Volta prevé haber fabricado unos 500 vehículos para finales de 2022, mientras que en 2025 esta cifra ascenderá a las 5.000 unidades

La 'startup' sueca Volta Trucks ha anunciado que comenzará la producción de su camión eléctrico Volta Zero en Reino Unido a partir de 2022, por lo que este año ya ha iniciado las pruebas de dicho vehículo con varios operadores logísticos europeos.

Tal como ha indicado Volta Trucks en un comunicado, la compañía prevé crear hasta finales de 2021 alrededor de 130 puestos de trabajo cualificados en automoción e ingeniería, con una plantilla que ascenderá a cerca de 150 personas para hacer frente a las necesidades de la construcción de este modelo.

El Volta Zero será un camión eléctrico de 16 toneladas diseñado específicamente para la distribución de paquetes en el centro de la ciudad. Tendrá una autonomía 'cero emisiones' de entre 150 y 200 kilómetros.

"Con el lanzamiento del Volta Zero, estamos cambiando el rostro del transporte por carretera. Volta Trucks está redefiniendo la percepción del gran vehículo comercial, y cómo opera y se integra en las ciudades cero emisiones del futuro", ha destacado el consejero delegado de la empresa, Rob Fowler.

El directivo también ha asegurado que la intención de la compañía es ahorrar hasta 2025 alrededor de 180.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.

"Para Volta Trucks, la electrificación es el medio para el fin. El fin del motor de combustión interna. El fin de la emisión de CO2 a nuestra atmósfera y el fin de los contaminantes nocivos que afectan la salud de las generaciones actuales y futuras", ha apostillado el fundador de Volta, Carl-Magnus Norden.

De cara finales de 2022, Volta Trucks prevé haber fabricado alrededor de 500 vehículos de este tipo, mientras que en 2025 esta cifra ascenderá a las 5.000 unidades.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha reconocido este jueves que se están registrando "problemas en algunos distritos y áreas" sanitarias de la comunidad autónoma para dar citas de "consultas demorables" de Atención Primaria, un nivel que, según ha indicado también, se ve sometido actualmente a una "presión muy importante" derivada de la pandemia del coronavirus, ya que "todo está recayendo" en ella, y eso "también lo están sufriendo los cargos de gestión".

"Todos estamos sometidos a una presión impresionante, lo cual hace que la gente se queme", ha dicho el consejero en una comparecencia en comisión parlamentaria solicitada por el Grupo Socialista en la que ha admitido "problemas de citas" de Atención Primaria pero para "consultas demorables", porque, según ha apostillado, "las no demorables y urgentes se atienden todas, tanto en centros de salud como en hospitales".

Ha concretado que son cuatro los distritos sanitarios en los que sí se dan "problemas" en "consultas de demora no presencial o por llamada telefónica que son demorables". Se trata de Granada metropolitano --donde la consulta media presencial acumula "una demora de siete días"--; Málaga norte --con una demora de "24 a 72 horas"--; Costa del Sol (Málaga) y norte de Almería, en ambos casos con una demora media de "24 a 48 horas", según ha precisado el consejero, quien ha aclarado que esas mismas cuatro zonas son las que presentan también ahora más "demora telefónica", de entre "siete y diez días".

Aguirre también ha pedido "disculpas" por situaciones "puntuales" de "aglomeraciones" que se han producido a nivel de Atención Primaria "a finales de agosto", y ha confiado en que en este mes de septiembre, con la incorporación de personal que ha estado de vacaciones en agosto, "se normalizarán algunas citas".

También ha defendido que la Consejería está "intentando quitarle presión a la Atención Primaria", así como que "comprende" que "muchos pacientes quieren tener la presencia" de su médico a la hora de pasar consulta, y, si estas atenciones "no son demorables", los pacientes serán "atendidos de forma rápida por su médico o enfermero".

REORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

En todo caso, el consejero, quien ha señalado que hay "mucho amplio margen de mejora" en la que la Junta está actualmente trabajando, ha destacado que la Atención Primaria ha tenido que reorganizarse y adaptarse a lo largo de los últimos meses debido a la pandemia del Covid-19 y a la presión epidemiológica.

Aguirre ha recordado que el coronavirus ha provocado un "cambio de modelo asistencial" marcado por la dinámica entre presencialidad y no presencialidad; la necesidad de establecer los dobles circuitos de asistencia a pacientes Covid y pacientes no Covid; el incremento de la visita domiciliaria; las consultas de primera valoración; la gestión propia de la agenda; la teleasistencia; y la responsabilidad asistencial en los centros sociosanitarios.

Se ha referido también a "la reorganización de la actividad de los Centros de Atención Primaria" en el periodo estival durante los meses de julio, agosto y septiembre. Un tiempo en los que está rigiendo un Plan de Verano "con una serie de nuevos condicionantes que no se han dado en años anteriores", según ha expuesto.

Ha agregado que estos condicionantes son "una necesidad imperiosa de descanso por los profesionales tras el trabajo titánico de los meses anteriores o la obligación de mantener el doble circuito de atención", así como "el hecho de que se han adelantado los rebrotes de Covid-19 que todo el mundo pensaba que se producirían en otoño e invierno", y que "este verano se han agotado las bolsas de facultativos y enfermería en la mayoría de las provincias, especialmente en las que hemos tenido más necesidad de contratación".

CIFRA "RÉCORD" DE TRABAJADORES

Según ha defendido, ante esta tesitura, la Consejería ha reaccionado destinando más recursos para poder contratar un mayor número de profesionales, tanto por refuerzo Covid como por Plan de Verano. "Esto ha supuesto más de 20.000 contratos --un 14,28% más que el año pasado-- y 120 millones presupuestados --un 18,13% más que el año pasado--", según ha explicado Aguirre, quien ha resaltado que, con todo ello, en agosto "hemos llegado a la cifra récord de plantilla del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con 118.179 trabajadores".

La capacidad asistencial durante los meses de verano se resume en que han funcionado en horario de mañana los 1.516 centros de atención primaria existentes, según ha abundado el consejero, que ha precisado además que, de los que durante el resto del año tienen actividad en horario de tarde, han permanecido abiertos durante las tardes 239, de los que 130 comparten su ubicación con los servicios de Urgencia de Atención Primaria.

Además, han estado disponibles otros 240 puntos de Urgencias de Atención Primaria, 206 equipos móviles de urgencias y 14 equipos móviles de cuidados avanzados de Enfermería. Finalmente, se han reforzado 40 centros de Atención Primaria y dotado de equipos móviles dobles en zonas de alto impacto turístico.

