El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo "que se deje de hablar de cañas y de berberechos y que se ponga a trabajar por el interés general", al tiempo que le ha recomendado que "escuche a históricos del PSOE".

Al respecto, ha cuestionado sobre a quien han votado históricos socialistas como Leguina, Redondo o Sabater, señalando que "al PP". "Que lo tenga muy claro la señora Calvo", ha señalado Montesinos, apuntando que cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no quiere hablar y se esconde en el búnker de la Moncloa, nos saca a la señora Calvo para insultar a los votantes de centroderecha".

Así, ha indicado que "siempre que hay un mal resultado electoral, y Sánchez lleva unos cuantos, él se va al búnker y saca a Calvo para insultar a media España", apuntando que la vicepresidenta "debe saber que lo que dijeron los madrileños fue no a la gestión del Gobierno de España a la crisis sanitaria y económica, porque lo que hicieron los ciudadanos fue comparar modelos".

En rueda de prensa en Málaga, ha indicado que en Madrid los ciudadanos "le han puesto un suspenso rotundo al Ejecutivo central" y ha señalado que "el gran derrotado el 4 de mayo fue Sánchez", de quien ha dicho que "han pasado 48 horas de las elecciones y ni rastro, nadie sabe dónde está".

Montesinos ha indicado que el líder del PP, Pablo Casado, "está reunificando el voto del centro derecha, mientras Sánchez está dinamitando la izquierda" y ha asegurado que el 4 de mayo ha sido "un punto de inflexión en la política española y se ha dado un paso de gigante en la unión de la mayoría silenciosa en torno al primer partido de la oposición".

"El mensaje que se ha trasladado a nivel nacional ha sido muy poderoso, si vamos juntos a las elecciones, si unimos esfuerzos Sánchez tiene hoy un pie fuera de la Moncloa", ha asegurado, incidiendo en que el PP "es la casa común del centroderecha, con una puerta ancha como no se cansa de repetir Casado, para que también entren los socialdemócratas que estén descontentos de la gestión de Sánchez".

El representante del PP ha considerado que "por la vía de los hechos hemos demostrado que se puede poner fin a este gobierno de la mentira y de la gestión ineficaz" y ha apuntado que "quienes urdieron la fracasada moción de censura en la región de Murcia han sido los grandes derrotados en las urnas". "Y la prueba es que Sánchez se ha vuelto a esconder en el búnker de la Moncloa", ha reiterado.

Ha recordado que este pasado miércoles Casado ya dijo en el Comité Ejecutivo Nacional que han solicitado formalmente la comparecencia de Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación "para que rinda cuentas en el Parlamento" y ha incidido en que el PP tiene "el rumbo marcado".

"Hay que unificar ese voto en torno al PP, si vamos juntos ganamos a Sánchez, por eso está tan nerviosa la señora Calvo", ha dicho Montesinos, señalando que también "hay mucho ministro y socialistas muy preocupados", porque, ha apuntado, "el tic-tac ha comenzado, la cuenta atrás para que un Gobierno de verdad, presidido por Casado, tome las riendas del país".

Asimismo, ha indicado que "la ilusión se palpa en las calles y no solo en Madrid, se nota en todo el territorio nacional" y ha afirmado que "cuando Sánchez decida convocar elecciones generales, el PP está preparado para gobernar, la cuenta atrás ha comenzado".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado partidario este jueves de mantener, una vez que decaiga el estado de alarma el cierre perimetral de los municipios con alta incidencia de contagios, como los de más de 500 y 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y ha anunciado que la administración autonómica pondrá sobre la mesa una regulación del ocio nocturno después de más de un año sin actividad.

Moreno se ha pronunciado así, en declaraciones a los periodistas en Cádiz, unas horas antes de que presida la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía (Comité de Expertos) para abordar posibles restricciones en la comunidad en la lucha contra la pandemia del coronavirus tras decaer el estado de alarma el próximo domingo 9 de mayo.

En dicha reunión, según ha recalcado, se va a debatir sobre qué decisiones se toman en el ámbito de Andalucía, pero desde el ámbito judicial, según ha apuntado, ya se advierte de que la limitación de la movilidad, que afecta a un derecho fundamental, es algo que sólo puede estar recogido en el decreto de estado de alarma. Para el presidente, es un "drama" que una comunidad, que tiene lñas competencias en gestión sanitaria, no tenga instrumentos para limitar la movilidad en una situación de alta tasa de contagios.

Tras recordar que en estos momentos hay en Andalucía municipios con más de 500 o más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, el presidente ha señalado que él necesita que esos municipios estén "cerrados perimetralmente" para evitar que los contagios se expandan a otros municipios de alrededor.

Asimismo, también ha señalado que es "un drama" que no exista el toque de queda, apuntando que aunque él no es "pro toque de queda", sin duda, se trata de un instrumento que en ciertos momentos puede ser "muy útil".

Ha insistido en que la voluntad de su Gobierno es que se mantenga el cierre perimetral de los municipios con alta incidencia de casos y, en este sentido, en la tarde de este jueves, en el seno del comité de expertos, se verá, con la aportación de los servicios jurídicos de la Junta, "hasta dónde podemos llegar y como lo podemos hacer para que no nos lo pueda tumbar ningún tribunal de justicia".

Respecto a los horarios para los sectores de la hostelería y comercial, el jefe del Ejecutivo ha indicado que la comunidad sí tiene competencias para "restringir horarios" en ambos sectores, pero, sin duda, el problema es que una vez que estén cerrados los negocios de restauración, se pueden desarrollar fiestas a cualquier hora y, ante eso, "no podemos hacer nada".

Sobre la situación del ocio nocturno, Moreno ha expuesto que en el momento en que cae el estado de alarma, "evidentemente el ocio nocturno va a tener capacidad de empezar a abrir sus puertas", pero "vamos a ver hasta qué hora y cómo se puede hacer". Tras recalcar que, sin duda, es uno de los sectores más golpeados por esta crisis porque lleva 14 meses cerrado, ha insistido en que su Gobierno va a estudiar hasta dónde "podemos llegar en ese ocio nocturno, pero va a ser difícil llegar a las situaciones de antes de la pandemia".

Juanma Moreno ha insistido en que la intención de su Gobierno es que la vuelta a la normalidad se haga en varias fases, en función del nivel de vacunación y de inmunización de la población: "A medida que avancemos en la inmunidad de la población, iremos abriendo cada vez más espacios no sólo a la actividad económica, sino también al ocio nocturno".

"Vamos a hacer una desescalada lo más prudente posible con los instrumentos que tenemos en nuestras manos", ha indicado Juanma Moreno, quien ha mostrado su preocupación por que en alguna ocasión habrá que tomar una medida rápida para frenar contagios, pero habrá que contar con el pronunciamiento judicial sobre si se puede llevar a cabo.

Asimismo, ha alertado de que esta situación de "desprotección" en la que quedan las comunidades a partir del 9 de mayo por la falta de una planificación del Gobierno central pueda conllevar que, al no existir medidas como las amparadas por el estado de alarma, nos encontremos a principios de verano con algún rebrote importante de casos en alguna provincia.

"Cada comunidad nos vamos a tener que buscar la vida", según ha sentenciado Moreno, debido a la "falta de planificación y de previsión" del Ejecutivo nacional. Ha puesto el acento en que todas las comunidades, sean del signo político que sean, están coincidiendo en demandar al "coherencia, coordinación e instrumentos" que permitan a las regiones la toma de decisiones en la lucha contra la pandemia.

La vicepresidenta primera del Gobierno y dirigente socialistas, Carmen Calvo, ha defendido este jueves la necesidad de celebrar cuanto antes las primarias del PSOE en Andalucía para que el partido esté preparado ante un posible adelanto electoral, y ha puesto de ejemplo cómo se comportó el PSC ante las catalanas, cuando su líder Miquel Iceta, dio un paso atrás para que el exministro Salvador Illa encabezara la candidatura.

"Esto no va de que cada quien, esto va de que la Ejecutiva Federal tiene que ser responsable nada más y nada menos que de afrontar, no sabemos cuándo, unas elecciones en Andalucía", ha defendido en una entrevista en Onda Cero.

