Un total de 16 provincias tendrán este jueves 26 de noviembre riesgo importante (naranja) y riesgo bajo (amarillo) por lluvias, tormentas, vientos y oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Gerona, Salamanca, Ávila, Madrid Cáceres, Córdoba, Sevilla Cádiz, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife estarán en riesgo bajo por lluvias al poder acumular entre los 60 y 70 litros por metro cuadrado en doce horas. En el caso de Málaga, la provincia andaluza tendrá riesgo importante por precipitaciones que podrán alcanzar hasta los 90 litros por metro cuadrado en doce horas.

Además, Córdoba, Sevilla, Málaga y Cádiz estarán en riesgo bajo por fenómenos tormentosos que irán acompañados de las precipitaciones hasta la media tarde.

Las fuertes rachas de viento se registrarán principalmente en el archipiélago canario con Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro en riesgo bajo por rachas de hasta 80 km/h mientras que Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife tendrán riesgo importante con vientos superiores a los 100 km/h durante casi toda la jornada.

También el viento afectará, aunque en menor medida, a Madrid, Cuenca y Albacete, que tendrán riesgo bajo por rachas cercanas a los 80km/h. Durante esta jornada también se producirá oleaje en Málaga, Granada y Almería por vientos del este de fuerza siete mientras que La Coruña, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro tendrán viento noroeste que podrá dejar olas de hasta cuatro metros de altura.

Por otro lado, la AEMET prevé cielos nubosos o cubiertos en todo el país, con precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el centro y sur de Andalucía y entorno del sur del sistema central, que en el caso de Andalucía irán acompañadas de tormenta. Los chubascos no se descartan que se produzcan en el extremo oriental de Andalucía, norte del área mediterránea peninsular y de Canarias, este de Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha.

Sin embargo, en el Cantábrico oriental y Baleares es poco probable la presencia de las lluvias, al igual que en Galicia, Cantábrico occidental, litoral sur de la Comunidad Valenciana y extremo sur de Canarias. Por su parte, la cota de nieve se situará en las sierras del este andaluz en 2.000 metros aunque bajará hasta los 1.600 metros y en Canarias girará en torno a los 1.800-2.000 metros.

Las temperaturas descenderán este jueves en el sur peninsular y en Canarias y serán más bajas de lo habitual en el archipiélago canario. En cambio, los valores máximos ascenderán en el norte peninsular y de las mínimas en la mitad nordeste, con pocos cambios en el resto.

Por último, los vientos predominarán en la Península y Baleares de componente este o sudeste y del noroeste en Canarias mientras que soplará fuerte en Canarias, con intervalos de intensidad fuerte en el este de Castilla-La Mancha y Alborán.

La presienta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intente enfrentarla a otras comunidades gobernadas del PP por la fiscalidad y ha sostenido que "no se puede hacer de la mentira una forma de hacer política constante".

Así ha contestado la jefa del Ejecutivo madrileño a Sánchez que ha defendido la necesidad de trabajar por la "armonización fiscal" para acabar con la desigualdad entre territorios y ha avisado a Ayuso de que incluso dentro del PP hay dirigentes y presidentes autonómicos que están de acuerdo con esto.

En declaraciones a los medios, tras reunirse con familias con niños con necesidades especiales, la dirigente regional ha trasladado que no la van a enfrentar a otras comunidades del mismo signo político porque todas quieren rebajas fiscales, alivio fiscal, menos trabas burocráticas y ayudar a los empresarios y a los emprendedores. "Si los quiere subir el presidente del Gobierno que los suba y lo explique él", ha lanzado.

Ayuso ha censurado que después de 16 años bajando impuestos en la región se diga que Madrid es "un paraíso fiscal" porque así lo han decidido "un puñado de votos en manos de los independentistas".

"El presidente del Gobierno de una manera un tanto esquiva pretende equivocar a la opinión pública y decir que esto puede que me enfrente a otras autonomías que n han seguido el mismo camino que la Comunidad de Madrid", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que "la Comunidad de Madrid no es un paraíso fiscal" sino que "probablemente otras comunidades autónomas sean un infierno fiscal". A su parecer, "si quieren tener los mismos niveles de prosperidad, de empleo, lo que tienen que hacer es probar a bajar ellos mismos los impuestos".

Ayuso ha criticado que Sánchez primero se escude en los nacionalistas, al señalar que se trata de una enmienda que no se ve "más que obligado por sentido de Estado a aceptarlos", cuando es "falso" porque también es el PSOE el que lleva "durante décadas arremetiendo contra la política fiscal de Madrid".

"Es un camino que quieren emprender los socialistas en la Comunidad: subirle los impuestos a todos los madrileños y cuando se dicen a todos, es a todos, a la persona que tiene un taller en Parla, una mercería en Somosierra o la que está intentando levantar un negocio en Chamberí", ha señalado.

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha inaugurado este miércoles 25 de noviembre, la exposición fotográfica 'El impacto de la pandemia en las mujeres y niñas con discapacidad', con el objetivo de ser un "altavoz de denuncia" de la situación de este colectivo ante la situación de crisis sanitaria, política y social provocada por la COVID-19.

La exposición, que se organiza con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, está formada por instantáneas del V Concurso de Fotografía y del I Concurso de Vídeo 'Generosidad' que la FCM ha puesto en marcha junto al Real Patronato sobre Discapacidad y que este año se ha centrado en la pandemia.

En la inauguración, han participado la presidenta de la Fundación CERMI Mujeres, Marta Valencia, y la consejera Técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, María Teresa Fernández, que ha asistido en representación del director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Celada.

Ambas han coincidido en que el concurso supone un "altavoz de denuncia realmente importante sobre la situación de exclusión que encuentran las niñas y mujeres con discapacidad".

Durante el acto virtual, se ha hecho entrega de los premios y se ha dado lectura al fallo del jurado. En esta ocasión, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, ha sido la encargada de hacerlo, destacando que el jurado ha valorado la "originalidad, calidad técnica y estética, la sensibilidad social, capacidad crítica y comunicativa, así como la adecuación al tema propuesto".

En concreto, la fotografía titulada 'Mientras el mundo se mueve' de Francisco Javier Domínguez ha resultado galardonada con el primer premio, dotado con 3.000 euros. El segundo premio ha recaído en la obra 'Subir juntas es más divertido' de Jesús Jiménez Labrador, dotado con 2.000 euros, mientras que el tercer reconocimiento (1.000 euros) ha sido para la obra titulada 'Confinada', presentada por el fotógrafo José Bringas.

En el I Concurso de vídeo 'Generosidad', que ha sido convocado por primera vez este año, ha resultado ganadora la obra 'Generosidad', de Antonio Rodríguez Palomino. El segundo premio ha recaído en la Fundación Magdalena Moriche que ha presentado el vídeo 'Hola'. El tercer premio ha quedado desierto.

LECTURA DEL MANIFIESTO

También, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tres mujeres con discapacidad han dado voz públicamente al manifiesto elaborado por la FCM a través de un vídeo.

Con este documento, la Fundación CERMI Mujeres ha querido denunciar la situación en la que se encuentran miles de mujeres con discapacidad en España, víctimas de la violencia machista o en "serio riesgo de sufrirla".

También ha puesto de manifiesto cómo la irrupción de la COVID-19 ha acrecentado una situación de extrema vulnerabilidad de miles de mujeres y niñas con discapacidad, así como de madres y cuidadoras de familiares con discapacidad, quienes han visto "conculcados sus derechos más elementales durante la pandemia en muchos países del mundo".

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una serie de ideas para tratar de reforzar la industria farmacéutica europea y mejorar el acceso de los pacientes a medicamentos asequibles, con la vista puesta también en identificar producciones estratégicas que puedan ser relocalizadas para evitar el desabastecimiento en periodos de crisis sanitarias como la actual provocada por el coronavirus.

Bruselas plantea así una estrategia cuyos elementos más relevantes no se desarrollarán hasta al menos el próximo año, como identificar cuáles son los puntos débiles en la cadena de producción y suministro, pero señala ya las líneas maestras para avanzar en la estrategia.

También señala otros proyectos que verán la luz a partir de 2021 como una propuesta para crear una Autoridad para la Respuesta Sanitaria de Emergencia o la revisión de las reglas comunes sobre medicamentos para tratar a menores o para pacientes de enfermedades raras, así como medidas para reducir el impacto ecológico de los medicamentos.

En todo caso, el Ejecutivo comunitario insiste en que los medicamentos han de ser "accesibles y asequibles" para los pacientes europeos y defiende la necesidad de que haya un almacenamiento estratégico europeo, así como fomentar la producción y la inversión en la industria farmacéutica europea.

Otras claves son la cooperación a escala comunitaria en materia de políticas de fijación de precios y reembolso, contar con más competencia en el sector de los medicamentos genéricos y biosimilares y fomentar la evaluación de las tecnologías sanitarias.

El vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, ha asegurado, con todo, que el objetivo de ganar en "autonomía estratégica" es una necesidad para reducir la dependencia de terceras potencias pero no supondrá "la puerta de atrás" para el proteccionismo.

Estamos explorando cada centímetro de la competencia que nos conceden los Tratados porque sabemos que cuando se trata de Salud, los ciudadanos quieren a la Unión Europea presente, no de manera accesoria", ha defendido Schinas en la rueda de prensa para presentar esta estrategia, con la que Bruselas busca también ganar peso en la coordinación entre Estados miembro en un área, la sanitaria, en la que no tiene competencias.

"No queremos volver a ver los problemas que afrontamos durante las primeras semanas de pandemia y queremos evitar que se repita", ha continuado, en referencia a la descoordinación entre países socio que impedían la exportación de material esencial a otros Estados miembro o la escasez de productos clave como las mascarillas, cuya producción se encuentra fundamentalmente en China.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a 15 años y tres meses de prisión impuesta a M.P., el hombre de 39 años a quien un jurado popular declaró culpable de la muerte de su pareja, a la que dejó que se desangrase tras propinarle puñetazos que le hicieron caer e impactar con la cabeza en una superficie dura después de someterla a un maltrato continuado durante años.

El Alto Tribunal resuelve que no ha lugar al recurso de casación de la defensa y ratifica en todos sus pronunciamientos el fallo de la Audiencia Provincial de Almería, que le impuso 13 años de cárcel como autor de un delito de homicidio con la agravante de parentesco y dos años y tres meses de prisión por un delito de maltrato habitual.

