Docentes Feministas por la Coeducación (DoFemCo) ha advertido este lunes sobre las consecuencias que la Ley Trans redactada por el Ministerio de Igualdad supondrá para los menores y adolescentes españoles, entre ellas problemas de aceptación o de salud mental.

Esta organización, que abarca todas las etapas de la Educación, han denunciado el "retroceso feminista" que supone esta nueva legislación, así como la Ley LGTBI que también está sobre la mesa del departamento que dirige Irene Montero. A su juicio, se basa en principios que no son científicos, que son sexistas y que censuran la libertad de expresión de los profesores.

Una de las portavoces de DoFemCo, Araceli Muñoz, ha explicado que la entidad se "opone" a esta norma porque es "contraria a una educación racional basada en la ciencia" y "contra los principios de igualdad entre mujeres y hombres".

"Creemos que una escuela avanzada, responsable de la formación del alumnado del siglo XXI no pueden prestarse a la difusión de teorías que dañan la salud mental y física, así como el libre desarrollo de la infancia y la adolescencia", ha declarado en rueda de prensa.

TEORÍAS INSOSTENIBLES CIENTÍFICAMENTE

En su intervención, Muñoz recuerda que ya tienen experiencia en este tipo de educación --que definen dentro de la ideología transgenerista-- porque en más de una docena de comunidades autónomas ya cuentan con normas similares desde 2012 que, según denuncia, están teniendo "efectos dañinos" en los centros donde se aplican.

A través de esta experiencia, señala Muñoz, señalan que se imparte en los centros contenidos que explican a los niños que "se puede nacer en un cuerpo equivocado", refiriéndose de este modo a la posibilidad de que exista "un alma sexuada" y basada en "la creencia errónea" de que "la especie humana no es binaria".

Son teorías, a juicio de las docentes, "insostenibles en biología", una materia en la que se determina que las personas son "hombres o mujeres" y esto "no es un sentimiento". DoFemCo denuncia que la ideología transactivista se basa en los estereotipos y roles de género: si un niño se viste y juega y actúa como una niña, lo es, algo que no aprueban.

Lo que propone Igualdad, apunta la entidad, es hacer que los menores cambien de sexo según su comportamiento para que se adecuen a la teoría heterosexual. Además, han detectado contenido "misógino" en términos como "personas que menstrúan" al referirse a as mujeres. Son definiciones que, a su juicio, "anulan" a las mujeres.

DELITO DE TRANSFOBIA

En este sentido, critican que la Ley Trans incluya entre sus labores académicas la detección de posibles casos transgénero en las aulas basándose en estos "anacronismos sexistas" que "limitan la expresión" de los menores. "Nos convierten en policía", ha señalado otra de las portavoces de la organización, ha declarado Inmaculada Cerezo.

"No se nos permite acompañarlos a través de la escucha porque los protocolos vigentes en las autonomías ya definen estas actuaciones como conductas punibles", indica. En concreto, la Ley Trans de Igualdad recoge que puede suponer penas de entre 1 y 4 años de cárcel y multas de entre 10.000 y 150.000 euros.

Lo mismo ocurre a padres y familiares, ha señalado la docente Marta Gómez-Vila, quien ha criticado la decisión de Igualdad de que el cambio registral de las personas trans se determine en "lo que el menor siente" y que se les permita realizarlo sin seguimiento médico o sin el conocimiento familiar. A su juicio, esta decisión amenaza la posibilidad de que los progenitores o allegados "verbalicen sus dudas o su oposición" porque también supondría un delito de transfobia.

Su compañera Carmen Sánchez ha denunciado que se trata de una norma que no respeta la "libertad de expresión ni la opinión" de los profesionales de la enseñanza y llama a sacar de la Educación la "doctrina transactivista" para que los menores sean "libres de jugar o vestir" sin que "les encasillen a través de dichas conductas".

PIDEN CUMPLIR CON LA LOMLOE

En este sentido, la representante de DoFemCo Silvia Carrasco, ha pedido a Igualdad que "respete el marco" legislativo y critica que se "impongan objetivos, tareas y obligaciones" a los docentes desde "ministerios sin competencia" en la materia.

Carrasco asegura que la recién aprobada LOMLOE recoge la obligación de educar en convivencia, respecto y contra acoso, así como en igualdad de derechos entre mujeres y hombres, con contenido adaptado al nivel madurativo del alumno, así como contra la violencia de género. "Y esto no admite interpretaciones", ha declarado ante los medios.

Esta es una de las reivindicaciones que ha señalado la organización tras analizar la situación. Carrasco también ha llamado a garantizar que no se realice una tergiversación con los postulados del transactivismo, que no se ponga freno a los avances en igualdad y las prácticas sexistas.

Vox quiere que el día 8 marzo, Día Internacional de la Mujer, se declare Día Nacional de las Víctimas de Coronavirus, coincidiendo con la fecha en la que, según denuncia, el Gobierno "incentivó" la participación en las manifestaciones feministas "con la única finalidad de cumplir su agenda ideológica" e ignorando "la salud de los españoles".

La propuesta ha sido anunciada este lunes por el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, y será llevada por el partido al Congreso, al Senado y a todas las instituciones autonómicas y municipales en las que tiene representación.

"Nos hacemos eco del sentir de los españoles para recuperar el 8 de marzo para la dignidad de las víctimas del coronavirus", ha explicado sosteniendo que, hace un año, el Ejecutivo ya tenía "pleno conocimiento" del peligro del virus pero decidió no actuar.

En este sentido, Buxadé ha insistido en que su propuesta se "hace eco" del "sentir general" de la ciudadanía sobre el hecho de que el 8 de marzo de 2020 "se permitió y se incentivó" por parte del Gobierno la participación en las marchas feministas con un único fin "ideológico".

Y durante los meses siguientes, ha denunciado, se ha ido conociendo que entonces el Ejecutivo "ya tenía pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo" pero decidió "no cerrar fronteras, no adquirir material sanitario, no dimensionar el sistema sanitario españoles o no dar órdenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Vox cree que los españoles están "obligados a honrar a todas las víctimas del coronavirus" y considera que el 8 de marzo es una buena fecha para hacerlo, recordando no solo a los fallecidos sino también a sus familiares, a todas las personas que han perdido su empleo, a quienes no pueden trabajar e incluso a los niños que "perdieron meses de escuela" y las familias que han tenido que reorganizar sus vidas.

"Tenemos un deber moral, un deber de gratitud para que los españoles recordemos el 8 de marzo como Día Nacional de las Víctimas de Coronavirus", ha enfatizado.

QUE EL TC TENGA "DIGNIDAD"

En este contexto, ha aprovechado para volver a denunciar el retraso del Tribunal Constitucional para resolver los recursos interpuestos por Vox contra los estados de alarma y ha pedido a sus miembros "que tengan dignidad profesional" y aclaren si el Gobierno ha actuado correctamente.

"Nunca antes se había planteado un estado de alarma que restringiese derechos y libertades. Todos fuimos confinados domiciliariamente y los españoles tienen derecho a saber si eso lo puede hacer un Gobierno o no", ha exigido.

Sin embargo, ha descartado la opción de recurrir a instancias europeas si el Tribunal Constitucional sigue sin resolver sus recursos, ya que considera que "los problemas de los españoles" deben ser resueltos "por los españoles".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que se está generando un "debate falso" sobre su postura y la de su formación ante los disturbios producidos en las manifestaciones contra el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, dado que condenan, como "todo el mundo", los actos de violencia. Sin embargo también ha destacado que no va a formar parte del "coro" que trata de "criminalizar" la protesta social y a la juventud.

En declaraciones a TVE, Echenique ha indicado que es "evidente" que, como el resto de la sociedad, salvo posiblemente una minoría, le parece mal que se queme contenedores o se produzcan daños en comercios.

De hecho, ha subrayado que le parece "ridículo" que durante varios días se haya criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al decir que estaba tardando en condenar los disturbios cuando es manifiesto que la posición, como la de su partido, es contraria a estos actos.

Preguntado sobre su polémico tuit de la semana pasada apoyando las manifestaciones y si condenaba la violencia, Echenique ha respondido que "no solamente él" sino que "todo el mundo" lo hace y ha insistido en que es "obvio" que "no se está de acuerdo" con estos incidentes.

NO SE ENTRA EN EL FONDO DEL PROBLEMA

Por tanto, ha insistido en que se ha instalado un "falso debate" de cara a "dedicar todo el tiempo a hablar" de los altercados pero no de las causas que han motivado estas movilizaciones, como los niveles de paro juvenil (del 40%), la temporalidad del trabajo al que acceden los jóvenes o los problemas acaecidos con la libertad de expresión a raíz del ingreso en la cárcel de Hasél.

Es más, el portavoz de Unidas Podemos ha reiterado que existe una serie de "anomalías democráticas" que han "empujado" a muchos jóvenes a manifestarse, aunque luego ha especificado que a casi todos los partidos, dejando abierta la duda en el caso de Vox, no les gustan este tipo de expresiones violentas y apoyan las movilizaciones pacíficas.

Cuestionado sobre si su tuit de respaldo a las movilizaciones se hizo en el mejor momento o en términos adecuados, Echenique ha dicho que su comentario en redes "no fue un arrebato" sino un pensamiento meditado, por parte de un representante público, para apoyar el derecho a la manifestación y a los jóvenes que defendían "una democracia mejor y una vida de futuro".

NO LE PREOCUPA LA DENUNCIA CONTRA ÉL

De esta forma y frente a las críticas de PP, Ciudadanos o Vox que le acusaban de alentar estas protestas, el parlamentario de la formación morada ha dejado claro que no se va a sumar a la "criminalización" de la protesta social ni de la juventud. "No voy a llamar niñatos ni terroristas a los jóvenes que se manifiestan en la calle", ha ahondado.

