Cuatro de los líderes independentistas condenados por el 1-O han recordado este domingo que llevan 1.000 días en prisión, y han afirmado continuar firmes en sus convicciones.

El exconseller de Presidencia Jordi Turull ha dicho en un tuit recogido por Europa Press que tiene «las convicciones y los compromisos más sólidos que antes de entrar» en la cárcel.

En la misma línea, el exconseller de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull asegura en otro tuit que los procesados por el 1-O se mantienen «tercamente alzados» y que cree que juntos ganarán la libertad de Cataluña porque, en sus palabras, la esperanza es más poderosa que el miedo.

Y la exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias Dolors Bassa dado las gracias por un vídeo que ha recibido «con palabras de ánimo» en sus mil días de prisión.

ROMEVA: «LAS IDEAS INSOBORNABLES PERSISTEN»

Para el exconseller de Acción Exterior de la Generalitat, también condenado por el 1-O, la noche número mil ha sido igual que las anteriores: «Nada ha cambiado. Las ideas, insobornables, persisten» así como todas las metas políticas que perseguía antes de ser condenado.

En un artículo de opinión en ‘El Punt Avui’, recogido este domingo por Europa Press, Romeva se imagina los próximos mil días de prisión igual que los que ya ha pasado, trabajando «para convertir el republicanismo soberanista en una alternativa todavía más atractiva.

Sostiene que «no hay camino para la república; la república es el camino» y se compromete a seguir recorriéndolo con convicción, exigencia y responsabilidad.

BUDÓ, CALVET y PUIGDEMONT

La consellera de Presidencia, Meritxell Budó, que ha calificado los mil días de «injusticia, de lucha y de compromiso» y ha asegurado que siempre estará con los exconsellers presos.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha pedido amnistía para los presos e independencia, y ha defendido que los mil días de prisión han reforzado sus convicciones, «sin ninguna renuncia».

Por su parte, el expresidente de la Generalitat y presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha calificado esos días de injusticia: «Mil días robados a sus familias, separados de los amigos y de sus actividades. Pero mil días de firmeza y compromiso».

Más de 80.000 personas han sido atendidas por Cruz Roja en el ámbito del empleo desde el estallido de la pandemia el pasado mes de marzo y la organización ha atendido más de 4,6 millones de solicitudes de información y orientación laboral a través de Internet. En algunos casos, como el de Francisco o Gema, han encontrado trabajo, «un milagro» en medio de la pandemia.

«Si la gente con la que trabajamos tenía ya más dificultades para encontrar trabajo por su situación de desigualdad, ahora muchísimo más, ahora trabajar es como un milagro y que ese empleo sea mínimamente decente, más todavía», ha explicado la subdirectora del Plan de Empleo de Cruz Roja, Maika Sánchez, en una entrevista con Europa Press.

Sánchez anima a las personas que están en situación de desempleo a seguir haciendo cursos y a mejorar las competencias digitales, e invita a no perder la esperanza porque «sigue habiendo empresarios que siguen ofreciendo oportunidades laborales».

Este es el caso de Francisco, almeriense de 20 años, que está dentro del proyecto Segundas Oportunidades de Cruz Roja. Ha participado en diferentes talleres de orientación laboral y ha conseguido un trabajo como camarero en medio de la pandemia.

«En Navidad del año pasado me quedé en paro. Hace un mes y una semana encontré trabajo como camarero, pensaba que si antes de la pandemia ya era complicado, en pandemia sería imposible», comenta a Europa Press el joven, que se ha convertido en el sustentador de su familia, formada por él, su padre y su abuelo.

Antes de que encontrara empleo, salían adelante con la pensión de su abuelo pero, tal y como reconoce, este dinero «ayuda, pero no cubre todo». Ahora, están «felices» por que Francisco haya encontrado trabajo, algo por lo que asegura estar «muy agradecido» a Cruz Roja.

A pesar de la pandemia, la ONG ha continuado con sus programas de empleo durante el confinamiento, ha seguido impartiendo cursos de formación a través de zoom y dando orientación a la carta, «para que la gente no se desenganchara y pudiera seguir buscando trabajo.

Lo que ocurrió fue que muchas empresas con las que Cruz Roja estaba trabajando cerraron o se acogieron a un ERTE. «Tuvimos que ser rápidos y empezar a trabajar con las empresas que estaban ofreciendo servicios esenciales, pues muchas de ellas necesitaban trabajadores, para logística, cuidado, limpieza, almacenes, etcétera», ha explicado Maika Sánchez.

Otro «milagro» fue el de Gemma Adell, de 56 años, que ha trabajado la mayor parte de su vida en la economía sumergida. Tras realizar el curso de Higiene y Atención Sanitaria Domiciliaria de Cruz Roja, ha sido contratada como auxiliar de ayuda a domicilio.

«Tengo 56 años y llevo 38 trabajando, me daba mucha rabia tener cotizados solo 12 años. Estuve en varias casas, luego en una de interina dos años, luchando para que me aseguraran. Como no hubo manera, me fui y justo entonces, llegó la pandemia», recuerda en declaraciones a Europa Press.

Pudo subsistir gracias a que la acogió su sobrina, pero asegura que lo pasó «muy mal» y tuvo que pedir dinero a sus amigas. «Llegué a coger un poco de depresión», afirma.

Cuando la trabajadora de Cruz Roja con la que contactó le propuso hacer el curso de Higiene y Atención Sanitaria Domiciliaria, Gemma no tenía confianza en poder sacarlo pero lo aprobó «con buenas notas» y lleva ya cinco meses trabajando en la empresa Clece.

Ahora, puede mirar al futuro y se muestra muy agradecida con la ONG. «Muchísimas gracias a Cruz Roja, hasta cuando he llorado me han ayudado un montón y ahora en este trabajo son buenísimas personas», ha destacado.

El Papa ha rechazado una vez más la actitud de los que solo piensan en acumular riquezas mientras son indiferentes al dolor ajeno, por lo que ha pedido a los cristianos que sirvan a los más vulnerables de la sociedad, en una misa celebrada en presencia varias personas pobres y sin hogar, que son asistidas por una red parroquial de Roma.

«Cuánta gente pasa su vida acumulando, pensando en estar bien en vez de hacer el bien ¡Pero qué vacía es una vida que persigue necesidades, sin mirar a los necesitados!», ha lamentado el Papa en la celebración de la IV Jornada Mundial de los Pobres que instituyó él mismo para reivindicar el rostro de los que más sufren.

De este modo, ha insistido en que la razón de ser del cristianismo es precisamente servir a los demás al notar que «es triste» ver un seguidor de Jesús que solo respeta los mandamientos, pero no se entrega al servicio de los demás. Y ha asegurado: «Permitidme la imagen pero estos que se cuidan tanto de no arriesgar, empiezan en la vida un proceso de momificación del alma y terminan siendo momias. Esto no es suficiente, la fidelidad a Jesús no se limita simplemente a no equivocarse».

Francisco, como otros años, ha celebrado una misa en la basílica de San Pedro a la que han asistido también mendigos que suelen vagar por las calles adyacentes a la plaza de San Pedro y que son ayudados por las parroquias de Roma. Sin embargo, debido a las restricciones sanitarias solo han podido presenciar la misa un centenar de personas, entre los que también había sacerdotes y voluntarios.

El Papa, que en su primer encuentro con periodistas nada más ser elegido Sumo Pontífice pidió una Iglesia pobre y para los pobres, ha reseñado que en el centro del Evangelio están precisamente ellos. «El Evangelio no se entiende sin los pobres, ellos están en la misma personalidad de Jesús, que siendo rico se redujo a sí mismo, se hizo pobre, se hizo pecado, la pobreza más despreciable», ha señalado.

Igualmente, ha instado a que en estos tiempos «de incertidumbre y fragilidad», en referencia a la crisis por la pandemia, la humanidad no se deje «contagiar por la indiferencia». Por ello, ha dejado claro que el «servicio» a los demás es un modo de aprovechar la riqueza o los bienes personales pues, a su parecer, «no sirve para vivir el que no vive para servir».

Así, ha dicho que los fieles «buenos» son los que arriesgan y «no guardan lo que han recibido» sino que lo emplean porque, subrayó, «el bien si no se invierte, se pierde». Y ha especificado: «La grandeza de nuestra vida no depende de cuánto acaparamos sino de cuánto fruto damos».

Finalmente, ha hecho hincapié en que la llegada de la Navidad debe ser la ocasión justa para poner en marcha el servicio y no pensar solo en las compras: «Se acerca el tiempo de Navidad y de las fiestas. Muchas veces las personas se preguntan qué pueden comprar. Usemos otra palabra, qué puedo dar a los demás para ser como Jesús».

El secretario de Coordinación Territorial, Relaciones Gobierno-PSOE y presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Santos Cerdán, ha celebrado que los Presupuestos Generales del Estado hayan superado «ampliamente» el primer trámite parlamentario y ha agradecido a las formaciones políticas que los han apoyado.

«Sin embargo, hay que lamentar que en España algunos hayan optado por dar la espalda al país con tal de atacar al Gobierno y hayan puesto sus intereses del partido por delante del interés de todos los españoles», ha señalado este domingo Cerdán en declaraciones difundidas a los medios.

En este punto, le ha dicho al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que la «verdadera línea negra es quedarse nuevamente aislado con la ultraderecha de Vox». «¿Hay algo más radical y antipatriota que eso?», se ha preguntado.

Asimismo, el socialista ha criticado a los que «siguen apostando desde su ceguera malintencionada por el bloqueo, por la crispación y por la crisis». «Y por si fuera poco pidiendo a la Unión Europea que paralice los fondos europeos a España, como hace el PP. Hay que poner en valor a los partidos que quiere dialogar», ha precisado.

En la misma línea, ha añadido que cuando se trata de interés nacional «nadie sobra», por lo que ha agradecido a «todas las formaciones políticas» que han permitido tramitar los Presupuestos y que «ha antepuesto la necesidad de tener unos Presupuestos de país al ruido interesado de algunos».

Por ello, Cerdán le ha pedido al PP que se sume a apoyar los Presupuestos y que tenga «altura de miras, responsabilidad, compromiso y sentido de Estado» y apoye unos PGE que, en su opinión, «son buenos para todos los ciudadanos» de España.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha convocado el concurso unitario de 2020, con 3.168 puestos de trabajo reservados en las entidades locales para personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a las subescalas de Secretaría-Intervención, de Secretaría y de Intervención-Tesorería.

Por territorios, las comunidades autónomas donde más puestos se convocan son Cataluña (730), seguida de Andalucía (479), Castilla y León (441) y Castilla-La Mancha (347). Las que tienen menos puestos convocados son Asturias (30), Cantabria (31) y La Rioja (55). En Canarias se han convocado 138.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de noviembre y, además del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional que voluntariamente quiera participar, son concursantes forzosos los que a la fecha de la convocatoria no se encuentran en nombramiento definitivo (afecta a 168 concursantes forzosos).

En el concurso unitario se valoran tanto méritos generales como los méritos correspondientes a las especialidades de la comunidad autónoma.

