El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, también secretario general de la formación y diputado nacional, ha indicado que "existe un riesgo" de que "con la deslealtad de Ciudadanos" prospere en la Comunidad de Madrid una moción de censura de la izquierda contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por lo que es partidario de que se convoquen elecciones para evitarlo.

"Es un riesgo que está ahí. La deslealtad de Cs es permanente. Hay una competición por ver quién es el primero que se inventa algo y sale en prensa para llevarse el titular. Vemos señales preocupantes de deslealtad y sí se puede dar que la izquierda gobierne y me preocupo muchísimo, porque es dañina al máximo", ha sostenido Smith, en una entrevista concedida a Europa Press.

Ante este "riesgo", ha dicho, que es preferible que se convoque elecciones para que se aclare la situación en Madrid y ha recordado que "Vox es un partido leal", pese a que la formación 'naranja' les haya tratado "como apestados" en numerosas ocasiones.

"NI UN MENA MÁS"

Otra de las problemáticas que ve a nivel regional, es la situación de "inseguridad" en la que se encuentran algunos barrios madrileños debido a los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (menas). Para el portavoz de Vox la solución pasa por que los menores "sean devueltos a sus países de origen, se controlen las fronteras y no se admita como normal que "España tenga que estar aceptando el abandono que hacen a los menores en esos países de origen".

"No nos van a engañar con demagogia. No les dan futuro a esos menores y acaban o en redes de narcotráfico o prostitución. Hay que exigir a sus países de origen que se hagan cargo y más seguridad en las calles", ha pedido, para a continuación enumerar diversos casos de abusos y delincuencia que han vivido ciertos comerciantes o vecinos en barrios madrileños.

Asimismo, se ha preguntado por qué "van a tener más derecho" esos menores que los comerciantes, los jóvenes y los mayores de la región. "Es un auténtico despropósito. Ni un menor más. Les damos ropa y alimentos, pero te los devuelvo a tu país y tú te encargas de ellos", ha zanjado.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha formalizado este sábado la petición de la Comunidad Autónoma para que el Gobierno de la nación declare el estado de alarma, con el fin de garantizar la seguridad jurídica de las medidas que sean precisas a partir de ahora para frenar la proliferación de contagios y la extensión de la pandemia de Covid-19.

En un escrito dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Revilla requiere esta declaración ante la "posibilidad" de tener que recurrir a restricciones añadidas a las ya aprobadas y que afecten al "núcleo duro" de los derechos fundamentales, las cuales solo tienen cabida "al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio", según apunta el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

A juicio del presidente cántabro y líder del PRC, la situación que está padeciendo en este momento España hace "imprescindible" la necesidad de "homologar" los criterios de actuación de las diferentes comunidades autónomas y el estado de alarma permite "evitar situaciones como las que se están dando ahora, con sentencias de los tribunales superiores de justicia dispares en cada territorio" a la hora de valorar aquellas medidas que afectan a los derechos fundamentales.

Además de subrayar que el estado de alarma es "la única fórmula" para brindar "respaldo legal" a las autonomías, Revilla defiende una actuación "coordinada con el Estado", en la que las comunidades "mantengan sus competencias" para decretar las medidas precisas en función de la evolución de la pandemia en cada territorio, con el objetivo de "contribuir de la manera más rápida posible a frenar la evolución de los contagios, que en este momento está siendo muy preocupante".

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga (PSOE), ha considerado "fundamental" coordinar la acción de las comunidades autónomas, a través de la declaración del estado de alarma que, a su juicio, es la "herramienta constitucional clave" para poder adoptar nuevas medidas si fuera necesario ante el "preocupante" avance del Covid.

"La situación sanitaria en España exige que los Gobiernos estemos preparados para tomar las decisiones que sean necesarias", ha añadido.

El número de municipios gallegos en el nivel máximo de alerta, el 3, por la incidencia del coronavirus en la última semana se ha elevado este sábado hasta los 29, cuatro más que la jornada anterior, al entrar en esta situación Fene, Marín, Redondela, Vigo, Barbadás y Xinzo y rebajar su alerta O Barco y Nigrán.