En cuanto a la denuncia que ha interpuesto el sindicato Confederación Española de Policía (CEP) contra él ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por su comentario en Twitter, al entender que incitaba a la violencia, Echenique le ha restado importancia al decir que en Unidas Podemos "están acostumbrados a que se presenten denuncias falsas en los juzgados", que ya saben "dónde acaban", en alusión al archivo por parte de la Justicia.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha rechazado este lunes los "vetos" y los "chantajes" del PP para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero no ha respondido a si el acuerdo contará o no con el visto bueno de Unidas Podemos.

En rueda de prensa desde Ferraz, Ábalos ha subrayado la necesidad de poner fin lo antes posible a los más de dos años de "bloqueo" en el CGPJ y ha pedido directamente al PP que recapacite y se avenga al acuerdo "sin chantajes y sin vetos" porque ni el país ni sus instituciones pueden detenerse. "Ya no le caben más excusas", ha dicho.

Pese a los intentos de los informadores por saber si Unidas Podemos estará fuera del órgano de gobierno de los jueces y de la negociación del mismo, como ha asegurado el PP, el dirigente socialista ha recalcado que ésa es una cuestión que corresponde al Gobierno, que es el encargado de las conversaciones en este ámbito.

NO ES UNA NEGOCIACIÓN ENTRE PARTIDOS

En concreto, ha destacado que hasta la fecha ha sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en representación del "todo" el Gobierno y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, quienes han dirigido "siempre" las conversaciones sobre el CGPJ con el PP.

Eso sí, ha vuelto a advertir en este punto la conveniencia de que no haya "vetos" por parte de los de Pablo Casado, recordando que este Ejecutivo lo conforman dos fuerzas políticas, el PSOE y Unidas Podemos, de las que no le consta que estén negociando a dos en torno al Consejo del Poder Judicial.

Preguntado entonces si el acuerdo para actualizar el órgano rector de los jueces contará con el plácet de los de Pablo Iglesias, Ábalos no ha respondido y se ha limitado a subrayar que es "absolutamente necesario" llegar a un consenso "cuanto antes", como así exige la Constitución.

EL INICIO DE OTRAS RENOVACIONES

Y también ha mostrado su deseo de que ese eventual pacto sea el inicio para poner al día también el resto de órganos pendientes de renovar, como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o Radio Televisión Española (RTVE).

En concreto, sobre si los socialistas aceptarían la exigencia de los 'populares' de relevar a la exministra de Justicia y fiscal general del Estado para negociar el CGPJ, Dolores Delgado, el 'número tres' del PSOE ha puesto de relieve que ésta es fiscal de profesión para añadir que esta condición "debería extenderse a todos los casos en el ámbito de la magistratura, no sólo cuando no nos gusta la persona".

En este punto, ha destacado que el PP tiene "muchísimos antecedentes" de magistrados que han pasado a la política y luego han regresado a su puesto que han atendido causas en las que "en algún caso" ha habido que forzar su inhibición. "Está bien si es invitación a la reflexión es sea sincera y no solo de parte, esto es, cuando les viene bien", ha remachado.

La Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla ha aprobado este lunes la retirada de la estatua de Francisco Franco Bahamonde que está situada a la entrada del puerto por 14 votos a favor --ocho de CPM, cuatro de PSOE, uno de Cs y uno del expresidente de Vox y actual diputado no adscrito Jesús Delgado Aboy), la abstención de los diez diputados del PP y el voto en contra del único parlamentario de Vox.

En un pleno extraordinario convocado anoche, los tres partidos que forman el Gobierno de Melilla y el exlíder de Vox, que recibieron el resultado de la votación con prolongado aplauso, han respaldado el monumento colocado frente a la muralla de 'Melilla La Vieja', en las inmediaciones del acceso al puerto, por decisión de un pleno del Ayuntamiento del año 1975 e instalada en 1978.

La consejera de Cultura, Elena Fernández Treviño (PSOE), ha subrayado que la estatua fue aprobada en 1975 para ser dedicada "al generalísimo Franco" desde 1939 hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975, pero tras los tres años que transcurrieron hasta su instalación en 1978, fue variado el motivo para añadir su condición de "comandante de la Legión en el año 1921", cuando acudió con sus tropas al rescate de la ciudad durante la guerra de los años veinte contra las tropas del líder rifeño Abdelkrim.

La responsable del área que llevaba la propuesta de la retirada del monumento ha destacado que "este lunes 22 de febrero de 2021 es un día histórico para Melilla" al aprobar la retirada "de la única estatua dedicada a un dictador que se mantenía en la vía pública en Europa y en España" y con ello cumplir con la Ley de Memoria Histórica.

La secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, ha añadido por su parte que "a partir de hoy, Melilla recupera dignidad y justicia".

En la misma línea, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Dunia Almansouri (CPM), ha recalcado que "hoy es un día histórico" porque subraya que desde su formación "no queremos rendir homenajes a dictadores ni fascistas". Almansouri ha criticado al PP "que no se posicione claramente contra la simbología franquista" por su abstención este Pleno.

"SACAR A PASEAR A FRANCO"

El presidente del PP, Juan José Imbroda, ha señalado que su partido se ha abstenido porque no quieren participar "del circo" montado por el Gobierno tripartito para "esconder los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos".

Imbroda ha denunciado que se haya convocado "un pleno urgente no para tratar las ayudas a las personas que están sufriendo la crisis económica del Covid ni para frenar los contagios en la ciudad con la tasa más alta de España sino para retirar una estatua".

El también senador ha criticado que "el Gobierno de Melilla ha actuado como el Gobierno de la Nación, cuando decidió sacar a pasear a Franco del Valle de los Caídos".

Imbroda ha reprochado que el PSOE se haya apoyado en esta decisión en el que fuera líder de Vox-Melilla y en el presidente de CPM Mustafa Aberchán, condenado a dos años de prisión y treinta meses de inhabilitación. "Se ve que el código ético del PSOE en Melilla no cuenta", ha reprochado el popular, quien ha dejado la puerto a impugnar la decisión de este lunes porque, en su opinión, Mustafa Aberchán no debería haber participado por la condena de inhabilitación que pesa sobre él.

Por su parte, el único diputado del Vox, Javier Da Costa, ha señalado que ha votado en contra por dos motivos principales. El primero, según ha señalado, es que la estatua forma parte "es un bien de interés cultural y es historia de Melilla". El segundo motivo es que la efigie aprobada en 1975 por el Pleno del Ayuntamiento y colocada en 1978 es en homenaje a su condición de comandante de la Legión en 1921 que "salvó Melilla de las tropas de Abdelkrim", y no por ser un dictador desde 1939 a 1975.

Javier Da Costa ha dicho que gracias a la intervención de las tropas del comandante Franco "Melilla es hoy española" porque la ciudad y sus habitantes estuvieron "bajo amenaza de ser pasados a cuchillo por los salvajes liderados por Abdelkrim".

Fiscalía de Valladolid ha mantenido este lunes invariable su petición de 15 años de prisión para un varón con iniciales L.A.A.C. por agresión sexual sobre una niña de 22 meses, bisnieta de su expareja.

El juicio, que ha sido público, ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial, donde, pese a las explicaciones del quincuagenario, la acusación pública se ha mostrado convencida de la culpabilidad del encausado, a quien imputa un delito de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal por vía bucal y ha pedido, amén de la citada pena privativa de libertad, libertad vigilada por espacio de diez años una vez salga de prisión y el abono de una indemnización, en concepto de daños morales, de 9.000 euros.

En su declaración, el procesado ha explicado que aquel día se encontraba profundamente embriagado y ha reconocido haberse sacado el pene en presencia de la menor, pero sin haber llegado a introducirlo en su boca y ni siquiera haberlo intentado, según informaron fuentes jurídicas.

Un tío de la pequeña que presenció los hechos ha asegurado que él se encontraba jugando a la Play en la habitación y vio a L.A.A.C. agredir sexualmente a la niña en un primer momento y tratar de hacerlo de nuevo en una segunda ocasión pero sin éxito, declaraciones que, según la defensa, son contradictorias con respecto a lo dicho en su día.

Por su parte, la madre de la niña ha reconocido que el presunto agresor se hallaba muy embriagado, tras haber ingerido media botella de White Label y dos botellas de litro de cerveza, y ha advertido de que su pequeña, desde día de los hechos, tiene muchas dificultades para dormir y tiene miedo a la oscuridad.

La defensa del encausado, que ha mantenido su petición de multa de 1.440 euros por delito de exhibicionismo y libertad vigilada por tiempo de un año, ya que, en consonancia con el alegado de su patrocinado, mantiene que no hubo penetración bucal, y alternativamente ha solicitado del tribunal una condena de cuatro años de prisión por delito de abuso sexual a menor de 16 años, con la agravante menor de cuatro años y atenuante de embriaguez.

Los hechos se produjeron en la tarde del día 20 de mayo de 2020 en la vivienda de un pueblo de Valladolid ocupado por la madre de la pequeña y el novio de ésta al que acudió el encausado, de unos 50 años, para visitarles dado que anteriormente había mantenido una relación sentimental con la bisabuela de la supuesta víctima y abuela de su madre.

Una vez allí, L.A.A.C. mantuvo una conversación con la madre de la niña en la cocina y luego se dirigió a la habitación de la menor, de 22 meses por aquel entonces y que se hallaba acompañada de un hermano la madre jugando con la consola.

Fue entonces, siempre según la acusación pública, cuando el procesado, notoriamente afectado por la ingesta de alcohol, se sentó en una silla, sacó su pene por la bragueta del pantalón y lo introdujo en la boca de la pequeña.

EL TÍO FOTOGRAFÍA EL MOMENTO

El tío de la niña y hermano de la madre de ésta se percató de la situación y llegó a efectuar una foto con su móvil en la que se aprecia el momento en el que el acusado se halla con el pene fuera de su pantalón, no así la supuesta agresión sexual.

Se da la circunstancia de que el encausado, quien se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el 29 de mayo de 2020, fue condenado a 12 años de cárcel por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, en virtud de sentencia firme de fecha 17 de febrero de 2005, por la comisión de un delito de agresión sexual, de ahí la reincidencia que se le aplica en esta nueva causa.

