El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Madrid que tumbó la demanda del exalcalde de O Grove (Pontevedra) Alfredo Bea Gondar contra la editorial del libro ‘Fariña’ y su autor Nacho Carretero por vulneración al derecho al honor.

Así consta en una sentencia, en la que la Sala de lo Civil desestima el recurso de casación interpuesto por el exalcalde pontevedrés contra la sentencia de la Audiencia de Madrid que rechazó la demanda.

De este modo, los magistrados del Alto Tribunal confirman la sentencia, que a su vez ratificaba la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Collado Villalba que absolvía a los demandados de las acciones ejercidas contra ellos.

El exalcalde emprendió acciones legales contra dicha editorial y el autor del libro por «vulneración del derecho al honor» al incluir su nombre en dos páginas del libro.

En declaraciones, el autor del libro, Nacho Carretero, ha señalado que la sentencia le deja «satisfecho» y le hace «confiar en la libertad de información y de expresión en España».

Carretero ha señalado que la época en la que se produjo secuestro de ‘Fariña’ fue «muy tensa, y desagradable» y que supone «un mal recuerdo». Así, ha relatado que una vez se produjeron las posteriores decisiones judiciales, el demandante «empezó a hacer recursos» y el caso «se fue estirando en el tiempo».

«Para mí la sentencia representa lo que un poco tenía más o menos claro, que el hecho de aquella medida cautelar del secuestro fue una decisión judicial puntual, aislada y para mi incomprensible. De hecho me atrevería a decir que fue un error judicial ya no porque yo lo crea, si no por todo lo que luego han ido desestimando el resto de sentencias e instancias, desde la Audiencia Provincial de Madrid, hasta el Juzgado de Collado Villalba y el Tribunal Supremo», ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que «todas» las decisiones judiciales han sido «contundentes y clarísimas» diciendo que «nunca tenía que haberse secuestrado el libro» y que «prevalece la libertad de información» y que lo que cuenta en el libro «es veraz». «Eso es con lo que me quedo como periodista, me deja tranquilo, me deja satisfecho y sobre todo me hace confiar en la libertad de información y de expresión en España», ha puntualizado.

Preguntado sobre el aumento de ventas de ‘Fariña’, ha indicado que era «inevitable» porque «vivimos en una sociedad» en la que «si un tribunal decide prohibir un trabajo periodístico», la reacción «lógica y normal» va a ser la de que la gente «se interese en ese trabajo, por qué ha sido prohibido y censurado».

«Además, somos una sociedad más crítica y más exigente con la libertad de expresión y de información. Creo que el caso de Fariña es bastante representativo. Generó un consenso bastante amplio de indignación y de incomprensión ante esa medida. Eso habla bien de una sociedad en España que ya no está dispuesta a tolerar que se prohíban o se censuren libros o trabajos periodísticos», ha detallado.

PROHIBIR UN LIBRO «GENERA UN INTERÉS MAYOR», PERO «ES UN MAL TRAGO»

A su juicio, «prohibir hoy en día un libro de estas características» lo único que va a conseguir es «lo que pasó» con ‘Fariña’, que se «genere un interés mayor y que aumenten las ventas». «Desde luego nos gustó que ocurriese, pero esa satisfacción de ventas no es incompatible con el mal trago y con la amargura que me supuso que una jueza prohibiese un trabajo periodístico, por que al final como periodista vivo de mi credibilidad y de mi trabajo y que nadie pueda decir que lo que yo cuento es falso», ha destacado.

Carretero ha indicado que fue «muy desagradable». «No se lo recomiendo ni se lo deseo a ningún periodista, pero no es incompatible con que ayudase a las ventas del libro. Ojalá esto sea lo último que tengamos que hablar de este asunto. Por mi parte está más que olvidado, ya lo estaba antes de la sentencia, pero ojalá sea el punto final verdadero de todo este asunto que nunca tuvo que haber ocurrido», ha concluido.

Por su parte, uno de los editores del libro, Alberto Sáez, ha indicado que su valoración sobre la sentencia es «muy positiva» y que están «muy contentos» con la desestimación del Recurso de Casación que «pone fin al proceso» y que «nos da absolutamente la razón».

«Nuestra valoración de la sentencia es muy positiva. Estamos muy contentos con que se haya desestimado el recurso de casación y con que se nos haya dado la razón. En ningún momento el libro tenía ninguna intención de atentar contra el honor de nadie», ha puntualizado.

Así, ha recordado que el proceso ha durado «cuatro años» y que comenzó con la medida cautelar del secuestro del libro. Posteriormente, «todas las resoluciones judiciales han sido a nuestro favor».

El candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, ha explicado este miércoles que, si es presidente de la Generalitat, creará un consorcio de industralización y desarrollo económico dotado con 1.000 millones de euros «para aprovechar al máximo los fondos Next Generation».

Lo ha anunciado en un acto telemático sobre industria y conocimiento junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la número seis de la candidatura por Barcelona, Alicia Romero; el director del Barcelona SuperComputing Center, Mateo Valero; y el presidente del comité de empresa de Seat, Matias Carnero.

El consorcio de industralización es una de las principales medidas económicas que Illa quiere promover si gana las elecciones y ha detallado que estará basado en estrategias tractoras, que se gestionará con alianzas público-privadas y que «permitirá canalizar inversiones, resistir, avanzar y seguir siendo uno de los motores de Europa».

Illa ha explicado que el modelo de industralización que defiende se asienta en la innovación y en la formación, y se ha comprometido a hacer los viajes que haga falta por Europa y por el mundo para promocionar Cataluña y el resto de España, y generar riqueza: «Me comprometo a ser el principal embajador de la economía catalana».

Otra de las medidas que ha marcado como prioritarias y que ha calificado como una «prioridad personal» es la creación de un comisionado para la formación profesional, adscrito directamente a la Presidencia, para asegurar que los jóvenes tengan la formación necesaria para encarar su futuro.

RESPALDO «MÁXIMO» A LA INNOVACIÓN

El propósito de Illa, ha explicado, es presidir un Govern que facilite e impulse una política industrial innovadora, ha defendido una economía innovadora y dinámica que genere oportunidades y consolide los avances sociales, y se ha comprometido a «recuperar los recortes acumulados en los últimos años».

«Donde los independentistas han centrifugado empresas y talento, nosotros haremos que Cataluña vuelva a ser un polo de atracción. Donde solo han aportado duda e incertidumbre, nosotros garantizaremos un marco de seguridad», ha sostenido.

Ha prometido que su respaldo a la innovación será máximo, que habrá más recursos, más coordinación y más planificación, y que será un presidente comprometido con la industria: «Me implicaré directamente. Seré un presidente que estará presente, que escuchará y se inspirará en el ejemplo que dan los sindicatos y las empresas».

Por desgracia en estos últimos años hemos tenido un presidente que no pisaba las fábricas, que no se preocupaba por las condiciones concretas de los trabajadores, que colgaba carteles en lugar de captar inversiones, que no era capaz de lograr que le recibieran ni en Bruselas ni en las grandes capitales de Europa«, ha criticado.