De este modo, Calvo ha defendido la decisión que va a tomar la Comisión Ejecutiva Federal este jueves por la tarde de celebrar en junio las primarias en Andalucía para elegir ya a su candidato a la Junta; una postura a la que ahora se ha sumado la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, con su petición a Ferraz para que las adelante, a pesar de su rechazo las últimas semanas.

Según Calvo, la Ejecutiva Federal tiene la "obligación" de tomar esta decisión porque "en Andalucía puede ocurrir cualquier cosas" y tiene que estar "preparado" y porque, además, el PSOE "es una organización única en toda España. "No somos un puzle de taifas", ha apostillado.

Y este punto, ha recordado "el comportamiento" que tuvo "en plena pandemia" el PSC, su único partido "hermano", "cuando se han acercado unas elecciones catalanas", en clara alusión al cambio de se produjo de Iceta a Illa como cabeza de cartel para afrontar la cita con las urnas con más posibilidades, como argumentaron entonces.

No obstante, Calvo no ha querido posicionarse sobre si el candidato a la Junta debe ser el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, quien cuenta con el apoyo de los críticos del PSOE en Andalucía y de Ferraz, pero todavía no ha formalizado su candidatura.

"Yo, como militante andaluza, diré lo que opino", ha asegurado tras defender, eso sí, que la Ejecutiva es neutral porque al candidato le elegirán las bases en primarias.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, ha tramitado en 2020 un total de 28.020 quejas, lo que suponen un aumento del 26,4% con respecto a las 20.616 que se registraron un año antes.

La institución ha presentado este jueves 6 de mayo de forma telemática ante el Congreso y el Senado su informe correspondiente al año pasado, en el que relaciona este aumento de reclamaciones con las medidas políticas y sanitarias tomadas durante la pandemia del Covid-19.

En el documento, se habla de forma concreta de quejas presentadas ante el Defensor contra los decretos del Gobierno de medidas urgentes en materia económica; para la gestión de la situación de la crisis sanitaria; de medidas complementarias en el ámbito laboral (los ERTE); para reducir la movilidad de la población durante la pandemia; para la implementación del Ingreso Mínimo Vital; o sobre la educación no secundaria, entre otras.

En este contexto, el Defensor del Pueblo ha registrado también un gran aumento de las solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y amparo que, en 2020 alcanzaron las 909, frente a las 135 que se registraron un año antes.

Según ha explicado, estos recursos de inconstitucionalidad fueron estudiados y, posteriormente, desestimados por entender el Defensor que no se daban los elementos que determinasen la violación de derechos fundamentales que requiriesen la formulación ante el Tribunal Constitucional de las impugnaciones demandadas.

MÁS DE 400 ACTUACIONES DE OFICIO

Por su parte, la Institución ha llevado a cabo 406 actuaciones de oficio (el año anterior realizó 372) y, de ellas, 117 se pusieron en marcha dentro de la labor que realiza el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), recoge en informe.

Una de estas investigaciones se realizó en relación a la puesta en marcha del estado de alarma en España, que entró en vigor en el mes de marzo del año pasado. Según ha explicado Fernández Marugán, esta decisión se tomó ante "la multitud de escritos de ciudadanos" que recibieron sobre esta materia y "bajo la intensa alteración de la vida cotidiana que supuso el confinamiento domiciliario" para los españoles.

Toda esta actividad, según explica el documento, ha culminado en 616 recomendaciones del Defensor del Pueblo y 1.181 sugerencias sobre los diversos temas que se han presentado durante el año pasado.

Fernández Marugán ha indicado que, posiblemente, el de 2020 sea el informe anual "con más singularidades de todos los presentados en los últimos años", ya que se trata de un año que ha estado totalmente marcado por la aparición de "un fenómeno sin parangón en el presente siglo", como es la crisis sanitaria generada por el Covid-19.

Esta situación de pandemia, ha indicado, ha influido en la forma de trabajar del propio organismo que, además, decidió adelantar parte de la información que este jueves se presenta, ante el Congreso y el Senado, por la peculiaridad de la situación.

Fernández Marugán ha señalado que las principales actuaciones de su departamento se han producido en materia de asistencia sanitaria, medidas socioeconómicas, residencias de mayores y diversos aspectos de la educación, todos ellos sectores muy afectados por el Covid-19.

"Es muy evidente que la pandemia ha sometido al Sistema Nacional de Salud a toda una serie de tensiones, hasta ahora inéditas, dejándole poco margen de reacción y mostrando apreciables debilidades", recoge el informe, antes de llamar a las administraciones competentes a "fortalecer el sistema público de salud, y dentro de él la atención primaria y la estructura hospitalaria".

Del mismo modo, llama a crear una agencia estatal de salud pública con capacidades suficientes de decisión y gestión. "Algunas de estas actuaciones, ya fueron señaladas por esta institución en informes anteriores", apunta Fernández Marugán.

También había llamado anteriormente, señala, en la necesidad de la clarificación del carácter vinculante y normativo que deberían tener los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para evitar, ha indicado, la imagen de "algunas comunidades autónomas manifestando reiteradamente su desvinculación respecto acuerdos adoptados por la mayoría de ellas".

LAS RESIDENCIAS DE MAYORES: UN "ESPECTÁCULO"

En cuanto a la situación vivida por las residencias de mayores durante esta crisis sanitaria, que el Defensor califica de "espectáculo", el informe denuncia el "escaso interés" que ha existido "por la dignidad de las personas que en ellas están internadas. Esto es consecuencia, ha indicado, de "un inadecuado modelo de atención a los mayores" que llama a reformar.

"El fracaso no está solamente en las insuficiencias que se puedan atribuir a los propietarios, empresarios privados o concesionarios de los servicios, sino también en la deriva que desde el establecimiento del actual sistema han incurrido las administraciones competentes, permitiendo un fenómeno generalizado de privatización, agravado por su escasa actividad inspectora sobre las autorizaciones de los centros y las normativas que son de aplicación a sus actividades, personal, instalaciones y servicios", indica.

En materia educativa, Fernández Marugán ha señalado que la pandemia ha dado visibilidad a la situación de "muchas familias" que no tienen "recursos suficientes" para que sus hijos puedan acceder en igualdad de condiciones a la Educación; y ha mostrado la "necesidad de incrementar las ayudas de comedor" y las medidas de "conciliación de la vida familiar y laboral".

El informe del Defensor indica que esta pandemia ha puesto de manifiesto "la necesidad de valorar el protagonismo del Estado y de los servicios y prestaciones públicas".

"Las actuaciones de carácter socioeconómico dirigidas a la protección de trabajadores y autónomos y a paliar el crecimiento de la pobreza, el paro, la precariedad y la desigualdad han buscado suavizar el impacto económico del coronavirus, a la vez que las políticas de bienestar se han enfrentado a la pandemia", asegura.

En este sentido, destaca que con este "esfuerzo de protección de rentas" se ha mostrado una "notable capacidad" de llevar a cabo la recuperación de múltiples sectores y se ha comprobado que "las medidas de austeridad como las aplicadas anteriormente en la Unión Europea, fueron poco adecuadas".

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha acordado este jueves la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora del Taxi tras la presentación de alegaciones y la aceptación de varias de ellas, entre las que destacan que los taxis 100% eléctricos podrán trabajar los siete días de la semana y que los taxistas no podrán lucir estampados en su vestimenta.

Fue el pasado 18 de febrero cuando se aprobó inicialmente su anteproyecto y, tras someterse al trámite de alegaciones, se han recibido 112 escritos, de los que 100 se corresponden con personas físicas y 12, con personas jurídicas.

Según ha detallado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se han aceptado total o parcialmente 31 alegaciones que modifican diez artículos de los 62 que tiene la ordenanza sin afectar a su contenido.

MyTaxi Iberia S.L. y la Asociación Madrileña del Taxi han presentado una iniciativa para incentivar la incorporación de vehículos eléctricos puros a la flota del taxi, ya que ahora representan el 0,2% del total.

Para ello, se ha incluido un nuevo artículo 38 quarter, que habilita una excepción del régimen de descanso similar a la que disfrutan los Eurotaxi para este tipo de tecnología, es decir, podrán trabajar más días que el resto de vehículos.

