como en el acceso al empleo. Por ello, los técnicos continúan prestando su servicio a sus demandantes a través de la plataforma ‘portalento.es’, así como telefónicamente.

Gracias a esta labor, 341 personas con discapacidad se han incorporado a la bolsa de empleo de Inserta en Andalucía, iniciando así su ruta hacia el mercado laboral. Además, 1.091 han recibido tutorizaciones ajustadas a sus perfiles como orientación posterior a la formación o mentorización hacia el empleo.

Asimismo, Inserta sigue a disposición de las empresas que requieran de sus servicios. Pueden realizar consultas o gestionar ofertas a través de su contacto habitual, mail, teléfono y en el correo ‘portalentoinserta@fundaciononce.es’.

Según los datos recogidos por Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE, en Andalucía hay registradas 267.600 personas con certificado de discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, con una mayor presencia de hombres (55,6%) y personas con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años (63,2%). Hay un 6,9% de jóvenes.

Casi la mitad de las discapacidades registradas son de tipo físico y predominan aquellas con porcentajes comprendidos entre el 33% y el 44%. La tasa de actividad es del 30,5%, más de 44 puntos por debajo de la correspondiente a la población sin discapacidad en Andalucía.

Respecto a la tasa de empleo, se fija en el 19,5% (a 5,6 puntos porcentuales de la media nacional para personas con discapacidad). La tasa de paro para las personas con discapacidad en Andalucía es del 37,1%, es decir, 8,4 puntos por encima de la media nacional para personas con discapacidad.

Atendiendo al nivel de estudios de la población con discapacidad andaluza, se observa que tan sólo el 13,3% ha alcanzado formación superior, dato que, para el resto del colectivo a nivel nacional, equivale al 15%. Para la población sin discapacidad es del 33,9%.

El salario medio bruto anual en Andalucía se fija en 21.339,3 euros, no obstante, en el caso del colectivo, de personas con discapacidad desciende en 2.466,1 euros.

Inserta es la entidad de Fundación ONCE especializada en la prestación de servicios gratuitos de intermediación laboral, captación y desarrollo de talento con discapacidad y gestión del empleo, con el objetivo de lograr su inclusión laboral. Además, ofrece a los emprendedores con discapacidad formación y asistencia técnica para elaborar su plan de negocio. Para poder acceder a su bolsa de empleo, es necesario tener una discapacidad certificada superior al 33% y estar en situación de desempleo.

La actividad de Inserta se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

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La compañía Bayer participó este miércoles en la edición virtual de ‘El País con tu futuro’, un evento virtual organizado por el diario El País para inspirar a los estudiantes de bachillerato sobre su futuro profesional. La farmacéutica intervino para visibilizar el potencial de las carreras científicas.

“En un momento como el actual en el que miles de estudiantes de bachillerato se enfrentan a la decisión de cómo orientar su carrera, el encuentro ha servido para poner en común la experiencia de cerca de una veintena de profesionales, y hacerlo extensivo a un mayor número de jóvenes al ser enteramente digital”, explica la entidad en un comunicado.

Profesionales como el baloncestista Pau Gasol, el investigador en nanotecnología Amador Menéndez, o el epidemiólogo Miguel Hernán, fueron algunos de los ponentes de esta edición celebrada el hoy. Bayer estuvo representada por su responsable de IT para las áreas de salud, Anabel León.

Todos los participantes incidieron en la importancia de trabajar no sólo los aspectos puramente formativos, sino la importancia de tener presente habilidades como el trabajo en equipo, capacidad de adaptación, aceptación del error y resiliencia.

Bajo el título ‘14 millones 605 posibles finales para futuro profesional’ Anabel León, contó a través de su experiencia las posibilidades de las carreras científicas y las oportunidades que brinda la digitalización para el avance de áreas como la salud.

“Vivimos un momento excepcional en el que tenemos la suerte de poder elegir no sólo hacia donde queremos orientar nuestras capacidades, sino incluso construir nuestro desarrollo profesional. Cerca del 60% de las profesiones del futuro todavía no están inventadas y esto puede ser una gran oportunidad para los chicos y chicas que ahora se plantean su futuro. Lo importante es disfrutar de lo que se hace y hacer coincidir el propósito profesional con el personal”, contó.

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Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha atendido en la Comunidad Autónoma de Madrid a un total de 619 personas con discapacidad desde el 16 de marzo, primer día en el que se tuvieron que cerrar todas sus oficinas y se puso en marcha el teletrabajo debido al estado de alarma decretado por el Gobierno a causa de la pandemia del Covid-19.

La crisis sanitaria actual ha obligado a Inserta a realizar un esfuerzo para seguir atendiendo a las necesidades de las personas con discapacidad de forma no presencial, tanto en lo que se refiere a su formación como en el acceso al empleo. Por ello, los técnicos de Inserta que trabajan en las 36 oficinas que la entidad tiene repartidas por todo el territorio, continúan prestando su servicio a sus demandantes a través de la plataforma Por Talento (www.portalento.es), así como telefónicamente.