El concurso unitario es convocado anualmente por la Dirección General de la Función Pública, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, incluyendo todos los puestos vacantes con anterioridad al 10 de febrero de 2020, que no hubiesen sido convocados por las corporaciones locales en el concurso ordinario o habiendo sido convocados, hubiesen quedado desiertos o no adjudicados por cualquier otra causa. También incluye los puestos que hayan sido solicitados voluntariamente por las corporaciones locales.

Los méritos generales son los comprendidos en la Resolución de 30 de octubre de 2020 de la Dirección General de la Función Pública, publicada en el BOE este lunes 9 de noviembre, por la que se da publicidad a la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El conocimiento de lengua y méritos de determinación autonómica serán exigidos en los términos en que, para cada comunidad autónoma, se detallan en la convocatoria del concurso por cada una de ellas y podrá alcanzar hasta un 15% de la valoración total.

La presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha negado que exista una lucha entre el movimiento feminista y el colectivo, en relación a las críticas que algunas mujeres han realizado sobre la futura ‘Ley trans’ que prepara el Gobierno. A juicio de Cambrollé, estas voces discordantes son de mujeres «privilegiadas burguesas» que «han estudiado feminismo en la universidad» y «no tienen empatía».

La Plataforma Trans es la organización impulsora de la ‘Ley Trans’ que el Ministerio de Igualdad está preparando y que ha generado polémica por la utilización de unos términos que, a juicio de una parte del feminismo –concentrado en la ‘Plataforma contra el Borrado de las Mujeres’–, amenaza el fundamento de la lucha por la igualdad de las mujeres.

En concreto, denuncian que la ley incluye conceptos de expresión e identidad de género que eliminan al sexo como figura jurídica y, por tanto, elimina el motivo en el que se basa la desigualdad entre hombre y mujer o la causa de la violencia machista. «La violencia que se ejerce sobre la mujer sólo por el hecho de serlo».

Para Cambrollé esta es una visión equivocada de una norma que busca la despatologización de las personas transexuales en España y el reconocimiento de la autodeterminación de género como derecho fundamental.

EN PARALELO CON LA LUCHA DE LAS MUJERES

Estamos haciendo lo mismo que hicieron las mujeres», ha declarado a Europa Press, pare recordar que hace 30 años estas no podían viajar solas o abrirse una cuenta corriente sin el permiso marital. «Nosotros queremos ser también sujetos de derecho sin depender de que lo decida la medicina o estar tutelados por el Estado», ha declarado.

Es por eso que Cambrollé no ve motivos para un enfrentamiento con el feminismo. De hecho, ha negado que exista «una lucha» entre el movimiento y los trans y considera que las críticas vienen de un grupo «localizado y bien posicionado», con «mucha influencia» y que «meten mucho ruido».

Según ha señalado, la plataforma trabaja con colectivos de mujeres trabajadoras del campo, ‘kellys’, con trabajadoras en fábricas que luchan contra la brecha salarial. «Son todas mujeres que conocen la opresión, como el colectivo trans», ha declarado, antes de oponerlas al grupo de mujeres «burguesas» que les critican y que, según ha indicado, «han estudiado el feminismo en la universidad y carecen de empatía».

Les acusa, además, de «no tener escrúpulos» para usar «las mismas herramientas viejas» discriminatorias que «el patriarcado» para «negar derechos» al colectivo trans. A su juicio, estas mujeres utilizan el disenso en un tema para «demonizar a un colectivo vulnerable» y considera esta actitud es similar a «una conducta de delito de odio».

«HAY MUCHA MENTIRA»

En este sentido, la presidenta de la Plataforma Trans ha querido desmentir algunos bulos que han surgido de las críticas a la ley y que, según ha señalado, siguen el patrón de lo ocurrido ante otros avances sociales.

«No es nuevo. Cuando los negros pidieron la igualdad, los blancos dijeron que venían a quitarles sus derechos, lo mismo con los hombres sobre las mujeres y ahora con los trans». «Y hay mucha mentira», ha asegurado.

Cambrollé ha recordado que cuando se legalizó el divorcio o las uniones homosexuales se aseguraba que se «el matrimonio se iba a acabar» y cuando se aprobó la adopción a parejas del mismo género, se hablaba de que sus hijos serían también gays o lesbianas.

Además, ha criticado a quienes hablan de la posibilidad de que esta norma favorezca a una persona que cometa un delito con un sexo y luego lo cambie, y recuerda que la justicia «no es retroactiva». «Son datos frívolos y análogos» ha señalado. A su juicio, es el mismo caso de aquellos que están en contra de la ley de la violencia de género alegando que hay denuncias falsas.

UNA LEY NECESARIA

La presienta de la Plataforma Trans ha defendido la necesidad de una ‘Ley trans’ que termine con la situación «anacrónica» en la que vive actualmente el colectivo: en un país donde la transexualidad está patologizada, en donde se les excluye del mercado laboral o sufren la falta de atención sanitaria.

Cambrollé señala que el único avance que se ha producido en los últimos años es el cambio de identidad en el DNI, un paso que, en su momento, fue muy importante, pero que ahora es insuficiente y sigue sin ser perfecto.

Con una normativa trans, indica, una persona podrá acceder a tratamiento hormonal sin la obligatoriedad de certificar previamente, a través de un informe psicológico, que es transexual; deberán desaparecer de los libros de texto términos y contenido discriminatorio que «se siguen estudiando en las facultades los futuros profesores, psicólogos, enfermeras o trabajadores sociales»; y garantizará los derechos del colectivo.

Este último punto, señala Cambrollé, es de vital importancia para evitar la exclusión del mercado laboral de los transexuales. «Está comprobado que los transexuales no están presentes ni en aquellos empleos que no necesitan cualificación, como dependientes en tiendas o limpiadoras».

PROTECCIÓN A LOS MENORES TRANS

También es importante, ha señalado, para la protección de los menores que, según numerosos estudios sobre violencia, acoso o discriminación, muestran «un mapa muy duro para la juventud en una etapa muy importante en su vida». En este sentido, ha recordado los casos de niños trans que se han quitado la vida en los últimos años.

Sobre la polémica de que esta ley permitirá a los menores cambiar de sexo sin la autorización de sus padres, Cambrollé explica que el texto permite el cambio cuando lo solicita uno de los progenitores (no hacen falta los dos) y en el caso de que no tenga apoyo de estos, serán los servicios sociales quienes valoren su situación y un juez quien dictamine y garantice siempre el interés superior del menor.

A quienes, aún así, siguen criticando esta medida, Cambrollé les recuerda que negar a un menor su identidad es «desproteger su bienestar y su salud» y está «obstaculizando un principio de la Constitución que es el derecho al desarrollo libre de la personalidad» de los menores. A su juicio, igual que se puede juzgar a unos padres por abuso, maltrato, absentismo o falta de cuidado de sus hijos, esta situación es «violencia» y «ataca al interés superior» del niño.

UNA OPORTUNIDAD

Por otra parte, la ‘Ley trans’ recoge la protección también para las personas migrantes, quieren que el Gobierno facilite, al otorgar permisos de trabajo o la nacionalidad, que los documentos de estas personas recojan la identidad que sienten; e incluye medidas para evitar la discriminación en el deporte, una situación que, hasta ahora, «se ha ido solucionando sobre la marcha.

Este contenido, apunta, sólo viene a cambiar la situación del país en unos términos en los que ya se estaba reclamando, tanto desde los tribunales, como desde Europa. Así, ha explicado que el Supremo sentenció que pedir un mínimo de dos años de tratamiento hormonal y un psicoténico, como se hace ahora, es una vulneración de los derechos humanos. Esta situación también va en contra de los estándares del Consejo de Europa y las directivas sobre esta materia de la UE.

Del mismo modo, ha llamado a los grupos parlamentarios a apoyar un texto que «salve la deuda histórica» que existe con el colectivo. Además, cree que este es el momento adecuado ya que teme que en el futuro haya un «vuelco político» y que la ultraderecha pueda frenar su aprobación.

La Audiencia Nacional juzgará el martes a Allal El Mourabit Ahmar, ya condenado por delitos de terrorismo, por difundir por redes sociales contenidos yihadistas para animar a la adhesión a Estado Islámico y otros grupos armados de la misma índole, por lo cual la Fiscalía pide que sea condenado a cinco años de cárcel por adoctrinamiento terrorista.

En concreto, el Ministerio Público reclama una pena de cinco años de prisión e inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre durante diez años y libertad vigilada durante cinco años.

El Mourabit Ahmar, marroquí de 50 años de edad, ya ha purgado una pena de dos años y un día de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otra pena de un año de prisión y libertad vigilada durante tres años por un delito de traslado a territorio terrorista en grado de tentativa.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, desde que salió de la cárcel, en noviembre de 2018, y hasta su detención, en julio de 2019, ha difundido por redes sociales «contenido idóneo para incitar a la incorporación a la organización terrorista Estado Islámico», así como «para entrar en contacto con individuos ubicados en zonas de conflicto, con el objetivo de integrarse en alguno de los grupos terroristas que operan en Siria».

En ese periodo, el acusado publicó numerosos vídeos en Facebook, Instagram y YouTube en los que se muestran acciones de las Brigadas al Qassam, el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), así como discursos del líder de la facción palestina, Ismail Haniyeh, y de destacadas figuras del islamismo radical en Arabia Saudí y Egipto.

La Fiscalía destaca, entre otros, un vídeo en el que difundió un discurso del jeque palestino Isam Amira –que apoyó la masacre del Estado Islámico contra el pueblo yazidí–, en el que este último defiende como «estrategia política» combatir a los «infieles» para forzar su conversión.

CÁNTICOS DE LA YIHAD

Además, hay varias grabaciones en las que El Mourabit Ahmar entona la Sura del Arrepentimiento, lo cual resulta de «especial interés» para la Fiscalía porque se refieren de forma explícita a la necesidad de que los musulmanes emigren a tierras musulmanas, a la lucha armada y a la yihad.

Incluso en algún vídeo recoge ‘Cánticos yihadistas islámicos’, entre ellas una conocida canción asociada a Estado Islámico, «siendo el objetivo primordial del audio el alentar a los defensores del islam para que luchen en nombre de Alá, dando la vida si es necesario en defensa de su tierra y sus creencias».

Entre el material incautado a El Mourabit Ahmar se encuentra una hoja manuscrita con «una lista en la que el investigado describe a ‘los que dirigen España’ como ‘corruptos, racistas, elogiadores, halagadores de las dictaduras, jueces que se preocupan de la economía, otros van de menores (putas), otros se dedican a violar niños en Marruecos’.

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado que no se ha sentido presionado para restituir al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero al frente del cuerpo: «Las decisiones las tomo yo. Eso sí, después de trabajar con mi equipo».

En una entrevista en ‘El Periódico’ recogida por Europa Press, ha dicho textualmente que a él nadie le presiona y que quiso cesar desde el primer momento al secretario general de Interior, Brauli Duart, porque no lo conocía de nada y «no podía asumir el reto de dirigir la Conselleria de Interior con una persona desconocida».