Por otro lado, se han recibido gran número de observaciones en relación con el artículo 54 d), que regula la vestimenta. Para dar respuesta a las mismas se mantiene un código flexible, siguiendo unos criterios de homogeneidad: camisa o polo lisos (en vez de oscuros), sin estampado; pantalón largo o falda, ambos de vestir y oscuros y, si fuera necesario, jersey, chaleco o chaqueta oscuros. Los zapatos deberán ser cerrados y oscuros.

La mayoría del resto, ha señalado Carabante, de alegaciones se refieren a corrección de errores o puntualizaciones para mejorar la comprensión de la ordenanza sin afectar a su contenido, motivando las modificaciones del preámbulo y los artículos 20, 22, 26, 28, 38 bis, 39 bis apartado 5 y 39 ter apartado 6, 70 y 71, Anexo V, Anexo VIII.

PRECIO CERRADO

A partir del momento en el que la normativa readaptada reciba el visto bueno en el Pleno, cualquier usuario podrá precontratar un taxi acordando un precio cerrado (en el que el taxista podrá aplicar un descuento si así lo determinara el Ayuntamiento) y también será posible reservar una plaza (modalidad de taxi compartido) para su trayecto.

Estas dos fórmulas de contratación previa no serán aplicables cuando el taxi se pare en la calle o en una parada, sino que deberán contratarse previamente y en el caso del taxi compartido, a través de emisora, aplicación móvil u otras plataformas.

Cuando un viajero contrate un servicio de taxi por plaza, facilitará el punto de origen y destino del trayecto, la fecha y hora de su realización, el número de plazas que desea contratar y deberá conocer el precio antes de su realización. Se admitirán paradas intermedias en el trayecto del cliente para permitir la subida y la bajada de otros viajeros que hayan precontratado esta modalidad.

También se incorpora la posibilidad de establecer tarifas fijas en los servicios que tengan origen o destino las áreas de cero emisiones, así como la tarifa fija actualmente aplicable para el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

OCHO PUNTOS POR LICENCIA

La ordenanza introduce otras obligaciones para los profesionales del taxi para ofrecer más garantías y seguridad a los usuarios. Se añade un nuevo artículo, el 70, para asignar una licencia por puntos a cada taxi.

Este mecanismo permite aplicar de forma objetiva y transparente las sanciones por reincidencia en los comportamientos punibles que más afectan a los clientes y a la imagen del sector, reduciéndose el número de sanciones que comportan pérdida de puntos (las graves): el incumplimiento del régimen de descanso y del régimen tarifario (engañar al usuario con el precio) y la recogida de viajeros fuera de la parada oficial establecida.

El número de puntos inicialmente asignado a la licencia de autotaxi se verá reducido por cada sanción firme en vía administrativa. El titular de una licencia afectado por la pérdida parcial de puntos recuperará la totalidad del crédito una vez transcurridos dos años sin haber sido sancionado.

Cuando se haya perdido la totalidad de los puntos, se acordará la sanción de suspensión de la licencia y por tanto la inmovilización del taxi (independientemente del conductor) por un periodo de tres a seis meses. Cumplida la sanción de suspensión, el titular de la licencia recuperará los ocho puntos.

MENOS TAXIS EN SITUACIONES DE EXCEPCIONALIDAD

Tras la aprobación definitiva del texto, se dará cuenta del mismo en una comisión extraordinaria del Área de Medio Ambiente y Movilidad y está previsto que el Pleno de luz verde a su aplicación este mes de mayo.

A partir de entonces, el sector tendrá la posibilidad de iniciar el procedimiento para reducir la oferta en situaciones donde se acredite una disminución de la demanda de clientes superior al 50%, petición solicitada durante los últimos meses por algunas de las asociaciones a consecuencia de los efectos de la pandemia en el sector.

Será el Ayuntamiento el que declare la situación de excepcionalidad para el servicio del taxi. Para ello, el sector deberá acreditar debidamente durante dos meses consecutivos el descenso de usuarios.

MAYOR ACCESIBILIDAD

El régimen especial de Eurotaxi se convierte en general para permitir que cualquier titular pueda adscribir libremente a su licencia un vehículo de este tipo con las ventajas y las obligaciones establecidas para los mismos, que no cambian respecto a lo que la normativa anterior contemplaba como régimen especial de Eurotaxi.

En el artículo 22 se incluye la obligación de instalar en los nuevos vehículos un bucle magnético (sistema de sonido) para mejorar la accesibilidad de las personas con dificultades de audición que utilicen audífonos.

Otra mejora que recoge la ordenanza de cara a la modernización y digitalización del servicio es la obligación, en el plazo máximo de dos años, de admitir el pago sin contacto, lo que reducirá los riesgos de contagio por Covid-19. También se deberán emitir tiques electrónicos en los servicios a precio cerrado y de taxi compartido.

El coronel Diego Pérez de los Cobos ha solicitado en la Audiencia Nacional su petición para reincorporarse a su puesto como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, cargo del que fue cesado cuando una unidad bajo su dependencia fue requerida judicialmente para investigar la posible relación entre la manifestación feminista del 8-M y el inicio de contagios de coronavirus.

Según ha adelantado eldiario.es y confirman fuentes jurídicas, el coronel ha solicitado este mismo jueves su reingreso en la Comandancia de Madrid, sin esperar al recurso planteado por el Ministerio del Interior que, a través de la Abogacía del Estado, sostiene que el cese fue legal al ser cargo de libre designación y que no hubo "desviación de poder".

El cese del coronel se anunció en mayo, cuando estaba en vigor el real decreto del primer estado de alarma por el Covid-19, y está en la actualidad pendiente de resolución por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, tras el fallo del juzgado número 8 de este órgano judicial que declaraba ilegal la destitución de este mando.

INTERIOR RECHAZA SU REINCORPORACIÓN

Fuentes de Interior han señalado que se opondrán a través de la Abogacía del Estado a la ejecución provisional de la resolución de la Audiencia Nacional que daba la razón a Pérez de los Cobos. Entienden que no cabe aceptar su reingreso al haber sido recurrido y que, como se ha señalado en el recurso presentado, "se considera que el cese fue legal, motivado y ajustado a derecho".

En su recurso, de hecho, Interior justificaba el cese en una pérdida de confianza hacia Pérez de los Cobos, que antes de la Comandancia de Madrid estuvo en la Secretaría de Estado de Seguridad y fue asignado como coordinador del dispositivo para frenar el referéndum del 1-O en Cataluña.

Interior alegó que el coronel, una vez iniciada la investigación del 8-M --luego archivada-- en la que se imputó al delegado del Gobierno en Madrid, "cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo", dejando de reportar a la cadena de mando sobre cuestiones relativas a la investigación judicial, algo que sí había hecho hasta en cuatro ocasiones antes, a pesar de que ya existía la orden de reserva por parte de la juez.

El magistrado que ordenó el reingreso de Pérez de los Cobos en su puesto apuntó que, de las pruebas practicadas, la conclusión era que "no es cierto que el recurrente no informase del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". Por tanto, entendía que "la motivación de la propuesta de cese no es real, o al menos no se ajusta a la realidad".

CRÍTICAS TRAS EL CESE

El cese provocó una fuerte polémica por las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior, con peticiones reiteradas desde PP, Cs y Vox para que Marlaska dimitiera.

En octubre, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó la denuncia presentada por Vox por la destitución al no apreciar delito de prevaricación en la actuación de la directora general del Instituto Armado, María Gámez, ni del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, remitiéndose a lo que decidieran los jueces de lo contencioso-administrativo.

El Ministerio del Interior nombró en junio de 2020 al teniente coronel David Blanes González como sustituto de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid. El coronel cesado, que fue destinado en comisión de servicios a la Intervención Central de Armas y Explosivos en Madrid, trató de ascender a general, algo que rechazó el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha desestimado este jueves el recurso planteado por la compañía farmacéutica alemana Bayer contra los límites que la Comisión Europea impuso en el uso de los insecticidas clotianidina e imidacloprid debido a los riesgos que presentan para las abejas.

El fallo del tribunal de Luxemburgo es definitivo y confirma una sentencia anterior del Tribunal General de la UE, la primera instancia, que en mayo de 2018 ya avaló los límites que Bruselas legisló sobre el uso de estos dos plaguicidas y un tercero, tiametoxam, producido por Syngenta.

