Los accionistas de Abengoa sindicados en la plataforma AbengoaShares han propuesto este miércoles revisar su propuesta inicial de acometer una ampliación de capital de 20 millones de la sociedad participada Abenewco 1, que ahora elevan hasta los 30 millones, que se acometería con derecho de suscripción preferente para que los actuales accionistas de Abengoa SA no pierdan su participación en Abenewco1.

Esa operación de ampliación de capital se traduciría en paralelo en que el peso de los accionistas de Abengoa en la sociedad participada Abengoa Abenewco 1 se diluiría un 50%, al pasar de un 77,5% actual hasta a un 38,75%.

El propósito de esta iniciativa, según han trasladado por medio de un comunicado, es «aliviar al pool bancario y conseguir la ansiada paz social».

Estos accionistas sindicados presentan esta propuesta como un gesto de que están «comprometidos con la salvación de la empresa y el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo».

AbengoaShares ha explicado que la operación de ampliación de capital se acometaría con «una primera ampliación de capital con derecho de suscripción preferente en la que se inyectarían hasta 22 millones de euros en primera y segunda ronda para los accionistas».

De igual forma los accionistas minoritarios sindicados reformulan su propuesta inicial de incluir tres rondas de financiación para que la cantidad que no se haya suscrito, «hasta completar el total de 30 millones, se daría como derecho adicional a los accionistas suscriptores sobre un bono convertible desembolsable» a los dos meses de que la sociedad participada Abengoa Abenewco1 pasase a «cotizar en un mercado regulado».

AbengoaShares, que se reivindican como «los accionistas, ahora mayoritarios», sostienen que su propuesta de ampliación de capital es una muestra de su «apuesta y compromiso por la viabilidad de la empresa aportando dinero nuevo».

La plataforma de accionistas sindicatos anuncian su intención de «tomar el control efectivo en la próxima Junta General Extraordinaria» de manera que logren «los acuerdos necesarios para lograr finalizar con éxito la reestructuración y recapitalizar la compañía».

AbengoaShares trasladan «al Gobierno y a sus acreedores que nos ayuden a salvar a la compañía del concurso», mientras reprochan al Consejo de Administración de Abenewco1, encabezado por Gonzalo Urquijo, su dimisión por el hecho de «dejar a su suerte a 14.000 empleados y a decenas de miles de accionistas».

«La única forma de alcanzar la paz social pasa por contar con todas las partes implicadas», han afirmado los accionistas sindicados, que trasladan que «su único objetivo es salvar a la empresa y a sus trabajadores», por lo que esperan que «tanto los acreedores como el pool bancario y en colaboración con el Gobierno, se pueda alcanzar un acuerdo que garantice el futuro de Abengoa».

Moncloa ha avanzado este miércoles que establecerá «condicionalidad» a las comunidades autónomas para la recepción de los fondos europeos y realizará un «seguimiento estrecho» en la ejecucuión de los mismos para asegurar que se cumplen los objetivos y no se pone en riesgo los siguientes desembolsos de los recursos europeos.

Así lo ha señalado el secretario general de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, durante su intervención en un webinar sobre la gestión de los fondos europeos y las CC.AA., organizado por Fundación Alternativas, en la que ha avanzado que habrá «condicionalidad» para las CCAA respecto a la recepción de fondos europeos, para lo que se están diseñando unos incentivos y mecanismos «positivos y negativos» con el fin de que las regiones cumplan los objetivos.

De la Rocha, que dirigirá la unidad de seguimiento de los fondos en Presidencia, ha detallado que el objetivo es que las CC.AA. que cumplan en la ejecucion y los objetivos puedan absorber más fondos y que, en cambio, aquellas que no ejecuten la totalidad de los recursos percibidos se transfieran.

Las CC.AA. podrán recibir en torno a un 40% o 50% de los fondos europeos de hasta 72.000 millones que recibirá España hasta 2023.

Asimismo, ha aclarado que los fondos europeos se entregarán respondiendo solo al Plan nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, por tanto, «no hay un reparto territorializado de todos los fondos» como demandaban algunas CC.AA.

De esta forma, ha explicado que los recursos europeos se desembolsarán a través de un primer anticipo y luego dos veces al año una vez que la Comisión Europea compruebe que se cumplen los hitos y objetivos vinculados a la aprobacion de reformas legislativas actualmente en negociación y al cumplimiento de objetivos con resultados de la inversión en diferentes ámbitos, como la digitalización de pymes, la formación o la reducción de emisiones.

Por ello, ha insistido en que la distribución de fondos a las CC.AA. también estará sujeto al cumplimiento de objetivos, ya que si una «no cumple, no los gasta o los retrasa pone en peligro el desembolso de todos los fondos para todos», algo que cree que generará un elemento de «lealtad y responsabilidad».

Con ese fin, ha adelantado que habrá un «seguimiento muy estrecho» sobre la ejecución de los fondos por parte de las autonomías, con independencia de que en algunas áreas se territorializará y se harán convenios marco entre el Ministerio correspondiente y las comunidades con el reparto de fondos y las distintas condicionalidades.

También ha pedido que tal y como están realizando algunas autonomías, estas acometan una simplificación de los procedimientos administrativos en línea con la reforma de la Administración aprobada por el Ejecutivo para eliminar ‘cuellos de botella’ y agilizar la ejecución de proyectos.

A través de las CC.AA. se repartirán fondos a los ayuntamientos, pero para ellos habrá dos niveles de canalización: uno para los ayuntamientos muy pequeños, para los que se creará un fondo para canalizar el dinero, especialmente en lo relativo a la España vacía y el reto demográfico, y otro mecanismo para la recepción de fondos por parte de los grandes ayuntamientos.

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS: MÁS APORTACIÓN A PGE EUROPEO E IMPUESTOS

España recibirá en torno a 150.000 millones de euros hasta 2026, de los que más de 70.000 millones se recibirán a modo de transferencias hasta 2023 y el resto en forma de préstamos que irá solicitando el Gobierno entre 2023 y 2026.

De las transferencias, 12.000 millones se obtienen por el fondo ‘React EU’ y los 60.000 millones restantes por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con la condición de la aprobacion del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el pasado mes de julio y sobre el que se ha remitido ya a la UE un primer borrador y se negocia uno segundo, según ha detallado.

En este sentido, ha celebrado que el dinero que llegará a España y al resto de países europeos será en forma de transferencias a modo de «deuda conjunta, no de cada país». Eso sí, «tras la moratoria, a partir de los seis años las contribuciones de cada país al presupuesto europeo subirán de forma sustancial como garantía de que se devuelve, unido a impuestos europeos que se van a introducir», ha apuntado.