El titular de Salud ha resaltado que, "fruto de esta capacidad asistencial, en los meses de junio y julio se han realizado un total de 10.416.431 actos médicos y de enfermería, mientras que en el mismo período de 2019 fueron 8.460.288".

SEGUIMIENTO DEL CORONAVIRUS

Aguirre también ha puesto en valor "el papel fundamental" de la Atención Primaria durante el período estival "en la detección y seguimiento de los casos de Covid-19". Por ejemplo, ha asumido la realización de más del 70% de todas las tomas de muestras que se han realizado en la Andalucía tanto en los centros asistenciales, como en los más de 87 puntos AutoCovid, así como en la toma de muestras a domicilio, centros sociosanitarios y otras instituciones.

El consejero ha concluido señalando que "la Atención Primaria ha realizado un trabajo ingente, a veces no visible, preservando la seguridad de los ciudadanos y del propio profesional", dentro de "un modelo en continua revisión, monitorizado y con la capacidad de adaptación necesaria para dar respuesta a las necesidades epidemiológicas actuales".

PSOE-A ACUSA A LA JUNTA DE "FALTA DE RIGOR"

Por su parte, el portavoz socialista en la comisión, Jesús María Ruiz, ha lamentado la "falta de rigor" del Gobierno de la Junta en cuanto al número de rastreadores que están trabajando en la comunidad o a la incorporación de nuevos enfermeros para el curso escolar.

Ha subrayado que las propias organizaciones profesionales y sindicales del sector sanitario están desmintiendo con críticas los datos de Salud, y ha citado en concreto al presidente del Colegio de Enfermería de Jaén y al Sindicato Médico de Sevilla.

"O no conocen la realidad de la Atención Primaria o no quieren conocerla o no quieren reconocer la situación", ha lamentado el portavoz socialista, quien ha incidido en que las citas médicas tardan en asignarse más de 14 días, y ha denunciado el "colapso en los centros sanitarios, con la debilitación del estado de salud que implica en la ciudadanía que haya centros de salud y consultorios cerrados".

Ruiz ha criticado que la Atención Primaria esté en esta difícil situación pese a que en el Gobierno de la Junta "tienen recursos y han programado 130 millones para conciertos con la privada cuando se podrían destinar a la sanidad pública".

"Es cuestión de prioridades", ha resaltado, advirtiendo de que, como ha dejado claro la Organización Mundial de la Salud (OMS), los fallos en las labores de rastreo implican "una potencial cascada de contagios" y también de la "enorme presión" que padecen los profesionales sanitarios.

La consellera de Salud alerta del incremento "lento pero constante" de los ingresos hospitalarios

El Govern prevé aprobar el próximo lunes una normativa que permitirá a la Conselleria de Salud endurecer las restricciones en determinados barrios y municipios con alta incidencia de casos de COVID-19.

Así lo ha anunciado este jueves la presidenta del Govern, Francina Armengol, en una rueda de prensa en la que ha explicado que se están planteando medidas como reducir aún más los aforos, rebajar el máximo personas en reuniones sociales -de las diez actuales a cinco- o restringir las salidas del domicilio por la noche.

Estas medidas, que se aplicarían de forma específica para cada zona -es decir, no tienen por qué ser las mismas restricciones para todas las áreas señaladas como "zonas calientes"- tendrían una vigencia de 15 días.

En este sentido, Armengol ha adelantado que este viernes está prevista una reunión con representantes de Palma, Santa Maria, Inca, Deià, Esporles, Valldemossa, Marratxí, Alaró, Binissalem, Banyalbufar, Llucmajor, Ibiza, Sant Antoni, Ciutadella y Sant Lluís, además de con los consells insulares y Felib.

En todo caso, la jefa del Ejecutivo ha matizado que esto no significa que la semana que viene se vaya a actuar en estos municipios sino que se les va a informar de la situación ya que son los municipios con mayor incidencia.

Armengol ha evitado utilizar la palabra confinamiento para referirse a estas posibles limitaciones argumentando que lo que se impediría a la población serían las reuniones sociales o familiares -donde mayor es la transmisión del virus- y no la vida cotidiana como las compras, acudir al trabajo o a la escuela.

Esto iría acompañado, ha añadido, de más pruebas, más controles de las medidas de aislamiento y más limpieza, medidas "para ayudar a la población a protegerse".

NOTIFICACIÓN DE SALUD PÚBLICA

Por otro lado, Armengol ha avanzado que los casos positivos por COVID-19 en Baleares recibirán una carta de Salud Pública en su vivienda donde se le explica que debe estar obligatoriamente confinado en su casa durante 14 días.

En este sentido, se está trabajando para que Emergencias pueda trasladar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los cuerpos de inspección la información de las personas -guardando el debido control de la privacidad- que deben guardar aislamiento porque son pacientes positivos o porque son contactos estrechos para que controlen el cumplimiento de las medidas de aislamiento.

Armengol ha recordado que es "fundamental" y "obligatorio por ley" cumplir el aislamiento y que las personas que lo incumplen se enfrentan a sanciones de entre 100 a 3.000 euros, incluso multas mayores si hay agravantes.

INTERVENCIÓN EN SON GOTLEU

Por otra parte, desde esta semana el Govern interviene directamente en el barrio palmesano de Son Gotleu, una de las áreas con mayor incidencia de Covid-19.

Según ha explicado Armengol, se está desarrollando una acción comunitaria encaminada especialmente a concienciar a la población en el cumplimiento de los aislamientos y en la obligatoriedad de someterse a la prueba PCR si se es citado para ello.

Igualmente, en tres ubicaciones de la barriada se están realizando pruebas PCR en autobuses y no se descarta que estas medidas se trasladen a otros barrios, aunque no ha precisado a cuáles.

AUMENTO "LENTO PERO CONSTANTE" DE INGRESOS

Por su parte, la consellera de Salud, Patricia Gómez, ha alertado del incremento "lento pero constante" de los ingresos hospitalarios en las últimas semanas.

Según ha explicado, hasta este jueves hay 300 pacientes ingresados en planta (44 más que hace una semana) y 57 en UCI (16 más que hace siete días).

Gómez ha resaltado además el aumento de la tasa de positividad que se ha situado en el 12,5 por ciento de pruebas.

Ante estas cifras, la consellera de Salud ha indicado que el Palacio de Congresos está preparando su medicalización con 100 camas, ampliables a 200, y 300 de UCI y que "probablemente" el Palma Bay también se medicalice. Aún así, Gómez ha insistido en que la situación no es la de marzo pero quieren "estar preparados".