La decisión solo fue recurrida ante la instancia superior del TUE por el grupo alemán, en referencia únicamente a la clotianidina y el imidacloprid. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha desestimado su recurso y ha avalado los límites que la Comisión Europea impuso en 2013 tras estudiar la opinión científica al respecto de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Ese año, Bruselas prohibió su uso no profesional en el exterior o en el interior y cualquier uso como tratamiento de las semillas o del suelo para los siguientes cereales, cuando se siembren de enero a junio: cebada, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo, tritical y trigo,

La decisión también prohibía cualquier tratamiento foliar de la cebada, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo, tritical y trigo y su utilización como tratamiento de semillas, del suelo o aplicación foliar, excepto los usos en invernaderos y los tratamientos foliares después de la floración, para un centenar de cultivos, entre ellos la colza, la soja, el girasol y el maíz.

Bayer y Sygenta llevaron esta decisión a la Justicia europea, que en una primera sentencia desestimó sus recursos al considerar que los riesgos señalados por la EFSA justificaban "que las tres sustancias habían dejado de cumplir los criterios de aprobación" y que la prohibición "era la única forma de garantizar el efecto útil de la restricción aplicada" a su aprobación.

Este veredicto ha sido confirmado este jueves en una nueva sentencia en la que la Justicia europea desestima el recurso de Bayer que estaban basados en supuestos errores de interpretación en la sentencia anterior y en una aplicación de las medidas de precaución que el grupo alemán consideraba incorrectas.

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que "querría que Cataluña liderara una ofensiva por una España diferente, diversa", aliándose con otras Comunidades Autónomas, después de los resultados de las elecciones de la Comunidad de Madrid de este martes.

En una entrevista del diario 'Ara', ha insistido en que quiere presentarse a la investidura como presidente de la Generalitat ante el Parlament para liderar un Govern de izquierdas: "De momento no lo he probado ni me lo dejan probar", y se ha preguntado qué problema hay con que se pueda dirigir a la Cámara.

"¿Y si sorprendo con mi intervención? ¿Y si hago un ofrecimiento que sorprende?", ha dicho el exministro de Sanidad sin dar detalles, tras lo que ha recordado que el candidato de ERC, Pere Aragonès, se sometió a una investidura sin reunir los apoyos suficientes.

Preguntado por si apoyaría un Govern de ERC en solitario, ha recordado que el partido que ganó las elecciones fue el PSC y que se podría plantear al revés, y ha criticado que ERC y Junts alarguen las negociaciones: "Me dijeron muchas cosas cuando fui candidato, como que era un irresponsable. ¿Y qué están haciendo ellos ahora, en un momento de pandemia?".

REORGANIZACIÓN EN MADRID

Sobre las elecciones de la Comunidad de Madrid, ha señalado que los resultados se deben respetar porque son decisión de los ciudadanos, pero que no comparte la orientación con la que ha ganado el PP, y ha dicho que "plantea un reto muy relevante para el partido socialista de Madrid para reestructurarse y reorganizarse".

Ha descartado que la victoria de la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, represente una derrota para el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, porque han sido unos comicios autonómicos: "Madrid forma parte de España, pero España es afortunadamente mucho más que Madrid. Defiendo una España diversa y plural".

Sobre si Sánchez podría acercarse al PP en el Congreso tras su victoria en Madrid, ha garantizado que el presidente respeta la mayoría de su investidura y que no existe la voluntad de cambiar ni alterar los acuerdos que la posibilitaron: "A quien no deben temblar las piernas son a los socios de la investidura", y no al Gobierno.

TRAMITACIÓN DE LOS INDULTOS

Preguntado por si el resultado del 4M puede influir en los indultos de los dirigentes independentistas presos, ha replicado que "ni los aleja ni los acerca", porque el Gobierno debe llevar a cabo su tramitación, que está en el tramo final, con el último informe pendiente del Tribunal Supremo (TS), ha dicho.

Ha descartado visitar a los independentistas encarcelados en prisión: "El reencuentro no es sólo ir a ver a alguien a la cárcel, es escucharnos y respetarnos", también en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, en la que ha asegurado que se puede hablar de todo, aunque no vean encaje legal de la autodeterminación.

LIBERAR PATENTES

Sobre el apoyo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus, el exministro de Sanidad ha dicho estar impresionado por su liderazgo, y ha subrayado que el objetivo es que las vacunas lleguen "a todo el mundo lo antes posible, y es liberando las patentes".

Preguntado por el hecho de que haga sus intervenciones en el Parlament en catalán y en castellano, Illa ha explicado que su lengua materna es el catalán, pero que utiliza también el castellano porque quiere que todos los ciudadanos "sientan suyo el Parlament".

Pablo Cambronero, el diputado que abandonó las filas de Ciudadanos para pasar al Grupo Mixto, ha pedido autorización expresa al Congreso para donar la subvención mensual que recibe, anunciando su intención de dar ese dinero, que ronda los 1.700 euros, a entidades como la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) o la Federación Española de Enfermedades Raras.

Tras abandonar Ciudadanos, Cambronero pasó al Grupo Mixto del Congreso y ha seguido percibiendo mensualmente un sueldo de 3.050,62 euros más otros 1.959,62 euros que reciben todos los parlamentarios de fuera de Madrid en concepto de indemnización para gastos de la actividad parlamentaria.

Pero también se le ingresó la subvención de algo más de 1.700 euros brutos mensuales, que era la que el Congreso abonaba a Ciudadanos por cada uno de sus escaños y que con su marcha perdió el partido 'naranja'. Se trata de un dinero que, como la subvención fija mensual de 30.000 euros que recibe cada grupo parlamentario, se suele destinar a contratar personal de apoyo a sus señorías,

Cambronero ya renunció a la parte de la subvención fija que le correspondería en el Grupo Mixto para no mermar los recursos de los partidos que componen la agrupación parlamentaria, pero ahora ha pedido a la Mesa que le autorice formalmente a ceder esos 1.700 euros a entidades sin fines de lucro.

Cita en concreto a la Asociación contra el Cáncer y la Federación de Enfermedades Raras, pero en todo caso precisa que las donaciones están pendientes del visto bueno de la Mesa y de que las entidades lo confirmen. En todo caso, se compromete a informar a la Cámara "para su fiscalización oportuna", según el escrito.

BATALLA PARA TENER VOZ EN EL CONGRESO

El exdiputado de Ciudadanos tiene abierta una batalla en el Grupo Mixto para poder tener voz en la Cámara en igualdad de condiciones que los demás componentes del grupo, y está dispuesto a llevar su situación ante el Tribunal Constitucional. Con su renuncia a las subvención quire dejar claro que su reivindicación no tiene motivos económicos.

Policía de profesión, Cambronero ocupa actualmente un escaño en la parte alta del hemiciclo del Congreso, donde se encuentran ubicados los integrantes del Grupo Mixto, pero más de un mes después sigue sin despacho ni ordenador de sobremesa para poder acceder al registro telemático del Congreso. En las redes sociales ha ofrecido incluso la cafetería del Congreso para mantener reuniones con los colectivos con los que venía trabajando como portavoz de Interior de Ciudadanos, como las Fuerzas de Seguridad o los funcionarios de prisiones.

A diferencia de los otros exdiputados del PP y del PSOE que en legislaturas anteriores pasaron en silencio al Grupo Mixto, Cambronero ha decidido emprender una batalla para defender sus derechos dejando claro que no piensa abandonar el escaño ni adscribirse a otro grupo parlamentario, aunque desde el PP o Vox ya le han ofrecido ayuda.

El Defensor del Pueblo valora "positivamente" la reforma del marco regulatorio de las comunicaciones comerciales de las actividades de juego, realizada por el Gobierno en 2020.

"Aunque no aborda la prohibición absoluta de su publicidad, cuyo estudio la Administración llegó a aceptar en su día, presenta, respecto a la situación jurídica anterior a su publicación, evidentes mejoras en la garantía de los derechos de los colectivos más sensibles a la problemática del juego", sostiene la institución en su Informe Anual relativo al ejercicio 2020 que ha presentado de forma telemática este jueves ante el Congreso y el Senado.

