El Ministerio de Sanidad informó este viernes de que no ha habido ninguna muerte por coronavirus entre ayer y hoy, por lo que el total de fallecidos se mantiene en 27.136. Asimismo, se han detectado 155 nuevos contagios que elevan el total de casos positivos a 243.209.

En los últimos siete días se han notificado 25 muertes, según el informe diario que publica el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) que dirige el doctor Fernando Simón. Sin embargo, el total de fallecidos se mantiene en 27.136 desde hace cinco días, aunque se puede deber a que Sanidad está realizando una validación de los datos.

Desde el viernes de la semana pasada, han ingresado en los hospitales españoles 141 pacientes con coronavirus, la mayoría de ellos en Madrid (42), Cataluña (25) y Castilla y León (17), que son las regiones que, actualmente, están más afectadas por el virus.

En concreto, en los últimos siete días se han detectado 1.995 contagios, de los cuales 644 pertenecen sólo a Madrid y otros 630 a Cataluña. En Castilla y León, por su parte, se han diagnosticado 178 infecciones en la última semana.

La tasa de transmisión del virus, que se calcula con el número contagios por cien mil habitantes en los últimos 14 días, presenta sus valores más elevados en estas tres comunidades autónomas. Madrid tiene una tasa de 22,68; Cataluña, de 19,04, y Castilla y León, de 19,59.

En la Comunidad de Madrid se han detectado 74 nuevos contagios en las últimas 24 horas, y que elevan a 70.231 el total de casos positivos en Covid-19. En esta región ya han fallecido 8.691 personas, cinco de ellas en la última semana.

Cataluña, por su parte, tiene 59.593 personas infectadas tras identificar 33 nuevos contagios notificados ayer. No ha notificado ninguna muerte en los últimos siete días, por lo que el total de fallecidos se mantiene en 5.587.

Castilla y León, la otra región junto a Madrid y Cataluña con mayor transmisión de virus, sólo ha notificado dos nuevos contagios identificados ayer, por lo que el total de casos positivos se eleva a 19.296. En esta comunidad han muerto 1.928 personas con Covid-19, cinco de ellas en la última semana.

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El presidente de Farmaindustria, Martín Sellés, demandó este viernes «más inversión en investigación para la reconstrucción económica y social» tras la crisis del Covid-19.

Sellés realizó esta petición en su comparecencia en el grupo de trabajo de Salud y Sanidad Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

La crisis sanitaria mostró “la importancia de tener un buen sistema sanitario público, bien dotado y adecuadamente financiado”, manifestó el presidente de Farmaindustria, y también “lo importante que es invertir adecuadamente en I+D, en innovación, y cómo la colaboración público-privada nos ayuda a ser más rápidos para encontrar soluciones farmacológicas y más eficientes”.

Por eso, remarcó que la investigación, que mayoritariamente promueve la industria farmacéutica, ha de ser un motor imprescindible para impulsar el sistema sanitario.

“Hemos conseguido que los 25 millones de españoles que toman todos los días algún medicamento los tuvieran”. Para ello, añadió, “nos hemos asegurado de que las 82 plantas de producción de medicamentos que tenemos en nuestro país funcionaran a pleno rendimiento, aun en las semanas más duras, con unos planes de contingencia robustos que han funcionado adecuadamente, y también hemos trabajado para que los medicamentos que se producen en el exterior llegaran a España en tiempo y forma, evitando acopios por parte de terceros países”, recordó el responsable de Farmaindustria.

También se refirió a los ensayos clínicos y auguró que alguno de los «más importantes» a nivel mundial se harán en España.

En ese sentido explicó Sellés que España está preparada para que «algunas de las fases de producción de vacunas contra el coronavirus se haga aquí». «Como por ejemplo el llenado de los viales. Tres compañías tienen capacidad para hacerlo», remarcó.

En relación con la futura vacuna manifestó que no se puede ir más deprisa y afirmó que ésta no estará hasta finales de este año o principios del 2021. Subrayó que una preocupación de la industria farmacéutica es que la vacuna llegue a todo los países, «hayan participado o no en su producción» y que será la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien acordará con todos los países el reparto de las dosis con «criterios adecuados.

Por último, pidió que se suba un punto del PIB lo que se dedica a la Sanidad, «que pase del 6% al 7%, porque la mayoría de los países del entorno está alrededor del 7% y del 8%» y es muy necesario.

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La primera comunidad autónoma en entrar en la ‘nueva normalidad’ será Galicia y lo hará el próximo lunes tras superar las cuatro fases del plan de desescalada, según informó este viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Además, diez millones de españoles progresarán a la fase 3.

“Galicia ha solicitado el pase a la nueva normalidad’ y, como ya dijimos que como está en fase 3, va a gozar a partir del lunes de la nueva normalidad”, afirmó el ministro Illa en una rueda de prensa junto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), el doctor Fernando Simón.

Además, noventa días después de que comenzara el confinamiento por la pandemia del coronavirus, diez millones de españoles entrarán en la fase tres, ya que progresan provincias como Toledo, Ciudad Real o Albacete y buena parte de Cataluña.

A partir del lunes, sólo seguirán en la fase 2 la Comunidad de Madrid y algunas provincias próximas a la capital: Soria, Segovia, Ávila y Salamanca. También se mantienen en esta fase algunas zonas de Cataluña como Barcelona y sus áreas metropolitanas y Lleida. En la comunidad catalana progresan parte de la zona central y Girona, que pasan a la tercera fase.

Asimismo, Ceuta progresa a la fase 3 tras retroceder a la 2 por un rebrote ya controlado, según las autoridades sanitarias.

La Comunidad Valenciana pasa en su totalidad a la fase 3. Según el titular de Sanidad, “estamos en una situación muy controlada” del virus y eso “nos permite valorar estos cambios de fase”.

MOVILIDAD POR ESPAÑA

En cuanto a las medidas de movilidad, Salvador Illa subrayó que «la movilidad no se puede restringir fuera del marco del estado de alarma». Por lo tanto, a partir del 21 de junio en que finaliza, «habrá movilidad libre y no habrá restricciones a este derecho fundamental».

Aunque ya se está en condiciones de abrir las fronteras con seguridad a partir del 1 de julio, el director del Ccaes aseguró que «el riesgo para España vendrá de casos importados». «En la última semana se notificaron cerca de 100 casos pero este número irá creciendo en función de la apertura de fronteras, sostuvo.

Aunque la evolución de la epidemia es buena, Salvador Illa volvió a pedir responsabilidad a la ciudadanía sin olvidar la prudencia. Por ello, insistió en recordar las cuatro reglas: mantener la distancia entre personas, el lavado de manos, el uso de mascarillas y la higiene de centros púlbicos y privados, ya que «todos ellos permanecerán vigentes en la nueva normalidad».

A las preguntas de los periodistas sobre el archivo de la ‘causa del 8-M’ al delegado del Gobierno en Madrid, el ministro de Sanidad aseguró que «el Gobierno no valora decisiones judiciales». «El Gobierno ha dado todo, lo que tenía y lo que no tenía, para derrotar el virus», defendió.

