Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Ciempozuelos, han procedido a detener en la madrugada de ayer a una persona por organizar una fiesta ilegal en una finca de la localidad de Chinchón, a la que participaron 140 personas que incumplían las medidas sanitarias y que acabaron denunciadas, ha informado este lunes la Comandancia de Madrid en una nota de prensa.

La voz de alarma la dio la Policía Local del municipio, que solicitó pasadas las 17.20 horas el apoyo de la Guardia Civil para desalojar a las personas que había en el interior de una finca, sita en el kilómetro 10.5 de la M-311, donde se estaba desarrollando a todas luces una fiesta ilegal.

Una vez se personaron las patrullas pertenecientes a Ciempozuelos y a la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), los agentes identificaron a todos los asistentes a la fiesta, proponiendo para sanción en base a la orden 1404/2020 relativa a la Covid-19 a 140 personas. Otras 20 personas más fueron propuestas para sanción por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes.

En el momento de proceder al desalojo de la fiesta el promotor y organizador de la misma, un varón de colombiano de 57 años de edad agredió a un agente de la Guardia Civil, por lo que resultó detenido por un delito de atentado a agente de la autoridad.

OTRAS FIESTAS DESALOJADAS

En el marco de los dispositivos establecidos por la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en base a la situación epidemiológica actual, la pasada semana se desalojó otra fiesta ilegal en la misma finca, donde se propuso para sanción a 42 personas por la reunión ilegal, interviniéndose sustancias estupefacientes a varios de los asistentes de la reunión ilegal.

En la localidad de Arroyomolinos, la Guardia Civil descubrió una fiesta ilegal en un bar de copas situado en un polígono industrial tras detectar un movimiento inusitado en las inmediaciones, localizando el punto donde se estaba celebrando el evento. En el interior localizaron a 36 personas, realizando la correspondiente propuesta para sanción.

Esquerra Republicana (ERC) lleva este martes al Pleno del Congreso una proposición de ley para derogar los artículos del Código Penal que contemplan penas de prisión por el delito de injurias a la Corona y de ultrajes a España, como la quema de banderas.

ERC registró esta iniciativa el pasado mes de agosto tras conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional estaba examinando una denuncia contra el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, de ERC; la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez; y la presidenta del BNG, Ana Pontón, por posibles injurias a la Corona tras sus respectivos comentarios al conocerse la marcha de España del Rey emérito. La denuncia se archivó.

Y también unas semanas antes, en julio, el Gobierno había comunicado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU su intención de "llevar a cabo una revisión de los delitos de injurias a la Corona", y también de los delitos contra los sentimientos religiosos recogidos en el Código Penal, ambas recomendaciones surgidas del examen periódico universal (EPU).

Ahora los independentistas catalanes han decidido llevar esta iniciativa al Pleno para forzar al PSOE a pronunciarse sobre la urgencia de esta reforma, que también defiende Unidas Podemos. La Cámara tendrá que decidir si adelanta la reforma utilizando el texto de los de Gabriel Rufián.

En ERC insisten en la necesidad de despenalizar estos delitos para cumplir con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenase a España al considerar que con actos como la quema de banderas se ha vulnerado la libertad de expresión.

Así lo expone la iniciativa, recogida por Europa Press, en la que los de Gabriel Rufián afirman que "en los últimos años" se ha "perseguido a personas, artistas o revistas satíricas" por estos delitos.

SUPERAR CENSURAS

La formación independentista aboga por "superar estas censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona" desde un concepto, a su juicio, de sacralización de la imagen del rey y de su familia". En este contexto, plantea considerar estos actos como "muestras de libertad de expresión", como ocurre en Estados Unidos.

El Grupo Parlamentario ERC-EH Bildu ya registró el pasado mes de marzo en el Senado esta misma iniciativa en medio de la polémica que rodeaba a la Casa Real por las presuntas irregularidades cometidas por el Rey emérito Juan Carlos I, investigación que asumió la Fiscalía del Supremo el pasado mes de junio, y que ahora ha resurgido tras la decisión de éste de trasladar su residencia fuera de España.

Además, en 2018, ERC ya registró una iniciativa similar en el Congreso y lo mismo hizo entonces el líder de IU, Alberto Garzón, ahora ministro de Consumo del Gobierno de coalición. La federación de izquierdas también abogó entonces por eliminar los artículos que penalizan el enaltecimiento del terrorismo o la vejación de representantes religiosos, por considerar que son "obsoletos" y "ambiguos" y que, además, se están utilizando para restringir la libertad de expresión.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido la aplicación del estado de alarma para contener la segunda ola del virus como mejor instrumento a la hora de tener que restringir con carácter nacional derechos fundamentales de todos los españoles, mostrándose más partidario de esta herramienta que de una hipotética modificación de la Ley de Salud Pública de 1986, tal y como proponía el PP.

En una entrevista con Televisión Española recogida por Europa Press, aunque ha dicho que le parece bien actualizar cualquier legislación, aunque hubiera una ley que permita tomar más medidas al margen del estado de alarma, este instrumento es el idóneo cuando se trata de restringir derechos.

Además, ha avisado de que cualquier región podría utilizar una ley de Salud Pública mejorada "para otras cosas". "Cuando se limitan derechos fundamentales tiene que intervenir el Estado, es un problema territorial", ha insistido.

Con todo, ha reparado en que la pandemia "o se arregla en todos los rincones de España o no se arregla en ningún sitio". Por ello, ahora "lo importante es que hay una medida homogénea que permitirá ir a las regiones adaptar" su propia normativa.

"EL GOBIERNO BUSCABA TRANQUILIDAD"

Sobre la duración del estado de alarma, ha reconocido que seis meses es mucho, pero un periodo razonable teniendo en cuenta lo "difícil" que tuvo el PSOE para sacar adelante las anteriores prórrogas en el estado de alarma que decayó en primavera.

La economía, la seguridad y la confianza "no pueden dejarse a salto de mata", y lo que el Gobierno buscaba era tranquilidad a la hora de tener ese sostén jurídico más allá de futuros debates.

Desde el principio de la pandemia se trabaja, ha dicho, de forma similar a lo que ocurre a nivel europeo, donde Bruselas toma algunas decisiones pero los países miembro las aplican.

"Estamos ante una vía muy experimental. Esto no estaba previsto, ni el estado de alarma está planteado para estas situaciones. Hay que seguir aprendiendo de la segunda ola", ha dicho, lamentando la crítica política en función de lo que diga el Estado. "Hay que dejar la lucha de partidos aparte".

Entiende que hay algunos dirigentes que "no quieren compartir" las consecuencias derivadas de restringir la movilidad y tomar decisiones que perjudican a la economía.

No comparte que la desescalada se hiciera mal, ya que este estado de alarma llega "porque no se ha controlado la situación". Todas las autonomías llegaron a endurecer el decreto ley que sirvió de base para afrontar la desescalada en verano "a medida que decían los datos"

El camino ahora tiene "una parte muy importante de verde e inmaduro" por lo desconocido, ya que "no hay una ciencia cierta", ante lo que los dirigentes políticos están aplicando el "sentido común" pese a las luchas partidistas.

"Llevo diciendo lo mismo desde el primer día. Las autonomías tenemos que gestionar la sanidad y hemos hecho lo que tenemos que hacer aunque hubiera mando único", ha defendido.

PIDE AL PP QUE "REFLEXIONE"

El presidente regional, en una rueda de prensa posterior, para dar cuenta de la reunión de la Conferencia de Presidentes, ha pedido al PP "que reflexione" sobre su apoyo ya que "en esto no puede vacilar". "Una cosa es atacar al Gobierno de España porque no es de tu propio partido y otra cosa muy distinta es abogar por un país en el que mañana el independentismo catalán o el nacionalismo pudiera separar a Cataluña del resto de España".

"Lo importante es que si mañana o pasado mañana España tiene que limitar derechos de españoles no quede en manos de ningún presidente autonómico y menos aún de ningún presidente independentista", ha subrayado, convencido de que no importa "quién toma la decisión sino qué decisión se toma".

Ha indicado que a él le da "lo mismo si Pedro Sánchez es del PSOE o Rajoy del PP" para pedir a continuación "el consenso que el conjunto del país hubiera otorgado a una decisión otorgada por un gobierno del PP" y "que ningún partido se fije en quién toma la decisión sino que solo miren si esa decisión es buena para acabar con el virus, sobre la base de que si no acabamos primero con el virus, no arreglaremos la economía", ha incidido.

En este sentido, ha agradecido al Gobierno central que, "pudiendo haber dejado en manos de Ayuso, de Page, de Vara o de Bonilla las decisiones, haya decidido algo más: que las decisiones también son de Sánchez", y ha finalizado señalando que no se puede "combatir la alarma del virus sin el Estado" y sin que esas decisiones pasen por el Congreso de los Diputados y por el Gobierno de España.

"Nadie quiere la alarma. Todos queremos el Estado, algunos quieren la alarma a base de acabar con el Estado, yo defiendo lo contrario", ha concluido.

El 'president' de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha pedido en la XXII Conferencia de Presidentes Autonómicos que la Comunitat Valenciana pueda gestionar el 10% de los fondos de reconstrucción de España y ha instado a la Comisión Europea a impulsar un plan para la juventud "atrapada entre dos crisis" y un "espacio Schengen sanitario" con movilidad segura entre todos los países.

Así lo ha indicado en su comparecencia tras la reunión con Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el resto de jefes autonómicos. Puig ha lanzado diez peticiones, entre las que ha destacado la necesidad de una mayor cogobernanza y "más Europa" y la participación de las regiones en la gestión de fondos europeos.

El también barón socialista ve extraordinario el anuncio de Sánchez de que las autonomías podrán ejecutar directamente el 50% de los proyectos del plan de recuperación del Gobierno que se sufragará con fondos europeos. De momento ya cree que algunos van "claramente" en la línea de los 410 presentados por la Generalitat, en materia de vivienda, medio ambiente o educación: "Hemos alineado las prioridades valencianas con las de la UE".

Eso sí, su objetivo es que "como mínimo" el 10% de los fondos de España estén directamente vinculados a la Comunitat Valenciana y se puedan gestionar directamente, un porcentaje que podrá variar en función de la "competencia" entre las autonomías.

No ha querido entrar las cifras, a la espera de la reunión de los técnicos de Hacienda de esta tarde, pero ha augurado que los fondos llegarán en la primera mitad de 2021 mediante convenios con el Ministerio donde se establecerán las "contrapartidas" y si serán o no transferencias directas.

