La consellera de Salud y Consumo del Govern balear, Patricia Gómez, ha considerado este martes en el pleno del Parlament que la comunidad autónoma ha superado "sólo en parte" la tercera ola de la pandemia del coronavirus.

Durante su comparecencia, Gómez ha recordado que esta semana se cumple un año del primer caso de la COVID-19 detectado en las Islas y que el virus ya ha dejado un total de 633 víctimas en la comunidad.

"Puede ser que no hayamos acertado en todo, reconocemos que ha habido errores, pero estoy segura de que también ha habido aciertos", ha indicado la consellera, quien ha destacado que el sistema sanitario de las Islas ha respondido con "eficacia y constancia" ante la pandemia.

Así, ha explicado que Baleares comienza a consolidar una "disminución notable" de contagios y en el conjunto de las Islas la incidencia acumulada es de 351 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, es decir, la comunidad acumula 18 días de descenso. En Mallorca la incidencia es de 191 casos por 100.000 habitantes, en Menorca es de 243 casos, en Ibiza es de 1.310 y en Formentera de 511. De esta forma, Baleares se sitúa como una las comunidades con menor incidencia acumulada.

A pesar del descenso en los casos, Gómez ha alertado de que la presión hospitalaria ha aumentado y en estos momentos hay 318 pacientes COVID en planta y 119 en UCI. En este sentido, Gómez ha asegurado que Mallorca alcanzará probablemente el pico de hospitalizaciones de críticos esta semana. "No hay indicadores positivos en los hospitales", ha reconocido.

"Estamos muy pendientes de lo que ocurre en Ibiza, donde se han vivido momentos especialmente duros en las últimas semanas", ha expresado Gómez. Cabe recordar que varios pacientes COVID de la isla fueron trasladados al Hospital Son Espases debido a la presión hospitalaria.

No obstante, esta semana el Hospital de Son Espases ya presenta su plan de desescalada porque puede disponer de más camas de hospitalización, lo que implica recuperar la actividad ordinaria progresivamente, según Gómez. Además, el Hospital Son Llàtzer ya ha revertido una de las unidades COVID en unidad no COVID. "Es un proceso que se ha hecho durante toda la pandemia, en el momento en el que ha disminuido la presión asistencial se ha ido recuperando la actividad ordinaria", ha indicado.

LA CEPA BRITÁNICA Y LA DESESCALADA

Por otra parte, Gómez ha alertado de que la variante británica "va camino de representar el 25% de los nuevos casos", aunque ha asegurado que la comunidad cuenta con técnicas avanzadas para detectarla.

La consellera ha explicado que hay estudios que demuestran que esta cepa sería hasta un 70% más contagiosa, por lo que ha advertido que, aunque la incidencia vaya en retroceso, los casos podrían volver a aumentar y además ser más graves.

"La próxima desescalada debe de ser mas lenta y planificarse de manera escrupulosa", ha concluido.

300 POSITIVOS DETECTADOS EN LOS CONTROLES EN PUERTOS Y AEROPUERTOS

Asimismo, la consellera ha detallado que en los dispositivos de control en los puertos y aeropuertos se ha evitado el acceso de unas 300 personas positivas en COVID-19. Un centenar de estas fueron diagnosticadas en las pruebas realizadas en los laboratorios privados con convenio y otras 200 en los test de antígenos que se realizan en las instalaciones portuarias y aeroportuarias de cada isla.

Gómez también ha resaltado el trabajo de rastreo de los 421 efectivos con los que cuenta Baleares dedicados a esta labor: 291 sanitarios y 130 militares. Según Salud, esto significa que la comunidad tiene un rastreador por cada 2.800 habitantes. Gracias a estos, se han rastreado alrededor de 30.000 personas que han sido contactos estrechos de un caso positivo.

En cuanto a los cribados poblacionales, en el archipiélago ya se han realizado una veintena, que han permitido hacer pruebas a unas 60.000 personas y localizar un millar de casos positivos. Gómez ha explicado, además, que al margen de los cribados poblacionales también se han realizado de forma masiva a profesionales y usuarios de las residencias.

El PSOE va a llevar a debate al Pleno del Congreso de la semana que viene su proposición de ley de igualdad de trato, cuyo registro en la Cámara baja generó un "enorme malestar" en Podemos ya que, según los morados, ambos grupos habían decidido presentarla juntos y el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ya estaba trabajando en ello.

Los socialistas registraron este texto en la Cámara baja el pasado 21 de enero. Su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, destacó entonces que el objetivo de la norma es "garantizar la igualdad de trato de todas las personas, combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación".

En su contenido, la norma especifica que "nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Y los principales ámbitos que regula son el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda, aunque también prevé mecanismos en otros como el de justicia o el administrativo.

Del mismo modo, la propuesta de ley articula una respuesta no penal pero sí sancionadora para aquellos actos de discriminación que hasta ahora, si no estaban contemplados en el Código Penal, no obtenían ningún tipo de respuesta.

Además, el texto normativo entiende que la tecnología no es neutral al regular el uso de inteligencia artificial en el ámbito público.

Del mismo modo, señaló que se trata de una ley que el PSOE ya había presentado en dos ocasiones antes pero que, en ninguno de esos casos, su tramitación se llegó a completar. La iniciativa, entonces, estaba liderada por el fallecido dirigente socialista Pedro Zerolo.

Esta presentación generó un "enorme malestar" en Podemos, que acusó a los socialistas de haber registrado el texto de forma "unilateral" y sin contar con el Ministerio de Igualdad, liderado por la morada Irene Montero, que es el competente en la materia y que ya había hablado en ocasiones anteriores de poner en marcha una norma sobre el tema.

EL PSOE ASEGURA QUE PODEMOS NO FIRMÓ

Fuentes de Podemos explicaron que, desde hacía meses, los dos grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno y el Ministerio Igualdad habían estado trabajando para "ultimar" el contenido de la norma, por lo que su presentación conjunta "era inminente".

Por su parte, el PSOE ha explicado que, si bien tenían pactado presentar esta norma de forma conjunta, el grupo confederal no ha puesto su firma en el texto.

Los socialistas señalaron que esta norma está dentro de acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones, pero que se decidió presentar a través del Congreso como proposición de ley, no como proyecto del Ejecutivo, porque el PSOE ya lo había intentado en dos ocasiones anteriores.

Además, aseguró que en las reuniones de trabajo entre ambos grupos se tomó la decisión de que este texto fuera registrado en el primer trimestre de este año y que sería llevado al Pleno por los socialistas, aunque estaría firmado por ambos. Esto se debe a que el PSOE, como partido mayoritario de la Cámara, tenía más cupo para meter iniciativas legislativas en el orden del día del Congreso. Y para aprovechar el turno que corresponde a los socialistas en el mes de febrero, el texto debía registrarse ahora.

La mayoría absoluta del PPdeG en el Parlamento gallego ha permitido este martes la aprobación definitiva de la nueva ley de residuos y suelos contaminados de Galicia. Entre otras medidas, contempla la obligatoriedad de que los restaurantes entreguen las sobras de las comidas a los clientes, que deberá realizarse en envases sin plásticos y preferentemente reutilizables.

Esta norma, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se ha topado con el 'no' unánime de los dos grupos de la oposición, cuyas enmiendas han sido rechazadas de nuevo en el pleno. Tanto BNG como PSdeG la ven "obsoleta" frente a la normativa europea y critican la falta de "acuerdo" a lo largo de su tramitación en la Cámara.

Ante la presencia de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, la encargada de defender el texto final de esta ley --enviada por la Xunta al Parlamento ya a finales de 2019-- ha sido la diputada del PPdeG Marta Nóvoa, quien ha recalcado que Galicia se convertirá en "pionera" de entre las comunidades para dar cumplimiento al marco europeo de gestión de residuos.

Uno de los cometidos principales de la nueva norma es la disminución de los desechos, que en 2025 --frente al 2030, como marca la Unión Europea-- deberán ser en Galicia un 15% inferiores a los del año 2010. En cuanto a los residuos alimentarios, el objetivo es reducirlos en un 30% para el año 2025 y en un 50% para el 2030, lo que está directamente vinculado a la obligatoriedad de que los restaurantes entreguen las sobras.

Además, la ley incide en el llamado 'vertido técnico cero', es decir, que solo el 10% de la cantidad generada en 2035 acabe en vertederos --algo que la pública Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) logró ya en 2020, según datos de la Xunta-- y que el reciclaje de envases alcance el 65% en 2025 y el 70% en 2030.

La norma fija objetivos para incrementar progresivamente los residuos domésticos y comerciales destinados a la reutilización y al reciclaje para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos y otros susceptibles de ser preparados para la reutilización. En su conjunto, deberán lograr un mínimo de un 55% en peso para 2025 y el 60% para 2030.

Esto se complementará con la "colaboración" de la Administración autonómica para la puesta en marcha de centros especializados para la reutilización, en especial de aparatos eléctricos y electrónicos, téxtiles y muebles.

