El PSOE ha propuesto en el Congreso de los Diputados que se reactive el Pacto Antitransfuguismo mediante un acuerdo entre todos los partidos sobre un «código de conducta política» y garantizando que la Comisión de Seguimiento del Pacto, que ha estado diez años sin reunirse, mantiene encuentros periódicos.
Así lo plantean los socialistas en una proposición no de ley registrada esta semana en la Cámara Baja para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública. Según recuerdan, el primer acuerdo contra el transfuguismo se firmó en 1998 y se renovó en 2000 y en 2006, siendo éste el definitivo, y había que haber celebrado al menos dos encuentros anuales.
Sin embargo, la Comisión de Seguimiento estuvo diez años inactiva hasta que se reunió el pasado miércoles. Esto, según el PSOE, «ha provocado una relajación en el cumplimiento de los códigos de control, multiplicándose los casos de transfuguismo, carentes de ética y siempre movidos por oscuros intereses económicos o de promoción personal».
TRÁNSFUGAS EN MÁLAGA Y TENERIFE
La iniciativa parlamentaria menciona algunos casos que se han producido en el último año, como los de Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Castrelo de Miño (Ourense).
En estos lugares, los tránsfugas –de Cs en los dos primeros casos y del PSOE en el municipio gallego– se aliaron con el PP y apoyaron mociones de censura o alteraron las mayorías de gobierno en contra de las directrices de sus respectivos partidos.
Precisamente, la formación liderada por Inés Arrimadas fue la que, a raíz de esos y otros casos, impulsó una reunión con el PSOE y el PP para convencerles de la necesidad de actualizar el Pacto Antitransfuguismo y asegurar su cumplimiento.
Posteriormente, en septiembre, se celebró un encuentro de la Comisión de Seguimiento que ha tenido su continuidad en la reunión del pasado miércoles, en la cual se adhirieron nuevos partidos al Pacto, se extendió su aplicación al ámbito autonómico y nacional –antes se limitaba al local– y se alcanzó el compromiso de plasmar las medidas en leyes y en los reglamentos de las instituciones.
VUELTA A LA «LEALTAD POLÍTICA RECÍPROCA»
Para el PSOE, se necesita «una vuelta a la lealtad política recíproca» para «limitar las conductas reprobables» de los tránsfugas y «evitando las consecuencias de las prácticas de su comportamiento».
Por ello, su proposición no de ley plantea que el Congreso inste al Gobierno a «promover y trabajar para la reactivación del Pacto Antitransfuguismo» y que se apruebe, mediante el consenso de todas las formaciones políticas, «un acuerdo sobre un código de conducta política».
Este acuerdo constituiría «un compromiso por el pluralismo, por la decencia, por la gobernabilidad, por la transparencia y por la calidad democrática de nuestras instituciones», añade.
Además, los socialistas quieren que la Comisión de Seguimiento celebre «reuniones periódicas», de modo que «no transcurran periodos de tiempo dilatados que impidan un correcto seguimiento de los casos problemáticos y provoquen una desincentivación del cumplimiento de las medidas».
También apuesta por actualizar la composición de la Comisión, promoviendo la participación del mayor número de partidos políticos «para alcanzar un mayor compromiso», y por potenciar, de forma consensuada, «iniciativas legislativas de reforma del régimen electoral general tendentes a limitar e impedir los efectos del transfuguismo en el funcionamiento interno de las corporaciones locales».