Al margen de la pena privativa de libertad, el tribunal le condenó a cinco años de libertad vigilada y a indemnizar con 135.000 euros a la hija de 14 años de la víctima.

La sentencia del Supremo, hecha pública este miércoles y consultada por Europa Press, "verifica" la solidez de los indicios contra M.P. que "apuntan de manera clara, directa e inequívoca a un puñetazo o golpe en la cara efectuado por el acusado, única persona con la víctima, estaba en el domicilio, y que dicho golpe, dado con fuerza, produjo un movimiento o caída de la víctima hacia atrás, golpeándose en la cabeza y sufriendo la lesión en la parte trasera.

"El acusado sin ninguna duda tuvo que percatarse de la magnitud de las lesiones y del sangrado, y que sin embargo optó por trasladar a la víctima hacia la cama y hacia el sofá, sin solicitar ayuda ni a vecinos ni a los servicios de urgencias, hasta el momento de su fallecimiento, cuando ello estaba a su alcance, transcurrieron entre seis y ocho horas", remarca.

Añade que, "siendo concluyente el informe del Instituto Nacional de Toxicología, así como de la pericial forense", se considera "razonable "la conclusión a que llega el jurado, ya que resultaría "francamente difícil cualquier motivación de un veredicto en sentido diferente", según subraya.

El Supremo también ve acreditado que concurre un "obvio dolo eventual" en la acción de M.P. ya que, aunque "no consta que lo hiciera con ánimo de causarle la muerte", no aviso a los servicios de urgencias y la dejó "desangrándose, asumiendo como algo cierto que en estas circunstancias moriría".

"El acusado no podía descartar el riesgo subsiguiente de muerte tras haberla golpeado y haber impactado su cabeza contra una superficie dura, con abundante sangrado, y se represento como probable la producción de resultado dañoso protegido por la norma penal, pero continuó sin hacer nada, aceptando de todos modos el resultado que, al final, tuvo lugar", concluye.

Con respecto al delito de maltrato habitual, el jurado estimó acreditado "sobre distintas evidencias", que M.P. maltrató de "manera habitual" a la víctima durante el periodo de cuatro años de convivencia y rechazó las versiones que dio el acusado exculpatorias.

También que, "con la finalidad de tenerla sometida, aparentó situaciones de suicidio en varias ocasiones asegurándose de que ella estuviera presenta pero consistiendo siempre esos supuestos intentos en unos cortes superficiales en ambos brazos de manera que nunca peligrara su vida".

El acusado, de nacionalidad lituana, mató a su pareja en marzo de 2018 en su vivienda de Albox (Almería). Ella, en situación de extrema vulnerabilidad debido a su malnutrición y adicción crónica al alcohol, murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico "agravado además por su estado de salud.

El golpe que recibió en la cabeza en el baño contra una superficie dura le ocasionó "una herida contusa y sangrante en el cuero cabelludo", pero el acusado "no avisó a los servicios de emergencia hasta las 20,46 horas, transcurriendo entre seis u ocho horas entre el hecho y la prestación del servicio".

"Si el acusado hubiera avisado a los servicios de emergencia, la contusión no hubiese sido mortal de necesidad", concluyeron por unanimidad los miembros del jurado, quienes subrayaron la muerte "agónica" de la mujer.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha valorado este miércoles la implantación progresiva de modelos de cumplimiento normativo ('compliance') en las empresas españolas, en la medida que evita infracciones de todo tipo, incluidas penales, si bien ha advertido al mismo tiempo de que "no puede servir para garantizar impunidad".

"Hoy por hoy, los modelos de cumplimiento normativo son ejes fundamentales en cualquier organización española, no solo privada, también pública", ha dicho Campo en un vídeo difundido durante el V Congreso Internacional de 'Compliance' organizado por Thomson Reuters, que este año se celebra 'online' entre el 25 y el 26 de noviembre.

A su juicio, son un "instrumento fundamental para limitar la responsabilidad de las personas jurídicas" por posibles incumplimientos de las obligaciones que les impone el ordenamiento jurídico, que "son cada vez mayores".

A este respecto, ha recordado que "han pasado ya diez años desde que el Código Penal reformó esta materia e introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y desde aquel momento los jueces y tribunales han ido formándose un criterio" sobre los modelos de cumplimiento normativo.

Campo ha admitido que estos modelos pueden llegar a ser "tremendamente complejos y diferentes en función de la organización y del tipo de actividad", por lo que ha considerado que la "estandarización" puede resultar de "enorme utilidad" para los operadores jurídicos.

No obstante, ha subrayado que "la valoración última acerca de la validez de estos modelos deben hacerla siempre los jueces". "Cuando hablamos de la adopción de modelos estandarizados no puede servir por sí misma para garantizar la impunidad", ha sostenido, esgrimiendo que son "un elemento de valoración, pero no acreditan necesariamente la eficacia del programa".

PARA TODAS LAS EMPRESAS

El ministro ha estimado que los programas de cumplimiento normativo pueden implementarse en todas aquellas empresas donde sea posible diferenciar entre la persona física y la jurídica, independientemente de su tamaño.

Es cierto que, desde un punto de vista de política criminal, las destinatarias principales de esta cultura de cumplimiento normativo son las empresas que por sus dimensiones pueden presentar un defecto de organización que favorezca la comisión de conductas ilícitas o delictivas", ha señalado.

En empresas unipersonales o más pequeñas, ha continuado, la situación es "más compleja" porque "es mucho más difícil diferenciar la responsabilidad de la persona jurídica y física" y "podría llegar a producirse un 'bis in idem' (condenar por los mismos hechos)". Por ello, ha llamado a ser "extremadamente prudentes" en estos supuestos.

En cualquier caso, ha afirmado que una cultura empresarial de 'compliance' "es clave en la lucha contra la corrupción y la delincuencia en general". "Afortunadamente, en la mayoría de nuestras empresas se ha ido instalando poco a poco una cultura de la responsabilidad social", ha celebrado.

Interrogado sobre el futuro del cumplimiento normativo y sus profesionales, ha augurado que será prometedor "a la vista de las últimas decisiones normativas aprobadas, sobre todo en el marco de la UE, y de la evolución internacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sumado fuerzas con Italia para reclamar mayor solidaridad europea en la gestión de las migraciones al tiempo que ha evitado dar detalles concretos sobre las medidas que el Gobierno está tomando con los que han llegado a Canarias. La política migratoria, ha dicho, es "multidimensional" y es importante "subrayar la solidaridad entre territorios pero también contar con la suficiente discreción para hacer esa política migratoria".

Sánchez y su homólogo italiano, Giuseppe Conte, han copresidido en Palma una cumbre bilateral entre los dos gobiernos -con una decena de ministros de cada país-- el mismo día en que han dado a conocer un documento de trabajo que ambos han enviado a Bruselas junto a sus colegas de Grecia y Malta con un objetivo: que en la propuesta de pacto europeo de migraciones "esté mucho más clara la solidaridad" entre países.

En opinión de Sánchez, "el control de fronteras tanto de Italia como de España es eficaz", así que "el problema no es ese", sino que el problema es qué se hace "con aquellos seres humanos que son traficados por mafias y que corren el riesgo de morir en el mar". Ese documento de trabajo propone, entre otras cosas, que se mantenga la vía de reubicaciones obligatorias de migrantes como instrumento de solidaridad entre socios.

Sánchez también cree que algunos socios europeos solo ven "una perspectiva del fenómeno", y no su dimensión de relaciones exteriores. España e Italia también han enviado a Bruselas un documento de trabajo con propuestas para impulsar las relación con los vecinos del sur en múltiples ámbitos, con motivo del 25 aniversario del Proceso de Barcelona.

El español ha defendido que la propuesta de los países del sur para las migraciones es "valiente" y "hace mejor a la UE". Conte, por su parte, ha puesto en valor que los países europeos hayan accedido a reformar la política migratoria y en concreto el Reglamento de Dublín, "un cuello de botella legislativo por el cual los que llegan son retenidos en los países de primera entrada".

"Cuando habitamos una casa común, y somos muchos, todos tienen que ver que no pueden quedarse solo con las comodidades, hay que asumir las cargas", ha señalado. Es más, ha advertido a los países que, por su situación geográfica, se sienten "un poco al margen" del actual desafio, de que "el contexto histórico y los flujos migratorios pueden cambiar, y mañana pueden venir del este". "No puede ser que un país soporte toda la carga de las llegadas", ha abundado.

ACUERDO SOBRE LOS FONDOS EUROPEOS

Conte está convencido de que los argumentos que comparten España e Italia son sólidos, y cree que su unidad les dará fortaleza en este expediente, igual que se la dio en la negociación del fondo de recuperación europea. En este punto, han confiado en que, pese al veto actual de Polonia y Hungría, sea posible un acuerdo unánime de los 27 antes de fin de año porque los ciudadanos europeos "no pueden esperar más".

Ambos jefes de Gobierno han incidido en que esta cumbre, la primera bilateral desde 2014, supone en sí misma una señal de la sintonía y la concertación entre los dos países. Es más, espera que la "complicidad estratégica" entre dos países que reúnen un cuarto de la población europea sea "un nuevo motor" para la construcción de la UE.

Los dos Gobiernos comparten además su apuesta por una mayor integración europea y una mayor coordinación en el ámbito sanitario, empezando por buscar una respuesta común a los retos movilidad que plantean las Navidades.

Como líderes de dos países muy golpeados por la primera ola del coronavirus, en lo sanitario y en lo económico por el fuerte peso del turismo en ambos, Conte y Sánchez han hablado en muchas ocasiones y se han visto tres veces en los últimos seis meses y el italiano ha expresado sintonía incluso personal con su anfitrión.

"CON PEDRO HAY ALGO MÁS"

"A veces en las responsabilidades institucionales hay reuniones muy encorsetadas, pues bien, con Pedro hay algo más", ha dicho Conte, destacando que en sus contactos frecuentes ha comprobado de Sánchez su "propensión al diálogo, su trato humano y su inteligencia política".

Los dos Gobiernos han firmado una declaración conjunta con motivo del Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de la Cumbre ha salido una declaración de 25 páginas que cubre todos los aspectos de la relación bilateral europea, además de memorandos en materia de Economía y Empleo.

