La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha confirmado este martes 271 nuevos casos de COVID-19 en la Comunidad Autónoma, el 50 por ciento asintomáticos, datos correspondientes a este lunes, 28 de diciembre. Ha habido cinco fallecimientos y 154 recuperados.

Por provincias, se han anotado 175 casos en Zaragoza por 48 en el Alto Aragón y 42 en Teruel, de un total de 2.131 pruebas realizadas, 1.323 PCR y 808 test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 12,72 por ciento. Se han producido 154 altas epidemiológicas.

Por zonas básicas de salud, se han anotado 15 casos en Utebo; 14 en Teruel Ensanche y Universitas; 10 en Avenida Cataluña; nueve en Teruel Centro y seis en Alcañiz, Binéfar, Delicias Norte, Huesca Capital 1, Oliver y Torrero-La Paz.

Con cinco casos se encuentran Albalate de Cinca, Calamocha, Fernando el Católico, Fraga, Grañén, María de Huerva, Parque Goya, Sagasta-Ruiseñores, San José Sur, Sariñena, Torre Ramona y Zuera. Hay cuatro casos diagnosticados en Barbastro, Casablanca, Hernán Cortés, Romareda-Seminario, Sádaba, San Pablo, Tarazona, Valdespartera-Montecanal y La Zalfonada.

Asimismo, se han notificado tres casos en ACTUR Norte, ACTUR Sur, Benabarre, Calaceite, Ejea de los Caballeros, Huesca Capital 2 y 3, Independencia, Miralbueno-Garrapinillos, Rebolería, Santa Isabel y Utrillas.

Con dos casos están ACTUR Oeste, La Almozara, Andorra, Arrabal, La Bombarda, Fuentes de Ebro, Madre Vedruna-Miraflores y Tamarite de Litera, y con un caso Alfajarín, Calanda, Calatayud Urbana, Delicias Sur, Gallur, Jaca, Maella, Sabiñán, San José Norte y Tauste, y 15 casos sin zona identificada.

HOSPITALIZACIÓN

Actualmente hay 1.635 camas libres en los hospitales aragoneses, 105 en UCI y otras 10 en UCI sin respirador, y se contabilizan 352 camas ocupadas por pacientes COVID-19, 308 en planta y 44 en UCI.

En cuanto a la hospitalización, en la red pública hay 341 personas ingresadas, 43 en UCI, de los que 47 están en el Hospital Royo Villanova, dos en UCI; 24 en el Provincial, 2 en UCI; 93 en el Miguel Servet, 15 en UCI; 13 en el Militar; 63 en el Clínico, con 15 en UCI; 8 en el Ernest Lluch; 23 en el San Jorge de Huesca, con 4 en UCI; 24 en el de Barbastro, 4 en UCI, 2 en el C.S. Fraga-Bajo Cinca, 21 en el Obispo Polanco de Teruel, uno en UCI; 9 en el San José de Teruel y 14 en el de Alcañiz.

En cuanto a la red privada, hay 11 personas ingresadas, una en UCI, de los que uno está en el Hospital MAZ, uno en la Clínica Nuestra Señora del Pilar, 2 en el Hospital Quirón, uno en UCI; 4 en el San Juan de Dios y tres en la Clínica Santiago.

VACUNACIÓN

En otro orden de cosas, el Gobierno de Aragón ha informado de que este miércoles continuará la campaña de vacunación en 10 residencias del sector sanitario de Alcañiz; 4 en Huesca; 9 en Zaragoza I, II y III; 5 en Teruel; 5 en Barbastro y 2 en Calatayud. Se administrarán entre 1.600 y 1.700 vacunas.

La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, será la número dos de los socialistas por Barcelona a las elecciones catalanas del 14 de febrero y el secretario general de Units per Avançar, Ramon Espadaler, el número tres, por lo que volverán a acompañar al primer secretario del partido, Miquel Iceta, al frente de la candidatura como ya hicieron en 2017.

Así consta en las listas que ha aprobado este martes la comisión electoral del PSC y que se ratificarán este miércoles en el Consell Nacional extraordinario de la formación.

Tal y como se anunció el lunes, la número cuatro será la escritora y exdiputada de SíQueEsPot Gemma Lienas, que será la principal incorporación de la candidatura socialista, ya que el resto es muy similar a las listas presentadas en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, en las que ya se presentaron junto a Units.

De hecho, a parte de Iceta, Granados y Espadaler, repiten Ferran Pedret como número cinco, Alícia Romero como número seis, y con modificaciones en sus posiciones, vuelven estar en puestos delanteros y previsiblemente obtendrán de nuevo escaño diputados de esta legislatura como David Pérez, Assumpta Escarp, Pol Gibert, Esther Niubó, Raúl Moreno, Beatriz Silva y Jordi Terrades, que ocupan entre el puesto 7 y 13 de la candidatura respectivamente.

Cerrarán la lista simbólicamente el presidente de UGT, Matías Carnero, la exdiputada socialita Carme Valls, el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, la exdirigente del PSC Manuela de Madre y el exfiscal Anticorrupción y exeurodiputado de Podemos Carlos Jiménez Villarejo, como ya hizo en 2017.

UN CONCEJAL DE CS POR TARRAGONA

Por Girona, la cabeza de lista será la portavoz del PSC en el Ayuntamiento de Girona, Sílvia Paneque, que irá acompañada de Òscar Aparicio, Mònica Rios, Salvador Calabuig y Marina Alegre, mientras que la lista la cerrarán el que fue cabeza de lista por esta demarcación en 2017 Rafel Bruguera y Eulàlia Lluch, hija del exministro socialista asesinado por ETA Ernest Lluch.

En Lleida, Òscar Ordeig repetirá como cabeza de lista, acompañado por Judith Alcalà, Sílvia Romero, Silveri Caro y Lorena González; destaca que cierra la lista quien fue conseller durante el tripartito Antoni Siurana.

En la demarcación de Tarragona, también repetirá Rosa Maria Ibarra como cabeza de lista, que tendrá como número dos a una de las principales novedades de la candidatura: el hasta ahora portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Tarragona Rubén Viñuales, y también formarán parte de la lista Joaquim Paladella, Dolors Carreras y Alberto Bondesio.

La Comunidad de Madrid ha notificado 3.070 casos nuevos de coronavirus, de los que 2.415 corresponden a las últimas 24 horas, 23 fallecidos más en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes, con datos a cierre del día anterior.

El número de pacientes hospitalizados en planta ha aumentado hasta situarse en 1.615 (44 más que ayer), los pacientes en UCI han subido hasta los 295 (16 más) y suben a 295 los pacientes han recibido el alta (98 más). Además, 7.762 pacientes se encuentran en seguimiento domiciliario por Atención Primaria.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid registra 401.864 positivos, un total de 76.547 han requerido hospitalización, 7.057 han necesitado UCI y 69.386 han recibido el alta hospitalaria, mientras que 564.012 pacientes han recibido atención domiciliaria por Atención Primaria.

En cuanto a la cifra acumulada de fallecidos suman 19.488 y Sanidad Mortuoria ha contabilizado 4.977 en centros sociosanitarios, 13.312 en hospitales, 1.169 en domicilios y 30 en otros lugares).

Ya el pasado 24 de diciembre la Comunidad notificó 2.890 casos nuevos de coronavirus, y 20 fallecidos más en hospitales, una cifra muy similar a la de hoy.

Hoy el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha vuelto a pedir al Gobierno central el cierre del Aeropuerto de Madrid-Barajas para contener el virus y la cepa nueva británica. También, considera que en la región ya han aplicado "bastantes" restricciones en comercios y domicilios para estas Navidades y ha apelado a la responsabilidad individual en las reuniones familiares.

Entre los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad también figura la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, dato en el que la Comunidad de Madrid ha subido en 15 casos respecto a ayer, de 334 a 349,88. Aún así este aumento es más lento que el de otras comunidad como Valencia, que ha superado a Madrid, que se sitúa como la tercera autonomía peninsular con el dato más alto.

DATOS NACIONALES

Por su parte, las comunidades autónomas han notificado este martes al Ministerio de Sanidad 14.089 nuevos casos de COVID-19, 7.848 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto supone un ascenso con respecto a los 10.654 del mismo día de la semana anterior.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 1.893.502 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 255, frente a 236 el martes pasado y 246 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado con un total de 120.176 positivos.

DATOS POR CCAA

De los 7.848 contagios diagnosticados ayer, 209 se han producido en Andalucía, 261 en Aragón, 70 en Asturias, 169 en Baleares, 228 en Canarias, 64 en Cantabria, 77 en Castilla-La Mancha, 315 en Castilla y León, 2.164 en Cataluña, 14 en Ceuta, 215 en Comunidad Valenciana, 449 en Extremadura, 373 en Galicia, 2.411 en Madrid, 28 en Madrid, 87 en Murcia, 102 en Navarra, 281 en País Vasco y 31 en La Rioja.

En el informe de este martes se han añadido 320 nuevos fallecimientos, en comparación con 298 ayer y 260 el martes pasado. Hasta 50.442 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio.

FALLECIDOS POR AUTONOMÍAS

En la última semana han fallecido 554 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España: 84 en Andalucía, 43 en Aragón, 37 en Asturias, cuatro en Baleares, 16 en Canarias, siete en Cantabria, 22 en Castilla-La Mancha, 34 en Castilla y León, 31 en Cataluña, una en Ceuta, 81 en Comunidad Valenciana, 23 en Extremadura, 35 en Galicia, 40 en Madrid, 17 en Murcia, 12 en Navarra, 60 en País Vasco y siete en La Rioja.