VIAJES SEGUROS Y ARMONIZACIÓN FISCAL

En turismo, Puig ha insistido en la idea de un "espacio Schengen sanitario" que permita la movilidad entre europeos con seguridad y unos protocolos unificados, ya que "no puede ser que cada país ponga unas restricciones". "Ahora están todas las puertas abiertas a los mercados y no para las personas", ha lamentado, y ha pedido que la UE destine ayudas contundentes a un sector que afronta una situación compleja y que "va a tardar en recuperarse totalmente".

A nivel económico también ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de una armonización de los impuestos de los 28 países de la UE, ya que "no pueden seguir con esas diferencias fiscales que acaban generando desigualdades entre personas".

Otras líneas que ha planteado son una transición ecológica y digital "justa", con un calendario realistas y adaptado a las necesidades de sectores de la Comunitat como la cerámica de Castellón, el plástico o el automóvil, con la planta de Ford Almussafes (Valencia).

CONTRA UNA GENERACIÓN DE "PERDEDORES Y DESCONTENTOS"

El presidente valenciano ha alertado del riesgo de generar "una legión de perdedores y descontentos" entre los trabajadores "incapaces de engancharse a la nueva sociedad digital". Para evitarlo ha urgido a aplicar medidas educativas, pedagógicas y sociales que acomoden la transición a la realidad de los valencianos.

Y en este escenario ha instado a un plan europeo ambicioso "al rescate de una juventud que ha vivido entre dos crisis", con el objetivo de que ayude a estas generaciones a salir del "laberinto" en el que viven desde 2008.

Ha trasladado más propuestas como fomentar la contratación exprés en el sector público mediante un marco nacional para agilizar al máximo la llegada de dinero "con todas las garantías". "Los nuevos fondos no pueden tropezar con la burocracia", ha defendido, algo a lo que ya se ha comprometido Sánchez mediante un decreto-ley y en lo que trabaja la Generalitat desde hace semanas.

La vivienda y el tren centran sus dos últimas peticiones, primero para generar empleo y aumentar la eficiencia energética como "uno de los proyectos más keynesianos" y después para ayudar a que el transporte público sea seguro. Puig ha destacado especialmente la "gran oportunidad" que se abre para acabar el Corredor Mediterráneo tanto en España como en otros países donde hay atrasos.

UN BREXIT "LO MENOS BREXIT POSIBLE"

Al margen del plan de recuperación, ha vuelto a pedir que la salida del Reino Unido de la UE sea "lo menos Brexit posible, "inteligente y satisfactorio, que no confronte y no traiga consigo prejuicios". "Esta crisis debe ser un punto de inflexión en la arquitectura europea", ha reivindicado, para lograr una unión "con más capacidad de decidir, más federal y más descentralizada".

Dejadnos la esperanza, Europa para nosotros es la esperanza", ha exclamado al hilo del verso de Miguel Hernández cuando faltan unos días para el 110 aniversario del nacimiento del poeta oriolano.

La vicepresidenta de JxCat y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha calificado este lunes de "decepcionante e insuficiente" el decreto del estado de alarma, pero no ha aclarado el sentido del voto de parte de los diputados de su grupo en el Congreso, en el que conviven con miembros del PDeCAT.

"No haremos una adhesión a ciegas", ha recalcado en rueda de prensa telemática, al margen de la decisión del PDeCAT de que sus cuatro diputados en la Cámara Baja hayan anunciado que votarán a favor.

Según Artadi, quieren darse tiempo para mejorar un decreto con el que ha sido muy crítico, también por el hecho de que el estado de alarma se pueda porrogar durante los próximos seis meses, medida que considera "extraordinariamente excepcional" y que cree que no pueden normalizar.

En su opinión, el decreto no proporciona los instrumentos suficientes al Govern para tomar medidas de protección de los ciudadanos ni otras que permitan proteger la actividad económica, laboral y social.

Sobre el toque de queda, ha asegurado que sólo da al Govern un margen para modificarlo de "una hora arriba y una hora abajo", por lo que considera que el Ejecutivo central sigue siendo la autoridad competente en todo ello.

"No ha habido un aumento de la autonomía ni del ejercicio de competencias", ha reprochado Artadi, tras criticar que la Generalitat no pueda tomar decisiones para controlar la circulación de personas durante el día y deba pedir permiso de nuevo al Gobierno, entre otros aspectos.

Ha explicado que les hubiera gustado que el decreto les permitiera tomar medidas asimétricas en el territorio para levantar o no el estado de alarma en función de los datos epidemiológicos, y lamenta que el texto no aborde cuestiones como el teletrabajo, los desahucios y que no vaya acompañado de medidas a nivel económico.

"No proponen una cogobernanza, proponen una nueva recentralización. La cogobernanza va acompañada de diálogo, no de imposiciones", ha censurado.

FONDOS EUROPEOS

También se ha referido a la decisión de la Comisión Europea de destinar 140.000 millones de euros a España del fondo de recuperación europeo, 72.700 en ayudas directas y el resto en forma de préstamos.

Según Artadi, les llegan informaciones de que el Gobierno esperaría a 2023 a solicitar estas ayudas en forma de préstamos ante la "situación desesperada" que viven los sectores económicos de Cataluña.

"Para evitar cierres masivos, pedimos al Gobierno que no renuncie a pedir todas las líneas de ayudas que pone a disposición la Comisión Europea", ha zanjado.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este lunes que el cómo se haga la recuperación de la economía tras la pandemia de Covid y su transformación "será muy importante para la solidez de las democracias".

"Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo se suma de y que no hay partes enteras de la población o del mundo que se quedan desconectados", ha dicho en una conversación con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, con motivo del Consejo Ministerial de la organización, que se celebra esta semana bajo la presidencia del Gobierno español.

González Laya ha subrayado que una democracia se construye sobre derechos y libertades, pero también sobre la expectativa de los ciudadanos de que no se los dejará atrás y podrán llevar a cabo sus proyectos de vida.

La jefa de la diplomacia española ha planteado la reunión (virtual) de la OCDE como una oportunidad para tratar de entender, en momentos de "incertidumbre", qué aspectos de las economías hay que cambiar y cómo se puede hacer de manera diferente.

Su análisis es que la pandemia ha acelerado tendencias que ya existían, como la brecha digital, las desigualdades y el reto de la descarbonización de la economía. También los riesgos para la democracia, que es la "piedra angular" de la economía.

A su juicio, hay una obligación de "repensar todas las dimensiones" y eso es lo que el Gobierno español intenta hacer con el Fondo de Recuperación europeo y ha abordado con las comunidades autónomas este lunes.

Navarra registró el domingo 500 casos nuevos de Covid-19, lo que supone un descenso frente a los 698 contabilizados el día anterior, en el que se fijó un nuevo máximo en la pandemia en la Comunidad foral.

El domingo se realizaron en Navarra 3.167 pruebas de PCR y test de antígenos y la tasa de positividad se situó en el 15,8 por ciento, es decir, 500 casos, según datos facilitados por el Gobierno foral.

Además, en la jornada de ayer se produjeron dos fallecimientos por Covid-19, dos mujeres de 94 años. En los hospitales navarros se registraon 19 nuevos ingresos, seis de ellos en la UCI.

Por zonas, en Pamplona y Comarca se registra el 66% de los positivos, el área de Tudela tiene el 11%, y a la de Estella-Lizarra pertenecen el 7% de los casos. El resto de positivos (16%) se reparten por otras zonas de Navarra.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, el grupo mayoritario es el de 45 a 59 años, con un 26% del total. A continuación, están los grupos de 15 a 29 años, con un 22%; le sigue el grupo de 30 a 44 años, con un 21%; menores de 15 años, con un 13%; el de 60 a 75 años, con un 11%; y, finalmente, el de mayores de 75 años, con el 7% del total. La edad media de los nuevos casos se sitúa en 40,7 años. Respecto al género, el 51% de los casos son mujeres y el 49%, hombres.

En la red hospitalaria de Navarra permanecen 401 personas ingresadas con Covid-19 (12 más que ayer), 50 de las cuales se encuentran en puestos UCI (seis más que ayer) y otras 70 en hospitalización domiciliaria. Los demás, 281 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario y ocupan espacios Covid-19.

En cuanto a la incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en 29.105.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha reconocido que "nos esperan dos o tres semanas críticas", en las que "vamos a ver el incremento de los contagios, fruto de los últimos 10 o 14 días", pero entiende que "estamos a tiempo" y que "se ha reaccionado para evitar el colapso sanitario".

"Hasta que pasen esas dos o tres semanas no veremos si tienen resultado las medidas aplicadas", según López Miras, quien ha considerado "importante" que la sociedad "esté concienciada".

En una rueda de prensa ofrecida a la finalización de la Conferencia de Presidentes, López Miras ha admitido que las administraciones deben aportar "todos los recursos necesarios" pero, al margen de ello, ha señalado que "la sociedad debe saber que detrás de los brotes y cadenas de focos descontrolados, en la mayoría de las ocasiones hay una irresponsabilidad".

El presidente murciano ha señalado, a este respecto, que "ya están activados todos los planes de contingencia de la Región", que puede triplicar el numero de camas de UCI y duplicar las camas de hospital "por si fuera necesario".

DURACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

López Miras también se ha referido a las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, quien ha anunciado que solo apoyará el estado de alarma si su duración se reduce a 8 semanas.

Al ser preguntado a este respecto, López Miras ha indicado que no solo él, sino "cualquier jurista y profesional del derecho, especialmente del derecho constitucional, entiende que un estado de alarma de es de extraordinaria excepcionalidad, y no se puede alargar en el tiempo".

A su juicio, esta medida "debe tener un límite temporal y se debe dar cuenta ante el Congreso de cómo evoluciona la pandemia y de la reactivación de esta figura de extraordinaria excepcionalidad".

Con todo, ha asegurado que él está actuando "como presidente de 1,5 millones de murcianos" y de una administración "cuyo único objetivo es centrarse en evitar que haya más muertes y en controlar la pandemia", que es lo único que le preocupa, por lo que ha ofrecido su "colaboración y lealtad" al Gobierno central.

En su opinión, es positivo "que se haya puesto final a que haya 17 respuestas diferentes a la pandemia", aunque cree que "sigue habiendo distorsiones". No obstante, considera que "se han desaprovechado cinco o seis meses para aprobar con consenso de todas las comunidades una legislación sanitaria ordinaria para afrontar la pandemia sin necesidad de acudir a una figura como el estado de alarma".

