El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha afirmado este miércoles que "no hay indicación" para suspender la vacunación contra el coronavirus con AstraZeneca en Andalucía, decisión que ha tomado el Gobierno de Castilla y León.

A preguntas de los periodistas tras una visita a la Escuela de Artesanos de Gelves (Sevilla), Marín ha recordado que la vacunación con AstraZeneca "estuvo suspendida durante 15 días" a raíz de las informaciones que señalaban la aparición de tromboembolismos en pacientes que habían sido vacunados, suspensión que se levantó cuando "la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad nos dijeron que podíamos seguir y lo hemos hecho".

El vicepresidente de la Junta ha abundado en el argumento de la confianza en las tres vacunas que ahora se administran, Pzifer, Moderna y AstraZeneca, al afirmar que "no tenemos motivo para suspender ninguna de las tres vacunas".

En este sentido, Marín ha proyectado su confianza en seguir incrementando el ritmo actual de vacunación al alegar que "Pzifer está aumentando el número de viales", hecho que le ha llevado a augurar el incremento de la vacunación a "300.000, 350.000 dosis en los próximos días".

La Consejería de Sanidad, en aplicación del principio de precaución, ha decidido la suspensión de la vacunación frente a la Covid-19 con la vacuna de AstraZeneca-Universidad de Oxford, según han informado fuentes de la Junta de Castilla y León.

La medida cautelar se adopta a la espera de conocer el informe de seguridad que se prevé que elaboré el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento (la E.M.A., según sus siglas en inglés), que se reúne hoy y de las decisiones que, en relación con este tema, puedan adoptarse próximamente por órganos ejecutivos de la Unión Europea y del Sistema Nacional de Salud.

Esta circunstancia afecta a las distintas vacunaciones masivas que estaban programadas en la Comunidad y que iban a utilizar, siguiendo lo establecido en la Estrategia Nacional de Vacunación frente a la Covid-19, el suero elaborado por la compañía anglo sueca.

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón ha anunciado este miércoles la ampliación del llamado toque de queda hasta las 23.00 horas, así como una adaptación de los horarios de apertura y cierre de la hostelería en esta nueva situación y la apertura de los hoteles y alojamientos una vez superada la Semana Santa, el periodo considerado de "mayor riesgo".

"Dado que estamos en otra estación, que ha cambiado el ciclo horario y que estamos en una situación de cambio de tiempo lógico hacemos este anuncio fruto de la reflexión de los epidemiólogos", ha dicho Barbón, que ha indicado que entramos así entramos en la última fase del Estado de alarma.

Barbón ha indicado que en el caso de la hostelería también se va a promover la importancia del uso de las terrazas para tratar de minimizar los contagios.

Barbón daba así respuesta al portavoz de Vox, Ignacio Blanco que le ha planteado al presidente asturiano si considera que sus medidas restrictivas en Asturias, además de arruinar a miles deasturianos, fomentan la economía sumergida.

"Lo que usted llama medidas restrictivas son medidas de protección de la salud que han salvado miles de vidas y han evitado miles de contagios", ha replicado Barbón a Blanco.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco ha indicado que no entiende ni sabe a qué responden las medidas anunciadas, si al seguidismo del Gobierno de la nación o si se deben a una rectificación.

Blanco ha vuelto a criticar las medidas anti covid del Gobierno asturiano. "Es usted el presidente de la Ley seca, la sequía del turismo y de la hostelería", ha dicho Blanco, que ha indicado que las medidas de Barbón "han forzado a muchos asturianos a ir a la clandestinidad para ejercer su actividad para no morir de hambre.

Así, el portavoz de Vox ha indicado que el Gobierno de Barbón es el responsable de las medidas que abocan a la economía sumergida, por una parte por las medidas anti covid que además no dan resultado y por su alta fiscalidad.

El líder del PP, Pablo Casado, ha solicitado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pueda asistir a la XXVII Cumbre Iberoamericana que se celebra en Andorra el 21 de abril y que se retire la invitación al "dictador" Nicolás Maduro.

Será la primera vez que Andorra acoja la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, bajo el lema 'Innovación para el desarrollo sostenible. Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus'. Debido a la pandemia está previsto que se celebre de forma virtual, con pocas asistencias presenciales, entre las que se incluirá la del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Sánchez debe invitar a la Cumbre Iberoamericana al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y retirar la invitación al dictador Maduro", ha afirmado Casado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, asegurando que España "debe defender a los demócratas frente a los que atacan los derechos humanos".

Sin embargo, la invitación a la cumbre a los 22 países que integran la comunidad iberoamericana corresponde al país anfitrión, en este caso Andorra, según explican desde la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

BATERÍA DE PREGUNTAS PARLAMENTARIAS

El PP ha decidido además llevar este asunto al Congreso y las parlamentarias Valentina Martínez, Belén Hoyo y Marta González han registrado una batería de preguntas pidiendo cuentas al Gobierno acerca de por qué no se ha invitado a Guaidó cuando España lo reconoce como presidente legítimo.

En concreto, las diputadas del Grupo Popular preguntan en el Congreso si el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "ha invitado" al presidente encargado de Venezuela a asistir a la Cumbre Iberoamericana y si "va a hacerlo".

Y añaden que si no lo han hecho, cómo explica el Ejecutivo que Guaidó "no haya recibido una invitación para asistir a dicha cumbre teniendo en cuenta que es al único presidente al que España reconoce como legítimo al no haber reconocido" el Gobierno "los resultados de las elecciones fraudulentas que tuvieron lugar el 6 de diciembre".