Sobre el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las labores de rastreo, la responsable de Salud ha explicado que el 15 de septiembre se podrían incorporar a las tareas los primeros 30 efectivos de los 100 que está previsto que presten apoyo.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha firmado este jueves, junto al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, un Protocolo de Actuación por el que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), a través del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se hará cargo de las labores de inspección y valoración de la actividad y alerta volcánica en la isla Decepción, en la Antártida.

En el acto, celebrado en el Observatorio Astronómico de Madrid, ambos ministros han expresado que con convenios como el de este jueves se contribuye a la proyección internacional de España en este importante ámbito geoestratégico y se envía un mensaje claro en el sentido de que, "por adversas que puedan ser las circunstancias, el compromiso de España y de este Gobierno con la ciencia es indeclinable", según informa el Ministerio de Ciencia e Innovación.

En este sentido, tanto Ábalos como Duque han destacado la importancia de la ciencia para el futuro de España, "lo que constituye una muestra más de las firmes intenciones de cooperación entre administraciones y de compromiso con la ciencia, la tecnología, la investigación y el conocimiento como palancas de progreso".

También, ambos ministros han coincidido en la relevancia que tiene reforzar el conocimiento de España en vulcanología y desarrollar un nuevo despliegue instrumental con importantes desafíos metodológicos que mejorará los sistemas de vigilancia y alerta volcánica.

NUEVAS RESPONSABILIDADES DEL MITMA

Las nuevas responsabilidades que asumirá el MITMA con este protocolo constituyen una extensión natural de las competencias del IGN. Desde el año 2004, el Observatorio Geofísico Central del IGN tiene la competencia de la vigilancia y valoración científica durante las posibles situaciones de emergencia volcánica en España.

Esta actividad es más significativa en las Islas Canarias, donde el IGN ha desplegado un sistema de alerta y vigilancia multidisciplinar con más de 150 estaciones constituidas por sismógrafos, gravímetros, estaciones GPS e instrumentación de técnicas geoquímicas que cubre todas las islas, y desempeña diversas responsabilidades en los planes estatales y autonómicos de Protección Civil ante el Riesgo Volcánico.

Con la firma de este protocolo, el MITMA, además de iniciar nuevas actividades como miembro del Comité Polar Español (CPE), establecerá un sistema de vigilancia volcánica aplicando los métodos y sistemas que ya emplea para la vigilancia volcánica de Canarias, asistiendo al CPE en las decisiones que le correspondan y, particularmente, en las comunicaciones de apertura o cierre de la isla durante las campañas científicas presenciales.

El nuevo sistema tendrá carácter continuado, permanente y fiable, e incluirá tareas de inspección, valoración de la actividad y alerta volcánica, manteniendo las series temporales de datos hasta ahora existentes, proporcionando continuidad a los estudios científicos sobre la zona, llevados a cabo por las Universidades de Cádiz y de Granada.

ISLA DECEPCIÓN

La isla Decepción es una Zona Antártica Especialmente Administrada de interés científico y turístico (con más de 20.000 turistas al año) gestionada desde el año 2000 por Argentina, Chile, Noruega, España, Estados Unidos y el Reino Unido.

Se encuentra a 120 kilómetros de las costas del continente Antártico y está separada por el Mar de Hoces (Estrecho de Drake) de las tierras de América del Sur, en el archipiélago de las Shetland del Sur, y es uno de los pocos volcanes activos de la Antártida donde se han observado erupciones en época reciente.

En la actualidad, España, mediante la Base Antártica Española (BAE) Gabriel de Castilla, mantiene presencia estable en la isla durante los meses de verano Austral, presencia que coordina el Comité Polar Español (CEP).

La vigilancia volcánica de la isla Decepción es imprescindible para la apertura de la BAE Gabriel de Castilla y el desarrollo de actividades en la isla. De hecho, se trata de uno de los volcanes más activos de la Antártida, con un registro de más de 20 erupciones explosivas en los últimos dos siglos.

La última fue en 1970 y dañó seriamente las bases científicas de Chile y Reino Unido, además de producirse numerosos episodios de "unrest" volcánico (desviación del comportamiento de fondo de un volcán, indicativo de actividad en su interior y que podría ser preludio de una erupción) en 1992, 1999, 2014-2015 y 2019.

Cruz Roja y Fundación Solidaridad Carrefour han presentado este jueves, vía streaming (tanto en Facebook, como en YouTube, Twitter y LinkedIn) la XII edición de la 'Vuelta al Cole Solidaria', una iniciativa que se celebrará, con carácter general, los días 4, 5 de septiembre (el día 6 en hipermercados de apertura) en 205 hipermercados de 48 provincias españolas.

Con esta acción, se promoverá la entrega de material escolar a favor de miles de familias en situación de riesgo social que están atravesando serias dificultades para poder hacer frente al importante gasto que supone el inicio del nuevo curso escolar, un escenario de por sí complicado en condiciones ordinarias, que se ha visto agravado a raíz de la crisis socio-económica provocada por la pandemia.

Por ello, Carrefour arranca de nuevo esta edición con la donación directa de 121.000 euros en material escolar, recursos con los que se estima poder dar cobertura a las necesidades en esta materia a miles de menores en situación de vulnerabilidad de toda España, un punto de partida al que se sumarán las aportaciones que realicen los ciudadanos en el marco de la presente campaña.

De este modo, la iniciativa tiene como objetivo reducir el gran impacto económico que va a suponer el inicio del nuevo curso para miles de familias en situación de vulnerabilidad, y contribuir a alcanzar una educación inclusiva y de calidad en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (Educación de Calidad) y a ayudar a empoderar a niñas, niños y adolescentes en una fecha tan significativa como es el inicio del curso escolar por muy atípico que se presente en el marco de la compleja situación actual.

El acto de presentación de la 'Vuelta al Cole Solidaria', celebrado vía streaming, ha contado con la presencia de la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea; el Coordinador General de Cruz Roja, Antoni Bruel; del responsable de la campaña en Cruz Roja, Fernando Cuevas, y del Vicepresidente y la Directora de Fundación Solidaridad Carrefour, Julien Veyrier y María Cid.

Más de 3.000 voluntarios y voluntarias de Cruz Roja serán los encargados de atender a las personas que se acerquen a los puntos de recogida ubicados en los hipermercados Carrefour para donar dicho material escolar (mochilas, cuadernos, bolígrafos, lápices, rotuladores etc.). Posteriormente, las diferentes Asambleas Locales de Cruz Roja serán las encargadas de distribuir el material escolar donado, entre las miles de familias en situación de vulnerabilidad con menores a cargo de cada una de las 48 provincias españolas beneficiarias.

