El abogado del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Gonzalo Boyé, que ejerce la acusación popular en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la ‘caja b’ del PP, ha recriminado a la defensa del partido de Pablo Casado que haya intentado deslegitimar la personación de las acusaciones populares en esta vista oral acusándolas de tener fines espurios. «Estamos aquí por las acusaciones populares, por Izquierda Unida y DESC», ha añadido, señalando que el juicio no se celebra gracias al «empuje» de Fiscalía.

Durante la segunda jornada de esta vista oral que se sigue en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional, Boye también se ha dirigido a la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas –que se sienta en el banquillo de los acusados en esta causa– para recordarle que no basta con que «cuente su historia» sino que es necesario además que se dé una corroboración periférica con pruebas.

Así, ha pedido a la defensa del extesorero ‘popular’ que señale qué periodista de los que propone llamar a declarar tiene la supuesta grabación de audio en la que el también extesorero del PP Álvaro Lapuerta hablaba sobre entregas en metálico que se realizaban mensualmente a miembros del Partido Popular, y en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy.

Durante su intervención, en la que ha anunciado que reordenan su escrito de acusación puesto que han pasado tantos años desde que lo escribieron que hay que adaptarlo, ha informado de que renuncian a 73 testigos (uno de ellos el ya difunto Juan Cotino), que están de acuerdo con la prescripción del delito relacionado con el impuesto de sociedades de 2006 pero que consideran que se han de mantener los relacionas con 2007 y con el IVA de 2010. Cabe recordar que el principal hechos que se juzga es el presunto pago con dinero de la ‘caja b’ de las obras de remodelación de la sede ‘popular’ de la calle Génova.

Al hilo, de los testigos a los que renuncia ha destacado a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias –cumpliendo condena por la primera época de la trama Gürtel–, y ha explicado que no quieren su testifical porque creen necesario que el extesorero pueda declarar en el juicio «sin sentirse atribulado o amenazado». «La testifical de Rosalía Iglesias no aporta y además puede alterar el ánimo del señor Bárcenas», ha dicho.

«ABOGADO DE DESC ANTES DE CONOCER A PUIGDEMONT»

Boye ha dedicado gran parte de su esfuerzo declaratoria a desarmar lo expuesto en el día de ayer por el abogado del PP, Jesús Santos. Así, ha enfatizado que le sorprende que quien pide falta de legitimidad de las acusaciones populares es el abogado de un responsable civil subsidiario –el PP está en al causa bajo esa acusación–.

Le ha reprochado a Santos que trate de confundir identificando a los abogados con sus clientes y le ha echado en cara que «enlode» recordando que él es el abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont. «Soy abogado de DESC de antes de conocer a Puigdemont», ha recalcado, para luego decir que es una falta de respeto y un abuso de derecho confundir a los abogados con las causas que defienden.

Tras esto, Boye ha pedido realizar un ejercicio de imaginación a la Sala y ha expuesto el supuesto caso de que una acusación popular quisiera saber por qué una defensa (por el PP) se reúne con un juez en ejercicio. Hay circunstancias «que dan pie a corrupción y que son iniciativa a investigar por acusaciones populares», ha añadido.

«YA NI LUIS ES FUERTE»

Se refería así al actual consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid –antes magistrado de la Audiencia Nacional–, Enrique López, que, según informaron fuentes cercanas, puso en contacto al abogado del PP en la causa por la ‘caja b’ del partido, Jesús Santos, con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con Bárcenas.

En cuanto a la defensa del extesorero, Boye ha indicado que es necesario analizar la utilidad de las pruebas que propone y cree conveniente respecto a los periodistas que propone citar saber si son testigos directos o de referencia. Y ha insistido en que es mejor que se diga quién tiene la grabación relativa a Rajoy para «acortar caminos».

«Luego el tribunal debe decidir si es pertinente aceptar esa prueba. Pero no puedes llenar la sala de periodistas», ha señalado el abogado de DESC, quien sí que ha visto pertinente que el abogado del extesorero presente nuevas pruebas porque «en seis años ha corrido tanta agua bajo el puente, que ya ni Luis es fuerte» –haciendo alusión al mensaje que recibió Bárcenas de Rajoy–.

En la misma línea se ha manifestado la acusación popular ejercida por IU, que ha igualmente ha recordado que gracias a su querella presentada en febrero de 2013 se abrió este procedimiento. «Esto tiene que ser valorado y no el desprestigio que se nos ha tratado de hacer», ha dicho el abogado Raúl Maíllo, que se ha dirigido al abogado del PP para afearle las «vinculaciones políticas» que hizo durante su exposición de cuestiones previas.

También se ha opuesto a que la defensa del PP haya entregado al tribunal varias sentencias sobre los enfrentamientos judiciales que han mantenido el partido y el que fuera su tesorero, en las cuales se dan la razón a la formación política. «No es hora de sacar músculo e identificar qué han hecho unos y otros», ha afirmado Maíllo.

Ha sido su compañero, el abogado Juan Moreno, quien se ha centrado más en contestar a las cuestiones planteadas por el resto de partes, compartiendo con la acusación popular ejercida por Desc que «lo más lógico es que se articule un medio para conseguir la grabación» en la que se escucha hablar de Rajoy.

Sobre el careo con el expresidente del Gobierno planteado por la defensa de Bárcenas, ha indicado que «en principio pueda tener utilidad», aunque se debería esperar a que éste testifique y se compruebe si ha presentado alguna contradicción con la versión del extesorero.

«PARECE QUE SE QUIERE AMORDAZAR A LAS ACUSACIONES»

El letrado de IU ha utilizado gran parte de su intervención en defender la necesidad de escuchar a todos los testigos propuestos, así como las acusaciones que ha formulado. «Parece que aquí lo que se quiere hacer es amordazar a las acusaciones», ha señalado, al tiempo que ha rechazado que el juicio se acote a cómo pagó el PP la reforma de su sede.

«Esta causa va a más, a la existencia de una ‘caja b'», ha apuntado, por lo que ha defendido que durante la vista oral se analice de «dónde provienen esos fondos», «qué se hizo con el sobrante» de la contabilidad paralela, si el dinero se usó o no para campañas electorales del PP. Por todo ello, ha pedido un juicio «abierto, claro y transparente».

El resto de acusaciones populares también han defendido su actuación en este juicio. El abogado del PSOE valenciano, Virgilio Latorre, ha destacado que si piden testigos que tienen que ver con piezas separadas relativas al caso Gürtel –de cuya instrucción se abrió la investigación sobre la presunta caja ‘b’ del PP– es porque todas ellas están «entrelazadas» y es necesario tener una «visión global».

RECUERDAN QUE EL PP TRATÓ DE PERSONARSE

Además, tanto esta acusación popular como la ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) han afeado al PP que intente limitar su actuación en este juicio cuando precisamente los ‘populares’ trataron de personarse como acusación popular al inicio de la causa.

En cuanto a las defensas, la mayoría de ellas han pedido al tribunal que no admita el nuevo escrito de acusación provisional formulado por DESC al considerar que es «extemporáneo» y que aún así siguen recogiendo hechos que, a su entender, están prescritos.

La Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, grupo de profesionales del Derecho en torno al que se reúnen diversas instituciones educativas, ha presentado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, una Petición en la que se solicita el amparo de las instituciones comunitarias porque consideran una «violación de derechos fundamentales» la nueva Ley educativa, la LOMLOE (también conocida como ‘Ley Celaá’), aprobada el pasado 23 de diciembre, y porque también consideran que supone un «ataque a la Libertad de Educación».

