Unidas Podemos y PSOE han avanzado hoy en un acuerdo para incluir en la nueva Ley de Vivienda medidas orientadas a frenar los desahucios sin alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad, en términos similares a los recogidos en el decreto antidesahucios que está en vigor mientras dure el estado de alarma.

Sin embargo, la cuestión de la regulación del precio del alquiler, que ha generado tensiones entre los dos socios de coalición, sigue sin clarificarse y la formación morada reprocha a los socialistas que sigan sin presentarle una propuesta para ejecutar este compromiso adquirido tanto en el acuerdo de gobierno como en el de Presupuestos.

Así se ha constatado en la reunión mantenida este jueves entre los equipos de la Vicepresidencia Segunda, liderado por la secretaria de Estado para la Agenda 2030 Ione Belarra, y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda David Lucas al frente.

Según han explicado fuentes de Unidas Podemos, en el encuentro de hoy se ha constatado progresos de cara a un acuerdo que incluya el freno a los desahucios en términos similares al mecanismo utilizado para el Estado de Alarma en la futura Ley de Vivienda. Precisamente es una de las reivindicaciones trasladadas por Belarra en el marco de la negociación con el PSOE.

En concreto, se está acordando que los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales de los distintos territorios. Estos determinarán si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional «digna».

DECRETO ANTIDESAHUCIOS

Tras una intensa negociación a finales del año pasado, ambas formaciones lograron un consenso para aprobar en el Consejo de Ministros el decreto antidesahucios, que suspendía desahucios cuando los servicios sociales, a través de un informe vinculante, reconociera la situación de vulnerabilidad, que los tribunales debían solicitar de forma obligatoria en caso de que los afectados lo pidieran.

El decreto también recogía una compensación económica para los grandes tenedores de vivienda cuando pasaran tres meses sin que la administración ofrezca una alternativa habitacional al inquilino.

LA REGULACIÓN DEL ALQUILER SIGUE SIN AVANCES

Pese a este avance en materia de desahucios, Unidas Podemos ha mostrado su preocupación sobre el hecho de que su socio no haya compartido, «una vez más y tras dos meses de negociación», una propuesta en torno a la regulación del alquiler en las zonas tensionadas. De hecho, la plasmación de la nueva Ley ya va con retraso, dado que la previsión trasladada por el PSOE es que se pueda llevar al Consejo de Ministros este mes de marzo.

Para los morados, la regulación es «primordial» y «debe incluirse» en la futura Ley, tal y como se pactó en el acuerdo de Gobierno y en el de Presupuestos Generales del Estado de este año. Además, el pasado martes el Gobierno incluyó, en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, el compromiso de regular los precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda.

IGLESIAS PRONOSTICA QUE GANARÁN LA «BATALLA» DEL ALQUILER

Ayer, el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, pronosticó que «van a ganar la batalla» para lograr plasmar la regulación del precio del alquiler en la nueva Ley de Vivienda, pese a las presiones de la patronal inmobiliaria para que no se cumpla el pacto que suscribió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Unidas Podemos rechaza la opción de aplicar un modelo de incentivos para desplegar esta regulación y aboga por plasmas obligaciones a los grandes tenedores de vivienda, además de fijar límites concretos para bajar los precios en zonas de mercado tensionado.

Otras propuestas de los morados son fijar la figura de gran tenedor a cinco o más propietarios (rebajando la franja pautada en el decreto antidesahucios que apunta a diez o más), obligar a estos grandes propietarios a destinar el 30% de la vivienda social a alquiler social o desplegar un impuesto a la vivienda vacía. De este último punto, tampoco se ha aportado una propuesta concreta por parte de los socialistas.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado este jueves, durante la presentación de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento -Estrategia AVANT 20/30-, el acuerdo con la Diputación de Castellón para poner en marcha el primer Centro de Innovación Territorial en el que administraciones, empresas y emprendedores puedan activar proyectos que impulsen el desarrollo de zonas afectadas por las urgencias del reto demográfico.

En su visita a Castellón de la Plana, en la que ha estado acompañada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el presidente de la Diputación de Castellón, Pascual Martí, y la directora general de la Estrategia AVANT 20/30, Jeannette Segarra, la vicepresidenta ha informado de que «la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico está ya consensuada con las comunidades autónomas y en unos días se presentarán las líneas específicas de acción».

En este sentido, el Centro de Innovación Territorial de Castellón servirá como proyecto piloto para evaluar el modelo de implantación de este tipo de iniciativas sobre el territorio e identificar una estrategia de trabajo replicable en otras áreas rurales y capaz de adaptarse a las particularidades de cada territorio.

El objetivo de este proyecto es la activación de un espacio físico y virtual que permita identificar procesos que generen innovación sobre el territorio y se alineen con los grandes ejes de la recuperación económica -transición ecológica, digitalización, igualdad de género y cohesión social y territorial- y la creación de nuevas oportunidades que contribuyan a la lucha contra la despoblación y conviertan a las zonas rurales en espacio de actividad y residencia.

Por otra parte, en línea con la Estrategia AVANT 20/30 y la acción sobre el territorio de la Secretaría General para el Reto Demográfico, Ribera ha anunciado que el MITECO ya ha dado los primeros pasos para impulsar el lanzamiento de un proyecto para la generación y autosuficiencia de energía renovable en Aras de los Olmos, Valencia, que se convertirá en el primer municipio de España capaz de autoabastecerse energéticamente.

«El proyecto que propone Aras de los Olmos es un gran ejemplo de cómo la transición energética abordada desde lo local es una oportunidad también para afrontar el reto demográfico», ha apuntado Ribera, quien ha añadido que, con la ayuda recibida, Aras da el primer paso en esa hoja de ruta hacia el 100 por cien de renovables, que desde el MITECO podrán seguir apoyando con las nuevas líneas de acción que activarán a lo largo del año.

La iniciativa en Aras de los Olmos, que contará con una ayuda de 459.786 euros, consiste en la instalación de paneles solares fotovoltaicos que proporcionarán energía renovable a la localidad valenciana, de 369 habitantes.

ACCIÓN LOCAL

La Estrategia AVANT 20/30 será el instrumento fundamental para abordar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación en la Comunitat Valenciana a través del plan de recuperación. La agenda autonómica antidespoblación servirá como herramienta para coordinar las actuaciones sobre el territorio por parte del Gobierno, las comunidades autónomas y las entidades locales.