Además, según consta en el mapa 'semáforo' actualizado diariamente por la Consellería de Sanidade, repiten en nivel 3 por la pandemia los ayuntamientos de Ferrol, Lalín, Ourense, O Carballiño, Verín, Narón, Oleiros, Arteixo, A Laracha, Ordes, Mesía, Santiago, Ames, Teo, A Estrada, Vilagarcía, Pontevedra, Poio, Cangas, Tui, Salvaterra, Monforte y Lugo.

La entrada en el nivel máximo de riesgo de todas estas localidades implica que detectaron más de 21 casos de coronavirus en los últimos siete días. Con todo, en las urbes de más de 50.000 habitantes, el umbral para detectar el aviso va en función del tamaño: Ferrol -más de 76 casos en una semana-, Pontevedra -más de 96-, Santiago -más de 112-, Lugo -más de 112- y Ourense -más de 120-.

Mientras, en situación dos -en el color naranja del mapa- se sitúan 22, tres más que este viernes. Del total, 11 repiten en esta lista: O Porriño, Neda, A Coruña, Culleredo, Mos, Gondomar, Boborás, Malpica, Muros, Oroso y Vilaboa.

En la alerta naranja han entrado este sábado Carballo, Cambre, Carral, Brion, Boiro, Cuntis, Soutomaior, O Barco, Bóveda, Nigrán y Ponteareas. Fene, Marín, Vigo, Barbadás, Xinxo y Redondela, que estaban este viernes en nivel 2 han empeorado su situación y han entrado en nivel rojo, mientras que Noia y Monterrei pasan a nivel amarillo.

En color naranja se incluyen municipios de más de 50.000 habitantes con entre 138 y 332 casos nuevos de COVID-19 a la semana por 100.000 habitantes -solo Vigo y A Coruña, en este caso- y en los de menor población que presenten entre 14 y 20 casos.

Vox espera sacar un amplio resultado en las elecciones al Parlamento de Cataluña que se celebrarán el próximo 14 de febrero e incluso superar a PP y Ciudadanos. Eso sí, avisa de que no apoyaría al PSC "ni harto de vino" para la Presidencia de la Generalitat.

Así lo expone el secretario general de Vox en una entrevista con Europa Press, en la que vaticina que su partido será "la primera fuerza política no separatista" en las próximas elecciones catalanas, por encima de PP y Vox y convirtiéndose en "la gran alternativa" que "necesitaba" la comunidad autónoma.

Ortega Smith cree que ese papel fue "tristemente traicionado" por Ciudadanos, cuya candidata, Inés Arrimadas, "salió corriendo" al Congreso de los Diputados y "dejó tirados" a los catalanes. Y ahora apunta que lo ejercerá Ignacio Garriga como candidato de Vox, recorriendo además el camino en sentido contrario, de las Cortes Generales donde ahora es portavoz adjunto del grupo parlamentario al Parlamento catalán.

RESCATAR CATALUÑA DEL TOTALITARISMO

Su papel será el de "rescatar" a Cataluña del "totalitarismo" de los separatistas y defender "una bandera tan sencilla" como el hecho de que Cataluña es España "y no se entiende sin España", según explica Ortega Smith.

A su juicio, "el inicio del fin" del separatismo llegará precisamente el día en el que una mayoría de los catalanes entiendan que solo alcanzarán un mayor progreso aumentando sus libertades, recuperando la economía o haciendo que su territorio vuelva a ser atractivo para los inversores. "Más progreso es menos separatismo", resume.

En este contexto, cree que el PSC es ya un partido independentista más del mapa político catalán y por eso Vox no lo apoyaría "ni harto de vino" para presidir la Generalitat y frenar así a otras fuerzas soberanistas.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal especializado en la comisión de estafas mediante la técnica del 'SIM swapping' que se dedicaba a vaciar las cuentas corrientes de sus víctimas y que operaba, principalmente, desde Valencia y Madrid.