En cuanto a las grabaciones en las que –según el mismo periódico– el exdirigente convergente David Madí niega la valía de Sàmper para dirigir la conselleria, el consller no entiende cómo salieron a la luz y cree que debe hacerse «tirón de orejas a los cuerpos que permiten estas filtraciones y, de forma especial, a la autoridad judicial».

«BORRÓN Y CUENTA NUEVA»

Preguntado por las declaraciones de Trapero, en las que afirmaba tener un plan para detener al expresidente Carles Puigdemont, Sàmper ha dicho que no quiere entrar en valoraciones y que nunca se lo ha preguntado: «No me interesa saber si es cierto o una estrategia. Y quiero hacer borrón y cuenta nueva».

Además, ha asegurado que se ha leído todos los discursos de Trapero en actos de los Mossos antes de restituirlo, porque no quería ofrecerle el cargo a una persona que tuviera ideas incompatibles con las suyas.

Y ha concluido que sus ideas sí son compatibles porque el mayor tiene una interpretación de la policía moderna y progresista, en sus palabras, y ha destacado su «autocrítica y capacidad para pedir perdón».

Ha deseado que Trapero continúe al cargo mucho tiempo más porque tener «tantos jefes en tan poco tiempo no es bueno», y ha lamentado que se ha hecho un uso político de los Mossos desde todos los partidos: por eso pide que los agentes hagan de policías y sean los políticos los que se encarguen de la política.

También ha afirmado que Eduard Sallent se ha tomado su cese como comisario jefe con comprensión y que, en la conversación que mantuvo con él fue «muy correcto y muy educado».

ANTIDISTURBIOS

Sàmper ha sostenido que la imagen social de los agentes antidisturbios es injusta y que son imprescindibles y se ha comprometido a «no permitir la violencia gratuita, aunque en la situación actual la reivindicación de las personas que no pueden llegar a final de mes tiene que saber interpretarse, según ha dicho.

En cuanto a los desahucios, Sàmper ha mantenido que cada semana hay dos o tres conflictivos «del centenar que se efectúan» y que, en su opinión, nadie habla de los otros en los que los policías han aconsejado retrasar el lanzamiento.

Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes día 16 a una mujer, para la que la Fiscalía solicita una pena de 21 años de cárcel al acusarla de, supuestamente, dejar morir a su bebé de 17 meses, a la que al parecer habría abandonado sola en la casa durante más de un mes tan solo con un biberón y unas galletas. Se le acusa de los delitos de abandono temporal de menor y de asesinato.

Según el fiscal, la mujer se quedó embarazada en su país, Marruecos, y se trasladó a España a finales de marzo de 2017 para ocultar por motivos culturales y sociales esta situación al padre, mientras que la madre y los hermanos mayores, «en posición económica desahogada», financiaron su estancia aquí, inicialmente en la localidad malagueña de Vélez-Málaga.

La acusada dio a luz en dicho municipio el 4 de mayo de 2017 y se quedó a vivir en la casa de su hermana y su cuñado, que iban y venían de Marruecos. La situación se prorrogó hasta mediados de 2018 y en ese tiempo dispuso de servicio gratuito de guardería para que ella pudiera ir a clase, lo que hacía «en muy contadas ocasiones», señala la acusación pública en su escrito inicial.

Además, tenía la ayuda de una amiga, que se quedaba cuidando a la niña. Cuando se trasladó a Málaga, alquiló una casa con el dinero que le enviaba su familia y aunque se le facilitó la documentación necesaria para continuar con el servicio de guardería en la capital, la mujer «no realizó las gestiones», con lo que perdió la plaza; y además, comenzó a trabajar de camarera en una discoteca.

«Dado el horario nocturno de trabajo de la acusada, cuando esta se dirigía a la discoteca, sobre las 02.00 horas, dejaba sola a la bebé, que contaba entonces con 15 meses y no era aún capaz de caminar sin ayuda, tan solo gateaba», dice las conclusiones provisionales del ministerio fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, apuntando que la dejaba sobre la cama.

Supuestamente, cuando terminaba a las 06.00 horas de trabajar «no regresaba a su casa» sino que iba «para descansar» a la de una amiga, alegando que «no quería despertar a la bebé». Volvía a su vivienda a las 14.00 horas, por lo que durante ese tiempo «su hija permanecía sola en la casa desprovista de la necesaria atención afectiva y de los cuidados –bebida, alimentación, aseo– precisos», señala.

Desde mediados de septiembre de 2018 pasó a quedarse «de forma habitual» a dormir en casa de otro amigo, «por lo que la acusada dejaba sola por la noche hasta la tarde siguiente a la bebé, regrensando entonces al apartamento para alimentarla hasta que volvía a salir para reanudar su vida social, dejándola nuevamente sola», apunta esta acusación.

Por esto, era «frecuente» que algunos vecinos del edificio oyeran el llanto «inconsolable y continuo» de la niña que, supuestamente, estaba «sola en el apartamento y privada de la necesaria asistencia física y moral, en un entorno insalubre de suciedad y desorden» y que terminaba callándose por «agotamiento». Esta situación se mantuvo incluso después de terminar la relación laboral con la discoteca.

VIDA NOCTURNA

Así, siempre según el ministerio público, la acusada mantuvo «una intensa vida nocturna, saliendo de forma habitual por las noches» junto a su pareja sentimental –«a quien no llegó a mostrar dónde estaba la casa»– o a un amigo, a los que decía «de forma mendaz que durante la noche su hija estaba en casa, al cuidado de una chica que se encargaba de su atención».

La Fiscalía relata que, al parecer, en un momento no determinado, pero en torno al mes de octubre de 2018, la acusada «abandonó definitivamente el apartamento y dejó a su hija en el dormitorio, sobre la cama, con la puerta cerrada y la ventana con la persiana bajada, en condiciones de oscuridad, tan solo con un biberón y unas galletas».

Para la acusación, la mujer era «consciente que de forma ineludible se iba a producir el resultado de muerte del bebé si como madre y única responsable de su cuidado dejaba de prestarle la atención indispensable para su subsistencia», por ello «aceptó que iba a acabar con su vida». Salió del piso cerrando la puerta con las llaves que solo ella tenía «sin regresar nunca más en vida de su hija».

El fiscal sostiene que supuestamente la procesada no comunicó ni a sus amigos ni a su pareja sentimental ni a su familia de origen ni a institución alguna el paradero real del bebé ni su situación, «aceptando con ello que se iba a producir su fallecimiento en breve tiempo», al «no proporcionar a su hija asistencia alguna» y «evitar, guardando silencio sobre las circunstancias en que se hallaba sola, que otra personas pudiera intervenir».

En noviembre, los hermanos de la mujer viajaron a Málaga porque no podían contactar con ella y cuando se encontraron les aseguró que la bebé estaba con una mujer en Nerja (Málaga) y que hacía cuatro días que no la veía. Pero, al insistir los familiares «les dijo que la había dejado sola en casa hacía un mes, tras lo que se dio a la fuga», señala el escrito de conclusiones provisionales.

Los hermanos comunicaron lo ocurrido a la Policía Local que fue al apartamento donde encontraron a la pequeña muerta. Según los datos de autopsia y los análisis realizados, el fallecimiento se produjo en un periodo mínimo de entre 26 y 30 días antes de haberla encontrado y la causa principal fue el abandono, que incluye cuadros de malnutrición, deshidratación, inanición y falta de cuidados médicos e higiénicos.

Mientras, según el escrito provisional del ministerio público, la acusada fue al hostal donde trabajaba una amiga y le dijo a esta y a otros amigos que su hermana iba a llamar a la Policía y tenía que irse a Marruecos, contándoles «la verdad sobre su hija, al igual que hizo a su compañeros sentimental», con el que contactaron los agentes, que finalmente detuvieron a la mujer en casa de este.

Una vez en dependencias policiales, la mujer de forma espontánea dijo a varios agentes en actitud llorosa: «Un día del mes diez la dejé encerrada en la habitación con un biberón y galletas y ya no volví más a la casa». La joven presenta personalidad inmadura, un destacado egocentrismo y dificultad para renunciar a sus propias satisfacciones, así como un significativo grado de impulsividad.

Así, la Fiscalía solicita un año de prisión por el delito de abandono y 20 años por el de asesinato. La familia de la niña, es decir los padres y hermanos de la acusada, han renunciado a reclamar por estos hechos. Está previsto que el juicio comience este lunes y se prolongue durante toda la semana.

El PSOE ha propuesto en el Congreso de los Diputados que se reactive el Pacto Antitransfuguismo mediante un acuerdo entre todos los partidos sobre un «código de conducta política» y garantizando que la Comisión de Seguimiento del Pacto, que ha estado diez años sin reunirse, mantiene encuentros periódicos.

Así lo plantean los socialistas en una proposición no de ley registrada esta semana en la Cámara Baja para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública. Según recuerdan, el primer acuerdo contra el transfuguismo se firmó en 1998 y se renovó en 2000 y en 2006, siendo éste el definitivo, y había que haber celebrado al menos dos encuentros anuales.

Sin embargo, la Comisión de Seguimiento estuvo diez años inactiva hasta que se reunió el pasado miércoles. Esto, según el PSOE, «ha provocado una relajación en el cumplimiento de los códigos de control, multiplicándose los casos de transfuguismo, carentes de ética y siempre movidos por oscuros intereses económicos o de promoción personal».

TRÁNSFUGAS EN MÁLAGA Y TENERIFE

La iniciativa parlamentaria menciona algunos casos que se han producido en el último año, como los de Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Castrelo de Miño (Ourense).

En estos lugares, los tránsfugas –de Cs en los dos primeros casos y del PSOE en el municipio gallego– se aliaron con el PP y apoyaron mociones de censura o alteraron las mayorías de gobierno en contra de las directrices de sus respectivos partidos.

Precisamente, la formación liderada por Inés Arrimadas fue la que, a raíz de esos y otros casos, impulsó una reunión con el PSOE y el PP para convencerles de la necesidad de actualizar el Pacto Antitransfuguismo y asegurar su cumplimiento.

Posteriormente, en septiembre, se celebró un encuentro de la Comisión de Seguimiento que ha tenido su continuidad en la reunión del pasado miércoles, en la cual se adhirieron nuevos partidos al Pacto, se extendió su aplicación al ámbito autonómico y nacional –antes se limitaba al local– y se alcanzó el compromiso de plasmar las medidas en leyes y en los reglamentos de las instituciones.

VUELTA A LA «LEALTAD POLÍTICA RECÍPROCA»

Para el PSOE, se necesita «una vuelta a la lealtad política recíproca» para «limitar las conductas reprobables» de los tránsfugas y «evitando las consecuencias de las prácticas de su comportamiento».

Por ello, su proposición no de ley plantea que el Congreso inste al Gobierno a «promover y trabajar para la reactivación del Pacto Antitransfuguismo» y que se apruebe, mediante el consenso de todas las formaciones políticas, «un acuerdo sobre un código de conducta política».

Este acuerdo constituiría «un compromiso por el pluralismo, por la decencia, por la gobernabilidad, por la transparencia y por la calidad democrática de nuestras instituciones», añade.