MÁS CUESTIONES EN EL CONGRESO SOBRE PLUS ULTRA

En otra batería de preguntas parlamentarias, el PP pregunta "cómo puede decir el Gobierno que le preocupa la situación de los derechos humanos en Venezuela cuando, facilitando la creación de un monopolio de facto de la compañía Plus Ultra, está facilitando la financiación de un régimen que viola sistemáticamente los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos".

El PP, que ha pedido en el Congreso crear una comisión de investigación sobre Plus Ultra, pregunta también al Gobierno por qué pidió el embajador de España a las autoridades de Maduro que "denegaran permisos para volar de España a Caracas a Iberia y a Air Europa" y "recomendó que se le concedieran a la compañía Plus Ultra el pasado 19 de marzo"

Además, el Grupo Popular emplaza al Ejecutivo a aclarar qué justifica que se pida la "exclusión de la empresa Iberia de este tipo de trayectos para beneficiar a una empresa como Plus Ultra dirigida por personas vinculadas a la dictadura de Maduro".

El Papa dedica sus intenciones de oración de abril publicadas en el Video del Papa a través de la Red Mundial de Oración del Papa a todas las personas que arriesgan su vida por luchar por los derechos humanos en dictaduras, regímenes autoritarios o incluso "democracias en crisis".

"Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación", señala el Papa en su mensaje en el que confía la oración a toda la Iglesia Católica.

En el vídeo, el Papa subraya la importancia de "oponerse activamente a la pobreza, la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales" y también pone el énfasis en las personas que diariamente arriesgan sus vidas por defender los derechos humanos fundamentales en entornos conflictivos de todo tipo.

"En algunos lugares defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio. O puede significar la calumnia", precisa Francisco. Por ello recalca: "Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante"

En otro pasaje del vídeo del Papa, Pontífice insta también a pensar "que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte", recuerda. Pero estos derechos, según afirma, tienen que ser iguales para todos porque cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales.

El vídeo del Papa es una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del Santo Padre. Es desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración). Desde el año 2016 El Video del Papa lleva más de 152 millones de visualizaciones en todas sus redes sociales, es traducido a más de 23 lenguas y tiene una cobertura de prensa en 114 países.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha denunciado este miércoles las actuaciones "excéntricas" y el "postureo" que ha demostrado, a su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al explorar la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V, sobre todo cuando era "imposible" que esa gestión "cristalizara", porque es Europa quien centraliza la compra y porque esa vacuna ni siquiera está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento.

"No tiene ningún sentido trasladar esa incertidumbre a la población ni hacer actuaciones excéntricas que, desde luego, nunca iban a cristalizar en nada, porque no se puede poner en funcionamiento un medicamento que no está autorizado por aquel que tiene la competencia de vigilar la seguridad", ha sentenciado en una entrevista en RNE.

En este sentido, ha lamentado que no es "ni adecuado ni oportuno" que el Gobierno madrileño decidiera contactar con su cuenta con los promotores de la vacuna rusa "para poder hacer una gestión que es imposible para una comunidad autónoma".

"Imagínese si esto lo hubiera protagonizado la Generalitat de Cataluña", ha sugerido la portavoz, para añadir que seguramente "el PP se habría llevado las manos a la cabeza".

"UNA POSE DE AYUSO EN PLENA CAMPAÑA"

Por todo ello, Montero cree que este comportamiento "es más una pose de Ayuso en plena campaña", que demuestra que "su única política es la confrontación con el Gobierno". "Ahora con la vacuna rusa, una vacuna que tiene que autorizarse", ha apostillado.

"No es oportuno que para trasladar ese mensaje haga ese postureo de estar hablando con unos y con otros como para intentar parecer que el Gobierno no ha hecho su tarea o las autoridades europeas, simplemente por confrontación", ha criticado.

El sindicato de la Policía Nacional JUPOL y su asociación 'hermana' en la Guardia Civil, JUCIL, han presentado una nueva denuncia contra la Generalitat de Cataluña en los juzgados de instrucción de Barcelona por los delitos de prevaricación administrativa y contra las normas de prevención de riesgos laborales por su "decisión arbitraria y sin motivación alguna de anular el plan de vacunación" para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La denuncia, se suma a otras planteadas en los últimos 15 días ante los tribunales por varias organizaciones sindicales y a las quejas remitidas ante diferentes organismos como el Ministerio de Sanidad, el Consejo Interterritorial de Salud, el Defensor del Pueblo, la Delegación del Gobierno en Cataluña o el Ministerio del Interior, así como el propio Govern catalán.

Las quejas se iniciaron, en concreto, después de que el 24 de marzo se retomara la vacunación con AstraZeneca --paralizada por su posible relación con trombos-- previa autorización del Gobierno para que los departamentos de salud de cada comunidad autónoma ampliaran el suministro de la dosis hasta la población con 65 años.

Sin embargo, los sindicatos denuncian que en el caso de Cataluña, y contrariamente con lo que ha ocurrido con Mossos d'Esquadra y policías locales, sólo se está vacunando a los policías y guardias civiles mayores de 60 años, lo que se suma al retraso acumulado previamente en el plan de vacunación. El proceso, sostienen desde JUPOL y JUCIL, se está llevando a cabo de forma generalizada y sin diferencias entre cuerpos "en todo el territorio nacional, a excepción de Cataluña".

ADJUNTAN DOCUMENTACIÓN INTERNA

En su denuncia citan documentación del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior y también un correo electrónico del teniente coronel responsable de vacunación de la Zona de Cataluña, Esteban Gómez Naranjo, en el que "se hace saber que el Departamento de Salud de Cataluña, en relación con el Plan de Vacunación del Covid-19, lo anula hasta nueva orden con motivo de los nuevos criterios establecidos".