RENDICIÓN DE CUENTAS: COMPARECENCIA UNA VEZ AL AÑO

Sobre la rendición de cuentas ha indicado que la vicepresidenta tercera económica, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero o la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, darán cuenta «una vez al año» de la ejecución del Plan de Recuperación ante la Comisión Mixta de la UE en el Congreso, frente a la comparecencia trimestral inicialmente prevista.

No obstante, ha adelantado que está prevista la comparecencia parlamentaria cuando se tenga el borrador del Plan de Recuperación más avanzado y cuando se disponga del plan definitivo.

También ha indicado que desde diciembre se han celebrado foros consultivos de alto nivel y se están creando de distintos ámbitos como la energía, industria, digitalización, ciencia o transporte para presentar las grandes líneas a los distintos colectivos, entre tanto se crea la conferencia sectorial de fondos europeos en la que la ministra de Hacienda se sentará con los consejeros de las distintas CCAA para explicar la ejecución del plan.

En este sentido, ha pedido que las regiones empiecen a pensar en función de las palancas del Plan de Recuperación y a identificar qué proyectos pueden interesar más y cuáles menos y lo analicen con las distintas organizaciones, agentes sociales y sectores.

PREVÉ «MUCHÍSIMAS CONVOCATORIAS» YA EN EL PRIMER TRIMESTRE

En todo caso, ha apuntado que actualmente se está negociando el Plan de Recuperación, que no ha sido aprobado pero que ya incluye 27.000 millones de fondos europeos en los Presupuestos, a ejecutarse desde el pasado 1 de enero, para lo que está previsto el lanzamiento de «muchísimas» convocatorias ya a lo largo del primer trimestre del año.

Para avanzar en la ejecución de proyectos ha indicado que el Gobierno ha lanzado ya seis expresions de interés, la última desde el Ministerio de Transición Ecológica para proyectos en áreas rurales, recibiéndose 4.000 propuestas.

Ha aclarado que las empresas que quieran que sus fondos sean aprobados «van a tener que invertir», por lo que hay que movilizar los recursos privados, ya que el Gobierno busca la «coinversión», para que si una tecnología o proyecto funciona los beneficios vayan tanto a la empresa como al Estado para reinvertir en otra tecnologías.

Por áreas, ha precisado que 1.100 millones irán para Sanidad, sobre todo para el equipamiento de hospitales, si bien el fondo React EU de 10.000 millones es para mejorar la atención primaria o los servicios de respuesta al Covid.

Al tiempo, se destinarán 2.000 millones para la nueva economía de cuidados, con el objetivo de revisar el modelo de residencias de mayors y avanzar hacia el modelo nórdico de atención domiciliaria con teleasistencia, así como dar una «vuelta» a la Ley de Dependencia con más descentralizacón y refuerzo de servicios sociales.

Para turismo irán 3.400 millones para cambiar el modelo a uno más sostenible enfocado a la transición ecológica y la digitalización, así como medidas para igualdad de género o 2.600 millones para las universidades con el fin de reforzar las estructuras para la creación de un cuerpo de investigadores y dotar de «cierta estabilidad» a los centros de investigación, junto a digitalización de los centros educativos.

Igualmente, se ha referido la digitalización de pymes, su internacionalización y crecimiento, con 4.000 millones de los fondos, entre otros.

Pascual ha confiado a EDF Fenice la gestión energética de su planta de producción, situada en la localidad de Gurb (Barcelona), como uno más de los 26 proyectos de eficiencia que ambas compañías han llevado a cabo desde 2015.

Gracias a ello, la empresa española, especializada en la preparación y envasado de leche y otros productos derivados, ha conseguido en los últimos cinco años mejorar hasta en un 35% los indicadores clave de rendimiento (KPI’s) de sus vectores eléctrico, térmico e hídrico, tras realizar una inversión total de 1,8 millones de euros, cifra ampliamente compensada con los ahorros logrados en consumo de energía en este tiempo.

Las mejoras introducidas por EDF Fenice han reportado también importantes ganancias de productividad y eficiencia de las instalaciones de la compañía en España, con una reducción directa de los costes de producción y un menor impacto ambiental, tanto en su huella hídrica como en su huella de carbono. Esta iniciativa se suma a otros 16 proyectos de eficiencia energética que EDF Fenice ha llevado a cabo para Pascual en su fábrica de Aranda de Duero (Burgos).

En la planta de Gurb, ambas empresas han puesto en marcha una nueva plataforma de gestión energética que permite analizar en tiempo real la eficiencia de todos los vectores energéticos, con un seguimiento permanente de sus principales indicadores de rendimiento y la monitorización constante de todas las instalaciones, así como los procesos productivos intensivos en energía.

La tecnología de EDF Fenice facilita la toma de decisiones inmediata, a partir de los datos que son controlados permanentemente para su gestión y corrección, tanto en las instalaciones energéticas como en las principales líneas de producción, evitando las posibles ineficiencias de periodos no productivos.

Como explica Juan Carlos López, responsable del departamento de ingeniería y oficina técnica en Pascual, «este proyecto forma parte de un plan de modernización de los vectores energéticos de nuestras plantas, que ha supuesto una inversión gradual desde 2015 y que ha reportado ahorros económicos superiores a las inversiones realizadas, a partir de la mejora de la eficiencia de todos los vectores energéticos que utilizamos: eléctrico, térmico e hídrico», subraya.

En concreto, el directivo alude a una disminución en el consumo de agua superior a los 60.000 m3/a y una reducción de las emisiones a la atmósfera de 7.659 toneladas de CO2 por año, respecto a los valores de 2015, que han resultado de la modernización progresiva de las instalaciones energéticas y de la seguridad en el suministro, aumento de la disponibilidad, así como en la mejora continua de la eficiencia, lo que supone al final una disminución del coste de producción.

Como explica también el responsable de Operaciones & Supply Chain en Pascual, Roberto Zapata, «EDF Fenice cuenta con el conocimiento especializado, la experiencia y profesionalidad necesarios para proponer las soluciones y mejoras que incrementen nuestra eficiencia energética, así como una larga trayectoria en la implementación de este tipo de proyectos, con una metodología propia que asegura la consecución de los resultados previstos». En cuanto a sus próximos planes, Pascual está abordando otros proyectos de eficiencia energética, junto a EDF Fenice, entre los que destaca una instalación de Autoconsumo Fotovoltaico.

La monitorización continua de las instalaciones ha permitido, además, descubrir los patrones de demanda de la fábrica que, junto a los algoritmos de machine learning empleados, han aportado una predicción más ajustada de la demanda eléctrica y de combustible, logrando una reducción de las potencias contratadas por el cliente.

