La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha presentado este miércoles un informe sobre las oposiciones para acceder a la Carrera Judicial en el que advierten del error de modificar el sistema actual por razones de igualdad de género o por motivos socioeconómicos, tal como –dicen– pretende el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos.

En una nota de prensa, la asociación judicial explica que el Gobierno quiere modificar estas oposiciones y, apoyándose en el informe, apuntan que si bien ningún sistema es perfecto y puede mejorar, el actual es «un modelo semejante al de los países de nuestro entorno y presenta indudables ventajas».

Entre esas ventajas, desde la AJFV, destacan que el sistema actual asegura un alto nivel de formación jurídica de quienes superan el proceso, garantiza la independencia de los jueces frente a injerencias del poder político, evita sesgos ideológicos en la selección de los futuros jueces y facilita la incorporación de las mujeres a la judicatura.

Por eso, dicen, «resulta llamativo que el Ejecutivo recurra al argumento del sexo cuando, como demuestra este informe siempre con datos oficiales y contrastados, más de la mitad de los jueces españoles ya son mujeres (54,3%)». Y añaden que dos de cada tres aspirantes que han aprobado las oposiciones durante los últimos 25 años son mujeres.

«Estos datos tan obvios son la prueba evidente de que en este país no hay ningún problema de igualdad en el acceso a la Carrera Judicial desde hace décadas, que alguien utilice ese argumento sólo se puede explicar por ignorancia o para disimular otros intereses, pero desde luego no por la igualdad de género, porque a nadie se le ocurre poner esa excusa en una situación donde las mujeres ya son más del 70 por ciento», explica el portavoz nacional de AJFV, el también magistrado Jorge Fernández Vaquero.

LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

En relación a los motivos socioeconómicos que pudieran llevar a modificar las oposiciones, algunos sectores esgrimen esta razón «para asegurar que la mayoría de aspirantes son ricos», desde la asociación indican que «nadie ha ofrecido ningún dato que avale una afirmación que, mientras no se demuestre lo contrario, sólo parece sustentarse en prejuicios».

Recalcan que no hay dato objetivo sobre el nivel de renta de quien se prepara para ser juez, y aseguran que, de hecho, las únicas cifras que se pueden vincular a la clase social o nivel económico de los aspirantes a juez en España apuntan justo a lo contrario: que se trata de «un sistema de selección abierto a amplias capas de la población».

Al hilo, recuerdan que una de cada tres personas que aprobaron las últimas oposiciones procede de familias cuyos progenitores no tienen estudios superiores (33,1%) y los que pertenecen a familias con ambos padres licenciados o graduados son apenas el 43,5%.

Y añaden a todo esto que en relación a como influye el parentesco, «que ciertos sectores utilizan como coartada para insistir públicamente en que es muy difícil llegar a juez si no eres hijo o familiar de juez», los datos objetivos «vuelven a desmontar esta falacia». «Los que aprobaron la oposición en lo que va de siglo teniendo un juez en la familia no llegan ni al 6 por ciento, y en las últimas promociones, menos incluso (ni el 5 por ciento)», recuerdan.

EL PRECIO DE SER JUEZ Y LA «ESTIGMATIZACIÓN» DEL SECTOR

Según el informe presentado por la AJFV el 95 por ciento de los aspirantes necesita el apoyo económico de la familia para preparar la oposición en la Carrera Judicial, y cifran el esfuerzo entre 100 y 300 euros mensuales a lo largo de cuatro o cinco años de media.

Por este motivo recuerdan que llevan años reclamando un sistema de becas suficientes para ayudar a estos opositores, especialmente a los que más lo necesiten, pues en la actualidad son las propias asociaciones judiciales y algunas entidades privadas las únicas que ofrecen esas ayudas, que por tanto siguen siendo muy limitadas.

Es obvio que esta inversión de tiempo y dinero resulta siempre más asequible para quienes pueden asumirla con más facilidad, pero exactamente igual que ocurre para ser abogado del Estado, inspector de Hacienda, médico o catedrático, cuyo trabajo también es susceptible de prejuicios ideológicos y nadie se ha planteado modificar el acceso a esas profesiones con excusas de género o clase social», dicen. Apuntan que esos motivos económicos «sólo se utilizan para estigmatizar a los jueces, no a otros servidores públicos».

Por último, desde la asociación indican que en el informe se plantean medidas concretas para mejorar los exámenes, los temarios y las prácticas de esta oposición, y se insiste en que se elimine la fase de refuerzo y sustitución con la que la Administración «pretende suplir las deficiencias de la plantilla de jueces y magistrados a costa de la formación de los futuros jueces».

«Si alguien pretende cambiar las oposiciones a juez por falsos prejuicios ideológicos o para hacer ingeniería social con la Carrera Judicial, provocará uno de los errores más graves que pueden cometerse en cualquier democracia moderna y las consecuencias no las sufriremos sólo los profesionales de la Justicia, sino también y sobre todo los propios ciudadanos», concluye el portavoz de AJFV.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, se ha mostrado «escéptico» respecto a las sanciones administrativas que plantea el Gobierno central por los denominados ‘ongi etorris’ y ha exigido «la aplicación de la ley que ya existe, en concreto, el artículo 578 del Código Penal».

Covite, a través de sus redes sociales, ha afirmado que no tienen conocimiento del borrador del nuevo régimen sancionador que plantea el Ministerio del Interior para terminar con los homenajes a miembros de ETA, por lo que no puede valorar si «será efectivo o no». Además, ha recordado que el ministro Fernando Grande-Marlaska les trasladó en su momento su intención de elaborarlo.

En esa línea, ha asegurado que conoce «bien» la «maquinaria de organización» de estos actos de recibimiento a presos y ha explicado que en la solicitud de permiso para realizarlos «no escriben que van a hacer un homenaje, ponen otros motivos como protestar contra la dispersión o la prisión permanente revisable» y «no ponen quién es el responsable de la convocatoria».

A su juicio, «la principal institución responsable de que estos actos se realicen con total impunidad es la Audiencia Nacional». Covite ha recordado que desde de 2016 han presentado múltiples denuncias ante este tribunal por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, siguiendo el artículo 578 del Código Penal.

«Hasta hace poco la Audiencia Nacional aplicaba el artículo 578 y llegó a condenar a dirigentes de la izquierda abertzale como Otegi y Tasio Erkizia por los mismos hechos que denunciamos desde 2016 y por los que nuestras denuncias caen en saco roto», ha lamentado.

El colectivo de víctimas ha explicado que los argumentos de la Audiencia Nacional para archivar sus denuncias son «que no son homenajes ni actos de enaltecimiento de ETA, sino manifestaciones de alegría por la vuelta de un vecino al pueblo» y que «no hay riesgo de que ETA vuelva a matar, así que no hay enaltecimiento».

De este modo, Covite ha considerado que la Audiencia Nacional, por tanto, «da validez al acto de propaganda de disolución de ETA como prueba de que la organización está disuelta, ignorando que quedan decenas de terroristas por detener», así como a «la palabra de ETA» cuando son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «quienes deben disolverla».

«La Audiencia Nacional ignora que en el artículo 578 no se menciona nada del riesgo y sí se aborda la humillación a las víctimas, que quedan desprotegidas. ¿Qué tiene que ver el riesgo con la humillación?», se preguntan desde el colectivo de víctimas.

«PASADO TERRORISTA»

A su entender, los homenajes a miembros de ETA «son la prueba plausible de que la izquierda abertzale no solo no reniega de su pasado terrorista y criminal, sino que se enorgullece de él». «Dan las gracias a sus terroristas por haber asesinado a nuestros familiares», han denunciado.

Tras criticar que durante años «las instituciones han permanecido impasibles a esta realidad, parte de la sociedad ha mirado hacia otro lado y la Audiencia Nacional ha negado la evidencia de que son homenajes y continúa haciéndolo», ha recordado que «siempre ha habido homenajes a etarras».

Por ello, se han felicitado de que, «gracias a la alarma social» generada por Covite, «ahora tienen que hacer estos homenajes a escondidas y ya no pueden jactarse públicamente de ello en sus medios de comunicación y redes sociales, tal y como les gustaría» y, además, «ahora piden a los asistentes que no los difundan.