Y es que ha señalado que esta pandemia ha revelado que España "no tiene mecanismos legales suficientes para enfrentarse a esto desde el Estado autonómico" y que, al final, "solo tenemos el estado de alarma". Por ello, cree que se podía haber establecido una normativa ordinaria "que nos permitiera a las comunidades tomar decisiones sin estar pendientes de que un tribunal les dé el visto bueno".

Al ser preguntado por si él tiene pensado comparecer en la Asamblea Regional y las críticas del PSRM a este respecto, López Miras ha recordado que estuvo la semana pasada en el parlamento autonómico dando cuenta de su gestión, y que este mismo lunes ha pedido su comparecencia urgente para "comparecer y dar testimonio de la situación", por lo que "hablan los hechos".

CAPACIDAD HOSPITALARIA

Al ser preguntado por si teme el colapso de las UCI, López Miras ha ratificado que "se ha reaccionado a tiempo para evitar ese colapso sanitario" y los técnicos le transmiten que "si las medidas dan resultado, en 3 semanas podrá comprobarse".

Con todo, ha recordado que el Gobierno regional tiene preparado un plan de contingencia desde la primera oleada, y permite usar espacios accesorios para triplicar la capacidad de las UCI hasta 350 camas y duplicar las camas de hospitalización. "A mí me transmiten los técnicos que estamos desde luego preparados para la situación tan preocupante que se nos viene encima", ha señalado.

Al ser preguntado por el motivo por el que decretó el toque de queda a las 23.00 y no a las 22.00 horas, López Miras ha defendido que el informe de los técnicos recomendaba esa hora. Porque desde marzo, cuando se iniciaron los episodios más dramáticos, las decisiones han sido estrictamente bajo el único criterio de los epidemiólogos y técnicos de Salud Pública", ha defendido.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

López Miras ha hecho estas declaraciones tras asistir a la Conferencia de Presidentes, en la que ha participado Pedro Sánchez, los presidentes autonómicos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En el encuentro han abordado los criterios con los que se decide la cantidad que llega a cada n del fondo de recuperación de la UE.

Ha destacado que es un asunto "de vital importancia" porque "si erramos, supondría una salida de la crisis a dos velocidades". A su juicio, "no es un tiempo de mostrar diferencias, sino de arrimar el hombro y actuar con lealtad, no a las instituciones sino a las personas que representan".

"Nuestra prioridad es clara, superar la pandemia, pero no podemos perder de vista el día después, la recuperación de una economía muy dañada", ha aseverado el presidente murciano.

En este sentido, ha mostrado "preocupación y optimismo", porque confía en "nuestra capacidad de salir de esta situación, porque no recae en manos de unos pocos, sino de todos. Ha agradecido a la presidenta de la Comisión Europea "el esfuerzo de todos los países para que contemos con los recursos necesarios".

Esa tranquilidad permite centrar todos nuestros recursos en salvar vidas", según López Miras, quien ha ensalzado que "Europa es garantía hoy de derechos, de libertad, de respeto a la separación de poderes. Asimismo, ha considerado "ejemplares" los criterios seguidos para el reparto del fondo de recuperación por la UE, basados en la población, el PIB y la tasa de desempleo.

A su juicio, estos mismos criterios "deberían presidir también en España el reparto entre comunidades, porque sería una garantía de iaguldad y no discriminación". Con un reparto justo, añade, "se evitan inútiles enfrentamientos".

Por todo ello, ha pedido a Pedro Sánchez que "necesitamos saber los criterios" porque "nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo", después de que la Comunidad haya iniciado un proceso de consulta con la sociedad para elaborar los proyectos a presentar, que se basarán en 9 líneas de trabajo.

Antes de que finalice el año, ha anunciado que el Gobierno murciano presentará una propuesta "atractiva y rigurosa" de proyectos regeneradores de la Región del futuro, que será "de toda la sociedad murciana, de 1,5 millones de murcianos que necesitan saber que se les tratará con igualdad y que en el reparto no habrá tentación de politización".

"Ojalá se apliquen los mismos criterios de la UE, ateniendo a tres irrenunciables", según López Miras. En primer lugar, ha pedido "que se definan las reglas del juego y los detalles del proceso de selección" y, en segundo lugar, "que haya garantías en el proceso de selección para evitar sesgo de parcialidad". Por este motivo, ha propuesto "que se haga desde un organismos externo e independiente".

En tercer lugar, ha pedido "que se asuman los retos estratégicos para la Región, como el de vertidos cero al Mar Menor, la regeneración de la bahía de Portmán o la descontaminación de antiguos entornos mineros". A su juicio, estos proyectos "deberían acceder directamente" a las ayudas.

Asimismo, ha esperado "lealtad" del Gobierno central en los PGE. "Cualquier propuesta que no contemple las necesidades reales de la Región, demostrará que no hemos aprendido nada y no saldremos más fuertes de la pandemia", ha concluido.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha manifestado que su impresión es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "apuesta por España" y está "muy volcada" en fomentar la recuperación económica para solucionar los problemas provocados por la pandemia del coronavirus.

Así lo ha dicho Revilla en una rueda de prensa que ha ofrecido tras participar en la Conferencia de Presidentes, que se ha desarrollado de forma telemática y en la que ha participado von der Leyen para abordar con Pedro Sánchez y los mandatarios autonómicos los criterios de reparto de los fondos europeos que llegarán a España.

"Mi impresión es que se ha ido contenta", ha dicho el presidente cántabro, destacando que "no ha puesto ningún tipo de reticencia", se ha mostrado a favor de que los esos fondos lleguen "cuanto antes" y ha asegurado que se aprobarán los proyectos con una "celeridad extraordinaria".

De hecho, ha hablado de habilitar a los países miembros adelantos ya el año que viene en "cantidades importantes", según Revilla, que ha visto a la presidenta de la Comisión "muy volcada con que se solucionen los problemas de la pandemia con una reactivación económica de Europa y de España muy especialmente", ya que ha hecho hincapié en su "importancia para la UE" y ha resaltado que es el segundo país receptor de este fondo.

En concreto, el presidente cántabro se ha centrado en su exposición -limitada a cinco minutos- en cinco de los 102 proyectos que Cantabria presentará a dichos fondos: el polígono de La Pasiega, la futura sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), iniciativas de Valdecilla, actuaciones enmarcadas en la transición ecológica y proyectos de infraestructuras.

Sobre La Pasiega ha trasladado a la presidenta de la Comisión que se trata de un proyecto "transformador" de la Comunidad Autónoma y no del Gobierno, ya que fue aprobado por todos los partidos y respaldado por sindicatos, empresarios y universidad, además de que hay "cantidad de empresas interesadas" en implantarse en el futuro polígono.

En cuanto al MUPAC, ha destacado que Cantabria tiene "el mayor patrimonio histórico del mundo" a pesar de su tamaño, y que con este museo, el de Altamira, las cuevas y el Centro de Interpretación de Arte Rupestre que se va a construir en Puente Viesgo se pretende crear una "referencia mundial".

Por otro lado, ha presentado al hospital Valdecilla como el "buque insignia" de la región y lo ha unido a la Universidad de Cantabria, de "gran prestigio", para proponer a la UE los proyectos de implantación de la terapia de protones e iniciativas de i+D vinculadas al ámbito sanitario.

Y en el ámbito de la transición ecológica, se ha centrado en proyectos "muy importantes" que tienen empresas privadas como Solvay para su descarbonización, Viesgo, Ferroatlántica o Repsol, que presentará una inversión en la presa de Aguayo, todo ello para "ir eliminando energías contaminantes.

Por último, en cuanto a infraestructuras se ha centrado en los proyectos ferroviarios, en los soterramientos de las vías del tren proyectados en Santander y Torrelavega y en la instalación de algunos carriles bici y sendas peatonales en estos mismos municipios.

"EXTRAORDINARIA OPINIÓN"

Según Revilla, la presidenta de la Comisión Europea se ha llevado una "extraordinaria opinión" de los planteamientos propuestos por las comunidades, que "encajaban en su mayor parte" con los planteamientos establecidos por Europa para destinar las ayudas.

En concreto, von der Leyen había marcado las grandes líneas de lo que en sería recibido con "gran interés, como lo relacionado con el cambio climático y la digitalización, además de que ha introducido el tema del hidrógeno como fuente de energía, algo que para el presidente cántabro ha sido una "novedad".

"Se ha ido contenta, ve que se está trabajando en España en proyectos sólidos que podrán ser atendidos por la UE", ha dicho Revilla tras señalar que él también ha terminado la reunión "contento" por la actitud de "unidad" que han mostrado todas las comunidades autónomas ante von der Leyen, ya que "solo ha habido una salida de tono" del presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, en relación a los presos independentistas.

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, se ha mostrado este lunes dispuesta a "escuchar" las peticiones que llegan tanto del sector hostelero como de ayuntamientos y consells insulares de retrasar el inicio del toque de queda a la medianoche para perjudicar lo menos posible a la restauración.

En una rueda de prensa tras participar en la Conferencia de Presidentes, la jefa del Ejecutivo autonómico ha emplazado a una reunión prevista para este lunes en la que se abordará la cuestión.

Armengol ha subrayado que el Govern siempre ha escuchado las diferentes opciones pero ha insistido en que lo primero es proteger la salud de los ciudadanos y bajar la incidencia acumulada porque, ha apuntado, "sin salud no hay economía".

La presidenta del Govern ha asegurado que entiende las reclamaciones del sector de la restauración en este sentido y ha reconocido que la situación de Baleares, sin ser buena, es mejor que la de otras Comunidades Autónomas.

Según ha adelantado, en la reunión se insistirá con los restauradores en la cuestión de la ventilación y en todo caso ha insistido en animar a hacer una apuesta por los espacios abiertos.

CONFINAMIENTOS Y MOVILIDAD

Por otra parte, la presidenta del Govern ha defendido la "absoluta adecuación" de la figura del estado de alarma para afrontar la actual situación y la ha calificado como una "herramienta útil" que da un paraguas jurídico que facilita la toma de decisiones.

En todo caso, Armengol ha asegurado que en estos momentos no son necesarias medidas más restrictivas como los confinamientos más allá de barrios o ciudades -una isla o toda la región- aunque si llegan a ser necesarios, ha advertido, se aplicarán porque el estado de alarma ofrece esta posibilidad.

Sobre la temporada navideña, la jefa del Ejecutivo autonómico ha reducido el horizonte temporal para asegurar que será cada 15 días cuando se vayan tomando las decisiones de relajar o endurecer las medidas en función de los datos epidemiológicos.