Fruto de la operación policial, los agentes han detenido a 19 personas, han realizado 16 registros domiciliarios -11 de ellos en la Comunidad de Madrid y 5 en Valencia- y han bloqueado 75 cuentas bancarias.

Según ha explicado este sábado la Policía a través de un comunicado, el fraude a través del 'SIM swapping' es una de las modalidades de ciberestafa más actuales. Los delincuentes captan toda la información personal a través de diferentes técnicas -phising, malware o investigación en redes sociales- y consiguen realizar un duplicado de la tarjeta SIM para colocarla en otro dispositivo. Una vez que obtienen acceso y control sobre el número de teléfono móvil, los estafadores pueden acceder a la información sensible, como contraseñas o banca online, y ordenar transferencias a otras cuentas bancarias de la organización o contratar préstamos de forma inmediata.

En este caso, los investigados accedían a las cuentas bancarias de sus víctimas, tras vulnerar sus claves de seguridad, cuando éstas enviaban sus teléfonos móviles a reparar para luego vaciar sus cuentas corrientes y contratar créditos bancarios instantáneos, convirtiendo el dinero obtenido en criptomoneda para blanquearlo.

Los investigadores han acreditado el elevado perjuicio económico ocasionado a las víctimas, destacando que el montante de fraude realizado sólo a 7 víctimas asciende a más de 450.000 euros. El grupo desarticulado operaba en todo el territorio nacional, principalmente en la capital y el litoral español, con una progresión internacional de su actividad hacia Inglaterra y Estados Unidos.

La investigación se inició en junio de 2019 cuando los agentes detectaron diversos casos de estafa cometidos mediante la técnica de SIM swapping. Asimismo, tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo organizado de origen venezolano cuyos miembros estaban ubicados, principalmente, en Madrid y Valencia. Las estafas consistían en la obtención de información bancaria de las víctimas para, posteriormente, operar en comercios y realizar transferencias y extracciones de dinero en cajeros de todo el territorio nacional, principalmente en Madrid, Valencia y Barcelona.

El modus operandi consistía en la intrusión no autorizada en los datos sensibles guardados en los teléfonos móviles de personas que llevaban sus dispositivos a talleres o puntos de reparación. Éstas facilitaban, de buena fe, sus claves de desbloqueo del terminal con el objetivo de que pudieran acceder a él y repararlo.

La comisión de las estafas era posible porque uno de los investigados trabajaba en una cadena de reparación de telefonía, por lo que tenía acceso a todos los datos privados de los terminales que allí se depositaban, incluidas las claves de banca online con las que después operaban.

Eran los propios clientes quienes proporcionaban los permisos necesarios, confiando en que era necesario para la reparación de sus teléfonos. De esta forma, los investigados accedían a la totalidad de contraseñas de sus aplicaciones, así como a la galería de fotos, los blocs de notas o el correo electrónico, lugares que a menudo son utilizados por los usuarios para almacenar imágenes de su documentación, códigos PIN o anotaciones de contraseñas.

Una vez que obtenían los datos necesarios (claves, documentos, contraseñas), falsificaban los documentos de identidad de las víctimas y duplicaban las tarjetas SIM de sus teléfonos. En apenas unas horas, vaciaban sus cuentas corrientes y contrataban créditos rápidos en línea a su nombre. El dinero obtenido lo desviaban -mediante transacciones- a bancos internacionales, lo gastaban en compras, o bien realizaban extracciones directas en cajeros. Con las ganancias compraban grandes cantidades de bitcoins o adquirían motocicletas -que después vendían a precios inferiores al valor real de mercado- blanqueando así los beneficios de forma rápida y segura.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha avanzado que pedirá al Gobierno decretar el estado de alarma en la Comunidad Valenciana y que así "despliegue toda la potencialidad" en la lucha frente a la pandemia del coronavirus. También ha afirmado que este sábado se harán efectivas las restricciones de movilidad nocturna.

Así lo ha avanzado durante la noche del viernes en una entrevista en la Cadena Ser. Puig preside este sábado por la mañana una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), a la que también asisten la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló.