La situación epidemiológica "favorable" en las residencias de personas mayores de La Rioja hace, según ha indicado la directora general de Dependencia, María Somalo, que vuelvan las visitas a las mismas por familiares y las salidas de residentes.

Ha sido en una comparecencia de prensa, en la que Somalo ha estado acompañada de los representantes e LARES, Susana Ruiz, y ARTE, Gabriel Gimeno. En estos momentos, ha explicado que "únicamente hay un usuario positivo que será dado de alta mañana martes 23 de febrero con lo decimos adiós a esta tercera ola con todas las residencias limpias y con la esperanza de que sea la última". De hecho, ha aseverado "durante esta tercera ola, las residencias de personas mayores de La Rioja han sido los lugares más seguros".

Además, la directora general ha destacado que, "La Rioja, junto al País Vasco, son las dos únicas comunidades autónomas en las que no se ha intervenido ninguna residencia y en las que la Fiscalía no ha abierto ni ha continuado investigación alguna en este tipo de centros".

DESCENSO MORTALIDAD

En cuanto a los índices de mortalidad de este colectivo a lo largo de toda la pandemia, este ha ido descendiendo considerablemente. "En la primera ola este índice alcanzó el 57,6 por ciento; en la segunda, con más información y más preparación para minimizar el riesgo de infección el porcentaje bajó hasta el 35,9 por ciento".

Unos buenos resultados, ha dicho Somalo, "detrás de los que hay un enorme trabajo de los propios centros y del Gobierno de La Rioja porque desde el pasado mes de noviembre se siguen realizando pruebas diagnósticas semanales entre los trabajadores".

Además, "estas cifras también son el resultado de la realización de pruebas PCR a todos los usuarios de las residencias cada vez que se detectaba un residente asintomático, un residente positivo o un trabajador positivo; y los planes de contingencia que se han ido actualizando periódicamente".

La puesta en práctica de todas estas medidas, y la inoculación de las dos dosis de la vacuna, han conseguido reducir el índice de mortalidad entre los usuarios de residencias de personas mayores en esta tercera ola hasta el 9,9 por ciento.

VISITAS Y SALIDAS

Con esta situación epidemiológica "tan favorable", este lunes 22 de febrero vuelven las visitas de los familiares a las residencias de personas mayores y las salidas de los usuarios. Las visitas de los familiares podrán ser o una semanal de 60 minutos o dos de media hora, "todas ellas deberán ser concertadas y supervisadas por los profesionales de las residencias de personas mayores y de deberán cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene". Las salidas de los usuarios de las residencias serán de 60 minutos.

CAUTELA

Por su parte, la representante de LARES, Susana Ruiz, ha reiterado que "hoy es un día feliz porque vuelven las visitas de familiares y las salidas de los residentes", pero ha apelado también a la responsabilidad familiar "para volver cuanto antes a esa ansiada normalidad".

En la misma línea se ha manifestado el representante de ARTE, Gabriel Gimeno, quien ha destacado que "el hecho que estemos diciendo adiós a la tercera ola es fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno de La Rioja y las residencias de personas mayores" "Es el momento de no bajar la guardia", ha apostillado, "para que este paso que hoy damos hacia adelante, no se convierta en un paso atrás".

Por último, la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, ha agradecido la labor realizada "por las direcciones de las residencias de personas mayores; por el personal de estos centros que no han escatimado esfuerzos para mitigar la sensación de soledad de los usuarios; y por el equipo de Epidemiología y de Enfermería del Hospital San Pedro".

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha confirmado el "declive relevante" de las poblaciones de la tórtola en España "en las últimas décadas" de acuerdo con los índices y estudios disponibles hasta la fecha.

Así lo ha confirmado por escrito el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la pregunta planteada por el senador de Izquierda Confederal Carles Mulet, (miembro de la Asociación Parlamentaria de Derechos de los Animales) en la que añade que el Ministerio ha propuesto la declaración de la especie como "vulnerable".

En concreto, informa de que la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Diversificación del Ministerio participa con las administraciones autónomas, responsables de la gestión agraria y cinegética en España en el diseño y evaluación de propuestas de actuación "más adecuadas" de las que están incluidas en el Plan de Acción Europeo para la Conservación de la Tórtola, que puedan ser incorporadas al plan estratégico de financiación de la Política Agraria Comunitaria.

Respecto a la caza de la especie, expone que son las comunidades autónomas las que están planteando estrategias de actuación y para dar respuesta "a la parte que atañe a las competencias" del Ministerio sobre las cuestiones que ha planteado la Comisión Europea en su dictamen motivado 2019/2143 ha trabajado con esas administraciones autonómicas.

Así, explica que el régimen de protección actual de la especie es "acorde" con lo establecido a nivel normativo en España y en la Unión Europea, dado que la Tórtola es susceptible de ser objeto de aprovechamiento cinegético siempre que éste resulte adecuado respecto a que su estado de conservación no se vea comprometido, tal y como refleja el artículo 7 de la mencionada Directiva 2009/147/CE.

Sin embargo, el Gobierno responde que como consecuencia de la solicitud de la ONG SEO/BirdLife para incluir a la especie en la categoría de "Vulnerable" en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), en los últimos meses desde la Dirección General se han realizado los trámites para "dar cumplimiento a dicha solicitud".

En ese contexto, precisa que primero se realizaron consultas a los órganos técnicos colegiados y tras recabar un dictamen favorable para incluir a la especie, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, trató la propuesta de inclusión de la tórtola europea en el CEEA en su reunión del pasado 4 de febrero de 2021.

Sin embargo, admite que entonces no hubo "consenso y unanimidad" en la propuesta, ya que la votación mostró un empate, con seis votos a favor, seis en contra, cinco abstenciones y tres miembros que no votaron. No obstante, señala que varias comunidades propusieron establecer una moratoria hasta que la especie recupere sus niveles de población compatibles con su caza.

No obstante, la respuesta del Gobierno añade que, a partir de esta situación, "se valorará las opciones de continuar la tramitación en base a lo establecido en la normativa".

Por último, sobre el estado de conservación de la especie, aclara que los datos sobre tendencias y evolución de sus poblaciones serán expuestos definitivamente a nivel de conjunto europeo una vez se presenten los resultados del encargo de la Comisión Europea para la realización de un plan de manejo adaptativo del aprovechamiento de la especie.

El uso de vehículos particulares y de movilidad personal, como bicicletas o patines, ha aumentado en un 35% y un 18%, respectivamente, mientras que el del transporte público ha caído 46% y el de taxis y VTC en un 29% en el marco de la pandemia de la Covid-19.

Así se desprende del 'Estudio de Movilidad Segura y Sostenible del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA', presentado este lunes en un acto con el director general de Tráfico, Pere Navarro, el director general de Atresmedia TV, Javier Bardají, el director general del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA y de la Fundación AXA, Josep Alfonso, y el secretario técnico del Centro de Estudios Ponle Freno-AXA, Javier Olave.

En el ámbito de la seguridad, el informe señala el 62% de los conductores se muestra a favor de limitar la velocidad a 30km/h. Además, el 21% cree que el número de radares es insuficiente, frente al 55% que considera que hay suficientes y el 23% que opina que el número es excesivo.

De esta forma, el 65% de los conductores creen que la seguridad no ha evolucionado, ni ha mejorado ni empeorado a lo largo del último año. Así, una cuarta parte opina que sí ha mejorado, cifra que se incrementa entre los más jóvenes (38%), mientras que las mujeres son más críticas (13%), al igual que en Cataluña (15%) y la Comunidad de Madrid (18%).

En este sentido, el estudio indica que de los que opinan que ha empeorado (11%), las distracciones provocadas por el uso de dispositivos móviles es el principal argumento (60%), seguido del uso imprudente de los vehículos de movilidad personal (patinetes) y la falta de educación vial, citado estos dos últimos por 1 de cada 2 entrevistados, así como el uso imprudente de las bicicletas (34%).

El denominado peatón tecnológico (aquella persona que transita por la ciudad utilizando aparatos tecnológicos como móviles, reproductores de música, agendas electrónicas, etc.) representa un peligro para el 20% de los conductores en ciudad.

Sobre la formación de los conductores, el 29% cree que están bien preparados tras el paso por las autoescuelas, resultados que crece entre los más jóvenes (39%), mientras que entre los hombres (45%) y el tramo de edad de 35-44 años (48%) se observa una mayor crítica en este sentido.

Respecto a la mejora de la formación, los encuestados apuntan la necesidad de usar más recursos audiovisuales (73%), la formación de los sistemas tecnológicos y de seguridad que incorporan los vehículos (73%), la posibilidad de obtener puntos extras tras recibir cursos sobre conducción segura (70%) o establecer un mínimo de clases prácticas (68%).

Por otro lado, los resultados de la investigación muestran que el 64% de los conductores está a favor de aumentar las restricciones del permiso de conducir en función de la edad y el 61% pide que haya que obtener un permiso para circular por las ciudades con bicicleta o patín.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

En materia de movilidad sostenible, el 90% ve en la contaminación de vehículos un problema importante o muy importante, y la industria es para los entrevistados el principal factor que contribuye a la contaminación en las ciudades (64% en primera opción), seguido de los vehículos particulares (13%) y las calefacciones (9%).

En este contexto, uno de cada dos afirma no tener puesta la etiqueta medioambiental de los vehículos, y de estos, el 54% no quiere ponerla, cifra que se incrementa en Andalucía (61%), Aragón (70%), Baleares (69%), Canarias (64%), Valencia (63%), Galicia (73%) y País Vasco (71%). Por contra, la Comunidad de Madrid y Cataluña destacan por un mayor grado de uso de la etiqueta (79% y 68%, respectivamente).

En relación con la utilidad de las etiquetas, un 70% destaca su uso para reducir o restringir la movilidad de ciertos vehículos, un 60% para tener conciencia del grado de contaminación del vehículo, un 64% como orientación para elegir un modelo de coche y un 55% considera que su finalidad es recaudar dinero o multar.

En el apartado de movilidad accesible, la investigación concluye que el Metro o suburbano es el transporte público más valorado (con 6,21 puntos sobre 10), especialmente en el País Vasco, con notable alto (7,65), y en Madrid, donde roza el notable (6,81).