Además, los socialistas quieren que la Comisión de Seguimiento celebre «reuniones periódicas», de modo que «no transcurran periodos de tiempo dilatados que impidan un correcto seguimiento de los casos problemáticos y provoquen una desincentivación del cumplimiento de las medidas».

También apuesta por actualizar la composición de la Comisión, promoviendo la participación del mayor número de partidos políticos «para alcanzar un mayor compromiso», y por potenciar, de forma consensuada, «iniciativas legislativas de reforma del régimen electoral general tendentes a limitar e impedir los efectos del transfuguismo en el funcionamiento interno de las corporaciones locales».

Vox llevará este martes al Pleno del Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a garantizar el derecho de todos los españoles a estudiar «exclusivamente» en castellano en todo el territorio nacional.

El debate de esta iniciativa tendrá lugar en plena polémica por la reforma de la LOMLOE o Ley Celaá, que entre sus novedades suprime la mención expresa al castellano como lengua vehicular en la educación.

«YA ES HORA» DE QUE SE «PONGA ORDEN»

En su iniciativa, recogida por Europa Press, los de Santiago Abascal creen que «ya es hora» de que el Estado «ponga orden» en el uso del castellano y de que garantice el derecho y el deber de todo español de conocer la lengua oficial y el de los padres a elegir para sus hijos esta lengua como vehicular de todas las asignaturas curriculares.

Así las cosas, en primer lugar se emplaza al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para asegurar que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, que establece que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

Sobre la base de esto, Vox urge a garantizar el derecho de todos los españoles a «vivir plenamente» y a estudiar «exclusivamente» en castellano en todo el país, así como a relacionarse con todas las Administraciones en la lengua oficial del Estado, y plantea, además, la necesidad de establecer una relación de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento de la norma.

Y EXIGE PRUEBAS DE NIVEL

También subraya la necesidad de garantizar la obligación de todos los españoles de conocer el castellano, mediante pruebas de nivel y/o mediante otros métodos de enseñanza y de evaluación oficiales, especialmente en aquellos territorios que cuenten con otra lengua cooficial, como Cataluña, Galicia o País Vasco.

Igualmente, deberá asegurarse que la lengua vehicular, de comunicación y de trabajo de todas las Administraciones, sea el castellano, sin perjuicio de que en los territorios con otra lengua cooficial se disponga lo necesario para que se pueda utilizar también esta última. En este sentido, subrayan que no se podrá obligar «en ningún caso» a los funcionarios a conocer y/o utilizar una lengua distinta del castellano, al tiempo que plantean suprimir el requisito de conocer la otra lengua cooficial para acceder a un empleo público.

Por último, la propuesta aboga por que toda señalización –incluida la toponimia—, rotulación, cartelería y comunicaciones que realice cualquier Administración deberá estar al menos en castellano –y con letras igual de tamaño y forma que los de la otra lengua cooficial que también se utilice–.

Una medida que los de Abascal quieren que sea aplicable también a cualquier entidad pública o no que realice actividades sociales si se le ha reconocido el derecho a percibir cualquier tipo de subvención o ayuda pública.

El PP ha empezado a movilizar a todos sus cargos territoriales contra la reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez, más conocida como ‘Ley Celaá’, en una ofensiva por toda España para «parar» la norma, que esta misma semana se votará en el Pleno del Congreso. Esta campaña servirá de base al recurso que Pablo Casado va a presentar ante el Tribunal Constitucional, según han informado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

«Ayúdanos a parar la ‘Ley Celáa’. Porque a todos –familias, centros, docentes y alumnos– nos une el mismo objetivo: un sistema educativo de calidad que contribuya a una sociedad mejor», asegura el PP en su campaña contra esta norma que la Vicesecretaría de Organización del PP ha trasladado a todos sus presidentes provinciales.

Según el PP, la reforma educativa de PSOE y Unidas Podemos supone «la imposición de un modelo único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual». Sin embargo, considera que aún se está a tiempo de pararla.

«AÚN ESTAMOS A TIEMPO», ALERTA EN SU CAMPAÑA

Ése es uno de los principales argumentos de su campaña para recabar apoyos por toda España y así consta en el documento para recoger firmas que ha hecho llegar a todas las sedes de su partido y al que ha tenido acceso Europa Press.

«Aún estamos a tiempo. No permitas que el Estado decida por ti. Defiende junto a nosotros una escuela inclusiva con todos y para todos. Una escuela plural y democrática en la que podamos ser más iguales, más plurales, más libres», recalca.

El PP denuncia que, «por primera vez en la historia de la democracia», la ministra de Educación, Isabel Celaá, «ha excluido a la comunidad educativa de la tramitación de la nueva ley». Argumenta también que esta reforma «conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones con facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos».

Es más, el PP subraya que esa ley «se inventa un derecho a la educación pública» cuando «el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación», al tiempo que «la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa», «devalúa» la enseñanza de la asignatura de religión y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial».

EL PP SE ADHIERE AL ‘MANIFIESTO MÁS PLURALES’

Esta ofensiva del PP por toda España irá acompañada de una campaña en redes sociales que el partido ya ha impulsado bajo la etiqueta ‘#StopLeyCelaá’ a favor «del derecho constitucional a estudiar en castellano, por el de los padres a elegir el modelo educativo y por una educación sin sectarismos».

Paralelamente, los diputados y senadores del Grupo Popular mantendrán reuniones en sus respectivas circunscripciones con colectivos de la educación especial y concertada, han añadido las fuentes consultadas.

Y la Vicesecretaría de Territorial está preparando una moción que recogerá todos los argumentos del PP contra esa reforma de Pedro Sánchez y que llevará a todos los ayuntamientos y Parlamentos autonómicos de España con el objetivo de que el PSOE y los demás partidos «se retraten», según los ‘populares’.

Asimismo, el PP se ha adherido al ‘Manifiesto Más Plurales’ que promueve la plataforma Más Plurales –que engloba a profesionales, colegios y familias– y que sostiene que la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) es «fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad» del sistema educativo, «que es clave en una sociedad democrática».

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación Rodeo, han llevado a cabo una operación contra el tráfico ilícito de vehículos en las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Murcia, Alicante y Jaén, según ha informado la Dirección General de la Policía.

Los agentes han detenido a once personas -nueve hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 21 y 65 años de edad- por su presunta implicación en los delitos de tráfico ilícito de vehículos y pertenencia a organización criminal.

Todos ellos actuarían como integrantes activos de una red delictiva itinerante especializada en el robo de vehículos que, posteriormente, serían vendidos a otras organizaciones criminales, principalmente dedicadas al tráfico de drogas, tras ser falsificados sus elementos identificativos.

La investigación ha sido desarrollada en diversas fases y en el último operativo resultó detenido el principal organizador de la trama junto a otro de sus miembros, un hombre de nacionalidad marroquí que tenía en vigor tres señalamientos judiciales.

Los investigadores iniciaron las pesquisas a finales del pasado año. Los agentes detectaron la presencia en Málaga de varias personas que, presuntamente, podrían pertenecer a una organización dedicada al robo de vehículos para venderlos a terceros una vez falsificados sus elementos identificativos.

Igualmente, coincidía con la detección de un incremento sustancial de los robos de vehículos -mayormente todoterreno y furgonetas- en distintos puntos de la comunidad andaluza.

Tras varias gestiones, los investigadores constataron que los vehículos eran sustraídos para venderlos a otras organizaciones, algunas de ellas en el extranjero, con fines ilícitos. Además se pudo comprobar que el grupo criminal habría estado asentado y habría operado en Málaga, Huelva, Algeciras, Jaén, Alicante, Murcia y varias localidades de Cataluña.

REPARTO DE ROLES ENTRE LOS MIEMBROS

Cada uno de los miembros desempeñaba un papel dentro de la organización. Por un lado estaría la persona encargada de localizar los objetivos -vehículos-, pasando por el que vigilaba, materializaba el robo y falsificaba los elementos identificativos, hasta el que trasladaba el vehículo al lugar de «enfriamiento» -espacio destinado para almacenar los automóviles sustraídos durante un tiempo a fin de evitar su localización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad- o, finalmente, el encargado de entregar los vehículos a las otras organizaciones y sacarlos del país.

Además, todos ellos cambiaban frecuentemente sus turismos, lugares de residencia y lugares de actuación para evitar ser identificados.

Los primeros resultados de esta operación se llevaron a cabo en el mes de enero del presente año. Los agentes detectaron la presencia de varios de los investigados cuando se disponían a trasladar algunos vehículos sustraídos.

Concretamente, tenían la intención de sacar del país -desde el Puerto de Tarifa- un turismo con los elementos de identificación ya falsificados, e iban a trasladar otros vehículos a una ubicación que podría estar siendo utilizada por la organización como «lugar de enfriamiento».

En esta ocasión los investigadores identificaron y detuvieron a cinco hombres, como presuntos autores de un delito de tráfico ilícito de vehículos, y recuperaron cinco vehículos que figuraban denunciados como robados.

A medida que las investigaciones iban avanzando, los agentes lograron recuperar -en Málaga, Murcia y Alicante- otros catorce vehículos que habrían sido sustraídos y que los agentes vinculan su presunta autoría a miembros de esta organización criminal.

Durante las diferentes fases, la Policía ha destacado la localización de una finca rústica, en una localidad de la provincia de Huelva, donde los agentes recuperaron una decena más de vehículos y detuvieron a dos hombres y dos mujeres vinculados a la organización.

Finalmente, lograron la desarticulación total de esta red con la detención del principal cabecilla de la trama quien, en el momento del arresto, se hallaba en compañía de otro de los miembros que tenía en vigor tres señalamientos judiciales -uno de ellos por un delito de homicidio-.

El operativo finalizó con la práctica de varios registros, el último de ellos en la vivienda del principal encartado ubicado en Jaén, donde se intervinieron 50 placas de matrícula sin troquelar, dos placas de matrícula falsificadas, un centenar de piezas metálicas alfanuméricas para troquelar, 34 llaves vírgenes de diferentes marcas, nueve dispositivos electrónicos y mecánicos de apertura y arranque, detectores de radiofrecuencia, pasamontañas, guantes, 20 cartuchos del calibre 9 mm y diversa documentación.

España exportó a Azerbaiyán material de defensa por un total de 19,4 millones de euros en 2019, pese a que desde el año 1992 está vigente una recomendación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para que sus miembros impongan un embargo voluntario a la venta de armas a los países en conflicto en la zona de Nagorno-Karabaj.

En concreto, España vendió a Azerbaiyán el pasado año radares móviles para su Fuerza Aérea. Se trata de los primeros equipos de los cinco en total a cuya exportación el Gobierno dio el visto bueno, por un importe total de 63,6 millones de euros.

El conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán en la zona de Nagorno-Karabja se remonta a la última década del siglo XX y en 1992 la OSCE solicitó a sus estados participantes que impusiesen un embargo a la exportación de armas a los países implicados; una solicitud que no ha sido derogada 28 años después.