Finalmente, Covite ha remarcado que el colectivo que preside Consuelo Ordóñez no habrá ganado «la batalla judicial», pero sí «la batalla social». «Gracias a nuestra denuncia pública constante de estos repugnantes actos, hemos logrado que toda la sociedad y la clase política, excepto EH Bildu, rechace y condene los homenajes públicos a etarras», ha concluido.

El director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, ha lamentado este miércoles que la cadena autonómica viviera los días 22 y 23 de diciembre de 2020 una huelga de trabajadores «tan dura» como nunca antes en su historia y ha rechazado la excusa de la financiación del ente.

Durante su intervención en comisión del Parlamento, Mellado ha señalado que esa huelga fue secundada por una mínima parte de la plantilla, concretamente por 176 trabajadores de más de 1.400, si bien estaban en unos puestos esenciales para las emisiones, lo que llevó a que la televisión quedara en negro.

Ha lamentado esa huelga cuando «no peligra» ningún puesto de trabajo, cuando la cadena tiene un presupuesto en este año similar al anterior, y cuando hay una clara apuesta por la renovación tecnológica. Ha señalado que el contrato-programa garantiza más de 140 millones de financiación para la cadena pública, una cantidad similar al año anterior.

Ha indicado que con esos datos cabe pensar que esa huelga podría «tener otros motivos» que no tienen nada que ver con el tema presupuestario ni con el mantenimiento de la plantilla.

Mellado ha insistido en que en modo alguno hay un «abandono financiero» de la cadena andaluza y ha indicado que el único objetivo del actual equipo directivo es mejorar la situación de un ente que, debido a la gestión de años anteriores, estaba casi «en quiebra» como ha puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas.

En su opinión, no es de recibido convocarle a la nueva dirección, al año y medio de su llegada, la huelga «más dura» que se ha vivido en la cadena para exigirle lo que no se quiso resolver en años anteriores por parte de la dirección.

Ha apuntado que esa huelga de dos días supuso una caída de ingresos de 60.000 euros para la cadena, mientras que los anunciantes mostraron su descontento por no poderse emitir los anuncios contratados en días tan importantes como los de Navidad.

PSOE-A: MELLADO DEBERÍA HABER DIMITIDO TRAS EL ACUERDO CON VOX

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE-A Francisco Conejo ha acusado al Gobierno de «las derechas» de haber «incumplido todo lo que anunciaron y acordaron con la oposición para renovar la RTVA y con los sindicatos para desconvocar» la huelga que se anunció en febrero del año pasado, y se ha centrado en criticar el acuerdo suscrito por el Ejecutivo de PP-A y Cs con Vox para la aprobación del Presupuesto de la Junta de 2021.

Conejo ha tachado de «ideológico» dicho acuerdo, «una imposición de la extrema derecha a PP y Cs» por el que, según ha opinado, Juan de Dios Mellado, por «dignidad, debería haber presentado su dimisión» como director general de la RTVA para «demostrar que no se iba a arrodillar a las exigencias de la extrema derecha», que «le ha impuesto una enmienda a la totalidad a todo lo prometido al llegar al cargo», según ha abundado.

La parlamentaria del PP-A Rosalía Espinosa ha criticado a las «personas que se dedican a hacer política ideológica desde un medio de comunicación«, si bien ha expresado el «respeto» del Grupo Popular por el derecho a huelga recogido en la Constitución, aunque quienes lo ejercieran en Canal Sur «dejaran atrás el servicio público» y llevaran «a negro» la emisión de la televisión, según ha apostillado antes de trasladar palabras de agradecimiento a los trabajadores que «decidieron cumplir con su trabajo» y no secundaron dicho paro laboral.

De igual modo, ha sostenido que, «gracias al Gobierno de PP-A y Cs apoyado por Vox, Canal Sur tiene futuro, tiene garantizada su financiación» y los trabajadores «su puesto y una subida salarial».

El portavoz adjunto de Cs, Fran Carrillo, ha apuntado que «lo que subyace» tras dicha convocatoria de huelga «tiene un trasfondo político», ha lamentado que ésta «le ha costado a Canal Sur», y por tanto «a los andaluces, 60.000 euros», y ha preguntado si los promotores de ese paro «van a pagar de su bolsillo» esa cantidad perdida con una huelga con la que «se ha dañado la imagen de Canal Sur y de esta tierra por intereses políticos», según ha criticado.

Por su parte, el parlamentario de Vox Manuel Gavira ha expresado también el respeto al derecho a la huelga de los trabajadores y ha querido dejar claro que lo que su grupo lleva planteando «desde el primer día» para Canal Sur es «producción propia» en su programación, dejando la producción externa «en los casos absolutamente necesarios», y al respecto ha alertado de que «la RTVA y Canal Sur cuestan más del doble que la Agencia Tributaria de Andalucía».

Finalmente, el parlamentario de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha manifestado que el actual Gobierno andaluz está consiguiendo que todos los trabajadores de la RTVA estén «más cohesionados que nunca», y ha advertido a Mellado de que, «o cambia el rumbo en la cadena, o desgraciadamente lo vivido en diciembre se va a volver a vivir». Ha denunciado que hay un «acuerdo con la extrema derecha» de Vox para «desmantelar» la cadena andaluza.

Kellogg y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) han convocado por primera vez los Premios W.K Kelloggg-FESBAL Con la finalidad de promover la innovación en iniciativas sociales que ayuden a luchar contra el hambre, según informan ambas entidades.

Con la dotación de estos premios se pondrán en marcha proyectos que faciliten el acceso a desayunos a personas desfavorecidas, pero también se premiarán las ideas para fomentar que entidades y personas solidarias contribuyan a la generación de proyectos y la difusión de la labor de los Bancos de Alimentos en España por parte de los medios de comunicación.

Dentro de las diferentes categorías se pueden presentar: entidades beneficiarias, instituciones caritativas y organizaciones receptoras que colaboran con los Bancos de Alimentos de España miembros de FESBAL; así como personas físicas o jurídicas y medios de comunicación. El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 28 de febrero de 2021 y las bases se pueden consultar en la página web de FESBAL.

Dentro de la categoría 1 se podrán presentar entidades beneficiarias que colaboran con los Bancos de Alimentos de España miembros de FESBAL para proponer nuevos proyectos sociales con el objetivo de ofrecer desayunos a personas necesitadas. Este premio está dotado con hasta 15.000 euros que deberá ser destinados íntegramente a la puesta en marcha y financiación del proyecto durante el año 2021.

La categoría 2 premiará ideas presentadas por personas físicas o jurídicas cuyo objetivo sea crear nuevas iniciativas o mejorar iniciativas ya existentes para proporcionar desayunos a personas desfavorecidas a través de entidades receptoras de los Bancos de Alimentos miembros de la FESBAL. En este caso, se valorará la originalidad y la viabilidad de la iniciativa y, a diferencia de la categoría anterior, no es necesario presentar un proyecto detallado, aunque si el compromiso de llevarlo a cabo en el caso de ser premiado y conseguir la financiación necesaria para la puesta en marcha de la idea. La dotación de este premio será de hasta 3.000 euros.

Por último, la categoría 3 se trata de un reconocimiento a la tarea divulgativa y de concienciación sobre la labor social realizada por los Bancos de Alimentos miembros de FESBAL y la importancia de tomar medidas inmediatas para evitar las consecuencias del hambre. A este premio, dotado con 2.000 euros, se pueden presentar autores o medios de comunicación que hayan publicado piezas periodísticas – artículo, reportaje, fotografía, documental o serie de contenidos – en cualquier formato durante 2020 y hasta el 15 de enero de 2021.

Con la creación de estos premios, Kellogg y la FESBAL pretenden que la ayuda social y la distribución de alimentos se extienda al momento del desayuno ya que, tal y como recomiendan los expertos en nutrición, se aconseja que el desayuno aporte entre el 20% y el 25% de la ingesta total de energía en el día 1, tanto en niños como en adultos, y que esta primera comida del día vaya compuesta de lácteo, fruta, agua y cereal.

