El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha explicado que los indicadores que suponen el umbral para aplicar en Asturias medidas de riesgo extremo (4+) por COVID-19, incluido el cierre perimetral, son distintos que los que llevan a levantar esas restricciones.

Así lo ha indicado el mandatario asturiano a través de la red social Twitter, después de que un usuario le interpelase directamente y le preguntase por qué razón Oviedo seguía con esas restricciones de riesgo extremo (4+) si ya estaba por debajo de los indicadores máximos de incidencia, los mismos que habían llevado al municipio a las restricciones y al cierre perimetral.

"Confundir el umbral para entrar en 4+ con el umbral de salida es un error. Si fuera el mismo umbral, en tres días empeorando datos volvería a cerrar", le ha respondido Barbón, que ha insistido en que es el equipo de vigilancia epidemiológica el que determina la salida de los concejos del nivel 4+.

Asturias ha activado en esta tercera ola de la pandemia un sistema de restricciones que funciona por municipios. Se trata de un modelo basado en indicadores de riesgo y criterios. Se establecen criterios claros para aplicar esas restricciones, que abarcan cierre de interiores, grupos limitados a cuatro personas, solo convivientes en las casas y cierre perimetral.

El Principado indica en sus resoluciones publicadas por la Consejería de Salud los indicadores concretos para que entren en ese nivel restrictivo los municipios.

En el caso de los concejos más poblados esto ocurre cuando la incidencia acumulada a 14 días es de más de 325 casos por cien mil habitantes o de 195 entre las personas de 65 años o más. Además, la trazabilidad deber ser igual o inferior al 75% y ese nivel máximo ha de registrarse durante tres días seguidos.

Esos indicadores objetivos marcan el denominado umbral de entrada. A Oviedo y a Siero les han prorrogado recientemente las medidas de riesgo extremo, lo que ha llevado a sus alcaldes, Alfredo Canteli (PP) y a Ángel García (PSOE) respectivamente, a mostrar su desacuerdo.

Los dos argumentan que ya están cumpliendo los indicadores, que la evoución es positiva y que, por tanto, se deberían levantar las restricciones.

Sin embargo, según ha explicado Barbón, el "umbral" para salir no es el mismo que el que existe para entrar. Ni desde Presidencia ni desde la Consejería de Salud han concretado aún, sin embargo, cuáles son los niveles concretos que permitirían a los municipios salir del nivel 4+.

Esquerra (ERC) y la CUP se han reunido este miércoles a las 14.00 horas para iniciar las negociaciones de cara a la formación del Govern y la investidura, y se han emplazado a una segunda reunión la semana que viene para continuar negociando.

Lo han explicado en sendos comunicados, en los que han explicado que los dos partidos han valorado los resultados de las elecciones del 14 de febrero y han coincidido en resaltar "la victoria" del independentismo de izquierdas.

Por parte de ERC han participado los miembros del equipo negociador que designaron el lunes: Marta Vilalta, Josep Maria Jové, Sergi Sabrià y Laura Vilagrà, y por parte de la CUP han asistido los diputados electos Carles Riera, Eulàlia Reguant, Pau Juvillà y Xavier Pellicer.

En el comunicado de los republicanos, han destacado que las dos formaciones han hecho un análisis de los resultados compartiendo "tanto la victoria del independentismo como el hecho de que el movimiento político crece por la izquierda".

ERC también ha sostenido que los negociadores han intercambiado puntos de vista sobre la situación económica y social, y sobre el camino que habrá que seguir hacia la independencia a partir de ahora.

Ha definido la reunión como un "primer encuentro para abrir las vías de la negociación, que ha servido para tomar la temperatura a las relaciones de los dos partidos y establecer las primeras bases de la futura negociación".

PRÓXIMAS REUNIONES

Fuentes de ERC han explicado que, tras esta primera reunión con la CUP, el siguiente paso de los republicanos será establecer los "primeros contactos" con Junts y los 'comunes', aunque todavía no están agendados estos encuentros.

El objetivo de ERC es alcanzar un acuerdo rápido para formar gobierno lo antes posible y la fórmula que pretende es una alianza con Junts, CUP y 'comunes', aunque se antoja difícil, ya que los de Laura Borràs y los de Jéssica Albiach se vetan mutuamente.

"GIRO HACIA LA IZQUIERDA"

Por su parte, la CUP ha apuntado que el encuentro ha servido para realizar un intercambio de puntos de vista sobre los resultados y los posibles escenarios a corto, medio y largo plazo, "constatando que los resultados del pasado 14F evidencian una voluntad clara de la población de un giro hacia la izquierda en las políticas en Cataluña y de un avance hacia la república catalana".

Los 'cupaires' también han explicado que tienen previsto reunirse en los próximos días con varias organizaciones, agentes cívicos y sociales, y entidades para "abordar temas de vital importancia para este nuevo ciclo", además de que esperan reunirse con los comuns y Junts próximamente.

Asimismo, la CUP pondrá a debate de sus bases la valoración de los resultados de las elecciones del 14 de febrero y "el programa social que planteará a las otras formaciones políticas".

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha mostrado su "preocupación" por la posibilidad de que la apertura generalizada de la hostelería, a la que dio lugar un auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), pueda alterar la "buena" evolución de la pandemia en las últimas jornadas y suponer un "cambio de tendencia" en el descenso de la curva de contagios.

Sagardui, en su comparecencia semanal ante el Parlamento Vasco para informar sobre la situación epidemiológica de Euskadi, ha expresado sus "dudas" respecto al impacto que puede tener en la positiva evolución de la crisis sanitaria la decisión del TSJPV de anular cautelarmente la decisión del Gobierno autonómico de prohibir la apertura de los bares y restaurantes de municipios en 'zona roja' por alta incidencia de covid-19.

La consejera, que ha subrayado que los datos de las últimas jornadas se han consolidado el "descenso" en la curva de contagios, ha alertado de la posibilidad de que la decisión del TSJPV pueda alterar esta tendencia.

Sagardui ha expresado su preocupación por los efectos epidemiológicos que puede tener la apertura de los negocios de hostelería, incluidos aquellos que se encuentran en 'zona roja' por superar su tasa de incidencia acumulada los 500 casos por 100 habitantes.

La consejera ha explicado que esta reapertura "generalizada" le genera una "preocupación añadida", puesto que los bares y restaurantes "son entornos en los que interaccionan muchas personas y en los que [esas personas] se quitan la mascarilla para la ingesta de alimentos y la consumición de bebidas".

Sagardui ha reconocido que el número de localidades ubicadas en 'zona roja' por superar su tasa de incidencia los 500 casos por 100.000 habitantes ha descendido en las últimas jornadas. No obstante, ha destacado que sigue habiendo numerosos municipios en los que el riesgo de contagio "sigue siendo muy alto".

En este contexto, ha explicado que se plantea la "duda" de si el aumento de las interacciones sociales que se está produciendo "más allá de las burbujas de convivencia habituales puede suponer una alteración de esta buena marcha o un cambio de tendencia" en la evolución epidemiológica.

"Si algo hemos aprendido de este virus es que allí donde aumentan las interacciones sociales y se rompen las burbujas habituales de convivencia, y allí donde se relajan las medidas básicas de prevención, como el uso de la mascarilla, mantener la distancia interpersonal, la limpieza de manos o la ventilación, en esas circunstancias el virus se propaga con gran facilidad", ha recordado.

Asimismo, ha aclarado que el Gobierno Vasco no está pensando en "relajar o suavizar" las medidas adoptadas para frenar los contagios, ya que Euskadi se encuentra "muy lejos del objetivo" que es tener una tasa de 60 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, por lo que es necesario "seguir cumpliendo las medidas".

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

La consejera ha informado de que la suma de dosis llegadas de Pfizer y Moderna son 132.130, de las cuales, se generó un stock inicial que se mantiene estable para garantizar las segundas dosis, eso supone unas 21.000 de dosis de Pfizer y 3.000 de Moderna. El resto, se han administrado o se están administrando esta misma semana en primera y segunda vacunación.

Además, ha recordado que este miércoles están siendo vacunados con las dosis de AstraZeneca --vacuna indicada para personas de entre 18 y 55 años porque es la franja de edad en la que mejores resultados ofrece-- el personal de la Ertzaintza. Con una plantilla de 7.350 agentes, Osakidetza facilitará 4.500 dosis de la vacuna AstraZeneca por lo que en esta primera etapa se vacunará a más del 60% del colectivo.

En este sentido, ha avanzado que la vacunación del personal de los centros de día está previsto que comience este próximo viernes y ha señalado que, en el caso de los colectivos de Policía Municipal, servicio de ayuda a domicilio, se está concretando con las instituciones competentes --diputaciones, ayuntamientos y mancomunidades-- para "iniciar seguidamente su vacunación".

La consejera ha insistido en que el Gobierno Vasco sigue los criterios de preferencia establecidos para el conjunto de las comunidades autónomas y se vacuna "en función de la disponibilidad de vacunas".

Además, ha subrayado que se mantiene un stock para "garantizar siempre" la segunda dosis ante situaciones "adversas" como la de la próxima semana, ya que "llegarán la mitad de las vacunas previstas de Moderna", un total de 810 dosis en lugar de las 1.600 inicialmente previstas.

"Si no mantuviéramos desde el inicio un stock estratégico generado durante las primeras cuatro semanas, este lunes habría personas de primera línea sanitaria --porque ellas son las destinatarias de esta vacuna-- que no tendrían su segunda dosis", ha advertido.

MAYORES DE 80 AÑOS CON PFIZER

Respecto a la vacunación, ha señalado que se está cerca de terminar las vacunaciones del ámbito sanitario y sociosanitario de primera línea, e iniciar la vacunación de personas mayores de 80 años, en función de criterios de edad, un colectivo que en Euskadi supera las más de 162.000 personas.

"La disponibilidad de vacunas adecuadas para esta población y la vacuna recomendada, Pfizer, dista mucho de ser la cantidad necesaria. No queremos generar una expectativa entre la sociedad que no se pueda cumplir en un tiempo razonable. Vamos a vacunar a este colectivo pero poco a poco, en función de la disposinibilidad de esas vacunas", ha insistido.

No obstante, ha ratificado que esta vacunación comenzará la próxima semana siguiendo el criterio de la edad, "comenzando con el colectivo de más de 100 años, luego los de 95 y así sucesivamente". "Todos recibirán información por parte de Osakidetza. Su servicio de Salud les indicará cuándo y dónde les corresponde", ha señalado.

Asimismo, ha explicado que los equipos técnicos que desarrollan los criterios y preferencias en la vacunación se han reunido para seguir definiendo nuevos colectivos destinatarios de las vacunas. Sagardui ha adelantado que para las vacunas tipo Pfizer y Moderna, se van a proponer los grupos de 70 a 80 años, de 60 a 70 años y seguidamente los menores de 60 años con condiciones de riesgo alto de padecer enfermedad covid-19.

Para las vacunas de AstraZeneca, se plantea incluir grupos profesionales sanitarios como veterinarios, ópticos y optometristas, dietistas y nutricionistas, para pasar luego a los cortes de edad que se iniciarán desde los 55 a los 45 años.