Pese a ello, el Gobierno explica en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se trata de un embargo de armas multilateral «voluntario» y varios estados participantes de la OSCE han suministrado armas a Armenia y Azerbaiyán desde 1992.

Entre ellos se encuentra España que, además de los radares móviles para su Ejército del Aire, autorizó también este año la venta de una aeronave de transporte por valor de 40 millones de euros. Sin embargo, esta exportación finalmente no se llevará a cabo porque las autoridades de Azerbaiyán han elegido la oferta de otro vendedor.

Armenia y Azerbaiyán han anunciado esta semana un acuerdo de alto el fuego para poner fin a las hostilidades que comenzaron el 27 de septiembre y en las que, según explica el Gobierno en otra respuesta, «ambas partes se han acusado mutuamente de haber lanzado la primera ofensiva».

«Estos enfrentamientos se producen en el contexto de un prolongado conflicto no resuelto, en el que las partes denuncian violaciones prácticamente diarias del armisticio contemplado en el protocolo de Biskek, de mayo de 1994», señala el Gobierno español.

El Ejecutivo añade además que siempre ha apoyado los llamamientos a la resolución pacífica del conficto, igual que ha hecho el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, por considerar que «no existe otra salida al conflicto que no sea la de la negociación y el diálogo».

SUSPENDER LA VENTA EN CASO DE RIESGO

Varios grupos parlamentarios han trasladado al Congreso de los Diputados su preocupación por el conflicto. Vox, por ejemplo, ha presentado una proposición no de ley para que España promueva una solicitud pública «del cese de las acciones de Turquía en apoyo militar a Azerbaiyán» en el conflicto, además de promover una solución pacífica.

Por su parte, Junts per Catalunya pide en otra proposición no de ley que el Gobierno cese la venta de armas o cualquier equipo militar a Azerbaiyán y suspenda «con carácter de urgencia» las transacciones que estén en marcha.

En una de las respuestas parlamentarias, el Ejecutivo asegura que todas las transacciones se realizan con el visto bueno de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), que podría suspender o revocar una autorización previamente concedida «si tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido» de los materiales exportados.

JUNTS: RESPETO A LA VOLUNTAD DE LA POBLACIÓN

Junts per Catalunya también quiere que España promueva a nivel internacional una solución al conflicto que pase por «el respeto absoluto a la voluntad mayoritaria expresada libremente por la población autóctona de Nagorno-Karabakh.

Y que se condene el apoyo militar de Turquía a Azerbaiyán, además de la imposición de sanciones contra Turquía por parte de la Unión Europea «por su comportamiento agresivo y expansionista en la Mediterránea oriental y en el Cáucaso».

La Declaración de La Paz que firmaron la semana pasada en Bolivia varios líderes de izquierda europea y latinoamericana fue una iniciativa del presidente argentino, Alberto Fernández, y del vicepresidente segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias, y posteriormente el resto de firmantes se fueron sumando y aportando cambios.

Así lo ha explicado a Europa Press Andrés Arauz, candidato ‘correísta’ a la Presidencia de Ecuador y uno de los firmantes de la Declaración, que subraya que la principal amanenaza a la democracia y a la paz social en el siglo XXI es el «golpismo de la ultraderecha».

Arauz no ha querido entrar en la polémica que la iniciativa ha generado en España, debida a que Iglesias la firmó durante un viaje en el que su misión era acompañar al Rey a la toma de posesión del presidente boliviano, Luis Arce.

«Todos los ciudadanos tenemos derecho a la libre expresión y a la libre asociación», ha replicado Arauz, que cree, además, que en el actual «mundo globalizado» existe una «obligación» de coordinarse «desde una perspectiva del internacionalismo».

La declaración la firmó también el boliviano Luis Arce y los expresidentes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil), Alexis Tsipras (Grecia) y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Además de acompañar al Rey, Iglesias mantuvo, en su viaje a La Paz, reuniones con Arauz, con Alberto Fernández y con la candidata peruana Verónica Mendoza. Arauz ha asegurado que no habló con Iglesias de ningún tipo de cooperación o apoyo con vistas a las presidenciales ecuatorianas del próximo febrero.

Eso sí, ha explicado que ambos partidos tienen relación y que, por ejemplo, el círculo de Podemos en Ecuador está organizando un foro sobre la deuda externa que considera interesante, igual que lo es intercambiar conocimientos sobre otros asuntos.

La principal preocupación de Arauz en su conversación con Iglesias era abordar la situación de los cientos de miles de ecuatorianos que viven en España y, según ha dicho, se quedó «satisfecho» con las respuestas que obtuvo, puesto que los mecanismos de protección social en España incluyen a los residentes extranjeros en el país.

Arauz ha evitado valorar la situación que se vive en Perú, donde el Congreso ha destituido al presidente Martín Vizcarra –«vamos a respetar los principios de autodeterminación de los pueblos»– ni tampoco en Venezuela.

VENEZUELA

Con el actual Gobierno de Lenín Moreno, Ecuador forma parte del Grupo Internacional de Contacto que ha concluido que en Venezuela no se dan las condiciones para que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre sean transparentes pero Arauz ha rehusado dar su opinión.

«Nosotros tenemos en serias preocupaciones sobre las garantías democráticas del Ecuador», ha señalado, recalcando que su candidatura estuvo a punto de ser excluida por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral y solo se permitió por la «solidaridad internacional y los procedimientos de organismos, incluyendo la Unión Europea».

«Suficiente tenemos con preocuparnos de la democracia en el Ecuador, que ha sido vilmente maltratada y que estamos a las puertas de recuperarla», ha argumentado.

En cuanto a cuál será su relación con Venezuela si gobierna en Ecuador, ha afirmado que estará «volcado en la paz», y en una «posición de apertura total y de total voluntad de diálogo» hacia los objetivos de «paz, democracia y desarrollo».

QUE BIDEN NO EJERZA SANCIONES UNILATERALES

Arauz sí espera una nueva actitud hacia América Latina por parte del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden: «que no ejerza presión o sanciones unilaterales sobre países hermanos en América Latina y se desactiven los tambores de guerra que a veces se reactivaron en el Gobierno de Trump».

Las sanciones, ha recalcado, deben adoptarse en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU «y no por un hegemón por muy poderoso que sea».

En todo caso, lo que sí espera de Biden de manera «urgente» es que facilite una decisión que permita al Fondo Monetario Internacional (FMI) emitir dos millones de derechos especiales de giro, un activo de reserva internacional que pueden intercambiarse por monedas de libre uso y que Donald Trump ha impedido.

En su opinión, las decisiones sobre moratoria o reestructuración de la deuda externa en el marco de la crisis generada por la pandemia de coronavirus son positivas pero «insuficientes», «no ofrece recursos frescos en divisas para los países», porque no alcanza a los países de renta media, como son la mayoría de los latinoamericanos.

También porque no da «soluciones estructurales a la jerarquía monetaria internacional que impide que los países del sur puedan impulsar políticas contracíclicas de mayor dimensión» como sí están haciendo los bancos centrales de Europa, Canadá, Reino Unido, Japón o Suiza.

El presidente Lenín Moreno también abogó el pasado junio, en una reunión organizada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por una emisión sustancial de derechos especiales de giro. Arauz ha dicho seguir con interés el empeño de Sánchez para impulsar vías de financiación para los países de renta media pero cree que «el énfasis» debe estar ahora en que EEUU permita al FMI actuar.

De cara a las elecciones presidenciales del 7 de febrero, la campaña hacia los emigrantes –cerca de 1,2 millones, rozando el 7 por ciento de la población– ha comenzado ya de manera telemática debido a la pandemia de coronavirus. En ella participa también el expresidente Rafael Correa –residente en Bélgica y condenado por cohecho–. «Es un personaje relevante desde nuestro proyecto político y obviamente, desde ya está comunicándose con nuestros hermanos migrantes», ha dicho.

El Grupo Popular llevará esta semana al Pleno del Congreso su proposición de Ley Orgánica de Protección de la Salud y de los Derechos y Libertades fundamentales que articula un ‘plan B’ jurídico –en palabras del partido de Pablo Casado– a través de la legislación ordinaria para evitar tener que recurrir en el futuro a la medida excepcional del estado de alarma si persiste la pandemia.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ya ha empezado a contactar con algunos grupos parlamentarios para recabar apoyos y confía en que el PSOE al menos no impida la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, cuya toma en consideración se vota el martes 17 de noviembre, según han informado a Europa Press fuentes ‘populares’.

El líder del PP, Pablo Casado, lleva meses defendiendo este plan jurídico como medida alternativa al estado de alarma para dar seguridad y certidumbre a las comunidades autónomas y cree que podría estar aprobado en un par de meses. «Espero que sea apoyado por el Partido Socialista, tal y como se comprometieron el propio presidente, la vicepresidenta y el ministro de Justicia», dijo la pasada semana ante el Comité Ejecutivo de su partido.

MOMENTO DE ABANDONAR «EL CAMINO DE LA EXCEPCIÓN»

En el texto, que aparece firmado por la anterior portavoz del partido, Cayetana Álvarez de Toledo, el PP asegura que al recurrir a la «excepcionalidad máxima» que recoge el artículo 116 de la Constitución, el Gobierno «confinó a los españoles y recortó sus derechos básicos de los ciudadanos, como los de libre circulación, reunión, libertad de establecimiento, libertad de culto y otros».

El PP subraya que es momento de abandonar «el camino de la excepción» del estado de alarma –prorrogado hasta seis veces– y preparar una respuesta jurídica que permita la protección conjunta de los derechos y libertades de los ciudadanos, «sin menoscabo de que el Estado también se encargue de velar por su salud«, máxime cuando no ha terminado la crisis sanitaria, no se ha vencido al virus, ni se ha encontrado aún vacuna.

«Ante estos riesgos, inminentes o futuros, es imprescindible dotarnos de un instrumento jurídico a la mayor brevedad, que permita, desde la seguridad jurídica, la normalidad institucional, y la vigencia normativa, afrontar este tipo de situaciones sin que impliquen ni renuncias a los derechos constitucionales, ni negociaciones políticas que distorsionen el fin único en estas situaciones», asegura el PP en su proposición.

OBLIGAR A GUARDAR CUARENTENA O AISLARSE A LOS AFECTADOS

El PP propone en su iniciativa modificar el artículo tercero de la la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, de forma que la autoridad sanitaria podrá, para controlar las enfermedades transmisibles, realizar las acciones preventivas generales y adoptar medidas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato.

Esas medidas, según prosigue, incluirán «el sometimiento obligado de las personas sospechosas a observación de salud pública; sometimiento a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; sometimiento a aislamiento y a tratamiento, cuando proceda, a las personas afectadas, así como la localización de quienes hayan estado en contacto con personas sospechosas o afectadas».

Además, la autoridad sanitaria podrá «controlar o limitar la entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar olimitar el movimiento dentro de dicha zona, lo cual podrá afectar al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas, así como a derecho de reunión que podrá estar condicionado en su ejercicio tanto en lugares determinados, como en el número de personas». Según añade, todas las medidas «se tomarán conforme a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad».