La nueva norma de residuos también obliga a los ayuntamientos a instaurar la recogida separada antes de que concluya el año 2023, destierra la venta de vajillas de plástico de un solo uso y blinda la prohibición de entregar bolsas de plástico de manera gratuita.

En materia de suelos contaminados, establece un régimen sancionador con multas de hasta 1,7 millones de euros y, a raíz de una transacción de la oposición, la Administración se compromete a realizar un mapa de suelos alterados que incluya información sobre "el tipo de contaminantes y los riesgos para la salud y para el medio.

BNG: "ES UNA LEY DEL PLEISTOCENO"

Por parte de la oposición, el diputado del BNG Luís Bará ha tachado el texto de "ley del Pleistoceno" por ser "desfasada, obsoleta, anticuada y del pasado". "No tiene en cuenta la nueva realidad en la que estamos", ha dicho, en referencia a la crisis sanitaria de la covid.

También ha criticado que el PPdeG no hiciese "ningún esfuerzo en llegar a un acuerdo con la oposición" y rechazase que, durante el trámite en la Comisión 2ª de la Cámara, compareciesen "hasta 12 personas representativas" del sector y del propio Gobierno gallego. "Ustedes tienen alergia a la participación", ha añadido Bará.

Frente a estas críticas, la popular Marta Nóvoa le ha reprochado que estas solicitudes de comparecencia se registrasen "sin previamente consensuar con nadie". Además, ha recordado al diputado nacionalista que diferentes asociaciones ya dieron sus aportaciones en la fase de exposición pública abierta tanto en la Xunta como en el Parlamento, en el portal 'Lexisla Con nós', pero que no se incluyeron por "no coincidir con la finalidad y los objetivos de la ley".

GALICIA, EN "PUESTOS DE DESCENSO" EN RECICLAJE

No en vano, Luís Bará también ha asegurado que Galicia está en "puestos de descenso" con respecto al resto de autonomías en cuanto a los objetivos de reciclaje marcados por la UE: "Solo mejor que Ceuta y Melilla".

Y ha cargado contra el modelo de "incineración" perpetrado por la central de Sogama en Cerceda (A Coruña), la "gran factoría del cambio climático". Frente a este modelo, ha reivindicado el plan 'Revitaliza' de la Diputación de Pontevedra, institución gobernada por socialistas y nacionalistas.

De hecho, ha destacado que hay municipios de esta provincia gobernados por el PP, como As Neves, O Grove y Mondariz, que están "en la fase más avanzada" de 'Revitaliza', que incide en "tratar los residuos en la proximidad".

Sin embargo, la portavoz del PPdeG en este debate ha aseverado que este proyecto de la Diputación "solo" consiguió disminuir "en un 0,86% la emisión de residuos a Sogama" por parte de toda la provincia "y gracias a Vigo, que no está en el plan 'Revitaliza'".

"Nosotros estamos de acuerdo con el 'compost'", ha asegurado Nóvoa, si bien ha defendido la incineración de residuos por ser una técnica "permitida por la UE" y que utilizan "seis comunidades autónomas" en toda España.

PSDEG: "GALICIA QUEDA ATRÁS"

Por su parte, la diputada del PSdeG Paloma Castro también ha afeado la negativa del PP a un "acercamiento de posturas": "En la tramitación, el buen tono de la ponencia quedó solo en eso, en un buen tono, porque al final hubo una ausencia total de participación con los grupos y con los sectores afectados".

"Con esta ley, Galicia queda atrás", ha subrayado la socialista, quien posteriormente ha advertido que cuando la nueva normativa estatal de residuos entre en vigor "en unos meses", la ley gallega aprobada este martes "va a quedar obsoleta".

Castro no ha pasado por alto que este texto "lleva encima de la mesa" desde 2018, cuando fue anunciada por la exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato; y ha censurado que no haga una "apuesta decidida por la gestión eficiente de los recursos" ni por buscar "el compromiso de los agentes económicos y sociales y de la ciudadanía".

A su juicio, es "poco ambiciosa" en comparación a la normativa europea y a otras leyes autonómicas, "falta apuesta por la inversión en I+D" y no está adaptada a la pandemia de la covid-19, que conllevó "un aumento de determinado tipo de residuos" domésticos que no son reutilizables, como las mascarillas y los guantes, entre otros.

Asimismo, la diputada del PSdeG ha subrayado que el sector de la gestión de residuos ofrece una "enorme oportunidad de crear empleo" y, en este sentido, ha recordado que los socialistas proponían un "impuesto verde", coordinado con el Estado, que estimulase con incentivos fiscales los "comportamientos más respetuosos" con el medio.

Policía Nacional, Google, Fad y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha puesto en marcha el proyecto 'Sé Genial en Internet', para dar claves y herramientas a padre y educadores para que puedan fomentar en los menores el respeto, la crítica y la responsabilidad a la hora de desenvolverse online.

'Sé genial en Internet' consiste en un sitio web de acceso gratuito compuesto de juegos educativos para niños diseñados por expertos en seguridad digital y recursos para padres, madres y educadores, según han informado los impulsores de esta iniciativa.

El programa se articula entorno a 'Interland', una experiencia lúdica interactiva que ofrece un viaje a través de cuatro minijuegos en los que los niños podrán poner en práctica las habilidades necesarias para ser buenos ciudadanos digitales y ayudar a otros internautas a combatir el mal comportamiento de hackers, suplantadores de identidad, usuarios que comparten demasiado y ciberacosadores. El juego, aunque es divertido para todas las edades, está orientado a niños de ocho a diez años.

La utilización de ordenador, según datos de la encuesta 'Equipamiento y uso de TIC en los hogares. Año 2020' del INE, es muy elevada (91,5% de los menores frente al 89,7% en 2019) y aún más el uso de Internet (el 94,5%, el 92,9% en 2019). Por su parte, el 69,5% de la población de 10 a 15 años dispone de teléfono móvil frente al 66% de 2019.

Por sexo, las niñas usan en mayor medida las nuevas tecnologías; y por edad el uso de TIC crece a medida que aumenta los años de los y las menores, sobre todo a partir de los trece años.

'Sé Genial en Internet' aborda cinco principios que se desprenden de todas las actividades y recomendaciones derivadas del programa dirigidas a niños, padres y profesores: 'comparte con cuidado: Sé inteligente en Internet'; 'no caigas en trampas: Mantente alerta en Internet'; 'protege tus secretos: Mantente seguro en Internet'; 'ser amable es genial: Sé amable en Internet'; y 'si tienes dudas, pregunta: Sé valiente en Internet'.

La página web incorpora un apartado específico para familias con recursos como una guía para familias, con el objetivo de fomentar conversaciones en el hogar sobre seguridad digital e identificar buenos hábitos en el uso de la tecnología entre los más pequeños.

El portal también cuenta con una sección de recursos para educadores que incluye un Plan de Estudios, pensado para estudiantes de tercer a sexto curso de Primaria, que ha sido desarrollado por Google en colaboración con Fad y la Policía Nacional para un Internet seguro. Estos contenidos ofrecen al profesorado las herramientas y los métodos necesarios para enseñar en el aula los conceptos básicos de seguridad y ciudadanía digital.

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, no ha descartado este martes la posibilidad de gobernar en solitario si se diera esta circunstancia después del 14 de febrero porque "es mejor un gobierno en solitario que un gobierno desunido".

En rueda de prensa en la ACN, ha asegurado que aspiran a ganar las elecciones con la mayor fuerza posible para poder "gobernar bien y sin repetir los errores que se hayan podido cometer", y ha explicado que invitará a los partidos independentistas a formar parte del futuro Ejecutivo catalán para avanzar en este objetivo.

Y es que, ha admitido, el Govern de Junts y ERC no ha avanzado en la independencia, pese a estar formado por partidos independentistas, por muchos motivos, entre los cuales "una represión que ha anulado la soberanía del Parlament".

"Esto ha provocado que no se haya cumplido con la voluntad de los electores. Queremos pasar del querer ser independentistas a poder ser independientes", ha apuntado la también portavoz de Junts en el Congreso.

Por ello, ha apostado por forjar un Govern independentista "fuerte, cohesionado y unido", descartando así la posibilidad de aceptar los votos y de pactar con PSC, Cs y PP, que define como los partidos del 155.

Después de que ERC haya advertido de que no hay atajos mágicos para lograr la independencia, Borràs ha replicado que "el independentismo no es mágico, es real, y el 1-O nos dio la medida a seguir".

"Lo trágico es el pactismo que no nos permite avanzar hacia la independencia. El 1-O es la fórmula del éxito, y trabajar, no para ser apóstoles de la rendición y decir que todo es difícil, y sí para hacer posible esta condición que muchos consideran imposible", ha defendido.

Sobre la hoja de ruta independentista de Junts, Borràs ha insistido en la importancia de que los partidos independentistas superen el 50% de votos o escaños en el Parlament para poder iniciar el "trayecto" que debe acabar con la Declaración Unilteral de Independencia (DUI).