No es suficiente con ser la segunda mejor autonomía de España para abrir la economía sino que hay que alcanzar las cifras marcadas a nivel europeo", ha apuntado. Armengol ha asegurado que en este momento las cosas "no van bien" por lo que se necesitan medidas "de mucha contención".

La pena de inhabilitación al expresidente de la Generalitat Quim Torra, fijada inicialmente en 18 meses, se acortará unos 80 días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya aceptado contabilizar, en parte, el tiempo desde que se le retiró el acta de diputado en enero y hasta que su sentencia devino firme en septiembre.

En un auto de este lunes, la Sala Civil y Penal ha acordado restar de su condena un día de cada tres desde que perdió el acta de diputado -el 27 de enero- y hasta el 28 de septiembre -cuando el Tribunal Supremo (TS) ratificó su condena y la inhabilitación pasó a ser firme-.

Así, se restan unos dos meses y medio a la condena de 18 meses que el TSJC le impuso por mantener una pancarta a favor de los presos del 1-O en la fachada de la Generalitat, de modo que la inhabilitación de Quim Torra podría terminar a principios de 2022.

Los magistrados también han acordado que Torra mantenga los honores y el sueldo de expresidente, después de que en la vista para acordar la ejecución de la sentencia la Fiscalía no se opuso a que los conservara.

VOTO PARTICULAR DEL PRESIDENTE DEL TSJC

El auto incluye un voto particular del presidente de la Sala y del TSJC, Jesús María Barrientos, quien defiende que, por la vinculación entre ambos cargos, Torra no podrá ostentar el puesto de expresidente "hasta que no haya dejado cumplida la pena impuesta", la cual considera que también debe privarle del sueldo y honores de expresidente.

Barrientos, que sí comparte la decisión de acortar el tiempo de condena por la retirada del escaño, rechaza que Torra acceda a los honores de expresidente porque "atendida la intensa vinculación entre el cargo de presidente de la Generalitat y la condición de expresidente de la Generalitat, debe resultar natural que la privación de la primera lleve implícita la imposibilidad de adquirir la segunda".

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado que este martes el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma se reunirá para analizar y revisar los criterios del estado de alarma para adaptar este paraguas normativo a la realidad de la región, manteniendo el toque de queda entre las 23.00 y las 6.00 horas. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha confirmado, de su parte, que por el momento no habrá más cambio que ese ni ninguna limitación añadida a la que ya ha planteado el Gobierno.

Según ha indicado Fernández en el transcurso de la Comisión de Seguimiento del avance de la pandemia las premisas blindadas en el decreto del estado de alarma son las que Castilla-La Mancha venía reivindicando.

Asimismo, ha explicado que a lo largo de este lunes se mantendrán más reuniones, "tanto técnicas como sociales" para consensuar respuestas a las posibles dudas que surjan de la normativa aprobada en la tarde de este domingo por el Gobierno nacional.

En la reunión han estado presentes la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Regina Leal; el director general de Salud Pública, Juan Camacho; el director general de Asistencia Sanitaria, José Antonio Ballesteros; la directora general de Atención Primaria, Natalia Valles; la directora general de Cuidados y Calidad, Begoña Fernández; la directora general de Planificación, Ordenación e Inspección, Carmen Encinas; el responsable de la Desescalada en Castilla-La Mancha, Juan José Criado; y el coordinador de Atención Sociosanitaria en residencias.

NUEVAS MEDIDAS SEGÚN LOS DATOS SANITARIOS

Posteriormente, en una rueda de prensa para dar cuenta de la reunión de la Conferencia de Presidentes, el presidente regional, Emiliano García-Page ha confirmado que el Consejo de Gobierno analizará este martes en una "sesión prolongada" todas las decisiones y, ya por la tarde, se reunirá con las diputaciones, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de la región, la Delegación del Gobierno y los agentes sociales, empresarios y sindicatos, para analizar "posibles escenarios". Además, el miércoles habrá una nueva reunión entre los consejeros y el Gobierno central.

"Queremos ir de menos a más. Hoy estamos a la mitad del problema que tuvimos", ha reseñado García-Page, que no ha querido ocultar que "esta mitad que tenemos hoy de problema, que tuvimos por la irradiación de Madrid al principio, es también grave; no estamos para relajarnos ni para despreocuparnos.

En cuanto a las medidas que prevé adoptar la región, ha señalado que hasta el día de hoy el decreto aprobado por el Gobierno de España es aplicable de forma literal, incluido el toque de queda y la limitación horaria que establece pero, por el momento, "no hay más cambio que ese. No hay ninguna limitación añadida a la que ya ha planteado el Gobierno".

En todo caso, ha avanzado que las que se puedan tomar en el futuro se pondrán en marcha "en colaboración con otras instituciones", hablando, escuchando y dialogando y siempre "en proporción clara" a los datos que lleguen del sistema sanitario. Si esos datos obligan a tomar medidas "las vamos a tomar, no nos va a temblar la mano, pero tampoco queremos que le tiemble a nadie", ha destacado.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este lunes contra la fórmula elegida por el Gobierno que dirige Pedro Sánchez para la gestión de la pandemia y, tras insistir en que sería necesario adaptar la ley orgánica de salud, ha advertido que el estado de alarma es "demoledor" para España.

"Lo lamentamos, pero creemos que nos estamos equivocando", ha sentenciado, en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de la Conferencia de Presidentes, centrada en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción.

Tras las nuevas decisiones adoptadas a nivel estatal, Feijóo ha advertido que, a su juicio y "probablemente sin pretenderlo", el Gobierno está "generando alarma y desconfianza" al decretar el estado de alarma y sugerir que se prolongará hasta mayo. Todo ello, acompañado de "un toque de queda" para el conjunto del país.

El presidente gallego ve inexplicable que "hace dos semanas" las autoridades sanitarias estatales apuntasen que España se encontraba en una situación de "estabilidad" y este domingo se adoptasen medidas que ha vinculado con un "estado de excepción". A su modo de ver, tendrán un efecto "demoledor" para la economía y la reputación internacional del país.

"Hemos puesto en cuestión la Navidad y también la Semana Santa dando un palo durísimo a todo el sector turístico y hotelero", ha indicado el presidente, quien ha insistido en que se podría gestionar "igual" y "sin tanto alarmismo" la pandemia con una legislación adecuada, que ha vuelto a insistir en articular.

"Es un palo enorme a las expectativas de reconstrucción de nuestra economía y un palo sin precedentes al sector hotelero y de servicios. Es no solo cargarse el consumo en Navidad, sino cerrar la Semana Santa", ha lamentado.

Granada se ha convertido este lunes en la primera capital andaluza en alcanzar una tasa de incidencia acumulada de coronavirus de 1.140 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según los últimos datos actualizados de la Consejería de Salud y Familias.

El conjunto de la provincia ha sumado este lunes 460 positivos y su tasa de incidencia acumulada se sitúa en estos momentos en 890 casos por cada 100.000 habitantes, unas cifras que trascienden el primer día de entrada en vigor del cierre perimetral de la capital y los 32 municipios de su área metropolitana para tratar de frenar la expansión del virus.

Actualmente hay 498 pacientes con Covid-19 hospitalizados en los hospitales granadinos, de los que 68 están en UCI. La provincia se mantiene así a la cabeza en ambos parámetros, solo superada por la provincia de Sevilla, que hasta este lunes registra 629 hospitalizaciones, de los que 72 están en UCI.

En las últimas horas la provincia ha sumado 46 hospitalizaciones, la cifra más alta de toda la comunidad, de las que dos han sido en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Los datos acumulados desde el inicio de la pandemia arrojan 20.461 positivos en la provincia de Granada, 2.015 hospitalizados -173 en UCI-, 409 fallecidos -en las últimas horas no se ha registrado ninguno- y 5.234 recuperados, de los que 85 se han sumado en la última jornada. Estos datos llegan después de que el domingo la provincia superara su récord de contagios en un solo día con 1.361 casos.

El diputado de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, ha registrado una proposición de ley para obligar al Tribunal Constitucional a argumentar y publicar sus autos de admisión o inadmisión de recursos de amparo, pues considera que no basta con escudarse en la sobrecarga de trabajo del tribunal de garantías.

En la iniciativa, el diputado asturiano tacha de "inadmisible" que "una cuestión extrajurídica o práctica, como la carga de trabajo del Tribunal, prevalezca ante principios constitucionales como la motivación de las resoluciones judiciales".

Según explica, el Tribunal Constitucional presenta un alto índice de inadmisiones de recursos de amparo, por encima del 97%, pero "lo más preocupante" es que el recurrente no puede conocer los motivos procesales o sustantivos por los que su recurso se ha visto inadmitido.

"Ha de existir un método factible y útil que permita a la parte recurrente conocer las razones jurídicas de la decisión, máxime cuando se trata de una vía de impugnación extraordinaria frente a las violaciones de los derechos y libertades de la Constitución", sostiene.

Su propuesta es cambiar la ley del TC para obligar al tribunal a argumentar su decisión y así "establecer criterios objetivos y explícitos", que además serian públicos al imponer la difusión de esos autos.

A su juicio, este cambio no podrán paliar el alto índice de inadmisiones de recurso de amparo, pero al menos permitirá a los ciudadanos y a los operadores jurídicos que los asesoran conocer de manera más concreta y detallada los elementos que les permitan discernir la existencia de "especial relevancia constitucional", y así poder recomendar la no interposición de recurso, cuando no concurran las circunstancias para poder emprenderlo con éxito.

"Esto, sin duda, contribuirá a prestigiar a nuestra Justicia constitucional y descartar la percepción que se va imponiendo en la práctica jurídica, configurando la consecución de la admisión de un recurso de amparo como una verdadera quimera", apunta Martínez Oblanca.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado la decisión del Ejecutivo autonómico de confinar de forma perimetral la comunidad autónoma a partir de las 00.00 horas de este martes, 27 de octubre, y hasta el próximo 9 de noviembre, medida que permite la normativa sobre el estado de alarma aprobada este domingo en Consejo de Ministros.

Lambán ha recordado, en rueda de prensa, que las tres capitales de provincia -Huesca, Zaragoza y Teruel- ya están en confinamiento perimetral desde la semana pasada, que se mantiene, y que ahora se amplia al conjunto de la región de forma que los habitantes del resto de municipios pueden transitar libremente dentro de Aragón, pero no podrán entrar ni salir de la comunidad autónoma, "salvo por causas justificadas", ha expuesto.