EDF Fenice, filial de EDF especializada en soluciones y servicios de Eficiencia Energética y Autoconsumo Fotovoltaico para el sector empresarial, ha llevado a cabo todos los proyectos de eficiencia energética puestos en marcha por Pascual, en su centro de producción ubicado en la localidad de Gurb. Asimismo, realiza la operación de todos los activos energéticos (calderas, aire comprimido, refrigeración, frio industrial, tratamiento de agua bruta y agua residual) y las tareas de mantenimiento, con un equipo integrado por seis especialistas.

Al respecto de esta relación, Diego Fraile, Director de innovación tecnológica y EMS en EDF Fenice, destaca «los excelentes resultados de la colaboración basada en nuestra plataforma de gestión energética, que es capaz de ofrecer visibilidad en tiempo real de todos los vectores energéticos de la instalación, así como su evolución y mejora permanente».

MediaMarkt Iberia, empresa dedicada al sector de la distribución de electrónica de consumo en España, ha firmado un acuerdo con Worten para la adquisición de 17 de sus tiendas en España, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concerto, la firma ha manifestado su intención de conservar la totalidad de los empleos de las 17 tiendas de Worten, 270 trabajadores, además de asumir la subrogación de los locales donde se encuentran estas tiendas.

El acuerdo reforzará la presencia de MediaMarkt en zonas como Cataluña (siete tiendas) y Andalucía (cuatro establecimientos) y le permitirá desembarcar en ciudades como Melilla, Zamora y Marbella.

Con la firma de este acuerdo, MediaMarkt potencia su compromiso de poner la tecnología al alcance de sus clientes, ampliando la red de tiendas de conveniencia para llegar a lugares donde antes no estaba presente.

El general managing director de MediaMarkt Iberia, Alberto Álvarez, ha señalado que esta adquisición «encaja perfectamente con nuestros objetivos estratégicos de ser la primera opción como ‘retailer’ de confianza para soluciones a medida en un mundo impulsado por la tecnología».

«El acuerdo propuesto también refleja nuestra clara apuesta por el modelo omnicanal, ya que estas 17 nuevas tiendas impulsarán nuestras ventas ‘online’ con nuevos puntos de entrega y recogida de pedidos en la web», ha recalcado Álvarez.

Se espera que las nuevas tiendas comiencen a operar bajo la enseña MediaMarkt en el primer trimestre de 2021, tras la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se espera que se produzca en el primer trimestre de 2021.

De esta forma, tras el cierre de la operación, MediaMarkt contará con 7.000 empleados en España y un total de 106 tiendas físicas, aumentando su superficie comercial en un 8% y reforzando su posición como líder en el mercado español.

WORTEN APUESTA POR EL ‘ONLINE’ Y CERRARÁ 14 TIENDAS EN ESPAÑA

Por su parte, el country manager de Worten España, José Vieira de Almeida, ha explicado que la venta de estos establecimientos «no afecta en ningún caso a la continuidad ni a la independencia» de su negocio.

«En el contexto actual de transformación del sector, acelerada por la pandemia, hemos decidido llevar a cabo cambios estructurales con el objetivo de garantizar resultados operacionales positivos en España en 2021», ha explicado.

De esta forma, Sonae, matriz de Worten, reestructura la presencia de la compañía en España con la venta de estos establecimientos a MediaMarkt y el cierre de otras 14 tiendas en el territorio nacional, según ha informado al regulador bursátil portugués.

«A partir de ahora estaremos enfocados en seguir sirviendo a los clientes de toda España a través de nuestras tiendas ‘online’ (‘www.worten.es’ y ‘www.canarias.worten.es’), en la tienda física de San Sebastián de los Reyes (Madrid) y en las 15 tiendas físicas de las Islas Canarias», ha señalado José Vieira de Almeida.

De esta forma, la multinacional lusa apuesta por acelerar la digitalización del negocio en España, concentrándose en el canal ‘online’, que se han disparado el pasado año por la pandemia, y asegurando «una rentabilidad positiva en 2021».

Schneider Electric, Grupo Enel y el Foro Económico Mundial (FEM) han publicado la primera entrega de la ‘Net Zero Carbon Cities – Systemic Efficiency Initiative’, un marco global que establece la visión para acelerar los esfuerzos de descarbonización y resiliencia en ciudades de todo el mundo.

El informe expone la necesidad y los beneficios derivados de un enfoque energético integrado en la planificación y la gestión de los edificios, además de la movilidad, aprovechando una infraestructura de red digitalizada e inteligente en un contexto urbano.

De acuerdo con el informe, las ciudades representan casi el 70% de las emisiones mundiales de carbono y consumen el 78% de la energía del planeta, lo que hace que este enfoque sea fundamental para alcanzar el objetivo de limitar el aumento de las temperaturas globales a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

«La crisis de la COVID-19 ha reforzado la importancia de las alianzas mundiales a medida que nos esforzamos por hacer que nuestras ciudades y sociedades sean más sostenibles, inclusivas y resilientes», ha señalado Jean-Pascal Tricoire, presidente y director ejecutivo de Schneider Electric.

La reducción de las emisiones de las ciudades a nivel mundial es urgente, de acuerdo a Tricoire, quien además señala que será necesaria «la coordinación de todas las partes interesadas, incluido los actores públicos y privados, así como los reguladores y los ciudadanos».

«Para asegurar una transición energética satisfactoria, debemos trabajar juntos, haciendo un llamamiento a las administraciones públicas locales y nacionales, a los actores del sector privado y a la sociedad civil para que asuman el programa común de reducción de nuestras emisiones», ha señalado Francesco Starace, director ejecutivo y director general del Grupo Enel.

El informe ha sido elaborado en el marco de la ‘Net Zero Carbon Cities – Systemic Efficiency Initiative’ del FEM, copresidida por Tricoire y Starace. Desde el lanzamiento de la iniciativa hace un año, Schneider y Enel han estado trabajando con la comunidad para acelerar la transición hacia cero emisiones netas de carbono en 100 ciudades en 2030.

En el informe se articula la necesidad de un enfoque integrado para mejorar la productividad energética, electrificar el transporte, descarbonizar los sistemas de calefacción y refrigeración, así como permitir la flexibilidad de la demanda, además de proporcionar recomendaciones concretas y compartir experiencias instructivas en torno a estos conceptos.

Las acciones de Telefónica se han disparado este miércoles casi un 10% en la Bolsa de Madrid, hasta cerrar en niveles máximos desde el pasado mes de julio, después de que la compañía haya anunciado que su filial de infraestructuras Telxius Telecom ha vendido sus torres de telecomunicaciones a American Tower (ATC) por 7.700 millones de euros en efectivo.