La Comisión Jurídica, en su escrito ante el Parlamento Europeo, registrado por esta cámara el pasado 28 de enero, denuncia, entre otros, la «violación» de los artículos 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 27 de la Constitución Española, que protegen la libertad de educación y de enseñanza, en particular, la libertad de los padres a que sus hijos puedan recibir una educación conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

En concreto, la Comisión hace hincapié en seis aspectos básicos que, a su juicio, vulneran la normativa comunitaria o nacional. El primer punto es «la vulneración de la libertad educativa y religiosa, al no relacionarse la asignatura de Religión de entre las materias a impartir, lo que puede dar lugar a su directa supresión, o a su minusvaloración, al perder la exigencia de equiparabilidad y evaluación de la asignatura».

En segundo lugar, piden amparo a la Eurocámara por «la inclusión de asignaturas de carácter ideológico que podrían violentar las creencias de padres y alumnos, alejándose de valores comunes y al margen de aquellos que encuentran acogida en la Constitución Española y textos comunitarios».

Asimismo, denuncian «la abierta discriminación de la escuela concertada, al incluir un pseudoderecho a la educación pública que hace de la concertada un sistema educativo subsidiario, y que, al eliminar concepto de demanda social pretende su paulatina asfixia, quebrantando la libertad de creación de centros de enseñanza y la libertad educativa».

Igualmente, creen que la LOMLOE realiza una «persecución del modelo de educación diferenciada, violentando el ideario de los centros y la libertad de elección del modelo pedagógico o educativo que los padres entiendan más adecuado para el desarrollo de la personalidad de sus hijos en libertad».

También consideran que con esta Ley se producirá una «progresiva desaparición de la educación especial frente al criterio de una amplia mayoría de padres, quienes ven cómo sus hijos no van a poder optar libremente por un sistema pedagógico adecuado a sus circunstancias».

Y, finalmente, denuncian esta Ley por «la desprotección del español o castellano en las aulas, al quedar la utilización de la lengua oficial del Estado al albur de arbitrarias decisiones administrativas o políticas, desconociéndose el deber de todos los españoles a conocerla y su derecho a usarla».

La Comisión Jurídica asegura que ya mostró a la Unión Europea la «deriva liberticida» que ha tomado la legislación educativa en España. En este sentido, la asociación trabaja para que «la vulneración de Derechos Fundamentales reciba la oportuna respuesta política desde el Parlamento Europeo y se abran vías de intervención para que las instituciones comunitarias protejan jurídicamente los derechos esenciales de tantas familias que han sido vulnerados».

La asociación se suma así a la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, que también envió una Petición de amparo al Parlamento Europeo al considerar la LOMLOE un «ataque frontal» y «sistémico» al Estado de Derecho en España y ser contraria a la Constitución Española y a varias normas internacionales y supranacionales.

Sin embargo, la Comisión Europea ha evitado pronunciarse sobre la nueva Ley de educación en España, al señalar que la educación es una competencia exclusiva de cada estado miembro de la UE.

Ante la denuncia del sector de la concertada, la portavoz de Educación de la Comisión, Sonya Gospodinova, ha recordado que las competencias en educación corresponden a cada estado miembro, que «puede organizar su sistema educativo», por lo que el Gobierno europeo «carece de poderes legales» en esta materia.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella (Málaga) a dos personas por su presunta responsabilidad en el robo de más de 16.000 euros de la caja fuerte de un supermercado de la localidad. Los arrestados son un encargado del negocio, a quien la investigación sitúa como supuesto organizador de la trama, y un compinche del anterior, ajeno a la empresa perjudicada.

Este último contaría con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y sería presuntamente el que ejecutaría el plan, asaltando en la oficina al empleado –en connivencia con él–, con la exhibición de un arma de fuego, según han informado desde la Comisaría provincial de Málaga a través de un comunicado.

Los hechos que dieron origen a la investigación tuvieron lugar a finales del mes de noviembre, en un supermercado situado en una urbanización de alto poder adquisitivo de la localidad malagueña de Marbella. Un aviso al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc) 091 alertaba de un atraco en el establecimiento cerca de la hora de cierre al público, a las 21.15 horas.

El atraco fue denunciado en Comisaría por la víctima, que a la postre resultaría detenida por su presunta implicación en un delito de simulación de delito. Este informó de los hechos, aunque proporcionando vagos datos del atracador con la excusa de hallarse muy nervioso por la situación; de hecho, se dio de baja psicológica tras el atraco, según la investigación.

Las primeras pesquisas apuntaban a que el responsable en ese momento del establecimiento resultó abordado por un asaltante, quien, tras acceder a la tienda con el comportamiento de un cliente más, se dirigió a la oficina en la que se hallaba alojada la caja fuerte, intimidando al encargado mediante la exhibición de un arma de fuego e instándole a proporcionarle el dinero.

En una requisa en el exterior del supermercado, agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana hallaron un teléfono móvil –en la ruta de huida del atracador–, que resultaría crucial para el esclarecimiento de los hechos. Para la extracción de la información del terminal, se contó con la colaboración de funcionarios destinados en el Grupo de Ciberdelincuencia.

Los investigadores analizaron de modo exhaustivo la información contenida en el teléfono, que terminó delatando a los sospechosos. Así, descubrieron indicios que implicaban directamente al responsable del establecimiento –no sólo al facilitar el robo, sino también en su organización– y al segundo de los investigados, como artífice material del atraco.

En el marco de la Operación ‘Huertas’, llevada a cabo por agentes del Grupo II de la UDEV de la Comisaría de Marbella, se efectuaron este pasado lunes registros en los domicilios de los arrestados, en Estepona (Málaga).

En la vivienda del artífice material del atraco, de 29 años y nacionalidad alemana, se intervinieron varios efectos como dos armas de fuego real (tipo revólver), varias pistolas simuladas, indumentaria utilizada en el atraco, relojes de alta gama y una máquina para contar billetes. En dicha vivienda, los agentes también localizaron la caja del terminal telefónico hallado en las proximidades del establecimiento.

Por otra parte, en la morada del otro investigado –el empleado del establecimiento–, de 41 años y de nacionalidad española, no se recuperó ningún efecto de interés para la investigación.

Los investigados han sido puestos este martes a disposición judicial, en Marbella, en relación con presuntos delitos de robo con violencia o intimidación, tenencia ilícita de armas, simulación de delito y contra el patrimonio.

El PP ha asegurado este martes que el consejero madrileño y secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, no ha llevado a cabo «ningún tipo de negociación» con el extesorero Luis Bárcenes y que se limitó a poner en contacto a un empresario con el abogado del Partido Popular, Luis Santos.

Según informa ‘El Mundo’, López puso en contacto al abogado del PP en la causa por la ‘caja b’ del partido con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con Bárcenas. El diario habla de la celebración de una docena de encuentros entre ambos desde finales de 2017 y 2019.

Fuentes cercanas a López, que es consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, ya confirmaron anoche esta información, señalando que, al inicio de estos encuentros, el entonces juez de la Audiencia Nacional se limitó a poner en contacto a dos desconocidos.

CASADO RECUERDA QUE LÓPEZ ERA MAGISTRADO Y NO ESTABA EN EL PP

En esta línea se han pronunciado públicamente el líder del PP, Pablo Casado, que ha admitido –en una entrevista en RAC1– que tras ver esa información anoche llamó a López, que en «esa época era magistrado de la Audiencia Nacional».

Según ha explicado, se dirigió a López una persona de su entorno de trabajo y «parece que es algo habitual en los pleitos, incluso del orden civil». «¿Quién es el abogado de esto? Éste», ha manifestado, para relatar que eso fue lo único que hizo.

Tras asegurar que eso «no es sorprendente» porque López «no estaba en el Partido Popular», al que «entra en el año 2020» como responsable de área de Justicia e Interior, ha destacado que el periódico «reconoce en su propia información que no ha habido ninguna negociación».

