El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, expresó este viernes en el Congreso de los Diputados su preocupación por las multas impuestas durante el estado de alarma contra algunos colectivos, como las personas con discapacidad y sus familias o aquellas que llevaban comida a inmigrantes.
En su comparecencia ante el grupo de trabajo sobre Unión Europea de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, Beltrán expuso que estas sanciones podrían suponer «una vulneración de derechos fundamentales» no amparados por el estado de alarma.
En este sentido, subrayó que todos los países tienen «la potestad» de decretar estados de alarma por razones sanitarias como las presentes, siempre que estos «tengan una fecha fija, sean revisables y no inculquen derechos fundamentales, más allá de la libertad de circulación».
A su juicio, «ha existido arbitrariedad» en la imposición de multas y sanciones en este terreno, sobre todo «en el caso de ciertos grupos vulnerables», como «las personas con discapacidad (que por razones de salud estaban autorizadas a dar paseos terapéuticos pese al confinamiento) o aquellas que llevaban comida a inmigrantes. «Hemos expresado esta preocupación y la mantenemos», afirmó.
«A medida que avanzamos en la desescalada, nos empiezan a preocupar las vulneraciones del derecho de manifestación», explicó.
MELILLA
Preguntado por varios grupos de la oposición sobre la situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Melilla, Beltrán destacó que hay hasta 22 sentencias judiciales que avalan el traslado de personas migrantes a la Península desde Melilla por distintas razones. «Ninguna se ha materializado» hasta la fecha. «Esto era algo que nos preocupaba ya», indicó, «y ahora mucho más» debido al hacinamiento en este lugar.
En cambio, destacó la movilización a la Península y a otras instalaciones dentro de la ciudad de 200 personas pertenecientes a grupos vunerables (menores, víctimas de trata…). Además, pidió a los Estados europeos garantizar el acceso a la educación, la salud y la vivienda a todas las personas, con independencia de su situación administrativa.
Aclaró que Amnistía no ha llegado a pedir una regularización que incluya el permiso de trabajo y residencia, pero si el disfrute de «derechos sociales, económicos y culturales», que los Estados pueden asegurar a inmigrantes en situación irregular, afirmó.
Por otro lado, Beltrán recordó que todos los países están obligados por el derecho internacional a «evitar que (los seres humanos) puedan ahogarse en el mar» y a «rescatar a los náufragos. Asimismo, exigió acabar con «las devoluciones a países no seguros, como Libia».
VIGILAR AL VIGILANTE
En su intervención, se refirió al empleo de tecnologías digitales en el control de la pandemia que «sin duda tienen un papel decisivo para salvar vidas», pero «siempre dentro del respeto a los derechos humanos».
No estamos cuestionando el uso de la tecnología«, prosiguió, pero hay que vigilar que no limite la libertad de expresión y asociación, entre otras.
«Su uso debe ser proporcionado, razonable y limitado en el tiempo» y llamó a «no confrontar una respuesta a una emergencia de salud pública con el derecho a la privacidad».
Por ello, pidió que «la instalación de aplicaciones de rastreo en los móviles «sea absolutamente voluntaria y anónima». De lo contrario, constituiría «una herramienta de vigilancia masiva, prohibida por el derecho internacional».
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