El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido al Gobierno que lidera Pedro Sánchez promover en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles criterios "homogéneos y objetivos" en toda España para afrontar la segunda oleada del coronavirus y aparcar el "partidismo" que, a su juicio, ha mantenido contra el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. Según ha dicho, hay que intentar aglutinar "la protección de la salud con evitar la ruina económica".

"Aunque se han retrasado mucho en levantar este estado de alarma, le pedimos que en la reunión de pasado mañana lo hagan de inmediato y los criterios sean homogéneos y objetivos en toda España", ha demandado Casado en una rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP para presentar una proposición de ley del PP para reforzar la independencia judicial, al hilo de la polémica abierta para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tras recalcar que su partido exige la "retirada inmediata del estado de alarma en Madrid", ha señalado que las cifras "son tozudas" y el Gobierno de Sánchez "se ha dado de bruces con ellas. Así, ha dicho que la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la propia Comunidad de Madrid "han dejado muy claro que las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico estaban siendo eficaces en la bajada de la incidencia de contagios.

En este sentido, ha afirmado que el Ejecutivo de Sánchez tomó una medida "discrecional y arbitraria" contra el Gobierno del PP que, "no tomaron ni con Navarra, ni con Aragón, ni con La Rioja y no están tomando ahora con Cataluña, cuando tiene una incidencia ya superior a la que hay en Madrid". Es más, ha dicho que el Consejo de Ministros aprobó el estado de alarma el mismo día que la Comunidad de Madrid ya estaba "por debajo de 500 casos".

LE PIDE "RECTIFICAR" IMPULSANDO UN MARCO LEGAL PARA PANDEMIAS

Casado ha defendido criterios objetivos y públicos para todas las autonomías, y ayudarlas a hacer efectivas las medidas de restricción de movilidad con las Fuerzas de Seguridad o haciendo pruebas en puntos clave como aeropuertos o estaciones de tren. Además, ha señalado que "ayudar es tener un marco legal para pandemias" y ha recalcado que el PP lleva seis meses haciendo esa solicitud.

El presidente del PP ha echado en cara a Sánchez que lleve meses diciendo que no era posible un plan b alternativo al estado de alarma y ha dicho que estaba "mintiendo" porque él mismo ofreció a Isabel Díaz Ayuso aplicar medidas de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud de 1986. "A tiempo estamos de que el Gobierno rectifique trayendo una modificación legal o aceptando la nuestra para hacer un marco legal para pandemias", ha manifestado.

Al ser preguntado si desde el Gobierno se han puesto en contacto con el PP para dar un paso en este sentido y hablar sobre la situación de la pandemia, ha dicho que espera que ese contacto se produzca antes de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles.

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EVITAR LA RUINA ECONÓMICA

Durante su comparecencia, Casado ha afirmado que su partido se guía por criterios científicos y expertos, "no como el Gobierno, que tuvo que reconocer que cinco meses después que no tenía comité de expertos". "Tenemos que tender a un contagio cero y vamos a hacer todo lo posible para que así sea, haciendo posible aglutinar la protección de la salud con evitar la ruina económica", ha dicho.

En este sentido, Casado ha subrayado que él "siempre" ha defendido "el esquema coreano o alemán", de forma que se va confinando a los contagiados, rastreando a sus contactos y protegiendo a los enfermos mayores y más vulnerables "sin tener que paralizar linealmente la actividad económica porque los estragos sociales y el empleo están siendo terribles".

El líder del PP ha explicado que esa línea de actuación se tiene que llevar a cabo con "muchos test", con medidas de confinamiento y limitación de la movilidad donde sea necesario. En este punto, ha criticado la situación que ha provocado el estado de alarma porque no permite salir de la ciudad de Madrid y, sin embargo, permite "moverse entre distritos con muy distinta incidencia de contagios.

"Hay distritos cuyos habitantes podían ir a otro y contagiar a los de ese distrito. Por eso estábamos en contra del estado de alarma. No era una cuestión partidista sino una cuestión de expertos y de científicos", ha manifestado.

En este sentido, el líder del PP ha asegurado que su partido se remite a esos científicos para que lo que se acuerde esta semana sea "realmente eficaz y sin criterios partidistas contra la oposición en este caso".

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha celebrado este lunes que el Partido Popular plantee ahora una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) similar a la que la formación naranja defiende desde hace varias legislaturas. Sin embargo, se ha preguntado por qué ha tardado "35 años" en hacerlo y hasta ahora se había dedicado a "repartirse" a los vocales con el PSOE.

"Es una buena noticia", pero "llevo esperando 35 años a que el PP presente esa reforma", ha declarado en rueda de prensa telemática en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente. Según ha recordado, el sistema actual fue establecido por el Ejecutivo de Felipe González en 1985 y ninguno de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE lo han modificado.

"Llevan desde entonces "repartiéndose los vocales", ha criticado, resaltando que la última vez que se conocieron las maniobras de los partidos, a finales de 2018, fue "infame", con aquel mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, "jactándose de que podían dominar la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde atrás".

"COPUEN NUESTRA REFORMA, SE LA REGALO"

Bal ha constatado el parecido entre la reforma que defienden los 'populares' y la que propone Ciudadanos, rechazada por el Pleno del Congreso hace unas semanas con el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos y el apoyo del PP y Vox. Ambas pretenden que sean los jueces y magistrados, no el Congreso y el Senado, los que voten para escoger a doce de los veinte vocales del CGPJ, los de procedencia judicial.

"Le digo al PP que copien nuestra reforma, yo se la regalo", porque "lo que nos importa a Cs es que se hagan cosas buenas, no que se ponga alguien las medallas", ha manifestado, añadiendo que por ahora no han hablado con los 'populares' sobre esta cuestión.

Por otro lado, el diputado del partido naranja ha vuelto a pedir a los partidos del Gobierno de coalición que retiren la proposición de ley que han presentado en el Congreso para que esos doce miembros del CGPJ puedan designarse por la mayoría absoluta de las Cámaras en un plazo de 48 horas si en la primera votación no se alcanzan los tres quintos.

RECHAZA UN PODER JUDICIAL SUBORDINADO AL EJECUTIVO

Según ha advertido, esa propuesta del PSOE y Unidas Podemos es "una infamia y una aberración jurídica" que supondría que esos vocales se los repartiera "el Gobierno Frankenstein".

Es una "cacicada" que "aumenta el grado de politización del poder judicial" al dejarlo "prácticamente subordinado al ejecutivo", repartiéndolo entre "populistas y separatistas que lo único que pretenden es que a España le vaya mal, que sea un país débil", ha afirmado.

Bal ha rechazado la "disyuntiva falsa" que presentan los socialistas cuando sostienen que su reforma es la única alternativa posible ante la negativa del PP a pactar con el Ejecutivo --por la presencia de Podemos en él-- la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

El dirigente de Ciudadanos ha destacado que el planteamiento de su partido evitaría esos dos caminos y, además, va en la línea del espíritu de la Constitución, de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, de lo que reclaman las asociaciones judiciales y de los dictámenes de la Comisión Europea, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y los informes del Consejo de Europa.

Asimismo, ha indicado que la modificación del sistema de elección del CGPJ que quiere hacer el Gobierno de Pedro Sánchez supone "dar herramientas a los países 'frugales'" para denunciar la "degradación de la calidad democrática" y de la independencia del poder judicial en España y, con este argumento, intentar frenar las ayudas europeas pendientes de recibir frente a la crisis del coronavirus. También cree que sería un "bochorno" que la Comisión Europea impusiera sanciones a España por este motivo.

REFORMA DE LOS DELITOS DE SEDICIÓN Y REBELIÓN

Por otro lado, Bal se ha referido a la intención del Gobierno de reformar los delitos de sedición y rebelión antes de que finalice el año. "Es una reforma que no veo por ninguna parte por ahora", solamente "se han dicho generalidades e inconcreciones", ha comentado.

Se ha mostrado partidario de "mejorar la redacción" de estos delitos ante las "imperfecciones" que los propios jueces señalaron tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista. Lo que rechaza de plano es que "se utilice esto como arma política", ya que "con el Código Penal no se juega".

En este sentido, también ha prevenido contra posibles indultos a los condenados por el 'procés' porque "se han cumplido, por delitos muy graves, penas de cárcel todavía muy breves". A su modo de ver, esos indultos serían "una vergüenza, una ignominia" y "una afrenta contra el Estado de Derecho y la democracia".