En esta línea, la manifestación de interés lanzada por la Secretaría General para el Reto Demográfico a finales de 2020 también ha contribuido a revelar una fotografía de las necesidades y oportunidades de los pequeños municipios en la Comunidad Valenciana. De las más de 4.200 iniciativas recibidas, más de 220 proceden de esta región y marcan una clara orientación hacia la transición energética, la bioeconomía, el turismo sostenible, el desarrollo cultural y la transformación social, según ha apuntado el Ministerio en un comunicado.

«Más del 60% de las iniciativas recibidas a través de la manifestación de interés de Reto Demográfico procedían de alcaldes de ayuntamientos, lo cual pone de manifiesto la implicación de los pequeños municipios y sus representantes con el territorio», ha destacado Ribera.

Por su parte, el ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamado una «alianza de alianzas institucional» para superar «la frontera de la desigualdad» del ámbito rural. Durante su intervención, ha calificado la Estrategia Avant 20/30 como un plan «dinámico y participativo», que «suma la voluntad e instrumentos para salir hacia adelante», y en este sentido ha asegurado que para ello se debe «establecer sinergias para realizar una acción conjunta entre todas las administraciones.

En el transcurso del acto, Puig ha asegurado que la pandemia ha supuesto una «gran incertidumbre» pero al mismo tiempo una «grandísima oportunidad» para acabar con la «frontera de desigualdad» del ámbito rural. Asimismo, el ‘president’ también se ha referido a «la gran esperanza» que suponen los fondos europeos, de los que se dispondrá -ha dicho- en la medida que se puedan generar proyectos, pero ha insistido en que lo más importante que necesita el espacio rural son recursos humanos y «la convicción de tener futuro».

Asimismo ha destacado que los fondos europeos son la gran oportunidad para «corregir los desequilibrios de la despoblación», y en este sentido ha señalado que la Generalitat, en el marco de la Estrategia Valenciana de Recuperación, ya ha presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 32 proyectos contra la despoblación que aspiran a recibir fondos europeos, cuyo presupuesto estimado es de 685 millones de euros.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico realizado en la Estrategia ha constatado que en la Comunitat Valenciana hay 224 municipios con menos de 1.000 habitantes, el 40% del total, correspondientes en la mayoría de los casos a comarcas del interior, y en ellos la población dependiente supera el 60%.

Además, la densidad de algunas de estas comarcas es de entre 4 y 6 habitantes por kilómetro cuadrado en zonas como Els Ports de Morella (4 habitantes/kilómetro cuadrado), el Rincón de Ademuz (4,5), el Alto Mijares (5,2) o el Valle de Ayora-Cofrentes (6,5); y la tasa de envejecimiento del 55% -297- de los municipios valencianos es superior al 20%, especialmente en los localizados en el interior de las provincias de Castellón y de Valencia, y en la Montaña Alicantina.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha denunciado las desigualdades observadas en las diferentes comunidades autónomas en lo que respecta al gasto en Atención Primaria (AP) en estos últimos años, ya que, en 2018, siete comunidades, entre las que destacan Madrid y Baleares, se situaron por debajo de los 206,73 euros de media por habitante, con un gasto de 147,97 y 178,38 euros, respectivamente; frente a los 261,75 de Extremadura, la comunidad que más invirtió.

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación, en rueda de prensa, del documento ‘La AP en las CCAA. Informe 2021’, elaborado por la FADSP, donde también se advierte de que el gasto sanitario destinado a Atención Primaria ha disminuido estos últimos años en proporción sobre el gasto sanitario público (0,98% entre 2010 y 2018).

Precisamente, la dispersión entre las diferentes comunidades autónomas también es evidente en el porcentaje total de gasto sanitario destinado a AP de cada comunidad, yendo desde el 17,45 por ciento de Andalucía hasta el 11,48 por ciento en Madrid. En concreto, la diferencia entre 2010 y 2018 oscila entre una disminución del 6,51 por ciento de Baleares hasta el aumento del 1,27 por ciento de Cantabria. «Unas diferencias tan importantes generan necesariamente desigualdad en las prestaciones de la AP», ha lamentado el secretario de Organización de FADSP, Marciano Sánchez Bayle.

Asimismo, la FADSP ha destacado que en 2019 se produjo una pequeña disminución en el número de tarjetas sanitarias individuales (TSI) por profesional en medicina de familia (-51%), pediatría (-57%), enfermería (-121%) y administrativos (-266) respecto a 2010, con una gran variabilidad entre las CCAA. «De todas maneras, las ratios (TSI/profesional) siguen siendo muy elevadas en todas las comunidades», sostiene Sánchez Bayle.

Así, en Medicina de Familia, en 2019, la ratio varía entre 1.762 de Baleares y 907 de Castilla y León, siendo la media de 1.342. En este sentido, el porcentaje de profesionales con más de 1.500 TSI es «muy elevado» y «globalmente inaceptable», pues se sitúa en un 38,83 por ciento, y en algunas de las CCAA «realmente escandaloso», denuncian desde la FADSP. En concreto, en Baleares el porcentaje es del 88,28 por ciento, y en Madrid del 56,75 por ciento. De hecho, en Madid se encuentra el 52,9 por ciento de quienes tienen más de 2.000 TSI/profesional

En lo que respecta a Pediatría, la ratio también es elevada. Estas van desde 1.149 de Cataluña hasta 766 de Valencia. De nuevo, Baleares y Madrid concentran los mayores porcentajes, con más de 1.250 TSI, siendo Madrid la que acoge al 56,89 por ciento, con más de 1.500 TSI.

Por otro lado, Defensa de la Sanidad Pública ha destacado que en enfermería existe una «anomalía crónica en el sistema sanitario español», ya que la ratio de TSI por profesional es mayor que la de medicina, cuando lo habitual en otros países es que sea 1,5 inferior. Con todo, a pesar de ello, la ratio ha aumentado en cuatro comunidades entre 2010 y 2019. La ratio de TSI profesional es muy elevada en 2019 (1.485 de promedio) y varía entre la cifra de 1.113, de Canarias y la de 2.016, de Madrid

En referencia al personal administrativo, este también presenta ratios muy elevadas (2.779 de promedio en 2019), con gran variabilidad (máximo de 5.026 en la Rioja y mínimo de 1.720 en Canarias). Para la FADSP, la escasez de personal administrativo es precisamente una de las causas de la sobrecarga burocrática del personal asistencial.