Kellogg colabora desde hace décadas con los Bancos de Alimentos y desde este último año ha incrementado sus donaciones, tanto de alimentos -hasta 3 millones de raciones adicionales a los que ya dona regularmente para ayudar a paliar la crisis sociales provocada por la pandemia-, como económicas -60.000 euros para ayudar a hacer frente a los costes adicionales que requiere la distribución de alimentos a las personas más necesitadas-.

A su vez, Kellogg también forma parte de ‘Alianza País Pobreza Infantil Cero’, una iniciativa presentada hoy por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil con el objetivo de cambiar la senda de la pobreza infantil en España mediante la colaboración entre la Administración, empresas, fundaciones y el tercer sector.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que afirma que el expresidente del Gobierno y ex líder del PP, Mariano Rajoy, destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de la supuesta caja ‘b’ del partido «sin saber» que él conservaba una copia.

El escrito, con fecha del pasado 26 de enero, se ha dado a conocer justo cinco días antes de que la Audiencia Nacional comience a juzgarle por el pago de las obras de la reforma de la sede nacional del partido con dinero de la presunta contabilidad paralela.

Fuentes del entorno de Bárcenas, que se encuentra en prisión cumpliendo 29 años de cárcel por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), ya adelantaron a mediados de enero que su estrategia de defensa cambiaría con respecto a la que había mantenido hasta entonces.

Y así comienza su escrito remitido a los fiscales, reafirmando su «voluntad de colaborar con la Justicia», tanto en la pieza relativa a la caja B, por la que precisamente se enfrenta a otros cinco años de prisión, como en «aquellas otras que estén pendientes de enjuiciamiento o plena instrucción».

Así, a lo largo de 7 páginas, explica que en dichos papeles se anotaban las donaciones que, principalmente, hacían empresarios, directamente a quien fuera tesorero del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta, en la misma sede del partido o «en ocasiones en restaurantes», a cambio de «importantes adjudicaciones de obras y servicios públicos».

Bárcenas asegura que «de todas estas actuaciones era perfectamente conocedor» Mariano Rajoy. «Hasta el punto de que a principios de 2009, tuvimos una reunión en su despacho, en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esa documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esa documentación», relata en su escrito.

ENTREGAS MENSUALES

Añade que de esta caja salieron «complementos salariales», que recibieron el expresidente Mariano Rajoy; los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo. Todos ellos están citados a declarar en el juicio por la presunta caja ‘b’ que comienza el próximo 8 de febrero.

«Estas entregas eran realizadas, personalmente por don Álvaro -y en ocasiones por mí-, con mi conocimiento, por cuanto que me daba instrucciones de sacar el metálico de la caja fuerte situada en mi despacho, con una periodicidad que dependía de la liquidez de la caja diversa, de manera que las introducía en un sobre en el que ponía el nombre correspondiente».

GRABACIÓN SOBRE RAJOY

Asimismo, advierte de que existe una grabación en la que Lapuerta comentaba «sobre las entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del Partido Popular, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy».

Bárcenas recuerda que ocupó el cargo de gerente del PP desde junio de 1990 hasta junio de 2008, cuando pasó a ser durante un año el tesorero del partido, sucediendo a Lapuerta. En este sentido, subraya que «desde el año 1.982 existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos».

En el juicio por los primeros años de Gürtel, Bárcenas ya declaró que el PP disponía una «contabilidad extracontable» que él y la persona encargada de las finanzas de las formación, su entonces jefe, Álvaro Lapuerta, anotaban. En ese momento, aseguró que estas donaciones procedentes de empresas «no tenían carácter finalista», es decir, que no estaban dirigidas a obtener determinadas adjudicaciones.

«Todos los empresarios quieren echar una mano a los partidos políticos, a todos», afirmó ante el tribunal. Ahora precisa esta versión y señala que «es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos» no tenían naturaleza finalista, pero que algunos casos, sí.

Señala que Lapuerta, por ser la «persona de la máxima confianza del partido», era quien controlaba estas aportaciones y quien se encargaba de «poner en conocimiento -si fuera el caso- al ministro que fuera competente en razón de la obra o servicio al que pudiese afectar la concreta adjudicación pública».

REFORMA DE LA SEDE DEL PP

En cuanto a la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid en 2006, que se empieza a juzgar en unos días, Bárcenas confiesa que tanto el que fuera su jefe como él negociaron con Unifica las condiciones del pago. «En esas negociaciones se acordó pagar parte de la ejecución de estas obras con dinero de la caja B, con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento de entorno a un 10 por ciento».

Para llevar a cabo el pago de estas cantidades se elaboraron durante el desarrollo de la obra diversos documentos como «certificados de obra, facturas y proyectos, en los que se omitieron e hicieron constar datos que no correspondían a la realidad, al fin de pagar con el metálico procedente de la caja B parte de la ejecución de estas obras», explica. Unos pagos que no fueron declarados a Hacienda por parte del PP, agrega.

CAMBIO DE ESTRATEGIA TRAS LA ENTRADA DE PRISIÓN DE SU MUJER

En el escrito, el extesorero del PP también destaca que en su primera declaración en julio de 2013 puso de manifiesto su colaboración, aunque no fue todo lo amplia posible por recomendación de su entonces abogado. No obstante, esta postura cambió en su siguiente declaración sobre la investigación de los denominados ‘papeles de Bárcenas’ porque «con ingenuidad», confío en la «promesa» que, según dice, se le hizo llegar a través de «un intermediario».

El compromiso sería que el extesorero ‘popular’ y ex senador «guardaba silencio» y no «manchaba el nombre» del PP a cambio de que su mujer, Rosalía Iglesias, no entrara en la cárcel tras el dictado de la sentencia por los primeros años de la trama Gürtel. «El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión, me hizo creer, inocentemente, en la promesa», ha admitido.

Por ello, «firmó la paz» con la formación política y decidió retirar la demanda laboral interpuesta contra el partido tras su despido o la denuncia que había interpuesto por la destrucción de los ordenadores que Bárcenas usaba en la sede del PP, de la que fue absuelto.

Sin embargo, una vez que su esposa finalmente ha ingresado en prisión para cumplir la condena de casi 13 años de cárcel, y tras cambiar de abogado, el extesorero del PP ha decidido contar todo lo que conoce sobre la financiación del partido.

OPERACIÓN ‘KITCHEN’

A todo ello suma, el operativo parapolicial denominado ‘Kitchen’, que se está investigando también en la Audiencia Nacional en el marco de una de las piezas separadas del caso ‘Tándem’, donde se encuentra personado como perjudicado. Sobre ello afirma que es «desalentador» conocer que se organizaron seguimientos y vigilancias sin autorización judicial «con uso de fondos reservados ordenados por altos cargos del entonces gobierno y que pertenecían al Partido Popular, con la inestimable colaboración de altos cargos policiales».

Recalca que «gran parte» de toda esta documentación sobre la caja B «ha sido sustraída» del estudio de su mujer, cuando entraron a robar en el mismo». «Desaparecieron pendrives y diversos papeles que eran comprometedores a esta pieza y otras que están siendo investigadas en otras piezas», indica.

El obispo administrador diocesano de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, ha inaugurado este miércoles la exposición fotográfica itinerante que visibiliza la realidad de la trata de personas ‘Punto y seguimos. La vida puede más’, que se mostrará en el claustro de la Catedral de Santiago hasta el próximo 10 de febrero, donde ha señalado que «la trata de personas es un atentando grave contra la dignidad humana».

Según ha informado el Obispado de Bilbao, el prelado ha comenzado su intervención aludiendo al informe que este pasado martes dio a conocer la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el que se señalaba que se ha triplicado el número de niños y niñas entre las víctimas de trata de personas en el mundo.

Además, ha añadido otro dato en torno a que «se estima que España es el primer país receptor de Europa» de estas víctimas. «No es una cuestión para ponerse medallas», ha dicho, para explicar las razones para exponer ante la sociedad estas fotografías que muestran las vivencias de algunas de las víctimas.

«Esta exposición que hoy inauguramos quiere arrojar un poco de luz ante la realidad oculta de la trata, quiere ayudarnos a mirar en lo escondido. Necesitamos muchos oídos y muchos corazones para que salgan a los caminos a gritar lo que se quiere esconder dispuestos a denunciar, prevenir y sanar», ha detallado.