DIÁLOGO CON EL ESTADO

En paralelo, ha recalcado, dejan abiertas "todas las vías", también la del diálogo con el Gobierno para abrir una negociación que tenga, como punto de partida, la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Sin embargo, es escéptica ante la posibilidad de que un eventual diálogo con el Gobierno pueda fructificar, y por ello defiende que la "intransigencia del Estado" no debe frenarles.

"Las mayorías, en este país, se viven con el 50% de los votos o de los escaños. Lograr el 50% de los votos es un reto que nos proponemos sin expectativas de que el Estado lo respete", ha indicado.

Así, ha asegurado que está comprometida en avanzar hacia la independencia aunque sólo haya una mayoría absoluta independentista en escaños y no en votos: "La mayoría de escaños nos interpela, pero la mayoría de votos sería un hito que, en términos democráticos, debería ser suficientemente relevante. Pero ya sabemos que en matemática democrática el Estado no acaba de comprenderlo".

"Hemos escuchado a partidos que dicen que ni tan siquiera con el 50%, el 60% ni con el 70% de los votos. Nosotros somos escrupulosamente democráticos y nos interpelan las mayorías de escaños y de votos", ha sostenido.

Al preguntaréle si teme una repetición electoral, ha defendido que Catalunya necesita liderazgo y que alguien ocupe la presidencia de la Generalitat, por lo que ve urgente votar y formar un Govern que tire adelante y afronte la situación actual.

PLAN DE REAPERTURA SEGURA

En caso de ser presidenta, su prioridad sería afrontar la consecuencias económicas y sociales derivadas del coronavirus impulsando un 'plan de apertura segura' de los sectores afectados por las restricciones impuestas para combatir la pandemia.

Entre las medidas de dicho plan, prevé crear una mesa de crisis económica que plantee la posibilidad de "salvar el 50% de las pérdidas" de los sectores que han tenido que cerrar, y una mesa de crisis social, y también trabajar con el Departamento de Salud para hacer una política que combine la protección de la salud y la salud económica.

Para ello, cuenta con los recursos de la Generalitat y también ha pedido hacer "un frente común" para conseguir fondos europeos que el Gobierno ha solicitado a la Unión Europea, tras concretar que Catalunya necesita el 2% del su PIB --4.600 millones-- para afrontar las consecuencias de la pandemia.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

También se ha pronunciado sobre la investigación judicial que tiene en marcha en el Tribunal Supremo después de que el expresidente de la Generalitat Quim Torra lamentara que no haya habido una "unidad antirepresiva" en favor de Borràs.

"Todo el mundo debe saber dónde se posiciona. Mi posicionamiento está claro. No tengo nada más que añadir. Estoy al lado de los represaliados, de todos los que sufren las represalias del Estado. Ellos me tienen a su lado", ha afirmado.

Según Borràs, no espera un juicio justo en España pero sí esperaba "una campaña justa" en Cataluña, y ha pedido ubicarse en un marco mental catalán para opinar al respecto.

MOSSOS

La dirigente independentista también ha defendido que en los Mossos d'Esquadra, como policía democrática, debe haber "tolerancia cero con los casos que no cumplen con los estándar democráticos".

"Es lo que debe pedirse a una policía, que respete los derechos humanos. Cuando hay agentes que no lo respetan, hay que poderlo decir para poder corregirlo. Hay que poder apartar a los agentes que puedan empañar su buen nombre", ha zanjado.

Un Jurado Popular de la Audiencia de Madrid juzgará a partir de mañana a un acusado de matar a su pareja sentimental después de atropellarla "acelerando y dando marcha atrás con gran virulencia" el coche que conducía, hechos por los que se enfrenta a 39 años de cárcel.

En su escrito de acusación, el fiscal concluye que "el acusado decidió acabar con la vida de su mujer, al no respetar que le llevaran la contraria, como parte del control y de la posición de dominación que ejercía desde el inicio de la relación".

El acusado, que ya tenía antecedentes penales por un delito de homicidio en grado de tentativa, mantuvo una relación sentimental con la víctima hasta el 24 de marzo de 2018.

De hecho, el 29 de diciembre de 2016, no regresó al centro penitenciario, donde cumplía condena, "al aprovecharse de un permiso que se le había concedido". Así pues, permaneció huido hasta que fue detenido el día 1 de abril de 2018. La pareja, casada por el rito gitano, tenía en común tres hijos: dos mellizos y una menor de edad, que era la única que vivía con sus padres.

Durante la noche del 23 de marzo de 2018, el acusado, su mujer, la hermana de ésta y su compañero sentimental se trasladaron en un vehículo desde Madrid hasta la localidad toledana de Las Ventas de Retamosa, con el fin de asistir a una celebración familiar.

En un determinado momento el acusado decidió abandonar el lugar de celebración y la mujer solicitó a unos familiares que le acompañaran "ante el temor que sentía de su marido".

Instantes después, el acusado se introdujo en el vehículo en compañía de su mujer y de sus cuñados. Durante el trayecto S.A.M. no cesó de proferir palabras ofensivas e intimidatorias a su pareja y a los otros ocupantes del vehículo, llegando incluso a propinar un golpe en la cara a uno de ellos y a agarrarle por el cuello.

Instantes después el acusado paró el coche en el arcén de la carretera tras acceder a que el resto de los ocupantes se apearan "por la conducción agresiva que estaba llevando a efecto".

Cuando su pareja salió del turismo y se encontraba en la calzada, "habiendo recorrido varios metros por el arcén de la autovía", S.A.M. decidió de manera "súbita" acelerar y embestirle con el vehículo "para, seguidamente, y con el propósito de causarle el máximo dolor y sufrimiento, pasar, varias veces, sobre el cuerpo de aquélla (acelerando y dando marcha atrás con gran virulencia)".

A continuación dio marcha atrás y golpeó con una puerta del coche que se encontraba abierta a su cuñado que, no obstante, logró huir junto a su pareja.

Horas después, y tras haber dado aviso sus familiares de lo que había ocurrido, un conductor encontró el cuerpo sin vida de la mujer "debajo de un guardarrail, con evidentes signos de violencia, siendo la causa inicial o fundamental de la muerte, un politraumatismo, habiéndole provocado la agresión un shock hipovolémico posthemorrágico".

La Fiscalía precisa que en el momento de los hechos, "el investigado había ingerido previamente bebidas alcohólicas, lo que no le afectaba a sus facultades intelectivas y volitivas". Tras los hechos, S.A.M. se fugó hasta que fue detenido el 1 de abril de 2019.

El Partido Feminista de España se ha caído de la convocatoria que había realizado, junto con el Instituto de Política Social, para manifestar su oposición a la Ley Trans del Ministerio de Igualdad, al tiempo que han denunciado recibir amenazas de agresiones y escraches en las últimas horas.

Tal y como ha explicado la presienta de la formación, Lidia Falcón, ha sido la comisión política del partido la que, por mayoría, ha valorado no asistir a esta concentración después de que sus cuentas en redes sociales se hayan visto "asediadas" con "amenazadas de todo tipo".

"Amenazas de agresiones y amenazas de venir a hacer un escrache", ha señalado Falcón. "Yo no he tenido inconveniente de aceptar el consejo de las compañeras, pero quiero que quede claro que no he dejado de ir por miedo", ha apuntado la presidenta.

La 'número uno' del Partido Feminista ha denunciado la falta de "formación política" en la sociedad actual. Una sociedad que, según ha señalado, "insulta en las redes sociales" cada vez que "alguien hace algo que no les gusta". Esta actitud, ha indicado, es una "herencia del fascismo".

Las mismas amenazas señaladas por Falcón son las que ha denunciado también el presidente del Instituto de Política Social (IPS), Pablo Hertfelder, que ha sido el único representante de esta convocatoria ante las puertas del Congreso para denunciar la Ley Trans.

CONFLUENCIA MOVIMIENTO FEMINISTA SE DESCOLGÓ

En un principio, la Confluencia Movimiento Feminista también estaba incluida en esta acción, pero este lunes se caía de la convocatoria tras alegar que no comparte los postulados del IPS, una entidad que trabaja por la promoción de la familia, de las políticas sociales y que se ha movilizado en contra del aborto y a favor de la libertad religiosa.

Hertfelder cree que las amenazas sufridas tanto por Falcón como por él mismo vienen desde "grupos ultras" que, finalmente no han realizado ningún escrache porque, ha indicado, "saben que delante del Congreso no pueden cometer este tipo de delitos" y porque saben que el IPS tomaría "las medidas pertinentes denunciándolo.

De hecho, ha indicado ante los medios que la entidad "va a tomar las medidas necesarias" frente a lo que ha denominado como una "campaña bochornosa" que han sufrido durante "48 horas", de "infundios, calumnias y difamaciones" por parte de "la extrema izquierda". En este sentido, ha apuntado que han recibido "más de 70 llamadas" en este sentido, que han sido denunciadas a la Policía.

