La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, ha defendido este miércoles la enmienda a la totalidad de su formación a los Presupuestos de 2021 al ser «insuficientes» para Cataluña en inversiones y distintas partidas, como dependencia, y por ser desde el Gobierno «cómplices» de la «criminalización política» al haber «presos y exiliados políticos».

«No votaremos unos PGE a cambio de unas partidas presupuestarias mientras que nos separa la criminalización política; no deberían ser cómplices, sino solucionar políticamente», ha señalado Borràs a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en el debate de enmiendas a la totalidad en el Pleno del Congreso.

Borràs ha rechazado las nuevas cuentas públicas mientras que el Gobierno «no enmiende su actitud con Cataluña, no reciba el dinero que merece y reciba represión que no merece», al tiempo que ha criticado que se mantenga el «déficit inversor» en Cataluña, con un 16,5% del total territorializado y un 10,4% del total.

Además, ha pedido la devolución de las cuentas al considerar al quedarse «lejos» de combatir la morosidad, y no enmendarse la «contradicción mayúscula e inaceptable» de no permitir trabajar a hostelería y otros sectores con las restricciones pero no congelar los impuestos. También ha tildado de «insuficientemente ridícula» la cifra de crecimiento de 600 millones de dependencia, y ha reprochado que no se corrija la «infrafinanciación» en sectores como la Sanidad y el transporte público, como Cercanías.

Ante la pandemia, ha dicho que les obliga a ser «más exigentes y más responsables que nunca y a hacer más política que nunca», frente a la «coartada» que considera que hace el Gobierno de la pandemia para hacer «chantaje» a quienes se oponen a los PGE.

DETERIORO DEMOCRÁTICO Y CRÍTICAS AL PGE DE LA «MONARQUÍA CORRUPTA»

Junts ha criticado que se destine «más presupuesto que nunca» a la Casa Real a pesar de que «es evidente que el Rey emérito no les necesita para financiarse», y ha subrayado que los PGE no son un requisito «sine qua non» para recibir los fondos europeos, pero si dependerá en cambio del «respeto a los derechos democráticos. En este punto, ha recordado la nueva resolución de Amnistía Internacional sobre la liberación de «los Jordis. «Que no llegue el día que por perseguir la disidencia catalana los ciudadanos españoles se queden sin ayudas europeas», ha apostillado.

De hecho, ha dicho que los motivos de algunas formaciones como ERC para enmendar anteriores Presupuestos podrían se reproducidos «palabra por palabra» e incorporar elementos que «acrecentan el deterioro democrático».

A la crítica al alza del presupuesto de la Casa Real se ha sumado el portavoz del BNG, Néstor Rego, quien considera «injustificable» que, «después de los escándalos relacionados con la corrupción de los Borbones, de las cuentas con millones en paraísos fiscales y el dispendio con tarjetas opacas, se decida subir lo asignado a la Monarquía corrupta».

Además, ha rechazado los Presupuestos porque no cumplen con el «país» gallego al caer las inversiones más del 11% en relación con las cuentas de 2018 del PP «ya de por sí insuficientes», y ha denunciado que hay actuaciones urgentes en infraestructuras que no cuentan con ninguna partida presupuestaria, por lo que ha reclamado más inversiones. También ha pedido modificar el sistema tributario para que «paguen más los que más tienen» y elevar pensiones mínimas para equipararlas al Salario Mínimo.

PDeCAT, MÁS PAÍS Y COMPROMÍS PERMITEN LA TRAMITACIÓN

Ferrán Bel, diputado del PDeCAT y uno de los cuatro diputados de Junts que se desmarcará de la formación para avalar la tramitación de los Presupuestos, ha justificado darle «una oportunidad para mejorarlo entre todos» como «gesto de responsabilidad».

Bel ha reconocido las «buenas palabras y buenas intenciones» del Gobierno, pero ha avisado de que «no es suficiente» y ha reclamado aumentar las ayudas a los autónomos en la línea de las medidas aprobadas en la primera ola.

Asimismo, detecta «margen de mejora» tanto en el lado de los ingresos como en el de los gastos. «Lo hemos fiado todo a que la vacuna esté muy pronto y el repunte del tercer trimestre se pueda reproducir. Si es así, se podrá cumplir. Si no, tendremos problemas», ha dicho.

Por su parte, Íñigo Errejón, de Más País, ha comparado los nuevos Presupuestos a la vacuna anunciada para la lucha contra el coronavirus, que «no ha aterrizado y necesita tiempo». «Tienen que concentrarse y aterrizar en un panorama social devastado», ha dicho, justificando que los van «a dejar pasar» en su examen de totalidad «porque apuntan en la buena dirección».

En todo caso, ha instado a mejorarlos en la negociación con los grupos –«A este Gobierno le hace mejor el Congreso»– y ha pedido un «Estado fuerte» para que la solicitud de ayudas no acaben siendo «las doce pruebas de Astérix» y las empresas puedan tenerlo detrás con medidas de asistencia ante un panorama de cierres, antes que a los fondos de inversión.

«Son Presupuestos mejores, pero mejorables», ha dicho, por su parte, Joan Baldoví, que ha justificado la tramitación de las nuevas cuentas para que los Presupuestos de 2018, los últimos del ministro ‘popular’ Cristóbal Montoro, «pasen a la historia de una puñetera vez».

El conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramon Tremosa, ha propuesto a la Conselleria de Salud la reapertura al 50% de las terrazas de bares y restaurantes en el mediodía, de 13.00 a 16.00 horas, a partir de esta semana, según han confirmado fuentes del departamento a Europa Press.

La propuesta, que se enmarca dentro de un plan de reapertura de todos los sectores afectados en función de la situación epidemiológica, sería bajar un peldaño las restricciones a partir este viernes para entrar en la fase 3b y dejar atrás la fase 4, en la que bares y restaurantes permanecen cerrados, según ha publicado ‘El Nacional’.

Esta fase también prevé que los comercios de bienes no esenciales puedan abrir al 30%, así como los centros comerciales –un 30% dentro de los locales y un 20% en zonas comunes– y mercados de marchantes, y que las empresas de servicios que impliquen contacto personal próximo puedan abrir con cita previa.

El plan, organizado por colores –rojo el más restrictivo y el verde el menos–, contempla una fase 3a en la que bares y restaurantes podrían abrir con un aforo del 30% en su interior y un 50% en las terrazas, la misma proporción (50%) para los centros comerciales, el comercio de bienes no esenciales y los mercados de marchantes.

El siguiente nivel, el número 2, permitiría abrir bares y restaurantes hasta un 50%, y un 75% de aforo en terrazas, manteniendo la barra cerrada y el horario de cierre, y el resto de establecimientos también podrían alcanzar este 75% de capacidad.

Finalmente, en el nivel 1 –de color verde– todos los sectores podrían abrir sin restricciones pero preservando la distancia de seguridad, el uso de mascarilla y el lavado de manos antes de acceder a ellos.