"No me gusta aventurar fechas porque cualquier planificación que realicemos está condicionada por algo que está absolutamente fuera de nuestro control: el flujo de llegada de vacunas. No es una cuestión de capacidad, sino de disponibilidad de vacunas", ha insistido.

A preguntas de los grupos parlamentarios, ha aclarado que "todo el personal de Osakidetza va a ser vacunado con Pfizer o Moderna" mientras que AstraZeneca se va a suministrar a colectivos como Bomberos u otras profesiones que no tiene "interacción" con pacientes.

"No todas las vacunas pueden utilizarse para todos los colectivos", ha subrayado antes de explicar que la asignación del tipo de vacuna a los colectivos se ha realizado con unos criterios técnicos fijados por la ficha de la vacuna y por criterios de asistencia o tareas a realizar.

A preguntas de los grupos sobre las diferencias entre los datos de mortalidad en las residencias que ofrece el Gobierno Vasco y las diputaciones, el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, ha aclarado que Osakidetza no conoce el número de fallecidos por covid sino que los "estima", con un criterio distinto al de las diputaciones. "Todos los datos publicados sobre mortalidad --a causa de la covid-- son estimaciones", ha insistido.

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha explicado este miércoles que estudiarán líneas de actuación de confluencia de cara al futuro y de reagrupación del "espacio político constitucionalista" alrededor de su partido, al lamentar que haya quedado minimizado en el Parlament tras las elecciones del 14 de febrero.

Así lo ha manifestado en una intervención telemática tras la reunión de la dirección del PP catalán, después de que en los comicios no lograran sus dos objetivos: aumentar su representación parlamentaria --ha pasado de 4 diputados a 3-- y disponer de grupo propio.

Para intentar revertir esta situación, Fernández ha anunciado que iniciarán una ronda de contactos con "todas las entidades constitucionalistas" para escuchar sus propuestas y para saber en qué han fallado a la hora de movilizar este espacio.

También ha explicado que estudiarán líneas de acción de confluencia de cara al futuro, que no ha desvelado, para reagrupar alrededor del PP este espacio político con el objetivo de convertirse "en una alternativa".

SUSTITUCIÓN DE SERRANO

En las próximas semanas, el partido reestructurará su comité ejecutivo con la sustitución del antiguo secretario general, Daniel Serrano, que renunció a todos sus cargos tras ser investigado por una presunta agresión sexual.

Además, en cooperación con la dirección estatal del PP, harán suyo el plan de implantación territorial que se quiere impulsar, y mantendrán las iniciativas parlamentarias en ámbitos como la libertad educativa, el rechazo a la ocupación ilegal, la defensa de una fiscalidad moderada y en seguridad ciudadana, orden y civismo.

Todo ello después de asegurar que las noticias relacionadas con el extesorero del PP Luís Bárcenas han condicionado la campaña de su partido así como la baja participación en los comicios, lo que ha acabado afectando "al PP y al votante constitucionalista".

"El espacio político del constitucionalismo europeísta y liberal aparece débil ante el electorado. Nuestro reto es fortalecerlo porque ha quedado perjudicado y en una posición muy reducida en el Parlament", ha lamentado.

En su opinión, dicho espacio es el "gran damnificado del proceso soberanista", y vaticina que la polarización en la sociedad catalana dificultará generar espacios de gobierno que den estabilidad, crecimiento económico y prosperidad.

CONDENA LOS ACTOS "VANDÁLICOS"

También ha aprovechado su intervención para condenar "los actos vandálicos y salvajes" acontecidos en varios puntos de Cataluña por la detención e ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel, que dejaron tres detenidos en la ciudad de Barcelona, cuatro en Vic (Barcelona), y otros ocho en Lleida.

"Esto es incompatible con las sociedades occidentales modernas. Todo nuestro apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de todas las administraciones, y exigimos que a los políticos que sean diligentes y garanticen la seguridad ciudadana", ha zanjado.

La plataforma hispalense contraria a las inmatriculaciones ha reclamado "deshacerlas" y que monumentos como la Catedral y la Giralda, declaradas Patrimonio Mundial en 1987, sean calificadas como bienes de dominio público a nombre de alguna de las administraciones públicas de manera compatible con los cultos.

Así se ha manifestado ante el informe remitido por el Gobierno central al Congreso de los Diputados sobre los 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia católica a su favor entre 1998 y 2015, la gran mayoría de ellos exclusivamente mediante una certificación eclesiástica (262 bienes en el caso de la provincia de Sevilla).

Guillermo Casellas, portavoz de la plataforma constituida en Sevilla para reclamar el listado de bienes "inmatriculados" por la Iglesia Católica a su favor pese a carecer de título de propiedad sobre los mismos, ha explicado a Europa Press que a los colectivos involucrados en esta empresa les ha costado "Dios y ayuda" convencer "al Gobierno y al Grupo socialista del Congreso" para llevarla a cabo, avisando de que la iniciativa ha quedado "en parte en agua de borrajas" al no ser cumplidos todos los compromisos "anunciados".

Es decir, que por parte del Gobierno central sigue pendiente una "actuación seria" ante la Conferencia Episcopal para solucionar la situación que revela el mencionado "listado" de bienes inscritos a su favor por la Iglesia católica merced al mecanismo habilitado aquellos años por el entonces Ejecutivo central del popular José María Aznar, según ha dicho.

Al respecto, Guillermo Casellas ha expuesto como ejemplo que la Catedral de Sevilla y su Giralda eran hasta entonces "bienes comunales", es decir "del pueblo, de nadie" en concreto y por ello "de todos", si bien tal calificación no ha de ser "confundida con la de bien de dominio público".

INMATRICULACIÓN "POR LA CARA"

Tal era la situación, según sus palabras, hasta que el Arzobispado hispalense inmatriculó tales monumentos "por la cara" a su favor mediante dicho mecanismo estatal.

"Ningún papel dice que la Catedral tenga una escritura pública" sobre su propiedad, ha enfatizado Casellas, llamando a "deshacer" las mencionadas inmatriculaciones y "aprovechar" este punto de inflexión para "evitar que esto vuelva a ocurrir". Para ello, apuesta por calificar monumentos como la Catedral y la Giralda como "bienes de dominio público" inscritos a favor de alguna de las administraciones públicas, según "el modelo francés o portugués".

Todo ello, según ha aclarado el portavoz de la plataforma, compatibilizando dicha medida con la celebración de cultos en los templos objeto de dicha revisión.

El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, exportavoz en el Parlament de Cataluña, ha afirmado este miércoles que en su partido deben analizar los errores que han cometido y que les han llevado a perder 30 escaños en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña y después tomar decisiones, pero ha defendido que en este momento no toca hablar de dimisiones y destituciones.

"Volveremos a ser una fuerza política decisiva en Cataluña. Tenemos que corregir los errores y eso hay que hacerlo con análisis, pero no como la Reina de Corazones de Alicia, 'que le corten la cabeza'", ha dicho en una entrevista en Teve.cat.

A su juicio, en política hay que actuar siempre con "sensatez" y "sin evitar los análisis, las críticas y las decisiones". "Pero hay que tomarlas cuando corresponde y creo que el momento no es ahora. Ahora es el momento de empezar a analizar", ha añadido. Considera que su partido, que "lo ha dado todo en Cataluña desde 2006", ha sufrido un "impacto emocional" por el fracaso electoral y debe "restañar las heridas" para poder seguir avanzando".

ESPERABAN OBTENER ENTRE 12 Y 14 DIPUTADOS

Cañas ha dicho que el resultado obtenido por la formación naranja en Cataluña el pasado 14 de febrero es "malísimo, sin paliativos", y ha reconocido que para él y sus compañeros fue "inesperado". "Yo el domingo estaba en shock total", ha admitido, agregando que le parece un resultado "inmerecido" porque los 36 diputados que tenía Cs en el Parlament hicieron "un grandísimo trabajo" durante la anterior legislatura.

"En 2017 paramos el golpe de Estado en Cataluña y hemos cambiado la política catalana, pero no hemos conseguido mantener el apoyo que recibimos no ya en 2017, sino el de 2015 o el de 2012", ha detallado. Tras perder unos 950.000 votos respecto a las elecciones de hace tres años, Ciudadanos se ha quedado con seis diputados en el Parlament, por debajo de los nueve que consiguió en 2012.

El eurodiputado cree que el escaso número de escaños obtenidos por su partido se explica en parte por la baja participación en los comicios del domingo, que fue del 53,42%

"Si la participación hubiera estado en torno al 60% o al 65%, probablemente hubiéramos estado en torno a los doce o catorce diputados, que era lo que nosotros, más o menos, teníamos analizado", ha explicado, señalando que en ese escenario habrían sido la cuarta fuerza más votada aun perdiendo más de 20 diputados.

Cañas piensa que, tras la caída de la intención de voto a raíz de las elecciones generales de noviembre de 2019, para Ciudadanos era "imposible" repetir el éxito logrado en 2017, cuando ganó las elecciones en Cataluña --aunque sin poder gobernar por falta de una mayoría parlamentaria-- con una participación récord del 79,09%. Según ha precisado, Cs recibió entonces 1.100.000 votos, mientras que el PSC ha vencido ahora con solo 600.000.

LA BAJA PARTICIPACIÓN "NO LO EXPLICA TODO"

Aunque sostiene que la baja participación ha influido en el mal resultado de Cs, ha admitido que eso "no lo explica todo" y que también habrá habido "errores propios". "Hay que hacer un análisis muy profundo de lo sucedido", sin buscar "excusas", para poder "recuperar la confianza de los ciudadanos" y "crecer hasta el punto de que podamos determinar mayorías de gobierno", ha afirmado.

Por otro lado, ha indicado que al ganador de los comicios, el socialista Salvador Illa, "le han hecho un campañón impresionante", con "todo el Estado y los medios de comunicación. "A un señor que viene prometiendo gestión cuando ha sido el peor gestor sanitario en el gobierno que es el peor gestor económico de Europa. Y eso ha colado", ha lamentado.

Sobre la decisión de la actual presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de no intentar ser investida como presidenta de la Generalitat tras ganar los comicios de 2017, Cañas ha contado que no lo hicieron porque sabían que Arrimadas no tendría apoyos suficientes ya que el PSC les adelantó que no votaría a favor.

"Seguramente pecamos de ingenuos no forzando esa situación. Quizás ese excesivo respeto hacia el elector y no convertir los parlamentos en cajas de resonancia de cara exclusivamente al beneficio del partido", ha manifestado.

Cañas ha indicado que en aquel momento justificó que Arrimadas no presentara su candidatura en el Parlament. "Ahora, pasados cuatro años, ¿probablemente nos equivocamos? Si, seguro", ha agregado.

DESCARTA VOLVER AHORA A LA POLÍTICA CATALANA

Por último, el exdiputado catalán ha subrayado que el portavoz y el presidente del grupo parlamentario en Cataluña "va a ser Carlos Carrizosa", que es quien concurrió como candidato a las elecciones, y ha descartado la posibilidad de que él vuelva ahora a la política catalana o nacional.