Actualmente, hay 12.032 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España (12.172 ayer) y 2.005 en UCI (2.022 ayer). En las últimas 24 horas, se han producido 1.340 ingresos (1.135 ayer) y 1.207 altas (491 ayer). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 9,94 por ciento (10,04% ayer) y en las UCI en el 21,05 por ciento (21,14% ayer).

Hasta 1.897 personas han precisado de hospitalización por Covid-19 en la última semana (209.496 en lo que llevamos de pandemia): 233 en Andalucía, 127 en Aragón, 63 en Asturias, 49 en Baleares, 79 en Canarias, 32 en Cantabria, 47 en Castilla-La Mancha, 93 en Castilla y León, 166 en Cataluña, 410 en Comunidad Valenciana, 98 en Extremadura, 205 en Galicia, 138 en Madrid, seis en Melilla, 86 en Murcia, 42 en Navarra, una en País Vasco y 22 en La Rioja.

Asimismo, se han registrado 184 ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI) en los pasados siete días (18.096 desde que el virus llegó a España): 22 en Andalucía, 19 en Aragón, tres en Asturias, cinco en Baleares, ocho en Canarias, siete en Cantabria, nueve en Castilla-La Mancha, seis en Castilla y León, once en Cataluña, 37 en Comunidad Valenciana, seis en Extremadura, 28 en Galicia, tres en Madrid, 15 en Murcia y cinco en Navarra.

Ramón Espinar, que fue portavoz de Podemos en el Senado y principal dirigente de la formación morada en la Comunidad de Madrid, ha criticado en redes sociales la rápida nacionalización del pianista James Rhodes, colaborador de distintos actos del Gobierno de coalición durante los últimos meses: "Confunden las instituciones de todos con el patio de su casa", ha escrito en Twitter.

Ha sido precisamente el vicepresidente Pablo Iglesias quién anunció en la misma red social la decisión del Consejo de Ministros de conceder la nacionalidad española al pianista británico, víctima de abusos sexuales en su niñez.

Sin cuestionar la concesión de la nacionalidad a Rhodes, varios antiguos miembros de Podemos han contrastado esta decisión con los largos meses que necesitan otros inmigrantes anónimos para lograr la ciudadanía española.

Espinar ha recordado el caso del esquiador de origen alemán Johan Muehlegg nacionalizado por el gobierno de José María Aznar y conocido popularmente como "Juanito", que acabó desposeído de sus medallas olímpicas por dopaje.

COMO 'JUANITO', EL QUE NACIONALIZÓ AZNAR

"Lo de James Rhodes transmite lo mismo que cuando se nacionalizaba deportistas por la vía rápida y Johann pasaba a ser "nuestro Juanito" hasta que daba positivo por dopaje, que volvía a ser "el alemán Muehlegg". Confunden las instituciones de todos con el patio de su casa", ha escrito en un mensaje de Twitter recogido por Europa Press.

En las redes se ha recordado otro caso famoso, pero en sentido contrario, el del violinista Ara Malikian, que en 2013 se quejaba de que le habían denegado hace años la nacionalidad española pese a llevar 15 años residiendo en nuestro país.

Hasta la alcaldesa de Barcelona y aliada de Podemos, Ada Colau, ha pedido al Gobierno que dedique la misma atención aotros inmigrantes: "Es maravilloso que hoy el Consejo d Ministros haya concedido la nacionalidad al gran artista y amigo James Rhodes. Ahora necesitamos que el PSOE entienda que todas las personas migrantes son igual de únicas e imprescindibles, sean artistas, ingenieras, cuidadoras o limpiadoras".

El propio Pablo Iglesias ha querido dejar claro que su formación no renuncia a su idea de regularizar a migrantes anónimos residentes en España: "Es positivo que la concesión de la nacionalidad española a James Rhodes haya reabierto el debate sobre la situación de miles de personas migrantes en España. La posición de Unidas Podemos es clara: la regularización es el camino para convivir en igualdad", ha escrito también en Twitter.

La proximidad del pianista británico con el Gobierno de coalición se ha reflejado en distintos actos públicos organizados durante la pandemia, por los que el artista declinó cobrar, e incluso su experiencia personal motivó que la Ley de Protección a la Infancia apadrinada por el equipo de Pablo Iglesias se haya dado a conocer como la 'ley Rhodes'.

El Gobierno ha aprobado este martes un decreto con "medidas de adaptación" para mitigar los efectos que la desvinculación de Reino Unido de la UE pueda tener en materia de derechos laborales y sanitarios, con una fase de transición que permitirá a trabajadores y residentes mantener ciertos beneficios siempre y cuando sea recíproco por la parte británica.

Así, los británicos que estén trabajando actualmente en profesiones donde se exija ser nacional de un Estado miembro de la UE podrán seguir haciéndolo, mientras que quienes realizan trabajos temporales en España o los empleados desplazados podrán culminar los contratos que hayan sido firmados antes del 1 de enero de 2020.

Las sociedades profesionales británicas podrán seguir desarrollando su actividad hasta el 30 de junio, aunque el plazo se extiende a todo 2021 si se trata de auditores o sociedades de auditoría.

Los contratos de prestación de servicios financieros por parte de entidades británicas también podrán seguir aunque con "limitaciones", en un intento por evitar la incertidumbre que vendría asociada a la ruptura definitiva y que podría perjudicar en última instancia a los clientes de dichos servicios.

Los permisos concedidos por las autoridades británicas a entidades de servicios financieros mantendrán provisionalmente su vigencia durante seis meses, con vistas a que los contratos rescindan o sean cedidos a entidades debidamente autorizadas en España, si bien el plazo se haría extensible hasta finales de 2020 en el caso de las firmas aseguradoras.

Por otra parte, el Gobierno contempla en cuanto a la contratación pública la continuidad del régimen jurídico aplicable a operadores económicos británicos que hayan participado en procesos de adjudicación de contratos --también en este caso antes del 1 de enero--.

SANIDAD Y EDUCACIÓN

En materia de Seguridad Social, la protección de los derechos trabajadores queda garantizada, por ejemplo para que los ciudadanos británicos o nacionales de la UE puedan acceder a las prestaciones por desempleo por los periodos cotizados hasta el 31 de diciembre de 2020, "siempre que las últimas cotizaciones se hayan realizado en España y se mantenga el derecho a residir legalmente en España".

El paquete de medidas contempla igualmente la vigencia de las tarjetas sanitarias de los británicos residentes en España durante el primer semestre de 2021 y de la dispensación de medicamentos con recetas extendidas en Reino Unido, mientras que en el terreno educativo los alumnos procedentes del sistema británico podrán mantener en el curso 2021-2022 los mismos términos que otros estudiantes europeos.

Los permisos de conducción expedidos en Reino Unido seguirán siendo válidos, aunque solo durante seis meses, y las autorizaciones de armas, explosivos artículos pirotécnicos y cartuchería se mantendrán hasta que expire su actual periodo de vigencia.

GIBRALTAR

El decreto incluye medidas específicas para el caso de Gibraltar, una variable que sigue en el aire porque el acuerdo para las relaciones futuras entre Reino Unido y la UE deja fuera expresamente al Peñón, cuyas circunstancias deberán negociarse a dos bandas entre Londres y Madrid antes de que concluya el año en cursol.

Las medidas incluidas en el decreto para los trabajadores se extienden también a Gibraltar, al tiempo que se amplía el derecho a recibir asistencia médica en los hospitales públicos españoles cuando se trate de personas que se desplacen a España o que residan en nuestro país --con independencia de su nacionalidad--.

Los gibraltareños que a 31 de diciembre estén registrados podrán continuar ejerciendo profesiones para las que se exige ser nacional de un estado miembro, mantendrán su empleo en la administración pública y podrán seguir investigando en España sin necesidad de nuevos permisos.

El Gobierno se da un plazo de dos meses para determinar si la parte británica aplica las medidas de forma recíproca, de tal forma que las levantaría en caso de incumplimiento. Este requisito de reciprocidad también se contempla en el caso de Gibraltar.

Más de 400 migrantes en situación irregular han llegado a Canarias en las últimas 48 horas en una docena de pateras, que se suman a los cerca de 400 migrantes que llegaron a las costas españolas --la mayoría al archipiélago canario-- el último fin de semana del año, así como el centenar que tuvieron que ser atendidos en Andalucía el pasado jueves 24 de diciembre. De este modo, según el recuento de Europa Press, casi un millar de migrantes han llegado al país desde el día de Nochebuena.

En las últimas 48 horas, unos 150 migrantes han arribado al archipielago en la jornada del lunes, y 259 fueron rescatados por Salamento Marítimo este martes. En concreto, Gran Canaria sigue siendo la gran receptora de migrantes pues once de las doce embarcaciones que han llegado al archipiélago esta semana lo han hecho a esta isla. A la de El Hierro arribó una patera con 54 personas a bordo este martes.

Durante la madrugada de este martes, Salvamento Marítimo ha rescatado cinco embarcaciones con 158 migrantes en aguas próximas a la isla de Gran Canaria. A las 04.50 horas, la sala operativa del 1-1-2 recibió un avusi informando de que habían interceptado tres pateras y que las iban a trasladar al muelle de Arguineguín, en Mogán.

Durante las maniobras de rescate, Salvamento Marítimo localizó una cuarta patera y un cayuco, procediendo también al rescate de todos sus ocupantes y trasladándolos también a Arguineguín. Una vez en tierra, todos los rescatados (entre ellos tres mujeres magrebíes) fueron atendidos por el dispositivo de seguridad y emergencias desplegado en el puerto.