Por su parte, Marije Calvo, responsable de Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Bilbao, ha señalado en su intervención que la exposición itinerante del fotógrafo Fernando Mármol Hueso, organizada por la sección de Trata de Personas del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, recoge testimonios de personas que han padecido el drama de la trata en primera persona, pero del que «han logrado salir para recuperar su vida anterior». Por lo tanto, ha destacado, es «una muestra llena de crudeza, pero con una ventana abierta a la esperanza».

EXPOSICIÓN ITINERANTE

La muestra estará en el claustro de la catedral hasta el próximo 10 de febrero, día que se trasladará al claustro de la Universidad de Deusto, donde permanecerá hasta el 24 de febrero.

Además, el 16 de febrero tendrá lugar una conferencia online en la Universidad de Deusto sobre la realidad de Trata de Personas, a las 19.00 horas, con María Francisca Sánchez Vara, responsable del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad Humana.

El Juzgado de Instrucción 9 de Valencia ha incoado procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación Provincial Jorge Rodríguez y otros 14 investigados más por las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública de la corporación provincial Divalterra.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el magistrado aprecia indicios de malversación y prevaricación por la presunta simulación de esos contratos por intereses partidistas para favorecer a afines del PSPV y Compromís. El auto, notificado este miércoles a las partes, cifra en 1.122.095 euros el perjuicio paras las arcas públicas.

La causa cuya instrucción se da por finalizada comenzó mayo de 2018 por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.

Rodríguez fue detenido el 27 de junio de ese año cuando ocupaba el cargo de presidente de la Diputación por el PSPV. El 2 de julio anunció que dejaba la presidencia de la corporación provincial aunque se mantuvo como alcalde de Ontinyent, cargo que revalidó en las municipales de junio de 2019 con la nueva formación La Vall Ens Uneix, tras dejar en abril de ese mismo año el PSPV.

Ahora, el magistrado instructor, que da así por concluida la investigación, aprecia indicios de delitos continuados de malversación y prevaricación en la actuación de los encausados y cifra en 1,1 millones de euros el perjuicio generado a las arcas públicas.

«En el caso que nos ocupa, se ha infringido, presuntamente, este ejercicio de legalidad y mandato, en la cabal y correcta aplicación de los fondos públicos encomendados a las autoridades o funcionarios públicos», precisa en un auto notificado este miércoles a las partes.

En concreto, el instructor señala una «contratación presuntamente simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos más otros dos entre noviembre de 2015 y febrero de 2018».

Dichas contrataciones, añade, supusieron «un presunto desvío y con ello malversación de caudales en favor de unos particulares, y más aún, y presuntamente, por puros intereses de índole partidista, en ese reparto de cargos entre los dos partidos en el poder, PSOE y Compromís».

Los investigados contra los que se sigue el procedimiento son, además del expresidente de la Diputación, sus entonces asesores Ricardo Gallego y Manuel Reguart; el que fuera secretario-letrado asesor de Divalterra Jorge Cuerda y los exgerentes de Imelsa (luego denominada Divalterra) José Ramón Tíller, Vicent Xavier Simón y Agustina Brines.

«PLAN PRECONCEBIDO»

El magistrado considera que los contratos de alta dirección se realizaron con la intervención de los gerentes de la empresa pública «y el conocimiento y plan preconcebido presuntamente por el propio presidente de la Diputación Provincial y presidente del Consejo de Administración de Imelsa y de su equipo más cercano».

La causa se dirige también contra siete de los altos directivos contratados, quienes, de acuerdo con la investigación realizada, no cumplían los requisitos para acceder a esos cargos ni ejercieron nunca como tales.

En cambio, el instructor ha decretado el sobreseimiento de las diligencias respecto de otro alto directivo que presentó su carta de renuncia al puesto apenas unos días después de ser nombrado, señala el alto tribunal valenciano.

El auto, que puede ser recurrido tanto en reforma como en apelación, establece un plazo de diez días para que la Fiscalía y las acusaciones soliciten la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.

La Audiencia Provincial de Lugo ha revocado el auto por el que se acordó cerrar la instrucción del caso de O Garañón y decreta el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto a todos los investigados por entender que «no existen indicios de la comisión de delitos».

Entre los investigados de esta causa, que instruyó en su día la jueza Pilar de Lara –que perdió su plaza en Lugo por dilaciones indebidas en sus macrocasos–, estaban el exlíder del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro –por su época en el Ayuntamiento como concejal de Urbanismo– y el exalcalde socialista de Lugo José López Orozco, que tuvieron que dejar sus cargos a raíz de estas imputaciones, entre otros casos.

En marzo de 2016, Besteiro dimitió de su cargo de secretario xeral en el PSdeG tras ser imputado por De Lara en la Operación Pulpo –por su etapa como presidente en la Diputación de Lugo– y previamente en este caso Garañón. Así, no pudo presentarse por entonces a las primarias para intentar convertirse en el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta.

Asimismo, en junio de 2015 López Orozco dimitió en su cargo de regidor tras las presiones del BNG y Lugonovo. Lara Méndez lo sustituyó en el bastón de mando en Lugo. Precisamente, la actual alcaldesa se ha comprometido al derribo en esta legislatura de la urbanización de O Garañón a medio construir.

De este modo, la Audiencia estima el recurso de los investigados y archiva ese supuesto caso de corrupción urbanística en relación con la construcción de estas torres situadas en las inmediaciones del lucense parque Rosalía, en el que también estaban imputados cinco funcionarios.

SOLO «MERAS SOSPECHAS»

La Audiencia de Lugo es contundente a la hora de tumbar este caso, ya que asevera que el auto «se ha construido sobre meras sospechas que no alcanzan el carácter de indicios».

Indica que, si bien el auto alude «a una trama urbanística urdida por una especie de organización o grupo criminal que desplegaba diversas acciones, en connivencia entre todos ellos, para favorecer a determinados constructores», ese presupuesto «carece de base suficiente para poder afirmarse aún en términos indiciarios».

Los jueces subrayan que «ningún concierto se ha acreditado entre ellos, pues en la mayoría de los supuestos no existe relación jerárquica alguna ni se ha acreditado indicación, presión o directriz para aprobar o informar algunos de los expedientes». Además, subraya que, «en gran parte de los supuestos, no existe relación personal alguna, directa o indirecta» entre los investigados.

LAS ILEGALIDADES ADMINISTRATIVAS NO SON PENALES

Respecto al posible delito de prevaricación urbanística, la Audiencia insiste en que «no toda irregularidad en ese ámbito desencadena en una infracción penal».

Los magistrados manifiestan que «los principios de legalidad, intervención mínima y carácter fragmentario del derecho penal» excluyen de su competencia «actos que podrían tener su ámbito de resolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa».

Por ello, subrayan que el derecho penal se reserva «únicamente cuando el orden jurídico no puede ser preservado y restaurado eficazmente mediante otras soluciones menos drásticas».

Los jueces recuerdan que es preciso «distinguir entre las ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito».

La Audiencia entiende que el delito de prevaricación urbanística que imputa el auto a casi todos los investigados requiere que «la resolución o el informe se lleve a cabo de manera injusta y arbitraria y con pleno conocimiento de la ilegalidad de la conducta», algo que sostiene que no se ha probado.

«No se está discutiendo la idoneidad del proyecto o si podría haberse hecho mejor, lo que aquí interesa es si se llevó a cabo a sabiendas de que beneficiaba a un promotor en detrimento de otros y de la ciudadanía», aseguran.

PROYECTO «METEÓRICO» Y SIN INFORMES, PERO SIN FIN DE «ILEGALIDAD»

El tribunal afirma que no cabe duda de que los plazos de aprobación del proyecto fueron «meteóricos», pero recuerda que no fue el único instrumento de planeamiento urbanístico que se aprobó en esa fecha y por idéntico motivo, es decir, debido a la entrada en vigor de una ley que reducía edificabilidad.

«Sin duda, no se recabaron informes sectoriales y la construcción incumple el artículo 104 de la Ley 9/2000 de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia, afectando tales deficiencias especialmente a los funcionarios que procedieron a informar el expediente y que figuran con la condición de investigados, pero no existe indicio alguno de que hubiesen actuado con conocimiento cabal y a sabiendas de que ese informe era preceptivo y con la finalidad de llevar a cabo una ilegalidad», dejan claro los magistrados.