Esta medida se ha anunciado el día en que entra en vigor el nivel 3 de alerta sanitaria, el más restrictivo previsto por el Gobierno autonómico para frenar la pandemia del coronavirus, que obliga al cierre de la hostelería a las 22.00 horas y prohíbe el consumo en el interior de bares y restaurantes, permitiendo hacerlo en terrazas con aforos del 50 por ciento, mientras que en la mayoría de establecimientos de todo tipo el aforo se reduce al 25 por ciento. Las agrupaciones de personas se limitan a seis.

El confinamiento perimetral de la comunidad autónoma y el nivel 3 de alerta sanitaria se van a publicar este lunes, 26 de octubre, en el Boletín Oficial de Aragón, a través de un decreto ley, que contempla alguna modificación sobre la normativa autonómica aprobada la semana pasada, como la de permitir a los restaurantes de carretera y de polígonos industriales mantener el 25 por ciento de aforo en el interior para poder dar servicio a los transportistas.

Lambán ha rechazado, "dada la situación epidemiológica", aplicar ese aforo del 25 por ciento de forma general al interior de todos los establecimientos de hostelería, como ha pedido el sector este domingo en las manifestaciones convocadas en Aragón en contra las restricciones.

BUSCAR "UN HORIZONTE DE ESPERANZA"

El jefe del Ejecutivo aragonés ha considerado que sería "temerario atenuar la dureza" de las medidas implantadas en Aragón puesto que esta semana y la que viene, igual que la anterior, son "claves para rebajar la curva de los contagios" de la COVID-19.

No obstante, Lambán ha querido "abrir un horizonte de esperanza" al sector de la hostelería, "de los más afectados por estas restricciones", al explicar que "semana a semana se irán revisando" las medidas "y ojalá, lo deseo fervientemente por cuestiones de salud y economía, cuando antes podamos poco a poco dulcificar la dureza" de las mismas, "ser más laxos y permitir un uso de los locales de los bares mucho más razonable a las expectativas de negocio de sus dueños y empresarios" y también en la cultura.

Por otra parte, ha dicho que el horario de toque de queda se mantendrá en Aragón entre las 23.00 y las 6.00 horas, descartando modificarlo, como permite la normativa estatal a las comunidades autónomas. Según ha dicho, el Departamento de Sanidad de Aragón "ha entendido que ese era el horario razonable".

Lambán también ha rechazado la posibilidad de aplicar confinamientos de fin de semana. "No es algo que nos hayamos planteado", ha apostillado.

El hombre de 75 años juzgado desde este lunes por la fórmula del jurado popular en Granada al que la Fiscalía acusa por el presunto asesinato de su mujer, de 56, el 4 de febrero de 2018 en Guadix, ha reconocido que le pegó con un puño y tres golpes con un martillo de hierro tipo machota y luego la enterró, pero ha mantenido que lo hizo porque ella le atacó previamente.

"Si no me pega, no hubiera pasado nada", ha indicado en la primera sesión del juicio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que se desarrolla en el edificio judicial de Caleta, tras constituirse el jurado.

En su declaración, ha señalado que su intención no fue matarla y que la quería, si bien ha mantenido que ella le dio aquella noche en la cabeza con un "cucharón" con el "rabo" de 40 centímetros, y él cayó al suelo. Cuando ella habría ido a atacarle con la machota, él, según su versión de los hechos, se levantó, le dio con un puño y de la "rabia" tres golpes con el martillo.

Ha negado que pretendiera asfixiarla, como mantiene la Fiscalía, que solicita 25 años de prisión, con las bolsas de plástico que le colocó después en la cabeza, lo que hizo, ha agregado, para no manchar de sangre el suelo. A los "diez o doce minutos" de los golpes, cuando comprobó que había muerto, preparó una carretilla y se dirigió a un paraje alejado para enterrar el cuerpo, ha reconocido, pidiendo luego perdón "a Dios y a la Virgen" por lo sucedido.

La acusación particular, que representa a tres de los cuatro hijos que la mujer tenía de una relación anterior, califica los hechos como asesinato en sus conclusiones provisionales, al igual que la Junta, que, representada como acusación popular en defensa del interés general, ha incidido en su exposición inicial ante el jurado en las circunstancias agravantes que consideran, las de parentesco y género.

Asimismo, la defensa, que califica los hechos como homicidio, con los atenuantes de trastorno mental transitorio y arrebato u obcecación, ha incidido en que el supuesto golpe de ella fue sobre una zona de la cabeza que tiene dañada por un accidente laboral, y que, antes de los hechos, la víctima le habría enseñado al acusado en el móvil la foto de un hombre semidesnudo con el que habría dicho que iba a "hacer el amor".

Las sesiones del juicio, señaladas hasta el próximo viernes, continúan este martes en Caleta, donde se están viendo los casos con jurado popular por las dimensiones de la sala para el cumplimiento de las medidas contra el coronavirus, y allí está previsto que sigan en días sucesivos hasta que el jurado tenga el formulario con el objeto del veredicto para deliberar, cuando pasaría a la sede de la Audiencia en la Real Chancillería.

El procesado ha reconocido, a preguntas de la acusación particular, que confesó que había sido él a la Guardia Civil cuando lo iban a descubrir. "Si no, no lo hubiera dicho", ha indicado.

DISCUSIÓN TRAS VISITAR A LA MADRE DE ELLA

La Fiscalía, que pide también una orden de alejamiento a al menos 500 metros por diez años de los cuatro hijos de la víctima, señala en sus conclusiones provisionales que, aquella noche, el matrimonio visitó a la madre de ella y, entre las 1,30 y las 3,00 horas, De vuelta al domicilio que compartía la pareja en Guadix, el acusado, en prisión provisional por estos hechos desde un día después, habría iniciado una discusión con la víctima.

Creía que ella "pudiera estar manteniendo una relación con otro hombre al encontrar en su móvil fotos", lo cual, según especifica la Fiscalía, no se ha podido acreditar, dado que el procesado rompió y ocultó posteriormente el teléfono.

"Con total desprecio a su condición de mujer y el decidido y firme propósito de acabar con su vida, la golpeó de forma súbita e inesperada en la sien, haciéndola caer al suelo", y, según ha agregado el ministerio público, "dejándola inerte y sin posibilidad de defensa alguna".

Después, siempre según los datos que constan en el escrito de acusación del fiscal, la habría golpeado en la cabeza en múltiples ocasiones con un martillo de hierro de 13 centímetros tipo machota o maceta, con un mango de madera de 25 centímetros de longitud. Le produjo hasta 14 heridas de diversa consideración en la cabeza, detalla el informe de autopsia del médico forense.

"Con el propósito de asegurar su muerte, rodeó su cabeza con dos bolsas de plástico, una de las cuales ató con un nudo en la zona cervical, causándole la muerte", ha añadido la Fiscalía, que especifica que el procesado estaba en plenas facultades psíquicas aquella madrugada.

Entonces, el acusado supuestamente llevó el cuerpo "con total desprecio por su esposa" en un carrillo de mano hasta un paraje a un kilómetro aproximado de distancia conocido como El Diente y la Muela, en término municipal accitano, donde enterró el cadáver, con pico, pala y rastrillo.

Habría escondido estos artilugios en una zona de zarzas, mientras que la carretilla la habría arrojado en una balsa de riego. Tras regresar a casa y limpiar el salón, "lavando la colcha del sofá y el martillo-machota que utilizó", se dirigió en la mañana al cuartel de la Guardia Civil a denunciar la desaparición de su mujer.

El representante del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi, ha lamentado la "dejación" de los sucesivos gobiernos españoles a la hora de asumir las "responsabilidades políticas y jurídicas" que arrastra como antigua potencia colonial del Sáhara Occidental y ha reclamado "valentía" para solventar la parálisis actual.

El Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y, con la renovación del mandato de la misión de la ONU (MINURSO) por parte del Consejo de Seguridad, el foco vuelve a los primeros actores implicados en este litigio, en el que no se han registrado avances tangibles en estas últimas décadas.

"El hecho de que la potencia colonial no haya cumplido con sus deberes y compromisos y que el territorio haya sido objeto de una agresión y ocupación extranjera no puede justificar la dejación de España en asumir sus responsabilidades políticas y jurídicas", ha lamentado Arabi en una declaración.

El delegado saharaui ha afirmado que todos los gobiernos españoles, independientemente de sus siglas, se han visto "atrapados" entre una opinión pública que "apoya la autoderminación", según Arabi, y el temor a que cualquier "presión" sobre la monarquía marroquí derive en problemas en las relaciones bilaterales.

Esta diatriba ha derivado en que "el Gobierno de España no se ha implicado de manera determinante para buscar una solución al conflicto" y haya terminado invalidándose como potencial intermediario, dada la "percepción internacional" de que "apoya activamente" el plan de autonomía presentado en 2007 por Rabat.

POSICIONES INVARIABLES

El Frente Polisario, que controla la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reivindica un plan que contemple la independencia, frente a la oferta marroquí de una autonomía limitada. Las posiciones siguen invariables desde el plan de paz suscrito en 1991.

"El Frente Polisario y el pueblo saharaui llevan 29 años esperando pacientemente la aplicación de este plan por parte de la MINURSO para poder ejercer su derecho a la autodeterminación e independencia reconocido internacionalmente", ha recalcado Arabi, que ha atribuido dicho fracaso no solo a los "obstáculos" de Marruecos sino también a la "inacción" de la comunidad internacional.

"España, que sigue siendo aún la potencia administradora del territorio, debe asumir sus responsabilidades políticas y jurídicas y, con valentía y firmeza, exigirle a Marruecos el cumplimiento de la legalidad internacional", ha insistido el delegado.

SIN ENVIADO ESPECIAL

La ONU y, en particular, su secretario general --ahora António Guterres--, ha dejado históricamente en manos de un enviado especial la responsabilidad de tantear a las partes. Sin embargo, la dimisión de Horst Koehler en mayo de 2019 ha dejado el puesto vacante, sin que Guterres haya anunciado el nombre del sucesor.

Arabi ha considerado "necesario" que haya un enviado especial por su implicación directa, ya que a él compete reunirse con "todos los actores implicados" y elaborar informes a partir de "hechos constatados y fehacientes". En este sentido, ha recordado que bajo la mediación de Koehler el Polisario y el Gobierno de Marruecos celebraron dos reuniones.

El delegado saharaui ha afirmado que Koehler se encontró "muchas trabas" para el desarrollo de su misión, "obstaculizado y claramente saboteado por la actitud del Gobierno francés en el Consejo de Seguridad" de Naciones Unidas. Asimismo, ha considerado que le pasó factura no dejarse "instrumentalizar" para posicionarse contra la independencia.