ACTIVIDAD ASISTENCIAL

Según este informe, el número de consultas realizadas en AP disminuyó un 4,62 por ciento de media en todas las comunidades entre 2010 y 2019. No obstante el número de consultas de AP continuó siendo muy superior al de Enfermería (1,76 veces mayor). En este sentido, la frecuentación es mayor en las consultas médicas que en las de enfermería (5,06 por ciento, frente al 2,87), y es mayor entre la población de más de 65 años.

De hecho, este porcentaje varía entre el 6,8 de Extremadura y 3,84 de Cataluña, en el caso de las de medicina, y entre el 4,1 de Castilla y León y el 2,08 de Cataluña en el caso de enfermería. Así, estas visitas están influidas positivamente por la edad y negativamente por tres razones: el nivel socioeconómico, las mayores demoras en las citaciones y el grado de privatización en AP.

Además, la tasa de Urgencias y Emergencias es elevada. En 2019, se situó en una media de 44,51/1.000 habitantes resueltas por los centros coordinadores, y en 102,84 que precisaron de un desplazamiento de profesionales sanitarios.

Por otro lado, la tasa de interconsultas por 1000 habitantes se mantuvo prácticamente estable, pasando de 386,48 en 2013 a 381,31 en 2017 (primer y último año disponibles). Las CCAA con mayores tasas en 2017 fueron Canarias y La Rioja (564 y 474 respectivamente), y la que menos, Extremadura, con 265,06.

El gasto farmacéutico por recetas, que es el que depende sobre todo de AP, ha experimentado un crecimiento del 12,6 por ciento en el conjunto del país, oscilando entre el 24,1 por ciento de Valencia y un ligero decrecimiento (- 0,7%) de Navarra. En todo caso, el crecimiento promedio se ha situado por delante del aumento del presupuesto.

En cuanto al gasto por habitante y año, cabe destacar que este pasó de 2007,1 euros en el año 2014 a 233,4 euros en 2019, oscilando entre los 319,7 en Extremadura y los 202,6 en Madrid. Esta inversión es superior en todas las CCAA con respecto al gasto realizado en AP, según destacan desde la FADSP.

PIDEN DESTINAR HASTA UN 25% DEL PRESUPUESTO DE SANIDAD A LA AP

Por todo ello, la FADSP ha pedido un «incremento notable» de los presupuestos sanitarios para la AP. Una cifra que se estima razonable es en torno al 20-25 por ciento del presupuesto sanitario público, lo que debe de realizarse de una manera escalonada», ha aclarado Sánchez Bayle, quien ha añadido que, en todo caso, «sería importante una financiación sanitaria finalista para poder garantizar los presupuestos destinados a la AP y acabar con la excesiva variabilidad actual».

Además, para la federación también es «fundamental» disminuir la presión asistencial en la AP. Para ello, se precisa, aparte de unos mayores presupuestos, un incremento sustancial de las plantillas que establezca un máximo de 1.300 TSI para profesionales médicos y de enfermería, y de 1.000 para pediatría. Esto significa a corto plazo un aumento de, al menos, 2.000 profesionales de medicina y 4.500 de enfermería en AP en todo el país.

«En poco tiempo, se debería garantizar también que no existan profesionales médicos y de enfermería con más de 1.500 TSI asignadas», ha añadido el secretario de Organización. «Asimismo hay que realizar aumentos en el personal administrativo para lograr una ratio de 1.700 TSI/administrativo y el compromiso de recuperar las citaciones desde los centros de salud», ha defendido Sánchez Bayle, quien también ha reclamado la recuperación de la atención presencial en los centros de salud. «No se puede mantener una situación como la actual, donde la mayoría de la actividad se está haciendo telemáticamente, ya que es imposible realizar la correcta exploración de las personas, que es una parte sustancial del diagnóstico, a distancia», ha concluido.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha defendido este jueves que «negociar con la libertad, la igualdad y la seguridad de las mujeres no tiene cabida» en el actual sistema, al tiempo que ha lamentado que la sociedad asiste cada día a hechos «muy graves» relacionados con la defensa de la mujer y la igualdad.

«Se está blanqueando la desigualdad, eso es muy grave, hay que seguir trabajando por la igualdad, no es negociable, la igualdad no se puede negociar», ha propugnado la regidora toledana, que se ha pronunciado de este modo en la IV Jornada Soy Mujer que se ha desarrollado de manera virtual desde el Campus Universitario de la Fábrica de Armas, impulsado por ‘encastillalamancha.es’.

En este foro, y según ha informado el Consistorio, la alcaldesa ha compartido su experiencia al frente de la institución municipal y su trayectoria profesional, a la par que «ha dado ejemplo» del papel de la mujer en la sociedad del siglo XXI en unas jornadas que tienen como objetivo fomentar la concienciación y los valores de igualdad entre la juventud, pues los jóvenes, como han destacado, son quienes marcarán el rumbo de la igualdad en las próximas décadas.

En este sentido, Milagros Tolón ha señalado que precisamente las políticas públicas deben fortalecer la libertad, la igualdad y la seguridad de las mujeres. «La lucha por los derechos de la mujer siempre ha tenido una reacción social, y ahora también; a las mujeres nunca se nos han regalado nuestros derechos, los hemos tenido que conquistar», ha añadido.

Así, la alcaldesa ha puesto de manifestó que mejorar las políticas de igualdad y de protección a la mujer es el camino para fortalecer el feminismo como base de la igualdad y de la libertad.

TESTIMONIO EN PRIMERA PERSONA

Milagros Tolón ha compartido con los alumnos de la UCLM conectados desde diferentes campus universitarios, tanto desde Toledo, como Cuenca y Albacete, que en este momento hay retos que superar, «tres cuestiones importantes que aplicar a cualquier profesión: confianza en nosotras mismas, estar preparadas para todo y reconocernos como tal».

En su testimonio como mujer con responsabilidad pública, la alcaldesa ha destacado que aún hoy en Toledo y en el marco institucional hay quienes se refieren a ella como «señora presidente o señora alcalde», lo que denota que «aún hay camino por recorrer».

Y es que tal y como ha compartido Miagros Tolón, en el mundo político «es complicado que las mujeres lleguen a ostentar un cargo, y cuando lo hacemos debemos ser conscientes de la importancia de visibilizarlo para servir de ejemplo a otras mujeres».