Yo me presenté a unas elecciones al Parlamento Europeo y pedí a la gente que me votase para ir a trabajar al Parlamento Europeo. Eso son cinco años y me quedan tres años y medio. Esa es mi responsabilidad", ha declarado. A continuación, ha dicho: "Si algún día el partido me quiere dar otra (responsabilidad), yo soy un hombre de partido" y "siempre hará lo que me digan".

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha presidido este miércoles el Consejo Agrario de Castilla y León en el que ha informado a sus miembros, las organizaciones profesionales agrarias, de la petición que se ha hecho al ministro de Agricultura para que frene la pretensión del del Ministerio de Transición Ecológica de incluir al lobo ibérico como especie no cinegética en todo el territorio español.

En la reunión de este miércoles han estado los representantes de Asaja, la Alianza para la Unidad del Campo UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León, así como el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha informado sobre la reunión mantenida el lunes con la ministra Teresa Ribera para reconsiderar la propuesta de ese Ministerio sobre el lobo.

Las organizaciones profesionales agrarias han manifestado la necesidad de establecer un sistema de control de esta especie en Castilla y León y las comunidades autónomas del Cantábrico, que asegure la permanencia de las explotaciones ganaderas extensivas ya que "constituyen la actividad fundamental del medio rural" en las amplias zonas donde tiene presencia el lobo.

El Consejo Agrario ha adoptado una posición común que se trasladará al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Con esta posición se reclama una respuesta al Gobierno de la nación pata qe proteja la actividad ganadera frente al lobo y en la que se rechaza que se interpongan los fondos de la Política Agrícola Común como la solución para la compensación por los daños que produce.

Por otro lado, se ha llevado al Consejo Agrario la propuesta de decreto de mercados de productos agrarios en origen y que pretende desarrollar la ley 1/2014 agraria de Castilla y León en lo que respecta a estos mercados y mesas de precios agrarios, y habilitar las condiciones y el procedimiento para llevar a cabo el reconocimiento tanto de Castilla y León como los de referencia a nivel nacional de acuerdo al Real Decreto 427/2020.

Esta actividad es importante para la Comunidad ya no solo por la información sobre los precios y las transacciones que se realizan, sino porque con la puesta en marcha de este proyecto se podrán proporcionar análisis históricos y facilitar tendencias de mercado, facilitando la transparencia.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural será la competente para el reconocimiento de estos centros, a través de su Dirección General de la Cadena Alimentaria.

Para ello será necesaria la inscripción en el Registro de Mercados de Productos Agrarios de Castilla y León y de Mesas de Precios, tener personalidad jurídica propia, disponer de las condiciones de ubicación, infraestructura, equipamiento y funcionamiento que permitan el correcto desarrollo de sus funciones, así como disponer de medios instrumentales y técnicos para la difusión de los precios por productos y cantidades comercializadas.

Respecto a las lonjas -entidades que agrupan a operadores comerciales que intercambian información sobre precios, situación y tendencias de los productos agrarios-, estarán compuestas por tantas mesas de precios como sectores en los que operen.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado este miércoles, por unanimidad, el recurso de amparo presentado por la ex consejera de Gobernación de la Generalitat de Cataluña Meritxell Borràs contra la sentencia del 'procés', el primero contra este fallo que resuelve la corte de garantías.

El TC ha rechazado las pretensiones de Borràs, que en la sentencia dictada el 14 de octubre de 2019 por el Tribunal Supremo fue condenada por un delito de desobediencia a una pena de multa de diez meses, con una cuota diaria de 200 euros.

Los magistrados han avalado la competencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) para el enjuiciamiento de este procedimiento, en atención a la condición de aforados de los encausados y a que parte de los hechos fueron cometidos en el extranjero, según ha informado el TC en un comunicado.

La sentencia, que será notificada en los próximos días, considera que dicha competencia tiene una incuestionable base legal explícita para extenderse a los responsables por conexidad.

PEDÍAN SER JUZGADOS POR EL TSJC

Uno de los argumentos clave de la impugnación de Borràs era el relativo a la competencia del Supremo para juzgar a los líderes independentistas catalanes, una cuestión siempre discutida por los ya condenados y que ha sido incluida en todos los recursos de amparo.

La ponencia sobre este asunto del magistrado Cándido Conde-Pumpido respalda la tesis del TS respecto a su competencia para conocer de la causa por rebelión, que ha sido defendida por la Sala presidida por Manuel Marchena desde el inicio del procedimiento.

El Supremo siempre ha defendido su competencia al entender que, en el caso de los delitos de rebelión y sedición --por el que fueron finalmente condenados--, la ley española prescinde del lugar de comisión de los hechos a la hora de atribuir el conocimiento de esta conductas a la jurisdicción española.

Así, al ser además un delito que afecta a todo el Estado, se otorgó la competencia al TS en vez de al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que es donde los líderes independentistas reclamaban ser juzgados.

RESPUESTA A BÉLGICA

La posición del TC sobre este asunto gana actualidad tras la decisión de la justicia belga de rechazar la entrega del ex consejero huido Lluis Puig, precisamente por acoger sus argumentos de falta de competencia del Supremo respecto a la instrucción de la causa que sigue llevando el magistrado Pablo Llarena contra él.

De hecho, las defensas de otros condenados, de los ex consejeros Jordi Turull y Josep Rull y del ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, han solicitado recientemente al TC su puesta en libertad esgrimiendo las mismas razones que dio la justicia belga para no detener y entregar a Puig.

Según sus escritos, la consecuencia directa que debería predicarse de la resolución del Tribunal de Apelación belga debería ser "la declaración de nulidad de la Sentencia de fecha 14 de octubre de 2019, dictada en vulneración de derechos fundamentales".

Se refieren al argumento empleado por los jueces belgas de considerar que no existe una base legal explícita para ampliar la competencia del TS para juzgar a los coacusados sobre la base de la estrecha conexión entre los delitos imputados, que fueron los de rebelión/sedición y la malversación de fondos públicos.

Los condenados alegan la existencia de una vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley por haber asumido el Tribunal Supremo una competencia territorial que no le correspondía para enjuiciar los hechos privándoles adicionalmente de su derecho a la doble instancia.

PRIMER RECURSO

El de Borràs es el primer recurso contra la sentencia del 'procès' que ha resuelto el Tribunal Constitucional y, en lo tocante a dicho argumento, tendrá aplicación en los presentados por el resto de condenados, cuyos recursos, incluido el del ex vicepresident Oriol Junqueras, se verán en los próximos meses.

La resolución de estos recursos estaba paralizada por la decena de recusaciones presentadas contra el magistrado del TC Antonio Narváez debido a unas declaraciones realizadas en 2017, en el marco de una conferencia titulada 'El problema catalán, perspectiva constitucional', en las que habló de lo ocurrido en términos de "golpe de Estado encubierto".

El Pleno aceptó el martes por unanimidad la decisión de Narváez de abstenerse de participar en la resolución de dichos recursos. El magistrado ha declinado igualmente las ponencias que le habrían correspondido, las relativa a los recursos de amparo de la ex consejera Dolors Bassa y de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.

Narváez, ex fiscal y miembro del sector conservador del TC, considera que con esta decisión "contribuye a explicitar la independencia e imparcialidad del Tribunal al que se honra en pertenecer", de acuerdo con otro comunicado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno español está preparando una respuesta sobre la situación en la Cañada Real Galiana que enviará a la ONU "en los próximos días", según han informado fuentes del Ministerio de Exteriores.

Así lo han indicado después de que este martes el Relator Especial de la ONU sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, Olivier De Schutter, reprochara al Gobierno de España que no se haga responsable de lo que está sucediendo en la Cañada Real, donde más de 4.000 personas, 1.800 de ellos niños y niñas, llevan casi cuatro meses sin electricidad.

"Lo verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad en medio del invierno", advirtió el Relator especial de la ONU sobre Extrema Pobreza en un tuit.

Así respondía Olivier De Schutter a la carta que había recibido del Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, Ernesto Gasco, en la que señalaba que el Ejecutivo no tiene las competencias y que deberán ser "las administraciones territoriales" las que "encuentren una solución adecuada para los niños y adolescentes que sufren los cortes de electricidad".

En la carta, el Alto Comisionado afirma que la "situación de emergencia en la Cañada Real es de extrema gravedad" y asegura que le genera "una gran inquietud" pero precisa que el Gobierno no puede solucionar el problema sino solo dar su "apoyo" a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. "De otro modo --añade-- significaría un exceso de poder inaceptable en un Estado de Derecho".

En concreto, explica que se ha reunido con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para "facilitar la consecución de un acuerdo que aporte una solución al problema", y añade que ha visitado la Cañada Real para conocer de primera mano las necesidades de sus vecinos.

Gasco precisó este martes que la misiva que envió a la ONU no era la respuesta oficial del Gobierno. Si bien, en el encabezado de la misma precisa que escribe "para informar de las acciones del Gobierno de España en relación a la situación de la Cañada Real", haciendo referencia en concreto al "comunicado" que De Schutter y otros ocho Relatores de la ONU enviaron el pasado 16 de diciembre pidiendo al Gobierno que "tome las medidas necesarias para restablecer con urgencia el suministro eléctrico a las familias afectadas".

Ahora, Exteriores ha informado que "trasladará una respuesta en los próximos días", contestación que estará fuerza de plazo, pues este venció el martes 16 de febrero, cuando se cumplían 60 días de la comunicación remitida por los Relatores a España, según precisan fuentes de la ONU.

Para el Relator especial de la ONU sobre Extrema Pobreza, Olivier De Schutter, lo que está ocurriendo en la Cañada Real es "una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales", tal y como indicó a principios de febrero.

Este martes, fuentes gubernamentales informaron que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha impulsado la creación de un grupo de trabajo con la participación de todas las administraciones competentes y entidades sociales implicadas, para dar una solución a las personas que viven en la Cañada Real.

Proyecto LIBERA ha constituido 29 alianzas estratégicas a lo largo de cuatro años con entidades de carácter científico, social, educativo o divulgativo para atajar el problema del abandono de residuos en la naturaleza --basuraleza--, desde perspectivas diferentes.

Entre la casi treintena de entidades figuran Cruz Roja, la Fundación Reina Sofía, la Dirección General de Tráfico, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Federación Española de Municipios y Provincias, la Asociación del Deporte Español, Paisaje Limpio, Vertidos Cero o SaveTheMed.

Además, en el marco de todas sus iniciativas ha establecido una red de 1.180 entidades científicas, educativas, divulgativas y de la Administración pública, que colaboran activamente contra la basuraleza.

Las alianzas establecidas abarcan a entidades que desarrollan acciones en distintos entornos naturales, como el medio marino (Cruz Roja, Oceánidas, la Federación Española de Actividades Subacuáticas, Submon, SaveTheMed, la Asociación Española de Basuras Marinas y Ecomar

A nivel más local, Mater Museo Ecoactivo, Ecopuertos y Promemar organizan, entre otras acciones, limpiezas y caracterizaciones de residuos por toda la costa vasca, granadina y canaria, respectivamente, además de sensibilizar a la población local sobre este problema ambiental.