El BNG y el PSdeG han coincidido este lunes al mostrar su rechazo a que se "culpabilice" a los estudiantes universitarios del incremento de contagios de la covid-19 en Santiago de Compostela en las últimas semanas.

De este modo, preguntada por los resultados del cribado en las residencias universitarias --14 positivos de 903 pruebas--, la jefa de filas del BNG ha considerado que "no se debe culpabilizar a ningún sector" de la transmisión del coronavirus.

"Creo que la Xunta está haciendo ese intento para no tener que dar la cara sobre los problemas reales", ha afirmado Pontón, que ha considerado que si hay un cribado que dice que "hay una afectación muy reducida" en el ámbito universitario "a lo mejor lo que están fallando son otras cuestiones".

En este sentido, ha denunciado la falta de rastreadores y de medios. "Yo lo que creo es que estamos en un momento en el que vemos en que las medidas adoptadas por la Xunta son insuficientes, que falta claridad, rastreadores, medidas reales para contener el virus", ha sostenido Pontón, que ha criticado que, "cada vez que hay un problema", la Xunta "en vez de buscar una solución, busca un culpable".

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha sostenido que "hay que hacer un llamamiento a que la gente joven asuma las normas de la covid" pero ha considerado que de forma mayoritaria "hay un comportamiento ejemplar" entre los jóvenes.

"ESCAPAR DE SIMPLISMOS"

"No vamos a criminalizar a la gente joven que forma mayoritaria está teniendo también un comportamiento responsable y adecuado", ha argumentado el socialista, que ha asegurado que los resultados de las pruebas no han mostrado datos elevados de contagios entre los jóvenes y ha pedido "escapar de simplismos".

"La salida de esta crisis hay que hacerla entre todos y para eso no podemos buscar estigmatizar a ningún sector de la sociedad, mucho menos a la gente joven, y lo que hay es que pedir prudencia a todos", ha apuntado.

Todo ello en una intervención en la que se ha mostrado "muy preocupado" por el aumento de casos en toda Galicia y, especialmente, en Ourense, una provincia con una población especialmente envejecida.

"MOVIMIENTO DE PERSONAS"

Pedro Puy, portavoz parlamentario del PPdeG, se ha remitido a lo que "dicen las autoridades sanitarias", que ha considerado que trabajan con "buena información y buen asesoramiento técnico". Así, ha considerado que lo que sucede en la capital gallega "es lo que está ocurriendo en otras ciudades" en donde como consecuencia del inicio universitario "hay movimiento de personas", como pasó en verano o con otras circunstancias como el turismo o vacaciones.

El dirigente popular se ha referido a otras ciudades como Granada y Salamanca, que han experimentado una evolución similar de casos con el inicio del curso universitario, al tiempo que ha recordado que Santiago de Compostela es una de las ciudades con mayor proporción de estudiantes frente a su población fija. Con todo ello, Puy ha apuntado que "no es nadie" para señalar y que "todos debemos ser responsables".

"Comportamientos irresponsables los hay en todas las edades", ha apuntado el portavoz popular, quien ha dicho que lo que "importa" es que cuando hay una "circunstancia", en este caso el "inicio académico que, de por sí, no significa nada", se haga una llamada a la "responsabilidad".

Pedro Puy ha recordado que el conjunto de la enseñanza no se ha revelado como un foco de expansión, sino que "parece que todo lo contrario". Así las cosas, ha apelado a la "llamada a la responsabilidad, a todas las personas, de todas las edades", que "debe de ser constante".

La Consejería de Salud ha endurecido las medidas en el barrio cartagenero de San Antón debido a la alta incidencia de COVID-19 que se ha registrado en los últimos días. Las nuevas restricciones afectan especialmente a los locales de hostelería de la zona y los comercios minoristas.

De esta forma, los aforos en bares y restaurantes de San Antón se reducen al 40% en el interior de los establecimientos y al 75% en las terrazas. Por su parte, las tiendas de alimentación y bebidas permanecerán cerradas desde las diez de la noche a las seis de la mañana, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Asimismo, Salud ha hecho especial hincapié en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, tanto en las personas mayores de 65 años como en aquellas que pertenezcan a colectivos vulnerables, por lo que aconseja que permanezcan en sus domicilios, a excepción de para la realización de actividades de carácter esencial o imprescindible, reduciendo al máximo su interacción social.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha recordado que "la evolución de la pandemia sigue empeorando en Cartagena y no nos podemos permitir el lujo de bajar la guardia. Si no ponemos todos de nuestra parte para frenar los contagios, las medidas que Salud ha adoptado para el barrio de San Antón se tendrán que imponer en otros barrios. Lo más importante en este momento es la salud de todos".

Todas estas medidas son de carácter temporal y van acompañadas de la obligación de cumplir todas y cada una de las pautas generales de prevención e higiene recogidas en la normativa vigente.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha celebrado este lunes que el Partido Popular plantee ahora una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) similar a la que la formación naranja defiende desde hace varias legislaturas. Sin embargo, se ha preguntado por qué ha tardado "35 años" en hacerlo y hasta ahora se había dedicado a "repartirse" a los vocales.

"Es una buena noticia", pero "llevo esperando 35 años a que el PP presente esa reforma", ha declarado en rueda de prensa telemática en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente. Según ha recordado, el sistema actual fue establecido por el Ejecutivo de Felipe González en 1985 y ninguno de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE lo han modificado. "Llevan desde entonces "repartiéndose los vocales", ha criticado.

Bal ha constatado el parecido entre la reforma que defienden los 'populares' y la que propone Ciudadanos, rechazada por el Pleno del Congreso hace unas semanas con el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos y con el apoyo del PP y Vox. Ambas pretenden que sean los jueces y magistrados, no el Congreso y el Sennado, los que voten para escoger a doce de los veinte vocales del CGPJ, los de procedencia judicial.

"Le digo al PP que copien nuestra reforma, yo se la regalo", porque "lo que nos importa a Cs es que se hagan cosas buenas, no que se ponga alguien las medallas", ha manifestado, añadiendo que por ahora no han hablado con los 'populares' sobre esta cuestión.

Por otro lado, el diputado del partido naranja ha vuelto a pedir a los partidos del Gobierno de coalición que retiren la proposición de ley que han presentado en el Congreso para que esos doce miembros del CGPJ puedan designarse por la mayoría absoluta de las Cámaras en un plazo de 48 horas si en la primera votación no se alcanzan los tres quintos.

Según ha advertido, esa propuesta del PSOE y Unidas Podemos es "una infamia y una aberración jurídica" que supondría que esos vocales se los repartiera "el Gobierno Frankenstein". Es una "cacicada" que "aumenta el grado de politización del poder judicial" y lo deja "prácticamente subordinado al ejecutivo", repartiéndolo además entre "populistas y separatistas que lo único que pretenden es que a España le vaya mal, que sea un país débil", ha afirmado.

La Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades de Barcelona, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), se ha implicado en la protección del patrimonio dañado por la guerra y el Estado Islámico en la ciudad de Raqqa, en el norte de Siria.

La IMF-CSIC supervisará a distancia los trabajos de organizaciones locales mediante una metodología específica y desarrollada para este fin, lo que permitirá una actuación "eficaz y segura", así como la formación de profesionales locales, ha informado este lunes en un comunicado.

Concretamente, los monumentos sobre los que se trabajará son las murallas de la ciudad de Raqqa, el palacio Qsar al-Banat, la gran mezquita de Al-Mansur, y la Mezquita Al-Hamidi, que además de los deterioros causados por el conflicto, están expuestos "a la inestabilidad estructural, la intemperie, el saqueo o el vandalismo".

Los trabajos se realizarán a través de un proyecto financiado por el British Council en colaboración con el Department for Digital, Culture, Media and Sport, dentro del programa Cultural Protection Fund, y que cuenta con un presupuesto de 100.000 libras esterlinas, algo más de 100.000 euros.

El proyecto permitirá la estabilización de cuatro monumentos "de gran importancia histórica y artística", pero también dotará a los profesionales locales de los conocimientos para realizar nuevas actuaciones en otros elementos dañados, según ha destacado el CSIC.

La Consejería de Educación, a instancias de la Consejería de Salud, ha suspendido la actividad lectiva presencial en el IES Santa Cristina de Lena, en Pola de Lena, para facilitar la realización de un cribado de PCR para la detección de casos de coronavirus entre el profesorado y el personal no docente.