Previamente, fueron rescatadas dos pateras cuando navegaban en dirección al archipiélago canario. Una salvamar de Salvamento Marítimo rescató una primera patera que fue localizada a 28 millas al sur de la isla, con 13 varones, y una segunda que fue interceptada a 14 millas, rescatando a sus 34 ocupantes. Todos los rescatados fueron llevados y desembarcados en el muelle de Arguineguín, en Mogán, donde fueron atendidos por el dispositivo de seguridad y emergencias desplegado en el puerto.

El lunes, Salvamento Marítimo rescató tres pateras en las que viajaban 105 personas y que se dirigían al archipiélago canario y una cuarta con 44 migrantes a bordo.

El fin de semana, más de 400 migrantes llegaron a las costas españolas en el último fin de semana del año, la mayoría a las Islas Canarias. La jornada con mayor número de llegadas fue el sábado, 26 de diciembre, cuando 236 migrantes arribaron a las costas del archipiélago. A estas cifras hay que añadir tres rescates en el Estrecho y mar de Alborán el pasado jueves, una jornada que acabó con 95 personas rescatadas en Andalucía.

Según datos del Ministerio del Interior, a falta de finalizar el año, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre, el aumento de la llegada de migrantes a Canarias alcanza el 889% con respecto al año anterior ya que en este periodo arribaron al archipiélago 21.452 personas en pateras, frente a las 2.168 que se contabilizaron hace un año.

En cifras totales, Interior ha registrado hasta el 15 de diciembre la llegada de 39.474 personas al país, una cifra que supone un aumento del 28,7% (8.779 migrantes más) que en el mismo periodo de 2019, cuando habían entrado en España de forma ilegal 30.675 personas.

La Comunidad Valenciana ha registrado 3.590 nuevos positivos de coronavirus, la cifra más elevada de la pandemia, y 60 fallecidos, el segundo número más alto de muertes, según ha informado la Conselleria de Sanidad Universal.

Los nuevos positivos sitúan la cifra total de positivos en 142.757 personas. Por provincias, la distribución de nuevos positivos es la siguiente: 412 en Castellón (15.504 en total), 846 en Alicante (46.826 en total) y 2.332 en la provincia de Valencia (80.425 en total). Además, continúa habiendo dos casos sin asignar.

Así, la Comunidad Valenciana ha registrado este martes una Incidencia Acumulada de contagios por cada 100.000 habitantes de 363,99 casos positivos. En cuanto a la Incidencia Acumulada de los últimos siete días es de 131,58.

Se han registrado 60 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización --17 de ellos usuarios de residencias--, por lo que el total de defunciones es de 2.895 personas: 377 en la provincia de Castellón, 1.003 en la de Alicante y 1.515 en la de Valencia.

Desde la última actualización, se han registrado 2.031 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 132.897 personas en la Comunidad Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 14.747 en Castellón, 44.441 en Alicante y 73.648 en Valencia. Además, hay 61 altas sin asignación. En estos momentos hay 18.606 casos activos, lo que supone un 12,05% del total de positivos.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 1.746 personas ingresadas: 152 en la provincia de Castellón, con 22 pacientes en UCI; 509 en la provincia de Alicante, 107 de ellos en la UCI; y 1.085 en la provincia de Valencia, 149 de ellos en UCI.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus asciende a 2.053.540, de las que 1.882.855 han sido a través de PCR y 169.938, mediante test rápido.

SITUACIÓN EN RESIDENCIAS

Desde la última actualización, un total de 45 residentes y 60 trabajadores han dado positivo y 17 usuarios de residencias han muerto.Hay algún caso positivo en 104 residencias de mayores: 8 en la provincia de Castellón, 36 en la provincia de Alicante y 60 en la provincia de Valencia.

Asimismo, hay casos en 20 centros de diversidad funcional (3 en la provincia de Castellón, 7 en la provincia de Alicante y 10 en la provincia de Valencia) y 6 centros de menores (1 en la provincia de Castellón, 1 en la provincia de Alicante y 4 en la provincia de Valencia).

Actualmente, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 27 residencias en la Comunidad Valenciana: 2 en la provincia de Castellón, 12 en la provincia de Alicante y 13 en la provincia de Valencia.

La Plataforma 'Sijena Sí' ha pedido al Papa Francisco que obligue al obispo de Lérida a cumplir la sentencia judicial que ordena la devolución de las obras artísticas de la diócesis de Barbastro-Monzón depositadas en el Museo de Lérida.

En una nota de prensa, 'Sijena Sí' ha celebrado la decisión del Juzgado de Barbastro de ordenar la ejecución provisional de la sentencia que condena al obispado de Lérida y al Museo de aquella provincia a devolver las 111 piezas artísticas.

"No podemos dormirnos", han indicado, recordando que --el 21 de diciembre-- la Plataforma de Entidades Cívicas de Lérida propuso realizar "una acción contundente" para frenar la ejecución provisional de la sentencia del Juzgado de Barbastro.

"En un tono más sensato, pero ya totalmente prescrito y caduco, el director del Museo de Lérida, Josep Giralt, pidió que las administraciones aragonesas y catalanas dejen la vía judicial y se pongan a dialogar".

Al respecto, la plataforma aragonesa ha señalado que estas obras "son bienes eclesiásticos, no de ninguna administración pública, y las parroquias propietarias ni pueden ni deben renunciar a la propiedad de las mismas, ni el obispo de Barbastro-Monzón puede hacer dejación de sus funciones de administrador superior de la diócesis procurando que estas parroquias recuperen lo que se les ha secuestrado".

Han añadido que "el tiempo del diálogo hace mucho tiempo que pasó", recordando que, en 1988, "el entonces obispo de Lérida, Monseñor Ramón Malla, inició el litigio canónico y diseñó una enmarañada madeja junto con el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para apropiarse de lo que no era suyo mediante la creación del Museo de Lérida y su consorcio civil-eclesiástico".

Por otro lado, el Círculo de Amigos del Museo de Lérida, "ahora que lo ven todo perdido tras 23 años de triquiñuelas legales", ha enviado una carta al Consorcio del Museo de Lérida donde recomienda "acudir al Papa Francisco", han indicado desde 'Sijena Sí'.

"¿Van ahora a apelar de nuevo al Papa, saltándose además la intermediación del arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan José Omella, porque consideran que este mantiene un criterio bastante conocido y no escondido a favor de la tesis aragonesa? ¿. Han considerado que "podría haber pasado a la historia como quien obedeció a los tribunales de la Iglesia e hizo entrar en razón a su clero y a la feligresía leridana".

'Sijena Sí' ha confiado en que el Vaticano sea "consecuente" con las sentencias dictadas, hace años, por los tribunales eclesiásticos. Han reiterado su apoyo al obispo de Barbastro-Monzón, monseñor Ángel Pérez Pueyo, "por su valentía para acabar de una vez por todas con este espinoso asunto que ensucia la credibilidad de la Iglesia y rompe la fraternidad".

Este colectivo ha avisado de que "podrían intentarse presiones serias para llegar a una vía de consenso político tras tantos pleitos judiciales", ante lo que han exigido no dar "ni un paso atrás".

Un total de 23 provincias estarán este miércoles 30 de diciembre en riesgo importante (aviso naranja) y riesgo bajo (aviso amarillo) por nieve, oleaje (con olas que podrían llegar a los 7 metros), fuertes rachas de viento (de hasta 80 kilómetros por hora) y temperaturas mínimas de hasta -6ºC, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La nieve estará presente en Huesca, Zaragoza, Cantabria, Burgos, León, Palencia, Lérida, Navarra y Álava, en riesgo bajo por este fenómeno, que también tendrá lugar en Asturias, aunque en mayor medida, por lo que esta comunidad tendrá riesgo importante por acumulaciones de hasta 20 centímetros en 24 horas en torno a los 900 metros de altitud.

También durante esta jornada el oleaje será un fenómeno a tener en cuenta, con Asturias, Cantabria, La Coruña, Lugo, Pontevedra, Guipúzcoa y Vizcaya en riesgo importante por este fenómeno, con vientos del noroeste de fuerza 8 que provocarán olas de hasta siete metros de altura. En menor medida, el oleaje también afectará a Tarragona y Lanzarote, en riesgo bajo por olas que podrán alcanzar los tres metros de altura.

Por otro lado, se alcanzarán temperaturas mínimas en Barcelona, Gerona, Lérida, Guadalajara, Huesca, Córdoba y Granada, en riesgo bajo por valores que podrán alcanzar los -6ºC. Las fuertes rachas de viento también se notarán este miércoles, en concreto en Castellón, en riesgo bajo con rachas que estarán en torno a los 80 km/h.

Esta jornada, la AEMET prevé cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineo occidental. En el caso del litoral vasco, las lluvias tendrán cierta persistencia pero en el sur de la comunidad vasca se extenderán aunque de manera más débil. También las lluvias tendrán lugar en Baleares y, a primeras horas, en Melilla.

En el resto de la Península no se esperan precipitaciones pero predominarán los cielos nubosos en el norte y despejados en el sur mientras que en el archipiélago canario habrá intervalos nubosos, con probables chubascos en las islas de mayor relieve. Este miércoles, la cota de nieve se situará en la Cantábrica occidental en torno a los 600-800 metros, en la oriental a 400-600 metros y en el Pirineo en cualquier cota.

En cuanto a las temperaturas, los valores no tendrán muchos cambios salvo por un descenso de las mínimas en la mitad sur peninsular. Las heladas se sucederán también esta jornada en el interior de la Península, más intensas en montaña y localmente fuertes en Pirineos.

Por último, los vientos serán del oeste y noroeste en la Península y Baleares, con rachas fuertes o con intervalos de fuerte en el litoral cantábrico y en el área mediterránea, con tendencia a amainar en esta zona a lo largo del día mientras que en Canarias predominará el viento flojo del este o noreste.