En general, todo el transporte público aprueba, incluido el alquiler de bicicletas. Metro (6,21), autobús (6,12), cercanías (5,85), metro ligero (5,62), bicicleta (5,62) y tranvía (5,59). No obstante, consideran que hay un amplio margen de mejora en cuanto a la accesibilidad de personas con movilidad reducida (40%) y a la seguridad en los desplazamientos a pie con menores (32%).

El informe también aborda la movilidad conectada y destaca que uno de cada dos encuestados opina que no hay suficiente información sobre el tráfico en tiempo real, lo que podría solucionarse con aplicaciones que ayuden a mejorar la movilidad y a planificar mejores rutas y más rápidas, ante lo que los conductores estarían dispuestos a ceder sus datos personales.

En este sentido, de las apps disponibles, los sistemas de navegación son los más utilizados (76%), seguidos del pago en aparcamientos regulados y del uso del transporte público (44%), frente al uso minoritario tanto del alquiler de vehículos como de los agregadores de movilidad, en torno a un 15%.

Preguntados por la confianza que, de cara al futuro, les ofrecen los vehículos particulares sin conductor, un 48% dice que no lo usaría, frente al 28% que asegura que sí subiría a este tipo de vehículos, subiendo el porcentaje al 35% entre los jóvenes (18-34 años).

Realizado por Kantar entre septiembre y octubre de 2020 y con la colaboración de PONS Seguridad Vial, el informe recoge la percepción de más de 4.000 conductores sobre hábitos en los desplazamientos y en aspectos relacionados con la movilidad segura, sostenible, accesible y conectada.

Según ha explicado el director de la DGT, en España "hay una cierta conciencia sobre seguridad vial" y el trabajo de concienciación de las instituciones públicas, junto a entidades privadas, lo ha hecho posible. "No hay una ideología aquí. Hay evidencias científicas. Hay que hacer lo que hay que hacer. Podemos copiar lo que ha ido bien en otros sitios y así entre todos vamos avanzando", ha subrayado Navarro.

Por otro lado, el director general de Tráfico ha indicado que los desplazamientos a pie "van a ser uno de los grandes protagonistas de la movilidad que viene". "Es sí o sí", ha señalado, para después apuntar que "el pequeño problema" que existe en esta materia es que "no hay negocio detrás".

Los miembros de ETA Iurgi Garitagoitia Salegui y Ugaitz Errazquin Tellería han negado este lunes ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haber participado en el asesinato del empresario Ignacio Uria, ocurrido el 3 de diciembre de 2008.

En la primera sesión de la vista oral, que se extenderá hasta el jueves, el tribunal ha escuchado a los dos etarras y a una serie de agentes de la Ertzaintza que participaron en atestados relacionados con la investigación de dicho asesinato.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Garitagoitia y Errazquin --el primero 'liberado' y el segundo 'legal'-- integraron junto a Joanes Larretxea, Manex Castro y Beinat Aguinagalde el comando 'Ezuste', un talde que estuvo activo desde agosto de 2008 y hasta marzo de 2009, cuando fue desarticulado.

Dado que una de las acciones del talde fue el atentado en Azpeitia (Guipúzcoa) con el que acabaron con la vida de Uria, propietario y miembro del Consejo de Administración de una de las adjudicatarias para la construcción del tren de alta velocidad (la conocida como Y vasca), en esta vista se trata de dilucidar si efectivamente ambos acusados tuvieron parte en los hechos. Por los mismos ya han sido condenados Aginagalde y Larretxea.

Según Fiscalía, los acusados el 3 de diciembre de 2008 a las 10.00 horas se desplazaron a un parking ubicado en Deba (Guipúzcoa) donde se dirigieron al propietario de otro coche, un Alfa Romeo, que estaba preparándose para iniciar una excursión por el monte, y a quien hicieron salir de su interior bajo amenazas y encañonándole con un arma de fuego.

Una vez fuera, le colocaron unas gafas de tipo 'solárium' para impedirle la visión y le obligaron a introducirse en la parte trasera de su propio vehículo, donde le ataron las manos por delante con bridas de plástico y le colocaron unos auriculares en los oídos con música para que no oyera nada, señalaba la Fiscalía en su escrito, y ha corroborado punto por punto uno de los agentes que ha declarado este lunes.

Tras este secuestro, Garitagoitia se habría quedado en otro coche (un Volvo granate) junto a Manex Castro vigilando al propietario del Alfa Romeo, mmientras que Errazquin se habría ido junto a Aguinagalde y Larretxea a realizar la acción que acabó con el asesinato de Uria frente a un restaurante de Azpeitia.

Pero en el día de hoy, Garitagoitia --que sólo ha respondido a su defensa-- ha negado haber secuestrado al propietario del Alfa Romeo y sólo ha reconocido que puede ser que condujera en 2008 un vehículo de la marca Volvo así como que conocía a Larretxea, si bien ha puntualizado que en muchas ocasiones no compartían información de lo que hacía el otro.

Por su parte, Errazquin en su declaración ante el fiscal sí que ha apuntado que conocía al resto del talde, a excepción de Garitagoitia, y que se considera miembro de ETA desde que huyó en 2009 a Francia. Hasta entonces, en 2008, su labor había sido la de un colaborador que hacía de puente o conexión entre varios miembros del comando.

No obstante, ha incidido en que no tuvo conocimiento ni relación con el hecho que se juzga, que no hizo las veces de lanzadera para el comando, que no vio cómo uno de ellos disparaba a bocajarro al empresario y que huyó de España a Francia porque vio que su nombre salía en medios de comunicación con "acusaciones graves". A preguntas de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha negado recordar donde estaba la mañana del asesinato y que se hubiera subido al Alfa Romeo robado.

LA BARBA POSTIZA Y EL TRÁFICO DE LLAMADAS

En cuanto a los vestigios que ubican ADN de Larretxea en el coche de uso habitual de Errazquin (un Ford Fiesta de su madre), ha señalado que pudo haberse subido al mismo en algún día de lluvia, y misma respuesta ha tendido ante los vestigios de ADN de Manex Castro, si bien ha insistido en que nunca transportó a un comando a realizar ninguna acción.

Tras el breve interrogatorio a los acusados, ha sido el turno de la declaración por videoconferencia de los ertzainas que jugaron algún papel en la investigación del asesinato. El primero de ellos, que ha realizado un relato pormenorizado del hecho, ha indicado que tras los tres disparos, recogen en el atestado que un testigo ve sobre las 13.00 horas a un hombre, de 1,85 metros con barba postiza y que porta una pistola, subirse a un alfa romeo, vehículo que aparece más tarde quemado en una pista forestal.

Asimismo, ha incidido que de la práctica de las evidencias sobre los tres casquillos de 9 milímetros hallados en el lugar del asesinato no se ha podido identificar al autor de los disparos, y del vehículo calcinado tampoco pueden recoger evidencias de los captores. Además ha especificado que el testigo que vio al etarra que disparó a Uria sólo se fijó en la escena cuando ya se habían producido las tres detonaciones.

Tras esto, el interrogatorio del fiscal ha puesto el foco sobre el tráfico de llamadas entre los etarras, y ha recordado que cuando es detenido Manex Castro, éste arrojaba una bolsa de basura en la que había un teléfono móvil. Ese número se logra ubicar el día del asesinato en el lugar en el que mantenían secuestrado al hombre al que robaron el alfa romeo.

Según el escrito del fiscal, "ejecutada la acción", y antes de huir del lugar donde fue asesinado Uría, uno de los miembros del comando "efectuó una llamada en las proximidades de Azkoitia a Manex Castro Zabaleta", que se encontraba reteniendo al dueño del vehículo (la persona secuestrada) que habían sustraído para ir en busca de Uría.

El agente de la Ertzaintza también ha explicado ante la Sala como dieron con el volvo granate, usado en la operación, y que en el mismo apareció ADN (pelo) de Garitagoitia en los asientos traseros. Y que se percataron además de que Errazquin la mañana del atentado no usó su teléfono móvil mientras que en el resto de días el tránsito de llamadas era el habitual. Esta aseveración ha sido rebatida por el abogado de Errazquin quien le ha enumerado una serie de días (más de diez) en los que su patrocinado no usó el teléfono móvil de su propiedad, ante lo que el agente le ha dado la razón.

FISCALÍA PIDE 49 AÑOS PARA CADA UNO

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita para garitagoitia y Errazquin la pena de 49 años y dos meses de prisión por los delitos de detención ilegal terrorista, robo de uso de vehículo a motor intimidatorio, asesinato terrorista y daños terrorista.

Ya en junio de 2020 la Audiencia Nacional condenó a 389 años de prisión al acusado a Iurgi Garitagoitia por colocar en enero de 2009 un artefacto explosivo en un repetidor de telefonía de Hernani y dos bombas trampa en las cercanías para alcanzar a los ertzaintzas que acudiesen tras la primera explosión.

Garitagoitia fue detenido en Francia en 2009 y condenado allí en 2010 a 15 años de prisión por haber herido por un disparo a un agente de la Gendarmería en el departamento de Lozere, en el sureste del país. En noviembre de 2019 fue entregado definitivamente a España por las autoridades francesas para responder por todas las causas por las que ha sido procesado.

En cuanto a Ugaitz Errazquin Tellería, fue detenido en junio de 2012 en Francia, tras su huida en marzo de 2009. Fue entregado en abril de 2018, tras cumplir siete años de condena en la prisión de Châteauroux.

En noviembre de 2018 fue absuelto de haber participado en el atentado con explosivos cometido por la banda terrorista contra la sede del PSE de Lazkao (Guipúzcoa) el 23 de febrero de 2009. La Audiencia Nacional entendió que, pese a su pertenencia en esa fecha al comando conocido como 'Ezuste', no ha quedado acreditado ningún elemento incriminatorio para vincularle con el ataque.