También se ha firmado uno en materia de relaciones exteriores que institucionaliza las consultas políticas bilaterales en materia política, económica, cultural, científica, consular y en el marco de la UE, la OTAN y la OMC.

El Consejo de Europa ha advertido de que los servicios integrales de apoyo a las víctimas en España "se han concentrado exclusivamente" en la violencia dentro del ámbito de la pareja y expareja, "en detrimento" de otras formas de violencia, en particular, la violencia sexual, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina.

Así lo indica el Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa en su primer informe de evaluación de la implementación por parte de España del 'Convenio de Estambul'.

En el informe, se reconoce el compromiso de las autoridades españolas para combatir la violencia contra la mujer y los avances logrados, en particular, en la lucha contra la violencia en el ámbito de la pareja, pero pide que se preste más atención a otras formas de violencia contra la mujer.

GREVIO destaca el papel pionero de España al adoptar en 2004 una ley integral contra la violencia de género que se ha complementado con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Además, elogia la "variedad de medidas" de apoyo y protección a las víctimas que se ofrecen sobre la base de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los tribunales especializados en violencia contra la mujer, los servicios de salud y las entidades que brindan asesoramiento jurídico a las mujeres.

Igualmente, reconoce los esfuerzos para recopilar estadísticas y hacerlas públicas, y el papel del sector privado y los medios de comunicación en la prevención y lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer.

Si bien, el informe lamenta las "variaciones regionales" en la aplicación del Convenio de Estambul. Según indica, "no se garantizan niveles comparables de protección y apoyo" en todas partes. En concreto, señala que "muy pocas" comunidades autónomas ofrecen servicios especializados para víctimas de agresión sexual y violación, y existen "aún menos" servicios especializados de apoyo para mujeres en riesgo de matrimonio forzado, mutilación genital femenina, acoso o esterilización y aborto forzado.

Por otro lado, el informe observa con preocupación un "marcado aumento" de las violaciones en grupo en los últimos años, así como el hecho de que los casos se refieren cada vez más a víctimas o agresores menores de edad.

También identifica una serie de problemas con respecto a los procedimientos legales por agresión sexual y violación, en particular la duración de los procedimientos, la exclusión de las pruebas forenses recopiladas sin la orden de un juez, así como el umbral "muy alto" para probar la violación en los tribunales, lo que puede provocar, según advierte, la revictimización y contribuir a bajas tasas de condena.

El informe señala asimismo varias deficiencias en la implementación de las medidas legales para garantizar la seguridad de las mujeres y los niños víctimas de violencia doméstica, que dan como resultado "la custodia compartida y el otorgamiento de amplios derechos de visita a los perpetradores convictos".

Otro tema de gran preocupación para GREVIO es que, según precisa, existen "varias barreras importantes" para el acceso de las mujeres a un procedimiento de asilo sensible al género. Estos incluyen procedimientos de asilo "acelerados" y condiciones "inadecuadas" de recepción y entrevista, que no crean un ambiente de confianza y apoyo necesario para compartir información sensible y revelar experiencias de violencia.

Igualmente, lamenta los "altos umbrales" probatorios para los casos de violencia sexual y doméstica, así como la exigencia de informes previos de violencia realizados por solicitantes de asilo a sus autoridades nacionales, para que se les brinde protección internacional por estos motivos. Esto puede dar lugar a deportaciones o devoluciones, según añade.

En este contexto, GREVIO pide a las autoridades españolas que refuercen el marco jurídico sobre violencia psicológica, violencia sexual, acoso sexual y mutilación genital femenina; y mejorar la prestación de servicios de apoyo, como la provisión suficiente de alojamiento en todas las CCAA y su accesibilidad para todas las mujeres víctimas de violencia, con especial atención a las mujeres con discapacidad, de zonas rurales, las niñas, las mujeres toxicómanas, las mujeres en prostitución y mujeres migrantes.

Finalmente, pide asegurar la asignación y el uso adecuados de los recursos por parte de las autoridades regionales y desarrollar sistemas de financiación que permitan a las ONG de mujeres participar en la prestación de servicios de apoyo.

El número de casos activos de covid-19 vinculados a la comunidad educativa de Galicia continúa a la baja, al registrarse 1.158 en total en el parte de este miércoles, un descenso de 21 con respecto al último parte. Sin embargo, el número de aulas en cuarentena ha subido hasta las 37 en el mismo periodo, dos más.

Según los últimos datos de la Xunta, actualizados a este martes, la guardería Xirandola, de Santiago de Compostela, continúa como único centro cerrado por la pandemia, tras la detección de un caso positivo. Asimismo, el principal colegio afectado sigue siendo el CEIP Fogar de Carballo (A Coruña), con 23 casos de coronavirus --dos menos que en el anterior parte-- y un aula cerrada --una menos--.

No obstante, el área que contabiliza más casos activos en sus guarderías, colegios e institutos es Vigo, con 330 infectados, y es la única de Galicia que incrementa las cifras, con nueve más. También tiene un aula más cerrada, hasta las cuatro.

El centro vigués más afectado en el parte de este miércoles es el CIFP Manuel Antonio, con 10 positivos, seguido del CPR Plurilingüe El Castro, con nueve, y del CEIP Balaídos, con ocho.

El área sanitaria coruñesa es la segunda en el total de casos en la comunidad educativa y cae hasta los 264, siete menos que la jornada anterior. La cifra de aulas en cuarentena pasa de 14 a 11.

Aparte del CEIP Fogar de Carballo, destacan las cifras que presentan centros como el CPR Compañía de María de la ciudad herculina, con 11 casos; el CEIP Virxe da Barca de Muxía, con nueve; y la guardería A Barcala de Cambre, con siete.

LUGO, PONTEVEDRA Y SANTIAGO

En cuanto a la provincia de Lugo, bajan en cuatro los casos activos de covid-19 de sus centros educativos, que en el balance de este miércoles son 158. No obstante, suben de seis a siete las clases cerradas a causa de la pandemia.

Entre los colegios lucenses, los más afectados son el IES Ánxel Fole de Lugo y el CEIP Paradai, de la misma ciudad, con ocho positivos cada uno, y el IES Santiago Basanta Vilalba, también de la ciudad de las murallas, con siete.

Justo por debajo está el área sanitaria de Pontevedra, que registra 151 afectados por coronavirus --siete menos-- y cinco aulas cerradas --una más--. De esta zona, el único con un importante número de casos activos es el CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro de Cambados, con un total de 9.

En cuanto al área sanitaria de Santiago, los contagiados por coronavirus caen ligeramente hasta los 114 (cinco menos), y se mantienen en cuatro las aulas en cuarentena.

El caso más reseñable en esta área es el de la guardería Xirandola, que continúa con su cierre tras registrar un positivo. En cuanto al resto de centros, los que más casos reportan son la escuela infantil A Magdalena de Ames, el IES Manuel García Barros de A Estrada y el CEIP Santa Baia de Boiro, con cinco cada uno.

OURENSE Y FERROL

De nuevo, las áreas menos afectadas por la pandemia en el ámbito educativo son Ourense y Ferrol. En cuanto a la primera, registra un descenso de cinco casos activos, que se sitúan en el total de 69, y un aula cerrada --en la guardería de Xinzo de Limia--.

Por su parte, el área de influencia de Ferrol baja en dos el número de afectados, hasta 72, y aumentan hasta las cinco las aulas en cuarentena. De esta zona, cabe mencionar los siete positivos del CEIP Couceiro Freijomil de Pontedeume y los seis del CEIP Manuel Fraga Iribarne de Cariño.

El Consejo Económico y Social de España (CES) ha aprobado esta mañana un dictamen sobre el anteproyecto de ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, a través el que pide una mayor valoración del papel de los interlocutores sociales en el fomento de la igualdad y en la prevención de la lucha contra la violencia de género.

A través de un comunicado, el CES destaca que el anteproyecto que prepara el Gobierno y que, según ha señalado este miércoles la ministra de Igualdad, Irene Montero, está "muy cerca" de iniciar su tramitación, "va más allá" del convenio de Estambul sobre esta materia, e introduce el desarrollo del derecho a la reparación.

Sin embargo, observa "cierta incongruencia" entre los objetivos declarados de la ley, el contenido de algunos artículos y el propio título de la norma, que sugiere "ajustar al establecimiento de un marco integral de protección de la violencia sexual contra las mujeres".

En concreto, CES considera que la referencia genérica a la garantía de la "libertad sexual" puede confundir a los destinatarios de una norma centrada en prevenir, tipificar, sancionar y reparar las vulneraciones a dicha libertad sufridas por las mujeres.

Con respecto al tratamiento de la infancia y la juventud menor de edad, el organismo estima que el anteproyecto "debería evitar solaparse y entrar en contradicción con el marco de protección integral contra la violencia específicamente enfocado a la infancia y la juventud menor de edad".

AVANCES EN LA IGUALDAD

Por otra parte, el CES pide que el anteproyecto valore la aportación de los interlocutores sociales y el papel que les corresponde tanto en el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres como en la prevención y lucha contra la violencia en el trabajo.

En este sentido, señala que el texto del Gobierno "tendría que reformular el tratamiento de las cuestiones relacionadas con la violencia sexual en el ámbito laboral", de forma "coherente" y "respetuosa" con las atribuciones de las organizaciones sindicales y empresariales y, en particular, con el derecho a la autonomía colectiva.

De forma paralela, el CES aboga por depurar la técnica jurídica del anteproyecto en el caso de las reformas que se proponen al Código Penal para reforzar la lucha contra la violencia.

En el comunicado, recogido por Europa Press, también se pronuncian respecto a la previsible creación del distintivo "Empresas por una sociedad libre de violencia de género", sobre la que CES advierte de la importancia del rigor en su concesión para evitar erosionar la credibilidad y los objetivos de la propia norma.

Del mismo modo, propone impulsar la implantación de mecanismos de prevención, control y seguimiento de actos hostiles o humillantes que, en el ámbito laboral o funcionarial, pudieran resultar constitutivos de acoso contra las personas trabajadoras.