El Govern de la Generalitat catalana ha aprobado la creación de un "programa temporal de vigilancia del SARS-CoV-2 en aguas residuales de Cataluña" para el período de 2021 a 2022, prorrogable a tres años más, según un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

El objetivo es analizar cuantitativamente las partículas virales en aguas residuales de estaciones depuradoras (EDAR) de Cataluña para proporcionar un indicador adicional del estado de la situación de la pandemia del Covid-19 y detectar anticipadamente nuevos rebrotes.

El programa debe permitir que se conozca la evolución de la circulación del virus en las diferentes áreas de muestreo y debe aportar información útil a la hora de determinar las acciones preventivas y de control para la gestión de esta pandemia.

Estará coordinado por la Secretaría de Salud Pública de la Conselleria de Salud y por la Agencia Catalana del Agua, que depende de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad, y contará con un presupuesto anual de 947.430 euros aportados por ambos departamentos.

FUNCIONAMIENTO

Cada semana o cada quince días se recogerán muestras de agua residual de los colectores de entrada de unas 56 EDAR repartidas por todo el territorio, y se transportarán "debidamente preservadas y refrigeradas" a laboratorios para analizar la concentración de los virus a partir del agua residual.

Los resultados se mostrarán en una plataforma en línea donde también se podrá ver un mapa con cada EDAR analizada y una escala de colores que identificará el rango de concentración que se ha observado, así como su evolución, que indicará si la tendencia es a la alza, estable o a la baja.

Los análisis correrán a cargo del Laboratorio de Biología Molecular de Virus Entéricos de la Universitat de Barcelona (UB), del Laboratori de Virus, Bacteris i Protozous d'Interès en Salut Pública (VirBaP) de la UB, del Center for Omics Sciences (COS) de Eurecat, y del Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA).

La Agencia Tributaria ha interceptado este martes en aguas del Atlántico al norte de las Islas Canarias un remolcador cargado con cerca de 15.000 kilos de hachís con destino desconocido y ha detenido a sus cinco tripulantes, tres de nacionalidad marroquí y dos de Bangladés.

La embarcación partió de Holanda el pasado mes de noviembre y, a su paso por las costas gallegas con rumbo sur, despertó las sospechas de los analistas de la Oficina de Inteligencia Marítima de Vigilancia Aduanera en Galicia, que resultaron determinantes para establecer el riesgo y decidir el abordaje.

La fase de explotación de la operación, denominada 'Gigante', se inició en la madrugada de ayer y concluyó por la tarde con la interceptación por parte del patrullero de Vigilancia Aduanera 'Sacre', con base en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, de un remolcador de nombre 'Cyklo 1' y presumible pabellón de Belice a unas 180 millas al noroeste de Gran Canaria cuando navegaba por aguas internacionales. A bordo de la embarcación fueron intervenidos un gran número de fardos de hachís que, pendiente de recuento y peso oficial, alcanzarían las 15 toneladas.

Custodiada por los medios navales de Vigilancia Aduanera, la embarcación aprehendida ha llegado esta tarde a la Base Naval de Las Palmas para la puesta a disposición judicial de la droga y los detenidos. Las actuaciones han sido realizadas bajo la coordinación de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción Nº 6.

ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN.

Las actuaciones se iniciaron a comienzos de noviembre, cuando medios aéreos de Vigilancia Aduanera en Galicia detectaron el tránsito por las costas gallegas con rumbo sur del 'Cyklo 1' una embarcación tipo remolcador con unos 28 metros de eslora que había zarpado del puerto de Zwijndrecht en Holanda el día 5 de noviembre.

Las investigaciones efectuadas por parte de los analistas de la Oficina de Inteligencia Marítima (OIM) del Área Regional de Vigilancia Aduanera en Galicia consideraron el buque como sospechoso por sus características, antigüedad (construido en el año 1966), su reciente compraventa y abanderamiento y, en especial, por su ausencia de actividad comercial al no disponer de contratos de fletamento o remolque conocidos. Todo ello llevó a considerar la embarcación de especial riesgo y se procedió a su control por parte de la OIM de Galicia y los Servicios Centrales de Vigilancia Aduanera en Madrid.

De acuerdo con las investigaciones, en el mismo mes de noviembre el remolcador habría realizado ya un primer transporte de hachís con destino al África central para recalar posteriormente en el puerto de Dakar, en Senegal, y tras reponer combustible y víveres, efectuar una nueva carga.

A partir de ese momento, se estableció un operativo desde Las Palmas de Gran Canaria destinado a su abordaje e interceptación que finalizó en la tarde del día de ayer.

EL DISPOSITIVO 'NAUTILUS'.

Esta operación antidroga se encuadra en el dispositivo denominado 'Nautilus', una operación de ámbito nacional planificada por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria dentro de las actividades previstas en los diferentes Planes de Actuación para el año 2020, y cuyo objetivo es la generación de inteligencia marítima dirigida a detectar posibles embarcaciones sospechosas que permitan el inicio de investigaciones para la represión del tráfico ilícito de estupefacientes por vía marítima y la desarticulación de las organizaciones criminales responsables de estas acciones.

Las Oficinas de Inteligencia Marítima de Vigilancia Aduanera fueron creadas en el año 2018, iniciando su funcionamiento al año siguiente, y han tenido un papel muy determinante en diferentes operaciones antidroga, como la operación 'Goleta' del presente año, también en el marco de la lucha contra el tráfico de hachís.

Las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria para el año 2020 atribuyen a estas Oficinas de Inteligencia Marítima un rol muy importante en la estrategia del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales en la lucha contra el tráfico de drogas por vía marítima.

La operación 'Gigante' ha sido desarrollada por las áreas regionales de Vigilancia Aduanera en Galicia y Canarias con la colaboración del Centro de Análisis Marítimo y Operaciones (MAOC-N), de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos (DEA) y de las autoridades aduaneras de Francia. La operación y las investigaciones continúan abiertas.

La familia Franco ha presentado un recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña por el que el Estado pasó a ser depositario de los bienes del pazo de Meirás, a la espera de una sentencia definitiva.

En un escrito de 38 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, los herederos del dictador piden que el auto sea "íntegramente revocado", con imposición de costas a la parte actora y condenar a la misma a indemnizarles con los "daños y perjuicios ocasionados" a raíz de las citadas medidas cautelares.

Entre otros argumentos, sostienen que "las cosas, bienes u objetos" no están "físicamente anexionados al inmueble objeto del litigio" y añaden que "por tanto, de ninguna manera constituyen partes integrantes o componentes materiales" del pazo.

Además, sostienen que en la demanda del Estado no ha sido objeto del citado litigio "el pazo de Meirás entendido como una supuesta unidad, sino una concreta parcela catastral que, a su vez, se corresponde con quince fincas registrales".

IMPROCEDENCIA

Entre otras cuestiones, argumenta "improcedencia" de las medidas cautelares por el momento procesal en el que se solicitaron por parte del Estado, pero también por servir, a su juicio, "al aseguramiento de una pretensión, tutela y pronunciamiento judicial que no ha sido ni puede ser objeto del presente procedimiento".

Por otra parte, sostiene que referencias a "elementos, componentes o aspectos" del inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), "se circunscriben, exclusiva y necesariamente, a lo que integra, constituye o conforma el propio inmueble y no a los bienes muebles que halla en su interior".

En su escrito, cuestiona también, entre otros aspectos, el inventario realizado por la técnico de Patrimonio Nacional al considerar que se convirtió en "una suerte de informe pericial concerniente a la titularidad o propiedad de los bienes a inventariar".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la compra de 100 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la COVID-19, elevando la cifra total de compra de dosis de esta vacuna a 300 millones para los países europeos.

"Hemos decidido comprar 100 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer y BioNTech, que ya se está utilizando para vacunar a personas en toda la Unión Europea. Por lo tanto, tendremos 300 millones de dosis de esta vacuna, que fue evaluada como segura y efectiva. Vendrán más vacunas", ha avanzado la jefa del Ejecutivo comunitario en Twitter.

La opción de comprar 100 millones de dosis más estaba recogida en el acuerdo que firmó la Comisión Europea con las compañías a mediados de noviembre. Las vacunas para Europa se producen en las plantas de fabricación alemanas de BioNTech, así como en la planta de fabricación de Pfizer en Bélgica. Desde ahí, son distribuidas desde la semana pasada al resto del continente en función de la población de cada país comunitario.

En estos momentos, esta vacuna es la única aprobada en la Unión Europea, pero la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) tiene prevista una reunión el próximo 6 de enero para, previsiblemente, dar 'luz verde' a la vacuna de Moderna. Además de con Moderna y Pfizer, la Comisión también ha firmado contratos con CureVac, Janseen, AstraZeneca y Sanofi/GSK.

La Consejería de Salud Pública ha ordenado que las cafeterías, bares, restaurantes y el restos de locales de hostelería de Melilla que cierren desde las 18.00 a las 20.00 horas el 31 de diciembre en "Fin de Año" pero permitirá que estén abiertos hasta las 00.40 horas frente a las 22.30 actuales.

Según la orden firmada por el consejero sanitaria, Mohamed Mohand (PSOE), el "toque de queda" pasará en Nochevieja de las 23.00 horas a las 01.00 horas, con restricción de la circulación de personas salvo "por causas de fuerza mayor".

Salud Pública ha explicado que ha tomado estas medidas, que suponen reducir la actividad hostelera por la tarde pero ampliará por la noche con motivo del "Fin de Año" para evitar fiestas clandestinas.