Por otro lado, ha insistido en la importancia de aprovechar los fondos europeos y ha destacado el esfuerzo que han hecho la industria, las universidades y los centros de investigación para adaptar sus procesos productivos durante la pandemia.

«Confío plenamente en Cataluña. Tenemos talento, las infraestructuras y las ciudades. Tenemos todos los ingredientes necesarios para el éxito, solo nos falta el compromiso y el liderazgo», ha zanjado.

VALERO Y CARNERO

Valero ha puesto en valor la investigación como «el mejor instrumento que tiene el país para producir ideas orientadas a resolver problemas sociales y producir riqueza», y ha pedido generar acuerdos entre las instituciones para ofrecer calma a la ciencia, mirar a largo plazo y transferir tecnología.

Por su parte, Carnero ve imprescindible unir la transición ecológica con la laboral porque sino «la automoción lo va a pasar mal» y ha reclamado políticas activas de inversión y desarrollo, pactos de industria y un gobierno que entienda de industria y de automoción.

El Tribunal Constitucional ha recibido este miércoles el recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la repetición del juicio contra el líder de Bildu Arnaldo Otegi y de los restantes condenados en el denominado ‘caso Bateragune’, según han confirmado fuentes del tribunal.

Con esta medida, se pretende anular la decisión del Tribunal Supremo de celebrar de un nuevo juicio en la Audiencia Nacional contra Otegi, Rafael Diez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta Tellerí por un delito de pertenencia a organización terrorista por el intento de reconstrucción de la dirección ilegalizada de Batasuna.

En su recurso, Otegi solicita como medida cautelar que se deje sin efecto el auto del Tribunal Supremo hasta la resolución de la impugnación presentada.

El pasado mes de diciembre, el pleno jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo acordó la repetición del juicio en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que consideró vulnerado el derecho a un juicio imparcial.

Esta decisión se adoptó en cumplimiento del art. 4.2 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que excluye la prohibición de doble enjuiciamiento en supuestos como este.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo anuló el pasado 31 de julio la sentencia de 2012 que les condenó a penas de entre seis años y seis años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista, siguiendo el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que determinó que la Audiencia Nacional vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo, ya que entendía el «temor legítimo» de los acusados a una falta de imparcialidad del tribunal.

No obstante, Estrasburgo no vio «ninguna evidencia» que llevara a pensar que en el tribunal había «animadversión personal» hacia los acusados, pero sí que las «dudas» de éstos estaban «justificadas». Así, rechazó «cualquier indemnización para los recurrentes en concepto de daño moral, considerando suficiente la constatación de la declaración de la vulneración del derecho solicitado.

En su sentencia de noviembre de 2018 –que adquirió firmeza en febrero de 2019–, el TEDH consideró que el juicio de la Audiencia Nacional no cumplió con todas las garantías, al formar parte del tribunal la magistrada Ángela Murillo, quien anteriormente, en marzo de 2010, había sido apartada por supuesta falta de imparcialidad en un juicio anterior por enaltecimiento del terrorismo en el que estaba acusado también Arnaldo Otegi.

En aquella vista oral, Murillo preguntó a Otegi si condenaba a ETA y, ante la negativa de éste a ofrecer una respuesta, la juez le dijo que ya sabía que no le iba a contestar.

El Supremo apartó a la magistrada del caso, que ejercía de presidenta del tribunal, al apreciar en ella «prejuicio». La vista oral fue repetida y el exportavoz de Batasuna resultó absuelto en ese procedimiento.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusado este miércoles a ERC, de forma implícita, de competir para ver si reciben la mella como «hombres de Estado» en decisiones como su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y ha reivindicado los ‘no’ de Junts a esta y otras cuestiones.

«Se jactarán de ser presentados como hombres de Estado, pero pedid explicaciones de por qué permiten que el Estado sea el líder absoluto de toda la UE en paro juvenil. Tenéis que preguntar si no valía la pena ser exigentes antes de aprobar unos presupuestos que luego el Gobierno se pasarían por el forro», ha destacado en un mitin en Tortosa (Tarragona), junto con la candidata de Junts a las elecciones, Laura Borràs, y el cabeza de lista por Tarragona, Albert Batet.

Según Puigdemont, a lo mejor a los republicanos les interesa apuntarse «al festival de juntos contra Junts, de criticar a Junts, que dice no a todo lo que perjudica a Cataluña» y un sí a que la Generalitat pueda gestionar los fondos europeos, ha explicitado.

Tras acusar al PSC de querer gobernar Cataluña desde Madrid, ha reiterado sus críticas a los republicanos por «competir a ver quién recibe la medalla y el título de ser los que perpetúan estas injusticias».

«NO NOS NOMBRARÁN ESPAÑOL DEL AÑO»

«A nosotros no nos nombrarán español del año, no iremos a Madrid a hacernos los simpáticos ante el que nos quiere hacer daño», ha advertido el también cabeza de lista de Junts, pese a no ser el presidenciable efectivo tras el 14 de febrero.

Ante los que acusan a Junts de ser los del no a todo, Puigdemont ha replicado que dicen no «a permitir que un Gobierno incumpla sus deberes con los ciudadanos y que los acuerdos se los pasa por el forro, y es algo que se sabe ya desde hace 40 años».

Así, ha alertado que toda precaución es poca ante un Estado que, a su juicio, no escucha a los catalanes, y por ello ha pedido ser «exigentes» para luego no ser engañados luego.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado este miércoles un periodo de consulta pública de dos meses sobre el Plan para la Protección del Delta del Ebro, con el que se pretende garantizar la permanencia y sostenibilidad del Delta en el tiempo.

Este documento elaborado por el CEDEX bajo la dirección de la Dirección General de la Costa y el Mar y de la Dirección General del Agua, partiendo de los principios establecidos en la Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático aprobada en 2017, apuesta por asegurar la integridad y adecuada conservación del litoral del Delta, su recuperación ambiental y tener en cuenta las previsiones para hacer frente a los efectos de la subida del nivel medio del mar.

El origen de este trabajo, que dio comienzo en 2019, se encuentra en el análisis de la documentación aportada por la Comunidad General de Regantes del Canal de la margen derecha del Ebro (en la que se recogían sus aspiraciones de intervención en el Delta), que realizaron conjuntamente la Universidad Politécnica de Cataluña y este Ministerio.

Así, a partir de este miércoles se abre un periodo de dos meses para recibir todas las aportaciones, sugerencias y comentarios en relación con este Plan.

El documento, accesible en la página web del MITECO, analiza a partir de diferentes estudios, algunos de los problemas globales que enfrenta el delta del Ebro, como la falta de aporte de sedimentos que lleva a una descompensación sedimentaria, la falta de regulación y control de los sumideros y la inundación de la plataforma deltaica.

También se abordan otros problemas que tienen que ver con la incompleta delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre y su ocupación; el vertido de fangos orgánicos; el estado ambiental de las lagunas, y la degradación ecológica de las bahías y las presiones que soportan.