ACTIVIDADES EN FASE 3

Según la orden ministerial publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, en esta fase 3 se permite asimismo la apertura al público de las zonas comunes y las zonas recreativas de los centros y parques comerciales, limitando su aforo al 40%. Asimismo, el aforo de los locales y establecimientos comerciales ubicados en los mismos se fija también en un 50%.

En materia de hostelería y restauración, se permite el consumo en barra siempre que se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad entre clientes o, en su caso, grupos de clientes, de dos metros. De este modo, se establece un régimen equivalente al permitido para el consumo en mesa, para el que se mantiene una distancia de dos metros entre mesas o agrupaciones de mesas.

También se permite que las terrazas al aire libre abran al 75% de su capacidad permitida. La ocupación máxima será de veinte personas por mesa o agrupación de mesas.

Por lo que se refiere a los hoteles y alojamientos turísticos se permite la apertura al público de las zonas comunes siempre que no superen el cincuenta por ciento de su aforo.

En el ámbito de la cultura, destaca la posibilidad de realizar actividades culturales en las bibliotecas y museos. En materia de deportes se permiten los entrenamientos de carácter medio en ligas no profesionales federadas, así como la celebración de espectáculos y actividades deportivas.

Del mismo modo se permite la reapertura al público de los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, siempre que no se supere el 50% del aforo permitido.

Además, la fase 3 permite celebrar campamentos de verano de hasta 200 personas para actividades al aire libre y de 80 en espacios cerrados, así como otras actividades de ocio educativo, respetando siempre las recomendaciones de seguridad que deberán desarrollar las CCAA.

ACTIVIDADES EN FASE 2

Entre las principales novedades de la fase 2 destaca la eliminación de las franjas horarias, excepto para las personas mayores que deberán mantener un horario de paseo. Además, se amplía el número de personas que pueden reunirse hasta un total de 15 y se permiten las visitas a familiares en residencias de mayores. A todo ello se añade la apertura de playas y piscinas.

En el área de restauración, en esta segunda fase se permite el consumo dentro de los locales con servicio de mesa y siempre sentados. No se podrá estar en las barras de los bares. Asimismo, los centros comerciales también podrán reabrir. El aforo se limita al 30% de sus zonas comunes y al 40% en cada uno de los establecimientos comerciales.

Los hoteles podrán abrir para consumo en el local, siempre que no se supere un 40% de su aforo. Las CCAA podrán modificarlo entre el 30 y el 50%. No pueden abrir las discotecas y bares de ocio nocturno.

En esta segunda fase también podrán abrir sus puertas los cines y teatros siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen un tercio de su aforo. Asimismo se podrán celebrar bodas con invitados siempre que se utilice la mitad del aforo del local, aunque sólo se permitirá la asistencia de 100 invitados si se está al aire libre y de 50 en espacios cerrados.

La fase 2 recoge la apertura de los centros educativos no universitarios y de formación. Se incluyen de forma específica en el plan del Gobierno las academias y las autoescuelas.

Tanto para la fase 1 como para la 2 también se pasa de seis a dos limpiezas diarias de los aseos de los comercios o servicios abiertos. Según indica la orden ministerial también se permite que haya más de una persona en aseos de más de cuatro metros cuadrados que tengan varias cabinas aunque usando un tercio de ellas.

Además, se recuerda que todas las actividades de las fases 1 y 2 sólo se podrán realizar dentro de cada territorio de desescalada. Y sólo se permitirá salir de ellos por motivos de esos territorios de la desescalada por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, fuerza mayor o situación de necesidad o “cualquier otra de análoga naturaleza”.

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El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, expresó este viernes en el Congreso de los Diputados su preocupación por las multas impuestas durante el estado de alarma contra algunos colectivos, como las personas con discapacidad y sus familias o aquellas que llevaban comida a inmigrantes.

En su comparecencia ante el grupo de trabajo sobre Unión Europea de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, Beltrán expuso que estas sanciones podrían suponer «una vulneración de derechos fundamentales» no amparados por el estado de alarma.

En este sentido, subrayó que todos los países tienen «la potestad» de decretar estados de alarma por razones sanitarias como las presentes, siempre que estos «tengan una fecha fija, sean revisables y no inculquen derechos fundamentales, más allá de la libertad de circulación».

A su juicio, «ha existido arbitrariedad» en la imposición de multas y sanciones en este terreno, sobre todo «en el caso de ciertos grupos vulnerables», como «las personas con discapacidad (que por razones de salud estaban autorizadas a dar paseos terapéuticos pese al confinamiento) o aquellas que llevaban comida a inmigrantes. «Hemos expresado esta preocupación y la mantenemos», afirmó.

«A medida que avanzamos en la desescalada, nos empiezan a preocupar las vulneraciones del derecho de manifestación», explicó.

MELILLA

Preguntado por varios grupos de la oposición sobre la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Melilla, Beltrán destacó que hay hasta 22 sentencias judiciales que avalan el traslado de personas migrantes a la Península desde Melilla por distintas razones. «Ninguna se ha materializado» hasta la fecha. «Esto era algo que nos preocupaba ya», indicó, «y ahora mucho más» debido al hacinamiento en este lugar.

En cambio, destacó la movilización a la Península y a otras instalaciones dentro de la ciudad de 200 personas pertenecientes a grupos vunerables (menores, víctimas de trata…). Además, pidió a los Estados europeos garantizar el acceso a la educación, la salud y la vivienda a todas las personas, con independencia de su situación administrativa.

Aclaró que Amnistía no ha llegado a pedir una regularización que incluya el permiso de trabajo y residencia, pero si el disfrute de «derechos sociales, económicos y culturales», que los Estados pueden asegurar a inmigrantes en situación irregular, afirmó.

Por otro lado, Beltrán recordó que todos los países están obligados por el derecho internacional a «evitar que (los seres humanos) puedan ahogarse en el mar» y a «rescatar a los náufragos. Asimismo, exigió acabar con «las devoluciones a países no seguros, como Libia».

VIGILAR AL VIGILANTE

En su intervención, se refirió al empleo de tecnologías digitales en el control de la pandemia que «sin duda tienen un papel decisivo para salvar vidas», pero «siempre dentro del respeto a los derechos humanos».

No estamos cuestionando el uso de la tecnología«, prosiguió, pero hay que vigilar que no limite la libertad de expresión y asociación, entre otras.

«Su uso debe ser proporcionado, razonable y limitado en el tiempo» y llamó a «no confrontar una respuesta a una emergencia de salud pública con el derecho a la privacidad».

Por ello, pidió que «la instalación de aplicaciones de rastreo en los móviles «sea absolutamente voluntaria y anónima». De lo contrario, constituiría «una herramienta de vigilancia masiva, prohibida por el derecho internacional».

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El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, afirmó este viernes tras la reunión de su partido con miembros del Gobierno en La Moncloa que seguirá con “la misma política de mano tendida y desde la oposición exigiendo medidas”, aunque si hubiera ahora un debate de investidura o una moción de censura volvería a votar en contra.

Así lo hizo en rueda de prensa tras la reunión de dos horas, en la que estuvieron la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla; el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños. Y, por Ciudadanos, además de Bal, su secretaria general, Marina Bravo; su vicesecretario general primero, Carlos Cuadrado, y su vicesecretario general adjunto, José María Espejo. Los participantes se emplazaron a otra en julio.