Finalmente, el organismo defiende una homogeneización de las víctimas de violencia sexual con las de violencia de género y terrorismo en lo que respecta a sus derechos de movilidad geográfica, al mismo tiempo que ve necesario asegurar una protección adecuada a todas ellas, lo que requiere de los instrumentos económicos necesarios.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha denunciado este miércoles que la reforma educativa del Gobierno, conocida como 'ley Celaá', "blinda" en la legislación española el proyecto "excluyente" del nacionalismo catalán que se basa en la lengua y que "conculca los derechos" de los castellanohablantes.

En su opinión, hay un "falso debate" en el que algunos dicen que quienes están en contra del sistema de inmersión lingüística vigente en Cataluña argumentan falsamente que "el castellano está perseguido" en esta comunidad y que "no se puede hablar" en esta lengua.

El problema no es ese, a su juicio, sino que "hay un proyecto político nacionalista basado en una identidad excluyente que tiene como piedra angular la lengua" catalana y que "cada día, desde la Generalitat, se conculcan" los derechos lingüísticos.

"Y ahora vemos esto blindado en la ley orgánica de educación", ha declarado en la sede de Cs en Barcelona, donde ha conversado junto al líder del partido en el Parlament, Carlos Carrizosa, en sendas mesas redondas con el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres Cataluña (Fapel), Josep Manuel Prats, y con el presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa.

Arrimadas ha indicado que cuando un ciudadano se dirige a la Administración Pública en castellano en Cataluña, ésta "solo contesta en catalán", "cuando rotulas un negocio solo en castellano te multan" y tampoco se garantiza el derecho de las familias a "poder escolarizar a sus hijos en catalán y en castellano".

Cs LUCHARÁ "HASTA EL FINAL" CONTRA LA LEY

Por ello, ha expresado su rechazo a la enmienda al proyecto de ley de educación pactada entre Esquerra Republicana de Catalunya, el PSOE y Unidas Podemos para eliminar el castellano como lengua vehicular en las escuelas de las comunidades donde hay otro idioma cooficial y ha asegurado que Cs luchará "hasta el final" para revertir este cambio.

Así, ha señalado que presentarán una batería de enmiendas en el Senado, donde la 'ley Celaá' continúa su tramitación tras pasar por el Congreso, y que si se aprueba en los términos actuales, la llevarán ante el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y las instituciones europeas.

Arrimadas ha afirmado que no hay ningún Estado europeo donde se permita el "atropello" de que "la lengua mayoritaria y oficial del país no pueda ser vehicular" y ha recordado que el castellano es "la lengua mayoritaria" también en Cataluña, donde el 55% de la población la tiene como lengua materna.

Carrizosa ha apuntado que quien "se jacta" en Cataluña de que la 'ley Celaá' incorpore la enmienda sobre el castellano es la Plataforma per la Llengua, "unos radicales separatistas que han conseguido, por un puñado de votos" --el posible apoyo de de ERC a los Presupuestos Generales del Estado-- "imponer en una ley española sus delirios y sus exclusiones de derechos".

GARANTIZAR QUE LAS DOS LENGUAS SEAN VEHICULARES

La líder de Cs considera que los sistemas monolingües en la educación son "muy casposos y muy antiguos" y por ello en el futuro querría poder escolarizar a su hijo en "la lengua de su país junto con la oficial de la comunidad autónoma y con el inglés".

El presidente de SCC, por su parte, ve "alucinante" que la futura ley de educación trate al castellano "como una lengua extranjera" y ha lamentado la "invisibilización" de los catalanes castellanohablantes por parte de los gobiernos de España, que "al final siempre supeditan lo que sucede en Cataluña a su estrategia parlamentaria en las Cortes".

A su juicio, "hay que ser muy cerril, dogmático y sectario para negarse a aceptar" que las dos lenguas oficiales en Cataluña sean vehiculares en el ámbito educativo, garantizando que se imparte al menos un 25% de las clases en cada uno de los idiomas.

En este contexto, ha reivindicado un "gran pacto de convivencia lingüística" en España que lleve a "valorar la riqueza y el patrimonio de la lengua común", el castellano, y "respetar" a sus hablantes y a la vez "valorar más las lenguas cooficiales" e "integrarlas como lenguas españolas que son".

"IMPOSICIÓN IDEOLÓGICA" CONTRA LA ESCUELA CONCERTADA

Por otro lado, Arrimadas ha arremetido contra la reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez porque cree que en su elaboración ha habido "cero preocupación por la calidad educativa", ya que intenta "tapar" el fracaso escolar, y solo se ha buscado la "imposición ideológica", motivo por el cual cree que los representantes de la comunidad educativa no fueron escuchados en el trámite parlamentario.

Según ha manifestado, el proyecto de ley "cambia el criterio de la demanda social por el criterio de programación previa" y con ello "lamina la libertad de elección" de los padres para decidir a qué tipo de colegio llevan a sus hijos.

En este contexto, el presidente de Fapel ha advertido de que la 'ley Celaá' "no dice 'vamos a cargarnos la enseñanza concertada'", pero sí "establece los mecanismos e instrumentos para que la Administración pueda hacerlo" al "distribuir a los alumnos como crea conveniente" entre los distintos centros.

"La LOMLOE pretende hacer que la concertada sea subsidiaria a la pública", en lugar de complementaria, y así "seguirán fomentando la creación de centros públicos y ampliando las plazas" en ellos y "la concertada servirá en tanto en cuanto no se llenen las escuelas públicas", lo cual llevará a "la desaparición de la concertada en pocos años", ha explicado Prats.

La presidenta de Ciudadanos también ha criticado que los padres no podrán escolarizar a sus hijos en un colegio público que se encuentre en un barrio o municipio distinto de aquel donde viven y ha denunciado igualmente el "ataque" a la educación especial.

SIN LA FINANCIACIÓN SUFICIENTE

Al priorizar la financiación a la red de centros ordinarios, piensa que se perjudicará a los centros de educación especial, y ha avisado de que no todos los niños con necesidades especiales pueden ir a un colegio ordinario. Deben existir los dos modelos y "la decisión última" sobre cuál escoger en cada caso "la tienen que tener los padres", ha recalcado.

Prats ha indicado que la ley "impone un modelo que ni está explicado, ni consensuado, ni financiado" y que "faltan los recursos" necesarios, tanto humanos como materiales, para una transición hacia una educación inclusiva.

Por último, en relación con la segregación social, ha dicho que este problema "existe y hay que poner solución", pero ha subrayado que eso no se podrá hacer sin la financiación suficiente.

Tras señalar que en Fapel piden que cada plaza escolar en los centros concertados se finacie totalmente con dinero público, ha afirmado que en España no se podrá alcanzar un pacto nacional por la educación mientras se mantenga "la dicotomía de concertada y pública en una batalla ideólogica" según la cual una es para "privilegiados" y la otra no.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 203 casos positivos confirmados de Covid-19, lo que supone un nuevo incremento con respecto a los datos de la jornada anterior, y asimismo se han notificado once fallecimientos por la enfermedad, lo que eleva la cifra a 923 desde el inicio de la pandemia en la región.

Por su parte, la presión hospitalaria sigue bajando, con 261 pacientes hospitalizados, once menos que el martes, si bien la cifra de enfermos en las UCI se mantiene sin cambios en 44. Además, se han dado otras 682 altas, lo que equivale a un acumulado de 24.315 en toda la pandemia.

Tres fallecidos pertenecen al área de salud de Plasencia. Se trata de un varón de 74 años de Zarza de Granadilla; una mujer de 72 de Mirabel y otra de 83 de Garganta la Olla. La de Coria registra dos fallecidos, ambas mujeres, de 90 y 98 años de la residencia de Vegaviana.

En el área de Llerena-Zafra se han dado otros dos fallecimientos, los de un varón de 84 años de la residencia Sierra Pinar de Zafra y una mujer de 68 años de Fuente del Maestre. La de Cáceres también registra dos fallecidos, un varón de 96 años de Aliseda y otro de 75 años de Cáceres.

Finalmente, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica el fallecimiento de un varón de 93 años de Navalvillar de Pela, y el de Navalmoral de la Mata comunica el de una mujer de 53 de Casatejada.

Se comunican tres brotes nuevos, uno en Badajoz con seis positivos y 29 contactos; otro en Don Benito con 11 casos y 17 contactos; y el último en Pueblonuevo de Miramontes con seis positivos y 20 contactos, al tiempo que se cierran cuatro focos, uno en Torreorgaz, otro en Santa Amalia y dos de Mérida.

NUEVOS CASOS POR ÁREAS

El Área de Salud de Badajoz notifica 44 casos confirmados y tiene 72 pacientes hospitalizados, 19 de ellos en UCI. Registra 103 fallecidos y ha dado 6.163 altas; mientras que el de Cáceres ha notificado 37 casos positivos y 51 pacientes ingresados, de los que cuatro están en UCI. Acumula 343 fallecidos y ha dado 4.627 altas.

Por su parte, el área de Mérida registra 29 casos confirmados y 39 hospitalizados, de los que 12 están en UCI. Acumula 97 fallecidos y ha dado 4.315 altas; y la de Don Benito-Villanueva de la Serena notifica 28 casos positivos y cuenta con 24 pacientes hospitalizadas, de los que cuatro están en UCI. Acumula 89 víctimas mortales y 3.088 pacientes curados.

A su vez, Plasencia registra ocho casos positivos y atiende a 31 pacientes hospitalizados, de los que cinco están en UCI. Ha registrado un total de 120 fallecidos y ha dado 1.885 altas; mientras que en Navalmoral de la Mata se han notificado 38 casos confirmados y tiene ocho pacientes ingresados. Hasta la fecha ha registrado 68 fallecidos y ha dado 1.444 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra registra 12 casos positivos y tiene 17 pacientes ingresados. Ha registrado un total de 65 fallecidos y ha dado 1.858 altas; y la de Coria comunica siete casos positivos y 19 pacientes hospitalizados. Un total de 38 personas han fallecido y se han dado 935 altas.

La Audiencia Nacional ha hecho pública este miércoles una nueva condena para la trama Gürtel, con penas de hasta 15 años de cárcel a 19 de los 23 acusados por la adjudicación ilegal al Grupo Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro de la Familia, celebrado en Valencia los días 7, 8 y 9 de julio del año 2006.