En concreto, los títulos de la compañía de telecomunicaciones han concluido la jornada bursátil en los 3,947 euros, lo que representa un fuerte aumento del 9,67% en comparación con los 3,599 euros en los que cerró el martes, liderando así las subidas del Ibex 35, que ha repuntado un 0,18% este miércoles.

De esta manera, las acciones de la Telefónica se sitúan al borde de la barrera de los cuatro euros y logran registrar su valor más elevado a cierre del mercado desde el pasado 23 de julio de 2020, cuando terminaron la jornada en los 3,977 euros.

Los analistas han acogido muy positivamente, al igual que el mercado, esta operación, ya que se trata de un «buen acuerdo» para Telefónica por los múltiplos de valoración obtenidos y porque permitirá además a la operadora de telecomunicaciones un avance importante en su proceso de reducción de deuda.

Así, coinciden en que el múltiplo implícito de valor de 30,5 veces el resultado bruto de explotación (Oibda) proforma acordado es superior tanto al registrado en otras transacciones similares realizadas en Europa como a las propias estimaciones de los analistas sobre la valoración de los activos de torres de la compañía.

Por ejemplo, los analistas de Alantra valoraban el negocio de torres de Telefónica en unos 6.500 millones de euros, lo que supone un múltiplo de 22 veces el Oibda, mientras que los de Caixa fijaban su valor en unos 5.000 millones de euros, lo que equivale un múltiplo de 20 veces.

En esta línea, la cifra acordada entre Telxius y American Tower de 7.700 millones de euros también es un 20% superior al precio que JB Capital Markets otorgaba a este activo y UBS señala que los beneficios de la venta para Telefónica son probablemente unos 800.000 euros superiores a lo que esperaba el mercado.

Asimismo, los analistas de Caixa resaltan también que el múltiplo registrado en Europa en operaciones similares es de alrededor 19 veces, frente a las 30,5 veces de esta transacción, a pesar del hecho de que un alto número de las torres de Telxius están en América Latina y en azoteas, lo que generalmente suele tener una menor valoración.

Así, los analistas de Exane indican que Telefónica ha obtenido «un buen acuerdo», mientas que los de Citi señalan que la compañía ha logrado «un gran precio» por sus activos, que los de Mirabaud califican de «excelente». Además, desde Deutsche Bank creen que es una buena noticia tanto para Telefónica como para el sector, dado que indica que se mantiene el interés por los activos de infraestructuras.

El otro punto que destacan los analistas en torno a esta operación es el impacto positivo que tendrá en el apalancamiento de Telefónica. «Valoramos favorablemente la operación, que permite vender a Telefónica un activo muy bien valorado en el mercado, a un múltiplo muy elevado y con un impacto relevante en reducción de deuda», inciden desde Renta 4.

En esta línea, desde Morgan Stanley destacan que el acuerdo contribuye a avanzar en la senda de desapalancamiento de Telefónica, que es «clave» para la evolución de la acción de la compañía, y desde Kepler ven «relevante» este movimiento, dada la reducción de deuda que le permitirá llevar a cabo a la compañía.

Por su parte, los analistas de Banco Sabadell también apuntan que en su caso siempre han defendido que las torres no eran un activo estratégico para Telefónica y que la generación de valor al vender torres a terceras compañías era mayor, por lo que consideran «muy buena esta operación».

IMPACTO PARA CELLNEX

Por otro lado, los analistas de Banco Sabadell hacen una lectura «negativa» del impacto de la operación para Cellnex, tanto por la entrada de American Tower en el Viejo Continente adquiriendo los activos europeos de Telxius, como por los altos múltiplos pagados, que podrían incrementar la competencia en futuros procesos.

No obstante, añaden que en Europa sigue existiendo un «importante abanico de oportunidades de crecimiento» para Cellnex y aún creen que esta compañía podría llegar a ser objetivo para un operador americano, incluido American Tower. «Estos múltiplos ofrecidos jugarían a favor de esta tesis», incide.

Por su parte, los analistas de IG añaden que el hecho de que Telefónica se haya decantado por la empresa estadounidense en vez de por Cellnex, que también estaba interesada en los activos, tampoco está afectando en exceso a la cotización de la gestora de infraestructuras, ya que el precio abonado por ATC es «netamente superior» al que ha desembolsado ella en sus últimas adquisiciones.

De hecho, las acciones de Cellnex han concluido la sesión bursátil del miércoles con un ligero del descenso del 0,36%, desde los 47,68 euros marcados el martes a cierre de mercado, hasta los 47,51 euros.

PLUSVALÍAS PARA KKR Y PONTEGADEA

Quienes han salido beneficiados por esta operación son los otros dos actuales accionistas de Telxius, KKR y Pontegadea, el vehículo de inversor de Amancio Ortega, que poseen un 40% y un 9,99% de la compañía, respectivamente, y que han logrado rentabilizar la inversión que realizaron hace unos años en la filial de infraestructuras de Telefónica.

En concreto, gestora de fondos Kohlberg Kravis Roberts (KKR) compró en febrero de 2017 el 40% de Telxius por un importe total de 1.275 millones de euros, lo que equivalía a un a 12,75 euros por acción, mientras que Pontegadea adquirió en julio de 2018 el 9,99% de la compañía por un 378,8 millones de euros, lo que equivalía a 15,2 euros por acción.

El Ibex 35 ha experimentado un avance del 0,18% en la sesión de este miércoles, hasta situarse en los 8.361,1 puntos, en la que los inversores han estado pendientes de la evolución del Covid-19 y su impacto económico y de la situación política en Estados Unidos.

La evolución de la economía de la eurozona y sus previsiones macroeconómicas se verán afectadas de manera «crítica» por cómo se desarrolle el proceso de vacunación y la implementación del programa de estímulo europeo, según ha señalado la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, para quien las últimas proyecciones de la institución, que contemplan una caída del PIB en 2020 del 7,3% y un crecimiento del 3,9% en 2021, continúan siendo «claramente plausibles».

El protagonista de la jornada ha sido Telefónica, cuyas acciones se han disparado un 9,67% tras vender la división de torres de Telxius a American Tower por 7.700 millones.

Con esta operación, la plusvalía atribuible a Telefónica ascenderá, aproximadamente, a 3.500 millones de euros. Además, un vez completada la operación, la deuda financiera neta de la operadora se reducirá aproximadamente en 4.600 millones de euros y el ratio de apalancamiento en aproximadamente 0,3 veces.