En este encuentro, atestiguó Bal, se hizo sobre todo seguimiento del cumplimento de los acuerdos firmados por Cs para apoyar las últimas tres prórrogas del estado de alarma y, cuando llegue al Congreso, el llamado decreto de ‘nueva normalidad’ que aprobó el Gobierno el martes. En este sentido, suscribió lo ya avanzado por la Secretaría de Estado de Comunicación: “Los acuerdos se han cumplido”. También se habló de las medidas para mitigar el impacto económico de la epidemia y de maneras de encauzar un eventual rebrote.

El portavoz adjunto se reafirmó en la “política útil, constructiva, de mano tendida pero también mano exigente” que corresponde a “un partido de Estado que huye de las broncas, las trincheras y el guerracivilismo que hemos visto en el Congreso en las últimas semanas”. Una actitud que, pese a las preguntas cuestionándolo, presentó como continuidad de la que ya tuvo Ciudadanos cuando lo presidía Albert Rivera, y reivindicó la oferta de última hora que hizo su exlíder para evitar la repetición de elecciones en 2019.

De cara al futuro y al alcance de esta relación que escenificó el Gobierno recibiendo a Ciudadanos en La Moncloa como no ha hecho con ningún otro partido, Bal avanzó: “Seguiremos realizando la misma política de mano tendida y desde la oposición exigiendo medidas al Gobierno”.

Así, se conjuró para “mantener abiertos los canales de interlocución y realizar propuestas positivas”, pero cuando se le preguntó expresamente por un hipotético acuerdo presupuestario, se refugió en que “parece que este año el Gobierno no se plantea establecer estos Presupuestos” y en que “la negociación en Europa condicionará mucho las cuentas públicas”.

Eso sí, garantizó que Ciudadanos actuará siempre “exigiendo que la otra parte se deje de guerras ideológicas, dogmatismos, sectarismos y populismos”, en lo que pareció un mensaje relativo a Unidas Podemos, aunque aseguró que Ciudadanos “no tendría ningún prejuicio” en reunirse con miembros del Ejecutivo de esta formación, como de hecho ya hizo con el equipo de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo.

Más tarde abundó en ello: “No somos socios de este Gobierno, que ande por donde quiera andar. Este Gobierno Frankenstein nos parece mal para España, es un Gobierno que nosotros hoy no votaríamos”. Personalmente, dijo que volvería a publicar hoy mismo el artículo previo a la investidura en el que pidió “un socialista valiente” que rompiera la disciplina de voto.

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La Fundación Aladina pone en marcha el microsite ‘www.yoayudoaaladina.org’, una plataforma que ofrece nuevas propuestas para poder ayudar de manera virtual en la lucha contra el cáncer infantil.

A través de cuatro secciones: deporte, celebraciones, belleza y planes divertidos, la fundación propone varias opciones para colaborar online con los proyectos y programas que desarrolla para mejorar la vida de cientos de niños enfermos de cáncer y familias.

La plataforma ‘www.yoayudoaaladina.org’ nace con la vocación de ir creciendo con el tiempo, añadiendo nuevas propuestas de participación y promoviendo que sean los propios usuarios quienes, con sus ideas y sus ganas de ayudar, vayan alimentando la plataforma, detalla la Fundación Aladina en un comunicado.

Dejando los datos personales, los colaboradores recibirán un diploma que acredita que ha colaborado con la fundación en el apartado correspondiente y que podrán compartir en redes sociales utilizando el hashtag #YoAyudoaAladina.

SECCIONES

En los deportes, la entidad propone a los participantes diseñar su acción deportiva solidaria a medida, compartiendo el dorsal en redes y animando de esta manera a hacer deporte a favor de los niños con cáncer dentro o fuera de casa.

En la parte de celebraciones, se podrá acceder una serie de packs de regalo solidarios especialmente pensados para cumpleañeros de todas las edades, regalos para eventos o detalles para celebraciones familiares. Además desde este apartado se podrá contactar con Aladina para regalar a alguien una suscripción a la fundación.

La sección de belleza ofrece la posibilidad de donar en forma de tratamientos de belleza virtual y colaborar así a la financiación de cualquiera de los programas o ayudas de Aladina a favor de los niños y adolescentes con cáncer. Por ejemplo, a través de una donación de 30€ se estará contribuyendo a que un niño con cáncer pueda disfrutar de una terapia lúdica.

Desde ‘planes divertidos’, Aladina propone la donación del importe equivalente a un aperitivo con la familia o el precio de unas entradas de cine.

“Tu dinero se destinará íntegramente a ayudar a nuestros pequeños guerreros en su lucha contra el cáncer para conseguir que no pierdan nunca la sonrisa”, detalla la organización en su plataforma. Se puede colaborar también a través de Bizum, Banco Santander o laCaixa.

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El sector hostelero estima una pérdida de 400.000 empleos de media en 2020, según datos que maneja el sector en base a varios informes de las consultoras EY&Bain y Foqus y la Universidad de Valencia. La caída de empleos, según los estudios, se sitúa en torno a los 700.000 en el conjunto de meses más críticos.

Además, de los 1,7 millones de personas que empleaba el sector antes de la crisis, solo 1,4 millones continúan dadas de alta en la seguridad social (según datos del INE), y de estas, el 63% estaba acogido al ERTE durante el mes de mayo.

Son algunos de los datos que facilitó José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, durante su intervención este viernes en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo celebrada en el Congreso de los Diputados para informar de la situación de los sectores de la industria y el turismo.

Yzuel subrayó la delicada situación que está atravesando el sector y aseguró que en la actualidad el 20% de los más de 300.0000 establecimientos hosteleros que hay en España han cerrado sus puertas, y se prevé un aumento de este porcentaje de cierres definitivos a final de año, con una estimación de entre un 20% y 30%, es decir, entre 55.000-85.000 establecimientos cerrarán de manera definitiva.

Asimismo, hizo hincapié en que, mientras que en los últimos años se había experimentado un leve descenso en el número de bares, la evolución de la hostelería era «positiva» debido al «notable incremento» en el número de restaurantes, con una cifra de apertura y cierre de unos 40.000 establecimientos cada año antes de la crisis de la Covid-19. Tras la crisis, se estima que habrá un freno en el ritmo de aperturas que no superará las 20.000.

En términos de facturación, la patronal del sector señaló que, si bien antes de la crisis sanitaria el volumen de ventas se situaba en más de 123.000 millones de euros, el periodo más grave de la crisis ha registrado pérdidas de más de un 50% con respecto al mismo periodo del año pasado y sitúa en un 40% el porcentaje de pérdidas a final de año.

Ante las cifras de pérdida de empleos, de cierre de establecimientos y de facturación, Yzuel recordó la insistente colaboración que la patronal ha demandado al Gobierno en los últimos meses para trabajar conjuntamente con la finalidad de salvaguardar la subsistencia del sector.

“Son muchas las ocasiones en las que hemos solicitado al Gobierno que nos deje ayudarles y ayudarnos. Hemos hecho una campaña en toda España, bajo el lema ‘Siéntate con la hostelería’ y, aunque nos han escuchado en algunas cosas, y hemos logrado pequeños avances, sobre todo a nivel de administraciones locales, aún hay muchas medidas por tomar”, señaló.