El Senado celebrará este martes la primera sesión de control al Gobierno de este 2021 que contará con la presencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que acudirá para someterse a preguntas sobre los resultados electorales de Cataluña y los detalles del plan de vacunación.

En concreto, será la senadora de En Comú Podem, Sara Vilà Galán, quien desde la tribuna del hemiciclo le pregunte a Sánchez sobre la opinión del Gobierno con respecto al futuro político de Cataluña.

También en clave catalana formulará su pregunta el senador de Vox Jacobo González-Robatto que, en cambio, pedirá explicaciones sobre las causas por las que ningún miembro del Gobierno hizo ninguna condena de los graves actos de violencia contra la formación de Santiago Abascal durante la campaña electoral en Cataluña.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Senado, Tomás Marcos Arias, interpelará al líder socialista sobre el plan de vacunación y acerca de cómo va a garantizar la llegada de vacunas procedentes de la Unión Europea a España.

En esta línea lanzará su pregunta el portavoz de los 'populares' en la Cámara territorial, Javier Maroto, que preguntará acerca de las medidas previstas por el Gobierno para paliar la situación sanitaria, económica y social de España derivada del impacto del coronavirus.

MEDIDAS PARA EL TURISMO Y EL COMERCIO

De forma paralela, los 'populares' defenderán una moción consecuencia de interpelación por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para paliar los graves efectos que la pandemia está produciendo en el turismo y el comercio. Asimismo, han registrado otra en la que pide la modificación normativa para combatir judicialmente los casos de ocupación ilegal de viviendas.

El PP también demandará, en esta sesión plenaria en la que todos los ministros se encuentran disponibles para ser preguntados, detalles sobre la estrategia diseñada por el Gobierno y su puesta en marcha para el control fronterizo. Además, también preguntarán a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, sobre si cree que la política exterior española la entiende la comunidad internacional.

Los fenómenos meteorológicos también tendrán un espacio reservado dentro de esta sesión de control y serán las senadoras de Esquerra Elisenda Pérez y Sara Bailac quienes tomarán la palabra sobre este asunto.

Por su parte, Bailac preguntará sobre cómo piensa el Gobierno ayudar a los agricultores afectados por la borrasca Filomena en Cataluña, mientras que Pérez preguntará sobre las medidas que el Gobierno va a tomar para actuar de forma inminente en los municipios afectados por los temporales, así como las medidas de prevención para minimizar las consecuencias de nuevos temporales.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se someterá a una pregunta del senador del Grupo Parlamentario Nacionalista Fernando Clavijo, quien le interpelará sobre su opinión respecto a los mandatos aprobados por el Senado y el Parlamento de Canarias, así como las reclamaciones planteadas por las ONG, el presidente de Canarias y las fuerzas políticas canarias para que autorice los desplazamientos y las derivaciones a la península de los miles de inmigrantes que permanecen bloqueados en las islas.

Más de 15.500 personas de 33 países y de las 50 provincias de España han participado en la décima edición de la carrera solidaria 'Corre por una causa', que se ha celebrado este fin de semana de forma virtual para recuperar el derecho a la educación a quienes la pandemia se lo ha arrebatado, según ha informado Entreculturas.

"Yo corro para ayudar a la educación en situaciones de emergencia", ha explicado Vladimir Uñapillco Champim desde Perú, uno de participantes de la carrera solidaria de Entreculturas.

Aunque han "echado de menos" correr juntos como en anteriores ediciones, el vicepresidente Ejecutivo de la organización, Daniel Villanieva, ha celebrado que es "muy buena noticia" el compromiso con la educación continúa en mitad de esta pandemia, "en la que parece que todo se para".

"Gracias por vuestro apoyo, hemos celebrado nuestro décimo aniversario con un enorme diez por la educación y quisiera terminar con un enorme gracias a todos y a todas. Ojalá lo que hoy visualizamos y mostramos seamos capaces de llevarlo a la práctica y trabajar por esa educación de calidad", ha agradecido Villanueva.

Este año, los fondos recaudados a través de las inscripciones irán destinados a combatir la emergencia educativa causada por la pandemia.

"La crisis educativa causada por la COVID-19 puede significar un retroceso de 30 años en los avances educativos logrados a nivel mundial. Entreculturas tiene claro que no se puede dejar a nadie atrás. Sin posibilidad de volver a la escuela y sin educación la vida se hace insostenible", ha afirmado la responsable de RSC de la ONG, Esperanza Vicancos.

La organización ha destacado que, si en el momento más álgido de la pandemia 1.600 millones de alumnos de más de 190 países se vieron afectados por el cierre de las instituciones educativas, a día de hoy, se estima que alrededor de 24 millones de estudiantes no han regresado a las instituciones educativas, de los cuales 10,9 millones se encuentran en los niveles primario y secundario.

Entreculturas están trabajando en las siguientes líneas de acción para contribuir a hacer frente a esta realidad: educación a distancia, reducir la brecha digital, cuidar al profesorado, garantizar la seguridad alimentaria, proteger a las niñas y potenciar la ciudadanía global.

La modalidad virtual ha permitido la internacionalización de la carrera, que ha contado con personas inscritas de 33 países del mundo: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Senegal, Suecia, Suiza, Uruguay, Israel y China.

Los participantes se han inscrito en diferentes modalidades: dorsal solidario; correr 10km o 5km; andar 3km; o montar en bici 20km. Además, para los niños, modalidades de 1km, 500 metros, 300 metros y 100 metros.

Entreculturas ha contado con la participación de diez embajadores que han sumado su apoyo a esta carrera. En concreto, han cedido su imagen para esta iniciativa la cantante y activista Rozalén y su intérprete de signos Beatriz Romero, que fueron las encargadas de dar el pistoletazo de salida; la nadadora Gemma Mengual; el periodista Juan Luis Cano; el guionista y director de cine Javier Fesser; el ciclista Perico Delgado; el periodista Nicolás Castellano: la atleta Ruth Beitia; la tenista Carla Suárez; 'Una periodista en zapatillas' Samanta Chocrón; y el deportista paraolímpico Chano Rodriguez.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha expresado su "más contundente condena" por los actos de "brutalidad y destrucción" que se vivieron ayer en Bilbao tras la manifestación en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Además, ha asegurado que la cultura y la creatividad representan "todo lo contrario" de los episodios de violencia como los provocados en la capital vizcaína.

Urkullu se ha referido, de esta manera, a los altercados que provocaron este pasado domingo en Bilbao radicales que atacaron a la Ertzaintza, a un fotoperiodista y quemaron contenedores tras la marcha en apoyo a Hasél.

El Lehendakari ha visitado la 'Colección Participada Artium', que recoge las obras adquiridas gracias a la ayuda del Gobierno Vasco para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, y al final de su intervención, ha asegurado que su Gobierno reforzará su apuesta de Euskadi por las industrias culturales y creativas como territorio de oportunidad en el horizonte 2030".

Se trata, según ha apuntado, de cultura y respuestas creativas y constructivas frente a la crisis que se padece, "todo lo contrario de lo que representa la violencia y episodios como los vividos ayer. "Manifiesto mi más contundente condena frente a estos actos de violencia. Constituyen una expresión de brutalidad y destrucción que denigran el sentido de la dignidad humana, muy especialmente de quienes los protagonizan", ha aseverado.

COLECCIÓN PARTICIPADA ARTIUM

El proyecto 'Colección Participada Artium' ha sido gestionado conjuntamente por la Fundación Artium, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y al acto han asistido los directores de los tres centros: Beatriz Herráez, Edurne Ormazabal y Miguel Zugaza.

"En esta situación de crisis sanitaria abrís una nueva ventana y lo hacéis trabajando en común. Una ventana a la creación, la producción y la divulgación artística y cultural, ámbitos profesionales que están sufriendo las consecuencias que genera la pandemia", ha añadido.

A su juicio, esta actuación "de mecenazgo público" supone "un ejemplo de esfuerzo colectivo en favor de la cultura y el arte". "Forma parte de la política integral de recuperación económica y social que refleja nuestro nuevo Presupuesto. Así, vamos a publicar 23 convocatorias con un importe de más de 13 millones de euros", ha asegurado.

Además, ha apuntado que, en breve, anunciarán una convocatoria extraordinaria de 1.100.000 euros para dar soporte a profesionales autónomos, empresas y entidades profesionales del ámbito cultural con el fin de enfrentar "los daños que la emergencia sanitaria ha causado en el mantenimiento de su actividad, sus estructuras y know how".

"Son ayudas a la actividad y creación cultural y artística que ya estamos activando Nuestro objetivo es seguir haciendo todo lo posible para reanimar la producción cultural, mantener las actividades presenciales; para que Teatros, Museos, Bibliotecas o Archivos sigan abiertos al público en esta complicada situación de crisis sanitaria", ha remarcado.

Tras apuntar que son "conscientes del valor social y económico de la actividad cultural", ha indicado que "la creación artística, su producción, conservación y proyección social son consustanciales a las políticas de reactivación económica, recuperación del empleo y reanimación social que impulsamos".

Fundación ONCE ha puesto en marcha la IV edición del programa de ayudas de movilidad internacional para que jóvenes con discapacidad de entre 18 y 29 años puedan estudiar inglés, francés o alemán en algún país de la Unión Europea cuya lengua oficial sea uno de estos tres idiomas, según ha informado la fundación.

La iniciativa se desarrolla en el marco del 'Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020' (POEJ), cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y pretende mejorar las competencias lingüísticas en inglés, francés y alemán de los jóvenes con discapacidad y, con ello, fomentar su oportunidad de trabajar en empleos técnicos y cualificados, donde prima el conocimiento de idiomas.

De esta manera, Fundación ONCE quiere promover la formación en idiomas y la movilidad internacional de los jóvenes con discapacidad, teniendo en cuenta "los déficits formativos en competencias lingüísticas" y las dificultades de inserción laboral detectadas en este grupo de población.

En este sentido, la fundación destaca que los últimos datos disponibles indican que la tasa de actividad de los jóvenes con discapacidad es más baja que la del mismo grupo de edad sin discapacidad, y que la tasa de paro supera en 12 puntos porcentuales a la de la juventud que no tiene discapacidad.