Los jueces recalcan que tampoco hay indicios de que hubiesen recibido «indicación alguna para que así informasen por parte de los demás investigados, políticos y promotores».

COMPRA DE VIVIENDA DE BESTEIRO: «SOSPECHAS VANAS»

Además, en el auto los magistrados se refieren a la vinculación establecida en la instrucción entre la vivienda comprada por Besteiro con supuestos tratos de favor recibidos por la constructora.

Este auto indica que Besteiro realizó un primer pago en efectivo –con registro de salida de dos de sus cuentas bancarias–, «y si bien no existe duda alguna de que no es la forma lógica de abonar una cantidad superior a 30.000 euros, tampoco puede señalarse que este mero hecho de abono en efectivo sea constitutivo de delito».

«Existe una principio fundamental en derecho penal que es el de presunción de inocencia, relacionado directamente con el viejo aforismo ‘in dubio pro reo’, que obliga a optar por la tesis más favorable al investigado, si es creíble, frente a otras que puedan perjudicarle, y en el presente caso el relato no solo es creíble, sino que está avalado en documental bancaria que ha de presumirse veraz y que se comprobó mediante un exhaustivo examen patrimonial del investigado», afirma la Sala. A esto añade que «ninguna imputación puede basarse en sospechas tan vanas».

«FELICIDAD» DE OROZCO

Al respecto, Orozco ha mostrado su «felicidad» que, ha subrayado, es «muy grande». «Fue una acusación injusta que nada probaba porque nada se podía probar», ha afirmado. «Se actuó conforme a la ley y la audiencia lo ha sabido ver. Estoy muy feliz y muy contento», ha celebrado.

Orozco, que llegó a presumir de ser un «campeón» de las desimputaciones, suma otra, «la octava o novena desimputación».

Además, ha reconocido que se le hizo «mucho daño», al tiempo que ha emplazado a que «hay muchas personas que deberían de pedir perdón por el daño» hecho. «Porque ellos me juzgaron mucho antes que la Audiencia, aquellos que pidieron mi cabeza para que yo no pudiera seguir siendo alcalde de Lugo», ha señalado.

«Ha pasado el tiempo, ahora soy feliz y me hace creer en la Justicia», ha afirmado quien ahora solo le queda una investigación relacionada con la ORA –en la ‘Operación Pokémon’–, que igualmente llevaba Pilar de Lara, ahora destinada en Ponferrada.

«DAÑO» A LA CARRERA POLÍTICA DE BESTEIRO

Por su parte, la defensa de Gómez Besteiro recuerda la «pena» sufrida por su cliente, con «la dimisión y el daño que ha hecho a su imagen en su carrera política».

«El alargar y seguir alargando investigaciones e instrucciones solo va en perjuicio de la Justicia y del justiciable. Entendemos que eso ha sucedido en las causas que se han estado investigando a Besteiro y en otras causas en Lugo donde la instructora era la sancionada Pilar de Lara», ha lamentado el abogado Cándido Conde-Pumpido.

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido la querella presentada por el ex presidente del Barça Sandro Rosell contra la juez instructora Carmen Lamela por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, porque no entregó a la defensa una información que había pedido alegando que no obraba en su poder cuando sí la tenía, algo en lo que el TS no ve delito porque descarta la mala fe de la magistrada.

Rosell se querelló contra Rosell, que instruyó la causa contra él por blanqueo de la que fue absuelto, afirmando que «ocultó injustificada y deliberadamente hasta en tres ocasiones la existencia de un conjunto de información, más de 1.200 folios, de gran relevancia para la causa» procedente de una comisión rogatoria. Lamela explicó en sus tres resoluciones que la documentación no estaba en el juzgado, sin embargo posteriormente se demostró que había una copia aunque no íntegra.

El magistrado ponente, Antonio del Moral, que ha recordado que esta información acabó finalmente en manos de la defensa y pudo usarse como elemento probatorio –«poco o más bien nada decisivo» para la resolución del caso–, ha explicado que la cuestión a dilucidar es si fue una equivocación deliberada o un simple error por parte de Lamela.

La Sala Segunda ha determinado que la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional y actualmente magistrada del TS no incurrió en delito alguno. «Sencillamente no es imaginable que en un tema tan accesorio, un instructor, por muy involucrado que pueda estar en la investigación (…), invente una motivación de esa naturaleza, tan burda y fácilmente detectable, para omitir una diligencia de práctica nada costosa y de relevancia más que dudosa», ha indicado.

Los magistrados han sostenido que «el hecho de haber firmado dos años antes una providencia rutinaria y estereotipada de archivo, que no exige la menor reflexión, en la que se acordaba dejar copia de la comisión rogatoria al tiempo que se disponía el archivo del expediente, no es indicio de nada para nadie que esté mínimamente familiarizado con una oficina judicial y la forma de trabajo que reina en ella».

Además, han señalado que «la pluralidad de comisiones rogatorias cruzadas concernidas en el procedimiento en que estaban imputados los ahora querellantes (…) alimentaba la confusión y era marco propicio para que, según se deduce de su contenido, en las dos primeras resoluciones (providencia y auto) no se captase que se estaba hablando de esa específica comisión rogatoria, tramitada unos años antes y no unida al proceso».

«LA BUENA FE HA DE PRESUMIRSE»

Por otro lado, Del Moral ha querido defender la decisión de la Sala II de inadmitir la querella, reivindicando que «es posible rechazar ‘a limine’ una querella por no aparecer la mínima base indiciaria en que sustentar el dolo o la intencionalidad», aunque se sostenga que el querellado pudo haber actuado de buena fe pero con «una ignorancia no disculpable o una negligencia derivada de la falta de un estudio más profundo de doctrina y jurisprudencia o de la causa».

Del Moral ha razonado que, si se aceptara la premisa de que «cualquier decisión judicial anulada por vía de recurso lo ha sido por no ajustarse a la legalidad», entonces «cualquier magistrado sería fácilmente querellable». «Pocos Magistrados –y entre ellos no se encontraría desde luego el ponente de este auto (…)– habrían escapado a la condición de investigado», ha apostillado.

Así, ha defendido que «la buena fe ha de presumirse también en los magistrados que pueden errar, así como ha de presumirse la mínima solvencia de su preparación y conocimientos». «Y, si no se ofrecen más elementos o datos que permitan considerar verosímil lo contrario, la querella basada en esa exclusiva base debe repelerse», ha concluido.

El Juzgado de Instrucción 6 de Gavà (Barcelona) ha ordenado este miércoles prisión provisional sin fianza para la mujer detenida el domingo como sospechosa de la muerte de su pareja con una puñalada.

En el auto de prisión, la titular del Juzgado señala que el atestado de los Mossos d’Esquadra y el resto de diligencias indican que la mujer «sobre las 20.50 horas, apuñaló con un cuchillo de cocina a su marido, causándole la muerte».

Toma en cuenta la declaración de dos vecinos de la pareja: uno explicó que vio a la pareja llegar en taxi a la casa y «que no los había visto antes pero que pudo comprobar que ella presentaba síntomas de estar bajo los efectos del alcohol».

Los dos vecinos han explicado a la jueza que la mujer llamó a sus timbres, y uno «asegura que ella aún llevaba la misma chaqueta con la que la había visto antes y con manchas de sangre».

Ambos han declarado que fueron al piso de la mujer, en la planta baja, y que «al entrar vieron a un hombre tirado en el suelo entre la cocina y el comedor», tras lo que llamaron a emergencias y, al intentar hacerle maniobras de reanimación, vieron un corte en la zona del pecho.

«LO HE HECHO»

El auto recoge que el atestado de los Mossos la mujer dijo a los agentes de forma espontánea: «Lo he hecho y se lo he lanzado», y que contestó que sí al preguntársele expresamente si ella lo había acuchillado.

La jueza también destaca que se pudieron comprobar «todos los datos señalados por los testigos» y que encontraron el cuchillo en la nevera.