En entornos fluviales las alianzas se han sellado con la Asociación Hombre y Territorio (HyT), con la que ha presentado en 2020 un protocolo pionero de muestreo, detección, análisis e interpretación de microplásticos en ríos y otros ecosistemas acuáticos continentales que permite proponer soluciones basadas en la ciencia y en los datos obtenidos a través de ciencia ciudadana.

Además, cuenta con la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), con las Confederaciones Hidrográficas de los ríos Segura, Tajo y Ebro, para analizar la contaminación en cuencas fluviales.

En entornos terrestre, LIBERA colabora con la Fundación Oso Pardo y con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el que colabora en el proyecto Ciencia LIBERA sobre el impacto de contaminantes en 140 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad.

En la línea de evitar la naturaleza en entornos relacionados con las actividades deportivas, LIBERA trabaja con la Asociación del Deporte español (ADESP), para que actúen como ecovoluntarios en el público de eventos deportivos. Otra de las alianzas es la alcanzada con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Por otro lado, la Dirección General de Tráfico se ha sumado también a LIBERA para recordar la importancia de no abandonar residuos en las carreteras ni cunetas y con la Fundación Caja de Burgos, con la que organiza acciones educativas y de sensibilización en centros de interpretación.

Por su parte, la Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos (FEAPDT), colabora con la difusión de una Guía de Buenas Prácticas en los 170 puertos deportivos de toda España.

LIBERA estableció una alianza también con la Fundación Reina Sofía, que fue una de las primeras organizaciones en alertar sobre el problema de la proliferación de las mascarillas en la naturaleza.

Finalmente, para plasmar la acción de retirar basuraleza, las asociaciones Vertidos Cero y Paisaje Limpio han desarrollado las aplicaciones móvil 'eLitter' y MARNOBA.

"Gracias a sus conocimientos específicos, su anclaje local y su poder de movilización, conseguimos intervenir en muchos entornos y con diferentes acciones contra la basuraleza. Formamos ya una gran red de colaboración con un objetivo común: acabar con este problema", ha destacado la coordinadora de LIBERA en Ecoembes, Sara Güemes.

"Cuantos más enfoques y líneas de trabajo se unan para conseguir un objetivo común, más rápido y más efectiva será la respuesta y la solución. La basuraleza necesita de todos los agentes implicados en su generación y retirada del medio. El camino de la colaboración es fundamental", ha añadido el coordinador de LIBERA en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz.

El Grupo de la Ley Integral del Amianto ha instado nuevamente a la Ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, a abordar el "desastre" medioambiental y sanitario, "que suponen la contaminación por amianto para la población español, que costará miles de vidas".

El coordinador de residuos de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, ha manifestado que "las imágenes por todo el país de los vertidos incontrolados de amianto, supone una situación inadmisible". Está situación, añade, "sumada ya a la falta de un plan organizado para el desmantelamiento de fábricas de fibrocemento, ha ocasionado el mayor vertido de amianto de toda Europa con 90.000 toneladas de Fibrocemento en Santa María de Benquerencia en Toledo, entre otros desastres medioambientales por amianto, como Altza".

Asimismo, afirma que los vertidos de amianto se multiplican en las periferias de zonas urbanas como el Barrio de Bellavista en Sevilla, Redondela en Pontevedra, o Móstoles, Pinto, Getafe en Madrid, además de espacios naturales envenenados de amianto como la Sierra de Collserola (Barcelona) con más de 100 vertidos ilegales identificados, o el Parque Regional del curso medio del Río Guadarrama (Madrid), o en tantas zonas rurales de municipios, como Badajoz, Guadalajara, entre otros.

"La contaminación medioambiental por amianto en España, denota una falta de política del Gobierno de España, que debe realizar una coordinación como realiza en otras áreas de actuación medioambiental, con las comunidades autónomas", añaden, al tiempo que recuerdan que en países como Holanda, se obliga a realizar controles de calidad para garantizar que los áridos reciclados no estén contaminados de amianto.

Respecto a la parte sanitaria, el neumólogo Josep Tarrés, ha indicado que "hay que actuar ya". "El censo y la erradicación programada del amianto requiere una acción del Estado Español, para reducir el número de miles de víctimas que causará la exposición al amianto medioambiental y laboral. No tendrá justificación que dentro de 50 años sigan muriendo de cáncer de pulmón o mesotelioma, adultos que hoy son niños, por exposiciones al amianto que pudieron haberse evitado", ha añadido.

Todos los expertos coinciden en que la contaminación por amianto es un grave problema de salud pública, que debe empezar a tener solución, una cuestión de prioridad en la agenda política y presupuestaria. Al respecto, la doctora Carmen Fernández de la Organización Médica Colegial, ha advertido que, para actuar contra la pandemia del amianto, al igual que en la pandemia de la Covid, se debe actuar sobre la causa que genera la enfermedad, y en el caso del amianto, "es evitar exposiciones que son evitables, por lo cual debe existir una política de erradicación de este material, como insta el Parlamento Europeo antes de 2032".

Asimismo, ha recordado que no existe nivel de exposición segura al amianto, por lo que cualquier exposición, por mínima que sea, puede desencadenar en cáncer de pulmón o mesotelioma (cáncer de pleura), después de un largo período de latencia, por lo que es fundamental actuar ya, para evitar prolongar la pandemia del amianto a nuestras hijas e hijos.

PIDEN SU CONSIDERACIÓN EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE RESIDUOS

Arribas ha destacado que resulta inaceptable que el censo y la erradicación del amianto no se considere en el Anteproyecto de Ley de Residuos, mientras que se consideran otros residuos de construcción, lo cual denota una falta de actuación política injustificada del Gobierno de España.

En la misma línea, continúa explicando, el Ministerio de Transición Ecológica no ha recogido en ninguna de sus partidas del Plan de Recuperación, proyectos de inversión para censar y erradicar el amianto de entornos naturales y urbanos, ni tampoco en sus proyectos de mejora eficiencia energética de los edificios, o en inversiones en plantas de destrucción de las fibras de amianto.

"Mientras dedica cientos de millones a la gestión de Biorresiduos, entre otros proyectos", lo cual desde el Grupo de la Ley Integral del Amianto opinan, "supone un auténtica falta de consideración de la gravedad del problema sanitario y medioambiental en la gestión de residuos que supone el amianto".

"Consideramos que es imprescindible abordar la inversión en instalaciones para la destrucción o inertización del amianto, en un contexto en el que la Unión Europea insta a utilizar las últimas tecnologías disponibles, según las resoluciones y dictámenes del Parlamento y Comisión Europea, y cuando además ya existen experiencias importantes en este tipo de tratamientos en otros países como Francia. Actuaciones, que están dentro del Eje 8 del Pacto Verde Europeo, para que los ciudadanos vivan en entornos sin sustancias tóxicas, como es el amianto", concluye Arribas.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicará este jueves su barómetro correspondiente al mes de febrero, cuyo trabajo de campo se realizó en plena campaña de las elecciones catalanas y coincidiendo con los enfrentamientos que ha generado entre los dos partidos que integran el Gobierno la llamada 'Ley Trans' y las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias cuestionando la calidad de la democracia española.

Tras los cruces de declaraciones a partir del 2 de febrero cuando el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero hizo público el citado borrador, el día 9, llegó la polémica desatada a raíz de las palabras de Iglesias poniendo en cuestión que España sea una democracia plena por la existencia de "presos políticos" y exiliados, en referencia a los independentistas catalanes implicados en el 'procés'.

Además, en aquellos el PSOE y Unidas Podemos también chocaron por sus respectivas propuestas para reforma los delitos de opinión en el Código Penal al albur de las condenas impuestas al rapero Pablo Hasel, que entró en prisión este martes. Unidas Podemos iba a presentar una proposición de ley el día 9, pero Moncloa y Justicia se adelantaron la noche anterior con sendos comunicados anunciando una reforma en el mismo sentido.

Y todo esto con el telón de fondo de las elecciones catalanas y el anuncio, el 11 de febrero, del compromiso de los independentistas de que no pactarían con el PSC de Salvador Illa que, al final, se alzó con la victoria en las elecciones del 14 de febrero.

EL PP CRECIÓ EN ENERO

En el barómetro de enero el CIS mantenía al PSOE en cabeza con un respaldo del 30,7%, superando su dato del mes anterior, pero el PP crecía en una proporción similar y la suma de 'populares', Vox y Ciudadanos seguía por encima de las dos formaciones del Gobierno de coalición.

Los socialistas, con ese respaldo del 30,7%, subían 1,2 puntos respecto del dato de diciembre, que fue su peor marca en el CIS desde las elecciones generales 2019, cuando ganaron con un 28% de los votos. Su ventaja sobre el PP se situaba en los 10,7 puntos, similar a la del mes anterior y por encima de los resultados de los últimos comicios.

Y es que el PP también mejoraba en 1,3 puntos su registro con relación a diciembre, marcando una estimación de voto del 20,5%, un porcentaje similar al que logró en las elecciones generales de noviembre de 2019.

Por contra, tanto Unidas Podemos como Vox y Ciudadanos empeoraron sus resultados en el sondeo de enero. En concreto, el grupo confederal marcaba un apoyo del 10,7%, su peor dato desde las elecciones generales de noviembre de 2019, cuando se quedó en el 12,85% y 35 diputados.

En cuanto a Vox, el CIS le otorgaba en enero una estimación de voto del 13%, un punto por debajo del dato de diciembre y dos menos que en las generales de 2019, cuando logró 52 diputados. Ciudadanos también perdía 1,2 puntos en un mes y marcaba un 9,3%, todavía casi tres puntos por encima de su resultado electoral del 10N, cuando el partido quedó relegado a solo diez escaños.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado este miércoles en rueda de prensa que los gobiernos europeos se comprometieron a coordinar sus medidas de control de la pandemia, lo que pasa por evitar toda medida unilateral de cierre de fronteras, mientras que al menos nueve de ellos mantienen controles fronterizos que se alejan de ese planteamiento.

"Quiero enfatizar de nuevo que en el proceso de aprendizaje el virus nos enseñó que cerrar las fronteras no va a frenarle pero causa perturbaciones y va en nuestro interés adherirse a lo que hemos acordado juntos", ha avisado Von der Leyen en una rueda de prensa en Bruselas.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha insistido así en que las recomendaciones para coordinar las restricciones en frontera y evitar acciones unilaterales fueron "adoptadas por los propios Estados miembro" tras presentárselas Bruselas, por lo que ha llamado a los gobiernos a seguir las pautas consensuadas.

Al inicio de la pandemia hace casi un año, un total de 17 Estados miembro impusieron el cierre de sus fronteras interiores a pesar de las llamadas de la Comisión a mantener la libre circulación dentro del espacio Schengen, porque considera que las prohibiciones generalizadas de movimiento no impiden la propagación del virus.