La consejería ha subrayado en su orden que "se ha observado que el privar de trascendencia pública determinadas celebraciones ha llevado consigo un incremento de actividades privadas, que atendiendo a este carácter, ha resultado y resulta de más difícil control y seguimiento por las autoridades sanitarias debido al carácter cuasiclandestino de las mismas".

Por ello, ha explicado que "la ampliación horaria que se recoge en esta Orden para la celebración del fin de año, tiene el objeto de establecer entornos controlados mediante la habilitación de estos espacios de ocio, evitando las celebraciones imprudentes por elusión del establecimiento de medidas preventivas sanitarias ante entornos no públicos".

Por todo ello, la Ciudad Autónoma ha recalcado que el horario que se establece para el sector de la restauración para el día 31 de diciembre de 2020, será de 07.00 horas a 18.00 horas y de 20.00 horas a 00.40 horas del día 1 de enero de 2021.

La Junta de Castilla y León iniciará este miércoles en las todas las provincias de la Comunidad, con la excepción de Palencia, donde se comenzó el pasado domingo, la vacunación frente a la COVID-19, planificada desde la autoridad sanitaria autonómica en coordinación con el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

A lo largo de esta mañana han ido llegando a los distintos puntos de recepción establecidos en cada ámbito provincial castellano y leonés el primero de los envíos semanales previstos de vacunas para la inmunización frente al nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Una vez cumplimentados los procedimientos administrativos de recepción, comprobación, arqueo y registro de los lotes recibidos, la Consejería de Sanidad ya tiene a su disposición las unidades vacunales con las que afrontar este miércoles las tareas de vacunación, cuya llegada a España se había demorado desde ayer por problemas logísticos.

En total se han recibido esta semana 25.350 dosis, repartidas de la siguiente forma en cada una de las provincias de Castilla y León: Ávila, 2.925: Burgos, 2.925; León, 2.925; Palencia, 2.925; Salamanca, 2.925; Segovia, 1.950; Soria, 1.950; Valladolid, 3.900; y Zamora, 2.925.

En el marco de la Estrategia de vacunación establecida por el Gobierno autonómico, los primeros en recibir la vacuna frente a la COVID-19 serán personas integrantes del grupo poblacional prioritario compuesto por residentes en centros de la Tercera Edad y de atención a la Dependencia y sus trabajadores.

Con la salvedad ya comentada de Palencia, los centros en los que equipos de vacunación COVID-19, compuestos por personal de Enfermería, comenzarán a vacunar mañana son: Residencia de Personas Mayores de Ávila; Residencia de Mayores 'Fuentes Blancas', en Burgos; Residencia 'San José', en León; Residencia 'San Rafael', en Salamanca; Residencia Mixta de Personas Mayores de Segovia; Residencia Mixta de Personas Mayores 'Los Royales', en Soria; Residencia 'El Fontán', en Nava del Rey (Valladolid); y Residencia de Personas Mayores 'Los Tres Árboles', en Zamora.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este martes de que el Ejecutivo de coalición ha cumplido en su primer año con el 23,4 por ciento de los 1.238 compromisos adquiridos para esta legislatura, y que la pandemia, lejos de frenar su acción de gobierno, la ha "acelerado", hasta el punto de que llevan "un semestre de adelanto" en sus objetivos. Además, ha anunciado que prevén cumplir el 32,6 por ciento de sus compromisos antes de que finalice el primer semestre de 2021.

Así lo ha detallado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras el último Consejo de Ministros del año, en la que ha presentado el informe de rendición de cuentas 'Cumpliendo', que ha realizado el Gobierno para dar cuenta del grado de cumplimiento de sus compromisos, y que prevé presentar cada año a partir de ahora.

Este informe, que ha elaborado el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental del Gabinete de la Presidencia del Gobierno que dirige Iván Redondo, ha contado con la colaboración un grupo de expertos de las ciencias sociales que se ha encargado de realizar una labor de análisis y contraste de la metodología utilizada.

En su comparecencia, Sánchez ha explicado que el Gobierno se ha comprometido hasta ahora a adoptar un total de 1.238 medidas, entre las que figuran las del acuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos para la investidura, las de los pactos sellados con otras fuerzas políticas o las que el presidente planteó en su discurso de investidura en el Congreso en enero.

De ellas, el informe asegura que el Ejecutivo ha cumplido ya el 23,4 por ciento y prevé que antes de junio de 2021 este porcentaje llegue al 32,6 por ciento. "Será un tercio del total en aproximadamente un tercio del mandato del Ejecutivo", ha apuntado.

Es más, Sánchez ha asegurado que la pandemia del coronavirus a la que han tenido que hacer frente "no ha frenado, sino que, al contrario, ha acelerado la acción del Gobierno, sin desviarla ni un milímetro de sus objetivos. "Por eso podemos decir hoy con satisfacción que llevamos un semestre de adelanto en el cumplimiento previsto de los compromisos", ha apostillado.

En concreto, ha destacado que desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales 10 Proyectos de Ley y 2 Proyectos de Ley Orgánica, y se han aprobado 34 Reales Decretos-Ley en Consejo de Ministros, con medidas para hacer frente a la crisis sanitaria pero también las crisis económica y social derivadas de la primera.

Con todo, ha celebrado que sumando a los compromisos ya cumplidos, aquellos en los que ya está trabajando el Gobierno, la cifra resultante es que el Gobierno de coalición ha puesto en marcha a lo largo de su primer año el 90,9 por ciento de los compromisos adquiridos.

Además, se ha referido a los acuerdos específicos pactados entre los miembros de la coalición de Gobierno, que ha cifrado en 428. De ellos, ha asegurado que se ha cumplido ya con el 20,3 por ciento.

MEDIDAS PENDIENTES DE ABORDAR

El presidente también ha desgranado el grado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno, en función de los cuadro ejes que guían ahora mismo la acción del Ejecutivo, que son el de la transición ecológica; el de la digitalización, el eje por la eliminación de la brecha de género y por la igualdad; y el de la cohesión territorial y social de España.

A este respecto, el informe señala que se han cumplido el 22,8% de los compromisos del primer eje de la 'España verde', con la puesta en marcha por ejemplo del Plan de reducción de emisiones, pero reconoce que todavía quedan, como "compromisos no iniciados más relevantes", la elaboración de la Estrategia Industrial con el horizonte 2030 para la transición ecológica y la descarbonización; aprobar una ley de base reguladora del ciclo integral del agua; revisar el régimen tarifario hídrico en las cuencas mediterráneas, atendiendo a los principios de sostenibilidad y transparencia; y modificar la Ley de Seguridad Alimentaria.

En cuanto al eje de la 'España digital', se ha cumplido, según el informe, casi el 27%, con la aprobación de la Estrategia España Digital 2025, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y el Plan de Conectividad y para las Infraestructuras Digitales, junto con la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G. No constan además compromisos relevantes sin iniciar para el nuevo año.

El grado de cumplimiento de los compromisos del tercer eje, el de la igualdad de género, se sitúa en el 31% en este primer año, y se espera llegar al 47% en junio, con medidas como la aprobación de la Ley de Libertad Sexual. Entre los compromisos no iniciados, se destaca el de impulsar la protección de menores para evitar el acceso a la pornografía, o el de integrar a las empleadas del hogar en el Régimen General de Seguridad Social, para cotizar por ingresos reales.

Por último, el Gobierno señala que se han cumplido ya 23% del total de los compromisos en materia de cohesión e inclusión, tanto a nivel territorial como social, aunque señala que queda pendiente abordar cuestiones relativas a la derogación parcial de la reforma laboral, como limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa; limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa; derogar la ultraactividad limitada de los convenios colectivos y la prioridad aplicativa del convenio de empresa; vincular el descuelgue de convenio a causas económicas graves; reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones en caso de uso fraudulento.

En este punto, también admite que queda no se ha iniciado el compromiso de abrir el debate y presentar una propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica; el de aprobar una ley nacional contra la corrupción; o elaborar una ley de asilo.

Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP --Madrid, Murcia, Galicia, Castilla y León y Andalucía-- se han quejado de la "discriminación" que, a su juicio, les hace el Ministerio de Hacienda en el reparto de los 10.000 millones de euros del Fondo REACT-EU, y han denunciado que Cataluña, que recibirá 1.706 millones (17,1%), "siempre gana".

El Gobierno informó este lunes a las Comunidades Autónomas del dinero que recibirían del primer reparto de los fondos europeos, que deja como principales beneficiados a Andalucía (18,8%), Cataluña (17,1%) y la Comunidad Valenciana (12,5%), mientras que la Comunidad de Madrid solo recibirá el 12,8 por ciento sobre el total.

Por ello, la primera en alzar la voz ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha censurado que la región madrileña sale perjudicada respecto a Cataluña, que tiene "escenarios sociales y económicos muy parecidos a Madrid".

Ayuso considera que el apoyo al independentismo catalán se va a pagar "a costa" de los madrileños, que van a recibir 422 millones de euros menos. En este sentido, ha avanzado que denunciará este "maltrato a Madrid" en todas partes: En Bruselas y en España. "No nos vamos a quedar cruzados de brazos ante una discriminación inaceptable por injusta y en el momento menos adecuado", ha lanzado la presidenta madrileña.

CENSURAN UN CRITERIO POLÍTICO

Otro de los 'barones' territoriales del PP más críticos con Sánchez ha sido el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, quien ha reprochado al Ejecutivo central su "criterio político" a la hora de establecer el reparto de estos fondos.

"El Gobierno de España deroga el sistema de financiación de las comunidades y ni siquiera cumple los criterios que establece la Unión Europea para las regiones de los Estados miembro", ha denunciado Feijóo, que ha asegurado que, con este reparto, a Galicia le faltan por recibir hasta 260 millones de euros.