Además de la alcaldesa, han participado en la jornada la vicepresidenta de la Diputación, Ana Gómez; y la vicerrectora de Coordinación, Comunicación y Promoción, Leonor Gallardo, y ha contado con los testimonios de Macarena Alonso, escritora y presidenta de la Asociación de Mujeres María de Padilla; y Carmen Fernández-Martos, bióloga y doctora en Biomedicina, investigadora y jefa del grupo de Neurometabolismo del Hospital Nacional de Parapléjicos.

También se han sumado Rosana Braojos, diplomada en Enfermería, licenciada en Arte Dramático y enfermera en planta Covid-19 desde 2020; Elena López, secretaria general de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo y postgrado en Discapacidad Intelectual e Inclusión Social; e Isabel García, primera mujer con rango de oficial en la historia de la Policía Local de Toledo.

La jornada tiene como directores técnicos a Idoia Ugarte, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad regional en Toledo y miembro de la Comisión Académica y Docente del Máster de Antropología Aplicada; y a Javier Rodríguez, profesor de la Facultad de Educación y coordinador de campus del Máster de Secundaria. El acto ha contado con la directora de ‘encastillalamancha.es’, Mar G. Illán, como conductora y moderadora.

La Fiscalía ha solicitado al Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, que en 2020 accedía a la petición de la familia de Marta del Castillo, –por cuyo asesinato fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel–, de reabrir la causa archivada en 2013 contra el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado, a quien éste acusaba de ser el verdadero autor del crimen; que archive tales actuaciones ante el contenido del informe entregado por la Policía Nacional sobre dicha línea de investigación, según ha publicado Diario de Sevilla y han confirmado fuentes del Ministerio Público.

La abogada de la familia de Marta del Castillo, Inmaculada Torres, había explicado recientemente que el mencionado atestado policial suma «más de 200 páginas», después de que tiempo atrás la familia aportase al juzgado información según la cual fueron «falsificados» documentos como «nóminas, la vida laboral o declaraciones de la renta», para conseguir una hipoteca de 108.000 euros respecto a la vivienda de la calle León XIII donde fue cometido el crimen.

La familia, así, atisba un «posible fraude de falsificación de documentos» que a su juicio daría veracidad a la séptima versión de los hechos manifestada por Miguel Carcaño, con la que aseguraba que su hermano mató a la joven en el marco de una discusión por dicha hipoteca.

«COMPROBAR LA VERACIDAD» DE LA TESIS

En el auto de reapertura de aquellas diligencias de 2013, el juez instructor acordaba «comprobar la veracidad» de la información aportada por la familia de la víctima y si de esta nueva documentación «resultan hechos que pudieran ser conducentes a esclarecer el lugar en el que se encuentre el cuerpo de la joven» o la posible participación en su muerte de «terceras personas» que hasta la fecha «no estuviesen enjuiciadas por tales hechos».

Para ello, el juzgado acordaba a comienzos de 2020 reabrir estas diligencias y encomendar la realización de la investigación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hasta la fecha venían investigando la muerte de la joven sevillana, es decir a la Policía Nacional.

En ese sentido, la abogada Inmaculada Torres explicaba que el mencionado informe no contendría en principio novedades directas respecto al posible paradero del cadáver de Marta del Castillo, pero defendía que continuar con esta línea de investigación «podría llevar hasta el cuerpo». Sobre todo porque según sus palabras, el atestado policial «confirma» la tesis de la familia respecto al asunto de la hipoteca.

En paralelo, el padre de la víctima, Antonio del Castillo, habría recibido este enero de año una carta anónima indicando respecto al cadáver un lugar en el entorno de uno de los puentes que cruzan el Guadalquivir en el término municipal de La Algaba, aspecto ya incorporado a la investigación policial, sin que hasta el momento hayan trascendido resultados.

Para Antonio del Castillo, tal aspecto tiene «muchas posibilidades», porque aunque la Policía Nacional haya determinado que el lugar señalado en la carta «es inaccesible por tierra», él entiende que el cuerpo habría sido «arrojado desde el puente».

La Fiscalía de Madrid ha recurrido ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la sentencia que absolvió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de un delito de falsedad en documento oficial en el caso ‘Máster’, solicitando que se repita el juicio por «insuficiencia e irracional motivación fáctica», han informado fuentes fiscales.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid determinaron que no resultaba probada «ninguna intervención» de Cifuentes en el delito del que había sido acusada, pero sí respecto a las otras dos acusadas; la profesora Cecilia Rosado y la exasesora María Teresa Feito.

«Las sospechas legítimas que pudieran existir, no se han convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cristina Cifuentes», recogía la resolución impugnada ahora por la Fiscalía.

En el juicio, la fiscal Pilar Santos solicitó una condena tres años y tres meses de cárcel para la exlíder madrileña al quedar acreditado que indujo la falsedad del documento, dado que era «la única, la primera y la última beneficiaria» de esa falsificación.

Cifuentes defendió que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012 sin exponerlo ante el tribunal, sin dudar de la veracidad del acta que le dio la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para demostrar su inocencia en un vídeo que colgó en su cuenta de Twitter.

En su recurso, el Ministerio Público esgrime que «todo acto tiene una razón de ser» y que del examen de todos los indicios que obran en la causa contra la única persona absuelta solo pueden llevarle a la conclusión de que Cifuentes fue quien «impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual para la falsificación del documento».

A juicio del Ministerio Fiscal, la resolución impugnada «adolece tanto de insuficiencia como de falta de racionalidad en la motivación fáctica» puesto que para llegar a la conclusión absolutoria se han omitido indicios de manera «incongruente» y «contraria al resultado de las pruebas practicadas en el juicio».

Por eso, se solicita tanto la anulación del fallo «ante la vulneración de las normas constitucionales por insuficiencia e irracional motivación fáctica que lleva al pronunciamiento absolutorio» como la devolución de las actuaciones «al órgano que dictó la sentencia recurrida para un nuevo enjuiciamiento de la causa, con una composición distinta de la Sala».

TUTELA JUDICIAL

El recurso alude a que en la sentencia se infringe la tutela judicial efectiva tanto en su motivación sobre la participación de la acusada como en las conclusiones para absolverla. Y es que la Fiscalía entiende que hay indicios «de notorio sentido incriminatorio» que han sido obviados, «siquiera para descartarlos» por la Sala y que, además, son «ciertos».