En el encuentro, según ha explicado, se aborda la resolución que anunció para restringir la movilidad nocturna de 00.00 a 6.00 horas hasta el 9 de diciembre y este sábado se van "a poner en marcha limitaciones", según avanzó en la entrevista de este viernes. Además, incluirá una reducción del número de personas permitido en los encuentros sociales.

"Yo le pido al Gobierno que desde luego despliegue toda la potencialidad que tiene en estos momentos y el estado de alarma creo que es un instrumento clave", ha indicado.

Así, ha explicado que, además de la restricción nocturna, se tomarán "otro tipo de medidas que puedan ir encaminadas a atajar lo que está produciendo el desborde más importante", en las reuniones en espacios privados.

Cataluña ha registrado hasta este sábado 225.901 casos confirmados acumulados de coronavirus -198.368 con una prueba PCR-, 6.073 más que en el recuento del viernes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.773, 48 más que los registrados el viernes: 8.407 en hospital o centro sociosanitario, 4.209 en residencia, 857 en domicilio y 300 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.743, lo que supone un aumento de 45 respecto al último recuento.

Un total de 325 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 29 más que en el balance anterior.

La tasa del riesgo de rebrote ha subido: el viernes alcanzaba un nivel de 635,71, y 24 horas después está en 713,37, mientras que la velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) se ha situado en 1,50.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 20.084 personas que han dado positivo, de las que 6.688 han muerto y 87 se encuentran actualmente ingresadas, 3 de ellas en la UCI.

POR COMARCAS

En la comarca del Barcelonès (Barcelona) se han contabilizado 79.360 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 5.672 muertes, mientras que actualmente hay 502 pacientes ingresados -97 de ellos en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 700,01.

En Osona (Barcelona) se han contabilizado 5.869 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 392 muertes, mientras que actualmente hay 47 pacientes ingresados -8 de ellos en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 1.372,44.

En el Gironès (Girona) se han registrado 6.896 casos confirmados acumulados de coronavirus desde que empezó la pandemia, con 224 muertes; actualmente hay 38 pacientes ingresados, de los que 11 están en la UCI, mientras que el riesgo de rebrote es de 979,65.

Respecto a la comarca de la Cerdanya (Girona), desde el inicio de la pandemia ha habido 519 casos confirmados acumulados de coronavirus, de los que 6 han muerto, mientras que actualmente hay 6 pacientes ingresados -1 de ellos en la UCI-; el riesgo de rebrote es de 920,73.

En el Baix Ebre (Tarragona), desde el inicio de la pandemia ha habido 1.558 casos confirmados acumulados, de los que 36 han muerto, mientras que actualmente hay 12 pacientes ingresados -4 de ellos en la UCI-, y el riesgo de rebrote es de 515,67.

En la comarca Les Garrigues (Lleida), desde el inicio de la pandemia ha habido 602 casos confirmados acumulados, de los que 7 han muerto, mientras que actualmente hay 9 pacientes ingresados -3 de ellos en la UCI-, y el riesgo de rebrote es de 675,35.

La Policía Nacional ha detenido a dos representantes de una entidad religiosa por estafar, supuestamente, 30.000 euros a varios fieles en la provincia de Málaga. La trama captaba dinero para la compra de un terreno y la construcción de un nuevo centro religioso en la localidad malagueña de Marbella, pero, según la investigación, era destinados a fines particulares de los sospechosos.

Fruto de la operación, ha detallado la Policía Nacional en un comunicado, han sido detenidos una mujer y un hombre, de 46 y 64 años, ambos de origen argentino, por su presunta implicación en los hechos. Los arrestados figuran como un administrador de la tesorería de la entidad y una de las fundadoras de la misma.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Marbella por un presunto fraude, el pasado día 7 de septiembre. La víctima, seguidora de una entidad religiosa con varios centros en Málaga, denunciaba haber sido estafada por dirigentes de la misma.