En cuanto a la Ley Trans, Hertfelder ha denunciado que se tarta de un "atropello" contra los derechos de la mujer y, aunque ha reconocido que tienen diferencias con el movimiento feminista, ha apuntado que la entidad que preside está a favor de todos los derechos logrados en 50 años de lucha.

"CON CARMEN CALVO ESTAMOS DE ACUERDO"

"Pero tenemos que matizar que ser mujer es también ser madre y creemos que esta ley trans también afecta a los hombres", ha declarado. "Ya hemos denunciado públicamente que se pretende arremeter contra el poder de los padres en el tema de la decisión de sus hijos, porque consideramos que a los 16 no están capacitados para tomar una decisión tan fundamental como es la de un cambio de identidad sexual", ha declarado.

En su intervención ha anunciado acciones legales si se materializa la norma y ha insistido en que la entidad "va a seguir en esta lucha" y, por tanto, "va a seguir manteniendo relaciones con aquellos movimientos, de izquierda o de derecha, que defiendan los mismos valores" que ellos. "En este caso, los derechos de los niños y de las mujeres".

En este sentido, ha mostrado su intención de reunirse también con los grupos parlamentarios. En su intervención ha mencionado a PP, Vox y Ciudadanos y no ha descartado un encuentro con el PSOE ya que, según ha explicado, "en esta batalla, con Carmen Calvo estamos de acuerdo". "Ha sido acertada al decir que esta ley es agresiva y sin consenso", ha concluido.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido esta martes al PNV que "deje de esparcir basura" contra EH Bildu, después de que ayer el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, destacara "la contradicción" existente en su viaje a Girona para participar en un acto electoral de ERC, cuando en Euskadi se ha pedido que, "en la medida de lo posible, no se salga" ni del municipio ni de la Comunidad Autónoma, y teniendo en cuenta que la formación soberanista ha reclamado "muchas veces" al Gobierno Vasco endurecer las medidas anticovid.

Eso se suma al malestar generado en EH Bildu las declaraciones de los líderes del PNV en los que se le responsabilizaba de la 'mozkorra borroka', en alusión a los incidentes provocados en Euskadi por personas que rechazan las medidas anticovid establecidas por el Ejecutivo.

En un post colgado en su blog, titulado 'No nos esperen en la mentira ni en el fango', Otegi ha dicho que, en esta "época difícil" la tentación de "desistir ante los problemas, de echar balones fuera o de enrabietarse, puede ser comprensible como reacción, pero no es sostenible como posición ante esta crisis".

A su juicio, en estos momentos, "hay que estar a la altura", más en el caso de quienes están "comprometidos a solucionar los problemas de la ciudadanía y a luchar por una Euskal Herria más libre y más igualitaria".

"Vivimos una crisis que empuja al planeta a la emergencia climática, a la desigualdad social más brutal y al surgimiento de instituciones cada vez más autoritarias. La pandemia nos ha puesto frente al espejo de todas nuestras debilidades y límites. Sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas van a perdurar. Sufrimos una pandemia que ha dejado más claro que nunca que el neoliberalismo conduce directamente al colapso civilizatorio", ha apuntado.

Tras señalar que se debería entender "en toda su magnitud el reto" que hay que enfrentar, ha indicado que, de no ser así, "las posibilidades de sucumbir se multiplican".

Para el líder de EH Bildu, ahora "las viejas recetas no sirven". Por ello, ha llamado a "actuar con honestidad, respeto y humildad", y ha manifestado que ellos tratan de realizar propuestas tratando de que el insulto no forme parte de su vocabulario.

Otegi ha apuntado les produce "tristeza" comprobar que, frente a sus críticas, a sus propuestas, "hay quien sigue creyendo que se pueden seguir utilizando la manipulación mediática y la mentira como instrumento político".

En esta línea, ha lamentado que haya quien siga creyendo que "mentir, construir falsedades y poner en marcha ventiladores mediáticos para esparcir basura contra el independentismo de izquierda sigue siendo rentable en términos políticos".

"Dividir el mundo entre la bondad perfecta de los propios y la maldad intrínseca de los adversarios es un mecanismo de los malos gobernantes para no asumir la responsabilidad. Creemos que estas actitudes no nos hacen mejores como país, no construyen dinámicas para un futuro diferente, ni alientan las mejores ambiciones de una sociedad que vive con zozobra y preocupación su inmediato futuro", ha subrayado.

SIN INSULTOS

EL coordinador general de EH Bildu ha afirmado que "no les esperen en el insulto". "Si quieren debatir de educación, sanidad, sobre el modelo económico y de cuidados, sobre el modelo energético, o de seguridad y policial, siempre nos encontrarán. Tenemos propuestas que deberían escuchar con atención y con respeto como mínimo, que deberíamos debatir en serio", ha manifestado.

A su entender, "esparcir basura" no forma parte de su manera de entender "el compromiso con una Euskal Herria justa, igualitaria y libre". "Dejen de hacerlo y pónganse manos a la obra. De verdad, entre nosotros y nosotras, este no es tiempo de trincheras, es hora de abrir un debate popular y nacional sobre los grandes retos que marcaran una década en la vida de nuestra vieja nación", ha explicado.

Por ello, pide que "dejen de mentir, dejen de manipular, dejen de embarrar el terreno de juego". "Se lo agradecerá un país que necesita soluciones urgentes a nuestros problemas", ha concluido.

Castilla-La Mancha sigue viendo mejorar sus datos en varios parámetros en los últimos días, de manera que se acerca a estadísticas similares a las registradas hace un mes con tendencia a la baja, 20 días después de decretar las medidas restrictivas de nivel 3 reforzado que contemplaban, entre otros extremos, el cierre total de la hostelería, el cierre perimetral de los 919 municipios y el adelantamiento del toque de queda a las 22.00 horas.

Según los datos semanales ofrecidos por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, en el caso de las residencias de mayores, a fecha de este lunes había un total de 81 con algún caso positivo, lejos de las 128 que se alcanzaron el lunes 25 de enero, y dato similar a las 74 del 11 de enero.

Dentro de este parámetro, este lunes aún se computaban 649 residentes infectados, similar a los datos de hace cuatro semanas y muy por debajo de los 838 de la pasada semana.

El dato actualizado de este 8 de febrero contemplaba un total de 1.194 camas hospitalarias ocupadas por pacientes COVID, lo que significa 438 por debajo del récord marcado el 25 de enero y datos similares a los de la primera quincena del mes.

MEJORA LA INCIDENCIA ACUMULADA

La incidencia acumulada a 14 días sigue reduciéndose y casi se ha recortado a la mitad en las últimas dos semanas. Así, el 25 de enero se tocó techo alcanzado los 1.248 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que este lunes la tasa se situaba en 770. Este rango no se contemplaba en la región desde la semana del 11 de enero.

Además, la incidencia acumulada en los últimos siete días se coloca en 248 casos por cada 100.000 habitantes, lo que hace vaticinar que la tendencia a la baja persistirá en próximos días.

En términos globales, la reducción de nuevos casos en la Comunidad Autónoma ha hecho mejorar los datos, pasando de ser la tercera peor región en incidencia acumulada a lo largo de varios días del mes de enero a mejorar ahora datos de otras regiones como Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid o La Rioja.

El cómputo de nuevos casos fue este lunes cuatro veces menor que el de dos semanas antes. Así, el 25 de enero se registraron en la región 1.835 nuevos casos, mientras que el dato de ayer se estancó en 460.

El PSOE ha admitido que Unidas Podemos no le adelantó el contenido de la proposición de ley para proteger la libertad de expresión que ha registrado este martes en el Congreso, tan sólo horas después de que el Gobierno anunciara su intención de despenalizar los "excesos" en el ejercicio de este derecho. Una decisión que los socialistas enmarcan en la campaña electoral en Cataluña.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el 'número dos' del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha respondido así al ser preguntado sobre por qué en esta cuestión ambos partidos están actuando por separado.

Simancas ha indicado que tanto el PSOE como Unidas Podemos han reaccionado ante lo que se debate en la sociedad española a raíz del caso que afecta al rapero Pablo Hasel y que, en el caso de los socialistas, lo que se busca, según avanzó este lunes el Ministerio de Justicia, es reforzar la protección de la libertad de expresión para que los excesos verbales, aún siendo "rechazables", "no sean castigados penalmente".

Algo que cree que también defiende Unidas Podemos, si bien ha reconocido que no ha tenido oportunidad de leer la iniciativa registrada en el Congreso, que cree que, en todo caso, responde a que el país está en campaña electoral por los comicios catalanes del próximo domingo.

SU PROPÓSITO ES EL MISMO

"Tenemos un acuerdo de gobierno y una dinámica y éxitos comunes, pero somos fuerzas distintas y estamos en campaña electoral", ha manifestado Simancas, para insistir en su convencimiento de que las partes acabarán unificando iniciativas porque "su propósito es el mismo".