Además, el hijo del fallecido ha testificado que la arrestada lo llamó y «le dijo ya desde un principio de la conversación que lo había matado, que estaba en el suelo y que no se movía», algo que la mujer también ha reconocido al declarar aunque lo ha achacado a los nervios del momento.

LA ARRESTADA DICE QUE «SE RESBALÓ»

La mujer ha declarado que fue una muerte accidental, «que fue el finado que se resbaló y que accidentalmente cayó encima del cuchillo que ella tenía en la mano», y la jueza remarca que esta versión no se corrobora con ninguna de las diligencias de investigación.

La magistrada ve incongruencias en la propia declaración de la detenida, quien «no sabe qué hizo a continuación con el cuchillo y no da una explicación plausible a cómo el cuchillo llegó al interior de la nevera».

HOMICIDIO O ASESINATO

Conforme avance la investigación, la instructora concretará si le atribuye un presunto delito de asesinato o de homicidio por la muerte del hombre.

La mujer, de 37 años, fue detenida el domingo como sospechosa de apuñalar a su pareja, quien murió antes de que los efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) llegaran al domicilio.

La sospechosa no tenía antecedentes judiciales ni constan casos previos de violencia doméstica entre la pareja.

La jueza instructora ha decretado el secreto de las actuaciones y los Mossos se encargan de la investigación.

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles exigir la dimisión o cese como diputado del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano (PP) y del encargado de la gestión del centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló (PP), por haberse vacunado contra la covid-19 de manera presuntamente indebida.

La sesión ordinaria celebrada de manera telemática ha aprobado las cuatro mociones relativas a la vacunación de Cano –que se ha ausentado de la sesión plenaria– y Roselló tras realizar un debate conjunto, pese a que se han votado por separado.

En concreto, ha salido adelante –en este caso con el voto favorable de todos los grupos a excepción del PSPV, que se ha abstenido– la propuesta de Ciudadanos que solicitaba «garantizar la máxima transparencia y el cumplimiento del protocolo de vacunación, así como asegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometan cualquier tipo de irregularidad».

Por su parte, Compromís pedía en su moción la reprobación de Cano y la apertura de una investigación sobre la vacunación de cargos públicos en el Dr. Esquerdo. El PSPV exigía la renuncia de Cano como diputado provincial al mismo tiempo que solicitaba al PP que, en el caso de que el ‘popular’ no quisiera dejar el acta, pasara a formar parte del grupo de no adscritos. Estas dos mociones se han aprobado con los votos de los socialistas, la coalición Compromís y de Cs. Ha votado en contra el PP.

Por último, el grupo popular de la Diputación ha presentado una moción –que ha recibido los votos a favor de PP y Cs y que ha salido adelante con el voto de calidad del presidente Carlos Mazón– en la que se exige al ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, que «depure responsabilidades» en la Conselleria de Sanidad por el «caos» en el proceso de vacunación.

Durante la sesión, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha tildado de «lamentable espectáculo» el ofrecido por la clase política en uno de los momentos «más dramáticos» por los que atraviesa la sociedad en alusión a los cargos públicos que «se han saltado» el proceso de vacunación.

«No se ha completado aún la vacunación del primer grupo y ya han aparecido políticos y algunos cargos de designación directa, que sin sonrojo, se han puesto los primeros en la cola. No vamos a entrar en el viejo y sucio juego del ‘y tú más’, este asunto no va tanto de legalidad como de ética, la legalidad sin ética es una legalidad mal legislada y por tanto se deberá cambiar», ha señalado Gutiérrez.

Asimismo, el diputado ‘naranja’ ha sostenido tanto su partido como el equipo de gobierno de la institución ha sido «ejemplar» con la retirada de competencias de manera indefinida a Bernabé Cano y ha invitado al portavoz del PSPV, Toni Francés, a «tomar ejemplo» tras acudir a su segunda residencia en Penàguila.

En la misma línea, ha explicado que las propuestas que los grupos Compromís, PSPV y Partido Popular han presentado no son equiparables y ha tachado de «caraduras» a los alcaldes y concejales del PSPV que no han dimitido tras hacerse pública su vacunación. Por último, ha señalado Gutiérrez la «ausencia» de un protocolo «claro y concreto» de vacunación por parte de la Generalitat Valenciana.

Por su parte, el único diputado y portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, ha reivindicado en su intervención el papel del «político sincero» y ha señalado que no puede pedir a la ciudadanía que perdone a los políticos que se han saltado el proceso de vacunación, «como ha sido el caso de Bernabé Cano y Juan Bautista Roselló».

Al mismo tiempo, ha pedido al PP que «recapacite» puesto que iba a ser el «único grupo» en la Diputación que «no iba a pedir la dimisión de Cano». «No se merecen el perdón de ninguno porque no se trata de un error, y en el caso de Cano es aún más grave porque se saltó todas las normas posibles al entrar en una residencia con un equipo de televisión para hacer propaganda de su vacunación», ha declarado Fullana.

«Se están burlando de la ciudadanía al decir que se pudieron vacunar porque ninguno se lo impidió sabiendo que habrá millones de ciudadanos que morirán por no recibir una dosis que ellos –Cano y Roselló– sí han recibido», ha añadido el portavoz de Compromís.

Asimismo, Fullana ha subrayado que el PP de la provincia de Alicante no tienen la «autoridad moral» para pedir a Cano que «se vaya casa», aunque es lo que «debería hacer» y ha acusado al presidente, Carlos Mazón, de padecer «eticofobia». Por ello, ha pedido la reprobación de Cano y la apertura de una investigación para la vacunación de Roselló.

Por parte del PSPV, el portavoz Toni Francés, ha sostenido durante la sesión que la formación ha pedido responsabilidades a todos sus cargos públicos que se han vacunado de manera «irregular» y ha insistido en que «todos deberían dimitir». No obstante, ha señalado que «todos no son iguales» en referencia al concejal de Sanidad de Benejúzar, el cual «se vacunó de manera correcta» según Francés.

En referencia al proceso de inmunización de Cano, el también alcalde de Alcoi ha valorado que el ‘popular’ ha mentido al asegurar que los encargados de Salud Pública fueron los «responsables» de su vacunación. «Bernabé Cano acabará dimitiendo porque no le queda otra salida política, pero el PP debe exigir su salida junto a la Roselló después de, además, entrar en una residencia de mayores», ha añadido.

Sobre su polémico desplazamiento a una segunda residencia en Penàguila la pasada semana, Francés ha acusado al equipo de gobierno de la Diputación (PP y Cs) de «mezclar» su situación familiar con la vacunación debido a su «incapacidad» para asumir la situación.

«He pedido disculpas, yo no soy igual que ustedes, no me salté ningún cierre perimetral y siempre defenderé a mi pueblo duerma en Alcoi o en Penàguila», ha concluido Francés.

Por último, el grupo ‘popular’ en la Diputación de Alicante señalado en el pleno que era «censurable» el comportamiento de los cargos políticos que se habían vacunado de manera indebida y que «deben dimitir todos». No obstante, han tildado las mociones presentadas por PSPV y Compromís de «parciales» y «sesgadas» y han remarcado que el cese de competencias de manera indefinida, en el caso de Bernabé Cano, era «suficiente».

«Queremos que se estudie el caso con detalle y con el suficiente rigor que permita ver, sin antifaz político, una vacunación que obedeció a criterios objetivos y médicos, según parece, por lo que dejemos actuar a los responsables y no nos precipitemos», ha indicado el portavoz del PP en la Diputación, Eduardo Dolón.

Asimismo, ha recalcado que «no existen protocolos» y que Cano se vacunó como médico de familia. «¿Alguien cree verdaderamente que Bernabé Cano falsificó la ficha de su vacunación? Por ello vamos a apoyar la moción de Cs, para que la Generalitat haga pública la lista de todos los cargos públicos que han recibido la vacuna con abuso de poder y que, a su vez, los partidos inicien los correspondientes expedientes de investigación al respecto», ha matizado Dolón.

Finalmente, la sesión ha aprobado con el voto de calidad de Mazón la moción de los ‘populares’ para exigir a Ximo Puig que depure responsabilidades en la conselleria de Sanidad por el caos en el proceso de vacunación.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado el archivo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la investigación abierta a un juez de Madrid por las expresiones ofensivas que lanzó contra un víctima de violencia de género, a la que llamó «bicha» durante una conversación privada que fue grabada por error al término de la vista que celebrará en relación con su caso.