Según las pesquisas, los investigados captaban fondos de sus fieles con la excusa de adquirir un terreno destinado a la construcción de un nuevo centro religioso en la localidad de Marbella. Así, establecieron unas cuantías económicas en base a distintos compromisos adquiridos por los fieles dentro de la organización, que debían abonar en forma de cuotas mensuales.

En total, la red habría adquirido 30.000 euros en metálico y una vivienda propiedad de una de las fieles, que esta cedió y puso a nombre de uno de los investigados, quien a su vez procedió a su reventa.

Al producirse una demora en el tiempo para la adquisición de los terrenos y obtener respuestas evasivas por los dirigentes de la entidad, varios fieles interpusieron denuncias contra dicha congregación religiosa por estafa; conociéndose hasta la fecha siete personas afectadas.

Según las indagaciones, los perjudicados habrían sido amenazados con la expulsión de la entidad religiosa y la retirada de "privilegios" si no realizaban sus contribuciones.

El Grupo de Delincuencia Económica adscrito a la Brigada Local de Policía Judicial de Marbella comprobó la veracidad de los hechos y localizó a los presuntos responsables, que fueron detenidos en Mijas (Málaga) por su presunta implicación en los delitos de estafa y pertenencia al grupo criminal.

Un joven de 21 años vecino de Portas (Pontevedra) ha fallecido en un accidente de circulación registrado en la madrugada del sábado en Caldas de Reis (Pontevedra) en el que resultó herido de consideración otro varón.

El siniestro tuvo lugar en el punto kilométrico 228 de la N-640 al filo de las 02,00 horas de la madrugada, según ha informado este sábado el CIAE 112 Galicia.

La víctima, que perdió la vida en el lugar del accidente, viajaba como copiloto del turismo, que se salió de la vía. Por su parte, el piloto, que sufre heridas de consideración, fue atendido y trasladado a un hospital por los efectivos Urxencias Sanitarias 061.

Un total de 26.793 personas opositan entre hoy y mañana en toda España a una de las 2.154 plazas que la Guardia Civil oferta este año, según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil.

La fase de oposición, una de las mayores ofertas de empleo aprobada desde 2009 para acceder a la escala de Cabos, se divide en cuatro pruebas: conocimientos, físicas, reconocimiento médico y entrevista personal.

Para el examen de conocimientos, la Guardia Civil ha establecido 20 sedes en 13 Comunidades Autónomas distribuidas de la siguiente forma: Alicante, Baeza, Baleares, Cáceres, Cádiz, Calatayud, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife, Toledo, Valencia y Vigo.

Asimismo, los aspirantes están convocados en dos horarios distintos para evitar aglomeraciones, debiendo presentar a su llegada a las pruebas una "Declaración Responsable", conforme al modelo facilitado, en relación al COVID-19.

Previamente, se ha llevado a cabo la primera fase, la de concurso, en la que se han evaluado los méritos que cada opositor añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas: Tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.

Del total de los aspirantes, 6.998 son mujeres, es decir casi un 26 por ciento. En cuanto al nivel de formación, destacan un total de 6.652 titulados universitarios, entre los que hay 1.999 con el título de máster y 31 con el de doctorado.

Los aspirantes que culminen el concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes "Duque de Ahumada" de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico.

Los restos mortales de Francisco Franco fueron exhumados del Valle de los Caídos hace justo un año, por el entonces Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en vísperas de las elecciones generales del 10 de noviembre. Fue el primer paso del plan del Ejecutivo para "resignificar" ese espacio y que dejara de ser un mausoleo de homenaje a un dictador.

Ahora, un año después, el Gobierno de coalición, a través del Ministerio de Memoria democrática que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, trabaja en la remodelación del Valle de los Caídos para convertirlo en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional, sin la presencia de la fundación de los benedictinos, y que implicará, por ejemplo, mover la sepultura de Primo de Rivera "a un lugar discreto".

Estas serán algunas de las cuestiones que aborde la futura Ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre y que en este momento está a la espera de recibir los informes de los órganos consultivos correspondientes, para poder continuar su trámite.