El presidente del PP ha subrayado que «un partido en la oposición no tiene nada que negociar» y ha dejado claro que él no lo haría «jamás». «Lo que Enrique López cuenta, a mi me encaja», ha afirmado después.

En esa entrevista radiofónica, Casado ha reiterado su «compromiso con la ejemplaridad» y ha defendido que se «sepa todo» cuanto antes. «Si el juez decide que hay algún culpable, a mí no me temblará la mano», ha manifestado.

GAMARRA: «NINGÚN TIPO DE NEGOCIACIÓN»

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, cuando se le ha interrogado por esa información sobre López en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Al preguntada expresamente si la dirección de Casado autorizó al abogado del partido a reunirse con el intermediario de Bárcenas, Gamarra ha señalado que el propio líder del PP ya ha explicado «la realidad» de esas informaciones y ha añadido que «Enrique López no ha llevado a cabo ningún tipo de negociación ni se ha reunido absolutamente con nadie».

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por haber afirmado en una entrevista en el diario ‘Ara’ que en España no hay una situación de plena normalidad democrática.

En un acto de la campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero en Tarragona, Casado ha retado así a Sánchez: «Cuando Pablo Iglesias dice que España no es una democracia y que hay presos políticos como si fuéramos una dictadura, no he visto que Pedro Sánchez diga ‘Usted está cesado mañana si no rectifica lo que ha dicho».

El popular ha apuntado que, si no se produce dicho cese este mismo martes, Sánchez será «cómplice y responsable» de las palabras de Iglesias.

Además, Casado ha retado también a Sánchez a decirle al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que «no va a haber mesa de amnistía y autodeterminación porque España ni es una dictadura, que es donde operan las amnistías, ni Cataluña es una colonia de España, que es donde opera según Naciones Unidas la autodeterminación».

De forma similar, ha afirmado que, si el presidente no comunica eso a Iceta, será «responsable de llamar a Cataluña una colonia y decir que España es una dictadura».

Casado también ha instado al Gobierno a comprometerse a no formar un tripartito en Cataluña con ERC tras las elecciones, o romper los pactos municipales con JxCat y ERC.

Por último, ha exigido el cese de la presidenta del PSC, de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, por estar investigada: «Es alcaldesa, presidenta del PSC y forma parte de la ejecutiva federal porque Sánchez lo ha querido. Si Sánchez quiere dar recetas de ejemplaridad, que hoy mismo cesen a Núria Marín para tener algo de credibilidad y dejar de emponzoñar la campaña catalana».

El exalcalde de Castril (Granada) José Juan López Ródenas (PSOE) ha negado este martes en la Audiencia de Granada haber utilizado el móvil que tenía asignado por el Ayuntamiento durante su etapa de gestión para asuntos ajenos a la función pública y «mucho menos» para contratar servicios eróticos o de televisión, algo que no ha «hecho jamás», según ha defendido ante el jurado popular que está enjuiciando su caso.

De hecho, ha mantenido que nunca llegó a contratar de forma «consciente y voluntaria» ninguno de estos servicios por los que se le ha tarifado, sino que fue víctima de una «estafa», pues él «desconocía» cómo funcionaban y el modo en que pudieron llegar a activarse. «Yo no me pasaba el día abriendo mensajes», ha relatado.

López Ródenas, que fue alcalde de Castril de 2004 a 2011, ha declarado así en el juicio que ha comenzado este martes contra él por un delito de malversación de fondos públicos que le atribuye la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de la localidad, a raíz de que se detectaran en las facturas telefónicas cargos por servicios de ocio, compras, descargas, productos de televisión y eróticos.

El regidor ha mantenido que ya antes de su salida de la Alcaldía, en 2011, desde el Ayuntamiento se detectaron estos cargos «irregulares» en las facturas y se pusieron en contacto sin éxito con la compañía telefónica para reclamar.

El coste total fue de 1.579 euros que López Ródenas abonó en la cuenta municipal, por lo que su defensa sostiene que no ha existido perjuicio al Ayuntamiento de Castril y el propio exregidor enmarca esta causa en una campaña de «acoso y calumnias» contra su persona. «Ya me siento condenado», ha llegado a decir a preguntas de su defensa, la única a la que ha respondido.

La acusación particular pide para él nueve meses de prisión, multa de 804 euros e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante nueve meses. Alternativamente, solicita que se aplique la pena del Código Penal vigente a la fecha de los hechos de multa de 3.240 euros y suspensión de empleo o cargo público por 21 meses. Durante el juicio, el abogado del Ayuntamiento ha hecho hincapié en que el exregidor reintegró los 1.579 euros tarifados por estos servicios cuando «ya había sido citado a declarar por el Juzgado, de modo que no existe un arrepentimiento previo».

Agrega que, aunque se devolviera el dinero y no se trate en todo caso de una cantidad muy elevada, ello no impide que se cometiera el delito y lo que se busca con esta acusación es un «reproche penal» a esa forma de proceder.

La Fiscalía no ha formulado acusación contra el exregidor, aunque ha querido aclarar a los miembros del jurado que esta posición «no es definitiva» y, si se demuestra durante el juicio que contrató de forma voluntaria estos servicios ajenos a su labor pública, «no tendrá inconveniente» en modificar sus conclusiones. Está previsto que la vista oral continúe este miércoles.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación y de FP, el nombramiento de Encarna Cuenca, hasta ahora presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, como presidenta del Consejo Escolar del Estado (CEE). Sustituye así a Enrique Roca, quien deja el cargo tras más de dos años al frente del principal órgano consultivo en materia de Educación.

Encarna Cuenca (Albacete, 1958) es Diplomada en Magisterio, especialidad Ciencias, y Licenciada en Bellas Artes, especialidad de Escultura, por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Desde septiembre de 2015 es presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana y, por tanto, miembro de la Junta de Participación Autonómica, por lo que ha formado parte de los trabajos y debates del Consejo Escolar del Estado desde entonces.

Entre 2005 y 2012 fue directora del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE), subdirectora general de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, directora de la Agencia Sócrates en la Subdirección General de Programas Europeos y jefa de Registro de Centros de la Subdirección General de Programas Educativos Europeos, puestos todos ellos en el Ministerio de Educación.

Anteriormente, fue responsable de Programas Europeos de Educación y traductora del Gabinete de Enseñanza y Uso del Valenciano en la Consellería de Cultura, Educació i Ciència de la Comunitat Valenciana. Además, ha ejercido la docencia en centros educativos de Educación Primaria e Institutos de Educación Secundaria.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha agradecido a Enrique Roca, hasta ahora director del CEE, su trabajo al frente de este organismo.

«A lo largo de estos años en los que has ejercido como presidente del Consejo Escolar del Estado, hemos tenido que enfrentarnos a desafíos que van mucho más allá del funcionamiento ordinario del sistema educativo, a causa de la pandemia de la COVID-19», ha asegurado la ministra, en la que manifiesta su satisfacción con el funcionamiento del Consejo.

PERSONALIDADES DE RECONOCIDO PRESTIGIO

Por otra parte, al haber concluido el periodo para el que fueron nombrados, se han renovado los puestos de cinco consejeros titulares del grupo de personalidades de reconocido prestigio. Dos de ellos prorrogan su permanencia y tres se incorporan al Consejo.

Los nuevos consejeros son Francisco Luna, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto y vicepresidente del Consejo Escolar de Euskadi de 2009 a 2013; José Manuel Bar, licenciado en Filosofía, Ciencias de la Educación y Psicología, inspector de Educación y vicepresidente de la asociación de inspectores ADIDE; y Raquel Pérez Sanjuán, directora del secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y profesora asociada de Derecho Canónico en Ciencias Religiosas.