El Principado ha adoptado esta decisión después de que Salud confirmara cuatro positivos por coronavirus entre docentes sin una relación aparente y trasladara la necesidad de llevar a cabo un rastreo dirigido más amplio. El IES Santa Cristina de Lena tiene este curso una matrícula de 327 estudiantes y una plantilla compuesta por 52 docentes y 4 profesionales de servicios.

La actividad lectiva permanecerá suspendida hasta que Salud conozca los resultados del cribado y determine si procede recuperar las clases presenciales.

Cada centro educativo asturiano cuenta con un protocolo de actuación adaptado a sus necesidades, que cumple con las recomendaciones sanitarias.

El manejo de los casos vinculados a colegios e institutos se realiza de acuerdo con la Guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19, que está sometida a constante revisión. Ese documento establece que "si se considera que se da una transmisión no controlada en un centro educativo se realizará una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo".

El circuito de comunicación diseñado entre las consejerías de Educación y Salud otorga prioridad a la información de las familias afectadas directamente por la detección de síntomas o por los confinamientos.

El hombre que fue detenido este pasado domingo como presunto autor del atropello a su exmujer y a una amiga en el barrio de Blanquerna, en Palma, pasará este martes a disposición judicial.

Según ha informado fuentes de la Policía Nacional en declaraciones a Europa Press, se prevé que durante la mañana de este martes el detenido como presunto autor de atropellar a su exmujer y su amiga, en el cruce de calle Blanquerna con Miguel Marqués este domingo, pase a disposición judicial.

Ambas mujeres requirieron, después de haber sido atropelladas, de asistencia médica y fueron trasladadas a un centro hospitalario de la ciudad. Actualmente, según fuentes policiales, la exmujer habría sido ya dada de alta, mientras la amiga continuaría hospitalizada.

EL ATROPELLO EN CALLE BLANQUERNA

En cuanto al atropello ocurrido este domingo, la Policía Local de Palma ha informado que acudieron al lugar del suceso, que se produjo entre las 13.30 y las 14.00 horas en el cruce de Miguel Marqués con la calle Blanquerna, por un accidente de tráfico.

Sin embargo, han matizado, una serie de circunstancias llevaron a los agentes a considerar que no se trataba de un incidente accidental sino de algo intencionado.

Por esto, el hombre, quien fue sometido a la prueba de alcoholemia y dio negativo, fue detenido y posteriormente puesto a disposición de la Policía Nacional.

El jurado del Premio Paco Camarasa de novela negra ha hecho públicas las cinco novelas que optan a alzarse con la primera edición de este galardón, creado por nueve festivales del género en España.

'La noche del caimán', de Diego Ameixeiras (Fondo de Cultura Económica), 'Otoño lejos del nido', de Ángel Gil Cheza (Suma de letras), 'Progenie', de Susana Martín Gijón (Alfaguara), 'Herencias colaterales', de Lluís Llort (Alrevés) y 'Los solitarios', de Álvaro Arbina (Ediciones B), son las obras que optan a alzarse con el galardón.

Al 'Paco Camarasa', que se concede a una novela editada en el año en curso, solo pueden optar autores menores de 45 años, o mayores cuya obra nominada sea su estreno en el género negro. Nace con la intención de dar visibilidad al ganador e impulsar así su carrera literaria.

Este premio, de periodicidad anual y sin dotación económica, pretende convertirse en uno de los más prestigiosos dentro del género. El vencedor recibirá un trofeo y asistirá como invitado a los nueve festivales organizadores para promocionar y divulgar su obra. El jurado está compuesto por los directores de los citados festivales.

Los certámenes 'negros' que impulsan esta iniciativa son la Semana Negra de Gijón, BCNegra, Getafe Negro, el Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca, Pamplona Negra, Valencia Negra, Las Casas Ahorcadas de Cuenca, Aragón Negro y Granada Noir. Hubo unanimidad para bautizar el premio con el nombre de Paco Camarasa, en homenaje al emblemático librero valenciano, barcelonés de adopción, que regentó la desaparecida Negra y Criminal, librería de referencia para todos los lectores del género, hasta poco antes de su fallecimiento.

Su figura está asociada para siempre a la literatura de calidad, a la vocación por un género que contribuyó a popularizar y a la divulgación del mismo, así como al descubrimiento de nuevos autores, elementos que siempre estuvieron presentes en la filosofía libresca de Camarasa. El premio también nace con la intención de apoyar, en la medida de lo posible, al sector editorial de España, "ni mucho menos ajeno a la difícil situación debido a la pandemia".

Diversas entidades que tienen como objetivo la defensa y la promoción de la familia, presentaron el jueves el manifiesto 'Por la libertad de los padres en la educación de sus hijos', un evento donde un globo aerostático en vuelo cautivo con una gran pancarta que llevaba escrito el mensaje 'Familia, libres para educar'.

El manifiesto fue leído por algunos de los firmantes del mismo, como el presidente de la federación madrileña de familias numerosas (Fedma), José María Villalón; la concejal de familia de Villanueva del Pardillo, Yvonne Gallego; la gerente de la Fedma, Elena Fernandez; y la presidenta de la asociación de Familias Numerosas de Madrid, María Menéndez.

"Los ataques a la familia para desnaturalizarla y convertirla en una suerte de realidad de convivencia diversa y relativa, hacen que sea una tarea ineludible demandar e interpelar por la defensa de la familia como célula básica de la sociedad y anterior al Estado o a cualquier otra forma de administrar y dirigir la sociedad. Y la defensa de la familia con hijos, para que los padres tengan garantizada la libertad de educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas, ideológicas y filosóficas", señalan.

Todo ello garantizado y rubricado, refrendado y amparado por la Constitución Española (artículos 27.1 y 27.3), por sentencia del Tribunal Constitucional (74/2018), por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26.3), por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 18.4), por el Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de París (artículo 2)", expone Menéndez.

Estas organizaciones piden la libertad de los padres en la educación de sus hijos, pues consideran que los padres "tienen y deben ser los primeros y principales educadores de sus hijos". "El papel del Estado es garantizar que los padres puedan ejercer el deber y el derecho de educar a sus hijos. El derecho de adoctrinar en la escuela vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos", añaden.

La Policía Nacional detuvo el fin de semana a cuatro personas acusadas de resistencia y desobediencia a la autoridad, tras participar en una concentración no comunicada sobre negacionismo de la pandemia de Covid-19.

Las tres primeras detenciones, correspondientes con personas de 28, 47 y 52 años, fueron practicadas por componentes de una Unidad de Intervención Policial (UIP) en el centro de Pamplona, lugar donde se produjo la mencionada concentración. Los asistentes a esta movilización no guardaban la distancia de seguridad y varios de ellos iban sin mascarilla. Por ello, los agentes procedieron a identificar a algunos de los manifestantes y conminarles a cumplir las normas en reiteradas ocasiones, según ha informado la Policía Nacional.

Sin embargo, los tres detenidos se negaron a ponerse la mascarilla, tomando una actitud desafiante y burlesca contra los agentes e instando al resto de participantes a enfrentarse con la Policía.

De esta forma, se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales. Posteriormente los manifestantes se trasladaron a las puertas de la Jefatura Superior de Policía para protestar por los arrestos. En ese momento un cuarto individuo de 51 años penetró dentro de las instalaciones, comenzando a increpar y a grabar a los allí presentes, por lo que fue también detenido por resistencia y desobediencia.

En la concentración de este fin de semana en Pamplona se pudieron leer carteles con mensajes como "el virus se cura con abrazos" o "la mejor vacuna son los abrazos".

Los positivos por PCR detectados en miembros de la comunidad educativa obligan a la Consejería de Educación a cerrar cinco nuevas aulas en la Comunidad, medida que afecta concretamente a cinco grupos de Burgos, seis de León, dos de Palencia, cinco de Salamanca, nueve de Valladolid y cinco de Zamora.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos. En estos momentos, hay un total de 130 aulas en cuarentena en Castilla y León, según los datos facilitados por la Administración autonómica.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a alumnos y profesores que hayan mantenido contacto estrecho con los casos positivos.

En estos momentos, hay un total de 130 aulas en cuarentena en Castilla y León de las que cuatro son de Ávila, 32 en Burgos, 10 en León cinco en Palencia, 29 en Salamanca, seis en Segovia, otras seis en Soria, 33 en Valladolid y cinco en Zamora.