Por detrás de Telefónica, los mayores ascensos los han presentado PharmaMar (+7,5%), Solaria (+4,87%), Indra (+3,34%), Endesa (+2,94%) y Red Eléctrica (+2,74%).

Por el contrario, en ‘rojo’ han destacado Sabadell (-4,03%), Ferrovial (-3,08%), IAG (-2,87%), Arcelormittal (-1,89%), ACS (-1,65%) y CIE Automotive (-1,61%).

El resto de bolsas del Viejo Continente también han cerrado en positivo, a excepción de Londres, que ha caído un 0,13%. Así, París ha avanzado un 0,21%, Fráncfort ha subido un 0,11% y Milán ha ascendido un 0,43%.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 53,22 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 56,37 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,2160 ‘billetes verdes’, mientras que la prima de riesgo española se situaba en 58 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,061%.

Los principales bancos españoles volvieron a figurar a la cola de la zona euro en solvencia, según los ratios de capital de máxima calidad CET1 al cierre del tercer trimestre de 2020, y entre los peores de la región en cuanto a rentabilidad sobre recursos propios, ha indicado el Banco Central Europeo (BCE).

Entre julio y septiembre, los doce bancos españoles supervisados directamente por el BCE ofrecieron un retorno sobre capital (RoE, por sus siglas en inglés) del -3,60%, que, a pesar de mejorar el -9,20% del segundo trimestre, se situó muy lejos del 2,12% de media de la zona euro y solo por encima del -4,15% registrado por los bancos irlandeses.

En el extremo opuesto, los bancos lituanos se mostraron como los más rentables del euro, con un RoE del 11,10% en el tercer trimestre, prácticamente nueve puntos por encima que la media de la eurozona. Por detrás se situaron los bancos de Estonia, con un 6,69%, y los de Finlandia, con un 5,90%.

En el caso de las otras grandes economías del euro, el RoE de los bancos alemanes se situó en el tercer trimestre en el 1,42%, frente al 0,86%, del segundo trimestre, mientras que el de los bancos italianos alcanzó el 3,57% desde el 0,14% de los tres meses anteriores. De su lado, los bancos franceses elevaron su RoE al 4,28%, frente al 3,67% correspondiente a los meses de abril a junio.

La baja rentabilidad de la banca de la zona euro representa un problema clave para la estabilidad del sector, según el BCE, que ha venido alentando a las entidades y autoridades nacionales a acometer procesos de consolidación a nivel doméstico y transfronterizo. De hecho, la institución confirmó este martes que no exigirá capital adicional a las entidades fusionadas.

Por otro lado, como viene siendo habitual en los últimos trimestres, la banca española figuraba en la última posición de la eurozona en cuanto a la ratio de capital CET1, al situarse en un promedio del 12,54% en el tercer trimestre, ligeramente por encima del 12,25% de los tres meses anteriores, aunque por debajo de la media del 15,21% en la zona euro.

De hecho, las entidades españolas bajo supervisión directa del BCE son las únicas, junto a las de Grecia (14,72%), Italia (15,13%), Austria (13,66%) y Portugal (13,42%), que quedaron por debajo del umbral medio de capital básico de la zona euro en el tercer trimestre.

Por el contrario, las entidades de Estonia, con un 28,78%, contabilizaron la ratio CET1 más elevada de la zona euro, por delante de las de Lituania, con un 21,75%, y las de Luxemburgo, con un 19,21%.

En cuanto a la ratio de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés), la media de la eurozona se situó al finalizar el tercer trimestre en el 2,82%, ligeramente por debajo del 2,94% de los tres meses anteriores y su mejor lectura desde que el BCE comenzó a publicar sus estadísticas de supervisión en el segundo trimestre de 2015.

Entre los países del euro, la menor ratio de préstamos dudosos correspondió a Luxemburgo, con un 0,75%, seguido de Alemania, con un 1,20%. En el extremo opuesto, Grecia registró un ratio del 28,85%, por detrás del 12,37% de Chipre y del 6,15% de Portugal.

Los bancos españoles registraron una ratio de préstamos dudosos al cierre del tercer trimestre del 2,99%, ligeramente mejor que el 3,02% entre abril y junio, aunque algo por encima de la media de la eurozona.

El Gobierno prevé un déficit de tarifa del sistema eléctrico de entre 1.000 y 2.000 millones de euros en 2020 debido a los efectos de la crisis del Covid-19 sobre la demanda y los precios del mercado, que han agravado la reducción de ingresos.

En su participación en un encuentro digital organizado por Aelec, el director general de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Manuel García Hernández, señaló que este déficit se trata de un «factor coyuntural» que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico y que justifica la decisión del Gobierno de contar con un instrumento como el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que se pretende repartir los costes de las renovables entre todos los sectores energéticos.

En 2019, el sistema eléctrico ya entró en déficit por primera vez desde 2013, después de haber encadenado cinco años consecutivos de superávit, tras registrar un ‘agujero’ de casi 530 millones de euros.

El superávit del sistema eléctrico agregado generado desde 2014 hasta 2018 ascendió a 1.687,5 millones euros, aunque de este importe total se utilizaron casi 650 millones euros para hacer frente a procesos judiciales e inversiones en renovables en territorios extrapeninsulares, quedando así un saldo en la cuenta específica de depósito del superávit de algo más de 1.000 millones más los intereses generados para hacer frente a esos 530 millones de déficit de 2019 y otros futuros.

Por ello, una previsión de un nuevo déficit para 2020 de entre 1.000 y 2.000 millones de euros llevaría, tal y como establece la Ley, a la obligatoriedad de trasladar al recibo de la luz ese desequilibrio, lo que se busca evitar con la retirada progresiva de esos casi 7.000 millones de euros de ayudas a las renovables en el pasado a través del FNSSE.

En este sentido, el director general de Política Energética y Minas señaló que se ha constatado un «factor estructural», y es que el mecanismo diseñado en 2012 por el Gobierno del PP para contener el déficit eléctrico ya no sirve con el sistema actual, ya que estaba hecho para crecimientos sostenidos de la demanda, altos precios y un ‘mix’ con carbón, nuclear y combustibles fósiles.

García Hernández valoró que el fondo ‘verde’ es «una propuesta estructural y de calado que va en línea con la transición ecológica» y que tiene por objetivo garantizar «la confianza» en sistema eléctrico y dar «señales de precio».

«Hay que emitir señales claras hacia la electrificación de los distintos consumos industriales, comerciales y domésticos», dijo, añadiendo que también hay que evitar situaciones que puedan generar percepción de «incertidumbre o desconfianza y por tanto distorsionar la toma de decisiones y desincentivar inversiones».