En este contexto, Feijóo ha sospechado de los motivos "políticos" que llevan a efectuar esta distribución de las cuantías: "Sirve exclusivamente para mantener la mayoría parlamentaria del Gobierno perjudicando a las comunidades cumplidoras".

El líder del PP en Galicia ha coincidido con el resto de mandatarios autonómicos 'populares' en apuntar hacia Cataluña como beneficiador de este reparto: "Siempre hay el mismo razonamiento. Si ustedes miran qué comunidades ganan siempre, es la misma: Cataluña. ¿Y qué comunidades pierden? Siempre son las mismas: Castilla y León, Galicia y otras".

En parecidos términos se ha pronunciado el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de "robar" a Andalucía fondos procedentes de la Unión Europea para pagar "favores políticos" a los dirigentes de ERC y de Bildu, Gabriel Rufián y Arnaldo Otegi, respectivamente.

Pese a ser la región que más dinero reciba de estos 10.000 millones de euros, desde la Junta andaluza califican de "atropello" el hecho de que vayan a llegar 1.881 millones. Según aseguran, a Andalucía debería llegar realmente un 32 por ciento, 3.200 millones, si el Gobierno central aplicara los criterios que ha aplicado la UE para el reparto de los fondos entre los países miembros, esto es, tasa de población, tasa de desempleo y renta per capita.

"ES INSULTANTE"

También se han quejado de estos fondos los gobiernos autonómicos de Murcia y Castilla y León. En el caso del primero, el consejero de Presidencia, Javier Celdrán, ha tachado de "insultante" el dinero que llegará a Murcia de este fondo REACT-UE porque considera que "perjudica" a la Región.

El Ejecutivo murciano también se ha referido a Cataluña, "que puede estar muy contenta" porque, según ha denunciado, recibe un 17 por ciento de los fondos, "a pesar de representar el 15,9% de la población. Asimismo, también ha cargado contra el reparto de las Comunidades gobernadas por los socialistas tales como la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también se ha quejado de esta distribución del Gobierno a través de un escueto mensaje en su perfil de Twitter. Aquí, el líder regional considera que este reparto "penaliza a los que mejor han hecho los deberes y agrava desigualdades".

CASADO APOYA A SUS LÍDERES TERRITORIALES

El presidente del PP, Pablo Casado, ha querido dar su apoyo explícito a los mandatarios autonómicos 'populares' en sus quejas hacia el Gobierno por este reparto. Lo ha hecho durante su comparecencia de prensa en la sede nacional del partido en la que ha hecho balance de este año 2020.

Al ser preguntado por un posible "agravio" entre distintas CCAA, Casado ha reconocido que ha hablado con los diferentes 'barones' territoriales sobre este sentido, y que consideraban "intolerable" esta diferencia.

El líder del PP ha pedido "equidad" en el reparto de los fondos europeos a todas las Comunidades Autónomas, "tal y como se comprometió Sánchez en la Conferencia de Presidentes" y ha vuelto a insistir en una evaluación independiente de este dinero.

Asociaciones médicas y civiles han exigido al Gobierno que tome medidas para alcanzar una prevalencia inferior al 5 cinco de fumadores en el año 2030. "Ha llegado el momento de conseguir que el consumo de tabaco sea residual y con una tendencia marcada a desaparecer en la sociedad española", resaltan en la declaración 'Endgame del tabaco en España 2030'.

En su texto, denuncian que durante la última década los distintos gobiernos "han demostrado no tener una estrategia clara para reducir un tabaquismo", que en España alcanza un 34 por ciento de la población entre 14 y 65 años. Esta declaración, impulsada por Nofumadores.org y apoyada por 20 asociaciones sanitarias y de consumidores, insta al Gobierno de España a poner los cimientos de la primera generación sin tabaco para el año 2025 y llegar al final de la epidemia tabáquica en el año 2030 con una prevalencia de fumadores inferior al 5 por ciento.

La declaración establece una hoja de ruta con medidas a corto, medio y largo plazo con medidas que ya funcionan en otros países para "proteger al conjunto de la población y evitar que los menores jamás se inicien en la adicción a la nicotina".

"El 'Endgame' para el tabaco es un objetivo ambicioso, pero realizable. Para ello es necesario implementar una política de precios agresiva y un control sobre la venta que hoy no se produce, pues todos los menores tienen un acceso al tabaco tan sencillo como hace 30 años. Para luchar contra esto la declaración propone restringir lo más posible la adquisición de tabaco o nuevas formas de consumo a todas aquellas personas nacidas en 2007 y en adelante a partir del momento en que adquieran la mayoría de edad en 2025, con la finalidad de impedir el reemplazo de adictos que mueren por tabaco", argumentan.

Así, contemplan una "fuerte disminución" de los puntos de venta de tabaco. De esta forma, máquinas expendedoras, en estaciones de Servicio, hostelería y tiendas de conveniencia quedarían fuera. Solo podría venderse en los estancos y, además, exigiendo el DNI a todo aquel que aparente tener menos de 25 años. El nuevo tabaco, cigarrillos electrónicos y tabaco calentado, sufriría las mismas restricciones.

Por otra parte, indican que el precio del tabaco juega un "papel fundamental" para que un amplio porcentaje de fumadores decidan dejarlo, y también para que los menores no accedan a su consumo. "Se hace imprescindible un precio disuasorio, como en Francia, Inglaterra, Australia o Nueva Zelanda. Una subida del 10 por ciento del precio del tabaco es absorbida rápidamente por la industria, una cajetilla a 10 euros no", agregan.

Navarra ha comenzado este martes a vacunar frente al Covid-19 a los profesionales sociosanitarios de residencias de la Comunidad foral. Con dosis recibidas hoy mismo, los trabajadores han comenzado el proceso de vacunación en los espacios de Refena en Pamplona y en distintos centros residenciales.

Tras recibir la primera dosis, algunos de estos trabajadores han animado al resto de profesionales y a la ciudadanía a que se vacune. La primera profesional en recibir la vacuna ha sido Virginia Úriz, de la residencia El Vergel, que ha señalado que "lo ideal es que todos nos vacunásemos para lograr una inmunidad total, pero es respetable -la decisión individual de cada uno-". "Yo animaría a los compañeros a que se vacunen", ha explicado, señalando además que en su residencia, donde se administró el domingo la primera vacuna de Navarra "los abuelos tenían ganas" de que llegara la vacuna.

Por su parte, Beatriz Arrarás Hidalgo, también trabajadora de El Vergel ha explicado que el momento de la vacuna ha sido "un pinchazo normal". "Ni me enterado. Tenía muchas ganas", ha dicho. Sobre la opción de otros profesionales que no quieran vacunarse, ha señalado que "es respetable, cada uno tiene su opinión y es voluntario, pero yo también creo que si nos vacunásemos todos o la gran mayoría de la población en general con suerte se acabaría esto mucho antes". "Creo que es el principio del fin, parece que está un poco lejos, pero sí", ha asegurado, señalando que la situación de los últimos meses "ha sido bastante agobiante, con esa preocupación que tienes para no contagiarte tú y no contagiar al resto".

En la misma línea, José María Villaplana Merino, trabajador del centro San José de Pamplona, ha considerado que "es muy importante que nos vacunemos porque es la única forma de ir terminando con esta pandemia". "Para mí era una cuestión esperada y espero que para más gente también. Cada uno tiene que tener su opinión o su forma de medir las cosas. Desde mi punto de vista, creo que es lo más conveniente vacunarse y por eso lo he hecho. Hay que respetar lo que piensan los demás, pero creo que sería mejor para todos que nos vacunásemos", ha añadido, señalando, que habiendo recibido la primera dosis y a la espera de la segunda, va a afrontar la vida "ya un poco más normal.

Susana Peña, también trabajadora de centro San José, ha explicado que la situación de los últimos meses "no es vida, siempre estás pensando si tú puedes contagiar a los internos y a las internas y yo no quiero vivir con miedo, y como yo, mis compañeras y mis compañeros". "No sé quién va a vacunarse y quién no, pero yo por lo que estoy viendo había muchísima gente del centro para vacunarse", ha afirmado, señalando que el momento del pinchazo "no es nada, me suelo vacunar de la gripe y es como vacunarte de la gripe".

LA PRIMERA ENFERMERA QUE VACUNÓ, DE LA "INCERTIDUMBRE" A LA "EMOCIÓN"

También ha estado en Refena realizando labores de vacunación en Refena Andrea Blanco, que fue la enfermera que administró la primera dosis de la vacuna en Navarra el pasado domingo y que a su vez realizó la primera PCR que resultó positiva en la Comunidad foral al inicio de la pandemia. Recorrido todo este periodo, ha afirmado que el momento es "muy emocionante". "Han sido dos momentos completamente distintos, desde la incertidumbre y el miedo que tuvimos cuando nos tocó trasladar el primer positivo, a poner ahora la vacuna, que parece que es el principio del fin, que se empieza a ver la luz al final de esta pandemia, ha sido algo emocionante", ha relatado.

Blanco ha explicado que "aún no se sabe cuándo nos va a tocar a nuestro sector ponernos la vacuna, de momento estamos con el sector de sociosanitarios y residentes de las residencias, pero en principio sí me la voy a poner porque creo que es la solución para acabar con todo esto". "Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero si queremos acabar con todo esto, habría que vacunarse", ha dicho.

En esa línea, ha señalado que los sanitarios pueden "servir de ejemplo porque mucha gente en torno de nosotros nos pregunta a ver qué haríamos como personas conocedoras del mundo de la salud. "Ver que los sanitarios se vacunan puede servir de ejemplo para que la gente confíe en la vacuna y se la ponga", ha explicado.