"Actualmente en Cataluña no se vacuna a policías nacionales y guardias civiles, salvo aquel personal que se encuentre en activo o en reserva que esté comprendido entre los 60 y 65 años", recoge en su escrito ante los juzgados JUPOL y JUCIL, que añaden para aclarar: "Es decir, en ninguno de los grupos de personas que pueden vacunarse contra la Covid-19 aparecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puesto que solamente se hacen alusión a los Cuerpos de Seguridad catalanes o locales".

Lo anterior, según los demandantes, incluye a Mossos, policías locales, guardia urbana y los bomberos, "en ningún momento hace alusión a policías nacionales ni a guardias civiles que presten servicio en alguno de los puestos y destinos comprendidos en Cataluña". Además, aportan datos a fecha de 29 de marzo de que el ritmo de vacunación para ellos era 12 veces más lento que el resto de comunidades autónomas, ya que sólo se había suministrado el suero al 5% de los agentes.

"La decisión de la Generalitat de Cataluña de dejar fuera del proceso de vacunación a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es totalmente arbitraria, contraria a derecho, y deja en total y completa desprotección a los funcionarios estatales", continúan, recordando que estos efectivos también están incluidos entre el personal esencial que ha de ser inmunizado, "lo cual se está llevando a cabo en todo el territorio nacional a excepción de Cataluña".

La Fundación Madrina, ante el inicio de la campaña del IRPF, ha solicitado que las personas en riesgo de exclusión social en ERTE o que esten percibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), motivado por la crisis económica, y que están condenadas muchas de ellas a las colas del hambre, estén exentas de declarar y pagar a Hacienda.

Los perceptoreses del IMV están obligados a hacer la declaración de la renta con independencia de la cuantía de sus ingresos y los trabajadores en ERTE también por haber tenido más de un pagador en 2020.

A Fundación Madrina le llama "seriamente" la atención que a un grupo vulnerable que apenas tiene medios para subsistir, "se le presupone una conexión estable a internet, una herramienta informática aceptable y hasta una firma digital, o bien con los recursos suficientes para pagar a Hacienda".

En la mayoría de los casos, la organización considera que las usuarias se verán obligadas a acudir a la fundación como fue en el caso de la solicitud de ingreso mínimo vital, "ya que no poseen internet o bien no saben ni tienen medios para hacerlo".

Según datos de Fundación Madrina, este gran colectivo vulnerable, nacido de la crisis económica, supone el 77% del total de familias vulnerables, de las que tan sólo el 2% ha recibido la ayuda social del IMV. El perfil de estas familias en ERTE o con IMV, son en su mayoría monoparentales con una media de dos hijos, y cuentan con una media de ingresos por ERTE o ayuda social de 850 euros mensuales para sacar adelante la familia.

"Si tenemos en cuenta que la vivienda en Madrid en un piso de 60 metros cuadrados ronda igualmente los 850 euros y suponiendo que -como en la mayoría de las situaciones-, estas familias viven hacinadas y compartiendo gastos, podrían pagar unos 400 euros de alquiler más gastos", sostiene la entidad.

En su opinión, la mayor parte de las familias con hijos, que reciben ERTEs o IMV, no tienen ingresos suficientes para sobrevivir y están "sobre endeudadas", pueden tener trabajos en negro pero solamente para pagar deudas.

Lo mismo ocurre, según la fundación, en el caso del 17% de las familias que se encuentra en situación de ERTE. Hacienda recuerda que esta prestación es un rendimiento del trabajo sujeto al IRPF y no exento, ya que el Gobierno se ha negado a hacer excepciones con estos contribuyentes.

"Los afectados por un ERTE en 2020 se pueden encontrar con dos problemas graves por haber recibido abonos del SEPE no procedentes, es decir, ERTEs pagados de más como tener que pagar una media de 1.000 euros extra en impuestos y presentar la declaración de la renta, al contar con dos pagadores, su empleador y el propio SEPE".

La Fundación Madrina solicita, por ello, que las personas en ERTE o no, con IMV o no, y en riesgo de exclusión social estén exentas de declarar y pagar a Hacienda. La Fundación entiende que son colectivos gravemente afectados por la situación actual y que "no pueden permitirse el pago de absolutamente nada extra, aunque sea fraccionado en seis meses".

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha insistido este miércoles en que quiere formar un gobierno tras las elecciones del 4 de mayo "sin extremos" y ha indicado que no van a seguir "el modelo que se haya seguido en otro lugar" en cuanto a pactos.

En una entrevista con 'Telecinco', Gabilondo ha señalado que las alianzas se hacen desde lo que los representantes eligen y según "su voluntad".

"Aquí en Madrid no vamos a seguir el modelo que se haya seguido en otro lugar. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer por Madrid y eso es un gobierno sin extremismos y que sea progresista y no fallido y estéril como hasta ahora", ha aseverado Gabilondo al ser preguntado por sobre que diga que con "este Pablo Iglesias (candidato de Unidas Podemos)" no quiere gobernar y en el Gobierno de España gobiernen PSOE y Unidas Podemos.

Sobre Iglesias, ha dicho que no está "de acuerdo" con su planteamiento de estas elecciones entre "fascismo, comunismo..." y se ha preguntado por qué no se está "hablando de vacunación, reconstrucción social y de resolver los problemas de los ciudadanos".

En este punto, ha trasladado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, convocó elecciones porque su gobierno fue "fallido". Además, considera que por parte de los socialistas ha habido suficiente "lealtad institucional" pero que no les ha escuchado a sus propuestas al estar "orientada hacia Vox".