La insistencia de Bruselas para la coordinación llevó a reducir a cuatro los países que mantenían restricciones severas en los momentos más bajos de contagio, pero a día de hoy, según ha indicado la Comisión Europea hay de nuevo al menos nueve países socio que han reintroducido controles que complican la libertad de movimiento de los europeos.

La Comisión ha elevado el tono de su preocupación en las últimas semanas tras las primeras medidas unilaterales de Bélgica, que cerró su frontera a los viajes no esenciales y limitó mucho los aceptados como esenciales, y de Alemania, que ha endurecido las condiciones de entrada desde Austria, República Checa y Eslovaquia por el avance de la variante británica en estos países.

En ambos casos, el Ejecutivo comunitario ha pedido aclaraciones a las autoridades para aclarar la proporcionalidad de las medidas. De hecho, los comisarios de Justicia, Didier Reynders, e Interior, Ylva Johanson, han escrito a todos los gobiernos europeos para trasladarles la preocupación de Bruselas por la vuelta a la unilateralidad en la gestión de la crisis y será un asunto que discutirán a nivel de ministros los 27 en el Consejo de Asuntos Generales del martes para preparar la cumbre de líderes de la UE del jueves.

Von der Leyen ha dicho ser consciente de la necesidad de "equilibrar dos asuntos importantes" como la protección de los ciudadanos y la libertad de movimiento, pero ha subrayado que en esta fase de la pandemia la clave ha de ser buscar la coordinación entre regiones con una misma situación epidemiológica más que mantener un enfoque de país a país.

Así las cosas, la política alemana ha incidido en la importancia de que se informe con antelación a las regiones de eventuales medidas específicas que pudieran afectarles y de concienciar a la población para "desaconsejar fuertemente" los desplazamientos, sobre todo desde zonas de alto riesgo (en rojo o rojo oscuro en los mapas de la Agencia Europea de Prevención y Control de Enfermedades).

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha firmado este miércoles con Plena Inclusión Aragón un convenio que facilitara la lectura de sentencias judiciales a personas con dificultades cognitivas, pero también a otros colectivos como el de la tercera edad o quienes tienen problemas con el idioma.

Las acciones previstas a través de este convenio apuntan en concreto a la adaptación a la lectura fácil como herramienta de comprensión lectora para personas con discapacidad y capacidad lectora, con dificultades cognitivas para comprender, de la documentación e información referente al proceso de modificación de la capacidad de obrar.

En esta materia, el Gobierno de Aragón participará en la difusión de los documentos e información que se elaboren por Plena Inclusión Aragón en colaboración con los jueces y magistrados que designe el tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El Ejecutivo autonómico elaborará asimismo un documento informativo en lectura fácil sobre los derechos y recursos de personas y víctimas de delitos, inmersas en procesos judiciales, sobre la base del Estatuto de la Víctima de Aragón.

Mayte Pérez ha destacado la firma de un acto que aspira a "facilitar el acceso intelectual cognitivo a todo lo que deriva de la Administración General de Justicia".

VOCABULARIO COMPLEJO

Se trata, ha afirmado, de un convenio que "supone el inicio de una larga trayectoria" colaboración con Plena Inclusión Aragón. "Vamos a colaborar para hacer comprensibles los documentos en personas con algún tipo de discapacidad intelectual, pero también aquellos que por razones de edad o de idioma tienen un difícil camino a la hora de entender el complejo vocabulario que tiene la Administración de Justicia", ha añadido.

Al acto han asistido además la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, y el presidente de Plena Inclusión Aragón, Santiago Villanueva.

La modificación judicial de la capacidad de obrar es el procedimiento por el cual se limita la propia capacidad de obrar de un mayor de edad o un menor y, por tanto, sus posibilidades de actuación en el tráfico jurídico.

Por su parte, Plena Inclusión Aragón es una asociación aragonesa que agrupa a 41 entidades que trabajan en favor de más de 4.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en nuestra comunidad autónoma. Es una institución sin ánimo de lucro nacida en 1990 y declarada que utilidad pública.

ARAGÓN, PIONERA

El 10 de abril de 2019 el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón, que en el punto 2 de su artículo 75, dedicado al fomento de la accesibilidad detallaba que "la publicación de esta Ley se llevará a cabo también en documento de Lectura Fácil".

El mismo día se publica la Orden del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, de 9 de abril de 2019, que dio a conocer el documento de Lectura Fácil de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón.

De esta forma, la Comunidad Autónoma de Aragón tiene el mérito de ser pionera en España en acoger una ley adaptada a las condiciones de lectura fácil, lo que implica un proceso de adaptación cognitiva para que las personas con discapacidad intelectual, pero también otros colectivos como la tercera edad, o aquellas personas que desconocen el idioma del país de acogida, puedan entenderla fácilmente.

Hay muchas leyes adaptadas a Lectura Fácil, pero esta es la única que se ha publicado en un medio de comunicación oficial de la Administración como es el Boletín Oficial de Aragón.

Avanzar en la Lectura Fácil supone velar por los derechos de las personas con discapacidad en Aragón, las mejoras que hay que hacer en el entorno, la necesidad de trabajar por la igualdad de oportunidades y el desarrollo de políticas de inclusión social efectivas en el ámbito de la educación, empleo o la salud entre otros ámbitos.

LECTURA FÁCIL

La Lectura Fácil es una forma de hacer más accesible cualquier texto escrito, ya sea en formato digital o analógico, mediante el uso de un lenguaje claro, directo y sencillo. Esta accesibilidad cognitiva se puede conseguir también con apoyos visuales o auditivos --imágenes, dibujos, pictogramas, audios o vídeos--.

El propósito de la lectura fácil va más allá de facilitar el conocimiento del entorno y permite también el aprendizaje, el desarrollo del sentido crítico, el fomento de la creatividad y la imaginación, posibilidades que favorecen la autonomía y la participación ciudadana. Es una forma de respetar la diversidad y de favorecer la igualdad y la inclusión social, ha precisado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Adaptar un texto legislativo a lectura fácil resulta complejo porque hay que expresar lo que la ley dice con unas palabras más sencillas de entender y poniendo ejemplos, ya que hay muchos términos complicados y técnicos.

Cuatro entidades universitarias de América Latina se han sumado al Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, la asociación de instituciones de educación superior americanas y andaluzas presidida por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y que cuenta en la actualidad con 80 universidades de 17 países, entre las cuales se encuentran 11 universidades andaluzas.

Según han informado desde la UNIA en una nota de prensa, dos de las nuevas incorporaciones, el Instituto Tecnológico Metropolitano y el Instituto Universitario Pascual Bravo, están ubicadas en Medellín, Colombia, país que ya cuenta con nueve entidades inscritas en el Grupo La Rábida. También se suma la Universidad Nacional de Chilecito, en Argentina, y la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Ambos países cuentan con diez y seis integrantes en la asociación universitaria, respectivamente.

La ampliación de la membresía del Grupo La Rábida se aprobó por unanimidad durante la celebración del la XXII Asamblea General de la asociación. Una cita organizada por primera vez de forma virtual por el contexto sanitario de la Covid-19 y donde también se ratificó el plan de actividades para 2021, que incluye un presupuesto de 200.000 euros para diversas ayudas, como matriculaciones, traslados o apoyo a doctorandos, y para promover la investigación cooperativa.

A este respecto, el rector de la UNIA y presidente del Grupo La Rábida, José Ignacio García, ha dado la bienvenida a las nuevas incorporaciones y ha destacado que "es fundamental para todos los que formamos parte de este grupo de trabajo profundizar en esta nueva hoja de ruta", ya que está convencido de que permitirá "fortalecer las bases de la cooperación académica, científico-tecnológica y cultural entre las universidades de nuestro ámbito territorial así como con otros agentes implicados en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento".

ORIGEN DEL GRUPO LA RÁBIDA

El Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida nace con el Convenio de Cooperación que en 1995 firman varias universidades en la Sede Iberoamericana de Santa María de la Rábida de la UNIA y se constituye de manera efectiva en abril de 1997 en Catamarca (Argentina) bajo la denominación de Grupo La Rábida. En 2005 se refunda y cambia su denominación por Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, una vez inscrito y registrado en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior de España.

Su finalidad es la cooperación académica, científica, tecnológica y cultural, con el fin de estrechar los lazos universitarios y la integración de los pueblos iberoamericanos.

La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, ha pedido, durante su participación en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, un "alto al fuego" mundial mientras dure el proceso de vacunación contra el coronavirus.

"La única forma de salir de esta pandemia para cualquiera de nosotros es garantizar que las vacunas estén disponibles para todos. En este esfuerzo histórico, debemos incluir a los millones de personas que viven o huyen del conflicto y la inestabilidad", ha dicho.

A su juicio, el acceso equitativo a las vacunas para todas las personas, incluidas las que viven en situaciones de conflicto, es fundamental. "No solo como una cuestión de justicia, sino como el único camino para poner fin a esta pandemia para todos. Y para sembrar las semillas del cuidado, la esperanza e incluso la paz en países que han visto muy poco", ha apostillado.

Y es que, tal y como ha detallado, el Covid-19 ha alterado fundamentalmente nuestras respuestas, agregando una nueva capa de complejidad en algunos de los entornos operativos más difíciles y peligrosos del mundo.

Además, Fore ha avisado de que la entrega de vacunas también se está viendo obstaculizada por una "brecha" de financiación y por la falta de transporte, cadenas de frío e infraestructura logística para apoyar el lanzamiento.

"Necesitamos llegar a las mismas poblaciones que habitualmente se no cuentan con servicios básicos de salud con una vacuna que no solo salvará potencialmente sus vidas, sino que ayudará a abordar una pandemia mundial", ha aseverado.

Dicho esto, y tras hacer un repaso por las principales medidas que UNICEF está llevando a cabo para facilitar las vacunas contra el Covid-19, Fore ha explicado que también están trabajando con la iniciativa COVAX "para adquirir y entregar las vacunas COVID en estrecha colaboración con los fabricantes de vacunas y los proveedores de transporte, logística y almacenamiento.

El objetivo, prosigue, es adquirir 2.000 millones de dosis de las vacunas COVID-19 para fines de este año. Esto se suma a las 2.000 millones de dosis de otras vacunas que normalmente compran cada año en nombre de 100 países.

"Y nos hemos unido a un esfuerzo global para asegurar las vacunas bajo un colchón humanitario que se puede utilizar como medida de último recurso. COVAX ha reservado el cinco por ciento de sus dosis como reserva de reserva para poblaciones en riesgo como los refugiados, internamente desplazados y migrantes. En resumen, una red de seguridad para quienes no están cubiertos por los programas nacionales de inmunización", ha detallado.

Finalmente, ha solicitado a los países contar con planes nacionales de vacunación frente al Covid-19, así como llevar a cabo campañas de inmunización de otras enfermedades como, por ejemplo, el sarampión, la difteria o la poliomielitis. "No podemos permitir que la lucha contra una enfermedad mortal nos haga perder terreno en la lucha contra otras", ha zanjado.

El modelo integral de atención a los menores inmigrantes no acompañados y jóvenes extutelados implantado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en 2019 ha logrado reducir el abandono voluntario de estos recursos de un 70 a un 18,81 por ciento de media en Andalucía.