Por otra parte, indica que las competencias lingüísticas mejoran notablemente la empleabilidad y, según algunos informes, los programas de movilidad internacional incrementan hasta en un 25% las oportunidades de encontrar un empleo.

Teniendo en cuenta todo esto, Fundación ONCE ha puesto en marcha la IV convocatoria de este programa de idiomas, que puede consultarse en 'https://becas.fundaciononce.es', y que señala que las ayudas son para cursos y estancias de entre cuatro y doce semanas de duración.

En concreto, las becas para estancias de cuatro semanas son de 2.000 euros, mientras que las de doce ascienden a 6.000 euros. Todas ellas cubren la formación en inglés, francés o alemán a través de cursos que deberán desarrollarse entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de este año y que habrán de tener una carga lectiva de "al menos 20 clases semanales de un mínimo de 40 minutos cada una".

Los países en los que los beneficiarios pueden realizar sus cursos son Gran Bretaña, Irlanda, Malta, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria o Alemania.

REQUISITOS Y PLAZOS

Los interesados en obtener una ayuda para este fin habrán de acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%, tener entre 18 y 29 años cuando envíen la solicitud, estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil de manera previa al inicio del curso y poseer un nivel mínimo B1 del idioma para el que solicitan la ayuda u otro título o nivel asimilado.

Podrán presentar sus solicitudes hasta el 30 de septiembre de 2021 a través del portal de becas de Fundación ONCE, 'https://becas.fundaciononce.es/', en la sección de Becas de idiomas en el extranjero.

Los estudiantes que se hayan beneficiado en ediciones anteriores de esta convocatoria de ayudas de uno o varios programas formativos cuya duración total haya superado las doce semanas no podrán beneficiarse este año de las becas.

La red ciudadana Sare y la asociación de familiares y allegados de presos de ETA, Etxerat, han denunciado el "bloqueo" de la comunicación en las prisiones por la pandemia de covid-19 y han exigido que "se dejen de construir más cárceles dentro de las cárceles".

El portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, y la portavoz de Etxerat, Patricia Vélez, en declaraciones a los periodistas en San Sebastián, han lamentado que "las prisiones españolas permanecen blindadas desde hace casi un mes y todas la comunicaciones y traslados han sido suspendidas" lo que supone "un auténtico ataque a los derechos de los presos y su entorno".

En esa línea, han denunciado que "las conculcaciones de derechos vienen produciéndose desde que decretara el estado de alarma hace un año" y han recordado que, desde entonces, "se han sucedido cierres perimetrales, suspensión de comunicaciones familiares y visitas en locutorio".

Azkarraga y Vélez han censurado que "los estados han optado por construir más cárceles dentro de las cárceles, cerrar a cal y canto las prisiones", algo que han considerado "desproporcionado, teniendo en cuenta el nivel de contagios dentro". Además, han opinado que es una manera de enfrentar la crisis que "genera mucha tensión, cuando deberían haber tomado desde hace tiempo medidas para, en la medida que se pueda, aliviar la situación".

Tras recordar que los presos "conforman un grupo de riesgo", han señalado que "continúa pendiente de resolver con eficacia que se extreme su seguridad con la entrega de mascarillas adecuadas en número y calidad, así como la adopción de otras medidas sanitarias" y han reclamado "prioridad de la vacunación también para los presos, al igual que a los funcionarios".

En el caso del Estado francés, los portavoces de Sare y Etxerat han asegurado que "urge reabrir las UVF para las visitas familiares", y también proponen "test rápidos y gratuitos" para los familiares al llegar a las prisiones.

En esa línea, han insistido en reclamar, "tal y como recomendaron la ONU, la OMS, el Consejo de Europa", que se ponga en libertad "a muchos presos por su derecho a la salud y a la vida. De este modo, han detallado que "hay 60 presos vascos en el Estado español que han cumplido ya las tres cuartas partes de su condena, 17 con enfermedades graves e incurables, 10 que tienen 70 o más años de edad y 53 que permanecen en prisión desde hace 20 o más años".

Finalmente, han anunciado que "para desbloquear la conculcación de derechos, exigir que se dejen de construir más cárceles dentro de las cárceles y pedir la libertad de los presos", el próximo viernes, último de mes, Sare y Etxerat se movilizarán en las capitales, pueblos y barrios de Euskal Herria".

El Partido Socialista en Castilla y León no descarta la presentación de una moción de censura contra el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, si bien recuerda que para ello no bastarían los votos de sus parlamentarios para tumbar un Ejecutivo que, según denuncia, no ha cesado de perjudicar a los ciudadanos de la Comunidad con decisiones adoptadas sin contar con nadie.

"¡Descartamos la moción de censura?, no la descartamos", ha apuntado la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, quien explica que si en momento alguna tal posibilidad ha estado sobre la mesa de su partido, en estos momentos no es algo que descarten debido a que hay "motivos objetivos y gravísimos" para ello dado que han "volado todos los consensos sobre los que se construyó esta Comunidad autónoma".

En cualquier caso, Sánchez, ha recordado que una hipotética moción de censura tendría que contar con el aval no sólo de los parlamentarios socialistas, de ahí la "reflexión" dirigida tanto a la dirección regional como nacional de Cs, formación que gobierna con el PP fruto de un pacto auspiciado por el entonces presidente naranja, Albert Rivera.

Sin querer profundizar en si habrá o no contactos con Cs de cara a esa moción de censura, la socialista ha justificado su discreción en aras al éxito de la operación. "Si queremos que prospere una moción, el trabajo debe ser serio y discreto", ha motivado la dirigente socialista, que ve más que motivada tal posibilidad en pro de la "decencia, la calidad democrática y el futuro de los ciudadanos de Castilla y León".

Entre esos motivos objetivos, Sánchez ha puesto como ejemplo el episodio más reciente del adelanto del toque de queda adoptado de forma unilateral por el presidente de la Junta y tumbado por el Supremo, anticipo que, como así ha lamentado, ha ocasionado gravísimas repercusiones para la economía regional, o el fallo del Constitucional que obligó a constituir la comisión de las eólicas en las Cortes.

"Estamos ante la peor Junta en el momento más grave de nuestra historia reciente como Comunidad autónoma, y todo ello fruto de un presidente que no escucha asistido por un vicepresidente buscabroncas y ambos instalados en la misma radicalidad de Pablo Casado", ha criticado la secretaria de Organización del PSCyL.

En este sentido, Sánchez ha recordado que el líder regional socialista, Luis Tudanca, además de pedir la dimisión del presidente, lleva semana y media exigiendo al Ejecutivo autonómico un Plan de Desescalada, "sin obtener respuesta alguna", y frente a ello ha acusado al tándem Mañueco-Igea de "andar a salto de mata" convocando a los medios para anunciar nuevas medidas sin consultarlas previamente con nadie, ni tan siquiera con las 120.000 familias que dependen del sector de la hostelería, el más afectado.

"Y Fernández Mañueco, en cambio, se presenta como el salvavidas, a pesar de que el Supremo, en su auto, le hay dicho que quién es él para arrogarse ese papel", asevera la socialista, que no se explica cómo Mañueco no se avergüenza de su actitud cuando dice cosas de este tipo ante personas que llevan más de un año jugándose la vida contra la pandemia, en clara alusión al personal sanitario.

Pero incluso Ana Sánchez ha puesto en solfa la legitimidad del cargo que ostenta el propio Fernández Mañueco tras recordar que las primarias del partido celebradas en Salamanca, de las que salió candidato a la Presidencia del PPCyL, siguen siendo objeto de investigación por parte de la Justicia por un presunto "fraude de ley".

"Castilla y León no aguanta ni un minuto más a Mañueco e Igea. En sus partidos no les soportan, no hay ni un solo colectivo que no esté enfadado con ellos y que no haya pedido su dimisión", prosigue la dirigente socialista, quien se queja de que frente a ello los aludidos se presentarán mañana a pleno para llevar asuntos que no son competencia de la Comunidad con el único objetivo de utilizar de forma "torticera" el Parlamento autonómico.

Por ello, la representante del PSCyL anuncia ya que en cualquiera de estos tema, como la polémica del lobo, contarán con la abstención de los socialistas. "Precisamente, en el tema del lobo no hay ninguna duda del compromiso del PSCyL. Yo soy zamorana, y no he visto a ningún dirigente del PP participar en concentraciones tras una lobada", ha denunciado Sánchez.

Y es que, como así concluye, este miércoles se desarrollará un pleno en el que se apreciarán formas diametralmente opuestas de hacer política, la de un Fernández Mañueco caracterizado por estar "aferrado al poder a costa de todo, impostado y vacío de contenido", frente a un Luis Tudanca Serio y Solvente que preside una formación que a lo largo de esta legislatura ha presentado más iniciativas que el propio Ejecutivo.

El colectivo Marea de Residencias, que aglutina a familiares de víctimas de Covid-19 en residencias de mayores, tiene previsto presentar otras 200 querellas más en diferentes partidos judiciales de la región para que se depuren responsabilidades por la gestión de la Comunidad de Madrid en la primera ola de la pandemia al no derivarse a los enfermos a las urgencias hospitalarias.

El juez de Instrucción número 39 de Madrid ha iniciado este lunes los interrogatorios a afectados en el marco de la querella presentada contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, contra el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, y el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, por las presuntas negligencias cometidas en seis geriátricos madrileños.

En el caso de que Ayuso fuera investigada penalmente, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid fija que el proceso penal contra el presidente correspondería al Tribunal Supremo mientras que en el caso de los consejeros sería competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Miembros del colectivo se han concentrado esta mañana en los juzgados en apoyo a los querellantes. Carmen López, miembro de Marea y presidenta de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familiares (Ademaf), ha subrayado que esperan "Justicia" y exigen que se "investiguen responsabilidades a nivel de residencias y de la Administración".

"En los próximos días habrá más querellas en otros partidos judiciales. Hay pendientes otras 200, con las que habrá un total de 400 querellas. Lleva mucho trabajo y hay que prepararlas", ha adelantado.