En esta misma línea, coincidió la presidenta de Aelec, Marina Serrano, que consideró que el FNSSE es «un cambio sustancial» por las implicaciones que puede tener sobre la electrificación de la economía y en el cumplimiento de los objetivos europeos de descarbonización para 2030.

BENEFICIO PARA LAS RENTAS BAJAS Y MEDIAS.

Asimismo, el director general de Política Energética y Minas señaló que la implementación del FNSSE será gradual, a lo largo de cinco años, y que la reforma tendrá un efecto progresivo, beneficiando muy especialmente a las rentas bajas y medias.

Adicionalmente, afirmó que el Gobierno trabaja en un bono social multicombustible que aportará una protección adicional a los hogares más vulnerables, independientemente de su ‘mix’ energético.

La aportación de las empresas al FNSSE será progresiva, partiendo de un total de 954 millones de euros -el 20%- a repartirse en el primer ejercicio, hasta asumir unos 4.765 millones de euros -el 100%- al quinto.

De esta cifra en 2025, el sector petrolero asumirá el 43,7% (unos 2.085 millones de euros), el eléctrico el 31,5% (unos 1.500 millones de euros) y el gasista el 24,8% (unos 1.181 millones de euros).

García Hernández aseguró que los impactos sobre los precios finales de los distintos combustibles dependerán del grado con que los comercializadores puedan decidir repercutir las obligaciones de aportación al fondo a dichos precios, lo que estará también relacionado con la estructura de coste de cada sector, el grado de competencia y los márgenes de las actividades y las estrategias comerciales.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estima que el fondo supondrá un descenso en la factura eléctrica al final de esos cinco años de un 13,2% antes de impuestos, unos 7,1 euros en la factura mensual.

El consejero delegado del grupo automovilístico Renault, Luca de Meo, presentará este jueves el nuevo plan estratégico del consorcio francés, denominado ‘Renaulution’, que establecerá una nueva ‘hoja de ruta’ para las operaciones de la compañía, también para la actividad que mantiene en España.

Aunque ya el pasado mes de mayo Renault anunció su plan estratégico, que contemplaba una reducción de costes del 20%, la firma indicó que la crisis del coronavirus y la previsión de que no se recuperen los niveles de mercado previos a la pandemia antes de 2022 o 2023 motivarían que fuesen necesarias más medidas de eficiencia.

Por ello, este nuevo plan del fabricante galo podrá tener repercusión en las cuatro factorías de producción que Renault tiene en España (Palencia, Sevilla y Valladolid), a pesar de que en mayo decidió no reducir su producción en sus instalaciones nacionales.

En este sentido, el propio De Meo indicó hace unas semanas que la estrategia de la compañía para las plantas españolas pasa por fabricar en ellas los sucesores del Kadjar y del Captur, que contarán con versiones híbridas e híbridas enchufables.

Sin embargo, en Francia se concentrará la parte eléctrica pura, como el Mégane ‘cero emisiones’, a pesar de que este modelo, en su variante de combustión, se ensambla ahora en la factoría de la empresa en Palencia.

A pesar de esto, De Meo destacó que las plantas españolas tienen un papel «central» en el sistema industrial de la compañía en todo el mundo, aunque señaló que la situación actual motivará que el grupo tenga que hacer «dieta» y poner en marcha en todo el mundo recortes adicionales a los anunciados el pasado mes de mayo.

El directivo también apuntó que el grupo Renault tiene el objetivo de recuperar su competitividad y aseguró que la empresa privilegia la rentabilidad al volumen de ventas, por lo que buscará un mayor margen de beneficio neto por vehículo vendido.

AHORROS DE 2.150 MILLONES HASTA 2023

En mayo, Renault anunció su intención de reducir sus costes en 2.150 millones de euros hasta 2023. Su programa, que supondría unos costes de 1.200 millones de euros, pretendía devolver la competitividad a la compañía y garantizar su desarrollo a largo plazo.

Para 2024, la empresa del rombo esperaba tener una nueva estructura industrial, que reduciría su capacidad de producción desde los 4 millones de vehículos anuales a unos 3,3 millones de automóviles, un 18% menos.

Así, la compañía pretendía hacer ajustes de plantilla que afectarían a casi 4.600 personas en Francia hasta 2023, que se sumarán a los cerca de 10.000 empleos que recortaría en todo el mundo.

En España, la marca francesa cuenta con cuatro factorías que emplean a unas 11.000 personas. Dos de ellas se dedican a la producción vehículos, situadas en Valladolid y Palencia, una a motores, en Valladolid, mientras que su planta de Sevilla ensambla cajas de cambios.

La multinacional vendió 2,94 millones de vehículos en todo el mundo en 2020, lo que supone una reducción del 21,3% en comparación con sus matriculaciones de 2019. En la actualidad, la empresa cuenta con más de 180.000 empleados, 40 plantas de fabricación y unos 12.700 puntos de venta en todo el mundo.

Para afrontar los grandes retos tecnológicos del futuro y seguir su estrategia de crecimiento rentable, Renault apuesta por su desarrollo internacional. Así, se basa en la complementariedad de sus cinco marcas (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine y Lada), el vehículo eléctrico y su alianza única con Nissan y Mitsubishi Motors.

El sector pesquero ha transmitido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una reunión mantenida este martes y en la que participó el secretario general de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Antoni Garau, «su frustración» tras los acuerdos adoptados en el Consejo de Pesca de la Unión Europea, celebrado los pasados 15 y 16 de diciembre, y ha advertido de que tales medidas «ponen en serio peligro el mantenimiento del equilibrio social y económico» en el Mediterráneo.

En un comunicado, la Federación Balear de Cofradías de Pescadores ha recordado este miércoles que el Consejo acordó una reducción adicional real de un 8,3% de días de pesca, medidas complementarias de nuevas zonas cerradas a la pesca y el compromiso de España y Francia de hacer llegar a la Comisión una propuesta para aplicar medidas técnicas selectivas a las artes de pesca, en junio de este año.

El sector, que durante la reunión ha transmitido a Planas que la Comisión Europea sigue mostrándose insensible con los pescadores y desprecia su conocimiento sobre la situación de este mar, ha considerado, además, que se está desarrollando una política «muy acelerada» en la aplicación del Reglamento y que «sólo tiene en cuenta el aspecto medioambiental eludiendo los pilares económico y social».

Además cree que se está implantando «sin los suficientes avales científicos que justifiquen las medidas». Sobre este particular, el sector ha recordado al ministro que los datos científicos en los que se basaba la propuesta de la Comisión era «anticuados».

