Los partidos del Gobierno y buena parte de sus socios parlamentarios han reivindicado este jueves la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por PSOE y Unidas Podemos para limitar los nombramientos discrecionales que puede hacer en la cúpula judicial estando en funciones, frente al bloqueo del PP para renovar la institución. En el último debate en el Pleno del Congreso, los ‘populares’ han replicado insistiendo en que todo es un «chantaje» para obligarles a pactar.
El portavoz socialista, Francisco Aranda, ha defendido que es una reforma «necesaria y oportuna», apuntando por un lado al bloqueo del PP, al que ha instado a volver a la mesa de negociaciones, y, por otro, a los 72 nombramientos que ha hecho el actual órgano de gobierno de los jueces en los más de dos años que lleva en situación de interinidad. Es una ley «necesaria ‘per se'», ha dicho.
Aranda ha achacado la falta de acuerdo para renovar el CGPJ al «miedo» del PP a Vox y, en este sentido, ha recordado que «el patriotismo no va de decibelios». «En política, el patriotismo se mide por la utilidad para la ciudadanía y en esto, señorías del PP, son muy poco patriotas, son muy poco útiles. Su corta visión política les hace bloquear cargos y alimentar la bancada ultra que se sienta a su derecha», les ha avisado.
Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago ha ratificado que «esta reforma viene impuesta por el incumplimiento del PP», al que ha echado en cara que cuando está en el Gobierno hay renovación y cuando está en la oposición es «imposible». Con su bloqueo y sus vetos, ha denunciado, «el trío de Colón mantiene un comportamiento antisistema».
En el caso del PP, Santiago ha afirmado que «su pánico a la renovación es directamente proporcional a lo mucho que tienen que esconder a jueces y tribunales», en el marco de «los muchos procesos de recuperación que tienen por delante», entre los que ha mencionado los relacionados con su ex tesorero Luis Bárcenas, ‘Lezo’ y ‘Púnica’.
Para el diputado de IU, el «espectáculo de vetos y bloqueos» del PP ha herido de muerte el actual proceso para renovar el CGPJ. «El mal ya está hecho», ha sostenido, al tiempo que ha propuesto «empezar de nuevo» presentando nuevas candidaturas de jueces y magistrados «con toda transparencia». En concreto, ha pedido presentar candidaturas paritarias, para que «por primera vez en la historia de España» haya un CGPJ con igual número de hombres y mujeres, y que la presidenta sea mujer.
UN «TRÁGALA»
En el otro extremo, se ha situado el portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, que ha explicado que el Gobierno debería saber que «obedecer y escuchar no son sinónimos» y que han aprobado una reforma que «mercería un suspenso en primero de Derecho de cualquier facultad», que está «huérfano de informes jurídicos» y que aglutina «el rechazo unánime del mundo del derecho».
A su juicio, la única finalidad de esta reforma era «chantajear al PP» con «técnicas facinerosas de un gobierno que comienza a demostrar demasiados tics autoritarios». «Aprobarán esta ley porque pueden y si el PP no se aviene a aceptar las trágalas, aprobarán la rebaja de las mayorías que tienen en la recámara», ha augurado.
Santamaría ha avisado de que el CGPJ es «la última línea de defensa del Estado de Derecho» y es uno de «los muros en los que se asienta la convivencia», y ha insistido en cargar contra los partidos del Gobierno: «Cuando ustedes cruzan esas líneas rojas, quiebran la credibilidad del Estado de Derecho». «Su actitud está mucho más cerca del PSOE del 36 que del PSOE de 1978», ha dicho.
«REPARTO DE CROMOS»
Edmundo Bal, de Ciudadanos, también ha acusado a los socios del Ejecutivo de usar su «apisonadora de votos» para sacar adelante esta reforma, subrayando que «ni siquiera» han escuchado al CGPJ, que pidió emitir informe, y ha reiterado que esta proposición de ley es «una deslealtad al sistema constitucional» y «una traición al principio de equilibrio entre poderes».
Así, ha advertido de que con esta reforma lo que pretenden PSOE y Unidas Podemos es «nombrar a su gente», llamando la atención sobre «la agotadora agenda judicial» por casos de presunta corrupción que tiene la formación ‘morada’. En consecuencia, ha vuelto a exigir un cambio en el sistema de designación de los vocales del CGPJ, lamentando que actualmente los jueces no ascienden por su buen hacer sino por tener «amigos» y «padrinos».
Desde Vox, Javier Ortega Smith, que ha vuelto a hablar igualmente de ataque a la independencia de los jueces, ha reiterado la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para «bloquear las manos de los políticos, para que dejen de meterlas en la Justicia, y desbloquear las manos de jueces y magistrados», para que la decisión recaiga en ellos.
LIMITAR FUNCIONES NO ES SUFICIENTE
Los otros grupos parlamentarios han coincidido en denunciar el bloqueo de la renovación del CGPJ y el hecho de que casi tres años después de que venciera su mandato constitucional siga realizando nombramientos en las altas magistraturas, pero también han criticado el «reparto de cromos» que tradicionalmente han hecho PP y PSOE de los asientos del CGPJ y han calificado la reforma de insuficiente. En esta línea se han manifestado Compromís, Bildu, CUP o los regionalistas cántabros.
El PNV, por boca de Mikel Legarda, ha rechazado tanto el «injustificable bloqueo» del PP, que considera una «anomalía constitucional», como la «reforma exprés» ideada por PSOE y Unidas Podemos. Respecto de esta última, ha criticado el procedimiento y el contenido por entender que no ataca «el problema de raíz», que ha situado en «la aplicación de criterios partidistas» en la elección de los vocales.
Para Legarda, la propuesta de PSOE y Unidas Podemos, aunque pueda garantizar la renovación del actual CGPJ, lo que hace en realidad es trasladar «una controversia de naturaleza política» al seno del Poder Judicial. En su opinión, «no hay un problema de leyes sino de comportamientos» de los partidos políticos.