El informe de la institución, que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán, detalla que "la proliferación en la Comunidad de Madrid, de establecimientos de apuestas, así como su proximidad, en muchos casos, a colegios y centros educativos dio lugar a la correspondiente investigación".

En este sentido, señala que, de los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, referidos a septiembre de 2019, por lo que se refiere a los locales específicos de apuestas de Madrid capital, se deduce que la ratio de locales por cada cien mil habitantes alcanzaba su máximo en el distrito de Usera (0,73), seguido de Villaverde (0,48) y Puente de Vallecas (0,39). Los distritos de Retiro, Salamanca y Barajas no tienen establecimientos de este tipo en su territorio y Chamberí y Centro presentan ratios inferiores a 0,10.

La regulación y "estricto" funcionamiento de los establecimientos de juego, "alejándolos en lo posible de los centros educativos", es, a juicio de esta institución, "un asunto de gran importancia, por cuanto afecta a los derechos de los menores de edad, susceptibles de especial protección, y a los de los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad ante las adicciones, lo que exige que los órganos administrativos competentes en la materia dispongan de la mayor información posible sobre la magnitud del problema".

El Defensor añade que en otra queja se trasladó también a la Comunidad de Madrid, la preocupación de una ciudadana con el funcionamiento, en numerosas cafeterías y bares, de tragaperras que entendía que, "dado el acceso normalizado a este tipo de establecimientos de menores de edad, a veces sin compañía de adultos, el cumplimiento de la prohibición de que ellos hagan uso de estas máquinas depende, en última instancia, del celo del titular del establecimiento en la comprobación de su edad".

Se señalaba también, como indica el Defensor, que "las luces, música y ruidos que producen estas máquinas, especialmente en el pago de premios, constituyen un poderoso reclamo de la atención de los menores, estímulo susceptible de ayudar al desarrollo de futuras conductas adictivas con relación al juego".

La respuesta del Gobierno regional dio cuenta de que en la Comunidad de Madrid existen 15.680 máquinas de este tipo instaladas en bares y establecimientos análogos, sin que, en los últimos tres años, se hayan producido denuncias ni abierto actas de infracción por su funcionamiento.

Por su parte, la Consejería de Sanidad informó del proyecto de creación de un observatorio para el abordaje transversal del problema de la adicción al juego, iniciativa que actualmente se encontraría paralizada por razón de la pandemia, así como de la próxima puesta en marcha de una tercera unidad de tratamiento de adicciones comportamentales en el Hospital Gregorio Marañón, que vendría a sumarse a las ya existentes en los hospitales Ramón y Cajal y 12 de Octubre de Madrid.

Por otro lado, explica en el informe que, ante la falta de desarrollo reglamentario de la disposición adicional sexta de la Ley 13/2011, de 27 de mayo de regulación del juego, que prevé una participación de los clubes no profesionalizados en los ingresos generados por las apuestas deportivas, se formuló un recordatorio de deberes legales a la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo, que informó de la previsión de abordar dicho desarrollo reglamentario en el segundo semestre de 2021, por lo que se suspendieron las actuaciones hasta que se comunique la modificación anunciada o transcurra el referido plazo.

El Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja que suprime los aforamientos políticos y limita a dos los mandatos de su presidente, entre otras medidas.

En abril de 2019, antes de la llegada del PSOE al Gobierno regional, el Parlamento riojano aprobó por unanimidad su nuevo Estatuto de Autonomía, que modifica el original de 1982, como un paso más en el autogobierno de la comunidad. Pero su debate en el Congreso no se ha podido sustanciar hasta ahora, entre otras cosas porque ese año hubo dos citas electorales y porque en 2020 había otras reformas estatutarias a la cola.

DOS AÑOS DESPUÉS DE SU APROBACIÓN

Finalmente, el martes esta iniciativa aterrizará en el Pleno del Congreso, donde una delegación del Parlamento riojano, integrada por portavoces del PSOE, el PP y Ciudadanos, defenderá la ley en representación de toda la Cámara autonómica, como suele ser habitual en este tipo de debates.

Teniendo en cuenta el apoyo unánime que cosechó en su día, previsiblemente la Cámara Baja aceptará el martes la tramitación de esta reforma estatutaria riojana, comenzando así su andadura parlamentaria.

PRINCIPALES NOVEDADES

En concreto, esta reforma contempla la eliminación de los aforamientos para los miembros del Gobierno regional y los diputados autonómicos, sumándose así a la lista de comunidades que han suprimido esta prerrogativa, entre ellas Murcia, Baleares o Cantabria.

El texto también limita a dos los mandatos del presidentes riojano --no podrá superar los ocho años en el cargo--, recupera la figura del Defensor del Pueblo de La Rioja, crea una nueva figura para la luchar contra la corrupción y realza el papel del Consejo Consultivo, entre otras cuestiones.

El Defensor del Pueblo ha denunciado, en el Informe Anual 2020 que ha hecho público este jueves, las dificultades que existen en España para identificar a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, así como para condenar a los autores de este delito.

Tal y como señala el documento presentado este jueves ante el Parlamento de forma telemática, en 2020 se identificaron a 1.038 víctimas de explotación sexual, frente a las 830 que, según los datos de la Fiscalía General del Estado, se registraron un año antes.

A pesar de este ligero aumento de detección de este víctimas de este delito, la Institución ha mostrado su preocupación por los datos facilitados por la Fiscalía en cuanto al número de condenas, que califica de "escaso".

El Defensor denuncia que en estos casos se producen "una larga instrucción" que, "en muchas ocasiones no acaba con la condena de los autores" por "la compleja estructura típica del delito que no se identifica con un hecho simple"; "su vinculación con el crimen organizado"; o "las especiales características de las víctimas", normalmente extranjeras, que rara vez colaboran.

PIDE UNA RESPUESTA "ÁGIL Y RÁPIDA"

En este sentido, señala que "la urgencia de lograr su liberación" impide en ocasiones "aplicar todas las técnicas proactivas de investigación". Además, reconoce que la necesidad de una cooperación internacional que, en relación con algunos países de procedencia de las víctimas, es prácticamente imposible, también dificulta esta situación.

En este contexto, al que, recuerda el Defensor, hay que sumar la situación de pandemia, la Institución ha alertado de la necesidad de asegurar que aquellas víctimas que entran en contacto con las autoridades reciban "una respuesta ágil y rápida, asegurando que se tomen todas las medidas necesarias para su identificación y protección".

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se ha despedido este jueves de su cargo de síndica en Les Corts, y ha anunciado que además deja el acta como diputada en la cámara valenciana. Sí mantendrá la presidencia hasta el Congreso regional para "evitar un vacío legal": el cónclave se convocará esta tarde y será el comité organizador quien lo dirija.

"Me voy porque no cuento con la confianza de la dirección del PP", ha admitido, pero por "respeto" a la institución, a las siglas del partido y a los votantes y militantes, ha decidido dar "un paso al lado" y no presentarse a las primarias.

Así lo ha indicado en una de prensa convocada de urgencia, previa a la Junta que convocará el próximo congreso regional, y en la que se ha mostrado emocionada y con lágrimas para asegurar que lo hace "a su pesar" y "con pesar" porque le hubiera gustado volver a tener una "segunda oportunidad" de recoger el fruto de un trabajo que ha defendido y del que se encargó en los momentos más duros. Bonig ha afirmado que así se lo manifestó al secretario general del PP, Teo García Egea, y al propio presidente del partido, Pablo Casado.

Así, ha insistido en que quería presentarse: "Creía que tenía la confianza, pero se me dijo que no. Entendrían que hay un mejor candidato". Por ello, para "huir de esos egoísmos y pensando en las siglas y en la situación tan complicada y difícil" no se podía "ir a un choque y una guerra". "No ha sido una decisión fácil, ha sido muy difícil, pero creo que ha sido coherente", ha agregado.

"Soy una persona que he dado la cara siempre, no me he escondido nunca", ha dicho, se ha definido como "española, buena valenciana, orgullosa de ser del PP", del que "ha sido, soy y seré militante".