Se refiere, por ejemplo, a la solicitud directa que Cristina Cifuentes hizo al rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Javier Ramos, de la documentación acreditativa de haber cursado el Máster.

Cita también otros indicios no valorados como el hecho de que la ex presidenta madrileña fuera la «única o principal» beneficiada de la falsedad de un documento que necesitaba «imperiosamente» para dar una respuesta a los medios y evitar así «las consecuencias políticas a las que debería enfrentarse». Esta circunstancia, para la Fiscalía, «ya supone un indicio incriminatorio».

El recurso, asimismo, subraya que la sentencia omite «todo» razonamiento sobre determinadas pruebas practicadas en el juicio «y que suponen indicios no descartables de participación». Así, afirma que existen «datos objetivos» de que había una relación entre Amalia Calonge, María Teresa Feito y Cristina Cifuentes.

Esta circunstancia, según la Fiscalía, llevó a la primera de ellas en 2014 y a la segunda en 2018, a actuar de lo forma en que lo hicieron porque así se lo pidió la ex presidenta madrileña «siendo ésta, una vez más la única beneficiaria de tales irregularidades».

INTERÉS EN LA DOCUMENTACIÓN

Otro indicio no valorado por la Sala hace referencia al interés de la acusada en obtener la documentación de una titulación «a sabiendas» de que era irregular.

En este sentido la Fiscalía recuerda que no ha responsabilizado ni pedido la condena del «entorno» de Cifuentes. «¿Cómo hacerlo sin poder individualizar cada comportamiento?», se pregunta.

Sin embargo, «el hecho de que las llamadas y requerimientos reiterados se hicieren por la Consejería de Educación y desde el Gabinete de Presidencia, refuerza la relación de causalidad con quien necesitaba de aquello para salvar su carrera política: Cristina Cifuentes».

Sobre la no valoración de los indicios relativos al «exhaustivo» conocimiento que tenía Feito sobre los datos docentes de la ex presidenta madrileña, la Fiscalía recalca que la fecha del acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) «no es cuestión baladí».

De hecho, fue en una reunión «informal» celebrada el 21 de marzo de 2018 cuando Feito dijo que la defensa del TFM había sido el 2 de julio de 2012.

«A la vista de la importancia de la fecha, el vicerrector Andrés Martínez le preguntó que cómo conocía dicho dato y esta replicó que se lo había comunicado Presidencia. Si dicha fecha fue proporcionada por la acusada María Teresa Feito, sería lógico inferir que le fue suministrada bien por la propia Cristina Cifuentes o bien por su secretaria, a petición de aquélla. Una vez más, basta con la lógica», añade la fiscal.

El recurso destaca que la sentencia sí tiene en cuenta todas las gestiones y la «intervención activa» que tuvo María Teresa Feito el día 21 de marzo y que sirvieron a la Sala para condenarla como inductora de la falsedad.

Ahora bien, asegura que el fallo absolutorio de Cristina Cifuentes «no entra a analizar el porqué de esta conducta» cuando dicho análisis era «necesario» dada la acusación dirigida contra la ex presidenta madrileña.

Tras su afirmación, el Ministerio Público se hace dos preguntas: «¿Es tan siquiera posible plantear que la acusada María Teresa Feito actuó por su cuenta, implicándose tanto?», «¿Cuál es su beneficio en comparación con el obtenido por la Sra. Cifuentes?».

A ambas cuestiones responde que es «difícil» una explicación alternativa «que no sea que el influjo para actuar de ésta fue tan intenso que la llevó a cometer un delito».

Como último aspecto no valorado, en su opinión, por la Sala menciona el vídeo que se grabó Cifuentes y que colgó en su cuenta de Twitter el mismo 21 de marzo donde exhibía toda la documentación que justificaba la regularidad en la obtención de su Máster.

La Fiscalía parte de la idea de que Cifuentes pretendió obtener la documentación «de un hecho que no tuvo lugar» y de que el único cauce posible «era confeccionar aquello que fuere necesario para crear la apariencia de la regularidad, y ello supone falsear».

En este apartado el recurso recoge que fue la propia Cifuentes quien exhibió un documento como prueba «más que evidente» de que el día 2 de julio de 2012 el Tribunal compuesto por Cecilia Rosado, Alicia López de los Mozos y Clara Suoto calificaron su defensa pública con un notable.

Sin embargo, la Fiscalía replica que tal afirmación «no se correspondía con la realidad» puesto que dicho tribunal nunca se reunió como «así lo manifestaron las tres profesoras cuyo nombre consta en el acta».

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha culpado al secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, de intentar «comprar voluntades» con la búsqueda de apoyos a su posible moción de censura, al tiempo que le ha advertido de que no hay procuradores en Ciudadanos que se apelliden Tamayo, tras lo que le ha achacado que no llegó a la Junta por su cobardía frente al PSOE nacional.

Igea ha respondido de este modo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a las declaraciones realizadas por el líder socialista en torno a esta posible moción de censura. «Presumir públicamente de que uno va comprando voluntades no es lo que esperan los ciudadanos de los políticos, si uno tiene que poner una moción de censura no compra voluntades sino que explica en la sede de la soberanía popular cuál es su proyecto de futuro», ha señalado.

Así, ha afeado al líder socialista que «vaya con la chequera por delante» para ver si encuentra «a alguien» que le apoye y ha señalado que esto demuestra que el nivel político del PSOE en la Comunidad es de «Chiquito de la Cazada».

Francisco Igea ha defendido la «moral y decencia» de los doce procuradores de Ciudadanos en las Cortes, al tiempo que ha insistido en que dentro de la representación de la formación naranja en el parlamento «no hay ni un solo señor que se apellide Tamayo».

«Quien está sometido a una moción de censura en su Congreso es Tudanca y lo que hace es ganarla comprando voluntades de quien no va a vender su voluntad», ha lamentado, tras lo que ha recordado que el líder socialista no ha hablado con la responsable nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ni con el portavoz del Grupo Parlamentario de Cs, David Castaño, ni con él mismo como vicepresidente de la Junta.

Para Igea la actitud de Tudanca desvela un «grado de desesperación indigno», al tiempo que ha asegurado que personalmente tenía al líder socialista como una personas «sensata y un poco más coherente».