El candidato socialista ha aprovechado una vez más para dirigirse a los votantes de Cs para que opten por "una alternativa al gobierno fallido que se ha vivido en Madrid". "Yo no quiero una opción extremista ni extremada, sino un gobierno excepcional y serio para parar el Gobierno de Colón", ha lanzado.

En otro orden de cosas, Gabilondo ha vuelto a insistir en la necesidad de la vacunación en los centros de salud para evitar "largas colas, destinar ayudas directas ya de 80 millones de euros a la hostelería y ha insistido en que si gobierna durante estos dos años no tocará la fiscalidad y los madrileños "no pagarán ni un euro más".

El PP llevará la próxima semana al Congreso una iniciativa para que el Pleno condene las declaraciones efectuadas por miembros del Gobierno en apoyo a las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, en velada alusión al ya exvicepresidente segundo y hoy candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias.

En su proposición no de ley, los 'populares' recuerdan los actos violentos que se registraron en las manifestaciones convocadas en distintas ciudades españolas las semanas posteriores a la entrada en prisión de Hasel, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

En dichas concentraciones, según relatan, diversos manifestantes lanzaron piedras, botellas y otros objetos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, realizaron barricadas con contenedores y material de obra y pintadas, quemaron contenedores, vehículos y saquearon comercios.

En su texto, el PP condena esta violencia callejera y los discursos de odio sufridos en redes sociales por los portavoces de partidos políticos, representantes de los ciudadanos o ciudadanos anónimos que reprobaron estas protestas violentas o trasladaron su apoyo a los distintos cuerpos policiales.

El partido que lidera Pablo Casado sostiene que la incitación a la violencia y los discursos de odio "no tienen cabida" en la legalidad constitucional e internacional, ni en una sociedad respetuosa con los valores democráticos, "por lo que deben quedar fuera de las instituciones, así como quien los alienten y no los rechacen con contundencia".

ESPAÑA SÍ ES UNA DEMOCRACIA PLENA

En consecuencia, el PP insta al Gobierno a condenar de manera "firme y expresa" los mensajes de apoyo a los violentos efectuados por miembros del Gobierno y las declaraciones que "ponen en duda" que España sea una democracia plena.

Y, aunque no cita a nadie en concreto, los 'populares' se refieren al que fuera hasta hace unos días el vicepresidente segundo del Ejecutivo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien el pasado mes de febrero aseveró que "en España no hay una plena normalidad democrática".

Además, en su iniciativa, el PP también pretende que el Ejecutivo apoye y defienda la labor que realizan todos los días la Policías y Guardia Civil, así como las policías autonómicas y locales, y que incremente los medios de prevención y lucha contra el pillaje a los comercios, la destrucción del mobiliario urbano y los discursos de odio.

Por último, además de pedirle que convoque de urgencia la Junta de Seguridad de Cataluña, donde se registraron en mayor medida los disturbios y la violencia, el PP también emplaza al Gobierno a defender el honor de las instituciones públicas y los pilares del Estado de Derecho.

A finales del pasado mes de febrero, el PP intentó que el Congreso diera lectura a una declaración institucional de condena de los actos violentos registrados en las protestas por Hasel, lo cual requería la unanimidad de todos los grupos de la Cámara. Sin embargo, Unidas Podemos se opuso alegando que el texto sugerido por los 'populares' iba "contra el Gobierno" y no contra los disturbios, por loe que la iniciativa decayó.

Las direcciones nacional y andaluza del PP están trabajando para que en los cuatro congresos provinciales que aún tienen que desarrollarse y que no tienen fecha fijada, los de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén haya una única candidatura a la presidencia provincial del partido.

Fuentes del PP andaluz han confirmado que se están desarrollando esas negociaciones entre ambas direcciones para que haya una única candidatura en esos cuatro congresos, como ha adelantado este miércoles el diario 'ABC'.

Las mismas fuentes han indicado que el objetivo es "pactar" tanto la fecha de celebración de esos congresos provinciales y "las personas", y evitar que en algunas de esas provincias se repita lo ocurrido con el congreso de Sevilla, al que el partido acudió dividido y fue imposible un acuerdo entre las dos candidaturas.

Fuentes del PP andaluz han confiado en que en poco tiempo estén cerrados los acuerdos para estos cuatro congresos que quedan. Entre las cuestiones que se tendrán que resolver se encuentra la situación de la actual presidenta provincial del PP de Cádiz, Ana Mestre, y del presidente del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ya que en caso de volver a optar al cargo, estarían afectados por la situación de incompatibilidad que está marcada por el partido a nivel nacional entre cargos orgánicos y puestos en administración autonómica o con un escaño en el Congreso.

En los cuatro congresos provinciales celebrados hasta ahora, salvo en el de Sevilla, ha habido una única candidatura a la presidencia provincial, como fue el caso de Málaga, Córdoba y Granada, donde se produjo la reelección de los hasta entonces presidentes provinciales. En el congreso de Sevilla, también ganó la candidatura de la hasta entonces presidenta provincial, Virginia Pérez.

Este pasado lunes, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, manifestó a los medios de comunicación que entre el partido en Andalucía y la "dirección nacional" existe actualmente "un diálogo abierto" para que "no vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido" en el reciente congreso del PP de Sevilla, marcado por la división entre dos candidaturas a la presidencia provincial de la formación.