También ha agradecido a la dirección nacional que le hayan ofrecido "cosas": "Pero no entré en política por cargos. Entré por convicción y por principios", ha aseverado, al tiempo que ha indicado que entró "consiguiendo cargos porque la gente ha confiado" en ella. "No pido absolutamente nada", ha agregado.

Libre fui para entrar y libre soy para salir", ha manifestado. En este sentido, ha indicado que ahora "tomará distancia", pero ha apuntado: "Hay muchas formas de hacer política, en primera línea o en segunda, en las fundaciones o en la sociedad civil". "No tiene porqué ser exclusivamente en cargos públicos", ha agregado.

SEIS AÑOS COMO PRESIDENTA

Bonig ha repasado su carrera desde que en 2007 accediera a la alcaldía de la Vall d'Uixó, con "dos mayorías absolutas consecutivas"; luego, la conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente "que ahora son tres consellerias en el Gobierno de Puig" y desde 2015, síndica en Les Corts y presidenta del PPCV, la primera mujer en ostentar este cargo.

"Me ha sucedido prácticamente de todo", ha señalado, y ha destacado la "alegría" y el "trabajo extraordinario" de su equipo, pero también el "bochorno y la vergüenza" por la conducta de "algunos que han empañado el inmenso trabajo de tantos cargos del PP y que hemos tenido que pagar todos". "Me han avergonzado, me avergüenzan y me seguirán avergonzando", ha indicado.

Además, ha destacado que estuvieron a "4.311 votos" de conseguir gobernar con Vox y Ciudadanos en esta legislatura y que le hubiera gustado "demostrarle al pueblo valenciano este proyecto". No obstante, ha abogado por "dejar paso a las personas que gozan del beneplácito de Génova" para que tengan la "misma oportunidad" que tuvo ella.

También ha apuntado que la Comunitat Valenciana ha sido la "avanzadilla" del gobierno de izquierdas, así como la de "la defensa de la libertad". "Yo hablé de la defensa de la libertad, de que quería un PP que recuperase el alma perdida de tanto gestionar", ha asegurado, y ha insistido en defender un PP "sin complejos".

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico está estudiando la posibilidad de poder regular un aumento del número máximo de comensales en locales de hostelería, pasando de los 6 permitidos actualmente a un total de 10 personas.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno extraordinario, el titular de Sanidad ha asegurado que será el sábado cuando se decidan las medidas concretas a adoptar toda vez que decaiga el estado de alarma, recordando las palabras de este mismo jueves del presidente autonómico, Emiliano García-Page, quien ha aplazado las decisiones al respecto de mantener el toque de queda o limitar el derecho de reunión a la opinión del Consejo Consultivo de la región y del Gabinete Jurídico del Gobierno.

Tal y como ha apuntado, ahora, las medidas que sí se pueden tomar es limitar aforos en espacios cerrados, horarios de ocio y hostelería, "y en definitiva todo lo que no es referido al toque de queda o a la perimetración".

La decisión es "no bajarse del carro" en un camino que iniciaron juntas todas las Comunidades Autónomas. "Somos muchas las que pensamos que sería mejor seguir con un conjunto de medidas consensuadas, las correspondientes a derechos fundamentales".

La región, en todo caso, abrirá sus fronteras, algo ya decidido y que a tenor de los datos es factible, si bien "tiene que haber otra serie de medidas" a estudio ahora por parte del Consejo Consultivo y el gabinete jurídico.

Una vez contestadas las preguntas a nivel jurídico, el responsable de la Sanidad regional ha dicho que será el sábado cuando se tome la decisión final sobre las medidas a adoptar desde el Gobierno autonómico.

En todo caso, ha pedido "seguir trabajando de la mano de la sociedad" con las herramientas permitidas más allá del estado de alarma.

Una vez que se tenga seguridad sobre "la pertinencia o no" de adoptar ciertas medidas sin el amparo del estado de alarma, Fernández Sanz ha abogado por mantener en la prudencia para conseguir disfrutar de "un buen verano".

El Defensor del Pueblo censura los impuestos aplicados al conjunto de la factura de la luz, pues cree que "no ayuda" a tener un suministro de electricidad en condiciones asumibles, así como la imposibilidad de ajustar la potencia eléctrica a las necesidades de los consumidores.

Así lo pone de manifiesto en su informe anual correspondiente al año 2020, en el que reprocha que España sea "uno de los países donde las personas destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de las facturas de electricidad, a pesar de contar con un 'mix' energético más favorable a mantener precios más bajos que otros países".

"No ayudan en este asunto el gravamen tributario que afecta al conjunto de la factura (IVA al 21% e impuesto sobre la electricidad, incluso para los consumidores acogidos al bono social eléctrico, o la imposibilidad de que las personas ajusten su potencia eléctrica a sus necesidades", incide.

En este sentido, explica que estas necesidades "pueden ser cambiantes a lo largo del año" tanto por cuestiones climatológicas como por las condiciones de su vivienda. Asimismo, señala que la posibilidad de ajustar la potencia contratada sí se flexibilizó durante el estado de alarma, pero "de forma transitoria y excepcional para autónomos y empresas".

Para el Defensor del Pueblo "la disponibilidad de un suministro eléctrico en unas condiciones económicas que las personas pueden asumir es una cuestión capital", y por ello prestó "una atención preferente" a las quejas vinculadas al suministro de agua, electricidad y cortes en líneas telefónicas tras la declaración del primer estado de alarma.

Por otra parte, durante el pasado año esta institución detectó problemas en la tramitación del bono social eléctrico en el caso de personas que, por falta de ingresos, no están obligadas a presentar la declaración del IRPF.

Por este motivo informa de que inició el pasado año una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Energía y solicitó información a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la cual emitió un informe en octubre de 2020 "coincidente con los postulados de la institución", remarca.

Otras actuaciones destacadas en este ámbito, incide, fueron las recomendaciones realizadas para el restablecimiento del suministro eléctrico en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real de Madrid y en la zona norte de Granada.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha mostrado este jueves "favorable" al levantamiento de la protección que ofrecen las patentes sobre las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, mientras que el Gobierno de Alemania ha dicho estar "abierto" a discutir la posibilidad planteada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Von der Leyen ha anunciado que la UE está "dispuesta a discutir" el paso tras el gesto del Gobierno de Estados Unidos, que el miércoles respaldó revisar temas de propiedad intelectual para facilitar el desarrollo y el reparto de las vacunas contra la COVID-19, especialmente de cara a su llegada a países menos desarrollados.

Macron se ha referido al tema durante un acto público y ha sido tajante: "Soy favorable al levantamiento de la propiedad intelectual". El mandatario galo, que ha admitido dificultades para compartir tecnología y producir en masa, ha descrito a Europa como "el continente más generoso en materia de dosis", incidiendo en que ha enviado vacunas "a los países más frágiles.

En este sentido, el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clement Beaune, ha apelado en Twitter a esta solidaridad para recordar que la UE "exporta casi el 50 por ciento de las dosis de vacunas producidas en su territorio", lo que ya ha permitido la entrega de unos 200 millones de dosis. "Estados Unidos y Reino Unido no han enviado ninguna hasta este momento. Comencemos por ahí, cuanto antes", ha señalado.

Por la parte alemana se ha pronunciado el ministro de Exteriores, Heiko Maas, que se ha mostrado "abierto" al debate "en una situación tan especial" como es la pandemia. El jefe de la diplomacia de Alemania, ha reconocido que esto puede ayudar a que las vacunas lleguen a más gente en el menor tiempo posible, según la agencia de noticias DPA.

El anuncio del Ejecutivo comunitario supone un cambio en la dinámica europea que hasta ahora se ha resistido a abrir la reflexión sobre la liberalización de las patentes de los sueros contra el virus porque, según Bruselas, no sería una respuesta efectiva.

La propia Von der Leyen ha añadido a su oferta de abrir la discusión sobre patentes que, "en todo caso, a corto plazo llamamos a los países productores de vacunas a permitir la exportación y evitar medidas que distorsionen las cadenas de suministro".

Fuentes europeas, además, han apuntado que la cuestión estará inevitablemente en la cumbre informal que reunirá este viernes y sábado a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Oporto (Portugal) para discutir, entre otros, sobre la gestión de la pandemia.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, considera que los miembros de la Cámara no se sienten "presionados" por los grupos de interés con los que se reúnen pero, aún así, considera pertinente regular la actividad de los 'lobbies' en el ámbito parlamentario para que desarrollen su labor con total transparencia.