Asimismo, ya se conocen los primeros resultados de las pruebas PCR realizadas por los equipos COVID-colegios a los miembros de la comunidad educativa que han entrado en cuarentena. En total, desde que empezara el curso, se han confirmado 141 casos de alumnos y 20 de trabajadores con PCR positiva.

La Junta de Castilla y León recuerda a los padres de los niños que estén pendientes de resultados de PCR que no los lleven a su centro educativo hasta que no termine el periodo de cuarentena.

El portavoz de Ciudadanos en la Cortes de Castilla y León, David Castaño, ha rechazado la creación de una Comisión de Investigación sobre las residencias durante la primera oleada del Covid-19, una solicitud que ha sido registrada este lunes por PSOE, Podemos, UPL y Por Ávila en las Cortes, al tiempo que la ve "una estrategia de desgaste", aunque ha reseñado que su grupo sí estaría dispuesto a negociar la puesta en marcha de una global sobre la pandemia.

Castaño ha aclarado la afirmación a la que ha hecho referencia el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, sobre unas declaraciones del responsable de la formación naranja en torno a su apoyo a la Comisión que hoy han registrado. "Yo dije en su momento que la apoyaría en función de que se cumpliera o no el punto tres del Acuerdo para la Recuperación", ha defendido en referencia al apartado en el que se requería un informe sobre lo vivido en los centros, algo que sí ha presentado el Ejecutivo regional.

No obstante, Castaño ha defendido que siempre abogó por una Comisión de Investigación sobre la gestión del Covid, "transversal", y no únicamente sobre residencias. "En esta se podrían negro sobre blanco si es que hay que hacerlo", ha defendido el portavoz de la formación naranja en las Cortes, quien ha considerado que habría que valorar si esta Comisión debería impulsarse en el Congreso

"Yo lo que creo es que esto, lo que es, es un acto político de desgaste", ha señalado Castaño, quien ha lamentado que al PSOE no le guste el informe de la Junta sobre residencias, un documento que, como ha explicado, no deja de ser "un punto de partida" para una nueva Ley de Atención Residencial.

"Ante un intento claro de desgastar determinada Consejería nosotros decimos no", ha asegurado Castaño, quien ha insistido en que sí apoyaría una comisión de investigación sobre el Covid en la que "habría que valorar hablar con el presidente y el vicepresidente del Gobierno, no sé si en el Congreso o aquí, para que expliquen por qué ellos no nos trasladaron información que podría haber salvado vidas".

Endesa ha explicado este lunes a través de un comunicado que la turbidez del caudal del Eume "es un fenómeno natural que no entraña ningún riesgo sanitario y que no tiene efectos adversos sobre la flora o la fauna del río".

Para ello, ha aludido a un informe emitido por la Cátedra de Ingeniería del Terreno de la Universidad de A Coruña al respecto, un dictamen que, indica Endesa, "coincide en la línea adoptada por la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Pontedeume para mejorar la estación municipal de tratamiento de agua potable".

El informe, apunta Endesa, destaca que la compañía "realiza de forma sistemática y permanente el seguimiento de la calidad del agua, lo que facilita el estudio", así como que "el cambio de color y transparencia del agua del Eume obedece al incremento del número de partículas de arcilla que es transportada en suspensión". Advierte, igualmente, que la arcilla se presenta "en partículas de muy pequeño tamaño", por lo que "su decantación es normalmente lenta en ausencia de agentes coagulantes".

Del mismo modo, el informe estima que la turbidez "no ha propiciado ningún deterioro en cuanto a la calidad química o microbiológica del agua", por lo que excepto las adaptaciones necesarias para que la estación depuradora asuma una carga de sedimentos superior a la habitual, "el aumento de la turbidez no entraña (o ha entrañado) un incremento del riesgo sanitario o para la salud de las personas", destaca el informe apuntado por Endesa, que "tampoco constata efectos adversos cuantificables sobre la fauna o la flora del río Eume o de su entorno.

La Cátedra de Ingeniería del Terreno indica que la causa del fenómeno es "un episodio de lluvia intensa concentrada acaecido en la cuenca del Eume el pasado agosto". "Dicho episodio coincidió con una situación de nivel bajo de la lámina de agua del embalse. La combinación de ambas circunstancias condujo a una importante resuspensión y arrastre de sedimentos", puntualiza.

La Junta de Andalucía ha apuntado este lunes el "gran quebranto" que a nivel de ingresos hospitalarios y fallecimiento de pacientes supone la entrada del covid-19 en las residencias de mayores de Andalucía, donde unas 40 de ellas --el seis por ciento-- se encuentran afectadas por la enfermedad, de modo que para evitar nuevos casos la estrategia andaluza se centra en la realización de PCR a los empleados a fin de detectar asintomáticos.

"A todos los que entran a trabajar le estamos haciendo una PCR y estamos intentando aislar al máximo las residencias", ha apuntado en declaraciones a los medios desde Huércal-Overa (Almería) el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien ha señalado que actualmente el 94 por ciento de las 1.107 instalaciones que hay en la región están libres del virus.

Al respecto, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha apuntado durante su visita a Almería que la entrada del coronavirus a las residencias de la tercera edad se ha dado de una manera "diferente", especialmente a través de "trabajadores asintomáticos" una vez finalizado el verano, por lo que para contenerlo ha habido que adaptar planes de contigencia y protocolos.

Ruiz, que ha rebajado a un 4,2 por ciento el número de residencias afectadas en Andalucía, ha incidido en la necesidad de prevenir los contagios de "personas mayores, con patologías" en estas instalaciones, ya que cuando el virus entra "nos tememos siempre lo peor".

Ambos consejeros se han felicitado además por la desmedicalización la pasada semana de la residencia 'El Zapillo' dos meses después de que se identificara un brote que ha afectado a 120 personas y ha dejado 16 fallecidos afectados por covid-19. La titular andaluza de Igualdad ha agradecido la "enorme labor" de los trabajadores y de la dirección del centro para conseguir que la residencia está "absolutamente libre de virus".

El que fuera director de Recursos Humanos de la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco) Gabriel Barrero ha declarado este lunes como acusado en el juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla sobre las subvenciones autonómicas concedidas a dicha sociedad, una pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y las ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad, señalando la "premisa" de que la Junta de Andalucía sufragaría el ERE promovido en 2003 por Acyco con "condiciones muy favorables" para los empleados a prejubilar, quienes aceptaron "encantados" su salida de la entidad.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha reanudado este lunes la vista después de que el juicio comenzase el pasado 9 de septiembre y de la resolución de las cuestiones previas planteadas por las partes. Respecto a tales cuestiones previas, recordemos que el tribunal ha denegado excluir del juicio a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía afectados o juzgados en la causa judicial relativa al denominado como "procedimiento específico" mediante el cual eran financiadas las subvenciones para los ERE o para las empresas.

Aunque los citados acusados señalaban el supuesto afán "globalizador" de aquella causa juzgada por la Sección Primera de la Audiencia con la conocida sentencia condenatoria para 19 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía sentados en el banquillo, entre ellos varios de los acusados en este otro procedimiento, la Sección Tercera ha resuelto que los hechos juzgados ahora "no han sido objeto de enjuiciamiento con anterioridad ni, en concreto, en el denominado procedimiento específico" juzgado por la Sección Primera.

Así, una vez tomado conocimiento del reciente fallecimiento de uno de los acusados, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, víctima de una neumonía, la vista ha sido reanudada contra el resto de los acusados, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano; Encarnación Poto como presidenta del consejo de administración de Acyco; el director de Recursos Humanos de la empresa, Gabriel Barrero; el abogado José Miguel Caballero; los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo y Andrés Carrasco Muñoz, amigo de Guerrero y prejubilado con cargo al ERE promovido en esta empresa pese a no formar parte de su plantilla.

DECLARA EL PRIMER ACUSADO

Gabriel Barrero ha sido el único acusado que ha prestado declaración este lunes, optando por responder sólo a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado defensor. El que fuera director de Recursos Humanos de Acyco ha explicado a preguntas del fiscal que en 2002 la empresa afrontaba una situación "no muy halagüeña" y, por aquel entonces, había contratado a la consultora Deloitte para esclarecer entre otros aspectos si era "necesario" promover un ERE en la plantilla, porque la misma estaba envejecida frente a unas instalaciones de perfil especialmente moderno y pesaba la "consciencia de que sobraba personal".