El Gremi de Restauració de Barcelona ya ha rechazado la posibilidad de reapertura de terrazas dentro del horario entre las 13 y las 16 horas y ha manifestado que se trata de una «propuesta de pacotilla, completamente insuficiente para la actual situación de emergencia y de hundimiento de la economía.

La Red Española de Análisis de Aguas Residuales con Fines Epidemiológicos (ESAR-Net) ha detectado picos puntuales de concentraciones «muy elevadas» de MDMA (éxtasis) en aguas residuales de España y Portugal durante la pandemia, según los resultados del informe realizado por las instituciones que la integran, entre ellas, el Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas de la Universitat Jaume I de Castellón.

En cualquier caso, la investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela, Rosario Rodil, ha asegurado que no hubo cambios importantes en el consumo de sustancias a pesar de estos resultados.

Por su parte, la investigadora de la Universitat Jaume I de Castellón, Rosa de Llanos, ha profundizado en la metodología de análisis de aguas residuales aplicada al seguimiento de la pandemia en la provincia de la Comunidad Valenciana mediante la medición del ARN de fragmentos de virus, donde se ha comprobado cómo ha aumentado la presencia de restos virales en las aguas residuales durante la segunda ola de la pandemia.

La presentación del informe ha coincidido con la conmemoración de los tres años de existencia de la ESAR-Net, cuyo objetivo, como señala la red, es difundir la metodología de análisis de aguas residuales con fines epidemiológicos, así como promover la colaboración en España en este campo.

La jornada también ha constatado que la cocaína y el cannabis son las drogas más destacadas en España y solo en el caso de la primera, mueve entre 3.000 y 6.000 millones de euros, según la red. El consumo de tabaco y alcohol ha sido otro de los temas abordados por Ester López del Centro de Investigaciones Superiores Científicas (CSIC).

En este sentido, López ha afirmado que el consumo medio de alcohol en toda España al año es de casi seis litros de etanol puro por habitante durante 15 años, tras analizar las aguas residuales de 17 depuradoras, correspondientes a trece ciudades españolas. Respecto al tabaco, se ha comprobado una ingesta diaria de 2,2 mg de nicotina, lo que equivaldría a casi tres cigarros por persona al día.

ESAR-Net es una red financiada en el período 2017-2020 por la Agencia Estatal de Investigación a través del programa Red de Excelencia. Actualmente está formada por ocho grupos de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Salamanca, Universidad Rey Juan Carlos, IMDEA-Agua, CIDE (centro mixto CSIC, Universidad de Valencia y Generalitat Valenciana), Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Rovira i Virgili e IDAEA (Centro CSIC en Barcelona).

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 17 personas en una operación contra el fraude en el comercio online a las que se vincula con 66 transacciones ilícitas en diversos comercios y plataformas de venta de segunda mano por valor de cerca de 73.000 euros.

Los arrestos han tenido lugar en Madrid, Barcelona y Valencia en el marco de la actuación ‘e-COMM 2020’, coordinada por EUROPOL a través de su Centro Europeo de Cibercrimen (EC3) y que ha contado con la colaboración del Merchant Risk Council y de las autoridades policiales de Alemania, Austria, Colombia, Croacia, España, Estados Unidos, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal y Rumania.

Los detenidos formaban parte de diversas estructuras delincuenciales dedicadas a la comisión de estafas a través de Internet, al realizar compras online en diversos comercios y plataformas de venta de segunda mano.

Para formalizar las compras realizaban transferencias fraudulentas y utilizaban tarjetas de crédito «comprometidas», compras que posteriormente eran recepcionadas a través de una red de las denominadas «mulas de paquetería».

De este modo, usaban de manera fraudulenta numeraciones de tarjetas de crédito, obtenidas comúnmente a través de diversos medios como portales o foros de Internet donde se ofertan y compran, darknet, mediante malware o ataques de phishing.

En este tipo de estafas, principalmente, el origen de las tarjetas es extranjero, con la finalidad de evitar los controles de seguridad establecidos en cada país que suelen ser más estrictos para las tarjetas nacionales.

Así, se suelen utilizar en compras en diversas páginas web, principalmente de artículos de electrónica consumo y ropa, que posteriormente se venden, a veces previo encargo u ofertadosa través de diversas vías por los propios compradores o intermediarios, a precios más bajos.

El fraude en compras online es considerado una actividad delictiva de bajo riesgo y alta rentabilidad para el crimen organizado. Las medidas de investigación son muy complejas debido a la dimensión virtual e internacional de esta tipología delictiva, por lo que el fraude informático es una de las principales prioridades de EUROPOL y de las autoridades policiales de toda la Unión Europea.

Se trata de un delito transfronterizo, donde el comercio online que sufre el fraude puede ser de un país, el medio de pago utilizadofraudulentamente de otro país diferente y el producto o servicio adquirido fraudulentamente, se consume o entrega en un tercer estado.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

En el marco de la cooperación internacional, y dentro del denominado «eCOMM 2020», EUROPOL y el denominado Merchant Risk Council hanpuesto en marcha una campaña de sensibilización, dirigida especialmente a las entidades de comercio online, ayudándoles a identificar mejor el fraude en sus plataformas y dándoles la posibilidad de tomar medidas encaminadas a la protección de su negocio y a sus clientes contra el fraude online.

Se trata de una continuación práctica de la actividad del grupo de trabajo de comercio electrónico, asociación establecida en 2014 con miembros pertenecientes a los sectores público y privado, incluido el Merchant Risk Council, una red de 535 comerciantes electrónicos de todo el mundo.

Esta campaña constituye la quinta acción a nivel internacional contra el fraude en el comercio online. Este tipo de cooperación se presenta como una manera efectiva de abordar el fraude en el comercio online, optimizando los recursos policiales.

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pida perdón a las víctimas de la pandemia y a los parados por acudir al debate de Presupuestos del Congreso con una «tangana» cuando este martes fallecieron en España 411 personas por coronavirus.

«Me ha dado vergüenza ajena su tono mitinero y displicente sin citar siquiera el auténtico drama social, económico, sanitario y de muerte que vive España. ¿Pero usted qué se cree señora ministra?» ha proclamado Casado, que ha acusado a Montero de «insultar» al PP.

El presidente del PP ha respondido así –en su segunda intervención en el debate de Presupuestos que se celebra en el Congreso– a la ministra de Hacienda, quien ha acusado a su vez al jefe de la oposición de instalarse en el «no a España y al progreso». Es más, ha afirmado que la «desleal» conducta del PP ha provocado que los españoles, aparte de combatir el Covid-19, tengan que luchar también «contra el de virus de la crispación».

Fuentes de la dirección del PP han subrayado después, al término de este duelo parlamentario, que Casado se ha visto «obligado» a responder a los «ataques» de Montero, quien ha «roto» el debate ante la falta de argumentos. «España no se merece el tono de la ministra», han agregado las mismas fuentes.

CASADO Y LA «DEPRESIÓN QUE EL PSOE HA TRAÍDO TRES VECES»

Casado ha echado en cara a la ministra el «espectáculo» que había ofrecido por su «tono mitinero» y ha criticado que subiera a la tribuna con un discurso ya escrito de antemano por sus asesores, sin haber escuchado lo que él le había dicho con un tono «respetuoso» y «completamente institucional».