De este modo, el vicepresidente se ha remontado en su intervención a las negociaciones que tuvieron lugar hace dos años para conformar Gobierno en la Comunidad y ha señalado que lo único que arrebató la Presidencia a Tudanca fue «su cobardía».

«Algunos nos levantamos en nuestra Ejecutiva y defendimos nuestra posición, usted no está aquí porque no se levantó y no cuestionó las políticas de alianzas de su partido», ha señalado, tras lo que ha reiterado que él «afortunadamente» no logró su propósito de pactar con los socialistas.

«El tiempo ha demostrado que estaba equivocado, no sé que hubiera sido de esta Comunidad gestionada, en un momento tan duro, por unos personajes que están dando un espectáculo como este», ha zanjado.

El Pleno Extraordinario celebrado este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha logrado concitar el suficiente consenso para realizar seis de los ocho nombramientos que tenía sobre la mesa, uno de ellos en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Para esta vacante ha sido nombrado el magistrado Antonio García con el apoyo mínimo requerido, 13 votos.

Pese al hartazgo entre los vocales del Consejo tras el último fiasco para su renovación también han sido elegidos los nuevos presidentes de los tribunales de justicia del País Vasco y de Canarias Ignacio Subjana y Juan Luis Lorenzo Bragado, ambos en segunda votación en la que han conseguido igualmente el mínimo de 13 votos.

Además, se han conseguido superar los 11 votos mínimos para otras tres designaciones que no requerían mayoría reforzada, la de Garbiñe Biurrun como presidenta de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco (12 votos) José Antonio Vega Bravo presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca (14 votos) y a Luis Miguel Columna presidente de la Audiencia Provincial de Canarias (13 votos).

Los nombramientos fueron incluidos por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a petición de ocho de los vocales después de que éste decidiera inicialmente no incluir la designación de las vacantes en el pleno ordinario de este mes, dadas las noticias que auguraban un inminente acuerdo parlamentario para renovar a los vocales que finalmente no se ha producido.

SIETE HAN VOTADO EN BLANCO

Siete vocales de todas las sensibilidades políticas -Álvaro Cuesta, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda- han votado en blanco. Ello rompe con la práctica unanimidad alcanzada en nombramientos realizados en sesiones anteriores.

Lo acuerdos se han logrado después de que se pactara retirar del orden del día los puntos relativos a la provisión de otros dos plazas en el Supremo, en sus salas de lo Civil y de lo Social, que eran las que suscitaban mayor división.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han señalado que estos dos nombramientos, junto a otros dos también del Supremo, tratarán de realizarse en el pleno ordinario de este mes, fijado para el 25 de marzo.

Los vocales confían en llegar así a tiempo de lo que puede ser la última oportunidad de realizar nombramientos antes de que el próximo 11 de marzo se apruebe en las Cortes la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), impulsada por PSOE y Unidas Podemos, que limita esta capacidad a los Consejos que se encuentren en funciones, como es el actual.

Fuentes parlamentarias han señalado que un mes después la reforma podría quedar aprobada en el Senado, y en el Consejo señalan que esto podría alargarse hasta principios de abril, por lo que todavía podrían realizar designaciones en el Pleno ordinario de marzo.

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha afirmado que el confinamiento perimetral del territorio, si no se toman «medidas de gestión sanitaria», «no sirve para nada».

Así se ha pronunciado Bonig este jueves en una rueda de prensa, preguntada por la propuesta del president, Ximo Puig, de mantener el cierre a nivel autonómico de cara a Pascua. Al respecto, le ha criticado que «solo hace anuncios para salir en televisiones nacionales como un gran estratega» pero «no tiene previsto un plan de vacunación ni personal para la cuarta hora».

«Manda narices que esté metiéndose con otras comunidades, conviene resolver primero lo de casa y después salir, salvo que estés en la propaganda y el ‘ximoanuncio’ permanente», ha asegurado.

Además, Bonig ha criticado que no se conocen las «previsiones» del gobierno valenciano. «No sabemos ni qué medidas son ni qué incidencia tiene la apertura o no», ha indicado. No obstante, sí ha considerado la medida del cierre perimetral «hasta que no haya una vacunación masiva», pero ha insistido en las «medidas de gestión sanitaria» que «Madrid sí ha llevado a cabo y aquí no se han tomado».

En este sentido, ha criticado que la Comunitat Valenciana lleve con las «medidas más restrictivas» desde octubre y haya tenido la «tercera ola más complicada de toda España», y ha insistido en que «los rastreos no están funcionando» y que no se están haciendo «test masivos».

BRITÁNICOS

Por otra parte, al hilo del cierre perimetral, se ha preguntado por las medidas que ha pedido Puig al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la llegada de turistas británicos. «Los británicos vendrán inmunizados, pero los alicantinos y los valencianos no lo estarán», ha aseverado.

Para la líder de los ‘populares’, Puig está «desviando el tema» hacia los madrileños, «sin saber» lo que ocurrirá con otros ciudadanos europeos. Además, le ha reprochado sus críticas al ejecutivo madrileño: «Yo no he escuchado a la presidenta de Madrid burlarse de los hospitales de campaña voladores».

«MANDO ÚNICO»

Por otra parte, Bonig ha pedido la creación «de un mando único y criterios claros en la vacunación». La presidenta ‘popular’ ha mantenido una reunión con diversos expertos del sector sanitario para «analizar la situación e intentar aportar medidas y soluciones».

A la reunión de constitución de la mesa sanitaria del PP han asistido representantes de colegios profesionales, sindicatos médicos, sociedades científicas, profesionales, gestores, exaltos cargos sanitarios del PP y profesionales de acreditado prestigio «para trabajar en la necesidad de repensar el modelo ya que Puig ni gestiona ni prevé nada.

«Ha sido una reunión abierta a todos, donde queremos contar con toda la sociedad, sin ideología, donde no nos da miedo lo que puedan decir, no como otros que amenazan a un comité de empresa o ponen una querella criminal contra quien se expresa libremente», ha aseverado Bonig.

En la reunión se ha decidido empezar a trabajar en un documento centrado en seis puntos concretos para continuar aportando en positivo porque así nos lo exige la gente. «En primer lugar, el personal sanitario, su formación y la profesionalización en los cargos directivos de gestión sanitaria. En segundo lugar la mejora de la atención primaria que ahora es un desastre y tiene que contar con un sistema adecuado», ha indicado.