Gracias a esta labor, en la Comunidad de Madrid, 107 personas con discapacidad se han incorporado a la bolsa de empleo de Inserta, iniciando así su ruta hacia el mercado laboral. Además, 512 han recibido tutorizaciones ajustadas a sus perfiles (orientación posterior a la formación, mentorización hacia el empleo, etc.).

Asimismo, Inserta sigue a disposición de las empresas que requieran de sus servicios. Pueden realizar consultas o gestionar ofertas a través de su contacto habitual, mail, teléfono y en el correo portalentoinserta@fundaciononce.es.

Según datos registrados y recogidos por Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE, en la Comunidad de Madrid hay registradas 169.200 personas con certificado de discapacidad, con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, con una mayor presencia de hombres (53,1%) y personas con edades comprendidas entre los 45 y los 64 años (65,4%). Hay un 7,3% de jóvenes. Además, más de la mitad de las discapacidades registradas, son de tipo físico y predominan aquellas con porcentajes comprendidos entre el 33% y el 44% (45,2%).

La tasa de actividad es del 43,4% una de las más altas, pero aún a más de 35 puntos de la correspondiente a la población sin discapacidad en la Comunidad de Madrid. Respecto a la tasa de empleo, se sitúa en el 34,3% más de 8,4 puntos superior a la registrada por la media nacional para personas con discapacidad. En cuanto a la tasa de paro, se posiciona en el 21,0%, notablemente inferior a la media nacional del conjunto de personas con discapacidad (5,2 puntos menos).

Atendiendo al nivel de estudios de la población con discapacidad en Madrid, el 20,8% ha alcanzado formación superior, significativamente más alta que la media del colectivo (4 puntos más) aunque aún a 13.6 puntos de la registrada para de las personas sin discapacidad.

Según los últimos datos disponibles, el salario medio bruto anual en la comunidad autónoma se fija en 26.506,0€, uno de los más altos, no obstante, en el caso del colectivo, desciende en 6.687,8 euros una de las diferencias más notable entre ambas poblaciones.

INSERTA

Inserta es la entidad de Fundación ONCE especializada en la prestación de servicios gratuitos de intermediación laboral, captación y desarrollo de talento con discapacidad y gestión del empleo, con el objetivo de lograr su inclusión laboral. Además, ofrece a los emprendedores con discapacidad formación y asistencia técnica para elaborar su plan de negocio. Para poder acceder a su bolsa de empleo es necesario tener una discapacidad certificada superior al 33% y estar en situación de desempleo.

La actividad de Inserta se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

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La Fundación Cermi Mujeres (FCM) ha planteado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que refuercen la protección legal de las mujeres y niñas con discapacidad contra la violencia de género, ya que es un grupo especialmente expuesto a las agresiones, maltratos y abusos.

Así lo ha trasladado la FCM en un documento de propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, que se tramita en estos comentos en la Cámara baja, y que se encuentra en fase de formulación de modificaciones por parte de los grupos políticos.

Las enmiendas que la FCM ha hecho llegar a los partidos con representación parlamentaria buscan que la nueva ley considere a las mujeres y niñas con discapacidad como “grupo particularmente vulnerable a los estragos de la violencia de género”, por lo cual ha de tener una “protección mucho más intensa, desde un enfoque inclusivo”.

Otro aspecto en que insiste Cermi Mujeres a los partidos es la necesidad imperiosa de que todos los recursos, apoyos y dispositivos de protección contra la violencia sean plenamente accesibles para que las mujeres y niñas con discapacidad no queden excluidas de ese acompañamiento imprescindible por ausencia de accesibilidad.

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El Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de Fundación Mapfre, Antonio Huertas, y el director general de Cesal, Pablo Llano, visitaron este miércoles las instalaciones de Gastrolab Villaverde, que han sido cedidas por la Junta del Distrito de Villaverde, en Madrid.

El objetivo era conocer cómo se está desarrollando la iniciativa ‘Emergencia Stopcoronavirus”, una campaña de apoyo a la alimentación de población vulnerable del distrito madrileño de Villaverde que llevan a cabo las tres instituciones desde el mes de abril.

Este servicio, que tiene previsto durar dos meses, permite ofrecer 1.000 almuerzos diarios a personas vulnerables del citado distrito, una zona de riesgo incluso antes de la emergencia sanitaria.

A estos menús pueden acceder aquellas personas que se encuentran actualmente en situación de desempleo y sin posibilidad de poder optar a otros recursos a través del Área de Servicios Sociales del distrito de Villaverde.

La elaboración y envasado de estos almuerzos están gestionados por Cesal, ONG con la que Fundación Mapfre colabora desde hace más de 10 años, y que cuenta con un equipo formado por un cocinero y varios ayudantes de cocina profesionales, además de un grupo de voluntarios, muchos de ellos jóvenes en situación de riesgo formados por Cesal.

La campaña cuenta, además, con la colaboración del Grupo Deliveroo y con la chef Cristina Oria, que distribuyen los almuerzos a los hogares de estas personas. Hasta el momento, el proyecto ha permitido ofrecer un total de 13.783 almuerzos.

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