Moreno comentó que lo sucedido en el PP de Sevilla "ya es agua pasada" y que ahora hay otra etapa. "Hay un diálogo abierto con la dirección nacional" del PP "para que no vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido en Sevilla, y que podamos hacer las cosas como siempre creo que hay que hacerlas", que es "de manera dialogada y consensuada", según abundó Juanma Moreno. En su opinión, el del diálogo y el consenso es "el camino más rápido para el éxito", mientras que "el otro es el camino más rápido para el fracaso".

Por su parte, la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán, manifestó días atrás que desde la dirección nacional se trabaja con la dirección andaluza con el objetivo de decidir "cuáles son las personas más adecuadas para los proyectos, siempre hablando y dialogando".

Quiso dejar claro que su trabajo consiste en trabajar "por estar en unión y en diálogo con los presidentes autonómicos". "Solo trabajamos por crear equipos unidos y en consonancia con el proyecto de Pablo Casado. Hacemos todo en consenso y acuerdo", insistió.

Los casos activos de Covid-19 siguen en aumento en Galicia desde el inicio de la semana y se sitúan en 2.233, así como también los nuevos contagios, que repuntan a 181, mientras que la presión hospitalaria se alivia y descienden a 188 los pacientes con este coronavirus ingresados en la Comunidad gallega, 21 menos.

Según los datos actualizados en la mañana de este miércoles por la Consellería de Sanidade con registros hasta las 18,00 horas de este martes, en la Comunidad gallega 27 pacientes Covid permanecen en UCI, lo que supone seis menos, y 161 en otras unidades de hospitalización, 15 menos.

Sin embargo, por áreas sanitarias, descienden los hospitalizados con Covid en cuatro de ellas --A Coruña-Cee, Vigo, Santiago-Barbanza y Lugo--, mientras que aumentan en la de Pontevedra-O Salnés y se mantienen en las de Ourense y Ferrol --aunque en esta ya no quedan pacientes Covid en UCI--.

En concreto, el mayor alivio corresponde al área de A Coruña y Cee, donde bajan a 11 los pacientes Covid en UCI --cuatro menos-- y a 55 los ingresados en otras unidades --diez menos--; mientras que en la de Vigo bajan a seis los críticos --dos menos-- y a 33 los de otras unidades --cuatro menos--.

En cuanto a la de Santiago y Barbanza, si bien aumentan a cuatro los pacientes Covid en UCI --uno más--, descienden a 16 los de otras unidades --cuatro menos--, mientras que en la de Lugo siguen tres en críticos y caen a siete los de otras unidades --uno menos--.

En el área de Ourense siguen dos pacientes Covid en UCI y 19 en otras unidades, mientras que la de Ferrol ya no tiene ingresados en críticos --contaba con uno la jornada anterior-- y registra nueve en otras unidades --uno más--.

Por su parte, en el área de Pontevedra y O Salnés sigue un paciente Covid en UCI, mientras que ascienden a 22 los ingresados en otras unidades de hospitalización --tres más--.

MÁS CASOS Y CONTAGIOS

Los casos activos de este coronavirus en toda Galicia han vuelto a experimentar, como sucede desde el inicio de la semana, un ligero incremento, 22 más, hasta los 2.233, tras haber más contagios (181) que altas (156).

En concreto, descienden los casos activos en las áreas de A Coruña y Cee (-36), en la de Ferrol (-3) y en la de Ourense (-2); mientras que aumentan en las de Vigo (+25), Santiago y Barbanza (+17), Pontevedra y O Salnés (+15) y Lugo (+6).

De este modo, sigue la de A Coruña y Cee a la cabeza con 649 casos activos; seguida de la de Vigo, con 623; Santiago y Barbanza, con 320; Pontevedra y O Salnés, con 266; Lugo, con 145; Ourense, 139; y a la cola sigue Ferrol, con 91.

En cuanto a los nuevos contagios detectados con cualquier tipo de prueba, han repuntado a 181, tras iniciar la semana con 112 nuevos y aumentar a 139 este martes pasado.

Del total, 143 son positivos confirmados por PCR en las últimas 24 horas --27 más que la jornada anterior--, de ellos 61 en el área de Vigo; 28 en la de A Coruña y Cee; 18 en la de Santiago y Barbanza; otros 18 en la de Pontevedra y O Salnés; ocho en la de Ourense; ocho en la de Lugo y dos en la de Ferrol.

Por tanto los contagiados con Covid-19 en Galicia ascienden a 117.948, de los que 28.623 corresponden al área de A Coruña y Cee; 22.471, a la de Vigo; 18.646, a la de Santiago y Barbanza; 14.913, a la de Ourense; 12.909, a la de Pontevedra y O Salnés; 12.111, a la de Lugo; y 8.275, a la de Ferrol.

TASA DE POSITIVIDAD

Hasta la fecha de la última actualización de datos se han realizado en la Comunidad gallega 1.884.413 PCR, lo que implica 7.199 pruebas más que la jornada anterior --más de 2.000 que las efectuadas el día pasado--.

Mientras, la tasa de positividad, tras haber repuntado a un cuatro por ciento en el inicio de la semana, se mantiene como la jornada pasada en un 2%, por lo que sigue por debajo del 5% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija para dar por controlada la pandemia.

VÍCTIMAS Y CURADOS

Galicia ha registrado el fallecimiento de 2.360 personas diagnosticadas de Covid-19 después de notificar Sanidade este martes la muerte de otras tres.

Los tres fallecidos presentaban patologías previas y uno de ellos murió el lunes, un hombre de 58 años ingresado en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. Los otros dos óbitos, registrados este martes, corresponden a dos mujeres de 86 y 74 años, que también se encontraban ingresadas en el Chuac.