En la pasada edición de la 'Vuelta al Cole Solidaria', fruto de la donación directa realizada por la compañía y las aportaciones realizadas por los ciudadanos, Fundación Solidaridad Carrefour entregó a Cruz Roja material escolar por valor de 566.253 euros, que sirvieron para dar cobertura a las necesidades en esta materia de 14.548 niños y niñas en situación de vulnerabilidad de toda España.

Cruz Roja Española y Fundación Solidaridad Carrefour trabajan conjuntamente desde el año 2001 a través de distintas iniciativas sociales cuya finalidad es contribuir a mejorar las condiciones de vida de colectivos en situación de vulnerabilidad. En abril de 2017, ambas instituciones renovaron por tres años más dicho convenio de colaboración, suscrito en 2001 para la atención de personas afectadas por situaciones de catástrofe o similares (incendios, inundaciones, nevadas y demás catrástrofes con población afectada).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este jueves en el Palacio de la Moncloa al responsable de Relaciones Exteriores del Partido Comunista Chino (PCCh), Yang Jiechi, un encuentro en el jefe del Ejecutivo ha apostado por potenciar la colaboración comercial con China y por un 5G seguro.

En la reunión, Sánchez ha explicado que considera imprescindible garantizar que el despliegue de estas redes se realice en las máximas condiciones de seguridad tecnológica, acceso a los datos, autonomía y privacidad.

Según ha explicado Moncloa, sendos mandatarios han hablado del interés de ambos gobiernos de que Sánchez realice un viaje oficial a Pekín, cuando las circunstancias lo permitan.

Asimismo, Sánchez ha destacado que las relaciones entre ambos países atraviesan un momento de "gran solidez" y ha expresado su deseo de profundizar en la Asociación Estratégica Integral en el marco de la Declaración Conjunta que Sánchez y el presidente de China, Xi Jinping, firmaron en 2018 durante la visita de Estado del mandatario chino a España.

AGRADECIMIENTO POR EL ENVÍO DE MATERIAL SANITARIO DURANTE LA PANDEMIA

En el encuentro, Sánchez ha agradecido las gestiones realizadas por parte del gobierno chino que facilitaron el envío de material sanitario y las donaciones que se realizaron cuando España atravesaba los peores momentos de la pandemia de coronavirus.

Además, Sánchez y Yang Jiechi han planteado diversas vías para incrementar la cooperación comercial en sectores de interés común y con potencial de crecimiento, como el vehículo eléctrico, el sector agroalimentario y el turismo.

Así, Sánchez ha destacado la importancia de lograr un mayor equilibrio en las relaciones comerciales y de inversión sobre la base de los principios de transparencia y reciprocidad en beneficio mutuo.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha apostado por apoyar el turismo chino hacia España, impulsando la apertura de nuevas rutas directas entre las principales ciudades españolas y chinas. Este creciente interés de China por España se evidencia, según apunta Moncloa, en que el español es una de las seis lenguas extranjeras del currículo de la enseñanza secundaria en el país asiático.

El Tribunal de Justicia de la UE (TUE) ha dictado este jueves que España no puede denegar el permiso de residencia a un ciudadano extranjero solo por que tenga antecedentes penales, por lo que asegura que la interpretación de la ley española se opone a la Directiva europea.

Según el fallo del TUE, para rechazar la petición de residencia se debe examinar específicamente la situación del solicitante y estudiar la gravedad del delito cometido y si puede representar para el orden público o la seguridad pública. Además se debe tener en cuenta el tiempo que lleva el solicitante con residencia en territorio español y la existencia de vínculos con España.

Por tanto, el tribunal con sede en Luxemburgo rechaza la interpretación de un juzgado de Barcelona que denegó de entrada la residencia de larga duración a tres nacionales de terceros países por la mera existencia de antecedentes penales de los interesados, alegando que esto impedía que le fuera concedido dicho estatuto.

Ante esto el TUE es claro y establece que se debe valorar caso por caso, de modo que "queda descartada la posibilidad de denegar el estatuto de residente de larga duración al interesado por el mero hecho de que tenga antecedentes penales, sea cual sea la naturaleza de estos".

Las residencias de Vizcaya han registrado en las últimas horas cuatro nuevos fallecidos, lo que eleva a 21 el número de usuarios con covid-19 que han perdido la vida desde que se iniciara la segunda ola de la pandemia. Además, los usuarios afectados por coronavirus ascienden a 179, lo que supone 15 menos que en el último recuento, y son 94 los trabajadores contagiados, mientras que 89 están en aislamiento, sin confirmación de covid-19, según los datos aportados por la Diputación vizcaína este jueves

En función de los datos recopilados por Servicio de Inspección y Control del Departamento de Acción Social, al cierre de la jornada de este pasado miércoles, 2 de septiembre, diez de las 155 residencias autorizadas en Vizcaya tienen residentes afectados, las de Truiuondo-Zamudio (11), IMQ Igurco Zorrozgoiti-Bilbao (17), Elorduy-Barrika (29), Ballesol-Bilbao (9), Centro Asistencial Elorrio-IFAS (20), Centro Asistencial Gallarta-IFAS (2), Albiz Santiago Llanos-Sestao (10), DomusVI Miraflores-Bilbao (4), Fundación Miranda (1) y Avellaneda-Sopuerta (1).

En conjunto, hay actualmente 104 personas usuarias en residencia con positivo confirmado, diez menos más que en el último recuento hecho público hace dos días. Además, 19 usuarios están hospitalizados, dos más que en esa fecha.

Por su parte, la cifra de personas usuarias en residencia curadas, y que han dado negativo en los test covid-19, se elevan a 1.646 residentes, con lo que se suman 12 personas más.

Entre los trabajadores de los centros residenciales, 94 empleados se encuentran afectados por covid-19 (uno menos) y otros 89 permanecen en aislamiento, aunque sin confirmación de padecer esta enfermedad (uno más).

Adicionalmente, la unidad especializada de carácter sociosanitario de Birjinetxe, para atender casos de infección por coronavirus, acoge a 88 personas. De ellas, 56 son personas usuarias de la red de centros residenciales y las 32 restantes, que se encuentran en situación de fragilidad, están realizando la cuarentena tras su ingreso hospitalario.

La Audiencia Provincial de Zamora ha desestimado el recurso de apelación presentado por el eurodiputado de Vox Hermann Terstsch, contra la sentencia de mayo de 2019 en la que se le condenó a pagar a Francisco Javier Iglesias Peláez, padre del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, 15.000 euros en concepto de daños y perjuicios, además de las costas judiciales.