En este sentido, Yzuel detalló las demandas que el sector hace el Gobierno. Por un lado, solicita diseñar un plan estratégico de reconversión y reestructuración del sector, con escalas de medidas a adoptar en los ámbitos estatal, autonómico y local. Además, reclamó el diseño de campañas de promoción para la reactivación de la gastronomía y el turismo, al estilo de los ‘planes Marshall’ que ya se han puesto en marcha en otros países europeos y que incluyen diversos bonos para incentivar el turismo.

“Este plan económico de recuperación debe acompañarse de medidas fiscales, de financiación y de apoyo al empleo”, dijo. En cuanto a las medidas fiscales, el sector reclama reducciones del IVA al 4% para asegurar la solvencia de los establecimientos y la ampliación de las moratorias de impuestos, entre otras. En relación a la financiación, solicita líneas de financiación específicas para empresas de restauración y similares (la ampliación de las líneas de avales y préstamos al 0% o 0,25% sin condiciones) y el establecimiento de microcréditos, en torno a 25.000 de rápida concesión. “Las grandes empresas ya cuentan con mecanismos de ayuda, pero los pequeños nunca son escuchados”, apostilló.

En referencia al empleo, Yzuel recordó que los hosteleros solicitan la extensión de los ERTE hasta el 31 de diciembre para las empresas del sector y para las empresas de los sectores asociados cuya facturación a este canal supere el 50% de su facturación, así como la exoneración de las cotizaciones a la seguridad social de los empleados del sector.

Yzuel también señaló que otro de los aspectos sin concretar por parte del Ejecutivo es el de los arrendamientos. Y es que el sector solicita al Gobierno la aplicación de la doctrina ‘Rebus Sic Stantibus’, por la que el arrendatario es exonerado del pago de alquileres o rentas ante estas circunstancias de excepcionalidad.

Otra de las peticiones que hizo el presidente de Hostelería de España es la de readaptar las medidas de flexibilización en hostelería para seguir la tendencia europea, fijando la distancia de seguridad como criterio para determinar el aforo de los establecimientos, en lugar de establecer el aforo como criterio, que se suma además a la distancia mínima interpersonal.

Yzuel insistió en la importancia del turismo en España, con un 12,3% de aportación al PIB, y recordó que España es el segundo país del mundo en recepción de turistas, por detrás de Francia, con 83,7 millones de visitantes en 2019. Además, es el segundo país con mayores ingresos por turismo, por detrás de EE.UU.

En la Comisión de Industria, Comercio y Turismo también intervinieron José Vicente de los Mozos, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac); Manuel Butler Halter, director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT); Martí Sarrate, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes especializadas (ACAVe); e Inmaculada Ranera, directora general de Christie & Co en España y Portugal.

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El director general de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, reclamó este viernes en el Congreso de los Diputados «aprovechar» la desescalada para «aumentar el stock de materiales y equipos de protección» frente al Covid-19 con el fin de afrontar «posibles rebrotes».

Beltrán realizó estas peticiones en el grupo de trabajo sobre la Unión Europea de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, donde subrayó que aunque el aprovisionamiento «ha mejorado, no es suficiente».

Según Beltrán, la crisis ha demostrado «cómo el personal sanitario ha sido fundamental en toda Europa». Estos trabajadores «han arriesgado su salud y la de sus familias y, sin embargo, sus gobiernos no les están dando la protección que se merecen», lamentó .

En Italia, 167 profesionales sanitarios han perdido la vida; en Reino Unido, más de 120, y en España se llevan contabilizados 63 fallecidos y más de 51.000 contagios. Suponen el 24% de todos los casos y destacó que, de ellos, el 76% son mujeres.

Beltrán reconoció que la inicial carencia de equipos de protección «ha mejorado, pero no ha terminado de solucionarse». Por ello, reclamó «aprovechar» la desescalada «para aumentar los stocks» de este tipo de materiales.

MÁS INFORMACIÓN

Asimismo, exigió «datos desagregados en cuanto al impacto del Covid-19 según sexo, tipo de centro y categorías profesionales dentro del sector sanitario». «Si no hay datos, ¿qué estrategia puede llevar a cabo un Gobierno para protegerlos?», se preguntó. «Más de tres meses después, se merecen por fin esta información», recalcó Beltrán.

A su juicio, «si hay algo que ha puesto de relevancia esta crisis es la necesidad de reforzar los sistemas sanitarios, diezmados en toda la Unión Europea tras una década de austeridad».

Beltrán llamó a «no repetir los errores del pasado, cometidos por ejemplo en Grecia y España» y exigió «blindar el derecho a la salud como un derecho humano». En esta línea, pidió que los eventuales ajustes que se impulsen desde Bruselas no vuelvan a comprometer el gasto sanitario.

En cuanto a las residencias de mayores, Beltrán anunció que Amnistía se ha dirigido a la fiscalía para solicitar más información a propósito de las 191 investigaciones abiertas por las muertes en estos centros, que las últimas informaciones elevan a 19.445.

«Hasta ahora, ha habido un sistema muy confuso de dobles reportes que ha impedido tener constancia real de los fallecimientos de personas mayores», indicó Beltrán. Además, consideró «una buena noticia» que la información sobre el número de contagios y fallecidos en las residencias «forme parte de los criterios epidemiológicos a tener en cuenta en la nueva normalidad», algo que hasta la fecha no ha sucedido.

Sugirió que la falta de personal y de materiales de protección ha estado en el origen del gran impacto del Covid-19 en estos centros, por lo que insistió en la necesidad de «datos desagregados» sobre los contagios entre el personal sanitario, otros trabajadores y los propios usuarios, a fin de «orientar los esfuerzos que prevengan» nuevas infecciones y más muertes entre ellos.

Finalmente, Beltrán instó tanto a la Unión Europea como al Gobierno español a garantizar que las futuras vacunas y tratamientos contra el coronavirus sean accesibles a toda la población, puesto que se trata de un derecho fundamental a la salud.

En su opinión, «hay que tomar desde ya mismo medidas urgentes para apoyar el desarrollo de una vacuna para el coronavirus que esté accesible y disponible para todas las personas, en todos los países, sin discriminación».

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Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y el Real Patronato sobre Discapacidad han editado la publicación ’11 claves para una nueva normalidad accesible’, en la que se hacen recomendaciones teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en la adecuación de los espacios y edificios públicos a esta nueva realidad.

La publicación aborda, de manera fácil y sencilla, once elementos como son las ‘Pautas de conducta’, ‘Información en diferentes formatos’, ‘Adecuación de Equipos de Protección’, ‘Dispensadores de Gel Hidroalcohólico’, ‘Espacio de separación mínima’, ‘Mamparas separadores de protección’, ‘Terrazas y veladores’, ‘Sistemas de activación de elementos’, ‘Espacios higiénicos de uso público’, ‘Transporte colectivo’ y ‘Reducción de aforo de espacios públicos’.

Cada uno de estos elementos ha sido analizado y dentro de ellos se proponen consejos que reflejan aspectos relacionados con los grandes colectivos de personas con discapacidad como son discapacidad visual, auditiva, física, cognitiva y discapacidad psicosocial, de manera que el nuevo cumplimiento normativo en los entornos públicos y laborales no se convierta en una barrera para la libre circulación y desarrollo de actividades por parte de las personas con discapacidad.