Con todo, ha restado importancia al hecho de que ambos partidos no hayan presentado una iniciativa conjunta en torno a la libertad de expresión y ha negado que exista "descoordinación" entre los partidos socios del Gobierno.

Precisamente la próxima semana el Pleno del Congreso debatirá una proposición de ley sobre la igualdad de trato y no discriminación que el PSOE ha presentado en solitario pese a que es una de las normas previstas en el acuerdo de Gobierno y Unidas Podemos. De hecho, los de Pablo iglesias acusaron al PSOE de haberla presentado "sin contar con el socio de Gobierno ni con el Ministerio de Igualdad".

El sindicato STES exige que se hagan cribados masivos en los centros educativos de toda España, como ya se hace en algunas comunidades autónomas, para así "demostrar" que son lugares seguros y no son foco de contagio de la COVID-19, tal y como sostienen desde Sanidad.

"¿Cómo saben que los centros son seguros, si no hay nada que lo demuestre? ¿De dónde sacan esa información? ¿Han hecho cribados masivos? No saben si hay gente asintomática, por ejemplo; no pueden vendernos la moto de que los centos escolares son seguros; que lo demuestren", ha reclamado María Luz González Rodríguez, del sindicato.

Tanto ella como José Ramón Merino, responsable de Acción Sindical y Política Educativa de STES, han ofrecido este martes una rueda de prensa para explicar cuál es la situación de los centros educativos en relación a la pandemia y exigir el desarrollo legislativo de la LOMLOE, la nueva Ley educativa (la 'Ley Celaá').

"Están en un aula cerrada, en un espacio pequeño, con veintitantas personas durante no se cuántas horas seguidas; si eso no es un foco de contagio...", advierte González, que avisa también de que las medidas sanitarias no son las mismas según la región.

Además de cribados masivos, el sindicato pide que se repartan mascarillas FFP2 a profesorado, personal no docente y alumnado, y que se instalen medidores de CO2 en las aulas y purificadores de aire que impidan la transmisión de aerosoles.

Asimismo, el sindicato, que constata un incremento "enorme" en el cierre de aulas este trimestre con respecto al anterior (pasando de unas 4.000-5.000 aulas confinadas a más de 6.000 en lo que va de mes), reclama al Gobierno que el COVID-19 sea considerada enfermedad profesional para los docentes.

Y pide también que los profesores sean tenidos en cuenta en el proceso de vacunación ya iniciado en España como uno de los colectivos prioritarios, dada su exposición al virus, la interacción con el resto de personas, y la permanencia en lugares cerrados como son las aulas durante los periodos de tiempo establecidos en su jornada laboral. "Estamos en primera línea, es un curso escolar muy duro y la consideración es mínima, somos un pilar fundamental y lo demostramos en el confinamiento", defiende González.

CIERRE DE CENTROS

Pese a considerar a los profesores como un colectivo esencial, el sindicato aboga por el cierre de centros si la incidencia del coronavirus es alta.

En este sentido, Merino recuerda que en países como Italia y Reino Unido se han cerrado los colegios e institutos cuando han aumentado los contagios de manera importante mientras que, según critica, en La Línea de la Concepción (Cádiz) no se llevó a cabo esta medida cuando la incidencia acumulada era de hasta 2.551 casos.

"Como no se toman este tipo de medidas, pues cada vez hay más casos; estamos pagando un precio muy alto, quizá estemos aguantando demasiado", considera González, que es partidaria de un cierre de unas dos semanas para bajar la curva de contagios.

DESARROLLO DE LA 'LEY CELAÁ'

Por otro lado, el sindicato pide que se inicie el desarrollo normativo que sigue a la aprobación de la LOMLOE.

En primer lugar, quiere que el Ministerio de Educación y FP desarrolle la Disposición Adicional Séptima, estableciendo un acceso a la función pública docente que asegure la consolidación del empleo del profesorado interino, sin exclusiones, a través de un acceso diferenciado o cualquier otro sistema que garantice la consolidación del profesorado interino.

La Disposición Adicional Séptima establece también "el desarrollo profesional docente". Ante cualquier proyecto de Estatuto Docente, la Confederación de STES se opone a los modelos de carrera y/o evaluación docente jerarquizadora.

En segundo lugar, recuerda que la Disposición Adicional Undécima de la LOMLOE declara el cuerpo de profesores técnicos de FP como cuerpo a extinguir, por lo que STES reclama la integración inmediata de todo el profesorado técnico de FP en el cuerpo de Secundaria.

Asimismo, consideran que se debe regular la disminución del horario de docencia directa del profesorado, de horas complementarias y de permanencia en el centro. En concreto, piden 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria y otros cuerpos, y 23 para Infantil y Primaria, como máximo, en todos los casos.

SANCIONES PARA CONCERTADOS

Igualmente, el sindicato considera igualmente importantes otros aspectos que deben ser regulados en el desarrollo de la Ley, como la desaparición de cualquier asignatura evaluable alternativa a la Religión, la modificación de los actuales currículos, que el sindicato considera "demasiado extensos", para así asegurar una enseñanza con menos compartimentación y más integradora, inclusiva y que tenga ejes interdisciplinares como la coeducación y el desarrollo sostenible, y la disminución de las ratios.

Y reclaman que a los centros privados concertados que separen o discriminen al alumnado por razón de sexo, raza, religión, procedencia o cualquier otra circunstancia personal o social, o que no aseguren la gratuidad, se les incoe expediente sancionador y se les retire de forma inmediata el concierto por parte de la Administración Pública.

Según recuerdan, la 'Ley Celaá' establece este requisito que deben cumplir los centros privados para recibir subvención, pero alguna comunidad autónoma ya ha ampliado el tiempo de duración del concierto ampliándolo hasta un periodo de 10 años, como es el caso de la Comunidad de Madrid, donde los actuales conciertos están prorrogados automáticamente hasta 2027. Por eso, STES advierte de que "es necesario introducir el mencionado requisito en el desarrollo normativo para que no se pueda burlar la ley".

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la revisión del Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de Galicia, Plan Camgal, para adaptar la redacción del texto al decreto aprobado en 2016. Además, se crea una nueva página web en la que se incluye toda la documentación en la materia y se habilita un visor geográfico del litoral.

Según ha informado la Consellería do Mar, se trata de un trámite administrativo para adaptar la redacción del texto a esta normativa aprobada en 2016 --cuando se actualizó el decreto de 2012--, cambios que permitieron, entre otras cuestiones, ajustarlo al Sistema Nacional de Respuesta.

Tal y como señala la resolución publicada en el DOG, el Plan Camgal nació en el 2012 para dar una respuesta ágil y coordinada ante una eventual contingencia por contaminación. Con este objetivo, recoge un conjunto de normas y procedimientos básicos de actuación, la estructura de organización y el sistema de respuesta de las administraciones públicas frente a un episodio de contaminación marina accidental que se produzca o afecte al litoral de nuestra Comunidad Autónoma.

Concretamente, conforme apunta el DOG, aunque el plan fue revisado en 2016 para adaptarlo a este Sistema Nacional de Respuesta, toda vez que las modificaciones afectaban "casi a la totalidad del articulado", el grupo de trabajo de la comisión de revisión optó por la elaboración de un nuevo decreto, el 135/2016, de 6 de octubre, por el que se regula la estructura y la organización del Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental de la Comunidad Autónoma de Galicia (publicado en el DOG el 25 de octubre de 2016).

Tras ello y teniendo en cuenta la revisión ya hecha en 2016, la Consellería do Mar ha llevado a cabo la redacción de los nuevos textos que constituyen los capítulos del Plan Camgal, con la participación de todos los órganos directivos involucrados en el mismo. La revisión del Plan fue aprobada por el Consello de la Xunta de Galicia en su reunión de 28 de enero de 2021, y publicada este martes en el DOG.

PÁGINA WEB

Como novedad, la revisión incluye la puesta en marcha de una nueva página web (www.plancamgal.gal) en la que se puede consultar toda la información relativa a esta normativa --información que antes se consultaba en el Intecmar--.

Entre otras cuestiones, en este portal web se encuentra un visor o interfaz entre el sistema y los distintos actores implicados en un accidente. En él por un lado, conforme ha señalado la Consellería do Mar, existe una información base o de referencia, que está disponible para cualquier persona, previa a la ocurrencia de la contingencia y que se actualiza de forma rutinaria.

Además, cuando tiene lugar un accidente, en el visor se pone a disposición de los usuarios registrados y con permiso de visualización información relevante que es generada durante el incidente y que pertenece específicamente a este. Entre otra cuestiones, la posición de las manchas, los recorridos de las boyas derivantes o la localización de elementos de respuesta.

CAMBIOS EN 2016

En concreto, conforme ha recordado la Consellería do Mar, los cambios introducidos en 2016, además de la adaptación al Sistema Nacional de Respuesta, incluyeron la ampliación del periodo de vigencia del plan un año --pasando de cuatro a cinco--.