Las líneas maestras de este Plan fueron presentadas en noviembre pasado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a los representantes de la Generalitat de Catalunya, del parque natural, de los regantes, de la Taula del Consens del Delta, de diversas ONG y a alcaldes de la zona.

PROCESOS EROSIVOS EN LA COSTA ESPAÑOLA

El Delta del Ebro es una zona de equilibrio físico muy delicado, alto valor ambiental y, al tiempo, sustrato sobre el que se proyectan importantes intereses económicos y sociales. Además, en él confluyen dos dominios de titularidad estatal, el hidráulico y el marítimo terrestre, además de estar declarado sobre él un Parque Natural de competencia autonómica.

Entre las actuaciones previstas en el Plan por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar, están la revisión de la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre; la creación de una franja de protección que permita el libre movimiento de la costa y la amortiguación controlada de los envites del mar, incrementando así su resiliencia, y la elevación de la berma tras la playa, que tenga en cuenta los horizontes de elevación del nivel del mar, para compensar esa elevación y la subsidencia.

Además y con objeto de paliar el déficit sedimentario, se propone la realización de cuatro trasvases de arena: desde la Punta del Fangar a las playas de La Marquesa y Balsa de Arena, desde la punta del Fangar al Cabo Tortosa, desde la playa de Eucaliptus a Illa de Buda y Cabo Tortosa, y de la Punta de la Banya al norte de la playa de la barra del Trabucador.

TRÁNSITO DE SEDIMENTOS

Por su parte, las actuaciones previstas por la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro se refieren a la modelación hidrodinámica y estudios asociados sobre la movilización de sedimentos en el río Ebro; la permeabilización de barreras para la mejora del transporte de los sedimentos; elaboración de un protocolo de gestión de los sedimentos, y puesta en marcha de cartografía de alta precisión y estudios de sedimentos en los embalses de Ribarroja, Mequinenza, Ciurara, Margalef y Guiamets.

Además, se va a impulsar la Red de Indicadores Ambientales del Delta del Ebro (RIADE) y transformarla en el futuro Observatorio Hidrológico del Delta del Ebro, que recogerá en un portal web todas las estaciones de medida que hay en la zona, en coordinación con la Generalitat de Cataluña, que permitirá tener monitorizado el Delta de forma que se pueda analizar su evolución.

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha avisado este miércoles de que el candidato del PSC, Salvador Illa, «solo» puede ser presidente si Cs, PP y Vox lo apoyan.

En un mitin en la Sala Crespi de Terrassa ante unas 50 personas, ha insistido en que estas elecciones van de una victoria de ERC, que ve como el único partido que puede poner de acuerdo a los que defienden la autodeterminación y la amnistía, o «la vía Vox, la que deja en manos de la extrema derecha la Presidencia de la Generalitat».

Aragonès ha ironizado con qué gobierno podría formar Illa y ha situado al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), como posible conseller de Interior, al dramaturgo y Albert Boadella como conseller de Cultura, y al exministro y Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, como presidente del Parlament.

Así, el candidato republicano ha llamado a aunar el voto independentista en torno a ERC, ya que sostiene que es el único partido capaz de evitar este hipotético gobierno de los socialistas encabezado por Illa.

TORRENT Y ROMEVA

También ha intervenido el presidente del Parlament y número 3 por Barcelona, Roger Torrent, que ha replicado de manera velada a la candidata de Junts, Laura Borràs, por haber dicho que el líder de ERC, Oriol Junqueras, está condenado por corrupción, y ha sostenido que los republicanos no tienen condenados por corrupción, sino por «haber defendido la democracia».

«Un partido que no tiene ningún imputado por corrupción. Un partido que no tiene ningún condenado por corrupción, que tiene dos presidentes perseguidos por rebelión por haber defendido la democracia, pero ni un solo caso de corrupción», ha aseverado.

Por su parte, el exconseller Raül Romeva, que ha participado en el acto antes de volver a dormir a prisión, ha equiparado la candidatura del PSC y Salvador Illa con la de Cs e Inés Arrimadas en 2017: «Son los mismos. Es el mismo poder que quiere que manden los suyos y por eso ERC da miedo».

Las acusaciones particulares que han expuesto este miércoles sus informes finales ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los tres presuntos miembros de pertenecer a la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017 han insistido en que La Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona) no fueron lugares elegidos «al azar» para atacar contra el máximo número de personas.

Han insistido en que durante el juicio se ha probado la participación de los acusados Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza en los preparativos de los atentados. Por ello, comparten con el resto de acusaciones que ya han informado al tribunal de sus conclusiones que se les debe condenar como responsables de los ataques en Cataluña, en contra del criterio de la Fiscalía.

El Ministerio Público entiende que aunque Houli Chemlal y Oukabir eran miembros de la célula, no se les puede acusar de delito de asesinato porque no participaron directamente en los atentados. En el caso de Said Ben Iazza, simplemente colaboró con la célula yihadista al prestar su documentación personal y una furgoneta para transportar sustancias para fabricar explosivos, indica la Fiscalía.

El abogado José Antonio Bitos, que ejerce la defensa de los Mossos d’Esquadra que abatieron a los autores materiales de los atentados –quienes relataron al tribunal las secuelas psicológicas que padecen desde entonces–, ha sido muy claro al respecto: «el objetivo era matar y la célula mató y los integrantes de la célula deben responder por estos actos».

Por eso, entiende que los tres acusados no sólo pueden responsabilizarse de lo que hicieron hasta la noche anterior de los atentados, cuando explotó la vivienda de Alcanar (Tarragona) en la que se preparaban los explosivos, sino también por lo sucedido en Barcelona y Cambrils, ya que, según ha indicado, contribuyeron en todos los actos de preparación y en ningún caso los evitaron.

Por ello, el letrado, que representa a la acusación particular ejercida por la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña (USPAC), ha solicitado que los acusados afronten las indemnizaciones a las víctimas, entre los que incluye a los mossos que abatieron a los miembros de la célula en Cambrils y, en especial, a los que neutralizaron a Younnes Abouyaaqoub, quien atropelló a centenares de personas La Rambla.

«Todo el mundo se olvida que el 21 de agosto en Subirats (Barcelona) –donde se escondía Abouyaaqoub tras huir– hubo otro atentado terrorista, derivado de otro atentado, ha recalcado.

INSISTEN EN QUE EL ÚNICO OBJETIVO DE LA CÉLULA ERA «MATAR»

En el mismo sentido se ha manifestado la representación de una de las víctimas de los atentados, quien ha asegurado que tanto Oukabir como Houli Chemlal eran conocedores de las intenciones de la célula. Así ha enfatizado que «el objetivo común era cometer atentados contra personas y bienes independientemente de cuales fueran su forma de ejecución».

«Y pusieron medios para lograrlo», ha añadido. La letrada considera que la explosión de Alcanar «no frustró su plan original», pues habían estudiado varias posibilidades y por ello, además de preparar explosivos, los miembros de la célula «se formaron» en otras formas de atentar «como atropellos masivos y con armas blancas».