Sobre el proceso para administrar la vacuna, ha apuntado que "al principio fue mucha incertidumbre porque no se sabía cómo iba a ser la administración, pero de momento está yendo todo muy bien". "Es una vacuna que al principio, como se desconoce, parecía que iba a ser complicada, pero una vez que hemos empezado a ponerla es como una vacuna más, que sí que requiere una preparación distinta, pero que es sencilla", ha indicado.

Por último, Kiko Betelu, subdirector de Urgencias del Servicio Navarro Salud, ha dicho que "tenemos clarísimo que esto es el principio del fin, todavía queda mucha pelea, todavía está esa expectativa de si habrá tercera ola, pero está claro que lo que acaba con la pandemia es la vacunación lo más masiva que se pueda". "Haber empezado tan pronto ya es una buena noticia y no tengo ni la más mínima duda de que aquí se va a vacunar fenomenalmente bien igual que se han hecho las PCR, el rastreo y los cribados", ha dicho.

Sobre la capacidad de Navarra para vacunar, ha explicado que "hoy vamos a vacunar a 280 personas, pero en esta primera tanda de enero hay días que vacunamos a 850 personas en un día, y en febrero y marzo empezamos con vacunación más amplia, con la vacuna de Moderna y de Oxford, y nos adaptaremos a lo que haga falta". "No tengo ninguna duda de que si es necesario que vacunemos a mil o dos mil personas al día, lo haremos", ha subrayado.

Betelu ha asegurado que "no nos cabe ninguna duda de que la vacuna, salvo contraindicaciones individuales que puede haber en alguna persona, es segura y la vacunación en masa es la clave para que esto se acabe".

La Asociación Española de Pediatría, a través de su Comité Asesor de Vacunas (CAV-AEP), la Asociación Española de Vacunología (AEV), la Sociedad Española de Inmunología (SEI), la Sociedad Española de Microbiología (SEM) y la Sociedad Española de Virología (SEV) firmantes de este comunicado, han reivindicado la importancia que la vacunación tiene contra la COVID-19, animando a la población a acudir a vacunarse.

"Mediante la vacunación se logrará, en primera instancia, la disminución de los ingresos en nuestros hospitales y UCI, así como de la mortalidad en los colectivos más vulnerables; posteriormente, y conforme se alcance la inmunidad de grupo, se disminuirá la transmisión de la enfermedad y, finalmente, podremos recuperar nuestra anterior normalidad", señalan en un comunicado conjunto.

En este sentido, lanzan una serie de mensajes: "La vacunación masiva es la única forma aceptable de conseguir la inmunidad de grupo. Las vacunas de la COVID-19 muestran hasta ahora un elevado nivel de eficacia y seguridad. Es fundamental que se confíe en la ciencia. Es importante buscar información en fuentes fiables, difundir información contrastada y contribuir a evitar los bulos en las redes sociales".

Estos expertos recuerdan que el éxito de las vacunas depende del "compromiso de toda la población". "Del mismo modo que la globalización contribuyó a distribuir la pandemia por todo el planeta, terminar con la pandemia mediante la vacunación es también un compromiso global. Esto significa que todos los países sin excepción necesitan alcanzar una cobertura de vacunación suficiente, pues no podemos olvidar que las enfermedades infecciosas viajan junto a las personas", reivindican.

En este contexto, defienden que las vacunas "han demostrado ser la única opción disponible hasta la actualidad para evitar el padecimiento de la enfermedad a través del desarrollo por parte de nuestro organismo de protección directa frente al patógeno que la causa". Depende ahora de todos, científicos, profesionales de la salud y población general, conseguir en el menor tiempo posible la inmunidad indirecta necesaria a través de la vacunación para que el virus deje de circular. Esta es la única esperanza real de que disponemos para volver lo antes posible a nuestra anterior normalidad", insisten.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 510 casos positivos de Covid-19 confirmados y cinco nuevos fallecimientos, lo que supone un total de 1.059 desde el inicio de la pandemia.

Los fallecidos son dos mujeres de 89 años de Casar de Cáceres, un varón de 82 años de Miajadas, un varón de 87 años de Trujillo y una mujer de 89 años de Oliva de la Frontera.

En los hospitales extremeños hay ingresadas 234 personas, diez más que las notificadas este lunes, 29 de ellas en UCI, una más, y se han dado 133 altas, lo que equivale a un acumulado de 31.351.

DATOS POR ÁREAS

El Área de Salud de Badajoz ha notificado 115 casos confirmados, tiene 46 pacientes hospitalizados, 11 de ellos en UCI, y acumula 126 fallecidos y 7.599 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha notificado 130 casos positivos, tiene 95 pacientes ingresados, de los que seis están en UCI, y acumula 366 fallecidos y 5.960 altas.

El Área de Salud de Mérida ha registrado 104 casos confirmados, tiene 29 personas hospitalizadas, de las que seis están en UCI, y acumula desde el inicio de la pandemia 115 fallecidos y 5.759 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 77 casos positivos, cuenta con 21 pacientes hospitalizados, de los que tres están en UCI, y acumula 104 víctimas mortales y 3.668 pacientes curados.

El Área de Salud de Plasencia ha registrado 14 casos positivos, tiene 19 pacientes hospitalizados, de los que tres están en UCI, y ha registrado un total de 144 fallecidos y 2.557 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado 19 casos confirmados, tiene seis pacientes ingresados y ha registrado 75 fallecidos y 1.910 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 28 casos positivos, tiene 11 pacientes ingresados y ha registrado un total de 75 fallecidos y 2.720 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria ha comunicado 23 casos positivos, tiene siete pacientes hospitalizados y, desde el inicio de la pandemia, ha fallecido 54 personas y se han dado 1.178 altas.

La Asociación Guardias Civiles Solidarios (AGCS), con sede en Granada, cierra el presente año con el reparto de nueve toneladas de todo tipo de material para combatir la Covid-19, desde mascarillas, alcohol y tela especial para confeccionar prendas sanitarias; a productos básicos, como alimentos y ropa, para aquellos que peor lo están pasando por la crisis económica y social derivada de la pandemia.

Desde que el pasado 16 de marzo abrieran la campaña de ayuda 'Covid19', el colectivo ha desarrollado 178 actuaciones encaminadas a la protección de los sanitarios y del personal que trabaja en centros de mayores, pero también de instituciones y personas con necesidades alimentarias o de higiene. Estiman que en este tiempo han beneficiado directamente con su labor a 2.061 niños y a 12.824 adultos y profesionales.

La marea de solidaridad canalizada por la asociación ha sido apoyada por cientos de costureras, comercios, empresas y compañeros que les han permitido llegar a diferentes provincias de la geografía nacional.

Así la ayuda que llegó en forma de material de protección benefició a la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policías Locales, Protección Civil y Ejército, también al SAS con la donación de 9.000 unidades para equipos de oxigenoterapia, diferentes hospitales y centros de salud de las provincias de Granada, Jaén y Córdoba, pero también de Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid o Las Palmas.

Nos hemos jugado literalmente nuestra integridad física, nos hemos adentrado en lugares contagiados donde el caos reinaba, las muertes y la desesperación, incluso tuvimos que dotarnos de material profesional de protección y mascarás de respiración provistas de filtros específicos como medidas de prevención o aparatos de ozono para purificar zonas de trabajos o vehículos", ha relatado a Europa Press el presidente de la AGCS, José Cabrera.

"Algunos grupos políticos nos donaron sus dietas, VOX, PP y Cs, abrimos campañas de recaudación de fondos para poder hacer frente a la caótica situación y estamos convencidos de que hemos hecho todo lo posible por proteger a miles de profesionales y personas que no tenían nada para combatir y protegerse del virus", ha agregado.

En estos meses la asociación ha realizado otras 41 campañas para otros objetivos, como las dos ayudas económicas para los afectados de las inundaciones en Honduras, la repatriación de un ciudadano español que se encontraba desaparecido en Perú o la ayuda dirigida a varias escuelas de Ghana donde se pretenden informatizar las aulas; además de 20 operativos para localizar a desaparecidos en nuestro país.

Este trabajo les ha hecho merecedores en 2020 del premio del grupo Vocento "Gracias" por destacar con su ayuda en la pandemia y en representación de todo el colectivo de la Guardia Civil, y del premio de la Fundación QSD Desaparecidos por el trabajo que desarrollan en esta materia.

El rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, y el gerente y responsable de covid-19, Javier Ferreira, han presentado este martes el balance del inicio del curso 2020-2021, cuyo primer periodo está a punto de finalizar. Así, han valorado como "muy positivo" este arranque, dada la "anormal" situación experimentada por la comunidad educativa debido a la pandemia de coronavirus.

En rueda de prensa, Antonio López ha comentado que el objetivo principal era demostrar que docencia y medidas de seguridad --respecto a la covid-19--, son compatibles, "y se ha conseguido". "Adaptamos los espacios y los procesos a una nueva realidad en un tiempo récord, tomando las medidas aprobadas por la conferencia sectorial de educación, 1,5 metros de distancia entre alumnos y mascarillas obligatorias, en muy poco tiempo", ha destacado el rector de la USC.

Antonio López ha indicado que otra de las metas era "garantizar la máxima presencialidad posible" y ha destacado que esta ha sido total en un 20% de las titulaciones. En el resto, ha señalado el rector, se le ha dado preferencia a los alumnos de nuevo ingreso.

El rector ha apuntado, además, que las pruebas de evaluación presenciales, programadas para enero, se realizarán tal y como están previstas, "siempre que las restricciones lo permitan". Con todo, ha recordado que el comité de seguimiento de la universidad compostelana tiene prevista una reunión para el 7 de enero, "en la que se contemplarán todos los escenarios".