En una sentencia, de 556 páginas, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala lo Penal condenan en esta pieza del denominado 'caso Gürtel' a 13 años y 7 meses de prisión al líder del Grupo Correa Francisco Correa; a 15 años y 5 meses a su mano derecha Pablo Crespo; a 6 años y 9 meses a su colaborador Álvaro Pérez 'el Bigotes' y al exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, y a 11 años y 7 meses al vicepresidente de TECONSA José Luis Martínez Parra.

El resto de acusados son condenados a penas que van desde los ocho meses de cárcel, por ejemplo para el empresario Jacobo Gordon, a los tres años del administrador de Impacto Producciones Francisco Javier Arnuncio Perujo. El asesor fiscal de la trama, Ramón Blanco Balín, ha sido condenado a 1 año y medio de prisión.

El expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino falleció por covid en abril, por lo que quedó extinguida su responsabilidad penal, al igual que la del también fallecido Luis Sabater, responsable del ente público. La Sala absuelve además a dos acusadas para las que la Fiscalía Anticorrupción retiró la acusación en el juicio, Noemí Márquez y Alexandra Andrea Benesovsky.

NO DEDUCEN TESTIMONIO POR LA DECLARACIÓN DE CAMPS

Por otro lado, no deducen testimonio de lo declarado por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, solicitado por Fiscalía, al entender que el Ministerio Público lo pidió de forma genérica sin señalar concretamente en qué aspectos o extremos consideran que faltó a la verdad en su declaración.

La sentencia, ponencia de la magistrada María Fernanda García Pérez, acuerda aplicar la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada al haber transcurrido catorce años desde la fecha de los hechos y doce desde la incoación de la causa y, en algunos acusados, las de reparación del daño y de confesión solicitadas por el Ministerio Público.

Consideran que varios delitos se cometieron en concurso medial (por un lado prevaricación, malversación y fraude y por otro el blanqueo, la falsedad de documental y los delitos contra la hacienda pública), por lo que, al penarlos por separado por ser más beneficioso para los acusados, las penas son más bajas que las solicitadas por las acusaciones.

De los 23 acusados, 11 de ellos reconocieron los hechos y otros 12 los negaron ejerciendo su derecho de defensa, si bien Pablo Crespo se negó a declarar. La sentencia condena a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia como partícipe a título lucrativo aunque declara extinguida la obligación de pago por encontrarse extinguidos tanto este ente como RTVV y haber asumido sus obligaciones y deudas la Generalitat.

SOBRECOSTE DE 3,2 MILLONES

La Audiencia considera que hubo una adjudicación directa por parte del director de RTVV a favor de la empresa interpuesta por el Grupo Correa, TECONSA, del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del Papa con una clara finalidad de enriquecimiento ilícito por el sobrecoste pagado, que ascendió a 3,2 millones de euros.

El contrato se firmó "por un precio excesivo a la elaboración formal del expediente administrativo" con la colaboración de empleados públicos de RTVV, y se antedataron los trámites esenciales con el fin de dotar de apariencia de legalidad e incurriendo en el elaborado en sucesivas infracciones de la normativa administrativa.

Con posterioridad, continúa la Sala, el importe cobrado de la RTVV por TECONSA se canalizó hacia distintos beneficiarios a través de un entramado de facturas ficticias e irregulares abonadas por TECONSA, y que ésta procedió a deducir en los correspondientes Impuestos de Sociedades y del IVA.

Los magistrados consideran acreditado que al menos desde octubre de 2005 la organización de Correa inició una serie de actuaciones dirigidas a conseguir la adjudicación de modo ilícito de la prestación de servicios para el encuentro que se iba a celebrar en julio.

Correa, Crespo, Pérez Alonso y García Gimeno se concertaron para que la contratación se realizara por la RTVV a favor de TECONSA, para lo que consiguieron que la fundación organizadora del encuentro firmara un convenio de colaboración con RTVV el 27 de febrero de 2006. En él cedían la señal institucional a dicho ente y le cargaron el coste de la contratación de las pantallas, sonido y megafonía.

Por tanto, señalan, el Convenio fue "el mecanismo jurídico utilizado" para que la RTVV se hiciera cargo de un coste que no le correspondía porque para la retransmisión no eran necesarias las pantallas.

Por otro lado, La sentencia dice que la adjudicación directa a TECONSA fue ilegal pues los acusados del Grupo Correa y el director general de RTVV primero acordaron la adjudicación y después se confeccionó el expediente de contratación, contando con la colaboración de los empleados públicos de RTVV que han resultado condenados.

Así, el tribunal dice que hubo un "concierto previo" para adoptar la decisión, al margen de cualquier procedimiento administrativo y de los principios de publicidad y concurrencia. Después se intentó dar cobertura formal "tramitando un expediente antedatado para favorecer a una empresa --TECONSA-- que no tenía capacidad técnica para llevar a cabo los trabajos necesarios y que tuvo que subcontratar todo, y autorización del gasto aún sin dotación presupuestaria".

Los hechos juzgados encajan como delito de cohecho, prevaricación, delito de fraude a la Administración Pública, malversación, delito de falsedad en documento oficial, blanqueo de capitales, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública.

El contrato de pantallas y sonido se adjudicó a TECONSA por un importe de 6,46 millones de euros (7,49 millones de euros con IVA), un precio "muy superior al coste" de los trabajos necesarios para el desarrollo del evento.

Basándose en la prueba documental, la testifical pericial de los agentes de la UDEF y la pericial de la Inspectora de la AEAT, el tribunal concluye que el coste de los trabajos de ejecución fue de 3,2 millones de euros, por lo que la diferencia (3,2 millones de euros) "constituye el sobrecoste o beneficio ilegalmente obtenido en perjuicio del erario público, que fue después repartido entre los acusados con influencia decisiva en el proceso de adjudicación".

Añade que los acusados participaron en una ficción al servicio del fraude, en el caso de los empleados públicos, infringiendo su deber de probidad inherente al ejercicio de la función y en perjuicio económico del ente público, dado el sobrecoste del precio pagado.

También destaca la función del vicepresidente de TECONSA José Luis Martínez Parra al haber prestado la empresa familiar de la que era socio y gestor para que hiciera de pantalla como adjudicataria, cuando en realidad los verdaderos adjudicatarios eran los acusados del grupo de Francisco Correa. Obtuvo a cambio una comisión de 200.000 euros, y los beneficios fiscales derivados de la deducción de las facturas ficticias abonadas que encubrían el reparto de los fondos obtenidos y que acreditan el delito de blanqueo de capitales.

En relación a los delitos contra la Hacienda pública, la Sala indica en la resolución que las cuotas defraudas por los acusados en concepto de Impuesto de Sociedades de 2006, 2007 y 2008 e IVA de 2006 y 2007 y que ascenderían a 1.328.572 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado las alegaciones que interpuso la Comunidad de Madrid a la demanda del Ayuntamiento de Alcorcón en relación a la necesidad de medicalizar las residencias de mayores de la ciudad.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala acuerda rechazar las alegaciones previas formuladas por la representación procesal de la Administración demandada, sin perjuicio del derecho que a la parte demandada le concede el artículo 58.1, in fine, de la Ley Jurisdiccional.

Con ello, adopta el mismo criterio que ya decretó el pasado 12 de noviembre en el caso de las alegaciones de la Comunidad de Madrid frente a las reclamaciones del Ayuntamiento de Leganés, que también solicitó medidas cautelares para medicalizar estos centros.

El Gobierno regional planteaba cuestiones tales como falta de legitimación activa por parte del Ayuntamiento, un incumplimiento de los plazos y una pérdida sobrevenida del objeto por derogación del marco legal sustantivo.

En este sentido, el magistrado defiende que hay interés legítimo "suficiente" por parte del Consistorio alcorconero, en este caso, para la defensa del derecho a la salud de los mayores de los centros ahí ubicados y, por tanto, para exigir su cumplimiento al titular de la competencia.

De igual modo, argumenta que, "al margen de ello, no solo residentes y trabajadores en las residencias se ven afectados por la situación de pandemia, sino que la misma afecta a la totalidad de los vecinos, toda vez que se demostró que dichos centros fueron un foco de contagio y transmisión en los primeros momentos de la pandemia", no siendo por tanto ajeno al interés municipal.

Además, el magistrado entiende que, dado el momento de crisis sanitaria "con una situación muy delicada en las residencias de mayores", no se puede admitir que "el dato de la relativa mejoría de los indicadores de salud, permita sin más, zanjar anticipadamente este procedimiento".

SALVAGUARDAR LA SALUD

Tras conocer el sentido del auto, la alcaldesa de la localidad, Natalia de Andrés (PSOE), ha celebrado el resultado recordando que el contencioso administrativo fue iniciado en abril para que se dotara a cuatro residencias de Alcorcón "del personal sanitario necesario "para hacer frente a la pandemia.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que "el procedimiento tiene que seguir adelante" con la única intención de "salvaguardar la salud de nuestros mayores", y que esta situación "no se vuelva a producir".

"Que tengamos los recursos suficientes para atender con la dignidad que se merecen los mayores de la ciudad de Alcorcón", ha pedido, aclarando "que, si esto sirviera para que otra residencia en otros municipios de la Comunidad de Madrid o de España tengan estos recursos, a nuestro modo de ver imprescindibles, estaremos muy satisfechos por esta labor".

De Andrés ha insistido en señalar que "la salud de nuestros mayores es fundamental", y que, por ello, "seguiremos trabajando para que se garantice por parte de las administraciones competentes, en este caso la Comunidad de Madrid, según han determinado diversos autos del TSJM".

La Coordinadora de pensionistas de Bizkaia ha advertido de que las pensiones "de miseria" suponen "más violencia contra las mujeres" y, en este sentido, ha subrayado que es "intolerable que las mujeres pensionistas cobren un 37% menos que los hombres".

El colectivo ha hecho público un comunicado con motivo de la conmemoración este 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en el que advierte de que "también es violencia no respetar de forma igualitaria a las mujeres a nivel económico".

"Mucho se habla sobre las abusivas diferencias salariales realizando el mismo trabajo, así como del llamado techo de cristal, que impide a las mujeres ocupar puestos de responsabilidad en instituciones y empresas. Lo mismo ocurre con las pensiones, sobre todo con las de viudedad, que son las más bajas", ha recordado.

En este sentido, la coordinadora de pensionistas ha señalado que el modelo de pensiones del Estado estaría "al nivel de los mejores" si no fuesen "tan míseras" las pensiones mínimas, que "en la generalidad de los casos afectan a mujeres viudas".