Además, ha justificado sus críticas a la gestión del PSOE explicando que «depresión» es el término macroeconómico que «quiere decir la situación que sufre un país con altas cotas de caída de la producción y del consumo coincidiendo con mucho desempleo y muchas quiebras empresariales.

«La depresión que sufre España no es una depresión de diván sino una depresión económica que el PSOE ha traído en 25 años tres veces», ha manifestado, para añadir que habrá recuperación cuando pierdan su empleo Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda.

RECUERDA LA GESTIÓN DE MONTERO EN LA JUNTA

A renglón seguido, el presidente del PP ha aludido a la gestión de Montero cuando era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía y ha afirmado que «apoyó el mayor fraude de la historia de la democracia con los ERE». «Y además usted misma se ha corregido como ministra a las desviaciones de déficit que usted como consejera aprobó», ha puntualizado.

También ha acusado al Gobierno de «fundirse 20.000 millones de euros en los decretos electorales para ir dopado» a las generales. A su entender, el Coovid afecta ahora más a España porque Pedro Sánchez «no hizo los deberes» y se gastó «la despensa llena» que le había dejado el PP. Además, ha recordado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «destruyó tres millones y medio de empleos».

Tras asegurar que los PGE que el Gobierno ha presentado el Gobierno son un «suicidio» para la recuperación de España, el líder del PP ha dicho que el PSOE va a volver de nuevo el «legado» que dejaron en su día Pedro Solbes y Elena Salgado.

«Pero le aseguro que no le vamos a tolerar el desprecio y la humillación para las víctimas, los parados, los autónomos y las empresa quebradas que usted ha destilado en esta tribuna. Pídales perdón y traiga unas cuestas para recuperar su futuro y no para ahondar la depresión que ustedes siempre dejan», ha espetado Casado a Montero.

MONTERO A CASADO: «NO SE LE CONOCE NINGUNA GESTIÓN»

En su turno, la ministra ha acusado al presidente del PP de tratarla «con cierta superioridad intelectual» y le ha retado a hablar de los títulos académicos de cada uno y de cómo se han obtenido.

«¿Nos ponemos a recordar las titulaciones que tenemos cada uno y de qué manera las hemos obtenido?», le ha dicho, provocando un revuelo en la Cámara que ha llevado a la presidenta del Congreso a pedir silencio a los diputados. Además, ha señalado que ella y sus compañeros del PSOE han tenido «responsabilidades de gestión» pero a Casado «no se le conoce ninguna, ni en lo privado ni en lo público».

Montero también ha criticado que Casado acuse al Gobierno de coalición de «ir dopado» a las elecciones cuando el PP ha sido condenado por beneficiarse de la trama Gurtel para sus campañas: «¿De verdad se atreve usted a decir que una formación ha ido dopada a unas elecciones después de la que ustedes tienen en lo alto?», se ha mofado.

La ministra ha asegurado que el discurso del líder del PP evidencia que «no sabe a dónde va» y «no se aclara sobre cuál es el espacio político que tiene que ocupar el principal partido de la oposición», algo que ha calificado de «grave» para la política española.

Montero ha recordado que Casado evocó recientemente el «abrazo de Albarti y Pasionaria, con Suárez y Gutiérrez Mellado», hablando de la «reconciliación» y la «concordia» y ha señalado que ahora el PSOE, como se hizo en la Transición, se sienta a hablar y pactar «con el que es distinto».

«Creo que si hoy realmente tuviéramos que hacer un debate como el de la reforma constitucional creo que ustedes señorías del PP no propiciarían el pacto constitucional», ha declarado, para asegurar que el Ejecutivo va a seguir apelando a la «responsabilidad» del PP y «tendiéndole la mano».

Montero ha indicado además que la enmienda a la totalidad del PP a los PGE es «una enmienda al consenso europeo» y ha acusado a Casado de viajar a Europa para «conspirar» contra el acuerdo alcanzado en Bruselas. «Y conspirar contra ese acuerdo es conspirar contra ese país y eso es lo que usted hizo», ha aseverado.

«NUNCA HA SIDO LEAL A LA MANO TENDIDA DE SÁNCHEZ»

Es más, ha afirmado que Casado «nunca ha sido leal a la mano tendida de Sánchez» porque cuando se le ofrecen pactos «devuelve crispación». «Esta desleal conducta que han protagonizado durante la pandemia ha obligado a que el pueblo español tenga que combatir con dos tipos de virus: uno el Covid, pero el segundo es el de la crispación política que ustedes inoculan permanentemente», ha resaltado.

Finalmente, Montero ha subrayado que están ante unos Presupuestos «necesarios y de país» que contienen «razones sobradas para poder ser apoyadas» por todos los grupos de la Cámara y ha dicho que el PP debería aprovechar para «ser útil» y no «competir con la ultraderecha».

La Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca) ha convocado una movilización este jueves en todas las capitales andaluzas, a partir de las 11.00 horas, con el lema ‘Sin ayudas nos arruinan’, para protestar por la situación actual del sector tras las nuevas restricciones de horario y de actividad adoptadas para controlar la pandemia de coronavirus.

Las ocho capitales de provincia acogen movilizaciones en defensa de la hostelería, en las que se entregarán manifiestos con apelaciones al Gobierno, a la Junta de Andalucía y a la administración local. El acto secunda la convocatoria nacional realizada por la Confederación Empresarial de Hostelería de España.

La convocatoria de las concentraciones se produce ante las sedes de las delegaciones o subdelegaciones de gobierno del Gobierno, según ha informado Horeca.

Las demandas de los hosteleros se encaminan a reclamar, en el caso de los ayuntamientos, ayudas directas para afrontar el pago de alquileres o suministros, la exoneración del pago de las tasas de veladores, basuras, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del próximo año.

En el caso de la Administración autonómica, la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía (Horeca) le ha reprochado que continúa «sin dar respuesta a la llamada de auxilio económico que este sector le ha realizado».

Según ha trasladado Horeca, las restricciones de horarios y las exigencias fiscales «eleva cada día el riesgo de quiebra definitiva de una actividad con 55.000 establecimientos y 250.000 trabajadores».

REUNIÓN DE HORECA CON VICECONSEJEROS

Horeca ha relatado que este martes mantuvieron una reunión telemática con la asistencia de hasta cinco viceconsejeros del Gobierno andaluz (Presidencia, Hacienda, Transformación Económica, Empleo y Turismo), y que en ese encuentro el presidente de Horeca, Francisco de la Torre, pudo constatar «una vez más la falta de respuesta de la Junta de Andalucía a las demandas de la hostelería».

Horeca ha considerado que la reunión con el Gobierno andaluz fue «un encuentro lleno de excusas, inconcreciones y problemas» y ha considerado que «aboca al sector a seguir esperando un plan de rescate que la Junta de Andalucía dice no poder implementar por falta de recursos económicos».

La Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía ha insistido en que «es fundamental un plan integral, ya detallado en el documento ‘Salvar la hostelería es salvar Andalucía’ que el Gobierno andaluz tiene en su poder desde hace meses».

Horeca ha considerado que «toda decisión que no vaya en la línea de reducir costes fijos (laborales, alquileres o hipotecas, suministros y tasas e impuestos) y destinar ayudas directas al mantenimiento de las empresas y el empleo, será infructuosa».

«Es fundamental la consecución de liquidez mediante moratorias y carencias en préstamos y la creación de líneas de financiación mucho más ágiles», ha sostenido Horeca.

MORENO SE REÚNE CON CEA, CEPYME Y ATA

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha subrayado este miércoles en Almería que la Junta habilitará una línea de ayudas económicas para el comercio minorista y la hostelería, aunque ha pedido que se sumen Gobierno y ayuntamientos.

Moreno ha advertido que los recursos «son limitados» y ha insistido en actuaciones «coordinadas» con otras Administraciones, convencido de que «cuantos más recursos, más lejos llegaremos».

El presidente andaluz ha emplazado a la reunión que este jueves va a mantener en San Telmo con la CEA, Cepyme y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), donde abordarán las propuestas.

El Gobierno defiende la necesidad de mantener una posición abierta a que todo el arco parlamentario pueda participar, si está dispuesto a ello, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 y rehuye de vetos cruzados entre formaciones porque «no hay escaños de primera y de segunda». En este sentido pide a Ciudadanos que no caiga en las trampas del PP.

«El que quiera, estará», recalcan fuentes gubernamentales. Y es que el planteamiento del Gobierno es tratar de sumar el máximo apoyo posible a las cuentas públicas porque ante la coyuntura «tremenda» que atraviesa el país, se necesita «dar respuestas con recursos, no con discursos».

Coincidiendo con el arranque de la tramitación del proyecto de Presupuestos, en el Ejecutivo defienden que «todo el mundo» debería participar en la negociación y lamentan que el PP, con su enmienda a la totalidad y la postura de su líder Pablo Casado, no haya tenido el «papel institucional» que se requiere la situación actual.

En este punto, dichas fuentes subrayan que ante la situación excepcional, motivada por la crisis del Covid-19, se antoja imprescindible disponer de nuevos Presupuestos, máxime con fondos europeos de recuperación que hay que vehicular y partiendo de unas cuentas prorrogadas desde 2018, diseñadas además por una formación que ya no gobierna.

EL PP SIN SENTIDO INSTITUCIONAL

Por tanto, en el Ejecutivo reivindican que el sentido de la institucionalidad no radica en una enmienda a la totalidad, como ha defendido Casado, sino en plantear una posible abstención condicionada a una serie de demandas.

Sobre los apoyos que buscará el Ejecutivo, detallan que no habrá reparos para sumar a aquellas formaciones que quieran impulsar los Presupuestos y, en consecuencia, habrá posibilidades de negociación.Además, interpretan que si Ciudadanos pone condiciones para intentar excluir a las formaciones independentistas y insta al Gobierno a elegir apoyos estará cayendo «en la trampa del PP».

Precisamente, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado que ve «nerviosos» al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y a EH Bildu, porque han salido «deprisa y corriendo» a decir que el partido ‘abertzale’ está dispuesto a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

CRÍTICA DE FERNÁNDEZ VARA

Respecto al apoyo de EH Bildu a las cuentas públicas para el año que viene, Moncloa respeta que, dentro de la libertad política, cada uno se sitúe en la posición que estime oportuna, pero insiste en que la realidad requiere dar respuesta con recursos y no con retórica.

Una de las voces críticas en el seno del PSOE ha sido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha reconocido que le produce una «sensación dolorosa» ver al partido de Arnaldo Otegi jugar un papel «clave para decidir» los Presupuestos Generales del Estado.

El senador designado por las Cortes Valencianas del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem), Carles Mulet, ha preguntado al Gobierno central qué va a hacer para evitar que se bautice el aeropuerto de Murcia con el nombre ‘Juan de la Cierva’ para respetar la «memoria democrática».

En concreto, Mulet ha preguntado «qué medidas va a adoptar el Gobierno central para que la denominación del Aeropuerto de Corvera- Murcia respete la legislación en materia de memoria democrática, no humille a las víctimas de la dictadura genocida, y no exalte a figuras del franquismo», según informaron fuentes de Compromís en un comunicado.

En este sentido, el senador recuerda que la II Asamblea del ‘V Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y de Víctimas del franquismo’ decidió apoyar la reivindicación de la Federación de Asociaciones de la Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMH-RM)de que no se lleve a cabo la autorización, firmada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para la denominación del Aeropuerto de Corvera-Murcia como ‘Aeropuerto Juan de la Cierva’.

«La figura de Juan de la Cierva es recordada por ser el inventor del autogiro, pero se quiere silenciar que, desde Londres, y en contacto con conspiradores contra la Segunda República, tuvo un papel destacado en el asesoramiento para el alquiler del avión Dragon Rapide, que trasladó al golpista Franco desde Canarias a Tetuán, para ponerse al frente de las tropas africanistas sublevadas», recuerda el senador en su escrito.

Además, según el historiador Ángel Viñas, en la capital británica De la Cierva «formó parte activa del mundillo cerrado de los clubes londinenses, en los que se llevaban a cabo tertulias filofascistas que agitaban contra la República española». De hecho, destaca que «uno de ellos tenía como fundador a Charles Petrie, monárquico ultracatólico y que flirteaba con el fascismo».

Conocidos esos precedentes, FAMH-RM entendió que la «torpe decisión» de dar esa denominación a un «probado golpista contra la República» es «la culminación de un proceso administrativo promovido a instancias del Gobierno regional de Murcia, ampliamente contestado por sectores democráticos concienciados de la sociedad murciana».

FAMH-RM recuerda que la moción de nombrar el aeropuerto de Corvera como ‘Aeropuerto Internacional de Murcia-Juan de la Cierva Codorníu’, fue aprobada por cinco votos a favor (PP y Cs) y cuatro en contra (PSOE y Podemos).

Así mismo, en febrero de 2019, la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ratificaba esa denominación para el aeropuerto con los votos de PP, Ciudadanos y Foro de Asturias, el rechazo de Podemos y Compromís y la «sorprendente abstención del PSOE que, recordemos, había votado en contra en la Asamblea Regional de Murcia», tal y como señala el senador.

Ante esos hechos, recuerda que FAMH-RM «no ha cesado de dirigirse a varias instancias gubernamentales, entre ellas a la Dirección General de Memoria Democrática, en abril de 2019, presentando las razones históricas, ideológicas y morales que hacen incompatible tal denominación con la legislación vigente en materia de Memoria Democrática».

En respuesta a esos requerimientos y a una carta enviada al Ministerio de Justicia en la primavera pasada, el titular de la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno central, Diego Blázquez Martín, se dirigió a FAMH-RM reafirmando la voluntad de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de «trabajar por la retirada de cualquier símbolo de exaltación, personal o colectiva de la guerra civil o de la dictadura».