Este programa pionero de atención, acogida e inserción social y laboral por parte del Gobierno andaluz, basado en "identificar y atender las necesidades de menores y jóvenes, sustituye al dispositivo de emergencia desde el que se les atendía en anteriores legislaturas", según ha informado la Junta en una nota.

También incluye asesoramiento y acompañamiento hasta los 25 años a fin de ayudarles a conseguir una vida autónoma plena, para lo que se ha triplicado el número de plazas existentes para mayoría de edad, pasando de 215 a 668.

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha subrayado el trabajo de la Junta con los menores y jóvenes migrantes que llegan a Andalucía con un nuevo modelo de atención centrado en la persona, basado en la especialización de los recursos en función de los proyectos migratorios de esos menores, lo que implica una mejora en la calidad y la eficacia de estas asistencias. "Lo digo alto y claro: ningún chico o chica que cumpla la mayoría de edad se va a quedar en la calle en Andalucía", ha resaltado.

Durante 2020, llegaron a Andalucía 954 menores migrantes no acompañados, frente a los 3.300 registrados el año anterior. El sistema de protección de la infancia contaba en sus instalaciones con 1.274 menores, dado que que el grueso de las llegadas producidas en 2018 se ha mantenido en los centros durante 2019 y 2020. En el caso de Granada, donde se ha presentado el estudio 'Una mirada a la inmigración en Andalucía', los nuevos ingresos fueron 144, y la provincia acogía a finales de año a 290 de esos chicos.

"Los niños y niñas del sistema de protección han dado la talla y demostrado un comportamiento ejemplar durante la pandemia, han cumplido las normas, no se han generado situaciones tensas e incluso se han involucrado ayudando a la comunidad, ya sea fabricando mascarillas, mandando mensajes en redes sociales para mitigar la sensación de soledad de sus convecinos", ha señalado Ruiz.

La consejera ha subrayado "el giro" dado a los programas destinados en la mayoría de edad, con una ampliación tanto de recursos como enfoques, y que se han homogeneizado mediante un protocolo de actuación aprobado hace una semana por el Consejo de Gobierno que permitirá garantizar el adecuado uso de los recursos con independencia de la fuente de financiación y su mejor aprovechamiento.

El nuevo modelo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la atención a menores extranjeros no acompañados se basa en una exhaustiva evaluación de la gestión desarrollada, de los flujos migratorios y de los perfiles de los menores.

Se articula en torno a tres programas de atención: en primer lugar, recepción, para verificar la condición de menor de edad y realizar la reunificación familiar en nuestro país en caso de que sea posible; estudio y diagnóstico, que evalúa su situación y proyecto de migración para su derivación hacia otros recursos especializados; y, finalmente, el programa de inserción social y laboral que, además de atender sus necesidades básicas, desarrolla actuaciones de capacitación.

En este sentido, Ruiz ha detallado que el programa, con carácter voluntario, acompaña a estos jóvenes hasta los 25 años y engloba recursos residenciales, formativos, de acompañamiento y de prácticas en empresas mediante un itinerario individualizado que es clave para su integración personal, social y laboral.

"A finales de 2020 habíamos triplicado la capacidad de los recursos que encontramos para mayoría de edad, y contábamos ya con 668 plazas y un programa de adquisición de competencias sociolaborales que, solo en 2019, gestionó 2.267 itinerarios de inserción sociolaboral y logró que uno de cada tres jóvenes obtuviese un contrato de trabajo", ha dicho. El compromiso es superar las 800 plazas a lo largo de este año.

Ruiz ha dado a conocer estos datos durante la presentación del informe 'Una mirada a la inmigración en Andalucía', elaborado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en colaboración con la Junta de Andalucía. El estudio subraya que las relaciones sociales entre la población extranjera y la comunidad andaluza muestran unas expectativas de convivencia bastante halagüeñas, ya que tres de cada cuatro migrantes encuestados consideran positivo (71 por ciento) o muy positivo (seis por ciento) el trato de los andaluces.

"La presencia de la OIM hoy aquí evidencia que nuestra visión de la migración y el compromiso que adquirimos cuando llegamos a esta Consejería es el de abordar este asunto desde una perspectiva global, porque no es una cuestión solo de Andalucía", ha resaltado la consejera.

El estudio forma parte del proyecto 'Marca la diferencia hacia una mirada positiva sobre la inmigración en Andalucía', implementada con apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo con el objetivo de acortar la distancia percibida entre ambos grupos de vecinos y promover una visión mas equilibrada y realista sobre la migración en Andalucía.

El sondeo, realizado durante el verano de 2020 entre 800 personas de las ocho provincias andaluzas, constata que no se observa una percepción generalizada de discriminación o trato diferencial a la hora de acceder a un puesto de trabajo, y que una gran parte de los encuestados mantiene relaciones de amistad con muchos andaluces.

No obstante, sí apunta a un incremento de los discursos de odio durante la pandemia y la crisis económica provocada por el coronavirus, apreciados por casi uno de cada cuatro inmigrantes consultados. Además, un nueve por ciento de los encuestados refiere haber sido víctima de trato diferencial en su vida cotidiana, manifestado mediante trato irrespetuoso, recelo o rechazo por parte de los locales o actitudes prejuiciosas en la calle, el transporte público, restaurantes, tiendas o supermercados, como si por ser migrante supusiera un peligro o tuviera un pobre bagaje educativo. Un siete por ciento manifestó haber sido víctima de un ataque verbal, y solo un uno por ciento refirió haber sufrido una agresión física.

En Navarra se detectaron este martes 60 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 2.589 pruebas (1.742 pruebas PCR y 847 test de antígenos). La tasa de positividad se situó en un 2,3%.

Ayer, 136 pacientes permanecían ingresados por esta enfermedad en los centros de la red hospitalaria de la Comunidad foral. Así, se produjeron seis nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, ninguno de ellos en la UCI. Asimismo, en la jornada de ayer se registró un fallecimiento, un hombre de 77 años, y se notificó otro deceso de días previos, una mujer de 77 años. El número total de muertes confirmadas por esta causa en Navarra asciende a 1.087.

Por zonas, en Pamplona y su comarca se registraron el 65% de los casos positivos, en el área de Estella, el 8% y en la de Tudela, el 3%. Los demás positivos (24%) se reparten por otras zonas de Navarra.

Respecto a los profesionales sanitarios del sistema público de salud afectados por COVID-19, según informa el Servicio Navarro de Salud, en la actualidad hay 20 positivos activos y en la última semana se han producido 12 nuevos contagios. La plantilla está compuesta por casi 13.000 profesionales.

En cuanto a la distribución por franjas de edad de los nuevos casos registrados, el grupo mayoritario es el de menores de 15 años, con el 25%; seguido por el de 45 a 59 años, con un 23%. A continuación se sitúa el grupo de 15 a 29 años, con un 20%; y el de 30 a 44 años, con el 18%. Finalmente, se encuentran los grupos de 60 a 75 años y de los mayores 75 años, ambos con el 7% de los nuevos contagios. La edad media de los nuevos positivos se sitúa en los 40,8 años. Con respecto al género, el 53% de los casos son mujeres y el 47%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud, tras el balance de ingresos y altas, 136 personas permanecen ingresadas con y por COVID-19 (seis menos que ayer), 24 de las cuales se encuentran en puestos UCI (mismo número que ayer) y otras 18 en hospitalización domiciliaria (una más que ayer). Los demás, 94 pacientes, están en planta (siete menos que ayer). Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios COVID-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus se sitúa en Navarra en 50.520.

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

En el último Informe Epidemiológico del ISPLN, correspondiente a la semana del 8 al 14 de febrero, se han confirmado 632 casos por PCR o por antígeno (96 por 100.000 habitantes), lo que supone un descenso del 47% respecto a la semana anterior, en la que se registraron 1.200 casos por PCR o por antígeno (182 por 100.000 habitantes). El 74% de estos nuevos casos eran sintomáticos y el 72% habían sido contactos de otros casos confirmados.

La transmisión ha descendido en todos los ámbitos. El ámbito del domicilio sigue siendo el más frecuente (49%), seguido por el de los casos que desconocen el origen de la infección (27%) y el ámbito social, que incluye reuniones de familiares no convivientes (15%). La transmisión en el ámbito laboral supone el 5,7%; la escolar, el 2,4%; y la transmisión en centros sociosanitarios, el 1% de todos los casos.

Descienden los casos en todos los grupos de edad, con un descenso mayor en el segmento de los mayores de 75 años (un 60%), aunque el descenso en todos los grupos de edad supera el 40%. Las diferencias entre grupos de edad se han reducido, con tasas de incidencia acumulada de la semana que oscilan entre 131 por 100.000, en el grupo de 15 a 34 años, y 72 por 100.000 en el grupo de 55 a 74 años. Los menores de 5 años presentaron 96 casos por 100.000.

Desciende la incidencia en las tres áreas de salud: Pamplona (110 por 100.000), Tudela (42 por 100.000) y Estella (40 por 100.000).

DESCIENDEN DE 70 A 61 LOS INGRESOS HOSPITALARIOS

Entre el 8 y el 14 de febrero se produjeron 61 ingresos hospitalarios por COVID-19, continuando el descenso respecto a los 70 de la semana anterior. Los ingresos en la UCI atribuibles a COVID-19 también han descendido, de 5 a 4 casos, y las defunciones por COVID-19 de 22 a 17.

Entre los casos confirmados desde el 28 de septiembre, el 6,5% requirió ingreso hospitalario, 7,1 por mil ingresó en UCI y 14,2 por mil falleció a causa del COVID-19. El riesgo de hospitalización entre los casos confirmados de COVID-19 desde el 28 de septiembre es apreciable (1,8%) en menores de 5 años, desciende en niños y niñas de 5 a 14 años, y aumenta progresivamente en los siguientes grupos de edad. A partir de 65 años la proporción de ingresadas alcanzó el 18,6% y a partir de los 85 años fue del 31,7%. Los ingresos en la UCI se han producido a partir del grupo de 25 años y alcanzan el 3,8% en el grupo de 65 a 74 años. Los fallecimientos se produjeron en los grupos de 35 años en adelante y entre los casos de mayores de 85 años falleció el 22,8%.

El informe concluye que continúa el descenso de la transmisión, de los ingresos hospitalarios y de las defunciones por SARS-CoV-2. Las medidas preventivas siguen reduciendo la transmisión del virus, a pesar de las condiciones desfavorables del invierno, si bien advierte de que todavía pueden producirse nuevas ondas epidémicas, ha indicado.

El ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haber participado en el asesinato del entonces directivo de Michelin Luis María Hergueta el 25 de junio de 1980 en Vitoria y en la financiación de la organización terrorista a través de las 'herriko tabernas'.

Así lo ha dicho este miércoles ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, quien le ha citado, por videoconferencia, para comunicarle su procesamiento por estas dos causas.

Según han informado fuentes jurídicas, durante esta comparecencia, que ha sido breve, 'Josu Ternera' ha indicado al magistrado instructor que no estaba de acuerdo con los hechos por los que ha sido procesado.