Según ha remarcado, ésta es "una de las asignaturas pendientes" del sistema público de pensiones. Por ello, ha reivindicado que "sobran buenas palabras, falta voluntad política para afrontarlo".

De este modo, ha censurado que los acuerdos del Pacto de Toledo que se acaban de aprobar en el Congreso recomiendan mejorar las prestaciones por viudedad más bajas, sobre todo a partir de 65 años, "sin hacer ninguna propuesta en concreto".

De la misma manera, ha denunciado que también se plantea tomar medidas de carácter estructural para conseguir la equiparación de la cobertura por pensiones entre mujeres y hombres, pero "son palabras vacías, alejadas de la realidad".

El colectivo de pensionistas vizcaíno ha incidido en que el próximo año "la revalorización de las pensiones seguirá dependiendo de los presupuestos del Estado" y, si se aprueba lo previsto, las pensiones contributivas aumentarán el 0,9%.

"Esto supone que la pensión máxima subirá 24 euros al mes, mientras que la mínima de una viuda mayor de 65 años solo sube 6 euros. La pensión máxima aumenta cuatro veces más que una de viudedad. Este dato es una prueba de inequidad social", ha advertido.

A su entender, "la solución para acabar con esa discriminación, que constituye una agresión contra quienes cobran pensiones de miseria, pasa por equiparar las pensiones mínimas con los 950 euros del salario mínimo interprofesional".

La plataforma de pensionistas de Bizkaia ha incidido en que, "sin retribuciones dignas" tanto en salarios como pensiones, "no hay libertad ni independencia económica". Tras defender que "la base de la democracia es la igualdad a todos los niveles, empezando por tener medios de subsistencia suficientes y garantizados", ha considerado "intolerable que las mujeres pensionistas cobren un 37% menos que los hombres".

"La discriminación económica de las mujeres entraña violencia de género", ha manifestado el colectivo, que ha asegurado que seguirá "luchando para impedir que la pobreza tenga rostro de mujer".

La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante ha intervenido durante dos días para sacar de una vivienda habitada más de 6.000 kilos de residuos y desechos en las inmediaciones de la plaza de Manila, según ha informado este miércoles un comunicado del consistorio.

Los efectivos que han participado en el operativo han completado cuatro contenedores de obra con todo tipo de restos, basuras y desperdicios retirados del piso, un segundo sin ascensor en el que reside una mujer con cuatro gatos y una paloma, al que han accedido por una orden judicial.

El Ayuntamiento, a través de sus departamentos de Sanidad y Protección animal, había recibido varias denuncias vecinales dando cuenta del riesgo sanitario de la situación para que procediera a intervenir, limpiar y sanear este foco insalubre.

El servicio de Sanidad solicitó, entonces, la correspondiente autorización judicial para poder acceder y limpiar el piso en cuestión, ante la negativa de su moradora.

Las tareas de limpieza las ha realizado personal contratado por la propia concejalía para desarrollar este tipo de tareas, que conllevan, además, labores de desinfección y desratización. Por su parte, los animales han sido trasladados al centro de recogida en El Bacarot, que gestiona la Sociedad Protectora de Animales y Plantas.

Asimismo, la concejalía de Sanidad ha explicado que el Ayuntamiento interviene en una docena de casos al año, de media, para atender estas demandas de los vecinos que ponen en conocimiento de las autoridades casos que alteran la convivencia por malos olores en inmuebles, la acumulación de desechos o la tenencia de animales sin higiene.

Los esfuerzos por acercar Europa y los países ajenos al continente pero también ligados al mar Mediterráneo serán el eje central de las dos citas telemáticas que acogerá España este jueves y viernes, que arrancarán con una reunión de la UE con la denominada Vecindad Sur para dejar paso a un foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell --ambos de forma presencial en Barcelona--, y el comisario de Ampliación europeo, Olivér Várhelyi, encabezarán por parte europea la reunión del jueves, que tendrá como telón de fondo la cuestión migratoria, las tensiones en el Mediterráneo Oriental o la inestabilidad en ciertas áreas, como puede ser el Sáhara Occidental.

Sin embargo, sin entrar en grandes polémicas, el bloque europeo se ha marcado como objetivo de este foro ministerial debatir sobre cómo avanzar en la alianza con la Vecindad Sur, con la que hay una interrelación inferior con la que puede haber con los vecinos del este de Europa, con vistas a responder a desafíos actuales como la pandemia de COVID-19, la transición ecológica o la mejora de oportunidades.

La cooperación europea con la orilla meridional del Mediterráneo se extiende a un total de diez países, si bien la lista ha quedado formalmente reducida a nueve tras la suspensión de Siria: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina y Túnez.

La Comisión Europea tiene previsto actualizar en 2021 su propuesta sobre los futuros ejes de las relaciones entre las dos partes, por lo que se espera que de la reunión del jueves puedan surgir ideas a partir de las cuales poder elaborar nuevas directrices y prioridades, incluso con vistas a que sean tratadas en el Consejo europeo de diciembre.

XXV ANIVERSARIO DEL PROCESO DE BARCELONA

Ya el viernes, está convocada también a nivel ministerial la quinta edición del Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, que en esta ocasión pretende conmemorar el vigesimoquinto aniversario del Proceso de Barcelona, precursor de la UpM. Esta organización aglutina a día de hoy a los países de la UE y a 15 países del sur y el este del Mediterráneo.

A Borrell y González Laya se sumarán el ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, cuyo país ejerce junto a la UE la copresidencia de turno de la UpM, así como el secretario general de esta alianza, Nasser Kamel.

La pandemia ha marcado ambas citas y, en palabras de Kamel, se ha convertido en "el problema número uno" dentro de la agenda, en la que se debatirán fórmulas para avanzar en materia de desarrollo, infraestructuras, empoderamiento de la mujer o lucha contra el cambio climático.

Ahora, ha destacado, "es momento de reconstruir mejor", teniendo en cuenta que hay retos, como la emergencia sanitaria o el cambio climático, que "no conocen fronteras". Kamel espera una discusión "sincera y franca" en la que se examinen también los 25 años transcurridos desde el Proceso de Barcelona: "Qué se ha logrado y qué no se ha logrado".

El foro concluirá con una declaración final y en principio se esquivarán algunos de los temas más espinosos que marcan actualmente las relaciones entre algunos de los países implicados. El máximo responsable de la UpM ha resaltado que en los temas tratados "tenemos la suerte de que no hay desacuerdos".

Ademas, Kamel percibe un "creciente interés" de los países europeos por acercarse en términos de inversión al otro lado del Mediterráneo, por ejemplo para ubicar en este área los centros de producción que tradicionalmente se han dirigido hacia China.

El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha pedido este miércoles la intervención del Ministerio del Interior y del director adjunto operativo (DAO) para frenar las bajas entre los 'antidisturbios' por la jornada laboral y el material deficiente del que disponen los 2.000 agentes que forman parte de estas unidades.

La organización ha realizado esta mañana una concentración frente a la sede de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en Moratalaz (Madrid) en protesta por las "pésimas condiciones laborales que desde hace tiempo vienen padeciendo estas unidades".

Durante el acto reivindicativo, que se ha celebrado bajo el lema "La UIP se desangra", el secretario de UIP de JUPOL, Daniel García, ha denunciado "la sangría de bajas de agentes de la UIP que se está viviendo en los últimos tiempos".

"Ha aumentado el número de compañeros que piden las bajas de estas unidades al verse abandonados a su suerte, con equipamiento precario y una pésima organización de los turnos que hace imposible conciliar su vida profesional y familiar", ha señalado.

JUPOL se ha quejado de que las UIP afrontan una jornada que "apenas permite conciliar de forma efectiva su vida profesional y personal, y en la que tampoco se reconoce económicamente el trabajo extra que casi en el día a día tienen que desarrollar estos agentes".

"Hace meses presentamos nuestra propuesta de jornada laboral y desde la Comisaría General no hemos recibido respuesta alguna, se pasan la pelota de unos a otros y la UIP sigue asistiendo a la pérdida de muchos buenos policías", ha asegurado el portavoz de JUPOL, Pablo Pérez.

La queja se centra en que la actual jornada labora de 2015 "cuenta igual todos los días, sin diferenciar fines de semana ni festivos" en un contexto de "sobreesfuerzo que no queda reconocido de ningún modo".

Además, se ha denunciado los materiales obsoletos, con furgonetas "sin medidas de protección actualizadas y en algunos casos con cientos de miles de kilómetros". También reclaman la actualización de los uniformes de la UIP, "que nuevamente se encuentran en muchos casos deteriorados y no cumplen con todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de los agentes".

Desde JUPOL se viene reclamando la sustitución de las prendas "camisola UIP ignífuga" y "pantalón UIP" por la prenda de tipo mono de trabajo, el mismo utilizado por los agentes del GEO/GOES, así como poner fin a las "instalaciones tercermundistas" por estar en algunos casos en "estado ruinoso con vestuarios sin agua caliente, paredes repletas de humedades y en las que se sufren desprendimientos o incluso con edificios que carecen de puertas de acceso".

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha advertido este miércoles que la nueva reforma educativa, la llamada 'Ley Celaá', pone en riesgo la imparcialidad del trabajo de la Inspección educativa con la modificación de los criterios de acceso a este cuerpo de profesionales.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios antes de reunirse con representantes de este colectivo de trabajadores, a quienes considera "la clave de bóveda" de la innovación del sistema educativo gallego.

Rodríguez ha recordado que hasta el momento los inspectores adquirían dicha condición tres participar en un proceso de oposición "de alto nivel" en el que debían demostrar y dejar constancia de sus capacidades y conocimientos del sistema, la organización y las diferentes características de innovación pedagógica.

"Esta ley abre la puerta a que los inspectores puedan ser elegidos de modo arbitrario", ha advertido, puesto se abre la puerta a que un tercio de las plazas sean escogidas "prácticamente a dedo" por responsables políticos, sin prueba selectiva y "de modo arbitrario", lo que "puede romper con la imparcialidad que llevan demostrando" hasta ahora estos profesionales.

De este modo se altera las posibilidades de acceso a un cuerpo "tan fundamental" y que "puede alterar de modo notable su imparcialidad", lo que pondría "en riesgo el trabajo tan significativo", la objetividad de su labor y, en suma, la "calidad" del sistema educativo.