Tertsch fue condenado por un delito de "intromisión ilegítima y vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen" después de que acusara en un tuit de marzo de 2018 a Francisco Javier Iglesias Peláez de participar en el asesinato de un policía en 1973.

En su mensaje afirmaba: "Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutiérrez asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie".

En su recurso, Tertsch apuntaba que la sentencia de primera instancia incurría en un error porque él no escribió el tuit dentro de su actividad profesional como periodista, sino como expresión de una opinión, por lo que matizaba que hay diferencias entre la libertad de información y de expresión.

Pero el tribunal de segunda instancia le responde que ese extremo se tuvo en cuenta y que "sólo hay que leer la Sentencia" para darse cuenta de que en uno de los fundamentos jurídicos ya dice que ambas partes (demandada y demandante) "ponen de manifiesto que la conducta del demandado fue ajena a la actividad de periodista".

DERECHO AL HONOR VS LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Además, le replica al político que si bien el derecho a la libertad de expresión prevalece sobre el derecho al honor, esto no es en términos absolutos y puede revertirse "en atención a las circunstancias concurrentes" atendiendo a dos parámetros: "Si las expresiones, opiniones o juicios de valor tenían interés general; y si en su difusión no se utilizaron términos o expresiones inequívocamente injuriosas o vejatorias".

La sentencia de 2019 concluía que el tuit "constituía una injerencia en el derecho al honor del demandante por no estar amparado por el derecho a la libertad de expresión", y ahora la Sala ratifica esta valoración en base al contenido del mensaje y las circunstancias concurrentes.

Y le replica a Tertsch que por mucho que pretenda sostener que su intención no era la de vincular al padre de Iglesias con el asesinato de un policía, "la redacción del tuit implica, precisamente esa vinculación". "Debe tenerse en cuenta que el demandado es periodista y, por eso, debe suponerse su habilidad para redactar precisamente lo que quiere expresar", aseveran.

INSISTE EN TUIT POSTERIOR

Después de esta crítica a su redacción del primer tuit, la Sala le recuerda que en otro mensaje posterior, Tertsch insiste en corroborar la vinculación de Iglesias con el asesinato al contestar al comentario de otro usuario de Twitter.

"Cuando un usuario pone de manifiesto que no era posible la participación del actor en los hechos que se produjeron durante la manifestación del 1º de Mayo, porque estaba en la cárcel por repartir propaganda ilegal cuando se cometió, contesta afirmando que la decisión de matar policías se toma antes, es decir, da a entender que pudo participar en la decisión y que, por tanto, el hecho de estar detenido o en la cárcel no tendría trascendencia", señala la sentencia literalmente.

A esto, suman que el contenido del tuit de Tertsch carecía de interés general porque se publica 40 años después de que se produjeran los hechos, y que el demandante no es un personaje público que deba estar expuesto a la crítica por su actuación en dicho ámbito. "El interés de lo expuesto no viene dado por el propio demandante, sino por su condición de padre de Pablo Iglesias", recalcan.

Por otro lado, sobre la impugnación de la cuantía de la indemnización, 15.000 euros y costas, la Sala recuerda que se fija atendiendo a jurisprudencia del Supremo, y añade que de la gravedad de los calificativos no cabe duda.

La comunidad autónoma de Extremadura mantiene en estos momentos 71 brotes de Covid-19 activos, que aglutinan a 906 casos positivos y a 3.069 contactos, y ninguno de los cuales se sitúa en centros residenciales.

Así, en Extremadura se han llegado a declarar 87 brotes en el total del periodo, de los que 16 ya han sido cerrados y los otros 71 "en su inmensa mayoría están acotados y algunos de ellos en franca regresión y en los próximos días podrán ser también cerrados", según ha desgranado en rueda de prensa este jueves en Mérida el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

De igual modo, se encuentran en situación de aislamiento social y de regreso a la Fase 2 un total de cinco brotes que afectan a seis localidades extremeñas (Alcántara, Alía, Villarta de los Montes, Valencia de las Torres que forma brote junto a la localidad de Llera que se confinó ayer; y a la finca La Barquilla perteneciente a la localidad de Barquilla de Pinares).

En este sentido, la Junta de Extremadura solicitará este jueves la autorización judicial para aplicar una segunda prórroga de la fase de aislamiento y regreso a Fase 2 para Villarta de los Montes, porque si bien si bien se va reduciendo "de forma importante" el número de personas infectadas dentro del brote en dicha localidad, "todavía la incidencia es lo suficientemente alta como para el menos durante 7 u 8 días siga manteniendo el aislamiento social y la Fase 2", ha explicado Vergeles.

Además, la Junta ha solicitado este jueves la autorización judicial para la primera prórroga --por un periodo de alrededor 14 días-- para el aislamiento social y la Fase 2 en la Finca La Barquilla, porque "aunque es verdad que van disminuyendo también los casos activos sigue teniendo una incidencia importante".

SIN BROTES EN CENTROS RESIDENCIALES

Por otra parte, el consejero de Sanidad ha destacado que "no hay" ningún brote de Covid-19 en este momento en centros residenciales de Extremadura, algo que según ha dicho "no es por casualidad" sino que obedece al plan de contingencia diseñado por la Junta.

Dicho plan, según ha recalcado, ha permitido entre otras cuestiones que en este periodo de 'nueva normalidad' hayan sido detectados 16 trabajadores positivos por Covid-19 que iban a empezar a trabajar en centros residenciales y que "antes de empezar a trabajar han sido apartados".

En este sentido, Vergeles ha añadido que el SES va a continuar realizando pruebas PCR a todos los trabajadores que se incorporen a centros residenciales por primera vez a los mismos o por regreso de trabajadores habituales de sus vacaciones, porque "los centros residenciales tienen una población muy vulnerable y por tanto todas las medidas son pocas".

Al mismo tiempo, ha recordado que en el periodo de 'nueva normalidad' "sólo" se detectó un brote en el CAM de Alcuéscar con un residente, en un centro que según ha apuntado no pertenece a gestión de la Junta sino del IMSERSO, aunque está siendo seguido desde Salud Pública de Extremadura.

Dicho residente en este momento está ingresado en un hospital y no hay nadie por tanto en dicho centro infectado.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha remodelado por sorpresa el Govern este jueves y ha sustituido a los consellers de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón; al de Interior, Miquel Buch, y a la de Cultura Mariàngela Vilallonga, ha explicado la Oficina del Presidente en un comunicado.