Hasta la fecha se han curado de la Covid-19 un total de 113.377 pacientes en toda Galicia, lo que supone 156 personas más que las contabilizadas hasta la jornada pasada.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, miembros de una misma familia, por un delito contra la salud pública de cultivo o elaboración de estupefacientes y otro de defraudación del fluido eléctrico. Uno de ellos, un hombre de 47 años de edad, también ha sido imputado por los delitos de falsificación de documento público y usurpación del estado civil, al estar inscrito en el Registro Civil como persona fallecida desde el año 2004 por un accidente de tráfico ocurrido en Paraguay.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Talavera de la Reina había iniciado una investigación para determinar la posible existencia de cultivo ilegal de marihuana en la localidad de San Román de los Montes (Toledo), dando origen a la Operación 'Garabullo' y que llevó a los agentes hasta dos viviendas ubicadas en una urbanización de este municipio.

La Guardia Civil comprobó la identidad de las personas que vivían en estas propiedades, todas ellas con relación familiar, y descubrió que uno de los investigados tenía cesada una requisitoria judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión con motivo de su fallecimiento. Esta orden había sido dictada y cesada el pasado año 2004 por la Audiencia Provincial de Madrid, por un delito de tráfico de drogas y otro de tenencia ilícita de armas.

Los agentes comprobaron que efectivamente este hombre había sido inscrito como fallecido ese mismo año en el Registro Civil Central después de haber sufrido supuestamente un accidente de tráfico en la localidad de Chacoí (Paraguay) y haber fallecido junto con tres familiares de una de las personas detenidas en esta operación, pareja de éste.

La Guardia Civil, ha informado en nota de prensa, comprobó que este hombre también estaba utilizando los datos de identidad de un familiar de su pareja para poder desplazarse y circular ocultando su verdadera identidad y seguir evadiendo la acción de la justicia.

Una vez comprobada la verdadera identidad de esta persona y acreditada la existencia de un cultivo ilegal de marihuana en estas propiedades, la Guardia Civil realizó dos entradas y registros simultáneas con el apoyo de la USECIC de la Comandancia de Ciudad Real, descubriendo la existencia de dos cultivos intensivos de marihuana e incautando 537 plantas, 300 esquejes preparados para su plantación y 1.600 euros, entre otros efectos.

Una vez finalizados los registros, los agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Talavera de la Reina detuvieron a dos hombres y a dos mujeres, con edades comprendidas entre los 21 y los 47 años, por los delitos de cultivo o elaboración de estupefacientes y defraudación del fluido eléctrico. Igualmente al mayor de los detenidos se le imputaron los delitos de usurpación del estado civil y falsificación de documento público.

Los cuatro detenidos, junto a las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Talavera de la Reina.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado convencido este miércoles de que el PSOE y Unidas Podemos cumplirán su compromiso de aprobar una Ley de Vivienda que incluya la regulación del precio de los alquileres porque, ha remarcado, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no se puede permitir" aprobar esa norma con el PP.

En una entrevista en Antena3, el exvicepresidente del Gobierno ha hecho hincapié en que el acuerdo se fraguará en los términos en los que quedó plasmado tanto en el acuerdo de coalición como en lo firmado justo antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

En este punto, ha hecho hincapié en que ese acuerdo "no es nada ambiguo" porque su formación insistió en que no lo fuera. "Ya sabemos cómo funciona política, evitamos que sea ambiguo porque luego le dicen 'eso es muy difícil y no se puede hacer'", ha comentado el también candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

PSOE y Unidas Podemos llevan meses negociando la nueva normativa y mantienen como principal punto de divergencia la cuestión del alquiler. Los socialistas abogan por un modelo de incentivos fiscales a propietarios que decidan bajar los precios del arrendamiento, que los morados rechazan al suponer un incumplimiento del compromiso de regular el alquiler y poner techo a los precios en zonas de mercado tensionadas.

NO TOMAR EL PELO A LA GENTE

Tras recalcar que la ley "va a salir porque la gente no va a consentir que le tomen el pelo", Iglesias ha subrayado, además que la correlación parlamentaria es "inequívoca" y que Sánchez "no se puede permitir una ley de vivienda votando con el PP.

Preguntado sobre un eventual adelanto electoral, lo que daría al traste definitivamente con el debate sobre esa norma, Iglesias se ha mostrado tajante el asegurar que no lo habrá y que hay "gobierno de coalición para rato".

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha negado este miércoles que exista transferencia de voto obrero en barrios populares a Vox, un partido al que ha acusado de hacer "apología del terrorismo de Estado y vandalismo callejero".

En una entrevista en 'Antena 3' se ha referido así al acto de presentación de la lista electoral de Vox esta tarde en la llamada 'Plaza Roja' de Vallecas y ha indicado que este partido llamó a esta distrito "estercolero de multiculturalidad".

Asimismo, Iglesias les ha reprochado que defiendan a los GAL y a violencia callejera, "con la señora Macarena Olona haciéndose ufana una foto a una escultura vandalizada de Largo Caballero". "Han dicho que van a deportar a un español, a Sergine Mbayé, no se sabe si por ser negro o de Podemos. Esto no se puede aceptar en democracia. Esa dinámica de provocación contra la democracia que tanto costó traer a España. Creo que Vox es la mayor amenaza contra la democracia española", ha dicho.

El exvicepresidente del Gobierno ha comentado que cuando fue atacada la sede de Podemos en Cartagena no salió publicada la noticia en portada en ningún periódico en papel pero sí le llamó el presidente del Parlamento europeo preocupado por el auge de la ultraderecha en España. En la misma línea, se ha quejado que "se haya normalizado" que un futbolista pueda llamar a otro 'negro de mierda' o que una fuerza parlamentaria "reivindique el terrorismo callejero".

