El exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón ha aconsejado redactar una ley común relativa a los órganos que considera auténticamente reguladores –el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)– para reforzar su independencia y preservar la «apariencia de imparcialidad» de sus miembros y de los que integran otros órganos constitucionales.
Así lo puso de manifiesto el magistrado emérito del TC durante su reciente comparecencia ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, donde coincidió también en esta última idea con la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia María Salvador y con el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid Pablo Simón.
Respecto al Banco de España, la CNMC y la CNMV, Aragón aboga por delimitar muy bien las competencias de cada organismo, de manera que nadie pueda invadirlas y se asegure su ámbito de autonomía material. En el mismo sentido, defiende su independencia funcional, de modo que sólo estén sometidos al imperio de la ley, igual que jueces y tribunales, sin recibir órdenes o instrucciones de otros organismos publicos.
A su juicio, estos organismos pueden estar sometidos al control político en el plano de la rendición de cuentas, pero sólo deben poder ser sancionados por los tribunales.
INFORME DEL GOBIERNO SOBRE LOS CANDIDATOS
Según su esquema, debe mantenerse el modelo de que sea el Gobierno el que proponga a los candidatos para estar al frente de estos tres reguladores entre personas con acreditada solvencia en la materia que vayan a tratar. Su planteamiento es que el Ejecutivo plasme los méritos de cada uno de ellos un informe de carácter público, que los candidatos comparezcan en las Cortes y que después cada Cámara elija, por ejemplo, a seis miembros para el organismo que corresponda, preferentemente por una mayoría de tres quintos.
Respecto a la independencia personal de quienes componen estos organismos, Aragón sostiene que suelen ser independientes pero avisa de que el problema reside en la «apariencia de imparcialidad». «Suele ocurrir que, si las personas se designan entre personas con suficiente solvencia y currículos, sean independientes, pero una cosa es la independencia real y otra la apariencia de no imparcialidad», avisa, reclamando medidas para «eliminar cualquier factor que pueda contribuir a esa apariencia».
Asimismo, ha pedido establecer un régimen de incompatibilidades serio, vigilando los conflictos de intereses, que los cargos no puedan ser cesados antes de tiempo y que sólo lo sean a propuesta del órgano regulador (como ya ocurre en el Banco de España).
CUIDAR LA DEMOCRACIA: RESPETO INSTITUCIONAL
«El Derecho puede ayudar, pero no lo puede hacer todo. Hace falta una conducta activa de respeto institucional por parte de todos los actores que intervienen en el asunto», resume el exmagistrado, quien avisa de que la democracia «hay que cuidarla» no sólo haciendo «las mejores leyes», sino también «mediante la mejor ejemplaridad en el comportamiento institucional».
De la misma opinión es la profesora Navarro: «Para cuidar la democracia hay que cuidar mucho la imagen de las cosas», avisa, a la vez que, como Aragón, hace hincapié en que los miembros de los órganos que deben surgir del Parlamento han de ser fruto de un «verdadero consenso» y no de un «mero reparto» porque, de lo contrario, se traslada «la lucha política al interior de las instituciones y se ve frustrado el espíritu de la norma».
«La ley en esto no puede dar más de sí, aunque sí se podría entrar en el terreno de los Códigos éticos a impulsar también desde el Parlamento», plantea Navarro, también partidaria de fomentar la autorregulación. En cualquier caso, considera que la imagen de politización que se transmite en relación a estos órganos «es superior a la politización real». «Está sobredimensionada, pero influye en la desafección», alerta.
En opinión de Navarro, el diseño jurídico de los reguladores es bueno, si bien se podrían mejorar cosas como afinar más los requisitos para ser elegido o ampliar quizá los periodos de incompatibilidad. «Se pueden tocar cosas puntuales, pero no hay que echar abajo el sistema», argumenta.
COMISIÓN MIXTA DE NOMBRAMIENTOS
Tanto para Navarro como para el profesor Simón, el sistema ideal para los nombramientos es uno mixto en el que intervengan el Gobierno (al que luego se le puedan pedir cuentas) como el Parlamento. En este contexto, defienden la creación de una Comisión Mixta (Congreso-Senado) de nombramientos en la que también rindan cuentas los responsables de los reguladores.
Ambos defienden también, como otros de los comparecientes que han desfilado por la Comisión de Calidad Democrática, que los mandatos de los reguladores no coincidan con las legislaturas políticas (por ejemplo, ponerlos de cinco años), que se puedan renovar de forma escalonada y que, con carácter general, se prohíba la reelección.
También avisan de la necesidad de mantener la vigilancia sobre las incompatibilidades y las denominadas ‘puertas giratorias’ y, en concreto, Pablo Simón, desliza la conveniencia de «limitar» las «vinculaciones» con partidos políticos de los aspirantes a integrar los reguladores.