«En tercer lugar, la transformación digital en el ámbito sanitario para poner todos los recursos al servicio de salvar vidas. En cuarto lugar, la colaboración público privada para que sea un referente, blindar el presupuestos de la sanidad y fomentar la investigación con la creación de un gran cluster de investigación, de detección precoz de enfermedades en este caso de tipo vírico. En quinto lugar, una serie de infraestructuras de calidad, no hospitales de campaña ni antiguas Fe. Y, en sexto lugar, la salud pública porque es necesario reforzar este departamento abandonado y los estudios de salud pública con la incorporación de profesionales», ha manifestado.

Respecto de la vacunación, Bonig ha señalado que «los expertos criticaron la falta de un mando único, la confusión en los protocolos sin criterios claros». «Nadie está al mando. Se debe conformar un grupo de especialistas en salud pública. Un mando único de gente interdisciplinar que solvente los criterios, problemas y dudas que surjan en todo el proceso de vacunación. No puede ser que en cada departamento haya un criterio distinto que lleva a la arbitrariedad y que la dirección general de Salud Pública no esté en las decisiones porque es de Compromís. No puede ser. A Puig le pido más humildad, más trabajo y más gestión», ha señalado.

«También pedimos que Puig se adelante aunque sea por una vez al virus y tenga preparados equipos para la vacunación masiva. Si no se necesita este personal extra, mejor. Pero si se detraen de centros de salud y de los hospitales repercutirá en la atención. Las listas de espera son insoportables y hay que despejarlas ante la llegada de una posible cuarta ola», ha añadido.

La Audiencia Provincial de Guadalajara ha condenado a O.C. a la pena de 14 años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años en la localidad de Azuqueca de Henares. Asimismo, ha condenado también a O.B.E.H. como cooperador necesario a la pena de 12 años de cárcel, mientras que el tercer acusado, O.A.J., ha sido absuelto del delito de agresión sexual por el que se le venía acusando.

Según la sentencia, los acusados O.C., en prisión provisional por esta causa desde el 21 de marzo de 2018, y O.E.H.B. se encontraron sobre las 13.30 horas del día 15 de marzo de 2018, con la menor A. que en ese momento contaba con 12 años de edad, en el parque de la Navarrosa de la localidad de Azuqueca de Henares, que estaba con varios amigos también menores de edad, obligándola entre O.C. y otra persona a entrar por la fuerza, propinándola empujones, a la residencia abandonada situada en el parque en la calle Virgilio Navarro, accediendo también a la misma O.C. y al menos otras tres personas y abandonando el lugar los amigos de la víctima.

En el interior de la misma en unidad de acción y con propósito libidinoso la empujaron hasta un baño contiguo con escasa luz, tumbándola sobre su propia chaqueta en el suelo. La denunciante, ante la situación de desprotección absoluta, adoptó una actitud de sometimiento y pasividad, según la sentencia, siendo sujetada por distintas personas en el transcurso de la agresión.

A continuación salieron todos del edificio así, como la víctima, que se dirigió al instituto donde contó a sus compañeros que había sido forzada.

La menor no presentaba lesiones físicas pero ha requerido tratamiento psicológico en el Programa de Prevención e Intervención en abuso sexual infantil de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Según la sentencia, no ha quedado acreditado que O.A.J. se encontrara en el inmueble el día de los hechos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Para llegar a sus conclusiones, la Sala ha llegado al convencimiento de la realidad de los hechos declarados probados a través de la prueba practicada en el juicio oral, considerando que existe prueba de cargo bastante para desvirtuar la presunción de inocencia de dos de los acusados atendiendo a que dicha prueba, de un lado, ha sido practicada conforme a los principios de inmediación, oralidad, contradicción y defensa resultando con ello procesalmente válida y, de otro lado, resulta plenamente suficiente para quebrar el mencionado principio que ampara a los procesados.

Por todo ello, además de las condenas privativas de libertad, la Audiencia de Guadalajara ha impuesto a los dos condenados la prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio o a cualquier lugar frecuentado por la misma a una distancia no inferior a 100 metros, así como a comunicarse con ella, por un periodo de 15 años.

Del mismo modo, se ha impuesto a los acusados la medida de libertad vigilada durante cinco años.

Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, los condenados indemnizarán en forma conjunta y solidaria a la víctima en la cantidad de 5.000 euros más los intereses legales por el daño moral causado.

También se les imponen las dos terceras partes de las costas procesales causadas a su instancia, incluyendo las relativas a la acusaciónn particular.

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso ha aprobado este jueves por unanimidad la creación de una Subcomisión para trabajar en el desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación impulsado por el Ministerio, y para el estudio y análisis de la modificación de la Ley de la Ciencia de 2011.

La solicitud de debate y votación de la solicitud de creación de dicha Subcomisión ha sido registrada por seis de los diez grupos parlamentarios presentes en el Congreso: Cs, PSOE, Unidas Podemos, PP, Grupo Mixto y ERC.

El objeto de la Subcomisión será, por un lado, el análisis de la situación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación incluyendo propuestas y conclusiones para desarrollar el Pacto por la Ciencia y la Innovación, en tres ámbitos: financiación pública en el medio y largo plazo, estabilidad para las agencias y la promoción del talento.

En segundo lugar, la Subcomisión analizará la normativa reguladora del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, y elaborará un Informe con propuestas para la modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

La Subcomisión se compondrá de 15 miembros, de los que tres pertenecerán al PSOE, dos serán del PP, dos de Vox, otros dos de Unidas Podemos y un miembro de los restantes grupos parlamentarios (ERC, Grupo Plural, Cs, Grupo Mixto, PNV y EH Bildu).

«CORDÓN SANITARIO» A VOX

Todos los grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de que se suscriba un Pacto por la Ciencia, así como en la creación de una Subcomisión para trabajar en su desarrollo.

«No queremos un Pacto foto, queremos un Pacto de contenido, que provoque reformas sistémicas, queremos reformas legales», ha reclamado el diputado ‘popular’ Pedro Navarro.

Mientras, desde Vox, Julio Utrilla, ha criticado que no se haya contado con Vox para el acuerdo: «España necesita y merece que dejemos a un lado los partidismos y que hagamos un esfuerzo conjunto para entendernos e impulsar el desarrollo de la ciencia; ese esfuerzo no es lo que hemos tenido, señores socialistas, ustedes no nos han mostrado el acuerdo que han firmado el resto de los grupos, han hecho el famoso cordón sanitario a Vox».