Por eso, Pablo Iglesias acusa a Vox de atacar la democracia y a los barrios trabajadores; y frente a ellos asegura que "hay que contestarles con la Constitución Española y los valores democráticos y europeos".

"Lo que defiende la ultraderecha de Vox y el PP es acabar con las ayudas sociales, con los centros públicos, convertir la educación privada en centros de adoctrinamiento, destrozar lo común. La gente necesita una educación y sanidad pública de calidad y que haya gasto público para servicios sociales. El PP y Vox quieren transferir los recursos de todos para una minoría", ha apostillado.

Cataluña ha registrado hasta este miércoles 607.728 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia -563.048 con una prueba PCR o test de antígenos-, 1.764 más que en el recuento del martes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 21.430, que son 30 más que los registrados el martes: 13.580 en hospital o centro sociosanitario, 4.556 en residencia, 1.153 en domicilio y 2.141 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.712, que son cuatro más que en el último recuento.

Un total de 458 pacientes se encuentran ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, 13 más que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) baja hasta 0,93 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en el 7,59%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 240,27 por cada 100.000 habitantes.

La tasa del riesgo de rebrote ha bajado: el martes alcanzaba un nivel de 233, y 24 horas después se sitúa en 223.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 33.654 personas que han dado positivo, de las que 8.775 han muerto y 22 se encuentran actualmente ingresadas.

VACUNACIÓN

Cataluña ha administrado la vacuna contra el coronavirus a un total de 1.083.896 personas desde que empezó la campaña de vacunación -446.532 personas ya han recibido la segunda dosis-: se han administrado 44.273 primeras dosis de vacuna en las últimas 24 horas.

Del total de personas vacunadas con la primera dosis, 797.945 son de la provincia de Barcelona, 101.097 de Girona, 71.688 de Lleida y 110.449 de Tarragona; y 59.988 del total son personas usuarias de residencias catalanas.

En porcentajes, se ha vacunado en primera dosis al 13,6% de la población catalana, de la que un 5,6% ya tiene la pauta completa de vacunación y, por lo tanto, goza de inmunidad frente al virus.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha reiterado este miércoles el compromiso de España con la defensa y la seguridad de los países bálticos, al tiempo que ha recalcado que la UE no busca una relación de adversarios con los países vecinos, en particular Rusia y Bielorrusia, pero tampoco tolerará agresiones.

La jefa de la diplomacia ha iniciado en Vilna una gira por los tres países bálticos con la que busca precisamente trasladar el apoyo de España, además de reforzar las relaciones bilaterales. En el caso de Lituania, en 2022 se celebrará el centenario del establecimiento de relaciones.

"España está comprometida con la defensa y la seguridad del flanco este de la UE", ha recalcado González Laya en rueda de prensa con su homólogo lituano, Gabrielus Landsbergis, recordando la participación de efectivos españoles en la misión de la OTAN en los países bálticos.

La ministra ha dejado claro que la UE no busca "una relación de adversarios con nuestros vecinos" sino que lo que quiere es "paz y estabilidad", tanto con Rusia como con Bielorrusia, al igual que con China, "pero no toleraremos agresiones contra la UE". "Este es un mensaje muy claro que necesitamos enviar en estos momentos", ha señalado.

Por otra parte, González Laya ha evitado pronunciarse sobre la eventual entrada de Ucrania en la OTAN, después de que el presidente de este país, Volodimir Zelenski, defendiera la víspera que su ingreso en la Alianza es "la única vía" para poner fin al conflicto en el este, en medio de una nueva escalada de tensión en la región de Donbás. En opinión del mandatario ucraniano, la adopción de un plan de acción para la membresía para Ucrania sería una verdadera señal para Rusia".

En este sentido, la ministra ha resaltado que "Ucrania ya tiene una relación especial con la OTAN sin ser miembro" y goza de "un estatus especial que es fructífero y saludable", aunque pueda hablarse de su situación en junio, y ha insistido en que los miembros de la Alianza "están comprometidos con una relación estable en el vecindario de la Unión Europea".

SITUACIÓN EN BIELORRUSIA

La ministra también se ha referido a la situación en Bielorrusia, donde desde las elecciones del pasado agosto en las que el presidente, Alexander Lukashenko, obtuvo la reelección para un sexto mandato se han venido sucediendo las protestas y buena parte de los líderes opositores han sido detenidos o se han visto forzados al exilio.

"La situación se está deteriorando", ha reconocido, subrayando que "no es una cuestión geopolítica" sino "una cuestión de respeto de la democracia y los Derechos Humanos". A la UE le preocupa esta situación porque los bielorrusos "han pedido masivamente que se respeten la democracia y los Derechos Humanos", de ahí el que, ha dicho, España está dispuesta a apoyar "cualquier medida de la UE" destinada a promoverlos.

Precisamente, durante su estancia en Vilna González Laya tiene previsto un breve encuentro con Svetlana Tijanovskaya, líder de la oposición bielorrusa y que quedó segunda en las elecciones presidenciales del pasado verano.

La agenda de la ministra incluye también reuniones con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, con la primera ministra, Ingrida Simonyte, así como con la presidenta del Parlamento, Viktorija Cmilyté-Nielsen.

También está previsto un encuentro con representantes de varias empresas españolas presentes en Lituania además de la visita el Centro de Biociencia, que colabora con universidades españolas, y la Universidad de Vilna, fundada, entre otros, por jesuitas españoles y donde conversará con alumnos, según ha informado Exteriores.