Asimismo, ha recordado que la FAO, antes de la aplicación del primer año del reglamento, ya manifestó que el 60% de los stocks están sin evaluar y que aún reconociendo que la sobrepesca, «el panorama había mejorado disminuyendo en un 10% las poblaciones de peces sobreexplotadas».

El sector también ha recordado a Planas que disponía del compromiso del Gobierno para una aplicación «no traumática» para los pescadores, de tal forma que les permitiera alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) en 2025 «sin la necesidad de cierre de empresas, amarre definitivo de barcos y la destrucción de puestos de trabajo».

De hecho, ha apuntado el sector, al margen de la desaparición de un 40% de la flota pesquera en la última década, la situación puede tener «un impacto social drástico» sobre 587 barcos y 3.600 puestos de trabajo directos, además de producir «una caída de la oferta de las lonjas que conllevará aparejada» otra del número de compradores y que afectará a la flota artesanal, al no poder comercializar sus capturas.

Igualmente, el sector ha manifestado al ministro que, durante el primer año de vida del reglamento, la flota asumió una reducción superior al 21% (de 122.321 días a 96.246) y no un 10% como establece el Reglamento europeo, y que para este año, la reducción del 8,3% supondrá asumir en sus dos primeros años de aplicación una merma del esfuerzo pesquero del 29%.

Igualmente, ha apuntado «la existencia de discriminación» frente al resto de pescadores afectados por el plan comunitario, ya que España mantiene 12 horas al día de pesca, y los otros estados miembros entre 15 y 18. Eso significa, ha indicado el sector, «que un barco español parte desde el primero de enero con 55 días menos de pesca que uno de otro país».

En la reunión, el sector ha hecho saber a Planas que, a su juicio, los pescadores del Mediterráneo ya han alcanzado una reducción de casi el 40% del esfuerzo previsto en el plan hasta 2025 y que el arrastre no puede asumir «ningún recorte de esfuerzo más, al haberse realizado con creces el exigido por el Plan de Gestión Multianual».

Los pescadores han hecho saber a Planas la necesidad de actualizar los resultados de la evaluación de la implantación del reglamento en el periodo 2020/2021 y tener en cuenta que casi en la totalidad del Mediterráneo se van a realizar dos meses de parada temporal durante este año, lo que se traduce en reducción de esfuerzo pesquero, «aunque la Comisión no lo valore de igual manera».

También ha transmitido a Planas que los días no utilizados en 2020 (en torno a 13.842) «deben ser considerados como reducción de esfuerzo pesquero» y su porcentaje debe ser sustraído del 8,3% contemplado para 2021.

Igualmente, el sector ha manifestado durante todas las reuniones mantenidas sobre el Mediterráneo «la necesidad de contar con los científicos», por lo que solicita que se organicen lo antes posible reuniones con el IEO, el CSIC y la Secretaría General de Pesca (SGP).

También ha manifestado al ministro que, dado el compromiso alcanzado por España en el Consejo de diciembre de estudiar posibles acciones dirigidas a la selectividad de las artes, «es necesario realizar acciones piloto para determinar qué medidas son las más adecuadas y que pueden ser asumidas» por el sector.

Por último, el sector ha concretado al ministro Planas que «sólo se hace responsable» a la actividad pesquera de la situación de las poblaciones de peces en el Mediterráneo, «sin considerar las amenazas de la contaminación, la presión demográfica costera, el cambio climático, la falta de depuración de las aguas o la presencia progresiva» de especies invasoras.

Un equipo internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha demostrado que aumentar la duración de la cobertura vegetal (la vegetación que cubre el suelo agrícola, ya sea cultivo u otra planta) tiene un efecto positivo en el rendimiento agronómico de los campos de cereal.

Los científicos han comprobado que dicha cobertura vegetal también aumenta la biodiversidad edáfica y la provisión de servicios del ecosistema como la regulación del clima o la fertilidad del suelo. El estudio se publica en la revista ‘Nature Food’.

La agricultura actual se enfrenta al desafío de aumentar la producción ante una demanda creciente y hacerlo evitando que haya un coste ambiental elevado. «Una de las aproximaciones más prometedoras para conseguir este doble objetivo es promover la biodiversidad en los campos agrícolas, tanto de cultivos como de microorganismos del suelo», apunta Pablo García Palacios, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias Agrarias (ICA-CSIC).

Según asegura, en este trabajo los científicos han utilizado una aproximación inspirada en la ecología de ecosistemas para investigar las relaciones entre la diversidad de cultivos, la diversidad microbiana del suelo, el rendimiento agronómico y la funcionalidad del suelo. «El estudio lo hemos realizado utilizando campos de cereal con distintos manejos, tipos de suelo y condiciones climáticas», afirma el científico.

Los resultados de la investigación muestran que la duración de la cubierta vegetal en los campos de cereal es tan importante como el tipo de suelo, el clima y la intensidad del manejo agronómico (labores que se realizan para preparar un cultivo) a través de la fertilización, el laboreo o los pesticidas.

«Hemos utilizado una red europea de 155 campos de cereal distribuidos por España, Francia, Suiza, Alemania y Suecia. En estos campos hemos medido el rendimiento del cereal, la biodiversidad del suelo (hongos, bacterias, arqueas y protistas) y más de 20 variables relacionadas con la funcionalidad del suelo. También hemos realizado encuestas a los agricultores para determinar la intensidad del manejo agronómico», sostiene David Sánchez Pescador, investigador de la URJC.

Los resultados de este estudio sugieren la importancia de extender la duración de la cubierta vegetal más allá de las limitaciones impuestas por las condiciones climáticas de la zona al cultivo de cereal. Por ejemplo, utilizando cultivos de cobertura para cubrir el intervalo de tiempo entre la cosecha del cereal y el establecimiento del siguiente cultivo.

El trabajo, que forma parte del proyecto europeo Digging_Deeper, financiado por el programa Biodiversa COFUND y en el que participan más de 20 investigadores de 5 países europeos, destaca la importancia de la colaboración entre científicos de disciplinas como la agronomía, la ecología, la microbiología y la biogeoquímica para realizar una investigación puntera capaz de responder a los desafíos de la agricultura actual.

«El establecimiento de este tipo de consorcios europeos permite la realización de estudios a escala continental, que son fundamentales para informar las decisiones políticas que afectan a la gestión de las zonas agrícolas dentro de la Unión Europea», afirma Fernando T. Maestre, científico de la UA e investigador principal del equipo español que participa en este proyecto.

Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse este jueves a las 16.30 horas para seguir negociando la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), después de que el encuentro del pasado lunes finalizase sin acuerdo.