PODER HACER RESTRICCIONES CON UN ACTO GUBERNATIVO

En la misma iniciativa, el PP plantea la reforma de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que los juzgados de lo contencioso-administrativo autoricen o ratifiquen las medidas que las autoridades sanitarias consideren «urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación de la libertad o de otro derecho fundamental».

Según el PP, resulta «razonable la exigencia de ratificación judicial del acto administrativo en los casos de privación de libertad o tratamiento médico forzoso (normas de cuarentena o procedimiento médico involuntario)». Sin embargo, cree que la restricción «sería posible realizarla por medio de un acto gubernativo que ponderase las circunstancias de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, sin perjuicio su ulterior control judicial».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá un encuentro con los principales representantes de las organizaciones sindicales CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva, este lunes en el Palacio de la Moncloa a las 13.00 horas para impulsar el diálogo social.

En el encuentro también estarán presentes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, o el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Según los agentes sociales, el encuentro del lunes es «el pistoletazo de salida» para el diálogo social. Asimismo, han señalado que se conformará una mesa general de la que dependerán las seis mesas comprometidas en enero y reconfirmadas el pasado 6 de julio en el encuentro también mantenido con el presidente.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene en su haber varios acuerdos con los agentes sociales, el relativo a la subida del SMI para 2020, y ya con la pandemia, el del impulso a los ERTE y su prórroga hasta el 31 de enero de 2021 con el fin de evitar que la crisis del coronavirus se cebara en el empleo o la prórroga también hasta finales de enero del año próximo de las ayudas para autónomos.

Los interlocutores sociales y el Gobierno también acordaron recientemente la Ley que regula el trabajo a distancia, que entró en vigor el pasado 13 de octubre.

Actualmente, se encuentran negociando cuestiones como la modernización de las políticas activas de empleo, la puesta en marcha de la conocida como Ley de ‘riders’ o crear un nuevo sistema de cotización por ingresos reales para autónomos.

Vox va a aprovechar la sesión de control al Gobierno del miércoles en el Congreso para pedirle cuentas por su plan contra la desinformación y las denominadas ‘fake news’, un asunto sobre el que forzará una votación en el Pleno de la Cámara el próximo mes de diciembre, tras el debate final de los Presupuestos Generales.

Por lo pronto, el vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso y diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha registrado una pregunta sobre el tema para el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

«¿Por qué se propone el Gobierno decidir sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación?», reza un interrogante que dará pie a Gil Lázaro para denunciar lo que Vox considera que es un claro intento de censura.

Pero además, los de Santiago Abascal, han decidido centrar también este tema la interpelación que dirigirán al Gobierno en la sesión del miércoles para instarle a explicar «qué medidas va a adoptar en el ámbito de la libertad de expresión».

El plan de Moncloa salió a la luz la semana pasada cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el nuevo procedimiento por el que monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persigue influir en la sociedad con fines interesados y espurios».

Su publicación desató una oleada de críticas al Gobierno, entre ellas de Vox, que le acusó de pretender un ‘Ministerio de la Verdad’ para controlar las opiniones de la ciudadanía y censurar a los medios que no le son afines.

Desde el Ejecutivo y el Departamento de Seguridad Nacional se ha explicado que su intención no es controlar la información que publican los medios de comunicación ni vigilar la veracidad de las noticias, sino detectar injerencias extranjeras que busquen influir en la opinión pública española.

El Ministerio del Interior ha incrementado en los últimos cinco meses el ritmo de traslados de presos de ETA a cárceles vascas o próximas a esa comunidad autónoma, un periodo de tiempo en los que ha autorizado 64 de los 103 aprobados en los dos años y medio del Gobierno de Pedro Sánchez: ya son 21 los etarras acercados al País Vasco y otros dos a Navarra, mientras que de las cárceles de Andalucía, las más alejadas, han salido 30 internos de la banda terrorista, aunque quedan aún otros 47.

De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio del Interior recopilados por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y consultados por Europa Press, en total han cambiado de centro penitenciario 94 etarras (nueve lo han hecho en dos ocasiones, de ahí que sumen 103 traslados). Algunos están aprobados pero aún no han sido ejecutados, por lo que la cifra puede variar ligeramente.

Hasta mayo de 2020 hubo 39 traslados y ocho terceros grado para presos de ETA, un colectivo que no llega ahora a los 200 internos en las cárceles españolas. Desde mitad del mes de junio, y dejado atrás la fase más aguda de la primera ola del coronavirus, se han acelerado notablemente las comunicaciones para notificar cambios de cárceles por otras más próximas al País Vasco y Navarra, alcanzando la cifra de 64 comunicaciones por traslado.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por Europa Press corroboran este dato, aunque lo desglosan de otra forma. Contabilizan 73 acercamientos de etarras porque incluyen tan sólo aquellos autorizados al País Vasco, Navarra y provincias limítrofes, además de las cárceles de Soria y Zaragoza.

Si se suman todos los traslados, coincide con el dato de 103: 92 ya aprobados y otros 11 como consecuencia de progresión al tercer grado o régimen de semilibertad, lo que obligaría al acercamiento por proximidad al núcleo familiar.

85 PRESOS DE ETA EN LAS CCAA MÁS AL SUR

De los 197 etarras en prisión, descontando los 47 que están en Andalucía, hay que destacar que, a 11 de noviembre, Castilla y León cuenta con 32 internos; en Aragón hay 17 presos de ETA y en La Rioja son 16. Le siguen Galicia (con 8 etarras), Asturias (6) y Cantabria (4).

Según estas cifras recopiladas por la AVT a partir de los datos de Interior, Andalucía, Murcia, Extremadura, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha –regiones más alejadas del País Vasco– suman 85 presos de ETA, sin incluir aquí las cárceles de Madrid (11 etarras en la actualidad).

Por otra parte, las cárceles desde las que han sido aprobados más trasladados de etarras son: Andalucía (30, de los que 22 han sido comunicados desde el pasado mes de mayo), Comunitat Valenciana (24), Murcia (7), Castilla-La Mancha (7) y Extremadura (3). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que algunos traslados aún no se han ejecutado, pero están ya aprobados y comunicados por Instituciones Penitenciarias.

La AVT aporta más detalles al respecto: la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado 18 traslados de presos de ETA al País Vasco o Navarra, de los que siete son por tercer grado y dos por enfermedad y razones bajo protección de datos.

Los datos reflejan que Interior –que defiende que los traslados son por decisiones individuales a propuesta de las juntas de tratamiento, sin que luego sean recurridos judicialmente– cada vez incluye más presos en primer grado, en algunos casos aplicando el principio de flexibilidad del artículo 100.2, y con más años de condena aún por cumplir.

La asociación de víctimas denuncia esto último en un contexto de «fin de la política de dispersión» que no exige que los etarras colaboren con la justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos sin autor conocido. También desconfía del protocolo por el que Prisiones habla de que han asumido la legalidad penitenciaria y ligan estas decisiones, a tenor de lo expresado por miembros del Gobierno como el vicepresidente Pablo Iglesias, a la necesidad de contar con el apoyo de EH Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

CON DELITOS DE SANGRE Y PRIMER GRADO

Entre las mayores críticas de la AVT está que se incluya a 25 etarras con delitos de sangre entre los acercados, entre ellos dos de los últimos cinco cuyo trasladado ha sido autorizado por Interior esta misma semana: Mikel Azurmendi Peñagaricano y Maite Pedrosa Barrenechea, condenados por asesinar al concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García, y que cambian la cárcel de Valencia por la de Zaragoza.

Con el Gobierno de Pedro Sánchez, y siendo ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, se han contabilizado también 15 progresiones al tercer grado o régimen de semilibertad, de los que cinco son etarras con delitos de sangre. Seis han obtenido la libertad condicional y otros siete han sido excarcelados al cumplir su condena.

Según los datos de la AVT, que teme que los traslados sean la antesala de una puesta en libertad masiva –recelan, por ello, de que se transfiera al País Vasco la competencia en prisiones–, más de 130 presos de ETA siguen clasificados en primer grado, el régimen cerrado y, por tanto, más duro. A mediados de 2018, cuando llegó Sánchez al Gobierno, había 203 etarras en primer grado de un total de 233 en prisión.

Precisamente este viernes Etxerat, la plataforma de familiares que apoya a los presos etarras, ha emitido un comunicado en el que valora la decisión de Instituciones Penitenciarias de permitir que los condenados por terrorismo «abandonen recientemente los módulos de aislamiento de las cárceles de Estremera, Córdoba, Sevilla y Huelva».

Aunque lo ven «insuficiente», Etxerat se refería en concreto a la decisión de sacar del módulo de aislamiento en Huelva a presos como Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, asesino de los concejales del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco, entre otros. Prisiones sostiene que continúa clasificado en primer grado, aunque la dirección del centro aprobó que dejara el módulo de reclusos conflictivos por otro ordinario, donde ahora sí puede coincidir con otros internos en las horas de patio.

La AVT emite un comunicado cada vez que, cumpliendo con el compromiso de Fernando Grande-Marlaska al llegar al Ministerio del Interior, le comunican un nuevo traslado de etarras. En el último lamentaba una vez más que «los verdugos ganen la batalla del relato y encima gobiernen España», y alertaba: «No los quieren cerca, los quieren libres».

El Congreso debatirá la próxima semana una proposición no de ley del PP instando al Gobierno a «rectificar» sus acciones «en materia de control de la información» en su afán de perseguir los bulos, todo ello con fin de asegurar «plenamente la libertad de expresión y el derecho a la información».

Los ‘populares’ registraron esta iniciativa el pasado abril, en pleno confinamiento por la crisis del Covid, justo después de que se conociera de que la Policía controlaría las redes sociales para perseguir los bulos que provocasen estrés social a la población. Un anuncio que el primer partido de la oposición consideraba «una intromisión arbitraria de las instituciones públicas en la libertad de expresión».

Pero el asunto ha vuelto a la actualidad después de que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos haya aprobado recientemente a un plan contra las ‘fake news’ con el que se monitorizará la información con el ese mismo objetivo de evitar bulos que pongan en cuestión la seguridad del Estado.

En su iniciativa, que se debatirá el jueves en la Comisión Constitucional, el PP hace alusión a la citada monotorización de redes sociales anunciada por el ministro Fernando Grande-Maslaska durante el primer estado de alarma, así como las declaraciones del general José Manuel Santiago señalando que persiguen bulos para «minimizar» las críticas al Gobierno.

Pero también pone de relieve la polémica pregunta relativa a los bulos y control de medios incluida en un barómetro del CIS publicado durante el confinamiento, o la decisión de aparcar el Portal de la Transparencia en ese periodo.

Actuaciones estas que, según el PP, contrastan con lo que dijo Pedro Sánchez en su discurso de investidura, cuando aseguró que el proyecto de coalición progresista «está indisolublemente ligado a la libertad» frente a la «intrusión arbitraria de las instituciones públicas».

El Gobierno ha rechazado facilitar a Vox los nombres de los pasajeros que han acompañado al presidente, Pedro Sánchez, en los vuelos en Falcon que ha realizado desde el pasado mes de enero, cuando tomó posesión de su cargo, alegando que se trata de información que debe tratarse como «materia clasificada».