Con ese precedente, para FAMH-RM, la decisión adoptada por el ministro Ábalos «hay que inscribirla en el contexto de una intolerable cesión del Gobierno a las presiones antimemorialistas de la derecha y la extrema derecha, por lo que entra en contradicción con esa supuesta voluntad memorialista expresada por el citado director general».

«Pero es que, además, resulta esperpéntico y más grave aún que, en estos momentos en que se está discutiendo un anteproyecto de ley sobre Memoria Democrática que, con sus limitaciones, supera en muchos aspectos la laxitud y tibieza de la anterior Ley 52/2007, uno de los ministros del Gobierno impulsor de este nuevo anteproyecto de ley firme una orden que vulnera claramente esa ley», añade el senador.

FAMH-RM se reafirma en lo manifestado en su comunicado de fecha 21 de julio del 2019 en el terminaba diciendo que «hemos dado sobrados argumentos para que alguien que contribuyó de forma tan explícita a un golpe de estado, cooperando con los sublevados de forma tan decisiva, no pueda ser utilizado para dar titularidad a un aeropuerto internacional, porque los nombres de las instituciones deben de servir a los que nos honraron».

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha señalado este miércoles que exigir una prueba de PCR negativa en las 72 horas previas a la llegada a España para poder entrar en el país permite garantizar que España es un «destino seguro».

Así lo ha expuesto Maroto, en una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, tras conocer el anuncio del Ministerio de Sanidad que España exigirá a los viajeros internacionales procedentes de países de riesgo que tenga una prueba de PCR negativa en las 72 horas previas a la llegada a España para poder entrar en el país, y su acreditación podrá ser solicitada al pasajero en cualquier momento.

Maroto ha admitido que esta es una medida «muy esperada», ya que desde el punto de vista del mercado turístico «da confianza» en cuanto a la seguridad en la movilidad, que reconoció es una de las cosas que más les «ha preocupado en estas semanas de trabajo».

La medida, que se publicará este jueves en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor el 23 de noviembre. La ministra de Turismo consideró que con la exigencia del PCR se refuerzan los controles que «ya se estaban haciendo» en puertos y aeropuertos, de tal forma que ahora Sanidad Exterior y personal de Aena incrementará su personal para llevar a cabo esta exigencia.

Además, matizó que en el caso de Canarias, que es actualmente un destino turístico abierto, refuerza la orden que había publicado el Ejecutivo autonómico –que también exige PCR negativo a los turistas, tanto nacionales como internacionales, que se alojen en algún complejo turístico del archipiélago–.

Por ello, consideró que el Gobierno canario y el sector turístico canario lo valorará de una forma «muy positiva», ya que se aplicará a los países de riesgo que son aquellos con una tasa de incidencia del virus de 150 casos por cada 100.000 habitantes.

En este sentido, indicó que la información se actualizará cada 15 días y para ello admitió que existe coordinación con todos los países de la Unión Europea, ya que lo pueden exigir también otros países europeos.

Maroto ha señalado que la pandemia obliga a tomar todas las medidas sanitarias que estén encima de la mesa para poder controlar el virus pero también económicas para fijarse como un destino seguro. En definitiva, la ministra apuntó que se van dando «pasos en la buena dirección» hasta que llegue la vacuna.

CCOO Enseñanza denuncia que la Consejería de Educación y Deporte aprueba los decretos de Primaria, Secundaria y Bachillerato «obviando» a la comunidad educativa, así como cuestiones básicas aprobadas por el Consejo Escolar de Andalucía, como lo son el mantenimiento de los exámenes de septiembre en 4º de ESO y 2º de Bachillerato o reducir de manera estable la ratio para una mejor atención al alumnado.

En este sentido, según un comunicado, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, recuerda que «el Consejo Escolar de Andalucía aprobó por unanimidad, a principios de este año, dictámenes sobre estos decretos en los que la totalidad de la comunidad educativa –incluida la propia Administración–, coincidió en la necesidad tanto de mantener los exámenes de septiembre en toda la Secundaria y Bachillerato, algo que los nuevos Decretos suprimen para 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, como de reducir de manera estable la ratio de las unidades escolares para mejorar la calidad de nuestra educación, una cuestión ésta que se ignora en el nuevo texto».

Desde CCOO se informa que el próximo día 17 de noviembre se ha convocado Mesa Sectorial para tratar las órdenes de desarrollo de estos decretos, es decir, la aplicación práctica en materia de aprendizajes que la nueva norma conlleva.

Sin entrar en los contendidos exactos de estudio, Molina critica que, en un estado aconfesional, en Andalucía «se le siga dando un alto valor a la asignatura de religión o que, con estos continuos cambios normativos, se dificulte la creación de equipos de profesorado estables, lo que perjudica los proyectos educativos que desarrollan los centros, afectando negativamente al rendimiento y al éxito de nuestros escolares».

«Nos preocupa incluso que la falsamente llamada autonomía de los centros determine las cargas horarias de algunas asignaturas o los vaivenes que el estudio del segundo idioma extranjero sufre a lo largo de los distintos niveles educativos», señala el dirigente sindical.

Además, Molina critica que, pese al actual contexto de tramitación en el que se encuentra la modificación de la Lomce por parte del Gobierno de España, «se realicen esfuerzos que no se centran en la nueva realidad con la que vamos a tener que vivir durante muchos meses, más de un curso escolar, hasta una completa normalización y recuperación de los aprendizajes curriculares no adquiridos con motivo la actual pandemia».

«Desde CCOO no aceptamos que se obvie a los agentes que intervienen en la educación y no entendemos cómo no se tienen en cuenta los dictámenes del Consejo Escolar de Andalucía adoptados, incluso, por unanimidad». Por ello, apuesta por los consensos y la aplicación de medidas que emerjan de la comunidad educativa, pues, de otro modo, «están condenadas al fracaso», finaliza Molina.

El Ministerio de Educación y FP ha negado que se vaya a suprimir la prueba de acceso a inspector de educación, que es por oposición al ser estos funcionarios públicos, según han confirmado a Europa Press fuentes de este Departamento.

La actual ley educativa, en su Disposición adicional duodécima, establece que para acceder al cuerpo de inspectores de educación, los aspirantes tendrán que pasar un concurso-oposición. En su apartado 4.b se indica que «la fase de oposición consistirá en una prueba en la que se valorarán los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa de los aspirantes adecuada a la función inspectora que van a realizar, así como los conocimientos y técnicas específicos para el desempeño de la misma».

Sin embargo, la Ponencia de la Comisión de Educación encargada de analizar y aprobar las enmiendas presentadas a la reforma de la ley educativa (la LOMLOE, también denominada ‘Ley Celaá’) aprobó la semana pasada una enmienda conjunta del PSOE, Unidas Podemos y ERC en la que se suprimía la palabra «prueba» y la sustituía por «valoración».

En concreto, la enmienda dice así: «La fase de oposición consistirá en la valoración de la capacidad de liderazgo pedagógico y la evaluación de las competencias propias de la función inspectora de los aspirantes, así como los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa para el desempeño de la misma».