"La primera decisión que tomamos fue sacar al dictador. No había nada más injusto, injuriante, ignominioso para las víctimas que tener allí al dictador y enaltecido. Allí hay algunas decisiones que tomar que están previstas en la Ley. Por ejemplo, la sepultura de Primo de Rivera pasará a un lugar discreto", confirmó Calvo en septiembre en una entrevista en la revista El Socialista.

Según explicó la vicepresidenta cuando presentó el anteproyecto, el objetivo de la ley es convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional y en el que las "30.000 víctimas de los dos bancos tengan paz y respeto". Y avanzó que ello implicará necesariamente la extinción automática de la fundación de los benedictinos presente en el Valle en cuanto a ley entre en vigor.

"La fundación de los benedictinos se extinguirá automáticamente. No está en el objetivo de los fines en los que va a estar el Valle de los Caídos y, entre tanto, hasta que se produce la extinción, habrá un régimen transitorio que regularemos mediante decreto y llevaremos al paraguas de protección y decisión del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, el responsable del Valle de los Caídos", aseguró Calvo.

NO PLANEAN DERRIBAR LA CRUZ

La vicepresidenta no ofreció entones más detalles de la "resignificación" que se llevará a cabo, aunque fuentes de su departamento sí aclararon después que entre sus planes no está derribar la gran cruz que preside el complejo, si no más bien contextualizarla y explicar el significado del monumento "en su conjunto". "Y el monumento en su conjunto lleva incluida la cruz", sostienen.

La solución, señalan, puede ser por ejemplo la de ofrecer una explicación de cómo el nacional catolicismo que representa esa gran cruz marcó la vida política española durante la dictadura.

Aunque no tengan previsto derribar la gran cruz, Calvo sí admitió que el plan de remodelación del Valle implicará "mover algunos elementos", como podría ser la sepultura de Primo de Rivera. No obstante, la vicepresidenta explicó que la intención es que permanezca en el Valle, porque fue "víctima", pero "no podrá estar en un lugar de enaltecimiento".

FRANCO, DEL VALLE DE LOS CAÍDOS A EL PARDO

A diferencia de lo que planean con Primo de Rivera, el Gobierno sí consideró necesario sacar del Valle los restos mortales de Franco, tras permanecer allí 43 años, 11 meses y un día sepultado. Ahora, desde hace justo un año, el dictador está enterrado junto a su viuda, Carmen Polo, en El Pardo, el barrio de Madrid donde tuvo su residencia como jefe del Estado.

La exhumación se llevó a cabo a puerta cerrada, en presencia de sus allegados, así como de la entonces ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, en su condición de notaria mayor del Reino, del secretario general de la Presidencia, Félix Bolaño, y el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Antonio Hidalgo.

Tras sacar los familiares de Franco su féretro a hombros, éste fue trasladado en helicóptero hasta el cementerio de Mingorrubio, donde esperaba un grupo de franquistas que lo recibieron con vivas a Franco y cantando el 'Cara al sol'. Entre ellos se encontraba el exmilitar golpista Antonio Tejero Molina. Su hijo, el párroco Ramón Tejero, se encargó de oficiar una misa por el dictador.

EXHUMACIÓN ENTRE ACUSACIONES DE ELECTORALISMO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció su intención de sacar a Franco del Valle en julio de 2018, poco después de llegar a la Moncloa tras su moción de censura a Mariano Rajoy. Sin embargo, la exhumación no se produjo hasta más de un año después, el 24 de octubre de 2019, precisamente a escasos días de celebrarse las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.

Frente a las acusaciones de electoralismo, Calvo argumentó entonces que el retraso se debió a los "obstáculos" de la familia Franco, por sus recursos ante la justicia en contra de la exhumación. "Estamos aquí porque la familia Franco ha obstaculizado constantemente las decisiones de tres poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial", criticó.