El Supremo desestima el recurso contra el archivo planteado por la mujer aludida en la conversación, que era una de las partes en el procedimiento cuya vista se acababa de celebrar. El tribunal destaca que, pese al carácter reprobable de las expresiones vertidas en la conversación, su grabación sin consentimiento invalida cualquier utilización de la misma en un procedimiento sancionador.

El caso afecta al juez de Violencia sobre la Mujer número 7 de Madrid, Francisco Javier Martínez Derqui, en relación con el procedimiento civil y penal que llevaba por el divorcio y las denuncias de malos tratos interpuestas por la modelo española María Sanjuán contra su exmarido.

La víctima presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra este magistrado por referirse a ella como «bicha» o «hija puta» tras una vista, y el Poder Judicial abrió una diligencia informativa que fue finalmente archivada.

CON LA SALA DESALOJADA

La sentencia dada a conocer este miércoles relata que el 27 de junio de 2018, tras finalizar una vista, quedó inadvertidamente conectado el sistema de grabación de la misma, por lo que, una vez desalojada la sala y presentes exclusivamente el magistrado titular del Juzgado, la Letrada de la Administración de Justicia y la Fiscal, «desconocedores de que el sistema de grabación seguía activado, el magistrado empleó expresiones y se refirió a la demandante en términos inequívocamente ofensivos y por completo inaceptables y fuera de lugar»,

La grabación de la vista fue entregada a las partes, sin advertir que incluía la conversación posterior, lo que determinó la protesta de la defensa letrada de la demandante y la recusación por parcialidad del magistrado titular del Juzgado, que se apartó de las causas que afectaban a la recurrente, aparte de ofrecer sus disculpas.

El Supremo destaca que la cuestión en el presente procedimiento no es la valoración que puedan merecer las expresiones del juez, sino exclusivamente si la grabación accidental y desconocida de la conversación puede ser tenida en cuenta para dar pie a una diligencia informativa o, en su caso, a un expediente disciplinario, sobre el magistrado que profirió tales expresiones.

En ese sentido, el tribunal indica que fue una grabación «accidental e indebida», que sólo se produjo por un error de quien estuviera al cargo del aparato de grabación. La prolongación de la grabación una vez finalizada la actuación judicial para la que está prevista y debe circunscribirse, será por definición irregular, dice el Supremo, «ya sean grabaciones de imagen, de sonido, o audiovisuales y sean quienes sean los sujetos involucrados».

«El carácter irregular de la grabación no resulta alterado por el lugar, las personas o el contenido. La grabación tiene una finalidad legal, que es dejar constancia audiovisual del acto judicial que tiene lugar, y una vez finalizado dicho acto la grabación carece de toda cobertura legal bajo el amparo del artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa falta de cobertura legal no queda subsanada por el hecho de que la grabación se produzca en una sala de justicia, porque las personas grabadas sean profesionales de la justicia o por el tema de conversación, puesto que ninguna de tales circunstancias puede hacer que la grabación inadvertida y accidental sea una grabación practicada para el cumplimiento de funciones judiciales previstas por la ley», dice la sentencia.

Así pues, añaden los magistrados, la circunstancia de que la estancia donde se produjo la grabación fuese una sala de vistas no autoriza a que se grabe lo que pueda acontecer en ella, aparte de la realización de actos judiciales públicos.

El que los sujetos grabados fuesen profesionales de la administración de justicia tampoco hace legal una grabación de su conversación una vez finalizado el acto judicial que acababa de tener lugar. Y, en consecuencia, esa conversación, fuese cual fuese su tenor, ha de ser considerada como una conversación privada que sólo podría ser conocida si sus partícipes así lo desearan.

Como la grabación irregular se produjo por inadvertencia del servicio encargado de grabar la vista que se acababa de producir y que, por consiguiente, nadie supo que se estaba produciendo la grabación, para la Sala, en consecuencia y por definición, la grabación de las personas que se encontraban en la sala no fue consentida por éstas, siendo tal consentimiento la única circunstancia que podría haber otorgado validez legal a la grabación.

«En ausencia de consentimiento la grabación es una clara vulneración del ámbito privado de las personas grabadas, lo que invalida cualquier uso de la misma para un procedimiento sancionador», dice la sentencia, que añade que ello no palía el carácter reprobable de las expresiones proferidas en la citada conversación.

La Junta de Portavoces ha aprobado la comparecencia este próximo martes, en el pleno del Parlamento balear, de la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, para que analice la evolución de la pandemia en Baleares, pero ha rechazado que comparezca para explicar los protocolos de Salud respecto a la vacunación de la COVID-19 tras conocerse los últimos casos de políticos vacunados.

Así, Vox ha presentado una solicitud de comparecencia urgente de la consellera para que «dé explicaciones sobre cuáles son los protocolos» establecidos por Salud en el plan de vacunación y «por qué se los han saltado algunos políticos», según ha dicho el diputado del Grupo Parlamentario Vox, Sergio Rodríguez.

Del mismo modo, el presidente y portavoz del PP Baleares, Gabriel Company, ha asegurado que la comparecencia no ha sido aprobada por la negativa de los partidos del Pacte. Baleares no se merece un Govern ni una consellera de Salud que rechacen comparecer en el Parlament por un tema así», ha subrayado.

Sobre los casos de políticos vacunados en Baleares conocidos este miércoles, el presidente del PP ha asegurado que «no son los primeros ni los últimos casos que conoceremos». «Hace falta más decencia en el proceso de vacunación», ha reclamado.

«Si desde un primer momento, Salud hubiese informado de los protocolos que se siguen justificando cada persona vacunada, no habría tanto problema», ha dicho Company, quien ha reconocido que «no se puede con tanta opacidad y con las mentiras continuas del Govern».

A continuación, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha remarcado que, pese a la negativa recibida este miércoles por los partidos del Pacte a la solicitud de comparecencia de la consellera de Salud por estos casos, «seguirán intentándolo». «No vamos a dejar este tema y vamos a llegar al fondo de la cuestión», ha remachado.

Además de afirmar que la vacunación «es fundamental» en Baleares porque «sin vacunas, no habrá temporada turística», Rodríguez ha asegurado que desde Vox «están seguros que estos casos no son aislados». «Nos quieren convencer con explicaciones peregrinas, pero la sociedad merece respuestas claras», ha subrayado.

Del mismo modo, el diputado de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas ha calificado de «escándalo» que cargos políticos «usen su posición para saltarse la cola de vacunación». Por ese motivo, ha reconocido que a Ciudadanos «preocupa mucho» este tema: «No podemos consentir que Salud siga incluyendo personas en las listas de vacunación que no cumplen los requisitos».

Por este motivo, Pérez-Ribas ha exigido la dimisión «inmediata» de estos políticos y que la Conselleria de Salud «muestre total transparencia» ante estos casos. «Es muy dudoso que todo el que ha sido vacunado sea personal de primera línea», ha comentado.

Unidas Podemos, a través de su portavoz en la Cámara balear, Alejandro López, también ha pedido la dimisión o el cese «de forma contundente» de todos los cargos políticos vacunados. «Se debe saber si estaban dentro del protocolo o no, para dejar de generar confusión a la ciudadanía», ha insistido.

En el caso contrario, la portavoz del PSIB en el Parlament, Sílvia Cano, ha destacado que la consellera de Salud y Consumo comparecerá a petición propia este próximo martes en el pleno para «explicar la situación actual de la pandemia.

Cano ha ensalzado la «mejora» de la incidencia acumulada en Mallorca, pero ha afirmado que la COVID-19 sigue «matando vidas». Por eso, ha insistido en que la desescalada de las medidas restrictivas se debe hacer «poco a poco».

Sobre la vacunación, Cano ha remarcado que se están siguiendo los protocolos establecidos en el Consejo Interterritorial de Salud, que fija como grupos prioritarios los usuarios y trabajadores de residencias y los profesionales que trabajan en la primera línea de lucha contra el virus.