También se estableció una definición de los niveles de activación adaptada a los utilizados por Protección Civil, segundo indica o Sistema Respuesta. Así, pasó a denominarse situación 0 lo que antes se conocía como alerta, cuando se sospeche que una contaminación significativa puede llegar a la costa, tanto procedente del mar como de una instalación en tierra.

Además, pasaron a conocerse como situaciones 1, 2 y 3 lo que antes se denominaban nivel mínimo, emergencia nivel medio y emergencia nivel máximo, cuando algún tipo de contaminación significativa llegue a la zona costera, tanto procedente del mar como de tierra.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado este martes al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de "debilitar" a España al negar que haya "plena normalidad democrática" y ha exigido su comparecencia en el Congreso para ofrecer explicaciones por sus "graves" afirmaciones. Además, el PP ha solicitado que también acudan a la Cámara Baja la vicepresidenta Carmen Calvo y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Así se ha pronunciado Gamarra después de que Iglesias afirmase este lunes que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España" porque los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña están o en la cárcel, en el caso de Oriol Junqueras, o en Bruselas, en el caso de Carles Puigdemont.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha señalado que esas palabras son de una "absoluta gravedad" porque "afectan a la democracia española" y a la imagen que tienen de España en el exterior "al poner en duda la calidad democrática" del país "el propio vicepresidente segundo del Gobierno".

Por todo ello, ha anunciado que el Grupo Popular solicitará varias comparecencias en el Congreso para "abordar este grave asunto", como la de Carmen Calvo, González Laya y el propio Iglesias, para que expliquen esas afirmaciones que "sin duda alguna debilitan a España y la imagen del país".

LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA "NO PUEDE SER CUESTIONADA"

Es más, Gamarra ha indicado que las palabras del vicepresidente Iglesias "afectan además a la política internacional de España" y requieren una explicación por parte de los ministros en sede parlamentaria.

"Lo que no se puede amparar es el silencio del presidente Sánchez en relación con unas declaraciones de este calado, que han sido realizadas por un miembro de su gobierno, nada más y nada menos que por el vicepresidente segundo del mismo y con consecuencias para nuestra política exterior y la imagen de España", ha enfatizado.

La portavoz parlamentaria del PP ha subrayado que la democracia española "no puede ser cuestionada" y ha recalcado que "el único peligro que tiene esta democracia se llama Pablo Iglesias". "Y es responsable de ese peligro quién lo ha nombrado vicepresidente segundo del Gobierno, que es Pedro Sánchez", ha finalizado.

La plataforma Tanquem Cofrents, integrada por asociaciones ecologistas, ciudadanas y sindicatos, y partidos como PSPV y Podem han urgido este martes al Gobierno a cerrar la central nuclear de Cofrentes (Valencia) sin prorrogar su licencia "ni un día más", a un mes de que acabe el periodo de explotación.

"Es cara, peligrosa, con tecnología obsoleta y ya está amortizada con creces por Iberdrola", han defendido en rueda de prensa en el Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC), con la participación de otros partidos como Compromís, Esquerra Unida (EUPV) y Esquerra Republicana del País Valencià.

Su objetivo es que el Ministerio de Industria no conceda una nueva prórroga a Cofrentes, como plantea el calendario establecido en el protocolo de intenciones para el cierre ordenado de las centrales suscrito en 2019 entre ENRESA (Empresa Estatal de Residuos) y los propietarios, a la espera del informe técnico del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

También rechazan la postura de Iberdrola de alargarla hasta 2030, advirtiendo que "su vida útil acabó en 2011" desde su apertura en 1984 y que "podría tener que cerrar en dos años si ya no es rentable". En cualquier caso, exigen al Gobierno que mueva ficha y deje clara su postura porque todavía "no hay una decisión" firme.

Tanquem Cofrents defiende que es un "riesgo inasumible" para los valencianos y que es una central "vieja", con 37 años de vida cuando la media ronda 30-32. Es más, augura que en unos años habrá suficientes renovables como para que sea innecesaria y que, si sigue abierta, generará unas 300 toneladas de residuos que no se podrán gestionar.

A su juicio, esta central es la "punta de lanza" del cierre de las de toda España, donde siete siguen en activo tras el fin de Garoña en 2012. "Cofrentes consume o evapora agua equivalente a 10.500 piscinas olímpicas de agua del río Xúquer", ha ilustrado Lourdes Tejedor como portavoz de la plataforma, para alertar que dejarla abierta sería "una decisión exclusivamente económica por interés electoralista".

Otro de sus argumentos es que es la única central nuclear de España que trabaja con agua a ebullición mientras el resto lo hacen a presión, lo que supone "un plus de peligrosidad". También ve preocupante el coste del almacén temporal para almacenar residuos que fue autorizado por el Ministerio de Transición Ecológica en 2019.

En materia laboral, Tanquem Cofrents calcula que los 700 puestos de trabajo directos de la central no se verían directamente afectados por el cierre y que una parte importante se mantendrán durante el proceso de desmantelamiento que se podría prolongar décadas. Y afirma que este tipo de energía ya no puede competir con las renovables. "Es innecesaria: nos sobra nuclear por todas partes", ha declarado su representante José Juan Sanchis.

PSPV: "ES EL MOMENTO DE CERRARLA"

Por parte de los partidos, el diputado socialista en Les Corts Paco Gil ha asegurado que no saben "con certeza" la posición del Gobierno (PSOE-Unidas Podemos), aunque ha defendido que el PSPV es coherente con su postura desde la petición de cierre que aprobó el parlamento valenciano en 2017 con el rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos. "Es el momento propicio para dar el paso de cerrarla", ha sostenido, algo que ha relacionado con la llegada de los fondos europeos de reconstrucción.

Beatriu Gascó (Podem) ha coincidido en que su postura no ha variado en los últimos años y ha garantizado que Podemos se mantendrá "firme" pidiendo el cierre tanto en el Congreso como en el Gobierno. "El problema es que no tenemos las carteras ni de Industria ni de Transición Ecológica: hacemos la presión que podemos", ha reconocido a pesar de su posición "prioritaria" como socios de gobierno.

La también diputada 'morada' en Les Corts ha instado así al PSOE a "escuchar la voz del pueblo valenciano" y ha recordado cuando estuvo en Cofrentes en 1985 y ya dijo que no era necesaria. "No queremos que se convierta en Fukushima o Chernóbil", ha enfatizado, además de recordar el potencial de España para aprovechar la energía solar.

Compromís, socio del PSPV y Unides Podem en la Generalitat, también quiere que el Gobierno cumpla con su intención de cerrar todas las centrales y "la lógica impere" en el caso de Cofrentes. "A nivel preelectoral teníamos confianza de que el trámite fuera más ágil", ha recordado su diputado Juan Ponce sobre las elecciones de 2019.

En la misma línea, Estefania Blanes (EUPV) ha insistido en que "ya ha llegado el momento del cierre" y ha llamado a "desmontar el mito de que los puestos de trabajo se van a perder de hoy para mañana". Y María Pérez (Esquerra Republicana) ha advertido que el aumento de incidencias en Cofrentes demuestra la "inseguridad" de prorrogar su vida útil, además de defender que se pueda reconvertir en un centro de investigación del cambio climático.

El Tribunal Supremo ha rebajado de los dos años y medio a los once meses y veinte días la pena de prisión impuesta a un estafador porque el procedimiento penal, de carácter sencillo, se extendió durante siete años, cuatro de ellos en espera de una pericial caligráfica. La decisión facilita que evite la prisión, ya que el condenado carece de antecedentes penales.

Los hechos juzgados datan de 2007, y si bien el procedimiento no empezó a instruirse hasta casi cinco años más tarde, hubo que esperar a febrero de 2019 para conocer la condena por el delito de estafa agravada.

El condenado, Luis Francisco V.A., se hizo pasar por un experto financiero y utilizó a su entonces pareja sentimental para que esta participara en una operación que precisó una inversión de 50.777 euros en diferentes mercados bursátiles sin que la víctima pudiera recuperar el dinero hasta que no se celebró el juicio oral.

El recurrente, representado por el abogado Juango Ospina, alegó dilaciones indebidas, un motivo que ha sido acogido por la Sala integrada por los magistrados Julián Sánchez Melgar, Antonio Del Moral, Pablo Llarena Conde, Eduardo de Porres y Javier Hernández.

Para el alto tribunal, el extraordinario periodo de tiempo transcurrido en la tramitación del proceso, siete años hasta la sentencia definitiva, no puede justificarse en modo alguno ni por la complejidad de la causa ni tampoco por la conducta de la propia parte.

"El plazo se nutre de evidentes disfunciones no imputables al recurrente como la tardanza de casi cuatro años en la emisión de un dictamen pericial caligráfico interesado, además, por la acusación particular", por lo que debe atribuirse una atenuante de efecto "privilegiado y no simple como se contiene en la sentencia recurrida", señala la sentencia.