"Vamos a escuchar sus inquietudes y a intercambiar opiniones y preocupaciones sobre la Ley Celaá", ha explicado, puesto que su papel ha sido "clave" en los últimos años para "medir y justificar las importantes acciones" desarrolladas en Galicia.

DEFENDER LA CONCERTADA

Román Rodríguez ha insistido en que este cambio en la normativa está generando "una gran preocupación" en el sector y se trata de "una debilidad" que se une a otros elementos que se encuentran en pleno debate ante la opinión pública, como es la libertad de elección de los padres del centro educativo que quieren para sus hijos.

Se refiere, en concreto, a los colegios concertados, un modelo que ha defendido como "parte del sistema educativo" y "que está en la Constitución", y que la Xunta mantendrá en términos similares a los actuales "respetando los marcos legales".

"No se puede estigmatizar en ningún momento", ha insistido Rodríguez, al entender que este modelo, "avalado por muchísimas sentencias", forma parte de la "realidad" y se trata de una alternativa que hay que cuidar "igual" que el sistema público.

Por todo ello y ante la "dejación de funciones" que realiza el Ministerio, al "romper absolutamente con la estructura del sistema educativo de España", la Xunta aplicará la norma a través de su "desarrollo con criterios gallegos" y para mantener el modelo educativo del Gobierno autonómico.

Más de 900 inmigrantes han llegado a Canarias desde este fin de semana en el que se redoblaron los esfuerzos diplomáticos para frenar la llegada de pateras al archipiélago con las visitas el viernes a Marruecos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el domingo a Senegal de la titular de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

El número de inmigrantes que pernoctan en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) ha vuelto a crecer en las últimas horas. Aquí llegaron a ser alojados en tiendas provisionales más de 2.000 personas, cifra que descendió a 200 para de nuevo crecer a unos 600 inmigrantes durante la mañana de este miércoles, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Según esta ONG, el viernes y el sábado pasados no hubo ninguna llegada de inmigrantes a las costas canarias, aunque desde el domingo hasta este miércoles han ido cada día aumentado los que han llegado a tierra por sus propios medios o rescatados por Salvamento Marítimo: 143 el domingo; 170 el lunes; 296 el martes y 300 este miércoles, 25 de noviembre.

La tendencia, no obstante, es a la baja si se compara con los datos del viernes al miércoles de la semana anterior, cuando lograron alcanzar la costa canaria 1.886 personas proveniente de países como Marruecos, Mauritania o Senegal, según los datos aproximados que recopila CEAR. Sólo en el mes de noviembre han llegado al archipiélago 6.853 personas, más de 12.000 si se contabiliza desde septiembre.

Según esta ONG con personal en la zona, 18.496 migrantes han accedido a Canarias en lo que va de año. El dato del último fin de semana coincide con el de Cruz Roja, que asegura que ha atendido a más de 800 personas. Una de las últimas pateras es la de Lanzarote que volcó anoche, muriendo al menos ocho de los ocupantes.

El Ministerio del Interior actualiza la cifra oficial de llegadas irregulares cada 15 días. El último informe fue el 15 de noviembre, que recogió un incremento de 1.019,6 por ciento sobre el mismo periodo de 2019. Es decir, un total de 16.760 inmigrantes llegaron a Canarias por vía marítima, 15.263 más que los 1.497 registrados hace un año.

VIAJES A MARRUECOS Y SENEGAL

Desde su viaje "absolutamente satisfactorio" a Rabat del pasado viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha repetido en varias ocasiones que la situación en Canarias se ve agravada por las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en Marruecos y otros países africanos.

La prioridad del Gobierno, expresada también en el viaje este fin de semana a Senegal de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, es activar las repatriaciones --suspendidas por la crisis sanitaria-- a los países de origen de aquellas personas que no se puedan acoger al sistema de acogida por no tener protección internacional o ser colectivos vulnerables.

Aunque sin dar plazos ni entrar en detalles, el titular del Interior también pidió a su homólogo marroquí más implicación para frenar la salida de pateras debido a la "situación de urgencia" de las islas, pidiendo recuperar los "buenos datos" de 2019.

Según el informe quincenal de este departamento, hasta el 15 de noviembre entraron de forma irregular en España 34.000 personas, un 23,5% más que en el mismo periodo de 2019, año que Grande-Marlaska pone de ejemplo del buen funcionamiento de la colaboración con Marruecos.

CRÍTICAS POR LA SITUACIÓN DE ARGUINEGUÍN

La situación en Canarias ha provocado las críticas de autoridades locales y diferentes organizaciones tanto de derechos humanos como policiales en un contexto en el que no hay cifras oficiales sobre la derivación a otras ciudades de la Península de los inmigrantes que entraron a Canarias de forma irregular, ni tampoco los que son retornados a los países de origen.

Fuentes oficiales conocedoras del dispositivo de traslados han confirmado este miércoles a Europa Press que el envío en avión de 30 inmigrantes desde Canarias a Sevilla ha elevado a casi 2.000 los derivados a la Península desde principios de año, cuando comenzó a aumentar progresivamente la llegada de pateras a las islas. Al menos 12.000 lo hicieron a partir del mes de septiembre.

Los 30 inmigrantes llegaron en avión a Sevilla el pasado fin de semana y ya han pasado por las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, quedando ahora dentro del sistema de acogida del departamento de Seguridad Social, según ha adelantado el diario ABC citando fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior es la encargada de revisar el listado de los inmigrantes que han llegado a Canarias para comprobar si son susceptibles de pasar al sistema de acogida, por tener derecho a protección internacional o ser encuadrados entre los colectivos vulnerables.

Una vez identificados por los funcionarios de la Secretaría de Estado de Seguridad del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, los inmigrantes quedan a expensas de que se organicen los traslados en avión o barco hasta la Península, en un dispositivo que coordina el Ministerio de Migraciones, cuyo titular es José Luis Escrivá. Entre que son autorizados y se produce el traslado --también a campamentos de las islas-- pueden pasar varios días.

Al menos un avión ha retornado también a 22 inmigrantes a Mauritania a principios de noviembre, según confirmaron fuentes oficiales y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Desde esta ONG explicaron que la noche del 18 al 19 de noviembre partió hacia Huelva un barco con unas 30 personas que tenían pasaporte y que muchos otros inmigrantes habían sido realojados en otros puntos de Canarias para aliviar la situación en el muelle de Arguineguín, donde se llegaron a concentrar más de 2.000 personas.

La célula terrorista que atentó en Cataluña el 17 de agosto de 2017 compró días antes litros de acetona y peróxido de hidrógeno para fabricar los explosivos con los que pretendían atacar con la excusa de que eran para "blanquear ropa en Marruecos".

Así lo ha dicho uno de los testigos que ha comparecido en décima jornada del juicio que celebra la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra tres presuntos miembros de dicha célula yihadista, que se enfrentan a entre 8 años y 41 años de cárcel.

El tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara ha escuchado este miércoles a los dependientes de los distintos establecimientos a los que acudieron algunos de los integrantes de la célula para adquirir el material con el que querían elaborar la conocida como "madre de satán" (TATP).

Dos de ellos, han explicado que Mohamed Hichamy y Youssef Aalla --el primero abatido por los Mossos d'Esquadra en Cambrils y el segundo fallecido en la explosión de la casa de Alcanar donde la célula elaboraba los explosivos-- compraron "100 litros de peróxido de hidrógeno y cuatro bombonas de 25" porque pretendían "rebajarlo en agua" para venderlo en Marruecos como "blanqueador de ropa".

DOCUMENTACIÓN DE UNO DE LOS ACUSADOS

La compra se hizo con la documentación del Said Ben Iazza, para quien la Fiscalía solicita 8 años de prisión, según han indicado ambos testigos. El primero ha afirmado que la persona que fue la primera vez a la tienda mostró el DNI del acusado, pero que finalmente no le hicieron la venta porque la documentación no era reconocida por el sistema y pretendía hacer la compra sin factura.

No obstante, al día siguiente fue otra persona distina a por la mercancía y entregó la documentación de Iazza --sentado en el banquillo por colaboración con organización terrorista por prestar documentación y una furgoneta para adquirir precursores de explosivos--, ha apuntado el otro empleado.

La célula también adquirió acetona en otras tiendas, a las que se acercó Mohamed Hichamy, según han identificado los trabajadores de esos comercios al mostrarles la foto durante sus declaraciones como testigos. En una de ellas se adquirió unos "50 o 75 litros" con la excusa de limpiar madera, mientras que otros "25 litros" fueron comprados para supuestamente "desengrasar piezas" metálicas.

"Era un chico muy educado y hablaba muy bien el catalán", ha destacado uno de los testigos, que ha afirmado que se enteró de que ese joven estaba relacionado con los atentados de Barcelona y Cambrils cuando un compañero les pasó sus fotos para verificar si uno de ellos fue quien compró la acetona.

VENTA DE JOYAS ROBADAS

Por otro lado, también han comparecido las dependientas de las tiendas a las que fueron Youssef Aalla y el acusado Mohamed Houli Chemlal, único superviviente de la explosión de Alcanar, con la intención de vender joyas. Cabe recordar que el jefe de la unidad antiterrorista de los Mossos d'Esquadra en el momento de los atentados ya testificó que la célula se financió con el robo de dinero y joyas.

De hecho, este miércoles también ha declarado como testigo la dueña del restaurante en el que trabajaba Said Aalla --otro de los terroristas abatidos en Cambrils--, que denunció el robo de las joyas que tenía en casa mientras se encontraba trabajando. El presidente del tribunal le ha comunicado que se intentará devolverle los objetos sustraídos "si están en cajas, lo más rápido posible".

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha advertido de que los anuncios "precipitados" del Ejecutivo central en torno a la vacunación frente al coronavirus, así como sobre las medidas preventivas que se establecerán para Navidad, pueden acabar haciendo que los ciudadanos "se cansen" de atender a los "sacrificios" que se les exigen para contener la pandemia.

Sagardui, en su comparecencia semanal ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, ha censurado la forma en la que el Ejecutivo español ha dado a conocer sus propuestas para flexibilizar las restricciones frente al coronavirus durante el periodo navideño y para implantar en 2021 un calendario de vacunación contra la enfermedad.