"Desde su dimisión, no se han podido retomar las negociaciones entre las partes y la zona conoce una situación de tensión y provocación inusuales por parte de Marruecos", ha añadido Arabi, que ha citado como ejemplo de estas tensiones la situación en el paso de Gerguerat.

Este escenario "amenaza seriamente el alto el fuego", ha advertido, para acto seguido recriminar a las autoridades marroquíes que quieran construir una carretera asfaltada en una "franja de amortiguación" junto a la frontera con Mauritania. Arabi ha alegado que la "brecha" abierta en la zona es "ilegal" y tiene por objetivo "saquear" por tierra lo recursos naturales del Sáhara Occidental.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha evitado hacer una valoración sobre la intervención del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la Conferencia de Presidentes en la que ha reivindicado un referéndum en Cataluña a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Darias ha sido preguntada por esta petición de Aragonès en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, pero ha esquivado valorar este hecho puntual y ha puesto en valor "el acuerdo y el consenso" que, a su juicio, se ha alcanzado en este foro que ha contado con la presencia de todos los mandatarios autonómicos y del Gobierno central.

El vicepresidente catalán ha aprovecho esta cita, prevista para hablar sobre fondos europeos, para trasladar a Von der Leyen la necesidad de solucionar el conflicto catalán con más democracia y dando voz a la ciudadanía de Cataluña para que decidan su futuro político "libremente".

Además, Aragonès ha recordado que él participa en representación de la Generalitat porque el expresidente Quim Torra fue inhabilitado "injustamente" por no retirar en el plazo establecido una pancarta que pedía la libertad de los presos soberanistas y el retorno de los dirigentes independentistas en el extranjero.

Esta intervención sí que ha contado con la réplica de al menos uno de los presidentes autonómicos, el socialista Emiliano García Page, que ha reprochado a Aragonès que utilizara esta cita para hacer esta reivindicación a la presidenta de la Comisión Europea.

Según confirman fuentes de la reunión, García-Page ha aprovechado parte de su turno de palabra para recordar que son las 17 comunidades autónomas las que conforman la nación.

El PP votará a favor de las nuevas recomendaciones acordadas en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, que este martes somete su acuerdo a votación en la Comisión antes de elevar su propuesta al Pleno del Congreso.

Así lo ha anunciado el presidente del PP, Pablo Casado, durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar celebrado este lunes en la Casa de América de Madrid.

Hasta el momento, han confirmado su posición favorable al acuerdo el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y el PNV. Ni ERC ni EH-Bildu han confirmado su posición, si bien desde Esquerra aseguran a Europa Press que serán "muy críticos" al considerar que "no soluciona como debería el saqueo en la caja de la Seguridad Social" y que "no recoge aspectos importantes como la rebaja de la edad de jubilación.

Con el acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la 'popular' Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.

SALVAGUARDAR PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD Y SUFICIENCIA

El nuevo texto incluye una recomendación 'cero' con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una "transformación radical" del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad, según el texto.

Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como "fuente básica" de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.

SUBIDAS CON EL IPC Y SANEAMIENTO DE LAS CUENTAS EN TRES AÑOS

Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.

Este consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.

Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.

EXCEPCIONES EN LAS PENALIZACIONES A JUBILACIONES ANTICIPADAS

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión --hasta 25 años en 2022--, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.

Finalmente, además respalda medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización.

En este caso, el Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.

Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.

PLANES COMPLEMENTARIOS Y "MECANISMOS INNOVADORES" EN INGRESOS

Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.

Por otro lado, la Comisión también reconoce, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de "encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales.

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de pretender "desmembrar" los derechos de los españoles con la declaración del nuevo de estado de alarma, que considera "ilegal", "abusivo" y "desproporcionado", y espera que el Tribunal Constitucional fije criterio resolviendo el recurso planteado por la medida excepcional de marzo. De momento, el propio líder del partido, Santiago Abascal, ya ha avanzado que Vox recurrirá al Tribunal Constitucional este segundo "estado de excepción encubierto".

En rueda de prensa en la sede del partido en Madrid, Buxadé ha defendido que el nuevo estado de alarma aprobado este domingo en un Consejo de Ministros extraordinario vuelve a incurrir en todos y cada uno de los "defectos" e "ilegalidades" del que se declaró el pasado mes de marzo.

SI EL TC HUBIERA HABLADO, LAS COSAS ESTARÍAN MÁS CLARAS

Por ello, ha dicho que en su partido espera que el Tribunal Constitucional decida "mover los papeles" y dictar pronto una sentencia, apuntando que si el Alto Tribunal ya se hubiera pronunciado sobre el recurso al primer estado de alarma presentado por Vox ahora los españoles tendrían "las cosas más claras" y no vivirían "en la absoluta inseguridad" en la que, a su juicio, les ha colocado el Gobierno.

El eurodiputado de Vox sostiene que este segundo estado de alarma vuelve a romper la igualdad de los españoles en el ejercicio de los derechos fundamentales, lo que considera "absolutamente inconstitucional". No puede ser que los derechos a la libertad de circulación, de residencia, de reunión o de manifestación sean distintos en Madrid, Barcelona, Cádiz o las Islas Canarias --ha denunciado--. Los españoles somos iguales en derechos y deberes".

Buxadé ha cuestionado, en concreto, que el Gobierno establezca restricciones al movimiento generalizado entre comunidades autónomas pero no entre fronteras, lo que le lleva a afirmar que al Gobierno le sigue pareciendo "bien" que 2.000 marroquíes lleguen a las Islas Canarias, a través de las mafias de tráfico ilegal de personas, o que sigan llegando argelinos a las costas de Almería.

En este punto, defiende que no existe ninguna razón de ciencia, jurídica, epidemiológica o sanitaria para que un ciudadano pueda viajar a Bruselas pero no a Barcelona. "No hay ninguna razón--ha insistido--. Es el capricho, porque este Gobierno se siente muy fuerte porque ahora ya no son solo 18 ministros, son 18 y el ministro de la oposición", en alusión a Pablo Casado.

LA CONSTITUCIÓN NO HA CAMBIADO

También ha criticado por "inconstitucional" que el Ejecutivo pretenda extender este estado de alarma durante seis meses o el PP hable de ocho semanas, cuando la Constitución establece que inicialmente éste sólo puede durar un máximo de 15 días y eso "no se ha cambiado". Otra cosa es el periodo por el que el Congreso decida prorrogarlo.

Asimismo, ha criticado al Gobierno por pedir a los medios de comunicación y la ciudadanía en general que no utilicen la expresión "toque de queda" y que opten por "restricciones de movilidad nocturna.

Buxadè también se ha quejado de que el Gobierno vaya a permitir la celebración de las elecciones catalanas previstas para febrero porque, según ha denunciado, los partidos van a tener que pedir permiso al gobierno autonómico "separatista" para poder celebrar sus mítines. "La democracia está seriamente en riesgo", ha alertado.

Preguntado si Vox cree realmente que el toque de queda pueda ser efectivo para frenar los contagios, Buxadé ha respondido que "al margen de la forma jurídica, no". Para los gobiernos socialcomunistas o la Venezuela de Maduro lo jurídico es irrelevante, pero en la Europa de las democracias es lo relevante y si la Constitución españoles no lo permite, no se puede hacer", ha manifestado.

A este respecto, ha reiterado algunas de las 'recetas' de Vox para atajar esta segunda ola del coronavirus: test masivos en las calles, aislamiento médico de aquellas personas afectadas, seguimiento y rastreo, "y el resto de los españoles a seguir trabajando". "No podemos quedarnos en casa con miedo, que es lo que quieren", ha concluido.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este lunes ante el presidente, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es "imposible" que el archipiélago pueda afrontar por sí mismo la crisis migratoria que ha hecho que sólo en lo que va de año más de 10.000 subsaharianos y magrebíes hayan arribado a las costas isleñas en cayucos y pateras, por lo que ha insistido en la reclamación de una respuesta solidaria de la UE con España y del Estado con la Comunidad Autónoma.

"Hay que caminar más y mejor en algo en lo que tenemos que mejorar muchísimo, que es la inmigración irregular. Al gran acuerdo europeo del 21 de julio le faltó esta pata clave, y es una respuesta solidaria por parte de la UE al fenómeno migratorios", dijo.

Durante la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, el canario recordó que las islas tenían unos pocos centenares de plazas de acogimiento y en lo que va de año han llegado más de 10.000 inmigrantes, un 900% más que en 2019.

"CANARIAS ES TAN EUROPA COMO MADRID, PARÍS Y BRUSELAS"

Canarias es tan Europa como Madrid, París y Bruselas. Por lo tanto, debe haber una respuesta solidaria, y lo pedí con urgencia, al fenómeno migratorio que no puede empezar y terminar en la frontera sur, como es Canarias", resaltó.

El presidente hizo especial hincapié en que una Comunidad Autónoma fragmentada en ocho islas y que no tenía plazas de acogimiento de inmigrantes no puede afrontar sola la crisis migratoria.

Por su parte, recordó que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitará Canarias y Marruecos en las próximas semanas y que el mismo Torres ha solicitado viajar también al país vecino.

Aquí, señaló que en una reciente reunión con el Cónsul de Marruecos, éste le comentó que probablemente entre el 6 el 8 de noviembre se abra el espacio aéreo, lo que permitiría llevar a efecto las repatriaciones.

"Es imposible que una Comunidad Autónoma pueda abordar por sí sola el 80% de la inmigración que está llegando en pateras y cayucos una vez que han cambiado las vías de salida de África", resaltó para reclamar una respuesta solidaria de la UE con España y del conjunto de Estado con Canarias.

El fabricante de vehículos BMW y la compañía china Alibaba Group, dueña de la tienda 'online' AliExpress, han firmado un memorando de entendimiento para crear una alianza estratégica que promueva su transformación digital.

Tal como han anunciado ambas compañías, gracias a esta colaboración, BMW y Alibaba lanzarán conjuntamente las primeras plataformas de venta de vehículos y servicios 'online' que involucren a los concesionarios para crear una experiencia digital "integral".

En el futuro, el tráfico de la web se dirigirá a los concesionarios de BMW para crear más oportunidades de negocio para ellos. Además, con la ayuda del sistema de afiliación de Alibaba, BMW y Mini crearán servicios de afiliación de marcas y campañas de marketing en las diversas plataformas 'online' de Alibaba para mejorar la lealtad de los clientes, aumentar su nivel de actividad e impulsar el crecimiento de su negocio.