En ese contexto, según sus palabras, el abogado José Miguel Caballero, también acusado en la causa, le habría telefoneado en nombre de la firma Garrigues para plantearle directamente esa "posibilidad" de promover un ERE en Acyco, tras lo cual en febrero de 2003 se habría celebrado una reunión en la que Francisco Javier Guerrero, como director general de Trabajo de la Junta, habría mostrado a Encarnación Poto y a él mismo su "disposición a apoyar" a la empresa para el citado ERE.

No obstante, ha admitido que no le "consta" que Poto formalizase mediante documento oficial su solicitud de ayuda a la Consejería de Empleo.

LAS "CONDICIONES"

En cualquier caso, ha precisado que a su entender, el ERE partía de la "premisa" de que la Junta de Andalucía costeaba las prejubilaciones de las 35 personas afectadas, en "condiciones muy, muy favorables". Tanto es así, según ha expuesto, que los 35 trabajadores aceptaron "encantados" su inclusión en el ERE, entre ellos Encarnación Poto, también acusada en esta causa por su papel como presidenta del consejo de Administración de Acyco.

Empero, Barrero ha alegado que él no tuvo "nada que ver" con el "plan social" diseñado para el ERE, de cuya elaboración se encargó la firma Garrigues, según ha asegurado, defendiendo en paralelo que "el único criterio" para la inclusión de empleados en el ERE era tener cumplidos los 52 años a la fecha de 31 de diciembre de 2003 y que Poto cumplía dicha condición.

Además, Gabriel Barrera ha alegado que él sólo tuvo un papel "testimonial" en el protocolo firmado posteriormente entre Encarnación Poto y el recientemente fallecido Francisco Javier Guerrero sobre las pólizas de las prejubilaciones del ERE. Según ha dicho, sólo acompañó a Poto a la firma del documento a la sede de la Consejería de Empleo y horas después, al leer al detalle el documento del protocolo, se percató de que en el mismo figuraban como beneficiarias de las prejubilaciones dos personas ajenas a Acyco y no estaba incluida Poto pese a haber sido prejubilada.

Según ha dicho, él mismo alertó personalmente a la firma Garrigues de dicha "incidencia" y desde el citado despacho le habrían respondido después que el asunto había sido elevado a la compañía Vitalia, encargada de los cálculos correspondientes a las prejubilaciones, porque se trataría de un "error material".

LA "LIQUIDEZ" FACILITADA POR LA JUNTA

Con relación al citado despachó, ha explicado que tiempo después, la firma Garrigues reclamó a Acyco dinero por su trabajo en el ERE de 2003 y la empresa derivó tales reclamaciones a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, de nuevo bajo la "premisa" de que la Junta pagaba "todo" el ERE, incluyendo los servicios prestados por Garrigues.

No obstante, ha narrado cómo en 2009, Acyco "aprovechó la liquidez" que suponía el ingreso del 75% de una ayuda autonómica para el "pago parcial" de la cuantía que reclamaba Garrigues, si bien ha negado que dicha subvención destinada a contrataciones de personal cualificado fuese solicitada en realidad para afrontar el dinero solicitado por Garrigues.

Simplemente, según ha asegurado, fue "aprovechada una oportunidad para ir solucionando" aquella cuestión, desligándose él de la "decisión" de aquel pago y de la materialización del mismo.

Ha testificado además un abogado que prestó servicios para el entonces Grupo SOS, actualmente Deoleo, a cuenta de la adquisición de Acyco por parte de dicho grupo empresarial. Este letrado ha manifestado que Encarnación Poto era "una persona con alto grado de relaciones sociales, políticas y sindicales", pero ha negado que SOS la mantuviese en el consejo de administración de Acyco por tal extremo y ha esgrimido que la misma fue posteriormente destituida como consecuencia de las pérdidas que afrontaba la entidad.

La sesión del juicio ha sido suspendida antes de lo previsto, al tomar conocimiento el tribunal de que una hija del abogado defensor de Antonio Albarracín ha arrojado un resultado positivo en una prueba de coronavirus Covid-19, lo que ha obligado a dicho letrado a ausentarse.

Además, aunque para este martes está prevista la comparecencia del exconsejero Antonio Fernández, ha trascendido que el mismo ha decidido acogerse a su derecho a no prestar declaración.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha censurado la decisión del Ministerio del Interior de acercar a una cárcel del País Vasco al "sanguinario" jefe de ETA José María Arregui Erostarbe, alias 'Fiti', de quien recuerdan que tiene "15 asesinatos a sus espaldas" y fue inductor, entre otros, del atentado contra la casa-cuartel de Zaragoza.

"Marlaska traspasa la última línea roja", ha señalado la AVT en un comunicado difundido a los pocos minutos de conocerse la decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de trasladar a otros cinco etarras, entre ellos 'Fiti', de 74 años de edad y que ya fue acercado a finales de 2019 a Asturias en un movimiento cuestionado por las víctimas del terrorismo por ser un preso con delitos de sangre y aprobarse el traslado en plena negociación de investidura.

La AVT lamenta, como en anteriores ocasiones, que Interior ponga fin a la política de dispersión con los presos de ETA sin exigir antes colaboración con la Justicia. "El Gobierno de España ha vuelto a decepcionar a las víctimas del terrorismo tras la decisión de acabar con la última línea roja que le quedaba en materia penitenciaria", dice.

La asociación que preside Maite Araluce recuerda que el de 'Fiti', uno de los dirigentes etarras del colectivo Artapalo que cayó en la histórica operación policial contra la cúpula etarra en Bidart en 1992, es el "primer acercamiento de un preso de ETA a una prisión propia del País Vasco sin que exista motivo de salud y marca un nuevo hito en la política penitenciaria.

ACERCAMIENTOS MASIVOS

La AVT critica los cinco nuevo acercamientos y la concesión de un tercer grado para Ibon Etxezarreta Echaniz. La asociación cree que se trata ya de "acercamientos masivos" por parte del Gobierno, que se autorizan sin colaborar con la Justicia, "verdadero síntoma de arrepentimiento para poder valorar el pronóstico favorable de reinserción de los presos".

Para ello la AVT pone el ejemplo del propio Etxezarreta Echaniz, condenado por los asesinatos de Juan María Jáuregui Apalategui, José María Korta Uranga y el de Santiago Oleaga Elejabarrieta. Este etarra --continúa la AVT-- que "presume en las televisiones de su arrepentimiento" luego, como ocurrió en un juicio reciente a 'Anboto', "no recuerda nada".

"Empiezan a ser preocupantes los núcleos de presos etarras que se están formando en algunas cárceles", añaden, citando el caso de Logroño, que ya roza la veintena de presos de la banda.

A Logroño van dos de los cinco etarras acercados este lunes. Alicia Saez de la Cuesta Martínez de San Vicente, que fue condenada por el asesinato del suboficial de la Guardia Civil Alfonso Parada Ulloa, y Ugaitz Pérez Zorriketa, en este caso condenado a 15 años por actividades ligadas a la 'kale borroka'.

Garikoitz García Arrieta, por su parte, pasa de Valencia a la prisión de Álava en una decisión que Interior ampara en la Ley de Protección de Datos, mientras que José Ignacio Armendáriz dejará Herrera de la Mancha para ingresar en Burgos. En este último caso cumple una condena de 25 años por terrorismo, atentados y asociación ilícita.

"Todos los que no tuvieron una pizca de humanidad hoy el Gobierno de España les vuelve a complacer con el gesto de poder cumplir sus condenas cerca de sus domicilios", concluye el comunicado de la AVT.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí) a 20 meses de inhabilitación por no acatar las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) y tramitar resoluciones relacionadas con el proceso independentista, y ha absuelto a la exdiputada de la CUP Mireia Boya de los mismos hechos.

La Sala Civil y Penal también ha impuesto a los cuatro condenados una multa de 30.000 euros a cada uno, la misma cantidad que solicitó la Fiscalía, y en la sentencia, detalla que la pena de inhabilitación especial incluye la prohibición de ocupar cargos electos y de ejercer funciones de gobierno o administración, tanto a nivel local, provincial, autonómico, estatal o supraestatal, durante un año y ocho meses.