Las compraventas de vivienda pasaron de las 42.028 operaciones de febrero del año pasado a las 40.482 registradas el mismo mes de este año, lo que supone un descenso del 3,7%, pero significativamente menor al del mes anterior (-15,4%), según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores de España.

Por regiones, las compraventas de vivienda registraron descensos en ocho comunidades autónomas. Así, sufrieron caídas Baleares (-18,2%), Canarias (-14,6%), Valencia (-12,6%), Aragón (-11,7%), Madrid (-5,1%), Cataluña (-4,6%), Andalucía (-2,8%) y Castilla-La Mancha (-0,1%).

Por el contrario, destacaron los incrementos de Asturias (+16%), La Rioja (+13,7%), País Vasco (+12,9%), Murcia (+10,6%) y Navarra (+10,8%).

Por su parte, las compraventas totales, incluidas viviendas y otros inmuebles, finalizaron febrero en 84.318 operaciones, lo que representa un descenso del 2% en comparación con el mismo mes del año anterior (86.012).

Las compraventas totales descendieron también en ocho comunidades autónomas, destacando las caídas de Baleares (-16,4%), Valencia (-13,9%), Aragón (-10,6%) y Madrid (-8,2%). Por detrás, le siguen los descensos registrados en Canarias (-3,5%), Cataluña y La Rioja (-2,2% en ambas) y Cantabria (-1,4%).

En el lado contrario, destacaron los incrementos de compraventas totales registrados en Murcia (+18,7%), Asturias (+17,2%), País Vasco (+15,2%), Navarra (+11%), Galicia (+8,1%), Extremadura (+4,8%), Andalucía (+2,5%), Cantabria (+1,7%) y Castilla y León (+0,7%).

Desde el comienzo de la pandemia, se observan caídas que llegaron a superar el 50% en mayo, comenzando una paulatina recuperación, solo interrumpida en octubre, que se prolongó hasta diciembre con subidas del 8% para las compraventas totales y del 4,1% para las de viviendas.

Sin embargo, según remarcan los registradores, a partir de enero de este año volvieron las caídas, que en el segundo mes del año "se han suavizado".

Respecto a las hipotecas, sobre el conjunto de inmuebles, viviendas y otros, finalizaron febrero con un descenso de casi 9.000 operaciones, tras finalizar febrero con 40.755 hipotecas inscritas (-18,1%).

Por comunidades autónomas, las hipotecas totales cayeron en un total de 11 comunidades autónomas, con los descensos de Aragón (-37,2%), Madrid (-32,2%), Cataluña (-31,4%), Castilla y León (-25,5%) y Baleares (-22,8%) a la cabeza.

También se registraron caídas en Valencia (-15,4%), Castilla-La Mancha (-14,1%), Canarias (-13,1%), Asturias (-9,5%), Andalucía (-6,4%) y Extremadura (-5,1%). Por su parte, se registraron incrementos de las hipotecas totales en La Rioja (-111%), Navarra (+10,8%), Cantabria (+9,9%), Murcia (+3,7%), Galicia (+2,9%) y País Vasco (+0,6%).

Las hipotecas sobre vivienda pasaron de las 34.241 hipotecas inscritas en febrero de 2020 a las 29.868 del segundo mes de 2021, lo que supone un descenso del 12,8%.

De su lado, las hipotecas sobre vivienda crecieron en cinco comunidades autónomas: La Rioja (+69%), Galicia (+12,1%), Navarra (+9,1%), Murcia (+8,6%) y Cantabria (+5,9%).

Por el contrario, descendieron en Aragón (-30,2%), Cataluña (-21,8%), Madrid (-17,1%), Canarias (-16,8%), Castilla y León (-14,9%), Baleares (-14,6%), Valencia (-13,5%), Andalucía (-10,5%), Castilla-La Mancha (-7,9%), Extremadura (-6,6%), País Vasco (-6,2%), Asturias (-4,4%).

Los registradores explican que las hipotecas constituidas, que habían mostrado desde el inicio de la pandemia una mayor resistencia a las caídas, pero que la situación se ha revertido en los últimos meses.

Además, dicen que las tasas anuales negativas en las hipotecas inscritas "han sido habituales" durante casi todos los meses de 2020, mostrando ya en diciembre una significativa caída (-18,5% las totales y -13,7% las de vivienda), que se intensificó en enero de este año, con un descenso del 34,4% de las hipotecas totales y del 30,4% de las de vivienda con relación a enero de 2020.

No obstante, han apuntado que el descenso de febrero ha sido inferior al protagonizado el mes anterior. "Con la excepción puntual de septiembre, la evolución general de las hipotecas se ha mantenido prácticamente siempre en valores negativos desde el comienzo de la pandemia", según los registradores.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles que está "preparado para todo", incluida una eventual imputación en el denominado 'caso Dina' ahora que, tras haber dejado el Gobierno y el Congreso, ya no es aforado. "A mí me van hacer cualquier cosa", ha dicho.

Así se ha pronunciado Iglesias en una entrevista en Antena 3, ante la pregunta de si teme esa imputación: "Hay que estar preparado para todo, pero con absoluta tranquilidad", ha señalado, antes de apuntar que, pese a que tanto e Tribunal Supremo como la Fiscalía Anticorrupción se han pronunciado de forma "inequívoca" en este asunto, en su formación están "preparados para lo que venga".

En este contexto, ha insistido en que a Podemos le han "formado escándalos" durante siete años que luego han acabado "sistemáticamente archivados" por los tribunales. "Tenemos que acostumbrarnos a vivir en esta dinámica y estar preparados para lo que venga", ha insistido el exvicepresidente del Gobierno.