Continúan Nieves Segovia, consejera desde 2015, doctora en Pedagogía, vicepresidenta de la Asociación de Colegios Privados Independientes – Círculo de Calidad Educativa (CICAE); y Maria Luz Sanz Escudero, consejera desde 2008 a propuesta del Comité De Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y socia fundadora de la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Auditiva de Navarra Eunate.

El Consejo Escolar del Estado es el órgano de participación de los sectores más directamente relacionados con el mundo educativo. Se creó con la Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación en 1985. Su ámbito se extiende a todo el Estado. Desarrolla también una labor consultiva, de asesoramiento y propuesta al Gobierno en relación con los distintos aspectos del sistema educativo. Está formado por 107 integrantes, entre los cuales se encuentran 12 personalidades de reconocido prestigio.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha acusado a Podemos de «ignorar deliberadamente el culto a ETA y a sus terroristas» en Euskadi y Navarra, al respecto de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión, presentada este martes por el grupo parlamentario de la formación que lidera Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados.

La razón de esta crítica es que una de sus propuestas de modificación es la supresión del artículo 578 del Código Penal, que tipifica los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas.

A juicio del colectivo, esta propuesta refleja que Podemos «obvia deliberadamente el hecho de que en Euskadi y Navarra se homenajea a los miembros de ETA cuando salen de prisión o cuando son los aniversarios de su muerte, al centrarse exclusivamente en criticar las condenas que se han producido a raíz de expresiones de apoyo al terrorismo en redes sociales o manifestadas por cantantes u otros artistas».

Covite ha advertido de que va a continuar reclamando la aplicación del artículo 578 «mientras se sigan produciendo homenajes públicos a terroristas de ETA en las mismas calles en las que ETA asesinó a nuestros familiares».

La presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez, ha recordado que, desde que a finales del año 2016 se puso en marcha el Observatorio de Radicalización, Covite ha documentado un total de 151 homenajes a miembros de ETA: dos en 2016, 48 en 2017, 63 en 2018, 20 en 2019 y 18 en 2020.

Asimismo, el Colectivo ha reprobado que Podemos utilice el argumento de que «ni ETA, ni GRAPO ni su entorno están ya activos» para reclamar la eliminación del artículo 578 del Código Penal. En su opinión, es falso este argumento puesto que «quedan decenas de terroristas por detener, no se ha llevado a cabo la operación policial de disolución de ETA, y su entorno social y político siguen hoy igual de activos en la legitimación del terrorismo etarra que cuando ETA mataba».

AUDIENCIA NACIONAL

Consuelo Ordóñez ha remarcado que este «es el mismo argumento que utiliza la Audiencia Nacional para no aplicar el artículo 578 del Código Penal, un artículo que, hasta hace muy poco, ha servido para condenar a dirigentes de la izquierda abertzale como Otegi o Tasio Erkizia por los mismos hechos que Covite lleva denunciando desde 2016».

En esa línea, ha insistido en que la AN es «la única institución que se empeña en seguir negando que lo que denunciamos son homenajes a terroristas, puesto que sigue calificándolos como manifestaciones de alegría». Por tanto, este tribunal es, a su entender, «la principal institución responsable de que estos actos se sigan celebrando con total impunidad».

Asimismo, ha denunciado que «la supresión del artículo 578 del Código Penal dejaría todavía más desprotegidas a las víctimas del terrorismo ante esta dolorosa realidad que solo revictimiza a las víctimas y que no contribuye en absoluto a construir una convivencia en paz y libertad tras el cese del terrorismo etarra».

Covite también ha criticado que en la proposición de Podemos se mencione que «el impacto del artículo 578 es devastador para las personas». «Lo que es devastador para las víctimas del terrorismo es ver cómo se rinde honores a los asesinos de nuestros familiares en los mismos lugares en los que los han asesinado», ha subrayado Ordóñez.

PARLAMENTO EUROPEO

Además, el colectivo ha apuntado que, si saliera adelante la proposición de Podemos, «se estarían contradiciendo las últimas recomendaciones del Parlamento Europeo respecto a cómo abordar el problema de los homenajes públicos a terroristas», en referencia a las recomendaciones del 12 de diciembre de 2018 y del 17 de noviembre de 2020.

En ellas, el Parlamento Europeo pide a los Estados Miembro «que prohíban los homenajes a las personas declaradas culpables de actividades terroristas mediante sentencia firme»; y de forma específica a España, que «evite que las víctimas del terrorismo sean humilladas por actos como los homenajes a terroristas que se han producido en los últimos años en España».

Ordóñez ha remarcado que «el culto al terrorista es algo que solo sucede en el País Vasco y en Navarra». «¿O acaso veríamos en Francia a cientos de personas rindiendo homenaje a los terroristas yihadistas de los atentados de Bataclan? ¿Permanecería la justicia francesa impasible si eso sucediese?», se ha preguntado.

Por último, Covite ha cargado contra Podemos por introducir esta proposición de supresión del artículo 578 del Código Penal en un apartado que lleva por título las injurias al Gobierno de la Nación y a otras instituciones como el Consejo del Poder Judicial o la Corona.

De este modo, ha considerado que esta es una manera de «hacer desaparecer a las víctimas del terrorismo y el sufrimiento que provoca esta realidad tan preocupante». Desde Covite estiman que Podemos, que integra el Gobierno central, «haría mejor en abordar el grave problema de radicalización violenta ultranacionalista que se vive en el País Vasco y Navarra, que no se ha querido ni se quiere enfrentar, en vez de buscar formas de dejar todavía más desprotegidas a las víctimas del terrorismo».

Unidas Podemos ha asegurado que el PSOE, su socio de gobierno en coalición, conocía el registro de la proposición de ley para proteger la libertad de expresión, al derogar los artículos del Código Penal sobre delitos de opinión, y ha defendido que su iniciativa permite ganar tiempo para preservar este derecho constitucional, al entender que el Ministerio de Justicia no dispone de un texto articulado.

También ha reivindicado que el Ejecutivo debería indultar al rapero Pablo Hasel, condenado por injurias a la corona y enaltecimiento del terrotorismo, al ser una medida coherente con el espíritu de esta reforma legislativa, dado que precisamente persigue evitar que cantantes o artistas vayan a la cárcel por opiniones vertidas en su obra.

Así lo han indicado en rueda de prensa los diputados del grupo parlamentario Jaume Asens (En Comú Podem) y Enrique Santiago (IU) para dar cuenta del registro de esta iniciativa, que se produce horas después de que el Ministerio de Justicia avanzara también su intención de una propuesta muy similar.

En ambos casos, persiguen derogar los delitos de injurias a la corona e instituciones del estado, contra los sentimientos religiosos o enaltecimiento del terrorismo para garantizar este derecho constitucional.

Sobre estos anuncios paralelos entre los miembros de coalición y posible falta de coordinación con el PSOE en esta materia, Asens ha dicho que no tiene «malestar ninguno» con el departamento dirigido por Juan Carlos Campo y celebra sus «palabras».

No obstante, ha añadido que está bien esa sintonía sobre la conveniencia de aumentar la protección de la libertad de expresión pero cree que esa mera declaración es «insuficiente» y que quieren ir «más allá», con un texto ya definido para abordar el «problema» de condenas por delitos de opinión en términos «más globales».

Su compañero Enrique Santiago ha interpretado que las manifestaciones del Ministerio no son una «proposición elaborada» ni un «texto articulado», como el de Unidas Podemos, sino una «declaración rápida» ante la trascendencia pública que adquirió el inminente ingreso en prisión de Hasel y el manifiesto de apoyo de más de 200 representantes del mundo del arte y la cultura españoles, encabezados por el cineasta Pedro Almodóvar, el cantautor Joan Manuel Serrat o el actor Javier Bardem.