Esta citación ha tenido lugar después de que el pasado 6 de enero la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París fallara a favor de la solicitud de extradición cursada por las autoridades españolas contra 'Josu Ternera' por el asesinato del directivo de Michelin, una decisión que aún no es firme.

La decisión sobre la entrega a España que sí es definitiva es la adoptada el pasado 4 de noviembre por la Corte de Casación de París para que Urrutikoetxea pueda responder ante la Audiencia Nacional por el caso de las 'herriko tabernas' correspondiente a hechos cometidos en el año 2000 en Bilbao.

'Josu Ternera', de 70 años, fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad. En junio de ese año, el Tribunal de Apelaciones le puso en libertad provisional por motivos de salud, pero cuando abandonaba la prisión de La Santé fue retenido después de que las autoridades francesas se cercioraran de que la Audiencia Nacional le reclama por varias causas.

CAUSAS PENDIENTES EN ESPAÑA Y EN FRANCIA

El antiguo dirigente etarra tiene varios asuntos judiciales pendientes tanto en España como en Francia. La Audiencia Nacional le requiere también por el atentado perpetrado en la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que provocó 11 muertos, y sobre el que la justicia francesa también ha accedido a entregarlo.

En cambio, el pasado mes de julio el Tribunal de Apelaciones se negó a enviarlo también por una causa sobre delitos de lesa humanidad en la que hay procesados otros ex dirigentes de ETA.

En cualquier caso, antes de que se formalice su extradición 'Josu Ternera' debe comparecer en un juicio previsto para el 22 y el 23 de febrero ante el Tribunal de Apelaciones de París por hechos ocurridos entre 2002 y 2003 y que constituirían un delito de 'asociación de malhechores terroristas'. Este juicio debía haberse celebrado entre el 19 y el 20 de octubre de 2020, pero se pospuso a petición de la defensa para que pudiera citar testigos.

REPETICIÓN DE JUICIO

Por estos hechos, el exjefe de la banda terrorista fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión, que se convirtieron en siete años en apelación. Sin embargo, como fue sentenciado 'in absentia', solicitó que se le juzgara de nuevo en persona y por eso se repetirá el juicio.

Además, el Tribunal Correccional de París devolvió a la fase de instrucción la segunda causa que 'Josu Ternera' tiene pendiente en Francia, por su papel al frente del aparato político de ETA entre 2010 y 2013.

El juicio estaba fijado también para el pasado 21 y el 22 de octubre, pero la Fiscalía pidió retrotraer las actuaciones para corregir defectos de forma. El nuevo señalamiento es el 15 y el 16 de 2021, aunque la celebración de este nuevo juicio dependerá de cómo concluya la instrucción.

Esta segunda causa deriva igualmente de una condena que el que fuera el máximo responsable la organización terrorista recibió en rebeldía de manos de los jueces franceses a ocho años de cárcel y que también reclamó que se repitiera estando presente.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que la Unión Europea (UE) tiene que dar ejemplo de "corresponsabilidad" con la crisis migratoria que está sufriendo el archipiélago, según ha informado el Gobierno autonómico.

En este sentido, el máximo dirigente regional se ha reunido este miércoles con la ponente en el Parlamento Europeo del Reglamento de Dublín y del Reglamento de Procedimiento de Asilo en el nuevo Marco Europeo sobre Migración y Asilo, Fabienne Keller, y con el eurodiputado y presidente de Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López, para analizar la situación ante la migración.

Torres trasladó que el archipiélago no comparte los criterios del nuevo pacto europeo de asilo y migración porque "da la responsabilidad fundamentalmente a los países frontera, y Europa tiene que dar ejemplo de corresponsabilidad con respecto al fenómeno migratorio".

Al respecto, Keller comentó que la solidaridad es insuficiente y que esa cuestión es precisamente uno de los principales desafíos del nuevo pacto de asilo y migración, en particular en "aquellos países sin sensibilidad a este asunto porque no tienen frontera exterior vulnerable y sometida a la presión migratoria. El punto de partida de la Comisión debe ser mejorado".

TORRES IRÁ LLEVARÁ LA PROBLEMÁTICA AL SENADO Y A LA UE

El presidente avanzó que la reunión de este miércoles forma parte de un conjunto de iniciativas que ha acordado el Gobierno regional entre las que se incluye su comparecencia este viernes día 19 en la Comisión de Insularidad del Senado.

Hablaré de los graves problemas sociales y económicos que tiene Canarias, fruto de la crisis sanitaria a la que creo que se está respondiendo con buenos datos en el control de la pandemia, pero que provoca un quebranto objetivo en nuestra economía, y a ello se le añade el fenómeno migratorio, que colmará gran parte de mi intervención", detalló.

Además, recordó que el día 1 de marzo comparecerá en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. "Mi discurso será semejante. Reclamaré como lo he hecho hoy la corresponsabilidad en todo lo que significa el fenómeno migratorio", avanzó.

CASI 25.000 MIGRANTES DURANTE 2020

Por su parte, el presidente recordó que Canarias tuvo un importante repunte en el año 2020, con un incremento en la llegada de inmigrantes cercano al 1.000% frente a años anteriores, con la llegada de casi 25.000 personas a las islas, donde ahora mismo permanecen alrededor de 10.500.

"Esto significa --dijo-- que hay un número que ya no está en Canarias, que han transitado de manera reglada, que han sido derivados, y un porcentaje pequeño ha sido deportado y por tanto no vienen a quedarse en Canarias, que no puede ser el punto y final de su salida de África buscando una vida mejor".

En cuanto a la competencia del Gobierno de Canarias con los menores no acompañados, resaltó el trabajo hecho con otras comunidades autónomas que se han prestado para su traslado.

Aquí, agradeció la respuesta que han dado Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Aragón, Valencia o Navarra, que han respondido para un total de 120 personas menores frente a las 2.600 que hay actualmente en las Islas.

Mientras, López Aguilar aseguró que Canarias es el punto más caliente de la ruta migratoria hacia la Unión Europa y aseguró que es fundamental el testimonio del presidente regional en la Comisión LIBE el próximo 1 de marzo "reclamando solidaridad vinculante y responsabilidad compartida, mandatos incumplidos del derecho europeo.

El portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco y secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Eneko Andueza, se ha mostrado partidario de "explorar caminos" como la ley antipandemia para mejorar "los instrumentos que hay dentro de las competencias" vascas y los de "cogobernanza".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el portavoz socialista ha valorado que el Gobierno Vasco está utilizando "de manera eficiente" las herramientas que existen para afrontar la pandemia, una situación que es "imprevisible" y "desconocida", lo que "dificulta" la gestión.

No obstante, ha añadido que, "si hay margen de mejora" y sirve para "tener una garantía jurídica" para las decisiones que se adopten, "desde luego es positivo y no perdemos absolutamente nada por explorar esa vía".

En esta línea, ha considerado que "bienvenida sea" la ley antipandemia, que estudia elaborar el Ejecutivo vasco, "siempre y cuando sirva para mejorar los instrumentos que tenemos dentro de nuestras competencias" e incluso "los instrumentos de cogobernanza". A su entender, "son caminos que, desde luego, debemos explorar" para tener "instrumentos que puedan dar una mayor agilidad a la hora de dar respuesta a este tipo de problemas".

En relación a la petición del Lehendakari, Iñigo Urkullu, al presidente Pedro Sánchez para modificar el decreto de estado alarma, ha considerado que "son cuestiones que se pueden hablar" y se ha mostrado convencido de que Sánchez "estará dispuesto a valorarlo".

En este sentido, ha opinado que "en Moncloa estarán valorando la situación que tenemos, desde luego, y lo que tiene que buscar es un equilibrio en los instrumentos que tienen las diferentes comunidades autónomas y el propio Gobierno de España", en una situación "tremendamente delicada" en la que "va a querer siempre hacerlo con las máximas garantías".

Asimismo, ha aludido a las decisiones judiciales que se han adoptado en contra de diversas medidas, como la reciente reapertura de la hostelería en Euskadi en municipios con alta incidencia del virus. Tras indicar que las decisiones del Gobierno Vasco "siempre han estado basadas en los criterios técnicos", ha considerado que el hecho de que "determinadas decisiones judiciales contravengan lo que dicen los expertos es contraproducente".

Aunque respeta "absolutamente cualquier decisión judicial", ha insistido en que "hay decisiones que pueden entorpecer incluso el buen desarrollo de lo que tiene que ser afrontar esta situación y superarla". "Siempre tiene que prevalecer la opinión de los expertos, que son los que pueden tener las claves para superar esta situación", ha manifestado.

COMPARTEN ESTRATEGIA

Por otro lado, ha defendido la estrategia "de prudencia" en la vacunación contra la covid que ha adoptado Euskadi y ha criticado que partidos "antagónicos" como EH Bildu y el PP coincidan en su estrategia de "criticar constantemente al Gobierno", en vez de "poner sus propuestas encima de la mesa" para hacer frente a la pandemia.

El portavoz socialista ha subrayado que la estrategia de vacunación, con una reserva de vacunas para garantizar la aplicación de segundas dosis, "se ha valorado muy mucho" y se ha adoptado porque "los expertos le han dicho al Gobierno Vasco que es la mejor manera de afrontar ese proceso".

"Al final toda la sociedad va a estar vacunada", ha manifestado Andueza, que ha opinado que "la vía de la prudencia" por la que ha optado el Ejecutivo vasco ante posibles problemas de abastecimiento de vacunas, "es la vía correcta".

De este modo, ha rechazado las críticas que ha recibido esta estrategia y ha censurado que para el PP, "siempre y cuando ellos no gobiernen, existe el caos", por lo que ha emplazado a los responsables de la formación en Euskadi a "darse una vuelta por Madrid para valorar el caos que tienen allí".

El portavoz socialista ha lamentado que, en la actual situación de pandemia, "hay partidos que, en vez de arrimar el hombro y colaborar para superarla lo antes posible y de la mejor manera posible, se dedican a intentar hacer daño a los gobiernos en los que no están".

Según ha añadido, EH Bildu "coincide en esa estrategia" con el PP, pese a ser "partidos tan antagónicos". "Yo me lo haría mirar", ha apuntado Andueza, para quien la reprobación de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que ha pedido EH Bildu "en estos momentos no es en absoluto conveniente".

"Prefiero que, si tienen instrumentos de mejora o una estrategia que pueda mejorar la que tiene el Gobierno Vasco, lo que tienen que hacer, lejos de dedicarse a criticar constantemente al Gobierno, es poner sus propuestas encima de la mesa, porque escuchamos mucha crítica pero muy poca propuesta para contrarrestar esa crítica", ha subrayado.

En todo caso, ha recordado que las instituciones vascas "gozan de mucha estabilidad", lo que evitará que "se produzcan crisis de gobierno que en estos momentos no contribuirían absolutamente para nada".

Por otro lado, preguntado por las críticas del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a la Ertzaintza, Andueza ha subrayado que "policía democrática ha sido siempre" y, en este sentido, ha remarcado que a "algunos nos han defendido de actitudes antidemocráticas que venían precisamente de la izquierda abertzale que dirigía Arnaldo Otegi".