Además, el tribunal impone a cada condenado el pago de un 10% de las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular, que ejerció la Abogacía del Estado, y considera que actuaron a sabiendas de estar incumpliendo las resoluciones del TC, de forma conjunta y concertada, con "actuaciones personales, conscientes y voluntarias, alentadas por una determinada ideología política compartida libre y legítimamente por todos ellos".

En el juicio, que se celebró del 21 al 24 de julio, se discutió la tramitación de las resoluciones de la Cámara catalana relacionadas con el proceso soberanista, que la Mesa tramitó en la legislatura anterior y que fueron reiteradamente impugnadas por el TC, además de la ratificación en el pleno del Parlament de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente y los Presupuestos de 2017, que incluían una partida supuestamente dedicada a financiar posibles referéndums y que fue declarada inconstitucional.

Asimismo, se condena a los exmiembros de la Mesa por tramitar la propuesta de ley del referéndum y de transitoriedad jurídica, que la Cámara votó en los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, así como la resolución de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

ABSOLUCIÓN DE MIREIA BOYA

En el caso de Boya, el tribunal ha acordado la absolución por unanimidad porque no fue advertida personalmente por el TC y, como no era miembro de la Mesa del Parlament, "no ostentaba una posición de intervención" en la tramitación de las resoluciones.

En este sentido, la sentencia expone que para cometer un delito de desobediencia es necesario tener una condición de autoridad o funcionario, de modo que el implicado "se encuentre en disposición de cumplir o, por lo menos, de impedir u obstaculizar el cumplimiento de lo que se ordena en la resolución judicial, bien porque sea el destinatario de la misma bien porque, aun no siéndolo, sea el competente para llevarlo a cabo".

La Fiscalía pidió para Boya la misma pena que se ha impuesto a los exmiembros de la Mesa del Parlament, mientras que la Abogacía del Estado pidió al tribunal que le impusiera una condena de un año y cuatro meses de inhabilitación.

INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA

Durante el juicio, las defensas esgrimieron que la tramitación de resoluciones está amparada por la inviolabilidad parlamentaria, y reprocharon que el tribunal encausara "unos hechos de naturaleza política como respuesta del Estado a una ideología disidente".

El tribunal desestima el argumento al sostener que "la inviolabilidad parlamentaria debe decaer cuando su ejercicio se aparte de la finalidad que lo justifica, que no es otra que la de asegurar, a través de la libertad de expresión de todos los parlamentarios, la libre formación de la voluntad institucional del correspondiente órgano legislativo", y considera que los exmiembros de la Mesa actuaron al margen de sus funciones como parlamentarios.

"No puede erigirse en razón para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del TC, ni puede servir en modo alguno de argumento para que la Cámara autonómica se considere legitimada para atribuirse la potestad de vulnerar el orden constitucional", añaden los magistrados sobre la inviolabilidad parlamentaria.

Además, apuntan que la ideología independentista de los parlamentarios es asumible por el ordenamiento jurídico constitucional e intranscendente, en sus palabras, para el Código Penal: "En definitiva, aunque pudiera parecer ocioso tener que decirlo, no es cierto que aquí se juzgue la ideología de los acusados".

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha confirmado este lunes 255 nuevos positivos de coronavirus en la comunidad relativos a este domingo. Durante el domingo se registró el fallecimiento de dos varones, de 77 y 88 años, sin vinculación con centros residenciales sociosanitarios.

La tasa de positividad se sitúa en el 8,1%, tras haberse realizado este domingo 3.146 pruebas PCR, según indican desde el Gobierno asturiano. El Servicio de Vigilancia Epidemiológica continúa con las investigaciones para determinar los vínculos de los nuevos contagios confirmados.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) informa de que en las últimas 24 horas se han producido 11 ingresos por coronavirus. En total, hay 223 pacientes con PCR positiva hospitalizados en planta y 35 en UCI. Por otra parte, se produjeron cinco altas epidemiológicas.

Ante la actual situación, las autoridades sanitarias piden a la ciudadanía que forme su burbuja social para frenar los contagios y brotes familiares.

El portavoz del grupo parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha manifestado que se siente "cómodo" con la postura de su formación, liderada por Pablo Casado, de rechazar la moción de censura presentada por Vox, pero también la gestión que realiza el Gobierno de Pedro Sánchez.

Preguntado por el debate de la moción que tendrá lugar a partir de este martes en el Congreso, Puy ha reflexionado sobre que "la polarización de la política española no es buena en ningún sentido, ni para combatir la pandemia ni para superar la crisis en la que estamos".

Al hilo de su reflexión, destacó que la democracia española ha sido "consensualista" y se ha caracterizado por "grandes acuerdos". Así, ha sostenido que las fuerzas políticas más "centradas" políticamente hablando deberían ser capaces de "atraer" de los "extremos" al centro al resto de formaciones o de "llegar a acuerdos que minimicen el impacto del populismo de izquierdas o derechas".

Con este telón de fondo, Puy ha dicho que sobre la moción de censura "deben decidir" los compañeros del grupo parlamentario del Congreso, si bien ya se ha adelantado que el PP no está de acuerdo con ella. "Le corresponde a ellos decidir", ha dicho, en referencia a expresar cómo no apoyar la moción y, al tiempo, tampoco "apoyar" al Gobierno.

Para el dirigente popular también es una "buena oportunidad" para que el PP "manifieste a los españoles cuáles son sus intenciones, su programa y presentarse como el gran partido liberal reformista conservador" que es.

Puy ha insistido en que se siente "cómo con la postura del PP", pero "se sentiría muy incómodo si alguien de fuera de su grupo" hiciese público la "postura" que tiene que adoptar su formación parlamentaria. "Creo que lo están enfocando bien 'no estoy de acuerdo con la moción y tampoco con lo que hace el gobierno", ha expresado Puy, para zanjar sus explicaciones

"CRISPAR" Y "TENSIONAR"

Mientras, tanto nacionalistas como socialistas gallegos han coincidido al considerar que la iniciativa presentada por el partido liderado por Santiago Abascal solo busca "crispar" y "tensionar" la política en un momento en el que los esfuerzos deben de estar centrados en hacer frente a la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia.

En este sentido, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha dejado claro que su formación no va a apoyar esta moción de censura de la "extremaderecha" que lo "único que hace es introducir más crispación y más descrédito en la política" en un momento en el que "los ciudadanos están preocupados por qué pasa con su salud, su futuro, sus empresas o su empleo.

"Lo que va a hacer el PP no lo sé", ha manifestado Pontón, que ha censurado que "últimamente" los populares estén "más pendientes de la extrema derecha que de los problemas de la ciudadanía". "El que define la estrategia política del PP le está haciendo un gran favor a Sánchez", ha considerado.

En esta línea, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha calificado de "irresponsable" la iniciativa presentada por Vox que solo "busca tensionar" con "argumentos populistas, demagógicos y falaces" y que "no tiene posibilidad de salir adelante.

En este contexto, ha aprovechado para pedirle al PP que "abandone" también la "estrategia de la confrontación" y ha contrapuesto la "actitud responsable" de la oposición en Galicia con la "oposición populista e irresponsable" que hacen "la derecha y la ultraderecha" en la política estatal.

Casi mil estudiantes de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (UGR), incluidos los del Centro adscrito de La Inmaculada, están citados para prueba serológica rápida en el pabellón de Fuentenueva de la institución académica para conocer si pueden tener Covid-19 antes de incorporarse a sus prácticas en centros educativos.

Así lo ha informado este lunes la UGR, que ha actualizado los datos de incidencia del coronavirus entre su estudiantado, con un acumulado hasta el 16 de octubre de 399 positivos y 739 contactos estrechos asociados de entre 50.394 estudiantes de Grado y Posgrado matriculados en el curso 2020-2021. La tasa de incidencia, incluyendo a 145 sospechosos y 39 posibles contactos estrechos, se sitúa así en 26,23 casos por cada mil.

Entre el 10 y el 16 de octubre, esto es, en la semana en que entró en vigor la medida dictaminada por la Junta suspendiendo las clases teóricas presenciales de la UGR para frenar la expansión del coronaviurs en Granada, se han contabilizado 124 positivos y 163 contactos estrechos asociados. La tasa de incidencia, incluyendo a 52 sospechosos y nueve que están pendientes de investigación, se situó en 6,91 casos por cada mil.