Tras el encuentro, desde CCOO, su responsable de Empleo, Mari Cruz Vicente, realizó una valoración «positiva» de la reunión en su cuenta de Twitter.

«A la espera del jueves para cerrar algunos detalles, creemos que es posible llegar a un acuerdo satisfactorio para trabajadores y empresas que permita seguir protegiendo el empleo durante la pandemia», afirmó.

Fuentes del Ministerio de Trabajo señalaron que se produjeron avances importantes durante la reunión del lunes, en la que se abordó, entre otras cuestiones, la necesidad de aligerar los procedimientos.

También otras fuentes de la negociación consultadas apuntaron que la negociación está muy avanzada y que quedan pendientes algunos flecos para poder cerrar un acuerdo, que esta vez se espera que no se produzca a última hora, a diferencia de prórrogas anteriores.

El pasado viernes, durante la primera reunión para prorrogar los ERTE más allá del 31 de enero, hubo coincidencia entre las partes en que la nueva prórroga debía llegar al menos hasta el 31 de mayo.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, a cierre de diciembre estaban en ERTE más de 755.610 trabajadores, aunque en el pico alto de la pandemia los trabajadores protegidos llegaron a ser más de 3,4 millones.

EL MODELO VIGENTE: SECTORES ‘ULTRAPROTEGIDOS’, IMPEDIMENTO Y LIMITACIÓN

La regulación actual de los ERTE, que podría prorrogarse con algunos ajustes, establece la prórroga automática de los procedimientos por fuerza mayor para determinados sectores económicos, y contempla dos figuras, los ERTE de impedimento de actividad y los ERTE de limitación de actividad, a los que pueden acogerse todas las empresas, con exoneraciones bastante elevadas, que en algunos casos llegan hasta el 100%.

Los ERTE de fuerza mayor con prórroga automática se limitan a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos en la norma, con exoneraciones de cuotas de entre el 75% y el 85%. De estas exoneraciones también pueden beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de ellos.

En el caso de las nuevas modalidades de ERTE vigentes, a las que pueden acogerse empresas de cualquier sector, se distinguen dos tipos: los ERTE por impedimento de actividad como consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades (por ejemplo, las empresas de ocio nocturno), y los ERTE de limitación de actividad, destinados a las compañías que vean alterada su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, los aforos y los horarios.

Los ERTE de limitación de actividad van acompañados de exenciones de cuotas de entre el 70% y el 100%, mientras que los ERTE de impedimento de la actividad contemplan exenciones de entre el 90% y el 100%.

De prorrogarse el decreto actual sin cambios, los trabajadores afectados por ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora. Además, las empresas con ERTE continuarán teniendo limitado el reparto de dividendos y prohibido externalizar y realizar horas extra, entre otras medidas.

Está por ver si se mantendrá el compromiso de empleo de seis meses que obliga a las empresas a no despedir si no quieren devolver todas las exenciones disfrutadas después de que la CEOE haya reclamado que su redacción se modifique para que, si se despide en ese plazo, sólo tengan que devolverse las ayudas recibidas por los trabajadores que salen de la empresa y no de toda la plantilla del ERTE. No obstante, se trata de una medida que no gusta a los sindicatos.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunirá el próximo lunes a las 17.00 horas con las principales organizaciones que representan a los trabajadores por cuenta propia para abordar la prórroga del cese de actividad, que finaliza este 31 de enero al igual que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

El pasado mes de diciembre la Seguridad Social abonó un total de 248,44 millones de euros a más de 349.342 trabajadores autónomos a los que les ha sido concedida alguna de las prestaciones puestas en marcha para hacer frente a la situación por la que atraviesan como consecuencia de la pandemia.

Desde marzo, se han abonado un total de 4.924 millones de euros en prestaciones. En estas cifras están incluidos los autónomos beneficiaros de la prestación de cese por haberse visto obligados a suspender su actividad de forma temporal por la resolución administrativa relacionada con el control de la pandemia, los que reciben la prestación compatible con la actividad, la extraordinaria por bajos ingresos y las ayudas a autónomos de temporada.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha denunciado esta mañana en su perfil de Twitter que el Gobierno aún no había fijado fecha para la prórroga del cese de actividad para los autónomos.

«Tras varias reuniones sobre ERTEs, los autónomos seguimos siendo los últimos en convocar», ha resaltado, tras apuntar que, para dar certidumbre a los autónomos, es necesario eliminar el requisito para acceder a la prestación que obliga a haber sido beneficiario del cese de actividad entre marzo y junio.

También pide una exoneración de la cotización que sea similar a la que tienen los trabajadores del régimen general en los ERTE de limitación a todos los autónomos que vean restringida su actividad por orden administrativa, en el nivel de la administración que sea. «No es lógico que quien no puede realizar su actividad al 100% pague cotizaciones al 100%», deja claro ATA.

Por otro lado, insta a que los autónomos de temporada que en 2018 o 2019 hayan cotizado en meses diferentes del periodo de junio a diciembre puedan acceder a esta ayuda y que se aplace la subida de la cuota prevista para 2021, fruto del acuerdo alcanzado en 2018, y que se aplique en 2022.

De su lado, la organización de autónomos UPTA ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la próxima semana, como fecha límite, apruebe la prórroga de la prestación por cese de actividad, al menos hasta el mes de abril.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha confirmado conversaciones con el equipo del ministro José Luis Escrivá para concretar el periodo en el que se prorrogará esta prestación, que ha sido la principal ayuda para los trabajadores autónomos durante la crisis sanitaria y a la que se han acogido casi el 60% del total de los trabajadores por cuenta propia cotizantes al RETA.

«Somos conscientes de las dificultades que afrontan los miles de autónomos que tendrán que hacer un esfuerzo para poder demostrar a las mutuas de accidentes de trabajo la acreditación de cierres obligatorios administrativos», ha apuntado Abad, que advierte de que no habrá servido de nada el trabajo realizado hasta ahora si no se garantiza la continuidad del cese de actividad en la tercera ola de la pandemia.

Desde Uatae, se considera que «no puede pasar más tiempo sin que se mejoren las condiciones del conjunto del colectivo de los trabajadores y trabajadoras autónomas». Por ello, ha reclamado más ayudas directas para fortalecer el tejido productivo de nuestro país.

Además, ha recordado que las medidas para los autónomos siguen «ausentes» y que en septiembre se dejó fuera a actividades directamente afectadas por las restricciones sanitarias, como el taxi, actividades vinculadas al ocio, o la producción de eventos y cultura.

En esta línea, ha alertado de que si no se empieza a revertir la situación, recuperando la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos y con el impulso de ayudas, la recuperación de los autónomos se verá ralentizada.