De esta forma, en lo que respecta a la información se recomienda el uso de pictogramas y la lectura fácil, así como que los mensajes que se ofrezcan en formato sonoro en espacios públicos incorporen alternativas en formato escrito o en lengua de signos.

Respecto a las mascarillas, se afirma que pueden provocar desconfianza por parte de personas con discapacidad cognitiva o psicosocial al dejar oculto parte del rostro. Además, disminuyen la vocalización y volumen entre los interlocutores, lo que incide negativamente en la comunicación con personas con discapacidad auditiva.

En cuanto al gel hidroalcohólico, se considera necesario plantear un criterio de cara a normalizar su ubicación y facilitar su localización por parte de las personas con dificultad visual y asegurar su cómoda manipulación a quienes tengan problemas de destreza en los miembros superiores.

Esta publicación se enmarca dentro de la iniciativa #BarrerismoCovid cuyo objetivo es sensibilizar sobre las barreras a las que pueden enfrentarse las personas con discapacidad. Irá acompañada de videos protagonizados por los personajes de la serie animada ‘ON Fologüers’.

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La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha querido visibilizar las vivencias de distintas personas sordas durante el confinamiento por la crisis del Covid-19 con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, que se celebra el próximo 14 de junio.

A través de un reportaje, todas ellas coinciden en destacar el papel determinante que ha desempeñado la lengua de signos para poder acceder a la información y a la comunicación en condiciones de igualdad durante este tiempo de pandemia y ver así garantizados sus derechos.

Es el caso de Encarna Marcos, que durante once días estuvo ingresada en un hospital cántabro aquejada de coronavirus, y según manifiesta “preocupada por cómo iba a entenderme con el personal sanitario”. Encarna explica que dada la situación no permitían el acceso al hospital de los intérpretes” y confiesa que en muchos momentos tuvo que comunicarse con su médico escribiendo en un papel. “Como era obligatorio el uso de mascarilla, nos resultaba imposible entendernos”, comenta. “En ocasiones, y por iniciativa propia, tuve que recurrir a las videollamadas o al servicio de videointerpretación SVIsual, que permite la comunicación a distancia y en tiempo real con personas oyentes, pero a veces me encontraba tan cansada y sin fuerzas, que la única alternativa era el lápiz y el papel”.

Para esta cántabra, la falta de accesibilidad y de procedimientos adecuados en el ámbito sanitario que no hagan recaer el peso de una comunicación eficaz en el paciente sordo, son motivo de angustia e incertidumbre. Como posible solución, Encarna urge a asegurar la presencia de la lengua de signos “no sólo en los centros de salud o en los hospitales, sino en todos los ámbitos de nuestra vida”.

Otro de los testimonios lo aportan los hermanos Alfaro desde la Comunidad Valenciana. Para ellos, su máxima preocupación durante el confinamiento fue el bienestar de sus padres sordos. “Los primeros días estaban desconcertados. Se preguntaban por qué no íbamos a verlos”, cuentan. En su caso, ambos estuvieron conectados con el servicio de videoasistencia y acompañamiento para personas mayores sordas que prestan la CNSE y toda de su red de federaciones y asociaciones de personas sordas, y que posibilita el contacto con sus familias a través de videoconferencia. “Es un servicio realmente necesario para evitar el aislamiento de la población mayor sorda, ya que es muy visual y la comunicación es directamente en lengua de signos” explican.” Mis padres estarían horas y horas signando”.

En el vídeo también participa una estudiante sorda madrileña, María José López. La joven asegura que, aunque ella ha contado con intérpretes de lengua de signos para continuar su grado de Trabajo Social desde casa, para muchos otras alumnas y alumnos sordos de secundaria y estudios universitarios, la situación ha sido muy distinta. “Durante los últimos meses no han podido seguir las clases en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros porque no contaban con intérpretes”, aclara. En este sentido, denuncia que, en el caso de los más pequeños, niñas y niños sordos de Infantil y Primaria, la falta de asesores sordos especialistas en lengua de signos ha obligado a poner en marcha una red improvisada de voluntarios para apoyarles en sus estudios. “No nos pueden abandonar a nuestra suerte”, se queja María José, que confía que el curso que viene no se repitan situaciones discriminatorias de este tipo.

A su experiencia se suman, asimismo, la de Conchi Sanles, trabajadora de la limpieza en un hospital gallego que reclama formación e información accesible en lengua de signos para las personas sordas en el ámbito laboral; Tamara Hoyos, enfermera sorda madrileña, que incide en la necesidad de que los pacientes sordos reciban una atención sanitaria adaptada a sus necesidades comunicativas “para sentirse más seguros”, y la familia Piñeiro de la Anpanxoga (Asociación de padres y madres de niños sordos de Galicia), precursores de distintas actividades de ocio en lengua de signos para compartir en el ámbito familiar.

El reportaje se estrenará en las redes sociales de la CNSE el domingo 14 de junio, Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, con el título “La lengua de signos no deja a nadie atrás”, y con el hashtag #YoconlaLS.

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La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, firmó este martes un convenio sobre reducción de cargas administrativas con representantes de empresarios (CEOE, Cepyme y Cámara de Comercio de España), personas con discapacidad (Cermi) y autónomos (ATA) con el objetivo de facilitar la labor de emprendedores, eliminar barreras burocráticas e impedimentos en las relaciones con la Administración General del Estado.

Durante el acto de firma del acuerdo, la ministra Darias resaltó que el objetivo principal de estos convenios es “eliminar obligaciones innecesarias, reducir la frecuencia de petición de datos, acilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás documentos” ya que, agregó, “existen trámites innecesarios, repetitivos o especialmente complejos que pueden suprimirse, reducirse o simplificarse”.

EMPRESARIOS

En concreto, Darias firmó sendos convenios con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), representada por su secretario general, José Alberto González-Ruíz, y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), representada por su secretario general, Pedro Fernández Alén.

En su intervención en el acto, González-Ruiz destacó que, en los once años de vida del convenio, su organización ha realizado cerca de 500 propuestas de las que unas 70 han llegado a materializarse, aportando un ahorro de más de 600 millones de euros. Así, el representante de CEOE destacó el papel desempeñado por los empresarios para informar sobre “dónde se producen las trabas”, por lo que aseguró que el convenio es “un instrumento muy eficaz”.

Por su parte, el representante de Cepyme señaló que las empresas requieren “liquidez, aplazamientos administrativos y flexibilidad” y que en “en esta tercera pata es a lo que estamos ayudando” con este convenio, para concluir que es necesario “ser creativos” para “hacer simple lo complicado”.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sobre el convenio firmado por Función Pública con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), su presidente, Luis Cayo Pérez Bueno, destacó que supone “una colaboración útil” y subrayó la necesidad de “hacer una administración más amable y productiva y con un mayor acento social y humano”.