En caso de que el tribunal entienda que los acusados no pueden ser condenados por las 16 víctimas mortales y los centenares de heridos que hubo en los atentados, esta acusación particular entiende que deberían serlo, al menos, por «cooperadores necesarios». Según ha señalado, Oukabir facilitó el vehículo con el que se realizó el atropello masivo en Barcelona, Houli colaboró en las actividades de financiación y fabricación de explosivos y Ben Iazza, a quien también se ha situado en Alcanar, dejó una furgoneta siendo «incomprensible» que no supiera lo que se iba a transportar en ella.

Asimismo, esta abogada ha hecho hincapié en las actividades llevadas a cabo por Mohamed Houli Chemlal en la célula yihadista y ha resaltado que éste «participó en la búsqueda y exploración» de lugares para atentar. Ha recordado que, según una grabación, este acusado estuvo en La Rambla de Barcelona «con un compañero justo en el trayecto» donde ocurrió el atropello masivo.

La abogada del Ayuntamiento de Barcelona también ha puesto de manifiesto durante su informe final la tesis de que la célula yihadista fijó La Rambla y Cambrils como posibles lugares donde atentar. Así, ha retomado lo que afirmó el representante del consistorio de la ciudad tarraconense en la sesión de este martes y ha asegurado que los ataques en estas zonas no fueron fruto de la improvisación.

«La Rambla no era un objetivo al azar, era un objetivo pensado, hablado por la célula terrorista», ha dicho la abogada del Ayuntamiento de Barcelona, que pide hasta 95 años de cárcel para los acusados. Ha subrayado que la célula quería asegurarse atentar contra una «multiplicidad de nacionalidades», algo que se consigue si se actúa en «un punto neurálgico» como es este paseo de Barcelona, «mundialmente reconocido como punto turístico».

«Y esto es lo que pretendía la célula y esto es lo que consiguió. Tenía garantizada la publicidad mediática de todo el mundo. Arrolló indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños, en concreto a dos menores de siete y tres años», ha indicado.

EN CONTRA DE LA APLICACIÓN DE ATENUANTES

Asimismo, el Ayuntamiento de Barcelona ha destacado que no cabe la aplicación de ninguna atenuante ni para Oukabir ni para Houli Chemlal, como solicitan las defensas.

En su opinión, Driss Oukabir «no se entregó a la policía», sino que fue detenido y tampoco se arrepintió días antes de los atentados que se estaban planeando. En realidad, buscaba borrar cualquier rastro que le relacionara con los ataques en caso de que el resto de compañeros murieran en ellos, ha apuntado.

En cuanto a Houli Chemlal, ha afirmado que en ningún momento ha colaborado con los Mossos d’Esquadra ni con la Justicia pues, según ha dicho, ha cambiado de versión en varias ocasiones. «Si hubieran querido colaborar con la investigación, se hubiera podido evitar tanto la explosión de Alcanar como los atentados», ha concluido la abogada del consistorio.

Por último, el abogado Antonio García, de la Asociación 11-M, que además de ser acusación popular, también representa a 73 víctimas, ha «compartido» todos estos argumentos expuestos ante el tribunal: «Aquí no cabe hablar de improvisación. Los actos estaban planificados».

Durante su intervención, ha detallado la relación que tenían estos dos acusados con Younnes Abouyaaqoub, sobre quien ha dicho que «no fue casual» que se escondiera en Subirats tras huir de Barcelona donde había arrollado a centenares de personas. «Ya había estado en la zona buscando sitios», ha dicho.

A ello ha añadido que el acusado Houli Chemlal se involucró en la forma en la que Abouyaaqoub podría escabullirse de la policía. En este sentido, ha enfatizado que este acusado dio «explicaciones muy torpes» sobre por qué apareció su pasaporte en la furgoneta que se usó en Barcelona y que había sido alquilada por Driss Oukabir.

También ha tachado de «mentiras» todas las explicaciones que Oukabir ha dado sobre su viaje a Tánger (Marruecos), días antes de los atentados. El abogado Antonio García ha dudado de la casualidad de que éste se alojara en un hotel cercano a un centro comercial en el que se ha comprobado que Younnes Abouyaaqoub también había estado.

Con todo ello, también ha solicitado al tribunal que el juicio «no se quede en Alcanar», como insinuó la Fiscalía: «Después de lo que se ha visto y escuchado, ¿Cómo se lo explicamos a las víctimas?».

El PP ha asegurado este miércoles que la filtración de la Ley Trans redactada por el Ministerio de Igualdad es «una pataleta» de la responsable del departamento, Irene Montero, que quiere tener «desesperadamente» una ley antes del 8M.

Tal y como ha recordado la portavoz ‘popular’ de Igualdad en el Congreso, Margarita Prohéns, Montero quiso llevar al Consejo de Ministros la conocida como Ley del ‘Sí es sí’ para que coincidiera con la celebración del Día de la Mujer del año pasado y, ahora, quiere hacer lo mismo con la norma sobre los derechos de las personas trans.

A su juicio, esta actitud de la ministra demuestra «lo desconectada» que está «de los problemas de la calle». Así, explica Prohéns, mientras los estudios señalan a España «como el país de la UE donde más crece el paro femenino», Montero se dedica a «generar debates que no solucionan los problemas» que sufren las mujeres.

«La realidad es que en un año tan complejo, desde el Ministerio de Igualdad han sido incapaces e llevar ningún proyecto legislativo más que el decreto de medidas urgentes de protección a las víctimas de violencia de género durante el estado de alarma», ha señalado Prohéns.

PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD JURÍDICA

En este sentido, ha recordado cómo el Ejecutivo le «echó para atrás» la Ley del ‘Sí es sí’ o cómo tras anunciar en el Congreso una reforma de la Ley del aborto, se le explicó que esta norma debe ser modificada «por Sanidad». «Y ahora saca esto (la Ley Trans) que sabe que no hay consenso social», ha añadido.

Sobre el contenido de la norma, la ‘popular’ señala que no se les ha hecho llegar el texto, pero que, de lo que conocen por los medios les preocupa las medidas relacionadas con los menores y los bloqueadores de la pubertad, así como la seguridad jurídica.

También se ha referido al debate, que enfrenta a los socios de Gobierno sobre la autodeterminación de género, y las consecuencias que esta situación pueda suponer para «las leyes que tienen un componente de género» como la Ley contra la violencia de fénero o que contienen medidas de discriminación positiva de las mujeres o en defensa de estas ante situaciones que sufren «por el mero hecho de ser mujeres».

«No preocupa mucho que se pierda esta identidad de la mujer que es uno de los avances por los que ha luchado el movimiento feminista», señala Prohéns.

CIUDADANOS PIDE «UNA SOLA VOZ» DEL GOBIERNO

De forma similar se ha expresado la portavoz de Igualdad de Ciudadanos en el Congreso, Sara Giménez, quien ha calificado al Consejo de Ministros de «jaula de grillos» en la que «se acaba enfrentando al movimiento feminista con los derechos LGTBI».