Por otro lado, el portavoz adjunto de Unidas Podemos ha reivindicado que, con esta proposición de ley, han cumplido el acuerdo de coalición dado que el PSOE estaba informado de los planes de registrar esta iniciativa durante la mañana de hoy.

«Por supuesto que el PSOE conocía la proposición de ley», ha relatado Santiago para señalar que la iniciativa similar ya fue registrada la legislatura pasada y que en febrero del año pasado se volvió a presentar, aunque fue retirada ante las necesidades más apremiantes relacionadas con la gestión de la crisis del Covid-19.

En todos los casos se informó de los pasos dados a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y ha relevado que, ayer por la tarde, de volvió a contactar con este departamento para recordar que el registró de la propuesta para aumentar el blindaje de la libertad de expresión se iba a realizar este martes.

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón de 23 años de edad, como presunto autor de 30 delitos de agresión sexual, abuso sexual, delito de exhibicionismo, allanamiento de morada, coacciones y acoso sexual ilegítimo, conocido también como acecho o ‘stalking’.

Según ha informado la Guardia Civil este martes en nota de prensa, el pasado diciembre del año 2020 se llevó a cabo una investigación por un hecho acontecido en la estación ferroviaria de Binissalem, en el que ya se detuvo a esta misma persona, por abordar a una chica a la que sometió a tocamientos en contra de su voluntad.

A raíz de esta detención y ante las sospechas de que el detenido estuviera implicado en más casos de abusos sexuales, se inició una investigación por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Inca, que comprobó que el investigado estaba relacionado con una serie de denuncias por acosar a varias mujeres por teléfono, así como con otras denuncias de abusos de las que se desconocía al autor de los hechos.

Por otro lado, los agentes obtuvieron una serie de declaraciones de víctimas que no habían denunciado hechos de índole sexual, tras realizar un rastreo en diferentes redes sociales en las que se hacían comentarios sobre estas.

Una vez que los agentes comprobaron la existencia de estos casos,comenzaron a citar en dependencias policiales a las diversas víctimas y a tomar las correspondientes denuncias que no se habían presentado hasta el momento. Tras varias semanas de trabajo, se comprobó que el ahora detenido estaba implicado en una treintena de casos.

En una de las ocasiones el varón detenido fue identificado por la Policía Local de Binissalem, tras ser requeridos por el Instituto de la citada localidad al detectar varias quejas por parte de alumnas del mismo, hecho que se puso en conocimiento de los investigadores.

Muchas de sus víctimas habían sido abordadas a la salida de varias estaciones ferroviarias de Mallorca, el ‘modus operandi’ en estos casos era esperar en la estación de tren hasta que saliera una mujer sola, seguirla hasta una zona de poco tránsito y abordarla para tratar de agredirla o abusar sexualmente de ella.

También hay diversos casos en los que el supuesto autor de los hechos, se escondía en algún lugar y abordaba a sus víctimas de improviso, llegando a introducirse en el vehículo de varias de ellas.

Los investigadores comprobaron cómo llegó a cometer hasta siete casos una misma noche y que algunas de las víctimas habían realizado un llamamiento en las redes sociales, alertando del comportamiento de esta persona contra las mujeres de la localidad de Inca.

Por ello, este lunes se ha procedido a la detención del presunto autor de estos hechos, que pasará a disposición judicial en los próximos días.

Vox ha pedido amparo en el Congreso para condenar los ataques que están sufriendo sus militantes y dirigentes en sus actos de campaña en Cataluña pero, de momento, su demanda no ha tenido éxito al no sumar el apoyo de ningún otro partido de la Cámara.

Así lo ha explicado la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, en una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces, en la que han planteado que se aprobara una declaración institucional de condena esas agresiones.

Olona ha señalado, primero en la red social Twitter y después ante los medios, que ha intentado que los demás grupos suscribieranuna declaración institucional de condena «de la violencia, el odio y el totalitarismo» que vienen rodeando los actos públicos de Vox en Cataluña.

Dado que esta semana no hay sesión plenaria, precisamente por la campaña catalana, Olona ha pedido que fuera la propia Junta de Portavoces la que la aprobase esa condena. Según ha detallado la diputada, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha indicado que si todo el mundo daba su conformidad el texto se podía votar, pero finalmente no ha sido así porque el resto de grupos ha guardado «silencio».

Así las cosas, siempre según el relato de Olona, Batet ha señalado que la propuesta se llevaría a la sesión plenaria de la semana que viene, que ya tendrá lugar tras las elecciones catalanas. En el Congreso, las declaraciones institucionales solo pueden salir adelante si cuenta con unanimidad.

LA ERTZAINTZA COLABORÓ, LOS MOSSOS, NO

Olona ha recordado que tampoco el pasado mes de junio ningún partido se sumó al manifiesto ‘Por la libertad y la democracia’ impulsado por su formación, así como las dificultades que tuvieron para hacer campaña en el País Vasco, aunque ha resaltado que allí la Ertzaintza sí desplegó «operativos policiales adecuados» en cada momento.

No está sucediendo así en Cataluña, según ha denunciado, porque el conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha dado «la orden política» de que los Mossos de «mantengan de brazos caídos», no despliegan cordones de seguridad en sus actos, y ponen en «riesgo la vida» de todos los que acuden a ellos.

Olona, ha vuelto a arremeter también contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tachándole de «indigno» y volviendo a pedir su dimisión por haber «convertido a Vox en objeto de los violentos» al calificarles de «fascistas».

«Todo lo que ocurre en Cataluña es culpa directa de su innacción», ha insistido, incidiendo en que «la equidistancia de unos, la tibieza de otros, el silencio o directamente la demonización de Vox» es lo que está provocando que sean objeto de agresiones. «Se cosifica, se deshumaniza y a partir de ahí, todo está justificado», se ha quejado.

ERC TAMBIÉN RESPONSABLES

Y también ha aprovechado Olona para recriminar al PP su «bochornosa» abstención en la moción que Vox llevó en septiembre al Pleno del Congreso en favor de unas «elecciones libres, pacíficas y sin violencia».

Sobre las agresiones a Vox en Cataluña se le ha preguntado en rueda de prensa al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha contestado que «al fascismo se le combate en la urnas». Olona ha dicho estar de acuerdo, pero subrayando que Vox «no es un partido fascista», y acusando a Rufián de ser «unos de los grandes responsables» de los ataques a sus militantes por dirigir una formación que «delinque», es «totalitaria» y «alienta a sus cachorros a salir a las calles para cometer agresiones».

De su lado, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha asegurado que desde el PSOE condenan «cualquier acción violenta que pretenda impedir el libre ejercicio de la expresión en campaña o fuera de la campaña electoral».

El Rey Felipe VI ha afirmado este martes que «el ejercicio de un periodismo en libertad es consustancial a la democracia» y, en España, «que es buen exponente de ello», hay «excelentes profesionales que con su trabajo contribuyen a fortalecer las instituciones destinadas al servicio de todos los españoles».

Así se ha expresado el monarca en el acto de entrega de los Premios APM de Periodismo de los años 2019 y 2020 que, en esta ocasión, reconocen a Francisco Giménez-Alemán, Carlos Franganillo, Carlos Alsina, Clara Jiménez Cruz, Jaime Santirso, Constantino Mediavilla, Fernando Peinado, Elena Jiménez, Laura Galaup y Manuel Rico.

En este sentido, cree que, en la defensa de los valores y principios del periodismo, los profesiones «no han de sentirse solos: es necesario que cuenten con el respaldo de los responsables de los medios de comunicación».