Durante su intervención en un encuentro telemático organizado por el Consejo General de Economistas, Batet ha señalado que existe una voluntad mayoritaria de regular los 'lobbies' como demuestra el hecho de que tanto el PSOE como el PP han registrados sendas propuestas para reformar el Reglamento del Congreso en ese sentido.

A su juicio, "es bueno que se regule" y que la actividad de los grupos de interés en el Congreso sea "transparente" pero, según Batet, el propio sistema electoral con listas cerradas ayuda a que los diputados no se sientan presionados por estos grupos.

"Nosotros recibimos a todo el mundo, son reuniones importantísimas porque estamos legislando y los distintos colectivos te aportan perspectivas o reflexiones en las que tu no habías caídos, pero no nos sentimos presionados. Yo nunca me he sentido presionada", ha explicado.

Además, la presidenta ha destacado que la Cámara ha avanzado "muchísimo" en materia de transparencia en los últimos años y que las Cortes aprueban "con nota" esta asignatura.

Según ha señalado, poco a poco, todos los diputados van publicitando todas sus agendas, como establece el Código de Conducta de las Cortes aprobado el pasado mes de octubre.

SÓLO EL 10% PUBLICA SU AGENDA

"La publicación de las agendas se está produciendo de manera progresiva y estoy segura de que todos los diputados lo acabarán haciendo", ha admitido Batet, subrayando que ella hace tiempo que publica la suya, aunque considera que "en general" la actividad de los parlamentarios es "bastante pública".

Según los datos recopilados a principios del pasado mes de abril, los miembros del Congreso que publican su agenda institucional en la web de la Cámara no llegan ni al 10% de los 350 que la integran, lo que implica que más del 90% del hemiciclo incumple este punto del Código de Conducta de las Cortes Generales que ya lleva casi siete meses en vigor.

Además, ni siquiera los diputados que adjuntan su agenda institucional a su ficha parlamentaria dan cuenta en la misma de sus eventuales reuniones con grupos de interés, otro de los preceptos que recoge el citado código aprobado el pasado mes de octubre por las Mesas del Congreso y el Senado.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido este jueves a su partido que haga "autocrítica" por el resultado cosechado en las elecciones a la Comunidad de Madrid del pasado martes, 4 de mayo, en las que el PSOE pasó de ser primera a tercera fuerza política en número de votos, tras el PP, que se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta, y empatado a escaños con Más Madrid, y ha opinado que "algo no estaremos haciendo del todo bien para que miles de ciudadanos nos han vuelto la espalda".

Así lo ha apuntado la secretaria general del PSOE-A en una rueda de prensa previa a una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de la federación socialista andaluza en la que se ha acordado por unanimidad solicitar a la dirección federal el adelantamiento y activación del proceso de primarias para elegir a la persona candidata a concurrir por el PSOE de Andalucía a las futuras elecciones a la Presidencia de la Junta.

En su intervención en esa rueda de prensa, en la sede del PSOE-A en Sevilla, Susana Díaz ha querido trasladar "todo" el "apoyo" de la federación andaluza "a los socialistas madrileños, y en especial a Ángel Gabilondo", el candidato del PSOE en dichos comicios.

Ha agregado que "han realizado un esfuerzo enorme, han defendido un proyecto de altura, progreso, igualdad y de derechos sociales", si bien ha apostillado que "es el momento para hacer una reflexión interna desde la unidad".

"Hay que establecer la mejor estrategia posible para recuperar el espacio y la confianza perdida, y tenemos que ser autocríticos", ha dicho Susana Díaz antes de considerar que "es muy triste para todos ver cómo en nuestro país está avanzando la derecha más xenófoba, machista, mas inhumana de toda Europa.

La dirigente socialista ha defendido que "lo que ocurre en Madrid comenzó hace dos años en Andalucía", y ha subrayado que ella misma advirtió "de lo peligroso que era el pacto del PP con Vox" tras las elecciones autonómicas de diciembre de 2018, y que eso suponía "blanquear a la ultraderecha".

Susana Díaz ha puesto de relieve que "la realidad es que, hoy por hoy, siguen avanzado", y ha opinado que "algo no estaremos haciendo del todo bien cuando miles de ciudadanos nos han vuelto la espalda".

Finalmente, ha llamado también la atención acerca de que "la unión de la derecha y la ultraderecha comenzó hace dos años en Andalucía con la colaboración de Ciudadanos (Cs), que se prestó a eso", según ha advertido antes de apostillar que esa actitud está llevando al partido naranja "casi a la desaparición".

Los controles de consumo de alcohol en vías urbanas e interurbanas se intensificarán desde este fin de semana en Extremadura ante la finalización del estado de alarma.

El Centro de Coordinación Cooperativa Policial y Protección Civil se han reunido este jueves de forma telemática, presididos por la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, para abordar las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno para el control de la pandemia con motivo de la finalización del estado de alarma el próximo día 9.

Durante la reunión se han abordado los mecanismos necesarios para la aplicación y control de dichas medidas de manera "eficaz y proporcionada" con el objetivo de salvaguardar la salud individual y colectiva y frenar la expansión del virus.

Así, entre las decisiones adoptadas durante este encuentro, y ante el previsible aumento de la movilidad durante los próximos días, destaca la intensificación, a partir de este viernes, de los controles de consumo de alcohol y drogas no permitido en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas.

Cabe recordar que entre las principales medidas destaca el fin del cierre perimetral de la comunidad autónoma desde las 00,00 horas del viernes 7 de mayo, el retraso hasta las 00,00 horas del toque de queda ese mismo día y el establecimiento de la medianoche como horario límite para el cierre de la hostelería una vez decaiga el estado de alarma.

Asimismo, según las actividades, los aforos permitidos son múltiples y diversos, destacando el del 50 por ciento para interiores de establecimientos de hostelería y el 85 por ciento para terrazas donde podrán juntarse hasta 10 personas, ha recordado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.

Además, congresos, eventos, academias, locales comerciales, mercadillos, piscinas, cines y teatros tendrán un aforo del 75 por ciento, así como fiestas y verbenas, que serán al aire libre.

Al término de la reunión, al delegada del Gobierno ha destacado que las nuevas medidas y el fin del estado de alarma supondrá fundamentalmente el control de los espacios públicos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad pero ha recordado que, como en toda la pandemia, y especialmente en períodos de flexibilización de medidas, es la responsabilidad individual la máxima que debe regir el comportamiento de los ciudadanos.

"Protegerse, proteger a los demás y mantener las medidas de seguridad e higiene deben ser nuestra guía para ganarle la batalla definitiva al virus", ha recalcado Yolanda García Seco.

La delegada del Gobierno ha agradecido en este sentido la actitud de los ciudadanos tras más de un año de pandemia por su "paciencia y disciplina" para aplicar y acatar las medidas y también su agradecimiento para los servicios esenciales, "siempre expuestos al contagio y sirviendo a los demás".

También ha mostrado su agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que han trabajado como "auténticos servidores públicos y bajo una coordinación entre cuerpos ejemplar".

La familia de Marta del Castillo, la joven sevillana asesinada en enero de 2009, ha decidido recurrir el archivo de la causa contra el hermano de Carcaño, causa reabierta en 2020, y, en este sentido, se muestra esperanzada en que la decisión de los tribunales sea favorable a sus intereses al entender que Miguel, condenado por esa muerte, "está diciendo la verdad en esta última versión sobre los hechos".

"El asunto está en manos de los abogados y solo queda esperar. No sabemos cuánto tiempo conllevará este proceso. Ha quedado demostrado que los papeles de esa hipoteca --respecto a la vivienda de la calle León XIII donde fue cometido el crimen-- eran falsos aunque haya prescrito, pero hay otras cuestiones del auto con las que no estamos de acuerdo y de ahí que presentemos el recurso", ha afirmado Antonio del Castillo, padre de Marta.

En este sentido, en el auto de reapertura de aquellas diligencias, el juez instructor acordaba "comprobar la veracidad" de la nueva documentación aportada por la familia de la víctima, según la cual para conseguir una hipoteca de 108.000 euros, en relación con la mencionada vivienda, fueron "falsificados" documentos como "nóminas, la vida laboral o declaraciones de la renta".