Respecto a los contagios entre los universitarios, Antonio López ha defendido que los protocolos, tanto en los centros docentes como en las residencias, han funcionado muy bien y, aunque ha reconocido que ha habido contagios, "menos que los registrados en la sociedad en general", con una tasa de positividad del 0,80%.

"Los picos máximos de incidencia se registraron a finales de octubre, coincidiendo con los cribados masivos realizados por la universidad en los que fueron convocados 22.000 estudiantes y con 14.000 pruebas realizadas", ha indicado el rector, que ha destacado la participación de la comunidad universitaria.

También en esta línea se ha expresado el gerente y responsable covid-19 de la USC, Javier Ferreira, que ha agradecido el comportamiento "ejemplar" de los estudiantes, a pesar de la "culpabilización" a la que se han visto sometidos. "Todo esto no podría haber sido sin ellos", ha afirmado Ferreira, que ha destacado que las incidencias han sido "ínfimas" y que ha resumido el curso 2020 como "normalidad plena en una situación anormal".

AYUDAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA COVID-19

Javier Ferreira ha confirmado que la oficina covid-19 y demás organismos para la gestión de los efectos de la pandemia entre la comunidad universitaria, continuarán en funcionamiento durante 2021. Estas oficinas, ha explicado el rector de la USC, han recibido más de 8.000 consultas entre correos electrónicos y llamadas telefónicas.

Por su parte, Antonio López ha destacado que, además de la adecuada docencia universitaria, otro de los objetivos contemplados era mitigar "las consecuencias sociales y económicas" de la pandemia en los estudiantes y sus familias, así como suavizar los problemas derivados de la brecha tecnológica.

Para ello, la Universidade de Santiago de Compostela, convocó diversas líneas de ayuda relacionadas con la conectividad y los equipos técnicos. Además, 127 estudiantes se han beneficiado de los bonos comedor, con los que también, ha explicado el rector, "se apoya a las cafeterías y comedores universitarios, afectados por la pandemia".

Antonio López ha reconocido que la crisis provocada por el coronavirus no sólo ha afectado a los estudiantes, también a la universidad, que ha tenido que reforzar la digitalización de las facultades --red wifi y aplicaciones-- para compatibilizar la actividad docente presencial y no presencial. "Ahora mismo, disponemos de 170 aulas plenamente adaptadas digitalmente", ha señalado el rector, que ha destacado que seguirán en esa línea el próximo año.

El rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, ha presentado el balance del curso 2020, en una rueda de prensa en la que, junto al gerente y responsable de covid-19 en la universidad, Javier Ferreira, ha dado cuenta de los proyectos de la universidad a corto plazo, entre los que se encuentra la construcción de la 'Cidade da Saúde', un proyecto para el que espera "exista la oportunidad de financiación por parte de los fondos europeos".

En este sentido, Javier Ferreira ha indicado que, "para finales de enero" esperan poder establecer una agenda de negociación en la que buscar líneas de financiación para el proyecto. Con todo, López ha señalado que "gran parte" de la inversión tendrá que proceder de la Comunidad Autónoma.

El gerente ha detallado que la USC destinará a la Cidade da Saúde, presupuestada con más de 80 millones de euros, una inversión de cinco millones, de los que cuatro se corresponderán íntegramente con la partida obtenida por la universidad compostelana en el presupuesto de gasto extraordinario otorgado por la Xunta, en la que se repartieron 10 millones de euros entre las entidades gallegas.

Antonio López ha comentado además que este proyecto es una "prioridad" para la universidad y que, además, la construcción de la Cidade da Saúde repercutirá "muy positivamente" en la capital gallega en torno a tres ejes: la docencia --mejorará la calidad de la enseñanza en Medicina, Farmacia, con facultad propia, y Enfermería, entre otras titulaciones--, la investigación --por su cercanía a los centros de investigación compostelanos-- y el sector empresarial, donde ha subrayado la creación de la incubadora biotecnológica 'Sionlla Biotech'.

Tanto López como Ferreira han destacado que, además de la Cidade da Saúde, la universidad de Santiago, mediante el Plan de Infraestructuras aprobado este año para desarrollar a medio y largo plazo, llevará a cabo otras obras, entre ellas modificaciones en la facultad de Magisterio y la rehabilitación de Historia y Geografía. Además, han confirmado que, junto a Turismo de Galicia y debido al próximo año Xacobeo 2021, se realizará una limpieza de las fachadas de San Xerome y Fonseca.

En cuanto a las situación económica de la universidad, Ferreira se ha mostrado satisfecho ya que "se ha hecho todo lo que se ha podido dadas las circunstancias". El gerente ha explicado que se ha producido una caída acusada de los ingresos, unos 7 millones de euros menos, debido a la pandemia, pero ha explicado que la deuda, en un 7%, "está contenida". "Incluso hemos sido capaces de pagar parte de la deuda, unos 3.800.000 euros", ha indicado Javier Ferreira.

El gerente ha agradecido el esfuerzo realizado por toda la comunidad universitaria para minimizar gastos y que se ha visto recompensado con un déficit "contenido, que baja" de un 2,75%. "Estamos por debajo de la media de otras administraciones como la Xunta, que tiene previsto un 10%", ha subrayado Javier Ferreira. Con todo, espera "recuperar capacidad de ingreso con la vuelta a la normalidad", en 2021.

MÁS ESTUDIANTES Y MÁS TITULACIONES, INCLUIDA HOSTELERÍA

Por otra parte, Antonio López ha confirmado que en enero se firmara el convenio de adscripción del Centro Superior de Hostelería de Santiago de Compostela a la USC "para que las titulaciones tengan carácter oficial". El rector ha informado de que, a pesar de la firma del convenio a principios de 2021, la adhesión no será válida para el próximo curso.

Antonio López ha incidido también en el aumento de matriculados en la USC en el curso 2020, que ha achacado a un "mayor número de aprobados en la EBAU y de bachilleratos", por lo que ha reconocido que se trata de una situación "excepcional", aunque espera que sea una tendencia que se mantenga en el tiempo.

"Aunque el reparto entre campus es desigual, Santiago ha acogido a más estudiantes, en Lugo se han cubierto un 40% más de plazas que el curso pasado", ha señalado el rector de la USC.

Será en el campus lucense donde se imparta, a partir del próximo curso, el grado de gestión cultural, según ha explicado Antonio López. Además, ha informado de que existe una propuesta para implantar una titulación sobre Inteligencia Artificial y que "continúan trabajando" para aumentar las plazas en los grados STEM --Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas--, los más demandados.

El rector de la Universidade de Santiago ha destacado también el incremento en los puestos para Personal Docente Investigador (PDI), con 262 plazas ofertadas, y para Personal de Administración y Servicios (PAS) con tres Ofertas Públicas de Empleo (OPE), que suman 383 plazas. El objetivo, ha explicado López, es "acabar con la precariedad de estos colectivos".

El Gobierno ha aprobado este martes las pautas para impulsar y actualizar el uso de las lenguas oficiales autonómicas dentro de la Administración General del Estado (AGE) para impulsar la política lingüística y, dentro de ellas, se llevará a cabo la creación de Unidades de Lenguas en los Ministerios en las que se designará a una persona como interlocutor con la Oficina de Lenguas.

Así lo ha dado a conocer el Ministerio en un comunicado en el que ha explicado sobre esta medida que "se basa en las actividades de concienciación desarrolladas con éxito en otras materias, como las unidades de transparencia". También han trasladado otras pautas como la adopción de medidas de sensibilización y concienciación entre los empleados públicos de servicios centrales y, en esta línea, un aumento de las actividades de formación.

Asimismo, recomiendan establecer un sistema de indicadores para organizar la información mediante un sistema que permita cuantificar, evaluar y medir lo que se hace, así como revisar y actualizar el repositorio de los documentos con la creación de uno nuevo en coordinación con la Dirección General de Gobernanza, "responsable de las cuestiones relativas a imagen institucional". Por último, también han sugerido la dotación de medios personales y materiales para desarrollar la política lingüística y la implementación de una metodología para la validación de páginas web.

Por su parte, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, ha destacado que "las lenguas son riqueza y variedad" y que las lenguas son un derecho del ciudadano y es un deber de la Administración garantizar este derecho.

El secretario de Estado ha hecho balance de la actividad de la Oficina de Lenguas, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en la reunión del Consejo de Lenguas Oficiales de la AGE, órgano colegiado interministerial integrado por todos los departamentos ministeriales y al que han asistido representantes de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales de Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana y Galicia.

El principal objetivo del encuentro, ha subrayado el secretario de Estado, ha sido aprobar las conclusiones del Informe de Diagnóstico y también alcanzar un consenso sobre las recomendaciones que derivan del mismo, que asumidas conjuntamente por todos, marcan la hoja de ruta para mejorar en los próximos tres años el cumplimiento de los compromisos asumidos por España en la protección de las lenguas.

Han participado también en la reunión la directora de gestión editorial del BOE, Susana Gómez, la directora académica del Instituto Cervantes, Carmen Pastor, el director del INAP, Mariano Fernández Enguita, y el experto independiente del Consejo de Europa para la Carta de Lenguas Regionales y Minoritarias, Albert Branchadell.

Hernández Spínola ha subrayado que la rápida generalización de las reuniones telemáticas ha ayudado mucho a la cooperación territorial y la cogobernanza. "Si todo mecanismo de cooperación y colaboración es indispensable en un Estado descentralizado como el nuestro, todavía tiene más relevancia en la materia que nos ocupa, la política lingüística y las lenguas oficiales", ha enfatizado.