TRAMITACIÓN "SIGNIFICATIVAMENTE DISFUNCIONAL"

"De los siete años de prolongación de la causa hasta la sentencia definitiva más de cinco son consecuencia de una tramitación significativamente disfuncional, desligada de toda vinculación con la complejidad del objeto procesal que, por otro lado, debe calificarse de mínima", apunta el Supremo, lo que justifica la rebaja.

Con esta sentencia, el Supremo consolida su jurisprudencia en relación con lo que se tiene que considerar unas dilaciones indebidas para poder reducir la responsabilidad penal de una persona condenada.

Se remite en este punto al artículo 21.6 del Código Penal que reconoce que los factores a tener en cuenta para estimar la pena deberían ser temporales y no factores atemperadores o circunstancias externas derivadas del propio funcionamiento del sistema judicial.

El PSOE ha exigido este martes conocer qué ha negociado el PP con su extesorero Luis Bárcenas a través de la intermediación de su actual secretario de Justicia, Enrique López, y ha adelantando su intención de que el también exgerente del partido, que supuestamente fue víctima de la operación 'Kitchen', sea una de las primeras personas en comparecer ante la comisión de investigación relativa a esa trama.

Así lo ha explicado el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, en una rueda de prensa en la Cámara Baja, en la que ha dejado abierta la posibilidad de que esa comisión acabe citando también, en su caso, en una segunda de comparecencias al presidente del PP, Pablo Casado.

El PSOE sigue manteniendo que las comparecencias, para cuyo inicio todavía no hay fecha, deberían empezar por los mandos policiales implicados y terminar por los responsables políticos, pero, coincidiendo con el inicio del juicio por una de las piezas de los llamados 'papeles de Bárcenas', Simancas ha anticipado que "cada día parece más interesante" que el extesorero sea uno de los "primeros" en desfilar ante este órgano.

Simancas se refería así la información adelantada por el diario 'El Mundo' relativa a que el ahora secretario de Justicia del PP, Enrique López puso en contacto al abogado del PP en la causa por la 'caja b' del partido, Jesús Santos, con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con el extesorero Luis Bárcenas. Este diario apunta a la celebración de una docena de encuentros entre ambos desde finales de 2017 y 2019.

Fuentes cercanas a López confirmaron esta información, señalando que, al inicio de estos encuentros, el entonces juez de la Audiencia Nacional se limitó a poner en contacto a dos desconocidos.

¿QUE OFRECÍA EL PP DE HOY A BÁRCENAS?

Simancas ha hecho hincapié en que la ciudadanía "tiene derecho a conocer el contenido de las negociaciones del PP de Casado con el delincuente Bárcenas". "¿Qué le pedían a Bárcenas los intermediarios de Casado, qué silencios le reclamaban, a quién protegían esos intermediarios enviados por Casado, qué le ofrecían a cambio de sus silencios y qué papel jugaba en todo esto Enrique López?", son las preguntas que, según Simancas, requieren una respuesta.

En este contexto, al dirigente socialista ha remarcado que López "no es PP del pasado", sino el actual secretario de Justicia del partido y consejero del ramo de la Comunidad de Madrid, por lo que "cada día es más evidente" que "no hay un PP de antes y un PP de ahora, sino que siempre es el mismo PP, el de la corrupción sistémica y el abuso de poder".

En su opinión, "Casado no ha reaccionado bien" porque en lugar de "limpiar" ha decidido "tapar" y lo que tiene hacer es "rectificar, dar explicaciones y actuar con responsabilidad". "Los españoles están esperando; nosotros también", ha enfatizado.

LOS POLÍTICOS, AL FINAL

Preguntado si, como proponen sus socios de Unidas Podemos, Casado debería ser citado en una segunda ronda de comparecencias en la comisión 'Kitchen', Simancas ha recordado que, de momento no se ha acordado llamarle, pero que la comisión puede ir ampliando el listado en función de sus trabajos. "Ahí lo dejo", ha apostillado.

La comisión aún tiene pendiente ordenar cómo se van a desarrollar los interrogatorios, pero el PSOE insiste en que primero ha de recabarse el testimonio de los mandos policiales implicados, quiere incluir a Bárcenas también entre los primeros comparecientes y llamar en último lugar a quienes ostentaban cargos políticos para "que respondan de sus responsabilidades políticas" respecto de la información que aporten los policías y el propio extesorero.

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, no descarta aceptar votos de Vox para formar un gobierno de cambio en Cataluña, en sus palabras, a pesar de que hay muchos aspectos e ideas que les "alejan".

"Para mi Vox hace declaraciones racistas. Seguramente muchos de sus dirigentes son homófobos, sus planteamientos están alejados de las cuestiones LGTBI. Niegan que haya violencia de género", ha dicho este martes en una entrevista de Rac 1.

Aún así, Carrizosa ha insistido en que Cs no hará "cordones sanitarios en el Parlament" y destaca que pueden aceptar votos de todas las formaciones --también de la CUP, dice-- porque votan en función de quién está de acuerdo con el programa.

Al ser preguntado si cree que Vox es un partido constitucionalista, el candidato naranja no ha querido concretar pero ha insistido en la idea de que se demostrará tras el 14F: "Vox tendrá que decidir, según cómo quede el Parlament, con quién va si hay un escaño más, para acabar con los gobiernos nacionalistas".

"Como pasó en Andalucía. Yo pongo a Vox en el saco de los que presumiblemente tendrán que hacer política y decidir si tenemos que sacar a los gobiernos nacionalistas y probar un Govern de cambio", ha añadido.

PSC

Preguntado por las declaraciones del candidato del PSC, Salvador Illa, en las que aseguraba que no pactaría ni aceptaría los votos de Vox para formar Govern, Carrizosa se ha mostrado escéptico: "Dice cosas así pero a la hora de la verdad no sé yo si es tan contundente".

Carrizosa ha tildado al PSC de ser un partido con "dirigentes nacionalistas y que la mayoría de sus votantes no lo son", y le ha acusado de pedir votos constitucionalistas en las elecciones y después pactar con los nacionalistas, en sus palabras.

"Hacen declaraciones nacionalistas. Lo era (Pasqual) Maragall y (José) Montilla no sé bien bien qué era pero ponía multas lingüísticas. El PSC adopta como los camaleones los colores del nacionalismo", ha zanjado.

INDEPENDENTISMO

Preguntado por qué relación habría con los catalanes que se sienten independentistas en el caso de que tras el 14F se formara un Govern constitucionalista, el candidato ha considerado que tendría "que haber entendimiento entre las dos partes, pero que es necesario que reconozcan que cometieron un delito".

Por último, Carrizosa ha tachado al himno catalán de 'Els Segadors' de tener una letra "beligerante --por eso de los 'cops de falç'--", pero ha sostenido que, si tras el 14F fuera presidente del Govern, lo respetaría.

El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, que ejerce la representación del Ministerio Público en el juicio por la 'caja b' del PP en la Audiencia Nacional, ha rechazado pronunciarse sobre la conveniencia de la celebración de un careo entre el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, juzgado en este caso, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Lo considera "prematuro" al desconocerse aún si habrá contradicciones entre ambos en el curso de la vista oral.

Rajoy ha sido citado como testigo en esta causa, y según el fiscal además de la existencia de contradicciones la Ley de Enjuiciamiento criminal exige para justificar un careo que éstas afecten al interés de la causa y al objeto del enjuiciamiento, que son las obras en la sede del PP en Madrid sufragadas presuntamente con dinero en negro y "no a otros hechos".

Por ello, considera que aventurar la necesidad de este trámite procesal lo considera prematuro y deja esta decisión al criterio de la Sala.

Sobre las propuestas de testigos periodistas realizadas por esta misma defensa, Romeral ha señalado que por realizar una investigación periodística no puede considerarse que uno es testigo de un hecho, aunque carece de más elementos para decidir sobre este asunto y tampoco se pronuncia en aras a lo que decida el tribunal al respecto.

La defensa quiere llamar como testigo al periodista Francisco Mercado, a quien se señala como autor de una grabación aludida por Bárcenas en un reciente escrito ante la Fiscalía Anticorrupción. En este documento su antecesor en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, comenta "sobre las entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del partido, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy".

La defensa también ha solicitado que se llame al periodista Eduardo Inda porque "escuchó esa grabación" así como a los también informadores Ernesto Ekaizer y a María Luisa Bernal porque escribieron sendos libros en los que contaron la existencia de esta grabación.

Sobre la solicitud de ausentarse de todas las sesiones del juicio planteadas por algunos acusados, el fiscal señala que lo deseado es su presencia en aras del derecho de defensa, si bien este derecho no es absoluto, por lo que el Ministerio Público no se opone a una dispensa siempre que comparezcan en el momento de su declaración y al término de la vista, en el turno de última palabra.

ABOGACÍA ELIMINA DELITOS FISCALES

Por su parte, la representante de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane, se ha adherido a la postura de la Fiscalía respecto a la "limitación objetiva de los hechos de enjuiciamiento", para sacar de este proceso el presunto delito fiscal cometido por la formación con el impuesto de sociedades de 2008, así como el posible delito fiscal relacionado con el impuesto de sociedades de 2006 de la empresa Unifica, que realizó las obras de reforma de la sede.