También ha puesto en valor la labor de los periodistas en el marco de la pandemia de la Covid-19, a la hora de concienciar a la ciudadanía del desafío que supone, así como para generar «esperanza». «Explicar lo sucedido día a día, narrando el trabajo comprometido de nuestros sanitarios y de tantas personas involucradas en paliar la situaciones dramáticas que vivimos, contar también con sensibilidad el sufrimiento de las familias afectadas por la enfermedad, como habéis venido haciendo, ha sido y es esencial para que los ciudadanos se conciencien del desafío que enfrentamos», ha afirmado.

Durante su intervención en el acto, presidido por Sus Majestades los Reyes, Felipe VI ha manifestado que también es esencial «para generar esperanza, tan necesaria en situaciones como esta, a través de aquellas noticias sobre, por ejemplo, el incesante esfuerzo» de los científicos en sus investigaciones acerca del control y la erradicación del virus. Así, ha reivindicado la necesidad del oficio y la labor periodística.

Felipe VI ha puesto de relieve que la «difícil» situación económica que implica la reducción de las fuentes de financiación publicitaria y, en consecuencia, «la precariedad en muchos de los empleos en este ámbito, así como la evolución constante de la tecnología que condiciona el modelo de negocio y la profesión misma, dibujan un escenario complejo para los medios de comunicación».

EL PERIODISMO «ES HOY Y SIEMPRE NECESARIO»

El monarca considera que, pese a los cambios que se viven en el ámbito de la comunicación, el periodismo «es hoy y siempre necesario. «Y los periodistas seguís teniendo la noble misión de servir a la verdad, de transmitir fielmente los hechos en un contexto no exento de dificultades y en donde elementos como la desinformación, las noticias falsas o la propaganda pugnan por influir cada vez más en la realidad», ha manifestado.

Felipe VI ha subrayado que los periodistas «no pueden olvidar» que los destinatarios de su trabajo «esperan de ellos que actúen con rigor, que eviten la precipitación en la difusión de la información y que, además, contrasten o la intenten contrastar antes de difundirla». «No habéis elegido una profesión cualquiera. Verdaderamente, debéis ser conscientes de vuestra enorme responsabilidad ante la sociedad, que espera de vosotros honestidad intelectual, capacidad crítica y análisis rigurosos», ha declarado.

«Nuestra especial y entusiasta enhorabuena a todos los premiados y todo nuestro ánimo a tantos profesionales que os tienen como referencia –y también, en ocasiones, como competencia– con los que, sobre todo, compartís la pasión por ejercer el periodismo, el oficio, y desentrañar la vida y los acontecimientos que la jalonan en todo el mundo», ha señalado, para después añadir que el trabajo y la trayectoria de todos ellos «ponen de relieve el alto grado de vocación que es necesario para ejercer el periodismo, una profesión apasionante, que también conlleva problemas y muchos desafíos».

«ESFUERZO EXTRAORDINARIO» DE LA PROFESIÓN

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha agradecido a los Reyes «el cariño y el apoyo» que han sentido los madrileños por su parte «a lo largo de este último año tan complicado y tan difícil». El primer edil de la capital ha indicado que, pese a la complicada situación, «nunca» los españoles han consumido tanta información como a lo largo de estos meses, por lo que ha agradecido el «esfuerzo extraordinario que el conjunto de la profesión» para que los ciudadanos pudieran recibirla.

Martínez Almeida ha puesto de relieve la importancia de que quienes ostentan responsables de institucionales y políticas «en ningún caso» lleven a cabo «señalamientos ni hostigamientos por el simple hecho de cumplir con un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, como es el derecho a la libre transmisión de la información veraz».

Por su parte, el presidente de la APM, Juan Caño, ha recordado que en el año 2001 el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al Mejor Periodista Joven del Año fue entregado a Letizia Ortiz Rocasolano. «Hoy Su Majestad la Reina doña Letizia nos hace el honor de presidir este acto junto a Su Majestad el Rey», ha afirmado.

Además, Juan Caño ha asegurado que la «misión» de la asociación, «la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad para hacerla pública se encuentra asediada y cada vez es más evidente que sin periodismo no puede haber democracia».

Finalmente, el periodista Carlos Alsina ha tomado la palabra en nombre de los premiados y ha destacado los puntos que todos ellos tienen en común. Así, ha detallado que les gusta «mucho» trabajar y no tanto teletrabajar; que les interesa la verdad y les irrita la mentira; y que antes de informar les gusta «escuchar y preguntar».

El jefe de sección de Alergología del Complejo Hospitalario Universitario de Orense (CHUO), Carlos González de la Cuesta, ha difundido un video en el que, tras identificarse como médico, rechaza la «vacunación obligatoria» y tacha de «experimento genético» la vacuna, al tiempo que anima a la población a investigar sobre el tema en la página web de la plataforma Médicos por la verdad.

En el video, compartido en redes sociales, el doctor González de la Cuesta afirma «decir no a la vacunación obligatoria» y «no a todas aquellas medidas que restrinjan derechos y libertades sin validación científica».

Asimismo, tacha de «mal llamada» la vacuna y asegura que se trata de «un experimento genético». Además, hace una invitación a «investigar sobre si es necesaria y realmente eficaz y segura» mediante videos de Natalia Prego.

La citada página web ha generado polémica puesto que se considera una plataforma negacionista que en los últimos meses ha hecho acusaciones sobre la situación sanitaria, que llegó a tildar de «mentira».

DECLARACIONES «INACEPTABLES»

Al respecto, el presidente del Colegio de Médicos de Orense, José Luis Jiménez, ha aseverado a Europa Press que se «valorará el caso» por si «ha habido alguna falta deontológica» en la difusión del vídeo ya que, si bien González de la Cuesta no hace alusión a su cargo médico, si aporta su número de colegiado y afirma ejercer en la ciudad.

Para el doctor Jiménez más que las declaraciones de un médico se trata de «una sarta de tergiversaciones que generan desinformación» y que son «graves e inaceptables». Por ello, el Colegio de Médicos las «rechaza rotundamente».

Además, ha apostillado que puede infringir algunas de las normas deontológicas que como profesionales y facultativos están obligados a acatar. Al respecto, ha afirmado que la Junta Directiva estudiará si «es conveniente y procede» realizar un expediente informativo que termine con «la sanción pertinente» a este profesional.

«Los procedimientos son muy garantistas y llevan bastante tiempo, el primer paso sería abrir un expediente informativo, si es que se ve la materia para ello basado en nuestra deontología, y, si es así, el expediente llevará un curso que tendrá en algún tiempo un resultado que puede ser esa sanción», ha explicado el presidente del Colegio de Médicos de Ourense.

«ESTADO DE ALARMA INNECESARIO»

Del mismo modo, ha subrayado que los encargados de actuar en base al cargo que representa son la gerencia del área sanitaria ourensana y el propio Sergas, que adoptarán medidas si lo consideran.

A pesar del cargo que desempeña, Jímenez ha asegurado que el vídeo no afectará a la opinión de la población al respecto de la vacuna. «Los ciudadanos son suficientemente inteligentes y tienen los conocimientos de las dimensiones de la situación, cada vez son más las personas convencidas de que la vacuna es la solución», ha sostenido.

De hecho, José Luis Jiménez ha reflexionado que, «probablemente» el vídeo surja como «reacción al aumento de población dispuesto a vacunarse, que es superior al 80%». Ha aseverado que el Colegio de Médicos de Orense seguirá llamando a la vacunación y exigiendo tener más vacunas, por lo que ha lamentado que «mientras se pelea por esa situación salgan médicos diciendo tonterías inaceptables».

En cuanto a las declaraciones del video ha censurado que «no están basadas en datos científicos, ni tan siquiera en documentación» porque todos los ensayos clínicos se han realizado «siguiendo absolutamente todos los procedimientos avalados por las agencias reguladoras de los fármacos y no es para nada un experimento genético» sino, una vacuna preparada para una técnica de inmunización «que es la única esperanza para acabar con la pandemia», ha aseverado.