El texto suscitó las críticas de la comunidad educativa, en especial, de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), que entiende que esta enmienda «supone sustituir las pruebas objetivas actuales de la oposición por una valoración subjetiva que permita el acceso a personas sin la preparación adecuada para el desempeño del puesto de inspector de educación». «Demostrar preparación técnica mediante pruebas objetivas es fundamental para garantizar los derechos de toda la comunidad educativa y el cumplimiento de las Leyes», indicó el sindicato.

Además, aseguraron que la enmienda vulnera la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.

A todo esto, fuentes del Ministerio de Educación y FP precisan a Europa Press que la enmienda aprobada no elimina la oposición para el acceso al cuerpo de inspectores, ya que la valoración de la capacidad de liderazgo pedagógico y la evaluación de las competencias propias de la función inspectora de los aspirantes, así como los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa para el desempeño de la misma no pueden ser valorados sin la pertinente prueba de acceso.

Estas fuentes señalan que la enmienda no menoscaba las capacidades que han de atesorar las personas que deseen acceder al cuerpo de inspectores y garantiza que estas sean sometidas a evaluación y valoración mediante la oportuna prueba.

De hecho, afirman que así lo han entendido otras organizaciones como la Federación de Asociaciones de Inspectores de Educación (ADIDE-Federación), que el pasado 7 de noviembre valoró «positivamente» lo que ellos consideran una «actualización y modernización de los criterios de selección», así como que se «hayan incorporado los nuevos requerimientos que se plantean a la inspección y la evaluación de nuevos ámbitos de conocimientos pedagógicos, de liderazgo en la gestión de equipos humanos y procesos educativos».

El Hierro acoge a los 207 migrantes que llegaron el pasado fin se semana en cayuco a la isla en el polideportivo de Valverde y la residencia de estudiantes, aunque 16 se encuentran hospitalizados aún en el Hospital Virgen de los Reyes.

Así lo ha avanzado en un encuentro con los medios de comunicación el director insular del Estado en la isla, José Carlos Hernández, quien ha detallado también que en principio hay 31 menores, de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, –a la espera de las pruebas oficiales, y nueve casos positivos por coronavirus.

Por ello, todos los migrantes se encuentran en cuarentena sanitaria de ahí que los posibles traslados a Tenerife dependan de la evolución médica.

Hernández ha comentado que los ocupantes del primer cayuco, que presentaban un estado de salud muy grave –hubo un fallecido a bordo–, están alojados en la residencia de Valverde mientras que los 49 que llegaron a La Estaca se encuentran en el polideportivo, donde también están los menores, en espacios separados por módulos.

El director insular ha resaltado la «gran coordinación» que hay en la isla a todos los niveles para atender la llegada de migrantes pues los tres alcaldes de Valverde, La Frontera y El Pinar «se han puesto a disposición» y también «da gusto» trabajar con el Cabildo, ya que es un «problema integral» que afecta a toda la isla.

Asimismo, ha resaltado la «labor fundamental» que realizan los voluntarios de Cruz Roja y también los sanitarios, dado que hay que hacer un «sobreesfuerzo» debido a la pandemia, y en el caso concreto de la atención en La Restinga, ha precisado que «hubo momentros duros, con una situación sanitaria deplorable, bebiendo agua salada en alta mar».

En esa línea, ha apuntado que los migrantes hacen «travesías inhumanas» para llegar a Canarias y en el caso de la primera atención, ha señalado que «El Hierro debe servir de ejemplo por la coordinación total e integral» que hay entre las instituciones.

«Si no estamos coordinados, las cosas no salen, hacen falta respuestas rápidas y efectivas», ha subrayado, remarcando que todos los migrantes «están bajo techo y tienen un plato de comida».

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de potenciales restricciones a la competencia en el último acuerdo marco de la estiba, como las limitaciones encontradas en la formación de trabajadores o la priorización de unos modelos de contratación frente a otros.

Así lo ha manifestado el regulador tras analizar el V Acuerdo Marco de la Estiba, sobre el que ha hecho observaciones en línea con las realizadas sobre los borradores presentados con anterioridad, insistiendo en varias propuestas de mejora.

En concreto, Competencia reitera que sigue habiendo limitaciones a la contratación temporal de trabajadores o que el nuevo texto no resuelve las advertencias efectuadas en informes anteriores respecto a los sistemas de organización y distribución del trabajo.

La CNMC también recomienda que se mantenga la confidencialidad de la información a la que acceden las empresas competidoras, de forma que el sistema de intervención de la Comisión Paritaria Sectorial Estatal en la contratación de nuevos trabajadores se acompañe de una medida de verificación y garantía de cumplimiento para prevenir cualquier utilización anticompetitiva.

Respecto a la formación y promoción profesional, advierte de que, si la obligación de puesta a disposición de información, medios y sistemas de trabajo se realiza tan solo a favor de los centros portuarios de empleo (CPE), se produciría un riesgo sobre la competencia efectiva en la medida en que la preferencia de los CPE implique una expulsión de competidores reales o potenciales no amparada por la ley.

Además, cree que la puesta a disposición de información implica también «un riesgo de difusión de información comercialmente sensible», al mismo tiempo que reitera que debe prever un procedimiento concreto y acotado temporalmente para la designación de un tutor en las prácticas no laborables.

En cuanto a las medidas convencionales para la garantía y la estabilidad en el empleo, considera que las nuevas referencias a la autoevaluación de eficiencias en el momento de la salida de una empresa del CPE «no garantizan por sí solas el cumplimiento de las exigencias de autoevaluación a las que se había hecho referencia en los informes anteriores de la CNMC».

Cruzcampo ha dado un paso más en su compromiso con la sociedad con el lanzamiento de una nueva plataforma, denominada ‘Talento Cruzcampo’, orientada a potenciar el talento de los jóvenes en España, uno de los colectivos más afectados por la crisis económica.

En este sentido, bajo la premisa de que «todo el mundo merece una oportunidad», ha nacido esta plataforma social de desarrollo personal y profesional, en un contexto que demanda, «más que nunca, contribuir al talento joven y a la generación de oportunidades de empleo en el sector de la hostelería», detalla en un comunicado.

De este modo, el citado proyecto pretende «potenciar el talento innato de los jóvenes como vía para generar oportunidades de empleo, ofreciéndoles inspiración y herramientas para que puedan encontrar un trabajo o emprender sus propios negocios más fácilmente».

En su primera edición, nace con la vocación de aportar las capacidades y agentes de cambio que el sector hostelero necesita «para afrontar con éxito un futuro retador». Se trata de un programa financiado en un alto porcentaje por la Fundación Cruzcampo, entidad con más de 25 años de trayectoria y compromiso con la sociedad, y pone a disposición de los participantes su Escuela de Hostelería, las nuevas instalaciones de Sevilla para las prácticas y una bolsa de empleo con altas probabilidades de inserción laboral en el sector hostelero –un 96% en los últimos años.