Tras el sobreseimiento ordenado en el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla de las actuaciones incoadas contra Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, condenado este último a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de la joven, a cuenta de las acusaciones en la que este le acusaba de ser el verdadero autor del crimen, el auto, fechado el pasado 15 de abril, era susceptible de recurso de reforma y subsidiariamente de apelación.

Conviene recordar que las diligencias fueron inicialmente archivadas en 2013 y reabiertas en 2020 a petición de la familia de la víctima y la Fiscalía había pedido ya su nuevo sobreseimiento.

La familia de Marta del Castillo atisbó un "posible fraude de falsificación de documentos" que a su juicio daría veracidad a la séptima versión de los hechos manifestada por Miguel Carcaño, con la que aseguraba que fue su hermano quien mató a la joven en el marco de una discusión por dicha hipoteca. Una cuestión que la familia sigue manteniendo, pues considera que "Miguel está diciendo la verdad" y por ello harán uso de la potestad de recurrir el auto, como han confirmado este jueves.

El magistrado, en el citado auto, había concluido que "las indagaciones practicadas no han aportado elemento alguno que lleve a comprobar el lugar de ubicación del cuerpo de la víctima, ni a establecer la posible participación de terceros en los hechos investigados, sin que la mera declaración del penado Miguel Carcaño, cuya credibilidad está totalmente destruida por los diversos cambios que ha venido dando en sus versiones, en las que ha hecho gala del mayor desprecio hacia el sufrimiento de la familia y hacia la verdad, pueda mantener por sí mismas las actuaciones".

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha situado la implantación de peajes en las autovías españolas, iniciativa que forma parte del paquete de reformas estructurales que el Gobierno traslada a la Unión Europea para la recepción de fondos comunitarios asociados al Plan de Recuperación y Resiliencia, "cuando la recuperación sea una realidad", por lo que ha reconocido el año 2024 como "una fecha tentativa" para la ejecución de la medida.

En declaraciones a los medios de comunicación tras presidir la presentación del Plan Industrial de Alcalá de Guadaíra 2021-2023, Montero ha precisado que la presencia de peajes en las autovías "se está estudiando", de manera que ha desechado que "se ponga en marcha ahora" y ha esgrimido que "el ministro Ábalos lleva tiempo comentándolo".

La ministra de Hacienda ha justificado la iniciativa que el Gobierno español ha planteado a las autoridades comunitarias en la búsqueda de "un modelo para homologar el mantenimiento de las carreteras con los países vecinos de la Unión Europea".

Montero ha admitido, a preguntas de los periodistas, que 2024 podría ser una fecha para poner en marcha los peajes con el deseo de que para entonces "ojalá el crecimiento del PIB sea el previo a la pandemia".

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno ha argumentado que el Gobierno trabaja en "el impulso definitivo de iniciativas estratégicas de movilidad sostenible", pretensión que ha concretado en destinar "10.000 millones en tres años para puntos de recarga de vehículos", así como al impulso del transporte urbano o las cercanías, dentro de la aspiración de contar con "alternativas al vehículo particular" de manera que "los ciudadanos puedan olvidarse del uso del vehículo" y alcanzar un transporte que está a la altura del siglo XXI".

Montero, tras presentar el proyecto como "integral" para alcanzar "una movilidad sostenible que combata la agresión al medio ambiente", ha aseverado que "ahí se registra esa reforma", que incluye la implantación de peajes, aunque ha trasladado que se ejecutará con "diálogo y consenso", atributos que ha descrito como "la seña de identidad de mi Gobierno".

El líder nacional de Más País, Íñigo Errejón, ha señalado este jueves que en Andalucía "está habiendo un lento pero muy prometedor resurgir del andalucismo" del que a su partido "le gustaría formar parte", y que tiene entre sus "actores" de referencia a la excoordinadora de Podemos Andalucía y actual parlamentaria andaluza no adscrita Teresa Rodríguez, y al alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', referentes ambos de la corriente Anticapitalistas.

Errejón ha mencionado esos dos nombres en unas declaraciones en la Cadena SER, al ser preguntado por la posibilidad de que Más País Andalucía concurra y de qué manera a las próximas elecciones autonómicas en dicha comunidad, previstas inicialmente para finales de 2022.

El también diputado nacional en el Congreso ha apuntado que primero habrá que ver "en qué quedan los tambores electorales" que suenan tras los comicios celebrados en la Comunidad de Madrid el pasado martes, y ha opinado que no cree que "sean necesarias elecciones en Andalucía ni en España" ahora, pese a que "se han disparado rumores de todo tipo", según ha puesto de relieve.

Con todo, Errejón ha aclarado que, "si en Andalucía hubiera elecciones" anticipadas, "los compañeros de Más País en Andalucía tendrían que tomar la decisión de si concurrimos y cómo".

"Mi opinión personal es que en Andalucía está habiendo un lento pero muy prometedor resurgir del andalucismo, de un andalucismo progresista, del que nos gustaría formar parte" y donde "hay muchos actores" entre los que, "inequívocamente", se encuentran "'Kichi' y Teresa Rodríguez", según ha abundado el líder de Más País antes de apostillar que "es una decisión que tendrían que tomar los compañeros allí".

La Comunidad de Madrid alcanzó este miércoles un nuevo récord de vacunas administradas en un solo día, con 74.640 dosis, y ya ha vacunado a más del 71% de la población entre 60 y 69 años.

"Cada vacuna que llega a la Comunidad de Madrid, se inyecta", ha señalado el Gobierno regional en el perfil oficial de la Comunidad de Madrid en Twitter.

Además, a través del mismo canal, ha informado de la marcha de la vacunación a la población general entre 60 y 69 años. Así, ha indicado que "de un total de 697.241 ciudadanos de este grupo de edad, ya han recibido la primera dosis 497.047", lo que supone el 71.3% del total.

En el grupo de edad entre 70 y 79 años, el 88.7% de la población ya ha recibido la primera dosis, y el 98,5% de los mayores de 80 ya tienen la pauta completa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este jueves que la Unión Europea está "dispuesta a discutir" la idea de levantar de manera temporal la protección que ofrecen las patentes sobre las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, una iniciativa a la que los Veintisiete se han resistido hasta ahora pero que el miércoles respaldó Washington.

"La Unión Europea está dispuesta a discutir toda propuesta dirigida a afrontar la crisis de manera efectiva y pragmática", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario durante un discurso en el que se ha referido expresamente al anuncio la víspera del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Fuentes europeas, además, han apuntado que la cuestión estará inevitablemente en la cumbre informal que reunirá este viernes y sábado a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Oporto (Portugal) para discutir, entre otros, sobre la gestión de la pandemia.

El Boletín Oficial del Estado publica este jueves el nombramiento del delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, Jesús Martín Blanco, como nuevo director general de Discapacidad del Gobierno.

El nombramiento fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Martín Blanco reemplazará en el cargo al exdirector general de Políticas de Discapacidad Jesús Celada, que pasó a formar parte de la candidatura socialista de Ángel Gabilondo a las elecciones autonómicas de este 4 de mayo.

Martín Blanco es natural de Eljas (Cáceres) y es licenciado en Documentación por la Universidad de Salamanca y también cuenta con diversos estudios de postgrado. Por ejemplo, dispone de un máster en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares, un máster en Comunicación de las Organizaciones en la Universidad Complutense de Madrid y otro en Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Su trayectoria profesional se vincula, desde el año 1998, al movimiento asociativo de la discapacidad, en el seno de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y su Fundación, donde ha desempeñado diferentes responsabilidades en materia de incidencia política, defensa de derechos, comunicación, relaciones institucionales, gestión de alianzas y dirección de proyectos.

Asimismo, aparte del cargo que venía ostentado en el CERMI, Martín Blanco también ha participado y coordinado diferentes publicaciones y estudios sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, accesibilidad universal, responsabilidad social empresarial y cultura inclusiva y Agenda 2030.

Fuentes gubernamentales destacan el activismo de Martín Blanco en defensa de los derechos humanos y le definen como "ecologista" y "feminista".