Cano ha destacado que en los próximos días «se completará la vacunación definitiva a las residencias y de los profesionales de primera línea, al tiempo que se comenzará a vacunar a las personas dependientes».

La socialista ha recordado que las Islas están preparadas para la vacunación masiva, «con capacidad para poner 80.000 dosis semanales a través de los servicios públicos y sin rehuir de otras opciones en caso de que sea necesario».

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado que «no hay debate» en torno a la Semana Santa, para la que quedan dos meses, porque «evidentemente, vamos a estar inmersos todavía en la lucha contra la pandemia y tendremos que mantener todavía las medidas de seguridad sanitaria que nos están indicando las autoridades sanitarias».

En una visita la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer y al ser preguntado por las perspectivas de cara a la Semana Santa, López Miras ha insistido en considerar que «no hay debate» cuando «estamos inmersos en esta tercera ola pandémica».

Además, cree que no hay debate «cuando hemos visto lo que ha sucedido a nivel mundial pero sobre todo en Europa, en España y en todas las comunidades, con esa salida de la primera ola en la que desde el Gobierno de España se nos decía que saldríamos más fuertes y que habíamos vencido al virus, y vimos lo que pasó en verano».

«También hemos visto lo que ha pasado al salir de esta segunda oleada pandémica, en Navidad», tal y como ha afirmado López Miras.

Ha estimado que «por supuesto», dentro de dos meses también habrá «restricciones a la actividad social y a otras muchas circunstancias que van a impedir poder celebrar como conocemos la Semana Santa, que haya procesiones». Incluso, se ha «aventurado» a decir que «no va a poder haber desplazamientos nacionales e internacionales, como si estuviéramos en una situación de normalidad sanitaria».

«Yo creo que es necesario que las administraciones y las instituciones tenemos que transmitir certidumbres, no podemos generar falsas expectativas y cuanto antes todo lo asumamos será mejor, porque va a ser un esfuerzo que se va a traducir en menos contagios y más vida», ha destacado López Miras.

Por lo tanto, ha avanzado que mantener las «restricciones», la «prudencia», la «cautela» y la lucha contra el Covid también durante la Semana Santa «va a hacer también que, espero que en el menor plazo de tiempo posible, podamos de verdad haber superado esta pandemia y, en el camino, haber salvado el mayor numero de vidas posible».

A su juicio, «transmitir otro mensaje va a generar incertidumbre, falsas expectativas y una falsa sensación de mejoría a nivel nacional que, desde luego, no es real, que puede hacer que algunos se confíen y que parte de la sociedad relaje esas medidas y que se traduzca en contagios y más muerte».

El objetivo principal y único de las administraciones y de los responsables públicos, en su opinión, «debe ser proteger a los ciudadanos y salvar el mayor número de vidas posible, y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde el Gobierno de la Región».

REUNIÓN DEL COMITÉ INTERTERRITORIAL

En lo que respecta a la reunión del Comité Interterritorial de Sanidad que se celebra este miércoles por la tarde, López Miras ha avanzado que el Ejecutivo murciano va a manifestar «una vez más» su «decepción» ante la «falta de medidas del Gobierno central».

«Durante las últimas tres semanas hemos vivido los mayores picos de contagios en España desde que comenzó la pandemia en marzo, y ayer cifra de muertos en España fue inasumible, la mayor cifra de fallecidos desde la primera ola, y el Gobierno central no ha hecho nada», ha reprochado.

«Esto que ya es de por sí incomprensible, es mucho más sorprendente cuando vemos que tampoco se permite que las comunidades tome decisiones», ha aseverado el presidente del Ejecutivo regional.

Ha recordado que todas las autonomías llevan dos semanas «pidiendo algo tan sencillo al Gobierno central como que, si ellos no van a tomar decisiones, nos dejen a las comunidades tomarlas». Se ha referido, en concreto, a algo «tan simple» como «adelantar el toque de queda», que no cree que sea «una medida trascendental», pero sí «muy importante en ocasiones, cuando los contagios están disparados».

«Ni eso han sido capaces de permitir y, por supuesto, vamos a transmitir esta decepción y esta situación con la que no estamos de acuerdo ninguna comunidad autónoma, sea del signo que sea», ha corroborado.

«Y, por supuesto, vamos a pedir más vacunas», según López Miras, quien ha recordado que «llevamos más de un mes vacunando en la Región y solo han llegado 60.700 vacunas aproximadamente». Así, ha afirmado que «tenemos que poder vacunar a más personas».

«También vamos a solicitar una vez más que se nos permita vacunar a los mayores de 80 años que están en sus domicilios», según López Miras. Ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó un plan de vacunación del que después «se ha desentendido».

La Región necesita más vacunas, queremos vacunar más y vacunar a más gente, porque 60.700 vacunas son pocas, tienen que llegar más y nos tienen que permitir vacunaciones masivas a más personas, empezando por los mayores de 80 años», ha concluido.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, ha asegurado este miércoles que se han dado las órdenes a las direcciones generales para que tengan «lista» la vacunación contra la Covid-19 tanto en los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como en los funcionarios de prisiones, una vez se finalice el proceso con los grupos vulnerables.

Así lo ha explicado el ‘número dos’ de Fernando Grande-Marlaska en su intervención en el Executive Forum, donde ha sido interpelado por otras cuestiones como las referencias del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre la existencia de ‘cloacas’ policiales y mediáticas.

Sin citar expresamente ningún caso, el secretario de Estado ha defendido que las actividades ilegales de unos pocos no pueden «manchar» la actuación policial de cientos de agentes. «Tomamos las medidas para acabar con una situación anterior, pasada», ha añadido, subrayando que «siempre» han mantenido la máxima colaboración con las investigaciones judiciales.

La intervención de Rafael Pérez se ha centrado en defender, sobre todo, la gestión frente al Covid-19, «con la prioridad desde el comienzo de proteger a los servidores públicos» y «garantizar el derecho al trabajo con medios eficaces frente al virus». En este sentido, ha citado el «esfuerzo inversor» para dotar de guantes, mascarillas, gafas, mamparas y test, así como para disponer de una «reserva estratégica».

IMPORTANCIA CRÍTICA DE LA VACUNACIÓN

Tras mencionar otras medidas como las modificaciones de la jornada laboral, Pérez ha sostenido que el Ministerio del Interior «está convencido de la importancia crítica que tiene la vacunación de los funcionarios de este departamento, incluidos los funcionarios de Instituciones Penitenciarias».

«Por ello», ha añadido, «una vez que por parte del Ministerio de Sanidad se emitan las directrices oportunas cuando se haya culminado la protección de los grupos más vulnerables –citando a residencias de mayores, sanitarios de primera línea y personas de más de 80 años–, las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, a través de sus servicios médicos y en coordinación obviamente con la Secretaría de Estado de Seguridad, tendrán listas las indicaciones necesarias para materializar esa vacunación de los efectivos».

Hasta la fecha, Aragón y Andalucía han iniciado la vacunación para un grupo reducido de los sanitarios de la Guardia Civil, así como en la Policía Nacional en el caso de Castilla-La Mancha. La medida se ha adoptado por acuerdo con Sanidad, al igual que ocurrió en Cantabria, aunque aquí se decidió inyectar las dosis a los presos y trabajadores de esta comunidad autónoma.

DESEO DE NO VOLVER AL CONFINAMIENTO ESTRICTO

El secretario de Estado ha apuntado que su «deseo» es que no haya que volver a una restricción de la movilidad como ocurrió en marzo con el primer estado de alarma, aunque dejando claro que «estarán a lo que diga la autoridad sanitaria en coordinación con las comunidades autónomas». Pérez ha mencionado que «parece que se estabilizan o apuntan a una bajada» en las cifras de contagios.

El ‘número dos’ de Grande-Marlaska ha recordado que en 2018 se encontraron con una entrada de migrantes en España que arrojaba cifras «más altas de lo esperable», iniciando un «trabajo continuo» con los países de origen y de tránsito que dio resultados en 2019, para de nuevo repuntar en 2020, sobre todo por la llegada de pateras a Canarias. Sin detallar cifras, ha defendido que este trabajo está dando ya sus frutos, poniendo de ejemplo el retorno de migrantes a sus países de origen a pesar de las restricciones por la Covid-19.