"Los clientes podrán adquirir 'online' vehículos de BMW y Mini, inscribirse con un solo clic como miembros de la comunidad de las marcas para obtener beneficios exclusivos, así como hacer reservas para servicios que incluyan pruebas de conducción, reparación o mantenimiento con el apoyo de los concesionarios", han explicado las dos compañías.

Así, adhiriéndose al principio de "ventajas complementarias y cooperación beneficiosa para ambas partes", las dos empresas aprovecharán sus propios recursos y llevarán a cabo una amplia cooperación en materia de marca, comercialización, canales operaciones integrales, servicios y tecnología de la información, entre otros elementos, con el fin de aplicar la estrategia de digitalización en todo el proceso comercial de BMW y permitir a los distribuidores proporcionar una experiencia digital integral.

"La colaboración entre diferentes sectores de actividad y el intercambio de innovación abierta son indispensables para acelerar la transformación digital en curso de nuestra empresa. Como una de las firmas tecnológicas líderes en China, Alibaba tiene competencias únicas en términos de tecnologías digitales, plataformas y canales de clientes a gran escala", ha subrayado el presidente de BMW en China, Jochen Goller.

Por su parte, el vicepresidente de Alibaba y secretario de Servicios Empresariales para la Economía Digital, Jet Jing, ha destacado que BMW será el primer fabricante en aprovechar el Alibaba Business Operating System*(ABOS), lo que le ayudará a acelerar sus operaciones digitales.

El representante del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi, ha lamentado la "dejación" de los sucesivos gobiernos españoles a la hora de asumir las "responsabilidades políticas y jurídicas" que arrastra como antigua potencia colonial del Sáhara Occidental y ha reclamado "valentía" para solventar la parálisis actual.

El Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y, con la renovación del mandato de la misión de la ONU (MINURSO) por parte del Consejo de Seguridad, el foco vuelve a los primeros actores implicados en este litigio, en el que no se han registrado avances tangibles en estas últimas décadas.

"El hecho de que la potencia colonial no haya cumplido con sus deberes y compromisos y que el territorio haya sido objeto de una agresión y ocupación extranjera no puede justificar la dejación de España en asumir sus responsabilidades políticas y jurídicas", ha lamentado Arabi en una declaración remitida a Europa Press.

El delegado saharaui ha afirmado que todos los gobiernos españoles, independientemente de sus siglas, se han visto "atrapados" entre una opinión pública que "apoya la autoderminación", según Arabi, y el temor a que cualquier "presión" sobre la monarquía marroquí derive en problemas en las relaciones bilaterales.

Esta diatriba ha derivado en que "el Gobierno de España no se ha implicado de manera determinante para buscar una solución al conflicto" y haya terminado invalidándose como potencial intermediario, dada la "percepción internacional" de que "apoya activamente" el plan de autonomía presentado en 2007 por Rabat.

POSICIONES INVARIABLES

El Frente Polisario, que controla la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reivindica un plan que contemple la independencia, frente a la oferta marroquí de una autonomía limitada. Las posiciones siguen invariables desde el plan de paz suscrito en 1991.

"El Frente Polisario y el pueblo saharaui llevan 29 años esperando pacientemente la aplicación de este plan por parte de la MINURSO para poder ejercer su derecho a la autodeterminación e independencia reconocido internacionalmente", ha recalcado Arabi, que ha atribuido dicho fracaso no solo a los "obstáculos" de Marruecos sino también a la "inacción" de la comunidad internacional.

"España, que sigue siendo aún la potencia administradora del territorio, debe asumir sus responsabilidades políticas y jurídicas y, con valentía y firmeza, exigirle a Marruecos el cumplimiento de la legalidad internacional", ha insistido el delegado.

SIN ENVIADO ESPECIAL

La ONU y, en particular, su secretario general -ahora António Guterres-, ha dejado históricamente en manos de un enviado especial la responsabilidad de tantear a las partes. Sin embargo, la dimisión de Horst Koehler en mayo de 2019 ha dejado el puesto vacante, sin que Guterres haya anunciado el nombre del sucesor.

Arabi ha considerado "necesario" que haya un enviado especial por su implicación directa, ya que a él compete reunirse con "todos los actores implicados" y elaborar informes a partir de "hechos constatados y fehacientes". En este sentido, ha recordado que bajo la mediación de Koehler el Polisario y el Gobierno de Marruecos celebraron dos reuniones.

El delegado saharaui ha afirmado que Koehler se encontró "muchas trabas" para el desarrollo de su misión, "obstaculizado y claramente saboteado por la actitud del Gobierno francés en el Consejo de Seguridad" de Naciones Unidas. Asimismo, ha considerado que le pasó factura no dejarse "instrumentalizar" para posicionarse contra la independencia.

"Desde su dimisión, no se han podido retomar las negociaciones entre las partes y la zona conoce una situación de tensión y provocación inusuales por parte de Marruecos", ha añadido Arabi, que ha citado como ejemplo de estas tensiones la situación en el paso de Gerguerat.

Este escenario "amenaza seriamente el alto el fuego", ha advertido, para acto seguido recriminar a las autoridades marroquíes que quieran construir una carretera asfaltada en una "franja de amortiguación" junto a la frontera con Mauritania. Arabi ha alegado que la "brecha" abierta en la zona es "ilegal" y tiene por objetivo "saquear" por tierra lo recursos naturales del Sáhara Occidental.

Ciudadanos asume que el estado de alarma deberá estar vigente en España a "largo plazo" para que se puedan adoptar medidas de lucha contra el coronavirus dentro de un marco jurídico "estable", pero exigirá al Gobierno que el presidente, Pedro Sánchez, comparezca periódicamente en la Cámara Baja para rendir cuentas sobre la gestión de la pandemia.

Así lo ha explicado este lunes el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, en una rueda de prensa telemática en la sede del partido tras la reunión del Comité Permanente. Tras el Consejo de Ministros celebrado este domingo, en el que se aprobó el estado de alarma para toda España y la aplicación de un toque de queda nocturno, Sánchez solicitó apoyo a los grupos parlamentarios para prolongar la medida esta misma semana hasta el 9 de mayo.

"Entendemos esta declaración del Gobierno de que necesitamos un marco estable de seguridad jurídica para que se puedan ir adoptando estas medidas a largo plazo porque la pandemia no va a terminar en quince días", ha declarado Bal.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES "IRRENUNCIABLE"

Sin embargo, considera "absolutamente imprescindible", por "salud democrática", que el jefe del Ejecutivo "acuda periódicamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de cómo va la lucha contra la epidemia, el nivel de contagios, las medidas que adoptan las comunidades autónomas o si se van a endurecer las restricciones de derechos fundamentales o se pueden flexibilizar.

Esto es lo que reclamará Cs al negociar con el Gobierno su apoyo al estado de alarma, que le gustaría que se aprobara en el Congreso "con un amplio consenso". Aunque Inés Arrimadas ya ofreció a Sánchez los votos de su partido el viernes pasado, el objetivo de la formación naranja ahora es "mejorar" el decreto ley aprobado por el Gobierno, para lo cual Bal ya ha empezado a hablar con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

Lo que no ha aclarado el portavoz parlamentario es si Ciudadanos se negaría a respaldar una prórroga de seis meses, después de que Arrimadas haya dicho que ese periodo le parece "excesivo" y que intentará que sea "mucho menor".

Según ha indicado, tratarán con el Ejecutivo la duración de la prórroga y la exigencia "irrenunciable" de rendición de cuentas por parte del presidente. Además, le insistirán en la necesidad de un "plan nacional" contra el coronavirus y pedirán ayudas para los sectores económicos más afectados por las restricciones.

COORDINACIÓN NACIONAL DE LOS RECURSOS SANITARIOS

Como parte de ese plan nacional, Cs reclamará que el Gobierno central "se responsabilice" y asuma su función de coordinar las competencias autonómicas en materia sanitaria para que haya "una respuesta única" a la pandemia, no 17 diferentes.

Asimismo, pedirá que una autoridad nacional "coordine los recursos sanitarios de las comunidades autónomas" para que, si alguna de ellas llega a tener saturados los hospitales, se pueda redistribuir a los pacientes a centros de otras regiones.

Por otro lado, Bal ha defendido el estado de alarma como un instrumento "eficaz" para frenar la expansión del virus en un momento en que la pandemia "se encuentra descontrolada porque el Gobierno ha llegado tarde".

Cree que ahora hay que tomar medidas "contundentes" como el toque de queda nocturno que suponen una limitación de derechos fundamentales -como la libertad ambulatoria o el derecho de reunión- y, por tanto, "no hay otro remedio que declarar el estado de alarma".

NO "ENGAÑAR A LA GENTE" RESPECTO AL MARCO JURÍDICO

Tras destacar que, según la Constitución, los derechos fundamentales solo se pueden regular por ley orgánica, ha rechazado la opción de modificar la legislación para aplicar las mismas medidas que con el estado de alarma pero "cambiando el nombre" del marco jurídico, porque sería "engañar a la gente".

A su juicio, la idea de reformar la Ley General de Sanidad de 1986 -como plantea el PP- tenía sentido cuando las medidas contra la expansión del virus no iban más allá de cierres perimetrales de ciertos territorios o limitar el aforo de los establecimientos y los comercios, pero no sirve para el toque de queda.

En este contexto, Bal ha aclarado que el "plan B" que Ciudadanos pactó con el Gobierno hace meses no era "para que nunca jamás se aplicara el estado de alarma".

Según ha recordado, gracias a esa negociación se introdujo la declaración de actuaciones coordinadas entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas en materia sanitaria y se determinó que fueran los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional los que ratificasen o rechazasen las medidas adoptadas por los gobiernos.

Además de eso, Ciudadanos ha solicitado al Gobierno que reforme la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad, para dotarla de más medios personales y materiales y reforzar la coordinación con las comunidades autónomas, y Bal cree que también se podría mejorar la eficacia de la declaración de actuaciones coordinadas, por ejemplo sometiéndola a la ratificación de la Audiencia Nacional.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha considerado que el estado de alarma "debe dar la mayor cobertura posible a medio plazo" y que "no se puede estar cada 15 días renovando el instrumento" a expensas de "distintos movimientos políticos que puedan entorpecer la seguridad sanitaria".

Así se ha pronunciado el presidente en rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes Autonómicos, donde ha considerado que es "importante" que esta medida "se consolide cierto tiempo", y ha puesto como ejemplo la propuesta valenciana del toque de queda, que será hasta el 9 de diciembre.