La diputada ha pedido al Gobierno que «hable con una sola voz» en un tema «tan importante» como son los derechos trans y también ha reclamado al PSOE que no publique «sus panfletos tránsfobos firmados por la vicepresidenta Carmen Calvo». «Poco más podemos hacer que esperar a que se pongan de acuerdo entre ellos. La lucha por la igualdad siempre debe unir, nunca enfrentar», ha señalado.

Giménez ha explicado que su formación está a la espera de ver «si el Gobierno es capaz de aprobar un texto para valorarlo con sosiego y rigor» que «merece».

En este sentido, ha recordado la necesidad de «blindar» los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos que están siendo «puestos en duda no sólo por partidos populistas, sino por los citados documentos tránsfobos del PSOE».

Confluencia Movimiento Feminista ha acusado, este miércoles, al Ministerio de Igualdad y a Podemos de estar detrás de una campaña de descrédito contra las entidades feministas que son críticas con las políticas del departamento de Irene Montero, especialmente con lo que se refiere a la Ley Trans.

A través de un comunicado, la entidad pone el foco en el manifiesto ‘Feministas por los derechos de las personas trans’, que se hizo público el 20 de enero, y que, según el escrito, que no tenía autoría, contaba con la firma de 600 asociaciones feministas.

La organización ha analizado unas 200 de las 600 firmas del documento para «comprobar la veracidad de tal afirmación» y, según ha señalado, su conclusión es que «la amplia mayoría de firmas no pertenecen a colectivos feministas».

También ha denunciado que la campaña lanzada en redes sociales –bajo los lemas #FeminismoParaTodas y #LeTransYa–, el mismo día que la entidad realizaba una rueda de prensa pidiendo la dimisión de Irene Montero, tiene el mismo origen que el texto anterior.

Según explica, la acción por Twitter se convocó a través de mensajes «entre simpatizantes de Podemos» en los que se explica que el objetivo de la campaña es «recordar que el feminismo no es patrimonio de unas pocas y privilegiadas», sino también es «por la vida digna de todas las mujeres», incluyendo a las «compañeras trans». Y en este texto también se hace referencia al manifiesto y se incluye un enlace para acceder a él.

VENDIDAS COMO INICIATIVAS CIUDADANAS

En concreto, el Movimiento Feminista señala a una asesora del Ministerio y exdiputada de Podemos que, según indican, en los mensajes «también admite ser una de las autoras de manifiesto».

Del mismo modo, destacan que el primer tuit de la campaña pertenece a una periodista que, según la organización está «estrechamente» relacionada «con la Fundación de los Comunes», que vinculan a En Comú Podem. La aludida, Nuria Alabao, ha aclarado en su cuenta de Twitter que la Fundación de los Comunes «es muy anterior a la creación de En Comú Podem» y que «no está ni ha estado financiada por ningún partido».

Para Movimiento Feminista, «estas dos informaciones unidas, apuntan, a nuestro juicio, a la vinculación tanto del Ministerio de Igualdad como del partido Podemos en ambas acciones (y que han pretendido vender como iniciativas ciudadanas), destinadas a desactivar el feminismo y acosar a las compañeras, como así resultó siendo, y no hay nada más que ojear las redes para constatarlo».

En el comunicado, la entidad relaciona este comportamiento con la falta de transparencia de Igualdad sobre la norma trans, después de que la ministra afirmara en un Pleno del Senado «sin ninguna prueba», que el 96% de los 60.000 mensajes recibidos durante la consulta pública de la Ley Trans eran de apoyo, a pesar, denuncia la entidad, que este procedimiento se hizo «sin publicar el contenido» de la norma.

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha tildado a Cs de partido responsable y de ser la mejor opción en las elecciones del 14F, frente a la «agenda judicial» de partidos como ERC o Junts.

En un encuentro telemático este miércoles, ha acusado a ERC de estar sometido a la agenda judicial e investigaciones del caso ‘Voloh’, y a Junts de depender de «la agenda judicial de Borràs y su troceamiento de contratos».

También ha acusado al PP de estar «sometido a la agenda judicial de los nuevos papeles de Bárcenas que están saliendo estos días»; al PSC por la imputación de la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín; y a Podemos por el caso ‘Neurona’.

Ante eso, Carrizosa ha defendido que Cs es un partido responsable y que se ha demostrado –dice– cuando la líder de Cs, Inés Arrimadas, pactó las prórrogas del estado de alarma en el Congreso a cambio de alargar los ERTE; o cuando él pidió «una reunión con Torra para ponerse Cs a disposición del Govern» en la gestión de la pandemia.

También, ha reivindicado la necesidad de recuperar en Catalunya los valores de servicio y sacrificio de los políticos que cree que encarna Cs, ante un Govern que ha tachado de «irresponsable e inconsecuente» en su gestión de la pandemia.

«Nosotros hemos sido responsables en los gobiernos de las cuatro comunidades en las que gobernamos. Y en la oposición, hemos sido más responsables que muchos gobiernos. Nosotros vamos a anteponer siempre el bienestar de la población, porque somos gente responsable y consecuente», ha recalcado.

SANIDAD

Carrizosa ha prometido que si el 14F gana Cs, van a poner a la sanidad como una prioridad y que realizarán una auditoría del gasto para dedicar «todo el despilfarro separatista a sanidad pública», revertirán los recortes y asegurarán una gestión técnica sin injerencias políticas.

Además, concederán una paga extraordinaria tanto a los sanitarios como a los colaboradores del sector sanitario –ha mencionado a celadores y el sector de la limpieza– porque «merecen ese reconocimiento»; así como una semana más de vacaciones para estos profesionales y garantizar que las farmacias tengan un papel clave.

IGEA Y BAUZÁ

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha considerado que los políticos de Cs que gobiernan en otras comunidades autónomas pueden «dar ejemplo de que se puede hacer política de otra manera».

«La política es mucho más de lo que estamos acostumbrados. Que la política no es un ‘meme’, y ha defendido la lealtad con las instituciones y el sentido de nación –en sus palabras– de Cs, que cree que es algo que les diferencia de otras formaciones.

El eurodiputado de Cs, José Ramón Bauzá, ha reprochado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que no se reconociese a los profesionales farmacéuticos como colectivo sanitario y que estuvieran «dejados de la mano de Dios», cuando son a su juicio una de las primeras puertas de entrada a la sanidad.

Bauzá ha reprochado que las decisiones en Catalunya, para él, no se están tomando en función de una cuestión epidemiológica o sanitaria, sino que «se están tomando en función de decisiones políticas interesadas: Y estas elecciones (el 14F) son un ejemplo».

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha abogado este miércoles por que los mandatos de sus consejeros aumenten a cinco o seis años con el fin de desligarlos de la legislatura y que además no puedan renovar sus cargos.

Buenaventura ha hecho esta sugerencia durante su comparecencia ante la Comisión para la auditoría de la calidad democrática del Congreso como algunas de las medidas que se podían adoptar para contribuir a reforzar la independencia de la institución y sus miembros.

En su exposición, el responsable del citado órgano supervisor ha defendido como «razonablemente elevado» el grado de independencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero considera que son necesarias «algunas mejoras».