El pasado 7 de julio la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolvió definitivamente los recursos contra la exhumación de Francisco Franco al desestimar los que tenía pendientes por parte de la Fundación Nacional Francisco Franco, la Comunidad benedictina y la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos contra la decisiones del Gobierno que permitieron sacar los restos del dictador de la basílica de Cuelgamuros.

El sector turístico se encuentra entre los que menos brotes y casos acumulados de coronavirus registra desde que finalizó la desescalada, con menos de un centenar de afectados y apenas unos 14 brotes durante estos últimos meses, según datos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias perteneciente a la secretaria de Estado de Sanidad.

Los datos del Ministerio de Sanidad muestran que en el ámbito laboral se han registrado un total de 14 brotes asociados a hoteles y otros alojamientos turísticos, con un total de 91 casos acumulados. Esto supone, según datos del Ministerio, un total de 6,5 casos por brote.

El último informe de situación sanitaria del COVID-19 del 15 de octubre muestra que durante la última semana no se había registrado ningún brote asociado al sector turístico.

Y es que el turismo se encuentra entre los sectores laborales menos afectados en número de brotes y casos acumulados de los últimos meses, según los datos del Ministerio de Sanidad. Así, en el ámbito laboral, solo los comercios y mercados (con 13 brotes y 74 casos) y el de centros de estética y peluquería (con 3 brotes y 11 casos) tienen menos incidencia que el sector turístico.

Desde la finalización de la desescalada, en nuestro país se han contabilizado un total de 8.488 brotes con 80.924 casos asociados. En el ámbito laboral se han registrado un total del 13,3% del total de los brotes y del 18% de los casos, mientras que el contexto social aglutina el 31,4% de los brotes de la pandemia y un 26,4% de los casos.

El ámbito social también incluye brotes producidos en viajes extracomunitarios y vacacionales, un total de 73, que han provocado 431 casos de contagios por coronavirus. Esto supone un total de 5,9 casos por brote.

También se incluye en este apartado el concepto de transporte para el que el Ministerio ha detectado un total de 5 brotes desde el inicio de la desescalada, que han afectado a un total de 32 personas (esto es unos 6,4 casos por brote).

Más de 1.260 migrantes que han llegado en los últimos días a la isla de Gran Canaria en embarcaciones irregulares pernoctaron este viernes en el Muelle de Arguineguín en una noche en la que arribaron otras 77 personas a bordo de una patera y un cayuco, respectivamente.

Así lo ha informado Cruz Roja, que indica que la primera se localizó sobre las 22.00 horas a unas cuatro millas de Gran Canaria con 25 migrantes en su interior, quienes fueron trasladados al recinto portuario, todos en aparente buen estado de salud.

Ya de madrugada, sobre las 02.45 horas, llegó al muelle un cayuco que transportaba a 52 personas, entre ellos dos mujeres, estando todos también en buen estado de salud.

El goteo de embarcaciones irregulares está siendo constante en las islas Canarias desde hace meses, mientras que solamente en la jornada de este viernes arribaron al archipiélago 368 migrantes.

Una persona ha fallecido en la noche del viernes tras ser atropellada en la barriada de la Castañeta de Málaga capital.

El suceso se ha producido sobre las 21,15 horas, cuando un testigo ha alertado al centro de coordinación de un atropello en la calle Castañero en la barriada de la Castañeta de la capital, según informa Emergencias 112 en un comunicado.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), quienes tan solo han podido certificar el fallecimiento de la víctima, de la que no ha trascendido edad ni circunstancias del siniestro.

Un camionero de 59 años ha fallecido esta madrugada tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo en la AP-68, punto kilométrico 86, dirección Bilbao, en el término municipal de Haro.

Según informan desde el Centro de Coordinación SOS RIOJA 112, un particular ha sido el que ha dado aviso del suceso sobre las 03,05 horas de este sábado y hasta el lugar de los hechos se han movilizado a los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil y AP-68.

Posteriormente han sido movilizados los Servicios Funerarios, que trasladaron al fallecido al Instituto de Medicina Legal.