En cuanto al personal, de entre 7.100 empleados, la UGR también ha informado de que se han registrado entre el 10 y el 16 de octubre 18 positivos y 53 contactos estrechos, con una tasa de incidencia, incluyendo a once sospechosos y diez pendientes de investigación, de 12,96 por cada mil, un dato también a la baja.

Por lo demás, fuentes consultadas en la UGR han señalado a Europa Press que la adaptación, desde el pasado jueves, a la impartición de las clases teóricas de forma virtual se ha realizado con normalidad, partiendo de la base de que prácticamente el 50 por ciento de las mismas ya se estaban dando 'online' en el marco del modelo de semipresencialidad con que había comenzado el curso.

Algunos profesores optan por dar sus clases desde casa, y otros las retransmiten desde el aula, según el material necesario, y dependiendo de circunstancias y materias, han detallado estas fuentes, en el inicio de la que será la única semana íntegra con esta medida en vigor, si no es prorrogada, pues, en principio, no estaría ya vigente el próximo lunes al articularse en un principio para diez días naturales.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido este lunes que la regulación de los precios de los alquileres --que pactaron con Unidas Podemos para formar el Gobierno de coalición-- debe incluirse en la ley de vivienda en la que ya están trabajando, y no en los Presupuestos, como piden la organización del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Además, ha pedido esperar hasta que se normalizado el mercado de la vivienda, que se está viendo alterado por la pandemia.

"Estamos dispuestos a seguir hablando, pero creemos que el momento más adecuado es cuando se despejen todas las incertidumbres del mercado de la vivienda. Y el encaje jurídico que entendemos más adecuado es la ley estatal de vivienda", ha asegurado el también secretario de Organización del PSOE en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido en Ferraz, tras la Comisión Ejecutiva Federal, al ser preguntado al respecto.

De este modo, Álbalos ha descartado prácticamente la posibilidad de aprobar ya esta regulación, argumentando, en primer lugar, que la situación actual de pandemia está haciendo que el mercado no se esté comportando de forma normal. "Por lo tanto, sería importante tener una análisis más adecuado del comportamiento del mercado para ver exactamente esta situación cómo se plantea", ha explicado.

LA LEY DE VIVIENDA, "EL MEJOR MARCO JURÍDICO"

Y en segundo lugar, ha defendido que el marco jurídico que considera más apropiado para llevar a cabo esta regulación es la ley de vivienda en la que ya está trabajando el Gobierno y su Ministerio, y cuyo anteproyecto ya ha sido llevado a debate público. "Creemos que puede ser el marco jurídico en el que encaje este instrumento. Esta es nuestro visión hoy", ha recalcado.

Aún así, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de llevar a cabo esta regulación porque así se plasmó en el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos para formar la coalición. "Ese es un compromiso que tenemos que cumplir. La cuestión es cuándo debemos cumplirlo", ha reconocido. Además, ha recordado que ya dieron el primero paso, que era el de elaborar un índice de precios de los alquileres en las zonas tensionadas.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha alertado por fuertes vientos y lluvias intensas en amplias zonas de la Península, por la llegada de un temporal atlántico denominado 'Bárbara', según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este lunes ya se comenzarán a notar los efectos en el noroeste peninsular pero a partir de mañana se extenderán por el oeste y la mitad norte con la formación de la borrasca llamada 'Bárbara'.

El viento predominará con rachas de 80 km/h en amplias zonas de la Península y se superará los 100 km/h en zonas altas de montaña. Además, este martes es probable la existencia de precipitaciones en el oeste peninsular, especialmente en la parte occidental del Sistema Central, donde se esperan acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas en puntos de Salamanca y norte de Cáceres.

Por ello, Protección Civil recomienda ante fuertes vientos asegurar puertas, ventanas y aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción. También extremar las precauciones a la hora de subir a andamios sin las adecuadas medidas de protección.

En el caso de conducir con fuertes vientos, se debe extremar la precaución, especialmente a la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido.

Ante la presencia de vientos costeros, se recomienda alejarse de la playa de lugares bajos que puedan estar afectados por las mareas y oleajes, así como evitar aparcar cerca de estas zonas. También recuerdan que el mar en estas condiciones adquiere unas condiciones extraordinarias y puede arrastrar a las personas si están cerca del mar y que no merece la pena arriesgar la vida para tomar imágenes de los fenómenos atmosféricos.

Por último, en caso de lluvias intensas, si se conduce se deberá disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda haber grandes cantidades de agua. Si se debe viajar, se recomienda hacerlo por autovías y carreteras principales.

A la hora de aparcar los vehículos también se debe tener precaución, ya que el rápido aumento del agua puede provocar daños en los coches o incluso arrastrarlos poniendo en peligro todo lo que se encuentre a su alrededor. Además, no se recomienda atravesar inundaciones ni con el coche ni a pie.

Por último, las personas que viven en el campo o se encuentren en él, Protección Civil pide alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas y evitar atravesar vados inundados. No obstante, la última recomendación de la organización es mantenerse informados en todo momento ante la posible evolución de los cambios meteorológicos.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha acordado fijar el próximo 28 de octubre, a las 16.00 horas, para la celebración del Pleno extraordinario en el que se adoptará una postura institucional en relación con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dirigida a modificar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar este órgano.

La decisión se ha adoptado después de que un total de siete vocales del órgano de gobierno de los jueces que pidieron la semana pasada la celebración de un Pleno extraordinario para fijar la respuesta ante la reforma.

El aplazamiento de esta reunión, que se esperaba celebrar a principios de esta semana, ha sido adoptada "de conformidad con la totalidad de los solicitantes", según ha informado el CGPJ, y teniendo en cuenta "las dificultades que el actual estado de alarma vigente en Madrid entraña para cualquier desplazamiento".

Además, se cita a los vocales, la mayoría de los cuales ejercen sus funciones en otras comunidades, teniendo en cuenta que un día después, el 29, todos los vocales deben permanecer en Madrid para asistir al Pleno ordinario.

El escrito lo suscribieron siete vocales designados a propuesta del PP, que son José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández., Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona; si bien otros vocales también creían necesario responder a los planes del gobierno en una sesión extraordinaria del Consejo.

Los citados vocales realizaron su al amparo del artículo 600.2 de la LOPJ, que señala que el CGPJ "deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el Presidente o si lo solicitaren cinco vocales".

La reforma ha causado una fuerte respuesta tanto en la oposición como en el ámbito judicial, ya que todas las asociaciones excepto Jueces para la Democracia y también en ámbitos de la cúpula judicial se ha calificado incluso de inconstitucional el intento de acabar con la mayoría reforzada para designar a los vocales del CGPJ.

A ello se añade el método parlamentario elegido, la propuesta de ley, que elude los informes preceptivos del propio CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.

El sector crítico de IU ha registrado un documento alternativo a la ponencia de la dirección federal, pactado con el Partido Comunista de España (PCE), que rechaza la "fusión organizativa" con Podemos por considerar que es una estrategia abocada al "fracaso", dado que la coalición con la formación morada "no ha sido aceptada política ni electoralmente".

De hecho, subrayan que Unidas Podemos se ha revelado como una coalición "deficiente" y alertan de que este modelo supone el "entierro político" de IU como izquierda transformadora.

Así lo detalla el documento Político Alternativo para la asamblea federal que tendrá lugar en enero, promovido por la precandidatura que encabeza el exresponsable federal de Empleo de IU José Antonio García Rubio y denominado 'La izquierda necesaria'.

Y es que el texto diagnostica que el "electorado no ha reconocido el valor de Unidas Podemos y le ha ido negando el voto de forma creciente", para remarcar que en este periodo hay fuerzas que se han "ido desgajando" de los integrantes de la coalición.

NI SIQUIERA PODEMOS SE HA MOSTRADO A FAVOR DE LA FUSIÓN

"Unidas Podemos no ha sido un ámbito de unidad sino de dispersión", aseveran los críticos para replicar que, frente a lo que sostiene la ponencia avalada por la Coordinadora Federal, que esta alianza, que tildan de "deficiente coalición electoral" es una "base sólida" para un proceso de unidad popular.

Por tanto, se antoja explicar "por qué y para qué" se plantea la propuesta de "superación" de IU, sobre todo ante el concepto de unidad popular, concepto "polisémico" y que debe definirse.