Respecto al contenido del convenio, Pérez Bueno puso como ejemplo que gracias al mismo los más de 100.000 conductores con discapacidad o movilidad reducida que hay en España ya no tendrán la “carga añadida” de ser obligados a desplazarse a la sede física de la DGT en la capital de provincia correspondiente para comprobar que las adaptaciones de sus vehículos son adecuadas, suponiendo una carga, desplazamiento y gastos.

“En vez de ayudar a las personas con discapacidad se les sometía a cargas añadidas”, indicó el presidente del Cermi, para concluir que “este es el último ejemplo de las cosas positivas de este convenio” y que “viendo los resultdos, anima a seguir trabajando en la misma línea”.

AUTÓNOMOS

En cuanto al convenio con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su presidente, Lorenzo Amor, apuntó que la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 “nos ha enseñado muchas cosas”, como que “gran parte del tejido empresarial no estábamos preparados” ya que “faltaban muchas firmas digitales y certificados” para hacer trámites administrativos.

“Tenemos muchas cosas que mejorar todos”, declaró, para a continuación pedir una administración “amable y ágil” para ciudadanos y emprendedores, mediante la eliminación de “trabas y trámites”. Así, indicó que el convenio firmado se centra en la administración general del estado, por lo que reclamó “unificar criterios” entre el resto de administraciones. “Para un emprendedor, una empresa o un ciudadano, ser productivo es perder el menor tiempo posible en tratar con la administración”, concluyó.

Por parte de la Cámara de Comercio de España, su secretario general, Adolfo Díaz-Ambrona, puso en valor la colaboración público-privada y que mediante este tipo de convenios “organizaciones representativas trasladamos preocupaciones de los empresarios para mejorar”.

En este sentido, apuntó que “a día de hoy las empresas demandan agilizar toda la tramitación administrativa” y enfatizó que las empresas “tienen que tener un lugar central” en la reconstrucción tras la crisis del coronavirus.

CONTENIDO CONVENIOS

Según destacó el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el desarrollo de estos convenios supone “la recopilación por las organizaciones de propuestas de simplificación de procedimientos que lleven aparejadas reducción de cargas administrativas y que afecten principalmente, pero no necesariamente, al colectivo al que representan”.

Las propuestas que reciba el Ministerio de Política Territorial y Función Pública serán distribuidas entre los todos los ministerios en función de sus competencias para su valoración y posible puesta en práctica.

Durante 2019, mediante estos convenios se analizaron un total de 148 propuestas, que afectaban a los distintos ministerios, destacando el mayor volumen las que corresponden a Asuntos Económicos y Transformación Digital, Hacienda e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, entre 2018 y 2019 se celebraron 16 encuentros con empresarios y colectivos, en Santander, Madrid, Gijón, Valencia, Sevilla Las Palmas, Elche, Granada y Pamplona.

En 2020 los convenios se centrarán principalmente en los procedimientos que afectan al sector energético, en el ámbito de la economía circular y lucha contra el cambio climático, fomento del trabajo autónomo, procedimiento administrativo común, así como las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad y sus familias.

En concreto, permitirán acciones para mejorar el funcionamiento de la administración electrónica, reducir la documentación que se solicita en los procedimientos, mejorar la interconexión entre diferentes departamentos (interoperabilidad), mejorar la información disponible en las webs de determinados organismos, facilitar la cumplimentación de formularios, o la puesta en marcha de campañas informativas sobre temas de interés general, para empresas y ciudadanos.

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Una vez concluidas las labores de tasación de los daños que generó el incendio que sufrió Gran Canaria el pasado verano, el pago de Mapfre alcanzó los 7,3 millones de euros en concepto de indemnización por los daños producidos en los bienes e infraestructuras aseguradas, titularidad del Cabildo de Gran Canaria.

Además del incendio del pasado verano, la aseguradora española atendió los incendios forestales que se produjeron en 2007 y 2017 en la isla, y que también provocaron daños millonarios.

“Son muestras del compromiso y vinculación que Mapfre tiene con esta tierra, en cuyo mercado asegurador opera desde hace más de 40 años”, aseguró la aseguradora en un comunicado.

El incendio se originó el 10 de agosto de 2019 en el Paraje de las Peñas, solapándose posteriormente con el incendio forestal que se declaró el 17 de agosto en el municipio de Valleseco, convirtiéndose globalmente en un incendio forestal de gran envergadura. Se vieron afectadas más de 11.000 hectáreas en un perímetro de 100 kilómetros, y no fue extinguido definitivamente hasta el 26 de septiembre.

Mapfre es la aseguradora del Cabildo Insular de Gran Canaria desde hace más de 15 años. En este incendio la compañía atendió también a otros 32 asegurados que sufrieron daños de diversa consideración por este suceso.

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La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha archivado la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por entender que no existen indicios de actuación delictiva.

En un auto de 51 páginas, la jueza desgrana los argumentos para adoptar esta decisión después de tomar declaración a Franco y a una veintena de testigos esta semana. Concluye que «no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos» a Franco por el presunto delito de prevaricación administrativa.

Según dice su escrito, el imputado «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones» y señala que «no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario.

Rodríguez Medel investiga la denuncia de un particular que responsabilizaba de la extensión del contagio por coronavirus al delegado del Gobierno por no prohibir concentraciones multitudinarias, entre ellas la del 8-M, entre los días 5 y 14 de marzo. En el auto, la jueza asegura no haber encontrado evidencias de que «ninguna persona física o jurídica, pública o privada» instara a Franco a que «prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones» por la pandemia.

La magistrada ha practicado numerosas diligencias en la instrucción de esta causa, recabó los informes de la Guardia Civil, del forense y tomó declaración al imputado y a testigos, tras lo cual concluye que, no hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos Franco, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Esta decisión de la jueza puede ser recurrida ante la Sala de lo Penal de Audiencia Provincial de Madrid, razón por la cual deniega el sobreseimiento libre solicitado por la Abogacía del Estado. Con probabilidad la acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional presentará recurso.

La Fiscalía había pedido el archivo de las actuaciones argumentando que no es competencia de la Delegación del Gobierno autorizar manifestaciones, sino sólo recibir la comunicación de su convocatoria. Defendía también que este organismo no tenía ningún tipo de competencia en materia sanitaria y que dependía de las comunicaciones oficiales de las autoridades sanitarias. “Si este conocimiento lo tenían o no otras autoridades o instancias no es objeto de este procedimiento, donde lo relevante es si lo tenía el señor Franco”, concluye.

El auto confirma que “ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó al delegado del Gobierno en Madrid a que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del Covid-19”. La jueza repasa las manifestaciones que celebraron en los nueve días previos a la declaración de estado de alarma.

De ese análisis deduce que el delegado del Gobierno actuó igual en todos los casos de concentraciones comunicadas: “Acertadas o no a la luz del estado de la ciencia hoy día, evidencian que el delegado velaba por la salud pública de los ciudadanos y ejercitaba su competencia legal en protección de la misma”.

En ese sentido, Rodríguez Medel indica que “el contagio puede producirse por el mero hecho de coincidir en el ascensor o por ir en trasporte público, también por ir a la manifestación”. En definitiva, “no puede acreditarse cuándo tuvo lugar el contagio”.

Admite que “es cierto y seguro que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad y de igual modo de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio”, lo que “no es óbice para afirmar que no puede acreditarse que con ocasión de las citadas concentraciones (exclusivamente por haber acudido) se produjera un concreto contagio”.