"Haciendo un repaso cronológico de los matices con los que han sido interpretados estos limites de acusaciones populares para delitos de hacienda publica, debe rechazarse su legitimación", ha afirmado, en alusión a la denominada 'doctrina Botín', ya que ni Fiscalía ni Abogacía del Estado acusan por estos hechos concretos.

El presidente del Comité de Bioética --órgano consultivo adscrito al Ministerio de Sanidad--, Federico de Montalvo Jääskeläinen, ha abogado por "retirar" la Ley de Eutanasia porque existe "un gran riesgo de crear una cultura de la muerte" y ha lamentado que el Gobierno no ha consultado a los expertos y "ha cercenado el debate".

"En cierto modo, recoge garantías, pero me parece que la ley está en ruinas, lo que haría es retirarla, porque no tiene solución y existe un gran riesgo de crear una cultura de la muerte, y trabajaría en una ley de cuidados paliativos", ha apuntado De Montalvo este martes 9 de febrero en el IV Congreso de Bioética organizado por la Universidad CEU San Pablo.

Además, De Montalvo ha criticado que el Gobierno "ha cercenado el debate y la opinión de los expertos". "Teníamos la esperanza de que se llamara a expertos, entre ellos, al Comité de Bioética", ha precisado, apuntando que es "una anomalía" aprobar una ley de este tipo sin contar con esta opinión previa.

Según ha indicado, se podría pensar que el Gobierno no ha presentado un proyecto de ley porque vía proposición de ley "no es obligatorio" contar con "informes del Comité de Bioética, el Consejo de Estado, el CGPJ, la Junta de Fiscales o la Organización Médica Colegial".

A pesar de no pedírselo el Gobierno, el Comité de Bioética realizó un informe, que presentó el pasado mes de octubre de 2020, y en el que rechazó por unanimidad considerar la eutanasia como un "derecho subjetivo".

Para Federico De Montalvo, "no cabe construir un derecho a morir" y ha subrayado que lo que se debe hacer es "conjugar la resolución de los casos que conmueven, excepcionales, con que no se abra la puerta a una cultura de la muerte" poniendo en "riesgo" a los "más vulnerables", como mayores o personas con discapacidad.

"Cuando uno decide acabar con la vida de una persona por amor, ninguno pensaría que entrara en la cárcel, el reproche penal no debe existir en ese caso, pero si se abre la puerta a este derecho o se modifica el Código Penal, puede dar lugar a una cultura de la muerte", ha advertido.

En concreto, De Montalvo ha explicado que no cabe el derecho a pedir la eutanasia por dos objeciones ético jurídicas. La primera es, según ha dicho, que "los que abogan por la eutanasia invocan permanentemente a la dignidad pero luego ponen supuestos de hecho".

El otro problema de fundamentación, a su parecer, es que "las personas que piden la eutanasia no piden morir sino que piden no sufrir y aceptan como consecuencia necesaria de su no sufrimiento el morir".

Por ello, ha lamentado que "esta ley no ha sido seguida de una ley de cuidados paliativos" y ha propuesto "explorar" este campo y la "sedación paliativa" en lugar de convertir la muerte en un derecho.

El presidente del Comité de Bioética también ha indicado que le "preocupa" que "no se permita la objeción de conciencia institucional" y ha adelantado que desde el Comité van a debatir sobre este tema y lo abordarán en otro informe.

En esta línea, sobre los médicos que se declaren objetores de conciencia en cuanto a la práctica de la eutanasia, considera que "sería más correcto un registro en positivo, no en negativo", es decir, que sean los profesionales sanitarios que estén de acuerdo en practicarla los que se apunten en una lista.

También ha lamentado que "no hay obligación de evaluar la ley" por lo que "no hay garantía que impida la pendiente resbaladiza". A su juicio, la norma se debería examinar cada cierto periodo de tiempo.

Finalmente, De Montalvo ha criticado la "polarización" en la sociedad y "los discursos radicales" y ha animado, en su lugar, a "buscar puntos de encuentro". Según ha indicado, actualmente parece que "morir es de progresistas y vivir, de conservadores" y, en ese caso, "es mejor ser conservador".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Pleno del Congreso el próximo 24 de febrero para dar cuenta del estado de alarma vigente hasta mayo y de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus y paliar sus consecuencias.

Así lo ha ofrecido este martes el Gobierno en la Junta de Portavoces del Congreso y ha sido "bien entendido" por los grupos parlamentarios según ha señalado el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas.

Esta comparecencia estaba comprometida en la prórroga del vigente estado de alarma de seis meses, cuando se aceptó que Sánchez acudiera a la Cámara cada dos meses. La última vez fue el 16 de diciembre y toca este mes.

"Se aprobó que el presidente vendría cada dos meses y este mes de febrero comparecerá", había garantizado hace una semana Adriana Lastra. Lo que aún no estaba decidido era la fecha.

En la última reunión de la Diputación Permanente del Congreso, cuando el PP exigía explicaciones al Gobierno sobre los fondos europeos vinculados a la lucha contra la pandemia, el PSOE prometió que Sánchez acudiría antes del día 19. Así lo confirmó entonces el portavoz económico del PSOE en la Cámara Baja, Pedro Casares, apuntando al 17 de febrero. Sin embargo, finalmente la comparecencia ha quedado fijada para una semana después, el miércoles 24 de febrero.

Además de someterse al control parlamentario por el mecanismo extraordinario del estado de alarma, se espera que en ese Pleno el presidente del Gobierno informe también de los planes de vacunación y de la gestión de los fondos europeos.

Los rostros populares estafados por Paco Sanz, conocido como el 'hombre de los 2.000 tumores', han relatado en el juicio cómo fueron víctimas del engaño por parte del acusado para ayudar a difundir su historia a través de sus redes sociales reclamando ser indemnizados por los daños morales sufridos al afectar a su imagen pública.

En la primera sesión, el acusado alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para aceptar una condena de dos años de prisión. Sin embargo, el juicio arrancó al no llegar a un acuerdo en lo referente a las cuantías económicas a devolver a los estafados.

En su declaración, Paco Sanz explicó que recibió un tratamiento experimental en Estados Unidos para tratar el 'Síndrome de Cowden' que sufre, recibiendo ayudas de su familia, amigos y donaciones de terceras personas para sufragar los gastos de los viajes.

A su llegada a la Audiencia de Madrid, el actor Nacho Guerrero ha señalado que pidió ayuda a través de las redes sociales para este "señor", a quien ha llamado "gentuza". "Me escandaliza que estos estafadores campen a sus anchas", ha denunciado.

El cómico José Mota también fue víctima del engaño del acusado. "Lo que tiene que hacer es devolver el dinero y pedir perdón a la sociedad. Este tipo de actitudes son lamentables", ha aseverado a las puertas de la Audiencia madrileña.

Pedro García Aguado, conocido por el programa Hermano Mayor, ha comparecido en el juicio por videoconferencia. El exdeportista ha detallado que donó 600 euros a nivel particular y otros 150 euros a través de su asociación.

No obstante, ha reclamado unos 20.000 euros en total al difundir su historia a través de sus redes sociales pensando que era a título no lucrativo y por ayudar a su causa al decirle que se iba a morir si no recibía el tratamiento en Estados Unidos.

"Escribí el prologo de un libro sin remuneración y participé en varios vídeos colgados en mis redes. Yo por programa en aquella época cobraba unos 10.000 euros, por tuit unos 2.000 y por un retuit, mil euros. En aquella época mis cuentas tenían unos 200.000 seguidores. Le aseguro que el alcance de mis publicaciones era alto", ha subrayado.

Además, ha señalado que sintió "ira, impotencia y frustración" al enterarse de que había sido víctima de un engaño porque él se dedica a ayudar a personas y desde entonces no ha vuelto a donar en ninguna causa. "Te mete miedo en el cuerpo", ha dicho.

UN CRUCERO DE LUJO

La instructora de las diligencias policiales ha explicado que de la investigación no se desprendió que ningún dinero recibido de las donaciones de terceros fuera a parar a tratamientos médicos.

Sí viajó a Estados Unidos hasta en diez ocasiones pero no solo al hospital donde recibió el tratamiento gratuito del ensayo experimental en el que participaba por sufrir una enfermedad genética. "Se movía por diferentes poblaciones. Nos llamó la atención un viaje en un crucero de lujo", ha dicho.

El fiscal acusa a Paco Sanz de fingir en televisión la gravedad de su enfermedad -que llegó a asegurar que le provocaba 2.000 tumores- para estafar 264.780 euros.

El acusado fingió que le quedaban escasos meses de vida y consiguió recaudar en siete años 264.780 euros pidiendo ayudas económicas a través de las redes sociales y hasta en los medios de comunicación para tratar de conseguir un tratamiento experimental en Estados Unidos, porque en España no existía, de una enfermedad que en realidad no tenía ningún riesgo vital inminente.