De hecho, el documento alternativo asevera que "ni siquiera Podemos se ha pronunciado nunca en favor de ese modelo" (integración política y organizativa) y que el "fracaso" radica en "empeñarse" en un tipo de unidad que "no ha sido aceptado ni electoral ni políticamente", sobre todo cuando no se explicita el objetivo estratégico ni el proyecto común de transformación.

PLANTEAMIENTO "IRREAL"

"El resultado sería un fracaso y, dada la correlación de fuerzas y la actitud conocida de Podemos, el entierro político de la alternativa transformadora global y sistémica de IU", puntualiza el sector crítico, que ve "idealista" e "irreal" el planteamiento de la ponencia oficial.

Por tanto, circunscribe la colaboración con Podemos y otras fuerzas políticas a los acuerdos programáticos, de gobierno e unidad de acción, como viene ocurriendo con sindicatos y movimientos sociales.

"Se pueden establecer coaliciones electorales superando la experiencia de Unidas Podemos y garantizando la soberanía de cada fuerza y el equilibrio democrático de su presencia".

REIVINDICAN LA "SOBERANÍA" DE IU

En consecuencia, reivindican "una IU soberana en su práctica política, social e institucional, autónoma en la elaboración, defensa y difusión de sus propuestas, con un aumento significativo de su afiliación, de su implantación territorial y de su presencia institucional", algo que "no puede ser cuestionado por ningún modelo de avance hacia la unidad popular", aunque sólo sea porque eso representaría también la "quiebra" de dicha unidad.

Por tanto, llaman a "rechazar que bajo el paraguas de la unidad popular se encubra un proceso de fusión organizativa con Podemos". "No es admisible la transformación de los órganos de dirección en colectivos que son meros ratificadores de decisiones externas a ellos", subrayan.

Por tanto, la estrategia política de los próximos cuatro años para los críticos a la dirección que encabeza Alberto Garzón tiene que pivotar sobre una IU que "debe ser y presentarse claramente en la sociedad" como una fuerza política "autónoma", evitando con ello que "las decisiones de terceros perjudiquen lo menos posible el proyecto de IU".

"IU debe estar en condiciones de superar con éxito cualquier crisis del Gobierno de coalición, incluso su ruptura. La participación institucional no depende sólo de nosotros. Hay que dotarse de herramientas políticas para tener respuesta y de instrumentos adecuados para nuevas situaciones", expone el texto alternativo.

AMPLIO APOYO A LA ESTRATEGIA DE GARZÓN Y EL PCE

La Coordinadora Federal de IU, máximo órgano de dirección del partido, aprobó el pasado sábado por amplia mayoría la propuesta de ponencia para la próxima asamblea, que apuesta por "fortalecer" la coalición con Podemos, bajo la marca Unidas Podemos, y "democratizar" este espacio de cara a asentar su "base popular y territorial".

Concretamente, el documento denominado 'Avanzando hacia la República. Una IU para un nuevo país', fue respaldado por el 82 por ciento de los miembros del máximo órgano de dirección del partido.

La Fundación de Castilla y León ha recuperado la obra 'Mi primer Delibes', adaptación de 'El camino' de Miguel Delibes, para acercar a los más jóvenes "la esencia" de esta novela, como ha destacado la presidenta de la Fundación Delibes e hija del escritor, Elisa Delibes.

Se trata de una obra adaptada por Mariano Veloy con ilustraciones de Jesús Aguado publicada en 2011 por Editorial Planeta y la Fundación Villalar-Castilla y León (hoy Fundación de Castilla y León), y reeditada con motivo del centenario de Miguel Delibes por el sello Lunwerg (Grupo Planeta).

De esta nueva edición, la Fundación de Castilla y León recibirá 2.000 ejemplares para distribuir entre escolares a través de sus distintas iniciativas culturales y educativas, como ha explicado su presidente, Luis Fuentes, durante la presentación de esta reedición, celebrada este lunes en la sede de las Cortes.

Fuentes ha defendido la iniciativa como un "granito de arena" por parte de la Fundación y del Parlamento autonómico que también preside dentro de la "sucesión de homenajes" que en este centenario se está rindiendo al autor vallisoletano.

Asimismo, ha señalado a Delibes como "el mejor embajador" de Castilla y León y un "gran genio de las letras" que en obras como 'El camino' elogia "la vida en contacto con la naturaleza", amén de una serie de valores como "solidaridad o respeto a la naturaleza" que se busca que calen "en quienes son el futuro de esta Comunidad" a través de proyectos como éste.

EDICIÓN "MUY CUIDADA"

Por su parte, Elisa Delibes ha subrayado que se trata de una publicación, la presentada este lunes, "muy cuidada" en un momento que "se hacen las cosas muy de barullo", además de una adaptación "perfecta para los niños".

En este sentido, ha felicitado a sus responsables por conseguir plasmar "la esencia de Delibes" tanto en el texto como en las ilustraciones y haber "leído muy bien" lo que traslada 'El camino' de una manera "que no pretende imitar el estilo" de Miguel Delibes, sino "el espíritu".

La presidenta de la Fundación Delibes ha reconocido que el apoyo recibido en este centenario ha resultado "excesivamente maravilloso" y ha agradecido la "buena voluntad" con que se han puesto en marcha todas las iniciativas.

Elisa Delibes ha destacado cómo la obra de su padre ha logrado tanto reconocimiento a pesar de que en vida "hizo tan poco por ser conocido y por los honores mundanos", lo cual ha relacionado con que el hecho de que mostrarse "tan auténtico", lejos de restar, caló en la gente "que ahora le da lo que cree que merece.

La presentación de esta nueva edición ha contado con la presencia de su ilustrador, Jesús Aguado, quien ha reconocido el "honor" que como artista gráfico y como vallisoletano le supone haber participado, al tiempo que ha recordado su experiencia como lector de 'El camino', obra que le transporta a su infancia en Laguna de Duero. "Es una novela que despierta el niño que todos llevamos dentro", ha añadido.

Aguado ha explicado, también, el "reto" de "mantener la atmósfera rural" que transmite la novela, pero de un modo que resulte "atractivo" para un público en edad escolar. En este sentido, el artista ha sentenciado que la ilustración es "un vehículo fantástico" a la hora de trasladar los clásicos a los jóvenes.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Plena Inclusión han firmado este lunes el Protocolo General de Actuación (PGA) para establecer un espacio de colaboración entre ambas organizaciones para el fomento de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, según ha informado la institución.

El protocolo, firmado por el director de AECID, Magdy Martínez-Solimán, y el director de Plena Inclusión, Enrique Galván Lamet, se venía negociando desde mediados del pasado año.

Formada por 17 federaciones autonómicas, a las que se añaden las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Plena Inclusión es la organización que representa en España a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Desde hace más de 50 años, contribuye a la plena inclusión de estas personas y de sus familias en la sociedad, defendiendo sus derechos y fomentando su calidad de vida.

Con la firma de este nuevo Protocolo, la AECID da un paso adelante en su trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, incorporando a Plena Inclusión en la lista de convenios marco ya firmados por la AECID con las principales organizaciones defensoras de las personas con discapacidad física, como son la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y la Fundación ONCE para la Solidaridad de las Personas Ciegas de América Latina (FOAL), lo que permitirá reforzar su labor en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

La defensa de los derechos de las personas con discapacidad es una de las principales prioridades de la AECID que, gracias a las alianzas con organizaciones socias especializadas en esta área, "viene a ampliar y reforzar el liderazgo de España a nivel internacional en materia de inclusión social.

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado las medidas acordadas en el Acuerdo de 16 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta, por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en la región y se adoptan medidas excepcionales y temporales de intervención en materia reuniones en Extremadura.

En cuanto a la limitación de más de seis personas en el espacio privado, los magistrados valoran que "resulta notorio" que se están produciendo "numerosos contagios" en el espacio privado donde las medidas de precaución "se relajan".

Estas y otras medidas que se van a implantar por un periodo de 14 días, señalan, se implementan en un momento en el que la incidencia acumulada para el conjunto de Extremadura se sitúa en 258 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días, dato que sitúa a nuestra región en un nivel de "riesgo extremo", afirma el TSJEx en nota de prensa.

El auto, además, señala que la Junta de Extremadura deberá comunicar a la Sala Contencioso-Administrativo del TSJEx cualquier hecho o incidencia que afecte "sustancialmente" a la ejecución de las medidas ratificadas o que determinen, en su caso, la procedencia de alzar las mismas.

Igualmente, contra esta resolución cabe recurso de reposición en cinco días.