La consejera, que esta tarde participará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ha informado de que no recibió el borrador sobre las medidas preventivas que se establecerán para Navidad hasta las ocho y media de la mañana de este pasado martes.

Sagardui ha asegurado que desde el Ministerio de Sanidad se explicó a los gobiernos autonómicos que podrían plantear sus propuestas con el fin de que estas pudieran ser "integradas" en el borrador para este miércoles.

"SIN CONTRASTAR NADA"

No obstante, ha denunciado que a las pocas horas de haber recibido el texto del Ministerio, el borrador ya había llegado a los medios de comunicación "sin integrar ni contrastar nada" con las comunidades autónomas, lo que abrió el debate social sobre las medidas que se recogían en el texto "de par en par.

Sagardui ha afirmado que desconoce quién "se ha adelantado" a la hora de difundir un borrador que no incluía las aportaciones de las gobiernos autonómicos y cuál puede ser el "propósito" de esta forma de proceder.

No obstante, ha mostrado su "preocupación" respecto a la posibilidad de que este tipo de anuncios "precipitados" acaben haciendo que los ciudadanos "se cansen de atender a las reiteradas solicitudes y a los sacrificios" que les exigen las administraciones públicas para mantener las medidas preventivas frente al virus.

En una línea similar, ha llamado a evitar los "debates precipitados" y la generación de "expectativas" que puedan "debilitar" el mantenimiento de las medidas preventivas y las recomendaciones sanitarias individuales y colectivas.

Sagardui también ha planteado varias objeciones al anuncio efectuado por el presidente del Gobierno centra, Pedro Sánchez, respecto a la implantación de un calendario único de vacunación frente a la covid-19 en toda España.

La consejera ha afirmado que en este caso "no hay planes de unos y de otros", sino que ha sido un grupo de expertos de las distintas comunidades autónomas el que ha definido cómo desarrollar el programa de vacunaciones el próximo año, una vez que estén disponibles las vacunas que adquirirá el Estado español.

Sagardui ha explicado que el procedimiento establece que dicho plan debería haberse elevado a la Comisión de Salud Pública, para posteriormente ser analizado en una comisión delegada, y posteriormente ser objeto de análisis en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

"El recorrido empieza en lo técnico y acaba en lo institucional", ha manifestado la consejera. No obstante, ha lamentado que, en este caso, el plan de vacunación haya pasado "directamente" del grupo de expertos que lo ha diseñado "a la rueda de prensa del presidente del Gobierno".

El Gobierno Vasco --según ha informado Sagardui-- no recibió el plan anunciado por Sánchez hasta este pasado martes por la tarde, aunque previamente ya había tenido constancia del mismo a través de los medios de comunicación.

La consejera ha lamentado que detalles "importantes" para el desarrollo del programa de vacunaciones, y que dependen de la Unión Europea y del Gobierno central, no hayan sido aclarados por este último, como los referidos al tipo de vacuna que llegará en primer lugar a España, el número de dosis, la fecha de llegada de las mismas, o los requisitos de transporte, mantenimiento y administración de la vacuna.

"Todo eso es importante y decisivo para establecer protocolos de vacunación efectiva, pero no sabemos nada de eso", ha censurado. Por el contrario, ha afirmado que en lo que se refiere las cuestiones que dependen del Gobierno autonómico, como los lugares de vacunación, las jeringuillas en las que se administrará la vacuna --que ya han sido adquiridas-- y las citaciones, ya están siendo objeto de preparación por parte de Osakidetza y del Departamento de Salud.

COGOBERNANZA

Sagardui, que ha reiterado la voluntad de "entendimiento" del Gobierno Vasco, ha recordado que el Ejecutivo central ha establecido un modelo de "cogobernanza" con las autonomías para gestionar la crisis sanitaria. Sin embargo, ha avisado de que para que este sistema funcione es necesario "compartir", puesto que aunque el Gobierno central tenga el papel de "coordinar" la política sanitaria, la ejecución de la misma es competencia de los gobiernos autonómicos.

En el caso concreto de las vacunas, ha recordado que la administración de estos tratamientos debe llevarse a cabo "específicamente" por los servicios de salud de cada comunidad autónoma, por lo que no puede haber un plan de vacunación "exclusivo y exacto" para todo el Estado. "Les guste o no, el servicio de salid depende de la comunidad autónoma", ha manifestado.

En este sentido, ha lamentado que se haya llegado a afirmar que se podrían habilitar 300 puntos de vacunación frente a la covid-19 en Euskadi, cuando el Gobierno central ni siquiera "ha hablado" con el Ejecutivo vasco sobre este tema, y cuando la disponibilidad de espacios de vacunación depende de unos requisitos que --como los referidos a la conservación o al sistema de entrega de los tratamientos-- aún no se han dado a conocer.

De todas formas, ha reconocido que lo que sí se puede hacer es fijar una serie de medidas "orientativas" para la administración de la vacuna en todas las autonomías.

La consejera también ha analizado la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre la que ha asegurado que mantiene una tendencia "muy buena", si bien el nivel de transmisión del virus sigue siendo "muy alto".

Por ese motivo, ha reiterado la importancia de permanecer "alerta" y de seguir respetando las medidas preventivas contra la expansión del virus. "Vamos mejorando, pero no estamos bien", ha resumido.

En este sentido, ha afirmado que se prevé que en los próximos días siga aumentando el número de ingresos por covid-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), aunque ha confiado en que si se mantiene el descenso progresivo de contagios, la presión de las UCI pueda empezar a disminuir.

Por su parte, el viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, ha destacado que el "suave" descenso en el número de nuevos positivos que se inició hace unos días se ha "agudizado" en las últimas jornadas, una tendencia que, "con todas las reservas", se prevé que pueda continuar en las próximas fechas.

Berraondo ha explicado que esta tendencia positiva se plasma en datos como el de la reducción de la incidencia acumulada en los últimos días, que se sitúa en 604 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

Además, la tasa de positivos en las pruebas de covid-19 se sitúa en el 5,6%, la cifra más baja de los últimos días, mientras que el indicador 'R0', que mide los nuevos contagios que produce cada persona infectada, sigue reduciéndose y se sitúa actualmente en 0,79. En la parte negativa se encuentra el "exceso de mortalidad" que sigue provocando la pandemia en Euskadi, que según ha reconocido el viceconsejero costará "un poco" poder reducir.

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha subrayado este miércoles que "si no se apoya al sector de la cultura y al patrimonio del flamenco en estos momentos, será imposible salir y recuperarse de esta crisis social y económica" como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Así lo ha destacado en el acto de conmemoración del décimo aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio de la Humanidad y presentación de la publicación 'Flamenco. 10 años Patrimonio de la Humanidad', organizado todo por 'Diario Córdoba' en la capital cordobesa, con la presencia de autoridades de todas las administraciones y artistas y representantes de entidades ligadas al arte jondo.

En este sentido, la consejera ha defendido que "hay que apoyar a la cultura y al patrimonio del flamenco, porque es un gran pilar de riqueza en Andalucía", y a tal efecto ha apuntado que desde la Junta "no se ha parado", al "llevar un año tremendo", pero "reprogramando todo para que los artistas sigan trabajando, poniendo en marcha programas que ni existían para que sigan trabajando en los pequeños formatos y en espacios abiertos", ha afirmado.

Al respecto, Del Pozo ha elogiado que "en tiempo récord" han sacado 15 líneas de ayudas ordinarias y extraordinarias y se están terminando de pagar más de 15 millones de euros destinados a los sectores culturales en todos los ámbitos, entre otros aspectos.

Según ha expuesto, "después de diez años se debería estar en un momento de esplendor", si bien ha lamentado que "el flamenco y la cultura en general viven un momento muy complicado, triste y duro" al ser "uno de los sectores con el que más se ha cebado la pandemia", de modo que "es curioso que en un momento tan complicado se celebre este décimo aniversario", a la vez que ha subrayado que "vamos a superar esta etapa y nos quedará el flamenco, siempre".

Mientras, ha agradecido "el esfuerzo" de los medios de comunicación para "poner en primera línea este patrimonio tan importante de Andalucía" y mostrar "el compromiso con el flamenco. Y es que, ha mantenido que "es importante entre todos ayudar a alimentar el sentimiento de orgullo de sentirse tan andaluz como flamenco", por lo que "el compromiso va más allá de la difusión", ha remarcado Del Pozo.

En este caso, ha dicho que "sólo alimentando ese sentimiento y desde el orgullo propio de cada uno es la única manera de verdad de hacer universal nuestro flamenco".

"EL ELEMENTO MÁS INTERNACIONAL"

Por otra parte, la consejera de Cultura ha mencionado que Córdoba es capital del Concurso Nacional de Arte Flamenco y el Festival de la Guitarra, así como "la tierra de 'Fosforito', Concha Calero, 'Merengue de Córdoba' y 'El Pele'", entre algunos ejemplos.

De este modo, ha resaltado que "Córdoba tiene que ver mucho con el flamenco" y es "la ciudad de los patrimonios mundiales por excelencia", tanto en relación con el flamenco, como el casco histórico, la Mezquita-Catedral, los patios y Medina Azahara.

Entretanto, ha declarado que "el flamenco constituye parte de la cultura andaluza más universal y de España", de manera que "es el elemento más internacional de nuestra cultura", a lo que ha agregado que "es un elemento cultural complejo, diferente a todo, grandioso y único, porque no existe nada igual, y al mismo tiempo fusiona con todo perfectamente.

"Además de la complejidad, el flamenco es puro sentimiento y humanidad", dado que "a través de su música, letras, el toque, baile y cante, se trasladan grandes emociones y sentimientos de las personas", ha argumentado Del Pozo, quien ha agradecido "a los artistas consagrados y a los que llegan empujando fuerte, porque gracias a ellos el flamenco se mantiene vivo y se difunde, no sólo en Andalucía, sino en España y el mundo entero", así como la labor de las peñas, como "sólida base social y garantía de conservación, difusión y continuidad del flamenco en Andalucía".

Cabe señalar que la consejera ha comenzado su intervención manifestando que este miércoles, 25 de noviembre, "es un día triste, en el que se vienen a la mente tantas mujeres que sufren la maldita lacra de la violencia de género", de ahí que haya reivindicado que "es una lucha de todos".