Asimismo, ha lamentado que «trate de crear un estado de alarma innecesario» con «desinformación tan grave» y dirija a «una pagina donde sólo se verán elucubraciones sin base documental que alimentan teorías conspiranoicas y un negacionismo que no lleva a ninguna parte».

RIESGO-BENEFICIO DE LA VACUNA

Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Manuel Rodríguez Piñeiro, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que «hay opiniones» varias sobre la vacuna contra el Covid-19 y considera que las valoraciones de este médico del CHUO «van por el camino de los negacionistas». «Esperemos que no coja el Covid y muera en la UCI», ha apostillado.

El doctor Rodríguez Piñeiro ha comentado que en la actualidad «hay un germen que es el Covid» que «está generando auténtico conflicto sanitario», donde unas personas «lo pasan muy mal y otras no se enteran que lo tienen».

Por ello, ha comentado que las vacunas que se administran en la actualidad frente a la Covid-19 se han puesto «a millones de personas y los efectos secundarios son como los de otros medicamentos». Por ello, ha recalcado que «hay que ponerlo en la balanza y cada uno que asuma el riesgo que quiera», tras lo que ha recordado que «en España es voluntaria» la vacunación.

En relación al posible riesgo de muerte debido a la vacuna, el doctor Rodríguez Piñeiro ha subrayado que «de momento no se ha constatado». Así, ha incidido en que cuanto más gente haya vacunada antes se alcanzará la «inmunidad de rebaño», con lo que «el resto de la población sin vacunar es como si tuvieran la vacuna.

«Aconsejamos la vacuna porque el riesgo-beneficio es muy grande y el bien común y el bien particular es muy importante», ha sentenciado, para incidir en que con estas afirmaciones el doctor González de la Cuesta «está atacando» el código deontológico.

Las asociaciones de jueces con mayor representación en la Carrera, la Profesional de la Magistratura (APM) y Francisco de Vitoria (AJFV), solicitan consenso entre todas las fuerzas políticas a la hora de reformar delitos sobre libertad de expresión tras conocer el anuncio realizado por el Gobierno sobre este asunto y coinciden en solicitar «cautela», profundización y no reformas «en caliente» respecto de cualquier cambio en el Código Penal.

En un breve comunicado, el Ministerio de Justicia anunció este lunes que está estudiando la posibilidad de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona dentro del Código Penal para que no sean castigados con penas privativas de libertad.

Desde el Comité Nacional de AJFV se señala que, como juristas, no deben entrar en si se debe despenalizar o no este tipo de delito, al ser algo que corresponde al legislador.

«Lo que sí que podemos decir es que se trata de un debate muy importante, de trascendencia de ley orgánica y que, por tanto, se debe analizar con la máxima cautela, prudencia y tranquilidad. En cualquier caso, se deben evitar reformas del Código Penal a golpe de titular o de casos concretos, la seguridad jurídica es lo primero», añaden en declaraciones desde esta asociación.

Añaden que la libertad de expresión es clave en una democracia y su regulación tiene que ser cuidadosa para no disuadir de expresar opiniones, pero sin olvidar que a veces se cometen delitos por este medio como por ejemplo, amenazas.

En todo caso, desde AFJV consideran que la libertad de expresión es un derecho fundamental incluido en el núcleo duro de la Constitución y por tanto sus limitaciones deben ser restrictivas, más aún cuando tienen trascendencia penal, «pero eso no puede justificar que se abuse de este derecho fundamental para atentar contra otros bienes jurídicos que son merecedores de protección penal».

Añaden que «la ponderación y proporcionalidad entre el libre ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la convivencia es lo que debería primar en cualquier nueva regulación de este derecho, que debe hacerse, en todo caso, valorando la jurisprudencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)».

Por parte de la APM, la magistrada portavoz María Jesús de Barco coincide con la cautela apuntada y añade que cualquier reforma del Código Penal requiere mayoría absoluta de las Cámaras, si bien «lo bueno, lo razonable, lo deseables que se alcance una mayoría suficiente entre las fuerzas parlamentarias».

En cuanto a los efectos que pueda tener la reforma, existirán si la reforma beneficia al reo, como puede ser el caso del rapero Hasel, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona en la letra de sus canciones, y que está en vísperas de entrar en prisión.

En todo caso señala que «no es bueno reformar en caliente, ni para bajar, ni para subir porque tuviéramos ayer a unos artistas mostrando su descontento», en clara alusión al manifiesto de artistas en apoyo al cantante condenado.

Añade que si bien es cierto que la libertad de expresión es un derecho fundamental, no es absoluto, tiene unos límites como son las injurias y las calumnias, y deben tenerse en cuenta lo que se denomina delitos de odio si hay canciones que incitan a ello o suponen humillación a las víctimas. Por todo ello insiste en la cautela necesaria y en la necesidad de ponderar los distintos intereses a la hora de reformar por las consecuencias que ello tiene en los derechos y libertades de los ciudadanos.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha rechazado la afirmación del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que la situación en la que están los líderes del proceso independentista de 2017 supone que en España no hay «plena normalidad política y democrática». Carrizosa le ha replicado que «lo normal» en un Estado democrático es que se aplique la ley a quienes intentan vulnerar la Constitución.

En una entrevista con el diario ‘Ara’, Iglesias ha indicado que «no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, el uno está en la cárcel y el otro en Bruselas», en referencia a Oriol Junqueras (Esquerra Republicana de Catalunya), y Carles Puigdemont (Junts per Catalunya). Así, ha lamentado que el «conflicto político» catalán haya acabado «gestionado por vías policiales y judiciales».

En declaraciones a laSexta, Carrizosa ha defendido que «lo que no es normal democráticamente» es que esos políticos intentaran desde la Generalitat «derogar el Estatuto (de Autonomía) y la Constitución contra la mayor parte de los catalanes y contra el resto de los españoles».

«Lo normal es que las instituciones reaccionen y que la ley se aplique, eso es lo normal en los países democráticos», ha subrayado, añadiendo que si los impulsores del ‘procés’ han sido condenados y han acabado en la cárcel, se debe a su «empecinamiento».

DISCURSO «DIVISORIO Y VICTIMISTA» DEL INDEPENDENTISMO

El candidato de Cs ha criticado que, «después de muchas mentiras» a su electorado, al que prometieron «algo que no se podía realizar» como es la independencia de Cataluña, estos políticos digan ahora que España «es un país represor» o que «no es una democracia», siendo «evidente» que esto es falso.

«Tenemos que superar este discurso tan divisorio y victimista en el que se ha basado el independentismo catalán», en el que «unas cuantas oligarquías han intentado apoderarse de las instituciones y de Cataluña y han hecho un llamado a la población, con todos sus medios de propaganda, para que les secunde», ha manifestado.

Carrizosa ha afirmado que se presenta a las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero para poner fin a esa etapa. El día después de los comicios, «tenemos que sentarnos y hacer un gobierno de cambio y de convivencia», y «si es con los socialistas, nosotros estamos superdispuestos», ha asegurado.

Según ha señalado, solo hace falta que los partidos no nacionalistas obtengan un escaño más que el bloque independentista, y por ello ha animado a los electores «constitucionalistas» a movilizarse e ir a votar, para vencer a un independentismo que está «dividido y desmoralizado como nunca».

CREE QUE CIUDADANOS TIENE VOTO OCULTO

Además, les ha pedido que concentren el voto en Ciudadanos, porque si el PSC ve que suma una mayoría suficiente con Esquerra y con Catalunya En Comú Podem, «va a cerrar un acuerdo» con ellos para formar un gobierno tripartito que «será la antesala de un segundo ‘procés'». En cambio, cree que un Cs «fuerte» puede «obligar al PSOE a pactar con el constitucionalismo».