Los de Santiago Abascal registraron una pregunta en el Congreso pidiendo al Gobierno que detallara los pasajeros que formaban parte de la tripulación de los vuelos realizados por Sánchez desde enero, y cuántos de ellos, sin incluir la tripulación, eran ajenos al Ejecutivo o no tenían responsabilidades públicas en dichos viajes.

CASI CINCO VUELOS MENSUALES

Vox justifica la presentación de esta iniciativa apuntando que desde junio de 2018, cuando entró por primera vez en La Moncloa tras el triunfo de su moción de censura contra Mariano Rajoy, y hasta mayo de 2019 el número de vuelos en Falcon realizados por el presidente ascendió a 59, esto es, 4,92 vuelos mensuales, «y no siempre con fines oficiales». En concreto, recalcan que al menos nueve de esos vuelos realizados en 2019 tuvieron «un fin particular o de partido».

Una práctica que, según denuncian en Vox, ha continuado en 2020, pues el pasado 31 de julio un Falcon despegó de Madrid con destino a Lanzarote, sin que se facilitara el motivo del vuelo ni los pasajeros, y cuatro días después se conoció que el presidente Sánchez se trasladó a esa isla para reunirse con su familia en la residencia oficial de La Mareta.

Sin embargo, el Gobierno rechaza dar esa información alegando que la Ley reguladora de Secretos Oficiales señala que tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma «deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección».

«En consecuencia, no resulta posible facilitar información adicional a la que se proporciona a través de la página web, conforme a la Ley de Transparencia, referida a la agenda del presidente del Gobierno y del resto de miembros del Ejecutivo», reseña.

LO AVALA LA AUDIENCIA NACIONAL

Una decisión que desde el Ejecutivo apuntan que viene avalada por una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de octubre de 2017, que señala que «la información proporcionada no podrá referirse a aquellos viajes o acompañantes, cuando se trate de viajes que hayan sido calificados como materia clasificada.

Pero también esgrimen que el propio Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, en una resolución del 15 de febrero de 2016, indicó que la información «no incluirá datos de vuelos cuya información haya sido clasificada antes de ser proporcionada al Ejército del Aire por venir referida a la Presidencia del Gobierno.

No obstante, Vox rebate esta cuestión subrayando que el 5 de noviembre de 2019 esa misma institución, tras varias solicitudes de otros grupos parlamentarios, indicó que «no ampara la calificación con carácter general como secreto de toda información relativa a los desplazamientos del presidente, más aún por cuanto gran parte de los mismos son de conocimiento público», e instó a la Secretaría General de Presidencia a suministrar la información requerida porque «no proceder la aplicación de ningún límite al acceso a esta información».

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha asegurado que en los apoyos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se verá con qué socios cuenta el Ejecutivo: «Vamos a ver si en el Gobierno manda Iglesias o la parte moderada del PSOE».

«Si Sánchez elige a Bildu y a ERC, habremos conseguido algo muy importante: que toda la gente moderada vea que no lo hace porque no tiene otra opción, sino porque quiere. Eso es un servicio también a España», ha afirmado en una entrevista en ‘La Vanguardia’ este domingo recogida por Europa Press.

Ha mantenido que mucha gente moderada «se creía o se cree que si el Gobierno tiene que acudir a estos pactos es porque no tienen otra opción», y ha añadido que Podemos prefiere negociar con Bildu antes que con ellos.

«HAY QUE ELEGIR»

En ese sentido, ha asegurado que «es imposible tener en la ecuación a Bildu y ERC, con sus radicalidades económicas y sus cacicadas separatistas, y a Cs, con su moderación económica y con sus medidas buenas para todos los españoles».

Por ello, ha sostenido que el Ejecutivo tendrá que quedarse con uno u otro para sacar adelante las cuentas públicas, pero no con los dos: «Hay un momento en la vida en el que hay que elegir y a Sánchez le ha llegado el momento de la elección».

Además, ha defendido la estrategia de Cs en la negociación de los PGE, frente a la del PP y Vox, que «han presentado una enmienda a la totalidad, que es lo que hacen siempre cuando gobierna otro partido, pero no han conseguido nada».

Ha dicho que Cs ha frenado una subida del IVA en la escuela concertada y especial, y del IRPF a las rentas medias, por lo que ha añadido: «No podemos sacar a Podemos del Gobierno, pero sí hemos podido sacar propuestas de Podemos en los PGE».

ELECCIONES EN CATALUÑA

Sobre las elecciones al Parlament, ha dicho que «Cataluña no necesita ni un segundo ‘procés’ ni un tercer tripartito, necesita un primer Govern constitucionalista moderado», por lo que ha pedido formar una candidatura unitaria para que no se pierda ningún voto.

Ha asegurado que «la situación es tan mala» que no hay obstáculos para que los grupos que están en ese espectro se puedan poner de acuerdo y parar el proceso independentista, en sus palabras.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, preguntará en la sesión plenaria de esta semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la idoneidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) después de que EH-Bildu anunciara que apoyará estas cuentas públicas del Gobierno de coalición.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, volverá a acudir este martes a una sesión plenaria del Senado tras dos meses sin comparecer en esta Cámara y también se encontrará con preguntas vinculadas con las relaciones con Estados Unidos después de la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, y con la política social frente a la pandemia del coronavirus.

Será el PNV el encargado de preguntar directamente a Sánchez por la victoria del presidente electo, Joe Biden, mientras que ERC se ha decantado por cuestionar al jefe del Ejecutivo por el «escudo social» durante la Covid-19.

La última vez que el jefe del Ejecutivo compareció ante la Cámara Alta fue el 8 de septiembre en una sesión monográfica y desde aquel entonces Sánchez ha justificado sus ausencias por distintos compromisos internacionales. Sin embargo, desde la oposición han denunciado sus «reiteradas desapareciones» en esta Cámara.

Otro de los temas de actualidad que saldrán durante la sesión de control de la próxima semana será el pacto entre los partidos gubernamentales –PSOE y Unidas Podemos– con ERC para eliminar el castellano como lengua vehicular. En este sentido, los ‘populares’ pedirán las razones que han llevado al Gobierno central a «suprimir la mención al castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza».

PLAN CONTRA LAS ‘FAKE NEWS’

De otro modo, la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, interpelará directamente al Gobierno por los «objetivos» que han motivado al Ejecutivo a poner en marcha la Comisión Permanente contra la desinformación.

Este plan del Gobierno ha recibido numerosas críticas por parte de la oposición, que amenazó incluso con llevarlo a Europa. Brusellas llegó a estudiar esta Comisión contra la desinformación, pero no vio motivos suficientes para pensar que este plan atente contra la libertad de prensa.

Por su parte, el portavoz de Junts, Josep Lluis Cleries, cuestionará al Gobierno por la sentencia del major Josep Lluis Trapero, después de que se conociera que será restituido como máximo mando de los Mossos d’Esquadra.

La sesión plenaria de esta próxima semana también servirá para otras cuestiones relacionadas con infraestructuras, la política migratoria, el Mar Menor, la PAC, el Pacto de Estado contra la violencia de género y la educación.

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación Rodeo, han llevado a cabo una operación contra el tráfico ilícito de vehículos en las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Murcia, Alicante y Jaén, según ha informado la Dirección General de la Policía.

Los agentes han detenido a once personas -nueve hombres y dos mujeres con edades comprendidas entre los 21 y 65 años de edad- por su presunta implicación en los delitos de tráfico ilícito de vehículos y pertenencia a organización criminal.

Todos ellos actuarían como integrantes activos de una red delictiva itinerante especializada en el robo de vehículos que, posteriormente, serían vendidos a otras organizaciones criminales, principalmente dedicadas al tráfico de drogas, tras ser falsificados sus elementos identificativos.

La investigación ha sido desarrollada en diversas fases y en el último operativo resultó detenido el principal organizador de la trama junto a otro de sus miembros, un hombre de nacionalidad marroquí que tenía en vigor tres señalamientos judiciales.

Los investigadores iniciaron las pesquisas a finales del pasado año. Los agentes detectaron la presencia en Málaga de varias personas que, presuntamente, podrían pertenecer a una organización dedicada al robo de vehículos para venderlos a terceros una vez falsificados sus elementos identificativos.

Igualmente, coincidía con la detección de un incremento sustancial de los robos de vehículos -mayormente todoterreno y furgonetas- en distintos puntos de la comunidad andaluza.

Tras varias gestiones, los investigadores constataron que los vehículos eran sustraídos para venderlos a otras organizaciones, algunas de ellas en el extranjero, con fines ilícitos. Además se pudo comprobar que el grupo criminal habría estado asentado y habría operado en Málaga, Huelva, Algeciras, Jaén, Alicante, Murcia y varias localidades de Cataluña.

REPARTO DE ROLES ENTRE LOS MIEMBROS

Cada uno de los miembros desempeñaba un papel dentro de la organización. Por un lado estaría la persona encargada de localizar los objetivos -vehículos-, pasando por el que vigilaba, materializaba el robo y falsificaba los elementos identificativos, hasta el que trasladaba el vehículo al lugar de «enfriamiento» -espacio destinado para almacenar los automóviles sustraídos durante un tiempo a fin de evitar su localización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad- o, finalmente, el encargado de entregar los vehículos a las otras organizaciones y sacarlos del país.

Además, todos ellos cambiaban frecuentemente sus turismos, lugares de residencia y lugares de actuación para evitar ser identificados.

Los primeros resultados de esta operación se llevaron a cabo en el mes de enero del presente año. Los agentes detectaron la presencia de varios de los investigados cuando se disponían a trasladar algunos vehículos sustraídos.

Concretamente, tenían la intención de sacar del país -desde el Puerto de Tarifa- un turismo con los elementos de identificación ya falsificados, e iban a trasladar otros vehículos a una ubicación que podría estar siendo utilizada por la organización como «lugar de enfriamiento».

En esta ocasión los investigadores identificaron y detuvieron a cinco hombres, como presuntos autores de un delito de tráfico ilícito de vehículos, y recuperaron cinco vehículos que figuraban denunciados como robados.

A medida que las investigaciones iban avanzando, los agentes lograron recuperar -en Málaga, Murcia y Alicante- otros catorce vehículos que habrían sido sustraídos y que los agentes vinculan su presunta autoría a miembros de esta organización criminal.

Durante las diferentes fases, la Policía ha destacado la localización de una finca rústica, en una localidad de la provincia de Huelva, donde los agentes recuperaron una decena más de vehículos y detuvieron a dos hombres y dos mujeres vinculados a la organización.

Finalmente, lograron la desarticulación total de esta red con la detención del principal cabecilla de la trama quien, en el momento del arresto, se hallaba en compañía de otro de los miembros que tenía en vigor tres señalamientos judiciales -uno de ellos por un delito de homicidio-.