Según ha adelantado 'La Vanguardia', la decisión ya ha sido comunicada a los consellers y el presidente catalán busca con este movimiento afianzar a su Ejecutivo de cara a una posible inhabilitación.

En sustitución de Chacón, Torra ha nombrado al exdiputado del Parlamento Europeo, el economista Ramon Tremosa; en lugar de Buch ha situado al abogado Miquel Samper y al frente de la cartera de cultura prevé colocar a la exdiputada del Parlament Àngels Ponsa.

El jefe del Ejecutivo catalán ha firmado este jueves los decretos de nombramiento de Tremosa y de Samper, que tomarán posesión del cargo este jueves por la tarde a las 18.00 en el Palau de la Generalitat.

"El martes que viene el presidente firmará el decreto de nombramiento de Àngels Ponsa, que tomará posesión del cargo tras la reunión del Consell Executiu", expone la oficina.

El cambio en el gabinete se produce después de la disputa entre JxCat y el PDeCAT por las siglas de los primeros, que ha provocado una serie de bajas en el partido liderado por David Bonvehí en el que todavía milita Chacón, única integrante que queda del PDeCAT en el Ejecutivo de Torra.

Según el rotativo, la decisión de cesar a Buch responde a que el mismo conseller ha pedido dejar de encabezar la cartera.

Por su parte, Vilallonga, este mismo jueves en la inauguración del Fórum Edita ha expresado: "Es un honor inaugurar este foro como consellera de Cultura. Vete a saber si será la última vez que lo hago. No se sabe todavía".

Los fallecimientos de personas diagnosticadas con COVID-19 en Galicia se elevan a 651 desde que comenzó la pandemia tras la muerte de una persona usuaria de la residencia Orpea de Culleredo (A Coruña).

La Consellería de Sanidad ha informado en el parte sobre la incidencia de la COVID-19 de este jueves del deceso, registrado en el propio centro residencial en la jornada del miércoles.

En el día de ayer se notificaron seis fallecimientos en la Comunidad, todos ellos en hospitales. Las muertes han ido subiendo en las últimas semanas, con el aumento de los brotes y los contagios en la Comunidad gallega.

Desde la 'nueva normalidad' se han registrado un total de 31 decesos, el primero de ellos, el de una mujer el pasado 7 de agosto en Ourense. Antes de eso, Galicia había encadenado casi dos meses --desde el 10 de junio-- sin fallecimientos por esta enfermedad.

Un aumento del 10% en el precio de los cigarrillos provocaría presumiblemente una caída de entre un 4% y un 10% en las ventas legales, con un efecto dispar en función de las zonas geográficas, según un estudio realizado por un grupo de investigadores españoles que muestra la sensibilidad al precio del tabaco en las distintas provincias españolas.

Así, indican que si sube el precio de los cigarrillos en España, un consumidor que viva cerca de Gibraltar estará tentado a comprar cigarrillos más baratos en la colonia británica, mientras que un fumador residente en un pueblo de la sierra de Madrid no tendrá esa posibilidad.

Los resultados del estudio muestran que, aunque en provincias como Ourense, Soria, Lugo, Barcelona o La Rioja un aumento del 10% en el precio de los cigarrillos provocaría presumiblemente una caída de en torno al 4% en las ventas, existen provincias que reaccionarían de una forma aún más sensible, como es el caso de Cádiz, Sevilla, Málaga, Guipúzcoa y Lleida, donde ese descenso sería aproximadamente de un 10%.

Una de las conclusiones del estudio es que las provincias donde la elasticidad del precio es mayor son las ubicadas en zonas fronterizas con Francia, Andorra y Gibraltar y en territorios con alta afluencia de turismo extranjero.

Las conclusiones de este estudio han sido publicadas recientemente en la prestigiosa revista 'Nicotine & Tobacco Research', de la Universidad de Oxford, en un artículo de investigación bajo el título 'The price elasticity of cigarettes: new evidence from Spanish regions, 2002-2016' ('La elasticidad del precio de los cigarrillos: nuevas evidencias según regiones españolas, 2002-2016').

La motivación del trabajo de estos expertos, que matiza la relación entre el precio y las ventas de cigarrillos usando avances recientes en análisis cuantitativo, radica, en opinión de sus autores, en que parece razonable pensar que la sensibilidad del consumidor ante cambios en el precio no es la misma en todas las provincias españolas.

Los autores sostienen que cuando disminuyen las ventas legales de cigarrillos al aumentar su precio puede deberse a tres causas: que los consumidores abandonen el hábito tabáquico, que decidan acudir al mercado ilícito o que migren a otras labores legales de tabaco más baratas.

Aunque cuantificar el comercio ilícito no entra dentro del tópico principal del informe, el profesor Antonio Golpe ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que existe consenso en que valores tan altos en las elasticidades de precio de los cigarrillos pueden estar asociados a dos cuestiones: a la presencia de productos sustitutivos que absorben la caída o al comercio ilícito.

"En España, si se analiza la evolución del comportamiento de los productos sustitutivos, parece que no se cumple lo primero. Por ello, aunque requiere de un análisis más detallado, podemos aventurarnos que gran parte de dicha caída será claramente absorbida por el comercio ilícito, especialmente en las zonas más castigadas por éste (Cádiz, Sevilla, Córdoba)", ha señalado.

Tras las conclusiones iniciales alcanzadas, este grupo de investigadores ha emprendido una línea de trabajo más amplia que consiste en detectar si existen distorsiones en las zonas fronterizas que evidencien la existencia de comercio ilícito de tabaco y en explicar también cómo afectan las crisis económicas a las ventas de cigarrillos, dado que la recesión de 2008 provocó una reducción sin precedentes en las ventas legales de cigarrillos en España.

EL COVID-19 AFECTARÁ DE "FORMA ACUSADA" AL CONSUMO

Preguntado por el impacto de la crisis del Covid-19 en las ventas de cigarrillos, Golpe ha señalado en este sentido que las recesiones económicas impactan más sobre el consumo de cigarrillos que las expansiones económicas, por lo que "es de esperar que la recesión económica impacte en el consumo de cigarrillos de forma acusada.

Golpe ha explicado que el trabajo recién publicado no ha tenido en cuenta las consecuencias derivadas de la crisis del Covid-19, sin embargo, en otro trabajo que ya han enviado a revisión se presentan evidencias de una caída "bastante profunda" en las ventas legales de cigarrillos en zonas fronterizas con Francia (donde el diferencial de precios es muy acusado) y turísticas, con descensos mayores al 50% en varias provincias.