La juez de Instrucción número 39 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha ordenado el ingreso de nuevo en prisión de Jonathan Moñiz, alias 'El Piojo', dos meses después de fugarse de la cárcel de Valdemoro junto a su hermano, han informado fuentes jurídicas.

El conocido alunicero pasó esta mañana a disposición de los Juzgados de guardia de Plaza de Castilla después de pasar la noche en la comisaría de la Policía Nacional de Villaverde, donde fue interrogado.

Tras tomarle declaración, la juez ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Se le acusa de los delitos de conducción temeraria, resistencia a la autoridad, daños y lesiones.

Sobre 'El Piojo' pesaban cinco órdenes de busca y captura, una de ellas por robo del Juzgado de lo Penal número 2 de Ciudad Real y otra por el mismo delito dictada por la Audiencia Provincial de Toledo.

De forma paralela, el Juzgado de Instrucción de Valdemoro número 7, que lleva la investigación penal sobre su fuga de la cárcel, le lleva a prisión para que siga cumpliendo la condena por la que estaba en prisión preventiva.

'El Piojo' fue arrestado anteanoche tras una persecución en coche en la que embistió a dos vehículos camuflados de este cuerpo policial, dejando cinco agentes heridos.

Tras el impacto huyó por la ventana del coche que conducía, tratando de escapar a pie, según explicó la Policía Nacional, que ha difundido en redes sociales imágenes tanto de su detención y traslado a dependencias de la Jefatura Superior en Madrid como del estado en el que quedaron los vehículos.

El arresto acabó con más de dos meses de búsqueda de Jonathan Moñiz, fugado de la cárcel de Valdemoro el pasado 5 de diciembre y que atesora decenas de detenciones ligadas a atracos y robos. Los agentes siguen buscando a su hermano Miguel Ángel, que también logró escaparse de la prisión madrileña.

La detención de 'El Piojo' se produjo este lunes a las 21.00 horas en la calle Villacarriedo, en Colonia Jardín, al oeste de la capital. Los agentes heridos presentan policontusiones, esguince cervical y alguno ha necesitado puntos de sutura. Según adelantaron anoche fuentes policiales, participaron agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial junto al Grupo de Policía Judicial de Villaverde.

FUGA TRAS SERRAR UNOS BARROTES

'El Piojo' y su hermano se fugaron el pasado 5 de diciembre de la prisión de Valdemoro, donde cumplían condena. Para su huida --en la que participó sin éxito un tercer interno, que sí fue detenido--, accedieron ese día al almacén de la planta baja del centro penitenciario, donde se guardan las pertenencias de los presos, al parecer haciendo uso de una llave que habían fabricado.

Según la investigación abierta, aprovecharon su condición de ordenanzas del módulo --lo que le deba cierta libertad de movimientos en el recinto-- para acceder al cuarto y serrar los barrotes de la ventana a través de la cual salieron al exterior, concretamente a un tejadillo y a las vallas perimetrales, en una zona custodiada por la Guardia Civil.

Los indicios recabados en la investigación apuntan desde el principio a que los hermanos Moñiz pudieron recibir ayuda desde el interior de la cárcel, en un plan de fuga que habría contado con la connivencia de los funcionarios encargados de la seguridad. Además del material usado para la evasión, uno de los elementos analizados es la falta de actuación de los trabajadores públicos a pesar de que las alarmas funcionaron correctamente.

El juzgado de instrucción número 7 de Valdemoro abrió diligencias de investigación, al igual que Instituciones Penitenciarias, que ordenó, además, reforzar los cacheos antes de las pasadas Navidades, así como extremar el control sobre las llaves, los accesos a dependencias comunes o revisar los sistemas de grabación y de alarmas, todos ellos elementos clave en la fuga de Valdemoro. La Guardia Civil también abrió por su parte una información reservada.

MÚLTIPLES CONDENAS

Ambos hermanos se encontraban en la prisión de Valdemoro cumpliendo condena por múltiples robos con fuerza, pertenencia a grupo criminal y asociación ilícita, entre otros delitos.

Según confirman fuentes penitenciarias consultadas, Jonathan Moñiz liquidaba su condena en julio de 2024 y su hermano hacía lo propio en agosto de 2022, aunque tenían pendientes una nueva causa por un robo con violencia, motivo por el que hasta su fuga constaban como preventivos, sin ser clasificados en ningún régimen penitenciario.

El quebrantamiento de la condena por la fuga de la prisión de Valdemoro puede conllevar para 'El Piojo' una pena añadida de seis meses a un año de prisión. Además, una vez regrese a prisión, se abrirá un expediente disciplinario por el incumplimiento de las normas de Valdemoro, lo que repercutiría previsiblemente en un endurecimiento de su régimen de vida.

El anuncio de Pablo Casado de cambiar de ubicación la histórica sede del PP de la calle Génova ha provocado reacciones diferentes entre los presidentes autonómicos del PP. Mientras que la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el murciano Fernando López-Miras han aplaudido con entusiasmo la decisión, otros 'barones' como el gallego Alberto Núñez Feijóo, el andaluz Juanma Moreno y el castellanoleonés Alfonso Fernández-Mañueco se han limitado a expresar su respeto y a subrayar que es una decisión del presidente del partido.

Además, varios de ellos como Feijóo y Mañueco han reconocido públicamente que se enteraron de esa decisión en el mismo Comité Ejecutivo, cuando lo avanzó Casado en su discurso. También el portavoz del partido y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confesado que él se enteró "allí".

Sí que podría estar al tanto de ese cambio de ubicación la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que el PP madrileño ocupa la primera planta de Génova 13. "Adiós Génova. Es el momento de nuevas ideas pero también, fusiones", afirmó Ayuso en Twitter nada más conocerse la noticia.

Ayuso y el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, fueron los únicos 'barones' territoriales --aparte del catalán Alejandro Fernández que habló de los resultados de las catalanas del domingo-- que tomaron la palabra en esa reunión del Comité Ejecutivo y los dos coincidieron en elogiar el cambio de sede, según fuentes 'populares'.

LÓPEZ MIRAS: "ACERTADA DECISIÓN"

También el presidente de Murcia ha calificado de "acertada" esa decisión de dejar Génova que anunció Casado y que justificó alegando que no debían seguir "en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales", en alusión al juicio que ha arrancado en la Audiencia Nacional por el presunto pago de las reformas de la sede con dinero negro.

López Miras comparte esa reflexión de Casado. "El futuro de todos no puede verse lastrado por los actos de unos pocos. Acertada decisión del presidente Casado", ha manifestado hoy en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Según el presidente murciano, el cambio de sede es "un paso necesario en el camino emprendido, el de un proyecto serio, moderado y liberal en el que todos tengan su casa, su nueva casa".

Otros presidentes regionales del partido como el aragonés Luis María Beamonte o el manchego Paco Núñez han respaldado la decisión. "Una buena decisión que llevamos tiempo hablando y que ha llegado el momento de llevar a cabo" ha manifestado Beamonte.

Por su parte, Núñez ha asegurado que respalda y suscribe la postura de Casado. "Ayer lo explicó perfectamente y suscribo todas y cada una de sus palabras", ha indicado a preguntas de los medios tras una rueda de prensa en Ciudad Real.

MORENO Y MAÑUECO EXPRESAN SU RESPETO

Otros presidentes como Moreno y Mañueco se han limitado a expresar su respeto y asegurar que se trata de una decisión del presidente del partido en el ámbito de sus competencias. "Esa es una decisión de la dirección nacional que yo respeto y no tengo nada más que añadir", ha dicho a los periodistas el presidente de Andalucía durante una visita a Úbeda (Jaén).

En una rueda de prensa en Valladolid este martes, Mañueco no se extendió mucho a la hora de valorar la decisión de Casado de abandonar 'Génova y dijo que respetaba la decisión que ha tomado "en el uso de sus atribuciones y de sus facultades" como presidente del PP.

Este miércoles, el presidente de Castilla y León ha abundado en ese argumento al señalar que es una es una decisión que respeta y que toma Casado en el "ámbito de sus competencias", sin que él le de "más importancia". Además, ha confesado que se enteró "cuando lo comentó el presidente nacional" en la reunión del Comité Ejecutivo.

FEIJÓO: "ES UNA CUESTIÓN DE CARÁCTER INTERNO"

El presidente de la Xunta de Galicia se ha limitado a constatar que la decisión "del equipo nacional" fue trasladada en la reunión del Comité Ejecutivo y que es "una cuestión interna de intendencia del partido", por lo que las opiniones al respecto deben darse también en el ámbito interno del PP.

En declaraciones a los medios durante un acto en el Puerto de Vigo, Feijóo ha lanzado un mensaje tras el batacazo electoral del partido en las elecciones catalanas del domingo. Así, ha emplazado a "aceptar" el "mal resultado" de su partido y a "buscar estrategias" para "ganar" o, en todo caso, "mejorar" esos resultados.

Los servicios sociales de Finlandia ya se han hecho cargo de los tres menores de este país que han sido localizados en una comuna hippy en la Alpujarra de Granada tras ser sustraídos por su madre y está previsto que su repatriación se produzca este mismo miércoles, según han informado fuentes del Gobierno andaluz.

Los pequeños, de 4, 10 y 13 años, han sido recuperados por los agentes del Grupo de Menores de la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en colaboración con la Policía Local de Órgiva, a raíz de una petición internacional de colaboración solicitada a través de la Oficina de Intercambio de Información dentro del Espacio Schengen de Finlandia en España.

En esta petición se informaba de que había tres menores de nacionalidad finlandesa que habían sido sustraídos de su país por su progenitora y que se temía por su integridad. Asimismo, se informó de que éstos podrían encontrarse junto a su madre en la Alpujarra granadina.

Para su localización se estableció un dispositivo urgente de búsqueda por los municipios de Lanjarón y Órgiva que permitió dar con su paradero el pasado 9 de febrero. La labor de la Policía Local de Órgiva ha sido clave en este caso, en tanto que conocen el terreno y este asentamiento situado en una zona de difícil de acceso, según ha detallado el alcalde de la localidad, Raul Orellana.

También intervinieron de forma activa en las gestiones para que la entrega de los menores se produjera de forma satisfactoria, dado que inicialmente la madre se negaba. Tras arduas negociaciones con la progenitora y el líder de la comuna, la mujer accedió y los menores fueron ingresados en un centro de protección.

La Unidad de la Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía actuó ante el requerimiento de las autoridades finlandesas, que se centraba únicamente sobre la recuperación de los pequeños, por lo que desde este cuerpo no se imputa nada a la madre. Finlandia podría cursar una orden europea en otro momento en relación con ella, pero no se ha dado esa situación hasta el momento, según detallan fuentes conocedoras del caso.

El alcalde de Órgiva ha explicado que en estos momentos la comunicación con los residentes en este asentamiento está siendo fluida y que desde el Ayuntamiento se está intentando, en colaboración con otras administraciones, la regularización de cualquier construcción o asentamiento existente en el término municipal, especialmente por motivos de seguridad.