El secretario de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco y coordinador de la comisión técnica para el control de la pandemia en Euskadi, Jonan Fernández, ha afirmado que limitar la actividad nocturna es "muy importante" para poder controlar la pandemia y ha considerado que "seguramente en poco tiempo llegará esa restricción" mediante la herramienta normativa conveniente.

En declaraciones a Radio Euskadi, Fernández ha analizado el impacto de la pandemia de covid-19 que llevó este viernes al lehendakari, Iñigo Urkullu, a solicitar formalmente al presidente Pedro Sánchez que declare el Estado de Alarma en todo España y que lo gestionen los presidentes de las comunidades autónomas.

En este sentido, Fernández ha afirmado que la petición del lehendakari se hace "en base a la lectura de la realidad", ya que hay una evolución y escalada de datos que hace dos semanas "no parecía previsible pero que se produce en todo el Estado y en Europa".

Tras recordar la resolución del TSJPV, "diferente a la que han emanado tribunales de otras Comunidades Autónomas" y contraria a establecer medidas como la limitación de agrupaciones de personas a grupos de seis", Fernández ha considerado necesario "adoptar medidas ágiles y rápidas en cualquier momento, cuestión para lo que se necesita "contar con un margen de maniobra que no nos retrase y limite desde un punto de vista jurídico cada paso. "Se adopta una decisión que puede ser eficaz y que es solicitar el Estado de Alarma con mando en las Comunidades Autónomas", ha valorado.

Según ha defendido, un principio del derecho señala que las normas deben ser interpretadas en relación con el contexto social en que deben aplicarse y actualmente se está en una pandemia en la que los expertos dicen que las agrupaciones de más de seis personas son "peligrosas".

"Proponer esta limitación no es una decisión arbitraria del Gobierno. No obstante, el TSJPV ha creído que no podemos tomar esta medida y debemos acatarlo, pero nos rearmamos y tomamos medidas que nos vayan a permitir actuar. Lo primero es la salud pública y lo primero es buscar las mejores soluciones para cada problema", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno Vasco desde del primer momento ha defendido el concepto gobernanza colaborativa y el principio de coordinación ya que, "o trabajamos de manera coordinada, o iremos peor".

TOQUE DE QUEDA

Ante la posibilidad de establecer toques de queda gracias a la declaración del Estado de Alarma, Fernández ha señalado que el toque de queda sería "una de las medidas que el Gobierno Vasco podría adoptar con el paraguas legal del Estado de Alarma".

"La limitación de la actividad nocturna a lo esencial es muy importante y seguramente en poco tiempo llegará esa restricción mediante una orden o herramienta normativa conveniente", ha vaticinado.

No obstante, Fernández ha instado a la ciudadanía a "autolimitarse" y que no haga falta una orden. "Limitar la actividad nocturna es eficaz para hacer frente a la expansión del coronavirus. En la actividad nocturna es uno de los contextos en que con más facilidad se producen brotes de contagios", ha explicado.

En este sentido, ha abogado por restringir durante la noche "prácticamente a cero la actividad y durante el día limitar la movilidad y relaciones sociales", ya que "estamos en una situación muy comprometida".

Asimismo, ha recordado que todas las medidas de prevención no son para siempre y "hay que pensar que son una respuesta exigente en un momento complicado" y se deben hacer ahora "porque los datos son preocupantes".

Por otro lado, ha reconocido que la posibilidad de llevar a cabo limitaciones a la movilidad o confinamientos perimetrales está "sobre la mesa" y que se pueden aplicar a "un barrio, a una localidad entera, zona de salud, comarca o conjunto de la Comunidad Autónoma".

Además, ha recordado que Euskadi, con la excepción de Cantabria, se encuentra "prácticamente confinada territorialmente" por la situación de Navarra o La Rioja.

"Se valorará en función del análisis diario. En una situación más grave que la actual cabría pensar en confinamientos de actividad más duros y estrictos que podrían aplicarse de manera quirúrgica", ha sostenido, para añadir que todo lo que se hace es para "evitar un confinamiento total porque tiene impactos durísimos para la salud económica y social".