«Con Talento Cruzcampo aportamos nuestro grano de arena para apoyar a dos de los colectivos más perjudicados por esta crisis: los jóvenes y la hostelería. Ponemos nuestra experiencia, nuestros recursos y nuestra relación con nuestros clientes al servicio de la generación de oportunidades de empleo para los jóvenes, impulsando su talento, y contribuyendo con profesionales formados a la hostelería del futuro», ha afirmado la directora de Relaciones Corporativas de Heineken España, Carmen Ponce.

Esta experiencia se enmarca en «la apuesta de Cruzcampo y la familia Heineken España por apoyar a la hostelería», un sector «que está siendo altamente impactado por la Covid-19 y ve acelerada su necesidad de transformarse y adaptar sus negocios al consumidor actual,fomentando experiencias únicas, aportando nuevos canales y opciones de ocio seguro».

No en vano, la facturación del sector ha caído un 45% de media en toda España y se estima que más de un 20% de los establecimientos cierren definitivamente como consecuencia de la crisis, añade el comunicado.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto da continuidad y enriquece la labor impulsada con el movimiento social #FuerzaBar y Aula Abierta, la plataforma de formación ‘on line’ gratuita para hosteleros de la Fundación Cruzcampo.

La presentación del programa ha contado con la participación de la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Cardosa, quien ha destacado la importancia de «crear alianzas, colaboraciones público-privadas».

También ha participado el fundador de Trivu y Premio Forbes 30U30, Pablo González, que ha animado a los integrantes del proyecto a «no tener miedo a la incertidumbre». «Tenéis una gran oportunidad para desatar todo el talento que lleváis dentro y convertiros en lo único que os hará feliz en la vida: ser vosotros mismos».

Junto a ellos ha estado Camila Ferraro, Chef restaurante Sobretablas y Premio Cocinera Revelación en Madrid Fusión 2020, que ha insistido en la importancia de los idiomas, la versatilidad y la formación práctica. «Las prácticas en empresas son una gran oportunidad para desarrollar vuestra carrera. Y la actitud, las ganas, el compromiso son elementos tan importantes como la experiencia y el conocimiento».

Por su parte, Diego Coquillat, profesor y consultor experto en el sector de hostelería ha señalado que los clientes «van a losrestaurantes, pero los restaurantes también van a los clientes. Estos seis meses han supuesto seis años de aceleración en cuanto a relaciones digitales, por lo que la formación será clave para que la hostelería se adapte a estos nuevos hábitos de consumo.

IMPULSANDO EL TALENTO JOVEN

Un total de 40 jóvenes de entre 18 y 30 años, chicos y chicas de diferentes procedencias y ocho nacionalidades, decididos a convertirse en agentes de cambio en el sector hostelero, forman parte de la primera promoción #FuerzaBar de Talento Cruzcampo. Para lograrlo, cuentan con un novedoso programa organizado en torno a tres itinerarios que promueven el crecimiento personal, la transformación profesional y la inserción laboral a través de áreas de aprendizaje transversales y contenidos especializados.

Estos contenidos van mucho más allá de las tradicionales disciplinas de sala y cocina, e incluyen una completa experiencia práctica. Así, podrán adquirir experiencia en la gestión del cambio que exige el nuevo consumidor y que desafía al sector en ámbitos como la transformación digital, la automatización de procesos, la gestión medioambiental del restaurante y la excelencia en la experiencia de cliente, así como para diagnosticar e implementar innovaciones en los ámbitos más desafiantes.

Además, durante todo su desarrollo los participantes contarán con el acompañamiento personalizado de tutores-profesionales de la hostelería en activo que colaboran de manera voluntaria con el programa.

La plataforma social cuenta asimismo con el apoyo de profesionales de Heineken España como Marta García, directora de Marketing, y organizaciones colaboradoras que participan generosamente contribuyendo en la formación y desarrollo de los participantes, entre ellas ISDI Foundation, ESIC, Fundación HumanAge, SECOT, Dircom España, Fundación Valentín de Madariaga, Cruz Roja, CEAR, Fundación Pro-Libertas, Sputnik.

Talento Cruzcampo ofrecerá asimismo programación en abierto anivel digital para interesados. La parte práctica se desarrollará en las nuevas instalaciones de la cervecera en Sevilla, que acogerá un centro de calidad cervecera y apuesta por el talento joven y que abrirá sus puertas en 2021.

Para concluir, el programa facilita el acceso al mercado laboral a través de prácticas en un entorno de trabajo real. De este modo, los participantes podrán aplicar todo lo aprendido en algunos de los mejores restaurantes del panorama nacional, acompañados por hosteleros dereferencia. Tras este periodo de prácticas, los jóvenes tendrán acceso al portal de empleo de la Fundación Cruzcampo donde dispondrán de asesoramiento profesional por parte de los tutores del programa.

Las áreas de Medio Ambiente y Movilidad y de Cultura, Turismo y Deporte junto a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han presentado la campaña ‘La vida sigue… sigue leyendo’ para fomentar la lectura en el interior de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) con hasta 15 títulos de muy diversos autores.

La campaña consiste en la colocación, en toda la flota de autobuses de la EMT, de vinilos en los que el viajero puede leer el comienzo de un libro. Si le interesa seguir leyendo, se puede descargar el primer capítulo o las primeras páginas gratis gracias a un código QR. Es una fórmula que ya utilizan las propias editoriales para ofrecer al lector una muestra del texto y que, a partir de ahí, decida si quiere comprar el libro.

En colaboración con las editoriales, se han seleccionado una serie de títulos que incluyen clásicos, contemporáneos, novela, ensayo, poesía, literatura juvenil, cuentos; en definitiva, todo tipo de géneros y de temáticas.

Desde un clásico como ‘Insolación’, de Emilia Pardo Bazán (cuyo centenario se celebra el próximo año) hasta una autora milenial como Elísabet Benavent, que participa con su último libro ‘Un cuento perfecto’, pasando por superventas como ‘El infinito en un junco’, de Irene Vallejo y novedades recién llegadas a las librerías como ‘Madrid‘, de Andrés Trapiello.

Participan los grandes grupos editoriales y también editores medianos e independientes, como Reino de Cordelia, Círculo de Tiza, Siruela, Barrett, Páginas de Espuma, Lumen, Alfaguara, Libros del Asteroide, Suma de Letras, Destino, Planeta, Penguin Random House.

En esta primera fase de la campaña, que cuenta con el apoyo del Gremio de Editores de Madrid y de la Asociación de Librerías de Madrid, los viajeros podrán empezar a leer hasta 15 títulos, número que irá aumentando en próximas ediciones. Entre ellos, ‘Campos de Castilla’, Antonio Machado; ‘El río baja sucio’, de David Trueba; ‘Panza de burro’, de Andrea Abreu o ‘Viaje al sur’.

La delegada del área de Cultura, Andrea Levy, ha indicado que el Consistorio quiere que «la cultura acompañe a los madrileños, y que si les han gustado lo vayan a comprar. Por su parte, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha incidido en la pretensión de que EMT sea «algo más que una empresa municipal de transportes».

El colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, ha acusado al Gobierno central de convertirse en «legitimador de EH Bildu, los defensores políticos de ETA», al contar con el apoyo de la coalición soberanista para sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha censurado que el Ejecutivo central «se vaya a apoyar en la izquierda abertzale para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, siendo EH Bildu el único partido político que se niega a condenar el terrorismo de ETA».

Ordóñez ha considerado «especialmente grave» que el Gobierno «hayanegociado y pactado los Presupuestos Generales del Estado con EH Bildu cuando una de sus condiciones ha sido buscar una solución a la política penitenciaria y a los presos de ETA».

A su juicio, «la única solución que EH Bildu busca para los terroristas presos es impunidad, su excarcelación». Además, ha censurado que en la coalición soberanista tratan a los «asesinos» de ETA como «héroes y justifican sus crímenes», defendiendo «que no tendrían que estar en la cárcel».

Para la presidenta de Covite, «el derecho de las víctimas a la justicia se ha convertido en la moneda de cambio para obtener apoyos a unos presupuestos generales del Estado», algo que ha calificado de «indigno y de traición a las víctimas».

Además, ha alertado de que «negociar e interactuar con normalidad con una fuerza política que ha llegado donde ha llegado por una violencia terrorista que no condena, tras haber eliminado a sus adversarios políticos asesinándolos y tras haber herido, perseguido, extorsionado y acosado a miles de personas es legitimar la violencia terrorista como elemento posible para acceder al poder».

«Es legitimar el terrorismo como opción válida para hacer política», ha asegurado. A ello ha añadido que «el EH Bildu de cuando fue legalizado, hace casi diez años, es el mismo que el de 2020, porque no han hecho ninguna reflexión moral que les haga abjurar de su trayectoria terrorista». Ordóñez ha incidido en que «no es digno hacer política como si ETA nunca hubiese existido».

LÍNEA ROJA

Además, ha alertado al Gobierno central de que «ha traspasado una nueva línea roja en el blanqueamiento de ETA y de su brazo político» y, por ello, le tendrá «enfrente».

Finalmente, ha incidido en que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos «está permitiendo que los ideólogos de ETA y defensores políticos de los terroristas hagan política con alfombra roja, como si ETA nunca hubiese existido» y «legitimar a EH Bildu como fuerza política democrática con la que se puede negociar y pactar entraña otro grave peligro, que es dificultar o incluso impedir la necesaria lucha contra la radicalización violenta ultranacionalista que se da en el País Vasco y en Navarra».

Para la presidenta de Covite, «el partido político de apoyo y colaboración que tuvo ETA, hoy reciclado bajo las siglas de EH Bildu,tiene los mismos líderes que cuando ETA mataba» y ahora «esos líderes de la izquierda abertzale hacen política sin que nadie les exija que asuman sus responsabilidades en ETA».

La que fuera secretaria de dirección de Julio Corrochano cuando éste era el jefe de Seguridad del BBVA, Elena Martín Zurdo, ha señalado este miércoles en su declaración como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa ‘Tándem’ que Cenyt trabajaba de manera ordinaria con el departamento Seguridad de la entidad.

Según fuentes presentes en la declaración consultadas por Europa Press, la secretaria ha afirmado además que Corrochano ordenaba modificar el texto de los informes que recibían de Cenyt –empresa propiedad del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo–. Esos informes reescritos eran elevados posteriormente a sus superiores en la entidad bancaria.

Durante su declaración, que fue acordada por el juez a petición de la defensa del presidente de Ausbanc Luis Pineda –quien está personado como perjudicado en esta pieza–, la secretaria ha reconocido la autoría de varios correos que se le han mostrado, y en concreto uno con fecha de septiembre de 2006 en el que bajo el asunto de ‘autorización anticipo’, Corrochano solicita 8.000 euros para «atender necesidades del servicio surgidas en el Área de Seguridad Especial».

Esas necesidades las relaciona con «el alto nivel de colaboración existente» con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, y entre paréntesis especifica con la Comandancia de Tres Cantos y con el aeropuerto –donde era comisario entonces el imputado también en Tándem Carlos Salamanca–. Según estas mismas fuentes, la secretaria también habría reconocido ante el juez que se hacían desde su departamento regalos a funcionarios de Policía que irían desde jamones a muebles de oficina.

La declaración de Martín ha tenido lugar en el marco de la pieza separada número 9 del ‘caso Villarejo’, en el que se investigan los trabajos que el comisario, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, habría realizado para la entidad.

LOS TRABAJOS DE CENYT PARA EL BANCO

Según informe de Anticorrupción de 2019, el BBVA –imputado como persona jurídica– dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.

Asimismo, destacaba el Ministerio Público en su escrito que alguno de los directivos investigados habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.

Una de los trabajos más relevantes y conocidos habría sido la denominada ‘operación Trampa’, el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.

En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano –también excomisario de la Policía–, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González. Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo; y su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.

La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha lamentado este miércoles el incendio que ha tenido lugar la pasada madrugada en Lucena del Puerto (Huelva), en el asentamiento de chabolas conocido como de Santa Catalina, donde han ardido cinco infraviviendas, sin que haya habido que lamentar daños personales.

En un comunicado, González ha recordado que los incendios «son la punta del icerberg de una situación que se ha convertido en habitual y que está siendo olvidada por las administraciones de forma sistemática», cuando la realidad es que en estas chabolas viven migrantes «en unas condiciones insalubres, infrahumanas y sin ninguna red de saneamiento básicas».

«El fuego solo pone de manifiesto las condiciones de vida extremas en las que viven estas personas, que levantan la economía onubense», ha apostillado.

Asimismo, ha recordado que «las llamas asolan periódicamente desde hace décadas estas áreas de infraviviendas» que están diseminadas por toda Huelva y que «en más de una ocasión ha habido que lamentar heridos y hasta personas fallecidas, como el joven que murió en diciembre del pasado año». Así, este verano hubo tres incendios en una sola semana, debido a las altas temperaturas propias de las fechas. Ahora, el invierno vuelve a ser una época de alto riesgo por ser necesario el calor para amortiguar las bajas temperaturas y, «sin embargo, todo sigue igual».

La diputada andaluza ha subrayado que la crisis sanitaria por el COVID 19 ha evidenciado «la absoluta dejadez de las autoridades que, a pesar de tener destinados fondos extraordinarios de la Junta para ayudar a vivir en mejores condiciones a estos trabajadores y trabajadoras, todo sigue prácticamente igual».

«Es lamentable que ante la segunda ola de coronavirus tenga que ser noticia que ha habido un incendio en un asentamiento, donde las garantías de salubridad brillan por su ausencia», ha indicado.

Por todo ello, insta a las administraciones a buscar fórmulas para garantizar condiciones de vida dignas para los miles de personas que viven en los 49 asentamientos diseminados por los términos municipales de Lucena, Lepe, Moguer y Palos de la Frontera, habitados en su mayoría por trabajadores migrantes africanos.

De todos ellos, diez están en Lepe, tres en Lucena del Puerto, tres en Moguer y uno en Palos de la Frontera, donde viven aproximadamente casi 5.000 trabajadores temporeros para dedicarse a la actividad agrícola en la provincia.