El dirigente de la formación naranja ha puesto en duda los datos de las encuestas electorales, que prevén una fuerte caída de su partido respecto a los 36 diputados que consiguió en 2017, y ha dicho que están acostumbrados a que los sondeos les atribuyan un resultado peor del que luego obtienen en las urnas. «Tenemos voto oculto, hay muchos intereses para bajar a Ciudadanos», ha advertido.

También ha hecho hincapié en el alto porcentaje de indecisos y de personas que dicen que no votarán y ha indicado que «de ahí puede salir el triunfo del constitucionalismo» si esos electores finalmente deciden participar.

«No tenemos que dejar Cataluña en manos de los radicales, de los extremistas, de los que quieren más de lo mismo y solo buscan el enfrentamiento», ha recalcado.

Apelando directamente a las personas que votaron a Cs hace tres años, que se consideran «de centro y progresistas» y que «abominan del dirigismo nacionalista y de los excesos de la derecha populista», les ha pedido que no tiren la toalla porque «el arma del cambio es la papeleta» y lo que va a pasar el 14-F «no está escrito».

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado este martes que no es ni «urgente» ni «necesaria» la reforma penal que plantea el Gobierno para eliminar las condenas de cárcel en los delitos relacionados con la libertad de expresión y ha censurado que se busque «despenalizar» esas conductas. Tras subrayar que la libertad de expresión está «perfectamente garantizada» en España, ha señalado que si se quiere abrir el debate de estos delitos la prioridad debería ser la «lucha contra el enaltecimiento del terrorismo».

«Esa reforma no solo no es urgente sino que no es necesaria», ha afirmado rotunda Gamarra, después de que el Ministerio de Justicia haya anunciado que está estudiando la posibilidad de reformar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona dentro del Código Penal para no sean castigados con penas privativas de libertad. Con esa reforma, delitos como los del rapero Pablo Hasel no implicarían condena de prisión.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Gamarra ha echado en cara al Gobierno que use las palabras de una «manera demagógica» al hablar de esta reforma porque «no se trata de ampliar la libertad de expresión», ya que, según ha dicho, son delitos que «atentan contra el honor y, por tanto, contra la dignidad» de las personas.

«PRIMERO LA ‘OKUPACIÓN’ Y AHORA LOS DELITOS DE INJURIAS Y CALUMNIAS»

Gamarra ha recalcado que en España la libertad de expresión está «perfectamente garantizada» y ha afirmado que el Gobierno busca la «despenalización de esas conductas». «Primero ha sido la ‘okupación’ y ahora pasamos a los delitos de injurias y calumnias, donde se quiere reducir el reproche penal en relación a estas conductas», ha manifestado.

En este punto, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha subrayado que si el Gobierno quiere abordar estos delitos «la prioridad» debiera de ser la «lucha contra el enaltecimiento del terrorismo» en España.

«Si quieren empezar reformas en ese sentido, la primera debiera ser en ese sentido y no en un asunto que ni preocupa ni ocupa a los españoles, más allá de aquellos que vayan a tener que cumplir unas penas porque tras un juicio justo han sido condenados por estas conductas», ha señalado.

«A LA FUGA» DE LOS «PROBLEMAS REALES»

Asimismo, Gamarra ha asegurado que la prioridad del Gobierno de España debería ser ahora la lucha contra la pandemia porque hoy el país superaría la cifra de «tres millones de españoles contagiados por el Covid-19» y ya hay «más de 90.000 españoles fallecidos». Es más, ha recalcado que han superado la «cifra negra de más de cinco millones de españoles» parados, entre desempleados, ERTEs y cese de actividad.

«¿Dónde debieran estar las prioridades del Gobierno de España? Debieran estar en luchar contra la pandemia, dotando a las CCAA de instrumentos legislativos, y en abordar la grave crisis económica y apoyar a los sectores que no hacen más que lanzar un SOS al Gobierno», ha aseverado.

En este sentido, ha denunciado que el Ejecutivo «se haya dado a la fuga» ante esos «problemas reales» de los españoles, «abdicando o dimitiendo» de sus funciones. «Invito al PSOE a que hoy llame a cien españoles, coja una guía de teléfono y les pregunte cuáles son sus preocupaciones», ha afirmado, para mostrarse convencida de que no encontrará a «ninguno» que le diga que su preocupación es la reforma del Código Penal en los delitos relacionados con la libertad de expresión.

Por todo ello, ha resaltado que el Gobierno «se aparta absolutamente de lo que son los problemas reales de los españoles en la mayor crisis sanitaria, social y económica» que han vivido y dedica «todo su esfuerzo a esa lucha de poderes y contrapoderes» que tiene dentro del propio Ejecutivo, en alusión a las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos y que también se han visualizado con esta reforma penal.

El PSOE va a llevar a debate al Pleno del Congreso de la semana que viene su proposición de ley de igualdad de trato, cuyo registro en la Cámara baja generó un «enorme malestar» en Podemos ya que, según los morados, ambos grupos habían decidido presentarla juntos y el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ya estaba trabajando en ello.

Los socialistas registraron este texto en la Cámara baja el pasado 21 de enero. Su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, destacó entonces que el objetivo de la norma es «garantizar la igualdad de trato de todas las personas, combatir el racismo, reparar y atender a las víctimas de discriminación».

En su contenido, la norma especifica que «nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Y los principales ámbitos que regula son el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda, aunque también prevé mecanismos en otros como el de justicia o el administrativo.

Del mismo modo, la propuesta de ley articula una respuesta no penal pero sí sancionadora para aquellos actos de discriminación que hasta ahora, si no estaban contemplados en el Código Penal, no obtenían ningún tipo de respuesta.

Además, el texto normativo entiende que la tecnología no es neutral al regular el uso de inteligencia artificial en el ámbito público.

Del mismo modo, señaló que se trata de una ley que el PSOE ya había presentado en dos ocasiones antes pero que, en ninguno de esos casos, su tramitación se llegó a completar. La iniciativa, entonces, estaba liderada por el fallecido dirigente socialista Pedro Zerolo.

Esta presentación generó un «enorme malestar» en Podemos, que acusó a los socialistas de haber registrado el texto de forma «unilateral» y sin contar con el Ministerio de Igualdad, liderado por la morada Irene Montero, que es el competente en la materia y que ya había hablado en ocasiones anteriores de poner en marcha una norma sobre el tema.

EL PSOE ASEGURA QUE PODEMOS NO FIRMÓ

Fuentes de Podemos explicaron que, desde hacía meses, los dos grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno y el Ministerio Igualdad habían estado trabajando para «ultimar» el contenido de la norma, por lo que su presentación conjunta «era inminente».

Por su parte, el PSOE ha explicado que, si bien tenían pactado presentar esta norma de forma conjunta, el grupo confederal no ha puesto su firma en el texto.

Los socialistas señalaron que esta norma está dentro de acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones, pero que se decidió presentar a través del Congreso como proposición de ley, no como proyecto del Ejecutivo, porque el PSOE ya lo había intentado en dos ocasiones anteriores.

Además, aseguró que en las reuniones de trabajo entre ambos grupos se tomó la decisión de que este texto fuera registrado en el primer trimestre de este año y que sería llevado al Pleno por los socialistas, aunque estaría firmado por ambos. Esto se debe a que el PSOE, como partido mayoritario de la Cámara, tenía más cupo para meter iniciativas legislativas en el orden del día del Congreso. Y para aprovechar el turno que corresponde a los socialistas en el mes de febrero, el texto debía registrarse ahora.