Analizando los datos publicados recientemente por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, se observa que el mercado de cigarrillos ha sufrido una caída interanual del 8% durante el pasado mes de julio.

En relación a las restricciones al consumo de tabaco y ocio nocturno con motivo de la pandemia, el profesor se ha referido a los cambios normativos de 2005 y 2011 que restringían el consumo en lugares públicos y ha afirmado que ambos provocaron una disminución en el consumo de cigarrillos (siendo de mayor magnitud el segundo). "En este contexto, parece razonable pensar que las restricciones impactarán en el consumo de cigarrillos", ha añadido.

Asimismo, el profesor ha explicado que distintos trabajos demuestran que 'shocks' negativos en el mercado laboral (aumentos en las tasas de desempleo) pueden causar caídas en las ventas legales de tabaco.

"En principio, a igualdad de precio, la recaudación impositiva claramente se verá mermada, pero hemos de tener en cuenta que posibles aumentos en el precio de las cajetillas para revertir esta situación pueden provocar una mayor caída en las ventas legales, por lo que, una política a priori destinada a mantener dicha recaudación mediante subidas de precios puede incluso reducir aún más dicha recaudación", ha explicado.

La pandemia de coronavirus ha impuesto unas estrictas medidas de seguridad en el Vaticano y en la agenda del Pontífice que, si bien retomó las catequesis de los miércoles en presencia de fieles, no tiene ningún viaje previsto para los próximos meses.

El último viaje de Francisco fue el 23 de febrero en Bari (Apulia) sur de Italia, donde participó en el encuentro el encuentro "El Mediterráneo, frontera de la paz" organizado por la Conferencia Episcopal italiana y que reunió a 59 obispos llegados de 20 países de la región para reflexionar sobre las amenazas y el futuro del Mediterráneo.

La última vez que atravesó las fronteras de Italia fue cuando visitó Tailandia y Japón del 19 al 26 de noviembre de 2019, en lo que constituyó su 32° Viaje Apostólico Internacional desde que se sentó en la silla de Pedro.

Algunos medios de comunicación italianos han apuntado incluso la posibilidad de que el Papa no retome las visitas a países extranjeros hasta el 2022, una posibilidad que no ha sido confirmada por el Vaticano. Sin embargo, fuentes internas descartan que se realicen viajes este año y señalan que la evolución de la pandemia, así que como el hallazgo de una vacuna o de alguna terapia efectiva, serán claves para decidir en el futuro.

Su agenda diaria también se ha visto afectada y ha reducido al mínimo los encuentros y visitas para minimizar el riesgo de contagio de coronavirus. De hecho se han suspendido los grandes eventos en los que estaba la presencia del Papa y se ha aplazado durante un año la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que estaba programada para realizarse en Lisboa en el año 2022 y que finalmente será el 2023. Lo mismo ha ocurrido con el próximo Encuentro Mundial de las Familias, previsto en Roma en junio de 2021, que se aplaza hasta el 2022 a fin de mitigar el riesgo de contagio de COVID-19.

Sin embargo, aunque el pontífice reducirá sus apariciones en público, seguirá trabajando en la redacción de documentos y discursos para el resto del año. De hecho, si bien no ha sido confirmado oficialmente por el Vaticano, algunos medios han filtrado que Francisco publicará su tercera encíclica en octubre bajo el título 'Todos somos hermanos'. El primero en anunciarlo fue el obispo de Rieti, Domenico Pompili, durante la presentación de las iniciativas previstas desde ahora y hasta 2023 por los ochocientos años de la Regla del Santo de Asís.

El verano de este 2020 ha cerrado con 202 fallecidos en las carreteras españolas, un 6% menos con respecto al año pasado, convirtiéndose así en el verano menos siniestro de la historia.

"Nunca ha habido un verano con menos fallecidos en la serie histórica", ha destacado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no obstante, ha advertido de que las cifras de fallecidos en las carreteras "nunca son buenos".

El ministro ha dado a conocer estos datos este jueves en la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT). En la presentación del balance de siniestralidad del verano de este año han estado también la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, y el director general de Tráfico, Pere Navarro, entre otras autoridades.

Según el balance de este verano, en julio se registraron 114 fallecidos, 3 menos que en julio del año pasado. Los días con más muertos fueron el 5 julio (10). En cuanto a agosto, hubo 88 muertos, frente a los 98 de 2019. El día más siniestro fue el 22 de agosto, con 8 fallecidos, aunque en este mes hubo dos días sin víctimas mortales. "Es el agosto con menos fallecidos de la serie histórica", ha subrayado el ministro.

La defensa del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha presentado un escrito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pidiendo que le devuelvan la condición de perjudicado en la pieza 'Dina' del caso 'Tándem', en la que se investiga el robo del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham.

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Iglesias carga contra el juez instructor Manuel García-Castellón al entender que cuando en mayo retiró esa condición de perjudicado a su defendido, se hizo siguiendo "la hipótesis del juzgador" que es "ajena a la naturaleza de la presente causa" y "carecía de elemento indiciario alguno del supuesto daño a la tarjeta".

En junio, el magistrado argumentó esa pérdida de la condición de perjudicado, señalando que a medida que evolucionaba la instrucción y con la aportación de datos nuevos, el escenario había cambiado. En este sentido, apuntaba que el líder de Podemos tuvo en su poder la tarjeta del teléfono de Dina Bousselham desde el 20 de enero de 2016 y que ocultó este extremo a Bousselham durante meses.

García-Castellón entiende que, al no devolverle a su propietaria la tarjeta de memoria del teléfono sustraído durante un periodo de tiempo indeterminado, esto tuvo consecuencias "en el esclarecimiento de los hechos investigados". Además, resaltaba que la información sustraída no se ha encontrado en dispositivos en poder del comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, anteriores al 14 de abril de 2016.

Pero la defensa de Iglesias se apoya ahora en dos documentos recientes para intentar recuperar la condición de perjudicados en la causa. Por un lado, explican que la testifical del responsable de la empresa 'Recuperación Express', Arron James Evans, deja patente que cuando recibieron la tarjeta en 2017 para recuperar sus datos, ésta "no presentaba daños".

Ese encargo a la empresa radicada en Gales fue solicitado por la pareja de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira. Y ahora, en la declaración del responsable solicitada por García-Castellón, este sostiene que la momoria SD les llegó "físicamente intacta" y que no presentaba cortocircuitos, si bien "no era accesible" usando el software especializado en recuperación de datos.

Además, sobre los trabajos que hicieron en la tarjeta, explicaban que eliminaron el revestimiento de plástico que cubre los contactos o pines y que por ende quedaron expuestas las filas de pines.