En su declaración ante la jueza, el delegado del Gobierno insistió en que actuó de acuerdo a la ley y a los datos que se tenía en ese momento sobre la difusión de la pandemia y destacó que él mismo acudió a la manifestación del 8-M acompañado de su mujer y de su hija, médico de profesión.

En ese sentido, insiste la jueza en que Franco debía haber conocido el riesgo para haber incurrido en un tipo delictivo y que ese conocimiento no podía ser “popular, sino un conocimiento técnico sólido y suficiente como para restringir un derecho fundamental”.

Además, admite que “ni la Guardia Civil ni esta instructora han encontrado documento alguno en los que alguien instara al delegado que prohibiera la concentración o manifestación por razones sanitarias o que adoptara alguna medida de precaución”.

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La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha montado a contrarreloj una megacumbre empresarial con los principales líderes empresariales del país de todos los sectores para analizar la situación creada por el Covid-19.

Tendrá lugar entre los días 15 y 25 de junio con el objetivo de proponer medidas para reactivar la economía y asentar las bases de futuro, que elevará a la Asamblea General de la patronal y compartirá con el Gobierno.

“Creo es muy importante que se oigan las opiniones de las personas que trabajan en directo en cada uno de los sectores y que son los que tienen la llave”, explicó este viernes el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, tras confesar que la idea le surgió el viernes de la semana pasada y en tiempo récord reclutó a más de 130 primeros espadas de todos los sectores para las jornadas que celebrará en abierto.

Bajo el eslogan ‘Empresas españolas liderando el futuro’, la megasesión de debate y análisis arrancará el lunes con Garamendi, el presidente de Inditex (Pablo Isla), el presidente de Mercadona (Juan Roig) y los presidentes del Santander (Ana Botín), BBVA (Carlos Torres), Caixabank (Jordi Gual), Bankia (José Ignacio Goirigolzarri), Sabadell (Josep Oliú), Ibercaja (José Luis Aguirre) en un primer bloque financiero.

Seguirá el energético y de sostenibilidad con los primeros espadas de Iberdrola (José Ignacio Sánchez-Galán), Endesa (José Bogas), Naturgy (Francisco Reynés), Repsol (Antonio Brufau), Acciona (José Manuel Entrecanales), Viesgo y Club Español de la Energía (Miguel Antoñanzas), REE (Beatriz Corredor), Enagás (Antonio Llardén) o CLH (José Luis López de Silanes).

En el macro foro, de una representación empresarial nunca vista y con una agenda apretada y medida al milímetro, se darán cita en los días siguientes los primeros ejecutivos de las mayores compañías y empresas “marca España” en sectores tan dispares como seguros, turismo, transporte, industria, automóvil, sector agroalimentario, infraestructuras, construcción e inmobilliario, servicios, fundaciones y RSC, cultura y deporte, emprendedores, pymes y autónomos.

Garamendi justificó la inédita movilización en que “es el momento”, ya que “en el Congreso se está hablando de la reconstrucción” y se ha abierto una gran oportunidad con los distintos fondos y herramientas habilitadas por Europa que los países podrán demandar proponiendo proyectos específicos para su recepción. “Es el momento en el que hay que hablar de esto, y de hecho se está hablando de los fondos que van a venir o no venir. Por eso es tan importante tener un plan estratégico de lo que se debería hacer”, indicó.

“Esos fondos van a llegar a las empresas y si somos capaces de los utilizamos bien serán muy importantes para el país y si se utilizan mal tendremos un problema”, alertó, deslizando que en otros países se han creado grupos de trabajo para diseñar las medidas con empresarios.

“Otros países han llamado a empresarios para que cuenten sus experiencias. Nosotros no queremos quitar en absoluto el espacio político ni la responsabilidad política, pero lo que si creemos es que pueda contar con nosotros”, manifestó a preguntas directas de los medios de si el empresariado quiere “forzar” que se le escuche al diseñar la estrategia futura del país.

Garamendi abogó por que “pongamos a las empresas en el centro y no en la diana” haciéndose eco de las palabras pronunciadas ayer por el presidente de Cepyme Gerardo Cuerva en el Congreso. “La iniciativa privada es clave. Somos los que creamos el empleo, somos los que creamos los bienes y servicios, los que creamos la riqueza y somos los contribuyentes”, reivindicó y afirmó que la intención “es sumar, por supuesto con independencia y con sentido de Estado” proponiendo las iniciativas que estimen “mejor para el país”.

La propia CEOE ya presentó un documento con propuestas al Gobierno hace mes y medio y ayer volvió a defender la posición del tejido productivo en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, pero ahora busca que “la sociedad visualice que los empresarios y empresarias están ahí”. “Son marca España y los que están vendiendo nuestro país fuera. Cuando los mercados nos están mirando y cuando los empresarios de otros países también nos están mirando uno de los mensajes es: aquí estamos, existimos y estamos unidos para sumar”, explicó. “Queremos que se nos oiga porque la riqueza de este país viene de las empresas”, insistió.

En cuando a la temática de fondo reconoció que es muy importante que se hable de la fase coyuntural, de lo que pase de aquí a fin de año con la reactivación y la desescalada, “pero es más importante qué hacemos los próximos años para posicionar al país en el sitio que merece”. Bajo esta esfera indicó que, además de tratar la situación sector a sector, se dará especial relevancia a la necesaria digitalización, a la transformación ecológica y la economía verde y a la formación para que se acomode a las nuevas necesidades digitales y de empleabilidad y responda a las necesidades reales que demandan las compañías.

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Santander lanzó este viernes la Campaña del Cereal 2020 para apoyar a empresas, Cooperativas Agroalimentarias y productores españoles, cuya previsión es superar los 25 millones de toneladas de cosecha.

En un comunicado, Santander explicó que, para dicha campaña, los agricultores contarán con el Agroconfirming y el Seguro Agrario de Herbáceos “como principales novedades que el banco pone a disposición de los empresarios para reforzar su negocio”.

Desde la entidad financiera señalaron que Agroconfirming “responde a la necesidad de mayor financiación de estas empresas, debido a la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, que les obliga a que el cereal entregado esté previamente amparado por contrato, a que se conozca el precio y a que sea liquidado a los 60 días de la última entrega”.

De la misma forma, el banco anunció que “apoyará a los productores de cereal mediante el Anticipo Cosecha, por el que Santander anticipa los fondos esperados procedentes de la cosecha que los agricultores entreguen en su Cooperativa”.

Productos como el leasing, el renting o el Seguro Agrario son algunos de los productos más demandados por los clientes de Santander, “por lo que un total de 1.000 especialistas repartidos por las 1.100 oficinas agro del banco atienden a los más de 400.000 clientes con los que Santander cuenta en el sector agro”, señalaron desde el banco.

Además, Santander aseguró que va a respaldar al sector agroalimentario “mediante la tramitación de las Líneas de Financiación Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con aval de Saeca”. “Esta financiación, de hasta 40.000 euros y con un plazo de hasta cinco años, está destinada a los titulares de explotaciones agrarias, ya sean personas físicas o jurídicas, que suscriban dichos avales”, añadió.