"PEDIR PERDÓN"

Durante esta jornada prestarán su testimonio un total de nueve afectados, mientras para mañana están citados otros diez. Entre ellos, comparecerá Concha Quirós, cuya madre falleció en una residencia de Manoteras.

Quirós ha relatado el caso de su madre, a quien su padre y ella vieron por última vez el 11 de marzo, hace casi un año. "No nos atendían y nunca me pasaban con ella porque había que ser solidarios. Nos llamaron para decirnos que todo estaba fenomal. Pero el 13 de abril me comentan que la van a cambiar a la planta de desahuciados. Me dijeron que por orden de dirección no salía ningún enfermo de la residencia", ha narrado.

Finalmente, se la trasladó al hospital pero ya con los pulmones destrozados. "La mandaron sola y cuando logré verla me dijo entre lágrimas; por qué me habéis dejado sola. Nadie la explicó nada. No sé ni cuándo se pudo mala. Solo sé que se ha muerto. Toda esta gente, Ayuso, el consejero..., no se pueden ir de rositas", ha espetado.

De momento deberían salir de rodillas y pedir perdón por todo lo que han hecho. Han dejado a los enfermos sólos, desamparados, solos, con terror.. Había enfermos muertos con una persona viva al lado. Estamos en el Siglo XXI y nos echamos las manos a la cabeza de lo que hicieron los alemanes con los judíos y ¡qué estamos haciendo con los ancianos! y todos mirando a otro lado. Mi madre se ha muerto y el Gobierno y la Comunidad tiene que pagar y el primero el director de la residencia de Manoteras", ha apostillado.

Los geriátricos acusados en la querella son los de Manoteras, Aralia Isabel La Católica, Aralia Ensanche de Vallecas, el centro integrado municipal Margarita Retuerto, Ballesol Pasillo Verde y DomusVi Mirasierra.

La querella iba dirigida contra los directores de estos centros, pero también, como responsables políticos, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Escudero; y el de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, a quienes acusan de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante.

Por ser aforados, el procedimiento fue enviado al Tribunal Supremo (TS), que la devolvió a instancias menores esgrimiendo que han de ser ellos los que investiguen. El Juzgado número 39 ha repartido la instrucción entre otros juzgados, como el que investiga a la directora de la Gran Residencia de Carabanchel.

La querella se presentó por el colectivo Mareas de Residencias por la mal atención en las residencias de mayores y se amplío más tarde para que se investigara el protocolo firmado por el exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad, Carlos Mur, en el que se daban indicaciones de no derivar a hospitales a residentes de geriátricos.

Sobre la responsabilidad penal de Ayuso, los denunciantes sostienen que la crisis provocada por el Covid-19 ha terminado convirtiéndose en una pandemia, que tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero en España, "aunque ya había conocimiento del mismo por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia entre otros países, no fue abordada por la Comunidad de Madrid, que tiene plenas competencias, como indicaremos más adelante, en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores".

En el relato de los hechos, se expone que "los querellados ejecutan el núcleo de la acción delictiva, que radica en haber omitido acciones tendentes a evitar la propagación del virus en la residencias de ancianos, e incluso habiéndose producido más de 1.000 decesos (cuando se redactó la querella) no se adopta medida alguna omitiendo así los querellados cumplimiento del deber de socorrer a los residentes que es evidente que dada la propagación del contagio en las residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave".

"En la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales solo 25 son totalmente públicas, el resto son o privadas totalmente o concertadas, pero con propietarios de las mismas privados que a veces son fondos de inversión opacos", añade la querella.

El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) ha anunciado este lunes que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por el comentario en Twitter del 17 de febrero del portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por "incitar o reforzar" a quienes participaron en disturbios pidiendo la excarcelación del rapero 'Pablo Hasél' en varias ciudades españolas, entre ellas en Madrid.

En la denuncia contra el diputado, la CEP recuerda que el tuit se publicó a las 21.18 horas, cuando "ya era de dominio público la situación de violencia que estaban provocando los asistentes a la concentración no comunicada" en la Puerta del Sol y en las calles aledañas en el centro de Madrid.

El pasado 17 de febrero, Echenique respaldó los actos de protesta en las calles de diferentes ciudades españolas tras la encarcelación del rapero Pablo Hasél, reclamando una investigación tras la "violenta mutilación del ojo" de una joven en los incidentes de Barcelona.

El sindicato de la Policía Nacional reprocha al portavoz de Unidas Podemos que mostrara "todo su apoyo a los jóvenes antifascistas", por lo que considera que pudo incurrir en un delito por incitar a la violencia, según los artículo 557 y 559 del Código Penal.

También recoge que, cuando publicó su tuit, ya se había dejado constancia del lanzamiento de objetos a los policías y la quema de mobiliario urbano en diferentes ciudades, citando entre ellas Vigo, Tarragona, Barcelona, Gerona, Lérida y Granada. "No cabe duda, en definitiva, de que los protagonistas de esos altercados recibieron un respaldo público cualificado que se constituyó en un elemento reforzador de esos actos vandálicos", sostiene.

La CEP quiere que se cite a Echenique en sede judicial e incorporar las actuaciones documentales llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, en funciones de guardia, durante la noche del 17 de febrero.

La denuncia de la CEP se suma a la queja de otros sindicatos policiales por el tuit de Pablo Echenique. Alternativa Sindical de Policía (ASP) registró una denuncia contra el portavoz parlamentario en una comisaría de Madrid, pidiendo que se diera traslado al juzgado de instrucción en funciones de guardia. Otras organizaciones como JUPOL o el SUP también abogaron por la intervención de la Fiscalía.

Los casos de Covid-19 en las residencias de mayores de Galicia siguen con la tendencia descendente y cuentan con 90 usuarios contagiados, tras ocho altas y ningún nuevo positivo, y 48 trabajadores, después de cuatro altas y cero contagios.

Así se desprende de los datos actualizados este lunes por las consellerías de Sanidade y Política Social, en los que se retiran por negativizar siete usuarios de la residencia DomusVi Laraxe de Cabanas y uno de A Milagrosa de A Coruña.

De este modo, la DomusVi Laraxe cuenta con 39 casos entre los usuarios; Mi Casa Ferrol, con 18; A Milagrosa de A Coruña y DomusVi Carballo, con cuatro cada una; O Casón de Moeche y Fogar Residencial Xardín Castro Lar de Salceda de Caselas, con tres en cada caso; y con dos se siúan la Residencia de Carballeda de Valdeorras, DomusVi Larouco, Quercus de Leiro, Residencia de Viana do Bolo, Mi Casa de Pazos de Borbén y Vivienda Comunitaria Urzáiz de Vigo.

Por su parte, con un positivo cada una se incluyen la Vivienda comunitaria de Vimianzo, Residencia San José de Arzúa, San Bartolomeu de Xove, Vivienda comunitaria Sampedro de A Merca, Fogar Residencial Blanco Amor de Boborás, Vivienda comunitaria Vilar de Santos y Residencia Las Angélicas de Vigo.

TRABAJADORES

En cuanto a los trabajadores, se han registrado cuatro altas: dos trabajadores de la residencia Las Angélicas de Vigo, uno de la Santa Teresa Jornet de A Coruña y otro de la Quercus de Leiro.

Por tanto, la residencia DomusVi Laraxe cuenta con nueve casos; O Casón de Moeche y la Quercus de Leiro, con cinco cada una; Mi Casa Ferrol y Nosa Señora do Carme de Sarria, con cuatro en cada caso; y con tres se sitúan la San José de Arzúa y As Gándaras de Lugo.

Con dos cada una cuentan la Residencia da Pastoriza, San Bartolomeu de Xove, Nuestra Señora Mundil de Cartelle y Las Angélicas de Vigo; mientras que tienen uno A Milagrosa de A Coruña, Fogar Residencial de Cerceda, Nuestra Señora de las Virtudes de Pontedeume, Virxe da Clamadoira de Muíños, DomusVi Ribadumia, Divina Pastora de Vilagarcía y Fogar Residencial Xardín Castro Lar de Salceda de Caselas.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

En cuanto a los centros de atención a la discapacidad (CAPD) de Galicia, los usuarios infectados se mantienen en 17, siete de ellos en la Juan Vidán Torres de Santiago y cinco en la Pai Menni de Betanzos.

A ellos se suman los cuatro casos que tiene la residencia Aspanaes de As Pontes y un positivo que contabiliza Nuestra Señora de Fátima y Cristo Rey de Crecente.

Los trabajadores de los CAPD con covid se mantienen también sin cambios en seis: dos en la Pai Menni de Betanzos, uno en CAPD A Coruña, uno en CAPD de Sarria, uno en Aspanaes de As Pontes y otro en DomusVi Bóveda.

El temporal 'Karim', que ha afectado este fin de semana a Galicia, ha causado crecidas en varios ríos a su paso por municipios de las provincias de Ourense y Lugo dada la acumulación de precipitaciones registrada.

En concreto, se ha producido el desbordamiento del río Miño a su paso por Ourense, donde ha alcanzado el nivel inferior de los umbrales establecidos entre la noche de este domingo y la madrugada de este lunes, tras lo que el caudal ha comenzado a descender.

Según datos recabados por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, la profundidad del río Miño superó los 5,20 metros en las últimas horas de este domingo, lo que supuso la anegación de sus márgenes, donde se encuentra la zona termal. Posteriormente, el nivel del agua ha comenzado a disminuir hasta situarse en 4,64 metros en la mañana de este lunes.

El río Limia también ha superado el umbral de activación a su paso por Ponteliñares, en Bande (Ourense), donde la profundidad ha alcanzado los 1,40 metros frente a los 0,20 metros en los que se situó de media el mes pasado. No obstante, no se han producido inundaciones ni incidencias relacionadas con esta situación, según han confirmado fuentes de Protección Civil.

Mientras, el caudal del río Arnoia se mantiene en descenso tras haber alcanzado el umbral de activación y haber superado los 1,70 metros de profundidad en la tarde de este domingo a su paso por la localidad homónima. Así, en la mañana de este lunes el caudal ha vuelto a situarse por debajo del nivel inferior de alerta.