A este documento, la defensa de Iglesias suma el informe policial del 12 de agosto en el que se apunta que esa tarjeta presenta daños en la parte posterior izquierda producidos por el lijado de la cubierta protectora, y que sería compatible con un intento de recuperación del contenido de la memoria, una vez que se ha detectado un fallo en la controladora de la tarjeta que impide su normal funcionamiento.

El dispositivo contra los incendios forestales de la Región de Murcia ha dado por extinguido el incendio forestal declarado el pasado sábado en la Sierra de la Silla, entre los términos municipales de Mula y Bullas, informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

La superficie afectada asciende, según las primeras estimaciones, a 350 hectáreas, aunque esta cifra está pendiente de una valoración definitiva. Tras la extinción completa del incendio, los efectivos del Plan Infomur que permanecían en la zona se han retirado.

En las labores para sofocar el fuego, que se originó el pasado sábado y a mediodía del lunes se dio por estabilizado, han participado miembros de la Unidad de Coordinación de la Dirección General del Medio Natural (DGMN); brigadas forestales; bomberos; Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, entre otros.

También fue necesaria la intervención del Estado, con una Sección del Batallón III de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos helicópteros y brigadas forestales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado que los beneficios que tiene para los alumnos la educación presencial "superan a los eventuales riesgos" que existen en la vuelta a las escuelas este mes de septiembre como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

En el 34 Encuentro de la Economía Digital y Telecomunicaciones organizado por Ametic, Celaá ha señalado que con el inicio del nuevo curso escolar se está preparando la vuelta presencial a las aulas "con garantías de seguridad", aunque previendo que "el riesgo cero no existe, ni dentro de la escuela ni fuera".

En este sentido, ha remarcado que la escuela prepara espacios alternativos "más seguros que cualquier otro" y ha afirmado que para el Gobierno es "una prioridad" garantizar el derecho a la educación y a la salud de los niños, los jóvenes, los adolescentes y de todo el personal que desarrolla su actividad en los centros educativos.

"Si algo hemos aprendido en estos meses es que la presencialidad es insustituible. Los resultados de la presencialidad son tan beneficiosos que son irrenunciables", ha subrayado Celaá, quien ha incidido en que los beneficios para los alumnos de la presencialidad "son superiores a los eventuales riesgos".

En esta línea, la ministra de Educación y Formación Profesional también ha remarcado también que "si la sociedad está abierta, la escuela también". "Es más, debe ser la primera en abrir y la ultima en cerrar", ha apostillado.

PAPEL CLAVE DE LA DIGITALIZACIÓN

Por otro lado, Celaá también ha remarcado que con motivos de la pandemia del Covid-19 se ha tomado conciencia del "papel clave" que la digitalización ha tenido en todos los ámbitos de la vida y muy especialmente en la educación, ya que permitió continuar con la misma mientras la escuela estuvo cerrada.

En este sentido, ha afirmado que la revolución digital está cambiando de forma acelerada el contexto educativo y formativo, ya que las tecnologías digitales abren formas "cualitativamente distintas de generar conocimiento", y ha incidido en que la educación es el instrumento personal para que esta puerta a nivel de desarrollo personal y social esté "al alcance de todos".

"Es un cambio global de enorme envergadura en el que no podemos fracasar porque estaríamos hipotecando el futuro de nuestro país", ha subrayado Celaá, quien ha incidido en que el sistema de educación y formación de España "no puede quedarse al margen de este proceso".

El consejero delegado de la empresa inmobiliaria Century 21 New Estate, Javier Ortega, ha señalado que el sector inmobiliario va a sufrir una "inminente" caída de la demanda, entorno al 30%, y una acumulación de la oferta.

"Aunque hasta el momento había seguido con una cierta normalidad, no tiene sentido que, ante la crisis económica que estamos viviendo, el mercado inmobiliario continúe tan activo", ha asegurado Ortega, que cree que a partir de agosto la oferta será más susceptible a las bajadas de precios.

Así, considera que no será hasta 2023 cuando se produzca una recuperación total de los precios de la vivienda hasta alcanzar los niveles anteriores al inicio de la pandemia.

"Los precios bajarán más o menos en función de la ciudad y el barrio", ha resaltado Ortega, que explica que en los barrios mejor valorados el descenso será más leve, mientras que en los periféricos es donde será más evidente, dado que va ligado al nivel socioeconómico de los residentes en la zona.

Respecto a los alquileres, prevé que suceda lo mismo, aunque también piensa que la recuperación será "más rápida". "Desde el inicio de la crisis se han producido negociaciones de los precios de alquiler entre inquilinos y propietarios, que varían entre un 5% y un 15%, siendo más acusado en los barrios más económicos y menos en los barrios altos", ha añadido.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que el Gobierno va a "rediseñar un mecanismo de protección que sea específico" para Baleares, teniendo en cuenta su particular vulnerabilidad ante la crisis del Covid-19 debido a su especialización turística, al tiempo que también diseñará un sistema de protección que abarque "no sólo al sector turístico 'stricto sensu' sino a toda la cadena".

Así lo ha indicado en una entrevista al programa 'Al Dia', de IB3 Ràdio. Díaz se encuentra en Palma este jueves y viernes con motivo de la Mesa de Diálogo Social que se reúne para negociar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre.

Díaz ha asegurado que el Ministerio ha analizado en profundidad la especial incidencia de la crisis en el sector turístico "en sentido extenso" -ha mencionado, además de agencias de viajes y empresas de transportes, el ocio y la cultura-.

Así, la ministra ha avanzado que quieren arbitrar un mecanismo que abarque "no sólo el sector turístico 'stricto sensu' sino a toda la cadena", una de las reivindicaciones del tejido productivo balear.

LOS ERTE SE PROLONGARÁN MIENTRAS SEA NECESARIO

Díaz ha considerado que se puede dar por hecho "sin duda" que los ERTE se prolongarán, si bien ha apostillado que "no tiene mucho sentido poner fechas" a este mecanismo. En esta línea, ha declarado que los ERTE durarán "hasta cuando sea necesario" mientras haya "incertidumbre sanitaria". "Mientras no haya una vacuna, no hay ninguna certeza", ha reflexionado.

Igualmente, la ministra ha querido trasladar "un mensaje de tranquilidad" respecto a la solvencia del sistema para poder pagar las prestaciones de los ERTE. "No hay ningún riesgo de no poder pagar", ha aseverado Díaz, que no obstante ha pedido evitar "fraudes" con los ERTE.