El operativo finalizó con la práctica de varios registros, el último de ellos en la vivienda del principal encartado ubicado en Jaén, donde se intervinieron 50 placas de matrícula sin troquelar, dos placas de matrícula falsificadas, un centenar de piezas metálicas alfanuméricas para troquelar, 34 llaves vírgenes de diferentes marcas, nueve dispositivos electrónicos y mecánicos de apertura y arranque, detectores de radiofrecuencia, pasamontañas, guantes, 20 cartuchos del calibre 9 mm y diversa documentación.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, dará cuenta este martes en el Congreso del informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, en el que se afea al órgano que vela por la correcta aplicación de la Ley de Transparencia que no publicite adecuadamente algunos aspectos relativos a las cuentas del organismo, los contratos que adjudica o los complementos o gratificaciones recibidos por parte de su personal.

Los distintos grupos parlamentarios podrán analizar esta situación durante la comparecencia de De la Fuente ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

En opinión del tribunal, las cuentas anuales rendidas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno «representan la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial» de la institución, lo que no es óbice para que le haga varias recomendaciones tendentes a subsanar las deficiencias detectadas, como la aprobación del Reglamento para su funcionamiento.

Otra de las deficiencias que señalaba el informe ya ha sido subsanada con el reciente nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez como nuevo presidente del Congreso, un puesto que ha estado vacante casi tres años, desde el fallecimiento en noviembre de 2017, de Esther Arizmendi, que estuvo al frente de este organismo desde su creación en 2014.

MÁS DE TRES AÑOS CON VOCALES PENDIENTES

Desde entonces ejercía como presidente en funciones el subdirector de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, pero, según el fiscalizador, la ausencia de un presidente con plenas funciones dificultaba la toma de decisiones.

El tribunal también destacaba en su informe que la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno había funcionado más de tres años teniendo vacantes los puestos de los vocales correspondientes al Congreso, el Senado y la Secretaría de Estado de la Función Pública.

Según el informe, el Consejo ha incumplido la ley de Función Pública al no dar publicidad a las cantidades que percibe cada funcionario por complementos de productividad ni describir adecuadamente las actividades fuera de la jornada laboral que realizaron dos funcionarios que recibieron gratificaciones por servicios extraordinarios por un importe total de 15.000 euros en 2016.

LAS CUENTAS COMPLETAS, NO RESÚMENES

El fiscalizador hace una serie de sugerencias al Consejo para que mejore la claridad de su página web con el objetivo de facilitar que los usuarios la entiendan, le pide que feche sus publicaciones, y destaca que no se han publicado los contratos celebrados en 2018, que la información relativa a los de 2015 y 2016 no está completa y que no consta la ejecución presupuestaria correspondiente a 2018.

Tampoco aparecían en la web cuando el tribunal la fiscalizó las cuentas anuales completas del Consejo, tan sólo resúmenes. El órgano que preside María José de la Fuente también reprocha que no se publique su periodo medio de pago a proveedores como establece la ley y que el Consejo no haya remitido anualmente al Gobierno su inventario de bienes y derechos.

El tribunal también ha descubierto que no se han publicado en el BOE convenios suscritos con las Universidades Autónoma (UAM) y Carlos III (UC3M) de Madrid y que la web del Consejo no recoge la evolución y el cumplimiento de otros dos suscritos, respectivamente con la Administración General del Estado y la UNED.

LA PLANTILLA ES INSUFICIENTE

Asimismo, el informe pone de relieve la «insuficiente plantilla de personal» con que cuenta el Consejo para llevar a cabo el ejercicio eficaz de las competencias asignadas» y le recomienda establecer una programación de actividades «eficaz y eficiente», adecuada a sus posibilidades de financiación y sus medios personales y materiales.

Además, el Tribunal insta al Consejo a adoptar las medidas oportunas para corregir y subsanar las deficiencias de control interno observadas en la gestión económico financiera, que achaca en parte de su insuficiente personal.

En el ámbito de la tesorería, por ejemplo, señala que cada una de las personas que figuran como titulares en las dos cuentas bancarias pueden operar libremente, sin necesidad de contar con el consentimiento por parte de otro titular, lo que se identifica como un riesgo en el control de su gestión, y que tampoco existe un control adecuado respecto a las firmas autorizadas en las citadas cuentas.

Además, en el área de personal, la institución no cuenta con un documento de gestión que contenga, al menos, la descripción de los derechos y obligaciones del personal del Consejo, los requisitos deformación, evaluación y forma de acceso, la composición y estructura de las retribuciones salariales y la jornada laboral; ni ha implantado un sistema efectivo de control horario.

INCUMPLIMIENTOS CON CONTRATOS MENORES

Respecto al ámbito contractual, el informe reseña que el Consejo ha infringido la normativa relativa a la duración de los contratos menores en el caso del de los servicios de limpieza y también la cuantía máxima para este tipo de contratación en el de asistencia jurídica, en cuya ejecución también ha detectado incumplimientos legales por falta de una factura.

Además se tramitaron dos expedientes de contratación menor con el objeto de realizar informes sobre la Ley de Transparencia sin justificar con datos que el Consejo carecía de medios para hacer esa tarea. También se ha incurrido en varios incumplimientos en un procedimiento negociado sin publicidad en 2015 para la apertura de dos cuentas bancarias.

Otro de los puntos que destaca el fiscalizador es que la competencia para ordenar los pagos y movimientos de fondos es del presidente, pero está siendo ejercida por la Unidad de apoyo, sin que conste la delegación del ejercicio de esa competencia.

El Grupo Popular en el Congreso intentará esta semana que la Cámara reclame al Gobierno con urgencia un «plan integral», coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, «para restablecer la buena imagen de España en el mundo».

Los ‘populares’ quieren que ese plan tenga como prioridad «reconstruir la confianza internacional en los ámbitos sanitario, turístico y de la inversión» como consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19, pero también recuperar la «credibilidad» del Estado de Derecho después de polémicas como la aparcada reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La propuesta se votará esta semana en el pleno de la Cámara, en una moción consecuencia de la interpelación que la portavoz ‘popular’ de Exteriores, Valentina Martínez Ferro, dirigió a la ministra Arancha González Laya, hace dos semanas.

La tesis del PP es que la imagen de España ha sufrido un «enorme deterioro» por la «pésima gestión» que el Gobierno ha hecho de la pandemia «en los ámbito sanitario, económico e institucional», lo que ha supuesto una cifra de víctimas «a la cabeza de los peores ránkings mundiales».

El PP culpa también a las «decisiones arbitrarias del Gobierno» del «colapso de sectores esenciales» como el turismo y la hostelería porque, a su juicio, tales decisiones han «ahuyentado» hacia otros países a millones de turistas, según explica en la exposición de motivos de la moción.

Hace dos semanas, la interpelación se convirtió en un agrio debate entre la diputada y la ministra, con acusaciones cruzadas de no ver «la realidad» de España y la ministra afirmando que los ‘populares’ han incurrido en «deslealtad» y que dañan la imagen de España infundiendo «enorme polarización y tensión».

Para el PP, en cambio, el Gobierno «traslada la imagen de un país poco fiable» ofreciendo cifras que no son creíbles y con constantes rectificaciones en sus medidas: «Ustedes deciden, rectifican y luego mutualizan la responsabilidad», le afeó la diputada.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha urgido este domingo al Govern a fijar un «horizonte real» de reapertura para los sectores afectados por las restricciones para frenar los contagios de Covid-19 en Cataluña.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha pedido clarificar en qué condiciones podrán esos negocios retomar su actividad si «los datos son buenos» el 23 de noviembre, fecha fijada por el Govern para empezar a flexibilizar las restricciones.

Según ella, el anuncio de reapertura no puede limitarse a permitir que desplieguen su actividad al aire libre: «No digamos cosas que no son, porque hay sectores que están al límite que tienen que gestionar la reapertura».

Ha lamentado que toda la presión recaiga sobre los sectores económicos cuando «no se han hecho los deberes» –como reforzar la Atención Primaria o proveerse de test de antígenos–, y ha pedido más diálogo entre las consellerias de la Generalitat.

Preguntada por el confinamiento municipal de fin de semana, ha dicho que «no gusta» porque Barcelona es un municipio muy denso; sin embargo, ha felicitado a la ciudadanía porque pese a ello no se han producido aglomeraciones, ha asegurado.

Sobre el Mobile World Congress (MWC), ha explicado que «se está planificando para que el junio se pueda hacer en Barcelona», teniendo en cuenta la posibilidad de tener una vacuna disponible y de aplicar estrategias como los tests rápidos en eventos de este tipo, ha dicho.

ELECCIONES EN CATALUNYA

Ante las elecciones catalanas, ha dicho que los comuns no apoyarán un Govern con ERC, CUP y JxCat, que representan «una visión procesista que no ha tenido éxito, y a parte de que entre ellos están a matar».

Preguntada por si el derecho a la autodeterminación está todavía en el programa de los comuns, ha dicho: «Estamos a favor del derecho a decidir. Pero lo primero es desjudicializar».

SEGURIDAD Y MOSSOS

A raíz del inicio del juicio sobre los atentados del 17A, ha explicado que la alerta antiterrorista en Barcelona es de 4 sobre 5, y que los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional abordan esta cuestión en las Juntas de Seguridad, en las que no se ha dado alerta sobre ninguna amenaza concreta.

Y preguntada por la restitución al frente de los Mossos del mayor Josep Lluís Trapero, ha dicho: «Me parece muy bien y siento mucho lo que ha tenido que pasar. Todo este tiempo que ha pasado apartado no se lo devolverá nadie».

La Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado por consenso la resolución presentada por España sobre mujeres y niñas y la respuesta a la Covid-19, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La resolución, que ha contado con más de 80 copatrocinadores, lanza un mensaje sobre el compromiso de España para «promover y proteger» los derechos y la participación de las mujeres en la respuesta a la pandemia.

«Cómo respondamos ahora va a marcar inexorablemente el futuro de nuestras sociedades y el impacto de la crisis en los derechos humanos. Por ello, las políticas de respuesta y recuperación tras la pandemia deben abordar de manera específica el impacto y el papel de las mujeres y niñas», ha señalado la ministra Arancha González Laya.

España ha promovido esta resolución con la convicción de que las mujeres y las niñas deben estar en el centro de la respuesta a la Covid-19 y en la recuperación posterior. El Secretario General de Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y ONU Mujeres han puesto de relieve desde el inicio de la pandemia su «impacto desproporcionado» en mujeres y niñas en todo el mundo.

También han alertado del papel fundamental que deben desempeñar en la solución y respuesta y su necesaria participación en todos los procesos de toma de decisión. Desde ese momento, España comenzó a trabajar en una resolución que recogiera las acciones más urgentes para garantizar que esta crisis no provoque un retroceso en los derechos de mujeres y niñas.

El incremento de violencia, la participación mayoritaria de mujeres en la primera línea de respuesta sanitaria, el papel de la sociedad civil, la importancia de la economía de los cuidados y su redistribución, así como la incidencia que la pandemia ha tenido en las mujeres que trabajan en la economía informal o el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva son algunas de las cuestiones incluidas en la resolución.

De igual manera, esta resolución hace hincapié en las necesidades específicas de las mujeres y niñas en situaciones de conflicto, además de recordar la importancia de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad en la respuesta a la pandemia.