En concreto, cree que «la principal amenaza» para la independencia es el régimen actual de contratación, remuneración de personal y conservación del talento. Singularmente, ha subrayado que las 420 personas que trabajan en la CNMV son «insuficientes» para las «numerosas» nuevas competencias que ha ido recibiendo la Comisión en los últimos años.

MÁS TRANSPARENCIA

También ha propuesto que en una eventual reforma normativa se debería reforzar la independencia de los consejeros de la CNMV introduciendo la previsión explícita de que terceras personas o autoridades, incluso gubernamentales, «no deben tratar de influir en el criterio de los miembros del Consejo ni éstos recabar ni aceptar instrucciones de instancias externas», pero sólo, ha dicho, «para elevar a requisito normativo lo que casi siempre ha sido la norma en la práctica».

Asimismo, ha defendido la necesidad de mejorar la información pública sobre las actividades y contactos que desarrolla la CNMV y, en este punto, ha anunciado que van a comenzar a publicar a posteriori los actos y reuniones del presidente y vicepresidenta, como hacen otros supervisores.

En este sentido, Buenaventura también ha sugerido que el presidente de la CNMV debería aumentar la frecuencia de comparecencias en el Congreso, más allá de la presentación del correspondiente informe anual, para rendir cuentas ante de la sociedad de su trabajo.

INCOMPATIBILIDADES MUY DURAS

Preguntado sobre la conveniencia de modificar el sistema de nombramientos, Rodríguez ha indicado que es partidario de mantener el actual, es decir, seguir siendo nombrado por el Gobierno tras recibir el aval (no vinculante) del Congreso, ya que, según ha explicado así se hace en los países de nuestro entorno y «no impide la independencia real una vez se inicia el mandato».

Tampoco es partidario de endurecer el régimen de incompatibilidades de sus consejeros y directivos tras sus ceses porque, a su juicio, ya es «exageradamente duro», puesto que tienen prohibido realizar cualquier actividad «relacionada» con el mercado de valores durante dos años.

Por último, ha pedido actualizar la normativa para que las sanciones graves y muy graves que impone la CNMV puedan ser recurridas directamente en los juzgados sin tener que plantear antes recurso de alzada ante el Ministerio de Economía.

El PP defenderá este jueves en el Pleno del Congreso mantener en vigor la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, impulsada en la etapa de Jorge Fernández Díaz y bautizada por sus detractores como ‘Ley Mordaza’, y en consecuencia, tumbar la reforma de esta norma que la Cámara empezó a tramitar el pasado otoño. El PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a derogarla en su acuerdo de Gobierno.

El pasado mes de septiembre, el Pleno tomó en consideración una proposición de ley del PNV para reformar la citada ley, que hace dos legislaturas ya se estuvo debatiendo en la Cámara pero que nunca llegó a ver la luz por las sucesivas convocatorias de comicios.

Y este jueves el debate sobre la ‘Ley Mordaza’ regresará al Congreso, que votará una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, con la que el PP busca echar por tierra la reforma promovida por los nacionalistas vascos y apoyada, entre otros, por el PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, todo apunta a que la enmienda no saldrá adelante.

AHORA NO TOCA

El PP justifica la presentación de esta enmienda subrayando que la Ley de Seguridad Ciudadana, que data de 2011, está resultando «imprescindible» para lucha contra la pandemia del Covid y que no es el momento adecuado par reformarla.

De ahí que proponga no tocarla y dejarla tal y como está. Alega que abrir ahora un proceso «complicado» y extenderlo en el tiempo, «con críticas políticas y opiniones jurídicas cruzadas», generará «una evidente inseguridad jurídica» tanto para las autoridades como para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los ciudadanos, que tienen que ejercer sus derechos y libertades «en medio de medidas restrictivas, cierres a la movilidad y estados de alarma».

«Ya es suficiente la alarma y la inseguridad generada por el Gobierno al no acometer las modificaciones legales necesarias y urgentes par no tener que recurrir permanentemente a la excepción constitucional prevista en el estado de alarma», añaden los ‘populares’ en su enmienda.

El partido de Pablo Casado insiste en que reformar la Ley de Seguridad Ciudadana no es ni urgente ni oportuno en estos momentos. Es más, apunta que, antes de proceder a cualquier reforma, sería necesario que el Gobierno remitiera al Congreso un informe detallado de la aplicación de esa norma desde agosto de 2018 a octubre de 2020, con especial incidencia al periodo iniciado con la aprobación del estado de alarma el 14 de marzo de 2020.

PSOE Y PODEMOS LA APLICARON «SIN REPAROS»

En todo caso, los ‘populares’ argumentan que desde la aprobación esta norma se ha revelado como uno de los instrumentos fundamentales para las Fuerzas de Seguridad y que los «ataques» recibidos, que llevaron en su día a los grupos de la oposición a recurrirla ante el Tribunal Constitucional, han estado basados en criterios «puramente de desgaste político».

Tanto es así que, según destacan, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos la está aplicando «sin ningún reparo» y no ha tomado la iniciativa para su reforma o derogación pese a que ésta fue una de las medidas incluidas en su pacto de Gobierno.

El PP concluye recordando que, pese a considerar que es «una buena ley» y que su aplicación «no genera problemas», está dispuesto a mejorarla para reforzar «aún más» los instrumentos de los que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad de los españoles. Eso sí, no ahora.

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha enmarcado la confesión del extesorero Luis Bárcenas en una estrategia de defensa que ha fijado con su abogado para «intentar salvarse» y poder salir de la cárcel «lo antes posible». Además, ha rechazado que este asunto pueda afectar a la campaña de las catalanas del próximo 14 de febrero.

«Hemos pasado página de ese señor hace mucho tiempo. Hay otro presidente, hay otra dirección, hay otra manera de entender las cosas, afortunadamente mucho más contemporánea en el año 2021», ha declarado Maroto ante los medios de comunicación a la salida de la sede del PP.

Así se ha pronunciado después de que Bárcenas haya remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que afirma que el expresidente del Gobierno y ex líder del PP, Mariano Rajoy, destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de la supuesta caja ‘b’ del partido «sin saber» que él conservaba una copia.

«NO DEBE HABER NINGUNA RELACIÓN» CON EL 14F

Tras recalcar que Bárcenas «es la parte del pasado más pasado» para el actual PP, Maroto ha insistido en que el extesorero usa «una estrategia de defensa para intentar poner el ventilador». «Que haga lo que quiera, es que nos da exactamente igual», ha proclamado.

Tras asegurar que todo preso tiene que «pagar su condena» porque «el que la hace, la paga», el dirigente del PP ha destacado que Bárcenas «ha hecho un daño tremendo a la credibilidad de la política en España, a la afiliación del PP» y, «seguramente también» a los resultados electorales» de su partido.

Al ser preguntado si el PP está preocupado por esta confesión y si esto puede afectar a la campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero, Maroto ha dicho que «naturalmente» que «no debe haber ninguna relación» con esos comicios. «¡Pero cómo va a afectar lo que diga este señor que está en la cárcel por una cuestión de hace 15 años en unas elecciones en las que se está jugando la convivencia en Cataluña!», ha exclamado.