Puig ha considerado que esta duración del estado de alarma "no exime de control parlamentario ni de fiscalización", y ha manifestado que "no se puede actuar de manera cortoplacista".

"Es cierto que hubo muchas dificultades en su momento para llevar a cabo el objetivo del Gobierno que era acabar el estado de alarma en junio", ha manifestado, y ha considerado que "no se puede decir una cosa y la contraria": "Los que dicen que esta transición se hizo demasiado rápida, ahora resulta que dirán lo contrario, es una contradicción que no se puede asumir".

"PARAGUAS MÁS POTENTE"

Sobre el nivel de emergencia sanitaria de la Comunitat, Puig ha recordado que hasta el 9 de diciembre sigue en vigor las restricciones que entraron en vigor este sábado, una resolución que la Conselleria de Sanidad ha presentado al TSJCV para que sea ratificada. "Estos son los límites que hay", ha recalcado, aunque ha destacado que el estado de alarma supone un "paraguas más potente" a las medidas de la Generalitat.

Por ello, ha insistido en que desde la "serenidad" se pueda generar "un marco lo más estable posible".

El líder del PP, Pablo Casado, ha condicionado este lunes su apoyo al estado de alarma a que no dure más de ocho semanas, lo que permitiría "salvar" la campaña de Navidad, y a que se apruebe "de una vez" un marco legal a través de una modificación de la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de Salud Pública que podría estar lista ya en diciembre. Tras asegurar que se trata de una "oferta generosa", ha dicho que espera volver a hablar esta misma semana de este asunto con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En la primera sesión del XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que ha inaugurado el Rey, Casado ha planteado limitar el plazo de aplicación de esta medida excepcional que, a su juicio, "no puede superar en ningún caso las ocho semanas". Además, ha señalado que el estado de alarma debe estar sometido al control parlamentario y no basta con una comparecencia semanal del ministro de Sanidad en comisión.

Así se ha pronunciado después de que el presidente del Gobierno haya planteado un estado de alarma por un periodo de seis meses, hasta el 9 de mayo. En ese decreto se concede a los presidentes autonómicos ser la autoridad delegada en sus territorios, lo que permitirá a las autonomías confinar total o parcialmente.

LOS REPAROS DEL PP AL DECRETO DEL GOBIERNO

Tras asegurar que el PP estos meses ha "tendido la mano" al Gobierno y "lo va a seguir haciendo", ha dicho que, después de conversar este domingo con el presidente del Gobierno, espera que esta semana tengan la "oportunidad" de volver a hablar.

Eso sí, el líder del PP ha afirmado que volver a declarar el estado de alarma es la "constatación de un gran fracaso" después de que el Ejecutivo admitiera públicamente el 5 julio que "se había derrotado el virus y que se podía salir de vacaciones y abrazar la nueva normalidad. A su entender, "está claro que o no se dijo la verdad o había otra agenda oculta más allá de dar una visión real de lo que estaba pasando" en España.

Además, ha advertido a Sánchez que "no resulta muy adecuado" que se diga que las autoridades competentes van a ser las comunidades autónomas cuando, según ha recalcado, el responsable en materia de pandemias es el Gobierno de la nación. A su juicio, no puede "parapetarse" detrás de las autonomías para que haya 17 mandos sanitarios y respuestas a un virus que no entiende de fronteras administrativas.

Casado ha defendido que el estado de alarma esté sometido al control parlamentario y ha advertido de que "no se puede sustituir" con la comparecencia semanal del ministro en comisión porque "allí no se puede votar ni plantear propuestas de resolución" ante esa limitación de derechos fundamentales.

El presidente del PP ha indicado además que hay aspectos del decreto del Gobierno que podrían ir contra la propia Constitución como "agredir la separación de poderes al decir que no habrá control jurisdiccional en los actos de limitación de derechos fundamentales".

También ha subrayado que el decreto "contraviene las recomendaciones" de la Comisión Europea, la última firmada en mayo por el propio Pedro Sánchez y en la que se señala que la excepcionalidad constitucionalidad debe durar lo menos posible y acudir a la legislación ordinaria.

Tras estos cinco consideraciones, Casado ha advertido a Sánchez que, si quiere recabar el "apoyo mayoritario de las Cortes" y "una dirección conjunta entre las principales fuerzas políticas", el PP pone sobre la mesa dos exigencias.

LOS PUENTES Y "SALVAR" LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

La primera, ha explicado, pasa por "limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional" para que no supere las ocho semanas "en ningún caso". Según ha agregado, eso permitiría que en el campo jurídico hubiera un encaje jurisprudencial duplicando el marco que ratificó el Tribunal Constitucional para la crisis de los controladores, que fue de un mes.

En el ámbito sanitario, ha dicho que en ocho semanas se permitiría que la curva de contagios se pueda "estabilizar" y que se pueda "limitar la movilidad en los tres principales puentes que va a haber", el del Día de Todos los Santos, el de la Almudena en Madrid y el puente de la Constitución a primeros de diciembre.

En el campo económico, ha señalado que esas ocho semanas ayudarían a "salvar" la campaña navideña. "Y queremos dar cierta tranquilidad a los españoles, sobre todo a los mayores, que ven con mucha preocupación y casi depresión que no puedan tener movilidad y recibir a sus familias de aquí al 9 de mayo", ha enfatizado.

Como segunda exigencia para que el Grupo Popular apoye el estado de alarma en el Congreso ha citado "acometer de una vez el plan B jurídico", que sería un "marco alternativo a la excepcionalidad constitucionalidad" como su partido viene reclamando desde abril.

De hecho, ha recordado que el PP ya registró en agosto en la Cámara Baja una iniciativa en ese sentido con el objetivo de modificar de forma urgente la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de Salud Pública.

Según ha explicado, esa modificación legal se podría hacer en un trámite urgente de unas ocho semanas, de forma que a "mediados de diciembre ya habría una legislación en vigor y no tendrían que estar dependiendo de la ratificación" de las medidas restrictivas por parte de los tribunales.

"POR MI PARTE NO FALTARÁ PATRIOTISMO"

Casado ha afirmado que se trata de una "oferta generosa" que duplica lo que el PP ya considera un "límite básico" del plazo de un mes que ratificó la jurisprudencia. A su entender, "todos" deben ser "responsables" para que lo que se apruebe en la Cámara Baja "sean cuestiones sensatas y contribuyan a la prosperidad española".

"Por mi parte no faltará colaboración, no faltará patriotismo, no faltará un intento de que rememos unidos. Solo remando unidos avanzaremos, si no estaremos dando vueltas como una barca que solo mueve uno de los remos. Por nuestra parte no va a quedar", ha enfatizado el líder del PP, que ha aprovechado para poner encima de la mesa propuestas como la rebaja del IVA de las mascarillas y que se realicen pruebas PCR en los aeropuertos y las grandes estaciones de ferrocarril.

Casado ha afirmado que ya estaban avisados de esta segunda ola y ha afeado al Gobierno el "triunfalismo" y la "negación de la colaboración del adversario", algo que, a su juicio, ha sido "letal". A su entender, ahora se trata de ir a "una respuesta mucho más quirúrquica, pero con un mando único y no fragmentando la respuesta para eludir responsabilidades". "Hay que hacer una cogobernanza real en la eficacia y en la seguridad jurídica", ha apostillado.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla endurecerá a partir de este lunes el toque de queda en Melilla al adelantar de las 23,00 a las 22,00 horas de la noche la prohibición de circulación y adelantará el cierre de los establecimientos de alimentación de las 22,00 a las 21,00 horas, según ha anunciado el consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand (PSOE).

El Ejecutivo melillense que integran PSOE, Cs y CPM se reunió de urgencia tras el Consejo de Ministros del domingo que decretó el estado de alarma y está previsto que se vuelvan reunir a lo largo de este lunes "para abordar la aplicación de otras medidas de las previstas en el Real Decreto de declaración del estado de alarma".

Mohamed Mohand ha confirmado que la Ciudad adelantará a partir de este lunes la restricción de movimientos en una hora más y mantendrá en las 06,00 la hora del final de lo que el Gobierno melillense llama "confinamiento nocturno".

Por último, el Gobierno de la Ciudad ha recordado que sigue vigente la Orden de la Consejería de Economía y Políticas Sociales, dictada el pasado 14 de octubre, en el que se recoge el cierre total de la hostelería, el cierre del comercio a las 20,00 horas salvo los de alimentos, la prohibición de bodas, bautizos y comuniones y la limitación de reuniones a un máximo de seis personas, por un periodo de 15 días prorrogables.

PROTESTA HOSTELERÍA

Cientos de hosteleros de Melilla han protestado este lunes contra el cierre total que sufren desde el pasado domingo 18 de octubre y han denunciado que la Policía Local y los Agentes de Movilidad han recibido la orden por parte del Gobierno de la Ciudad de no permitirles llegar con su caravana de protesta hasta la puerta el frontal del Ayuntamiento.

Un portavoz ha explicado que los agentes les han obligado a desviar su trayectoria cuando se dirigían con su caravana automovilística a la puerta del Palacio de la Asamblea para expresar con una sonora pitada su rechazo al cierre total de cafeterías, bares, restaurantes y octubre.

Al respecto, han destacado que el malestar entre los empresarios y trabajadores de la hostelería, cientos que han tomado parte en la caravana automovilística, "ha sido enorme" ante lo que consideran "un atropello" a sus reivindicaciones, al sostener que han sido el sector "escogido" para responsabilizar del aumento de los casos de coronavirus en Melilla, "cuando todos los estudios existentes señalan que la hostelería es el gremio donde menos contagios se han producido, en comparación con el ámbito familiar o social, con fiestas privadas o aglomeraciones en otros eventos".

No obstante, minutos más tarde, los hosteleros de Melilla han sorteado el bloqueo policial que ha impedido que su caravana automovilística llegar a la puerta del Ayuntamiento y lo han logrado yendo a pie hasta el frontal del Palacio de la Asamblea, donde han gritado la consigna de "¡Libertad para la hostelería!".

Asimismo, han estado cruzando el paso de cebra para hacer notar malestar por el cierre total de sus locales desde hace ocho días, un cierre que exigen que se anule de inmediato con restricciones de otro tipo, como limitación de aforo y horarios de cierre acorde con el estado de alarma.

Una delegación de la Asociación de Hostelería ha conseguido que el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro (Cs), nada más terminar su participación en la Conferencia de Presidentes con Pedro Sánchez y demás líderes autonómicos, un encuentro cuyo resultado aún no ha trascendido.