El río Arnoia también ha sufrido crecidas a su paso por Baños de Molgas (Ourense), según ha explicado el alcalde, Xaime Óscar Iglesias, que ha indicado que han provocado la anegación del parque de Ansuíña, situado junto al curso fluvial.

CORTE DE CARRETERAS

Además, las inundaciones han causado que se hayan cortado al tráfico la carretera de acceso al parque Ansuíña y la vía que conecta Baños de Molgas y el Santuario de Nuestra Señora de los Milagros, aunque se prevé reabrir ambas a lo largo de este lunes dada la remisión de las lluvias.

Por su parte, fuentes de la Policía Local Chantada (Lugo) han detallado que el desbordamiento de un arroyo ha provocado la inundación del garaje de un edificio situado en la avenida de Monforte de esta localidad. Así, se han registrado numerosos daños en vehículos que se encontraban estacionados en el interior y ha sido preciso el desplazamiento al lugar de los bomberos, que han achicado el agua.

Por el momento, la Xunta mantiene activo el plan de Riesgo de Inundaciones en Galicia (Inungal) ante el riesgo de que puedan producirse crecidas de los ríos Miñor y Támega en Gondomar (Pontevedra) y Rabal, en Oímbra (Ourense), respectivamente.

Las capitales españolas pusieron una media de 21 multas en 2019 por abandonar los excrementos de los perros en la vía pública, es decir, menos de dos sanciones al mes por este motivo.

Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por Pipper on Tour con cifras oficiales, que revelan que la mayoría de ciudades (31) no puso más de diez sanciones en todo el año y ocho de los ayuntamientos no registraron una sola denuncia (Albacete, Cuenca, Jaén, Lugo, Pontevedra, Tarragona, Teruel y Zamora).

Piper on Tour advierte de que esta "laxitud municipal" en el control de los excrementos genera "descontento" entre los vecinos que tienen perro, ya que "la mayoría cumple con la recogida de los excrementos y ve que la suciedad da una imagen errónea de las mascotas".

Además, subraya que cuando se pregunta a los ciudadanos por la limpieza de las calles, los ayuntamientos "siguen suspendiendo en lo que al rastro de cacas de perros se refiere", con una nota media de 3,6 sobre 10, tal y como refleja el estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 2019 sobre este tema.

Dicho estudio constata que los excrementos caninos "son el factor más influyente en la impresión que tienen los vecinos sobre el grado de suciedad de las calles".

Pipper on Tour ha preguntado a los ayuntamientos de las 50 capitales por las multas impuestas en 2019 y no 2020 al ser este un año especial debido a la pandemia de coronavirus. Respondieron el 94 por ciento de los consistorios (47), que impusieron una media de 21 sanciones.

MÁLAGA Y HUELVA, LAS QUE MÁS MULTAN

Las únicas dos ciudades que destacan por haber realizado un esfuerzo sancionador son Málaga (262 multas) y Huelva (245). El resto oscila entre 0 y 80 multas, pero hay que resaltar que la mayoría (31 ciudades) no impusieron más de diez en todo el año o directamente no sancionaron a nadie.

Por otro lado, algunas ciudades han comenzado en los últimos años a sancionar también cuando el perro orina donde no debe, como Almería, que en 2019 impuso otras 18 multas por esta cuestión o Cádiz (27 denuncias).

La mayor parte de las ordenanzas de las capitales de provincia contemplan sanciones leves para quienes se saltan la norma de recoger los excrementos, con multas que oscilan entre los 60 y los 600 euros, con algunas excepciones como Madrid, donde la norma es algo más dura, con multas de entre 750 y 1.500 euros.

De todos los ayuntamientos de capitales de provincia, el estudio destaca que seis contemplan en sus ordenanzas sanciones por encima de los 500 euros para los dueños de perros que no recojan los excrementos, y las multas no superan en ningún caso los 1.500 euros (Albacete, Badajoz, Cuenca, Gerona, Huelva, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife).

Los responsables de los departamentos de seguridad y medio ambiente de los ayuntamientos consultados por Pipper on Tour "se lamentan de que no pueden poner un agente de Policía en cada esquina y, mucho menos, pillar 'in fraganti' a los infractores", por lo que estos casi siempre quedan impunes de su falta.

El estudio resalta que Málaga es la única capital de provincia que tiene un sistema que le permite sancionar sin necesidad de sorprender al sujeto en el momento de vulnerar la norma (también lo tienen activo otras 26 pequeñas localidades españolas).

Allí, todos los vecinos están obligados a registrar el ADN de su perro en el veterinario, lo que permite al ayuntamiento recoger muestras de excrementos abandonados, analizar su huella genética y multar a los responsables. De las 262 multas impuestas por Málaga en 2019, 74 se tramitaron gracias al censo de ADN, que está en proceso de implantación.

Zaragoza también está creando un censo de ADN, pero aún no ha comenzado a usarlo para sancionar; y Tarragona, que no impuso ninguna multa por abandono de heces en 2019, reguló el censo pero no lo ha desarrollado.

Por su parte, Huelva atribuye sus 245 multas a dos campañas puntuales que realizó en 2019 tras auditar las zonas de la ciudad más afectadas por la suciedad. En ellas desplegó agentes de paisano para sancionar a los infractores.

El Rey Felipe VI presidirá este martes el acto organizado por el Congreso de los Diputados para conmemorar el cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 y de paso celebrar la vigencia de la Constitución española de 1978.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, será la encargada de abrir esta ceremonia, que comenzará a la una del mediodía en el Salón de Pasos Perdidos y, tras su intervención, tomará la palabra el Jefe del Estado.

Batet recibirá al Rey en la Carrera de San Jerónimo junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Senado, Pilar Llop; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; y el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Como suele ser habitual cuando acude al Congreso, Felipe VI, acompañado de los representantes de las altas instituciones del Estado, accederá al Palacio por la conocida como Puerta de los Leones y se dirigirá al Escritorio del Reloj para saludar a los invitados.

REPRESENTANTES DE LOS PODERES DEL ESTADO

En esa lista se encuentran los ponentes de la Constitución, los cuatro vicepresidentes del Gobierno, los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.

También está prevista la presencia del presidente del PP, Pablo Casado, en su calidad de líder de la oposición. Así las cosas, Sánchez y Casado se verán las caras en este acto cuando sus partidos están ultimando un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace más de dos años.

De entrada, ERC, PNV, Bildu, Junts, el PDeCAT, el BNG y la CUP ya han avanzado que no acudirán a esta cita, en línea con lo que suelen hacer en los actos en los que participa el Rey o que conmemoran los aniversarios de la Constitución.

Quienes sí han confirmado su asistencia, además del PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos, es Unidas Podemos, que apoyó la celebración de este aniversario en la Mesa del Congreso, así como Más País-Equo y buena parte del Grupo Mixto.

La última vez que el Rey estuvo en el Congreso fue el pasado 2 de febrero para asistir a la Apertura Solemne de las Cortes Generales de la XIV legislatura. Un año después, regresa al Palacio de San Jerónimo en esta ocasión para participar en la citada efeméride.

SIN EL REY EMÉRITO

Este martes se cumplirán 40 años de la intentona golpista protagonizada por el entonces coronel Antonio Tejero, que irrumpió con un nutrido grupo de guardias civiles en el hemiciclo del Congreso mientras se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. En el fracaso del 23F tuvo mucho que ver el entonces Jefe del Estado, Juan Carlos I, que se encuentra residiendo desde agosto en Abu Dabi (Emiratos Árabes).

Precisamente por ello el senador del PP Rafael Hernando ha cuestionado que se pueda rememorar el 23F sin la presencia de quien contribuyó a desmontar la intentona golpisa y a la continuidad de la democracia constitucional.

La Catedral de València expone una muestra con 14 dioramas o escenas con paisajes y figuras hechas a mano sobre la Pasión de Cristo, una iniciativa que se suma a las programadas en el marco del 'Año jubilar eucarístico del Cáliz de la Pasión'.

La exposición fue bendecida este domingo por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y coincide con el inicio del tiempo litúrgico de la Cuaresma, el pasado Miércoles de Ceniza.

Esta muestra, cedida por la Hermandad del Santísimo Cristo de la Providencia de Alboraia, se puede ver hasta el fin de semana previo a la fiesta de san Vicente Ferrer, anuncia el Arzobispado en un comunicado.

Las piezas están instaladas en la zona de acceso libre de la Seo, en la nave lateral entrando por la Puerta de los Hierros junto al acceso al Micalet. Pretende ofrecer un recorrido a modo de catequesis para entender mejor cómo fue la Pasión de Cristo, "más aún en este tiempo de Cuaresma que vivimos".

Los 14 dioramas son escenas tridimensionales que muestran los episodios de la entrada de Jesús en Jerusalén, la Santa Cena, la oración y el prendimiento en el huerto, Jesús ante el Sanedrín, la flagelación, la sentencia, el pretorio (Jesús ante Pilatos), el camino de la amargura, el calvario, el descendimiento, el traslado al sepulcro y la resurrección.

En ellas se pueden figuras realizadas por el taller artesano del reconocido belenista José Luis Mayo, de Madrid, y paisajes y elementos decorativos hechos a manos por miembros de la hermandad con distintos materiales como corcho y cartón reciclable.

Esta exhibición, al igual que la que acogió la Catedral de València en torno a la Natividad, fueron expuestas en los últimos años en numerosas localidades de la diócesis y de otros puntos de España.

La programación del año incluye dos exposiciones más. La primera, también en el tiempo de Cuaresma, con paneles explicativos sobre las últimas investigaciones del catedrático de Diseño de la Universitat Politècnica de València (UPV) Gabriel Songel.

Ya en septiembre llegará el turno de otra sobre los instrumentos de la Pasión, en colaboración con el Centro Español de Sindonología, con reproducciones de la lanza o la corona de espinas y con una imagen de Cristo yacente a la luz del estudio forense de la Sábana Santa.