«BÁRCENAS, UN EJEMPLO DE LO QUE NO HAY QUE HACER»

Maroto ha destacado que miembros de la actual dirección del PP, como es su caso, han «sufrido» a Bárcenas porque incluso les interpuso una querella por tildarle de presunto delincuente. «Bárcenas es un ejemplo de lo que no hay que hacer ni en el PP ni en ninguna otra cuestión», ha señalado.

Según el portavoz del PP en el Senado, si él fuera un preso como Bárcenas también se «inventaría todo tipo de cosas como coartada para intentar estar en la cárcel lo menos posible». Así, ha reiterado que «intenta salvarse lo mejor que puede» y ha subrayado que esto es algo que piensa él y todo el PP.

«Este señor utiliza la técnica que le diga su abogado para intentar remover Roma con Santiago e intentar pagar una condena menor», ha abundado, para subrayar que este asunto es «completamente estéril» para el PP.

«EN TODOS LOS PARTIDOS SIEMPRE HAY UNA OVEJA NEGRA»

Preguntado si cree que es una venganza de Bárcenas tras la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias, ha recalcado que a la dirección del PP le es «completamente irrelevante» porque el extesorero es «la parte del pasado más pasado del PP». Según ha resaltado, al PP «en absoluto» le preocupa lo que pueda hacer.

Tras asegurar que «lo mejor que se puede hacer es apartar los casos como éste» para que «nunca más vuelva a suceder», ha subrayado que ésta es «una cuestión del PP de hace 20 años». «Es exactamente lo mismo como cuándo le preguntan a Sánchez qué opina del caso Roldán», ha enfatizado, para añadir que en todos los partidos «desgraciadamente siempre hay una oveja negra».

La Fiscalía de Barcelona ha denunciado a la empresa Ditecsa de Montornès del Vallès (Barcelona) y a sus responsables por un presunto delito ambiental por el incendio en la industria el 11 de diciembre de 2019, que comportó la evacuación de personas en un radio de 500 metros y el vertido de residuos tóxicos en el río Besòs.

Fuentes fiscales han explicado que el Juzgado de Instrucción 2 de Granollers (Barcelona) ya ha admitido la querella y el escrito, ve en los hechos un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente además de un presunto delito relativo a la protección de la flora y la fauna.

El fiscal delegado de Medio Ambiente, Antoni Pelegrín, relata en la querella que, a lo largo de los años, «la empresa fue incrementando progresivamente y de forma notable la valorización de disolventes usados en aquellas instalaciones», hasta conseguir licencia para tener un 80% de residuos peligrosos y autorización para tratar hasta 8.650 toneladas de disolvente cada año, a condición de tomar varias medidas para prevenir riesgos.

Afirma que los responsables de la empresa «eran conscientes de que aquel progresivo incremento de la producción de disolvente reciclado implicaba un importante acopio de residuos tóxicos y peligrosos, no se realizaba de manera correcta y respetando la normativa» ambiental de gestión de productos peligrosos.

Así lo constataron inspecciones en 2011 y 2012, en las que se hallaron residuos peligrosos «a la intemperie y sin recogida específica de fugas y posibles vertidos», además de residuos para los que la empresa no tenía autorización.

En octubre de 2019, unos dos meses antes del incendio, una inspección detectó, entre otras irregularidades, que la empresa almacenaba residuos por encima de la capacidad máxima permitida: la industria fue multada con 10.000 euros, asumió su responsabilidad y la sanción, reducida al 40%, el 20 de noviembre.

SIN FORMACIÓN PARA EMERGENCIAS

Afirma que, además, los responsables «sabían que los trabajadores de la planta no estaban formados realmente para reaccionar correctamente en caso de que alguno de los bidones reaccionara con humo o fuego», y señala que eso implicaba aceptar que, en caso de accidente, la respuesta sería inadecuada.

«Aquella situación de incumplimientos graves de toda la normativa ambiental» comportó el incidente durante el turno de noche del 11 de diciembre de 2019, cuando un empleado hacía su tarea habitual mezclando disolventes sin saber que había restos de otra sustancia, que causó el incendio.

MUERE EL 99% DE LA FAUNA

El fiscal señala que el vertido de residuos durante el incendio afectó al caudal del río Besòs y lo dejó «con una calidad nefasta que hacía imposible que desde los puntos de vertidos al río hasta la desembocadura en el Mediterráneo se pudiera mantener la vida acuática existente».

Señala que los efectos medioambientales duraron días y «supuso un desastre ecológico de la mayor magnitud de los que se recuerdan últimamente en todo el territorio español».

«La mezcla descomunal de compuestos tóxicos y peligrosos que llegaron al río debido a aquellos vertidos y que duró días causó un daño muy grave para el equilibrio de los ecosistemas» del río Besòs, causó la muerte de centenares de peces –en unos días murió el 99% de la fauna– y el fiscal advierte de que la afectación será crónica.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha presidido este miércoles por primera vez la ‘Mesa de Diálogo Social Sectorial: Economía del Talento, Especialización y Futuro’ con organizaciones sindicales y empresariales, donde se abordarán «las medidas relativas a las actuaciones de educación y formación» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Al encuentro, junto a Celaá, también han acudido el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y de Universidades, Manuel Castells, además de los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva; y los secretarios generales de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, y de la Unión General de trabajadores (UGT), Pepe Álvarez.

La ministra ha declarado que «este encuentro entre los titulares de los tres ministerios competentes en el desarrollo del talento y los interlocutores sociales se inscribe en la necesidad compartida de impulsar una alianza economía-conocimiento de fuerte impacto en nuestro modelo productivo». Según Celaá, «solo a través de una formación de excelencia de nuestro capital humano lograremos el crecimiento sostenible para el que trabajamos», ha declarado al inicio de la reunión.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha subrayado la importancia de «aprovechar el enorme talento investigador y técnico que hay en España, muy valorado en otros países, por lo que es crucial proporcionar medios materiales y administrativos a los investigadores desde que empiezan a trabajar».

En este sentido, el ministro ha recordado que ya se está tramitando «la reforma de la Ley de la Ciencia de 2011, con el objetivo de crear una carrera científica en el ámbito público estable y predecible».

Por su parte, el titular de Universidades, Manuel Castells, ha asegurado que «la transformación de la Universidad depende de la reclasificación de sus profesores e investigadores». «Y ese es el proyecto elaborado por el Ministerio de Universidades», ha manifestado.

FORO ESTABLE DE DIÁLOGO

La nueva Mesa Sectorial crea así, por primera vez, un foro estable de diálogo con los interlocutores sociales para «hacer más eficientes las políticas públicas en materia de educación y formación, de generación de talento y de emprendimiento, al servicio de las necesidades sociales y económicas del país», explica el Ministerio en un comunicado.

En esta primera reunión se ha abordado también el estado actual de las propuestas relacionadas con educación y formación. La séptima política tractora del Plan, relativa a la Educación y el conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades, incluye actuaciones en torno a la digitalización del sistema educativo, la modernización de la Formación Profesional y la Modernización con Equidad del sistema educativo.