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La presidenta del Senado, Pilar Llop, ha defendido que la reforma del artículo 49 de la Constitución, para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y modificar la terminología con la que se hace alusión a esta parte de la ciudadanía, “es una cuestión de dignidad y respeto a la diversidad”.

“Una democracia no es plena si no trata de la misma manera a todas las personas que la componen”, asegura Llop en una entrevista con la publicación ‘Cermi.es semanal’, en la que hace hincapié en la necesidad de que la Constitución se adapte a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Respecto de la paralización temporal a consecuencia de la pandemia de la tramitación de esta reforma constitucional, la presidenta del Senado declara que ya se ha reactivado la actividad parlamentaria, por lo que se va a “intensificar la tarea para tratar de abordar cuanto antes todas aquellas cuestiones que la crisis sanitaria ha obligado a aplazar”.

En cuanto a la reforma del Código Penal para erradicar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, práctica que sufren fundamentalmente las adolescentes y mujeres, Llop destaca que la toma en consideración de esta modificación legal fue aprobada por “una amplia mayoría” en la Cámara Alta. “Es una cuestión muy grave. Se trata de una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hay que velar por su protección y no utilizar sistemas que lo que persigan es situarlas en una posición de mayor vulnerabilidad frente a los delitos contra su libertad sexual. El respeto a la plena libertad sexual como un bien jurídico protegido es el mismo para cualquier mujer”, asevera.

Pilar Llop, que fue la anterior delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, señala también que “la violencia machista ataca en mayor proporción a las mujeres con discapacidad y con formas específicas de violencia que tenemos que detectar para poder combatirlas y erradicarlas. Por eso, es prioritario que tanto las víctimas como sus entornos sepan reconocer desde el primer momento estos comportamientos”.

Asimismo, indica que es “clave” que los recursos de atención a víctimas sean accesibles, al tiempo que manifiesta su preocupación por el incremento de la violencia de género durante el confinamiento: “Han sido muchas semanas de encierro y en muchos casos de aislamiento, con mujeres a merced de sus maltratadores y en situaciones límite. Creo que tenemos mucho trabajo por delante para atender el después de esta crisis y que los entornos sepan dónde están las señales de alerta; hay que estar muy atentos porque es una obligación cívica y humana”.

FONDO EXTRAORDINARIO

Preguntada por la eliminación por parte del Gobierno central de la partida de 1.000 millones de euros para gasto social dentro del fondo extraordinario no reembolsable para que las comunidades y ciudades autónomas puedan hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19, Llop afirma que “ahora se abre un tiempo nuevo en el que tendremos que diseñar cómo queremos salir, y donde sin duda se tendrá en cuenta toda esa capacidad que despliega la sociedad civil, que en muchas ocasiones son los brazos de la propia administración y llegan allí donde la estructura pública no alcanza”.

Por otro lado, la presidenta del Senado aborda la desigualdad territorial en el acceso a servicios sociales y sanitarios, indicando que “cohesión territorial y cohesión social van de la mano. No se entiende la una sin la otra”.

Además, pone en valor la función que desempeñan las instituciones, como es el caso de la Cámara Alta, que representa la pluralidad territorial. “La ciudadanía espera que las instituciones, a través de quienes las representamos, hablemos de lo importante. Cuando los debates y las decisiones no van por ese camino, nos alejamos de nuestra verdadera labor. Y cuando la crispación se convierte en lo normal, la ciudadanía se aleja de las instituciones”, abunda Pilar Llop.

SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

Entre los contenidos de la edición 395 de ‘Cermi.es semanal’ destaca una entrevista con la Directora de la Fundación Solidaridad Carrefour, María Cid, en la que subraya la “firme intención” de marcar, un año más, la ‘X Solidaria’ del Impuesto de Sociedades, como muestra del compromiso que tiene la Fundación y todo el Grupo Carrefour con el Tercer Sector.

Tal y como indica Cid, esta no es la única línea de colaboración, puesto que se trabaja en la inclusión social y la integración laboral, efectiva y real de personas en situación de vulnerabilidad desde el inicio de su actividad. Con el estado de alarma, además, según detalla, la Fundación ha facilitado artículos de limpieza y desinfección a entidades para evitar la expansión del Covid-19 y asistido a más de 10.000 personas en situación de urgente necesidad.

“A todos les diría, y me diría, que hay muchas maneras de salir de esto, pero “solo hay una buena manera” de hacerlo: juntos sin dejar a nadie atrás. Es el momento de apostar y demostrar la calidad humana que define a nuestra sociedad”, defiende Cid.

A su vez, el boletín también repasa la trayectoria personal y profesional de Cristina de Diego, artista ciega que ha dedicado su última obra a las víctimas de la Covid-19. Licenciada en Derecho y doble grado de Bellas Artes y Turismo, de Diego reclama una mayor accesibilidad en los museos. “De qué sirve un edificio accesible si una persona ciega no tiene un solo cuadro adaptado”, se cuestiona.

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El presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Salud (IDIS) y presidente de HM Hospitales, el doctor Juan Abarca Cidón, aseguró este viernes en ‘NEF online’ que «no hemos recibido ninguna orden» de la Comunidad de Madrid para rechazar pacientes con Covid-19 y «hemos aceptado en los hospitales privados tanto enfermos de la sanidad pública como de las residencias de mayores».

Así lo afirmó en este encuentro organizado por Nueva Economía Fórum ante la polémica de las residencias de mayores, sobre la que el doctor Abarca afirmó que en España hay más de 5.000 de estos centros que «no son hospitales». La crisis sanitaria provocó un grave problema «en poco más de cien residencias».

En la Comunidad de Madrid, «nosotros no hemos recibido órdenes de nadie y hemos aceptado pacientes de la sanidad pública y de estas residencias.

Por el contrario, señaló que rechazaron, al no tener camas suficientes, a más de 60 pacientes que venían de las aseguradoras, «pero no de la sanidad pública». Durante la pandemia recordó que durante esta crisis «estábamos bajo el mando único y pusimos nuestras camas a disposición de la Comunidad de Madrid».

Durante los peores momentos de la epidemia por el coronavirus, el presidente de IDIS recordó que en Madrid se atendían 3.000 ingresos diarios, por lo que «la Comunidad de Madrid no podía hacer más desde el punto de vista de la gestión».

A este respecto, destacó la labor de la Consejería de Sanidad de Madrid para coordinar el trabajo entre la sanidad privada y la pública. En cuanto a los pacientes, este experto subrayó que se tuvieron que tomar decisiones dolorosas por parte del personal médico, ya que con esta enfermedad del Covid-19 «no es cuestión de poner un respirador, sino que hay que salir del respirador.

«Todo lo que se ha hecho ha sido bajo indicación de los profesionales, que son los que priorizan y deciden qué pacientes tienen posibilidades de sobrevivir a una entubación durante tres semanas y cuales no la tienen», explicó.

Ante ello insistió en que esta pandemia «ha sido espantosa» y «hay que hacer una reflexión para sacar lo bueno de esto». «Espero que no haya un rebrote en octubre y espero que, si lo hay, sea muy leve».

Ante esta posibilidad, opinó que habría que construir el sistema «para que funcione lo mejor posible y que haya el mínimo número de fallecidos».

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