La agenda de trabajo, acordada durante la reunión, incluirá además, entre otros asuntos, el fomento de una nueva cultura de la formación a través del marco de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, con el objetivo de promocionar la excelencia y la equidad; el desafío de la brecha de género educativa desde edades tempranas; el proyecto de desarrollo de la profesión docente e investigadoruniversitario; el reto de la digitalización y el impulso a la transición ecológica.

También se debatirán las medidas destinadas a impulsar las vocaciones y profesiones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en conexión con las Artes y Humanidades), especialmente en las niñas y las jóvenes.

Por otra parte, la Mesa ya existente de Diálogo Social sobre Formación Profesional vinculada al Sistema Nacional de Cualificaciones, iniciada en julio de 2020, queda a partir de ahora vinculada a esta mesa del Talento.

El Senado ha rechazado una moción del PP por la que insta al Gobierno a explicar la «mala praxis» de los fondos públicos en Cataluña para que esta «vuelva a ser una economía pujante» y que contribuya al uso eficiente y eficaz de los recursos públicos en todas las Administraciones Públicas.

La senadora María Salom Coll ha sido la encargada de subir a la tribuna de la Cámara Alta para defender esta moción a la que presentaron enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los tres senadores de Vox, el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal y el Grupo Parlamentario Socialista.

Salom ha explicado que el sentido de su iniciativa es «resaltar el papel de las administraciones públicas como escudo o como salvavidas de la población» especialmente en este momento de crisis derivada de la pandemia y que, por lo tanto, los recursos de todas las administraciones públicas se dediquen a atender a las necesidades de los españoles.

Sin embargo, ha criticado que esto que parece «obvio» no se cumple en Cataluña porque, en sus palabras, las autoridades y sucesivos gobiernos independentistas «con la complicidad del PSOE están despilfarrando el dinero en cosas superfluas que no son de su competencia» y, por extensión, dejando sin recursos a aquellos colectivos que sí que lo son y a cosas que también son muy importantes, ha remarcado.

En concreto, ha mencionado que la Generalitat de Cataluña no tiene competencias en política exterior, mientras que el Gobierno en los últimos años ha abierto «un montón» de embajadas en distintos lugares del mundo.

También ha censurado que, en estos momentos, los autónomos catalanes «lo están pasando mal» y la partida presupuestaria que destinó la Generalitat para ayudarles solo ha alcanzado al 10 por ciento de los autónomos quedando fuera 90.000 autónomos.

Otro ejemplo, ha comentado, es la creación en estos momentos de la Agencia Espacial de Cataluña, más conocida como Nasa Catalana, y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, más conocida como el CNI. «Pero, sin lugar a dudas, el tema más grave o al que se dedica más dinero es a la televisión y a la radio pública, al consejo del audiovisual o a la Agencia Catalana de Noticias, a los que dedican 280 millones de euros», ha enfatizado la parlamentaria ‘popular’.

Esta moción se enmarca dentro de la campaña a las elecciones catalanas y así lo ha manifestado el senador socialista Santiago Castellà, quien ha criticado esta iniciativa del PP que, a su juicio, «trata de clavar un titular en medio de la campaña electoral al Parlamento de Cataluña, el titular que diga que elPSOE, aliado con los independentistas y con el eje del mal, defiende la conquista espacial catalana».

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha señalado en un escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción que la caja ‘b’ del partido acumulaba en 2008 «algo más» de un millón de euros, de los cuáles unos 900.000 euros fueron destinados a la remodelación de la sede nacional de la formación política.

Así lo dice en el documento que envió el pasado 26 de enero al Ministerio Público, y que se da a conocer justo cinco días antes de que la Audiencia Nacional comience a juzgar el presunto pago con dinero en ‘b’ de dichas obras, por el que Bárcenas se enfrenta a cinco años de prisión.

En este escrito, en el que asegura que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tenía conocimiento de la existencia de una contabilidad paralela en el partido, explica cómo funcionaba la misma: «Estos fondos -caja B- se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas».

Según indica Bárcenas –que entre 1.990 y 2008 fue gerente de los ‘populares’–, estos donativos se realizaban directamente al que fuera tesorero del partido, el fallecido Álvaro Lapuerta, quien «apuntaba estas entregas en tarjeta de visita para su constancia».

Así, destaca que «en el ejercicio de 2007, existían unos ingresos anotados en esta contabilidad paralela -contabilidad B- por cuantía de unos 500.000 euros, y en el ejercicio 2008, de algo más de 1.000.000 euros, de los que se destinaron, entorno a 900.000 euros, con cargo a aquellos fondos -B- a la remodelación de la sede del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova número 13».

Recuerda que en este periodo de tiempo, Rajoy era el presidente del PP, Ángel Acebes era el secretario general y Álvaro Lapuerta el tesorero del partido.

APORTACIONES FUERA DEL CONTROL DE TRIBUNAL DE CUENTAS

Añade que parte de los donativos «no se recogían en la contabilidad que la formación política presentaba al Tribunal de Cuentas con la finalidad de poder destinarlas a otros fines, con el fin de poder substraerlas al control del que aquel tribunal era competente».

Bárcenas explica a los fiscales que, en muchas ocasiones, las donaciones eran ingresadas en efectivo, «fraccionando las cantidades en tantos abonos como fuesen necesarios para no superar la cuantía de 60.000 euros». Otras veces, «era indiferente que se superara, incluso, el citado límite», puntualiza.

Parte de las cantidades aportadas se guardaron en una caja fuerte que se encontraba situada en el despacho de Bárcenas en la sede del PP, dice el escrito, que también apunta que era el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, quien decidía y «gestionaba» el depósito de este dinero.

En este sentido, sitúa a Lapuerta como la persona que llevaba el «control de los ingresos y salidas, en relación a la previsión de los gastos a los que hubiera que atender para el Partido Popular», como fueron los costes de la reforma de la sede del partido que tuvieron lugar entre 2005 y 2010; o «el pago de retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones para personas vinculadas con el Partido Popular».

Según Bárcenas, entre las personas que cobraron «complementos salariales» se encuentran Mariano Rajoy, los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo.

COMPRA DE ACCIONES DE LIBERTAD DIGITAL

Por último, en el escrito también hace referencia a otra de las cuestiones que se juzgarán a partir del próximo 8 de febrero, la suscripción de acciones de Libertad Digital. El extesorero del PP relata que Lapuerta realizó dicha acción a finales de 2004 por importe aproximado de 140.000 euros «con los fondos procedentes de la caja b».

Me pidió que se los facilitara, y así hice, de la caja fuerte que se encontraba en mi despacho», destaca Bárcenas en su escrito, en el que apostilla que el motivo de esta suscripción fue «a consecuencia del aumento de capital social» que se realizó por este medio de comunicación y su «afinidad» a las ideas del partido.

Concluye que tres años después, en 2007, se enteró de que Lapuerta había vendido las acciones, pero que desconoce el precio de venta y que, en cualquier caso, el dinero no se devolvió a esa caja ‘b’.