La diputada ‘naranja’ Marta Martín ha afirmado que su formación estará en los grupos de trabajo de manera «constructiva» pero sin permitir que se haga «demagogia» ni «propaganda». Y ha lamentado que se comience excluyendo a Vox, tal y como ha denunciado su diputado. «Tiene que incluir a todos los grupos», ha exigido.

Desde PNV, Josune Gorospe ha adelantado que su grupo participará en el grupo de trabajo «con ánimo constructivo y propositivo», ya que, aunque Euskadi tenga su propia política de ciencia y competencias en este ámbito, han salido a relucir, durante la comparecencia de Duque, cuestiones que se deben analizar.

Con la oposición ha coincidido Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos, que ha exigido «un pacto de contenidos con medidas estructurales», y no un «pacto de mínimos», que obligue a los parlamentarios a debatir e incluso «confrontar». Serna, además, ha pedido que, para el Pacto, el Ministerio cuente con el apoyo de la Federación de Jóvenes Investigadores, de los sindicatos o del personal de investigación.

Por su parte, el socialista Javier Alfonso Cendón, ha aprovechado su intervención para dar las «gracias» al ministro por haber reunido la firma de más de 70 entidades para el Pacto, al que ha calificado de «elemento imprescindible para el futuro y buen desarrollo» del país. Y ha celebrado que se haya aprobado la creación de la Subcomisión: «Hoy es un día de los que hacen grande a la política, estamos de enhorabuena; es una base sólida para el acuerdo parlamentario».

El efecto de la pandemia ha provocado un estancamiento en el avance de los planes de igualdad de género en la empresa española, obligada a la implementación de medidas de urgencia centradas en la supervivencia operativa y dejando en un segundo plano los esfuerzos en materia de diversidad, según se desprende de las principales conclusiones de la decimoséptima edición del informe ‘Women In Business’ que realiza la firma de servicios profesionales Grant Thornton.

En concreto, el estudio revela que 3 de cada 10 empresas (26%) reconocen no haber emprendido ninguna medida para mejorar el equilibrio de género en sus respectivas plantillas directiva, una cifra que supone un aumento de 15 puntos en relación con el año anterior. Para llevar a cabo el estudio se han realizado casi 5.000 entrevistas y encuestas a altos ejecutivos de todo el mundo, de empresas de 50 a 500 empleados, 400 de ellas en España.

En cualquier caso, el informe revela que la cifra de mujeres directivas en la empresa española se equipara con la media europea (34%) y tres puntos por encima de la media global (31%) tras más de cinco años de tendencia alcista. «La pandemia ha generado dificultades en el ámbito social, sanitario y económico, por lo que conviene leerlo en clave positiva y no como un estancamiento», indicado Marta Alarcón, socia de Auditoría de Grant Thornton.

Este ligero parón ha provocado que España salga del ‘top 10’ mundial de los países con más mujeres directivas, pasando a ocupar en la actualidad el puesto 14. La caída se debe principalmente a la mejora del porcentaje en algunos de los 29 países analizados como Alemania que, con un incremento de 8 puntos en relación con el pasado año (38%), es el único país europeo de los estudiados que se sitúa por encima de España, igualado con Reino Unido (34%). Francia (33%), Irlanda (33%), Grecia (33%), Italia (29%) o incluso Suecia (30%) presentan un dato menor que el español.

Por otro lado, el porcentaje de compañías que cuentan con al menos una mujer en la cúpula directiva se sitúa en el 87%, por lo que las empresas españolas continúan por encima de la media europea (85%) aunque tres puntos por debajo de la cifra global (90%).

MADRID, A LA CABEZA DE MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS

Por regiones, la Comunidad de Madrid lidera el ranking en España, subiendo un punto hasta alcanzar el 39% de mujeres en puestos directivos; Cataluña sube del 32% al 34%, Galicia del 31% al 33%, Andalucía del 26% al 29%, Comunidad Valenciana del 23% al 26% y, a la cola, se sitúa País Vasco, que baja un punto hasta el 23%.

Los Recursos Humanos es el área que más mujeres aglutina en la alta dirección española, con un 35%, seguido de cerca por la Dirección Financiera (32%). El mayor aumento respecto al año anterior se ha registrado en la Dirección de Operaciones (28%) y de Marketing (25%), ambas con un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a los datos de 2020. Esta cifra sitúa a España a la cabeza de países europeos con más mujeres en puestos de Dirección de Operaciones.

Por detrás de estos roles se sitúan otros como directora de ventas (14%), Corporate Controller (8%), o socia en firmas de consultoría o servicios profesionales, que queda en el último puesto de la tabla con un 7%. A nivel europeo, el mayor incremento lo presentan las mujeres CFO, alcanzando el 32%, lo que representa un aumento de cuatro puntos respecto a 2020.

Destaca el ligero estancamiento de las mujeres CEO en España, con un retroceso de dos puntos en el último año, situándose en el 23%. Pese al parón, las mujeres con puesto de máxima responsabilidad en la empresa española continúan por encima de la media europea (21%) y en línea con la global (26%).

MEDIDAS DE DIVERSIDAD DE GÉNERO EN ESPAÑA

Las compañías españolas han mantenido en marcha algunas acciones con el objetivo para mejorar la paridad e igualdad de oportunidades en sus plantillas. Entre estas medidas destacan la de garantizar un acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo laboral, así como las políticas de trabajo flexible, ambas con un 35%, seguidas de la creación de culturas corporativas inclusivas (32%).

En España, por detrás de estas acciones, se sitúan la revisión de los métodos de contratación (26%), el desarrollo de programas de mentoring y coaching (23%), la vinculación de la retribución de la alta dirección a objetivos de género (18%) y la posibilidad de acceder a cursos para evitar sesgos inconscientes (16%).

Para Marta Alarcón, «la complejidad del panorama laboral que han vivido las empresas durante el año 2020 ha podido influir en que muchas hayan relajado sus acciones en materia de diversidad de un modo u otro. Lo importante es que esta circunstancia sea coyuntural y se recuperen paulatinamente las acciones a partir del año que viene».

En el estudio se analiza también el impacto que ha tenido la pandemia de coronavirus en la igualdad y equilibrio de género en sus equipos. Tanto en España como en Europa, la mayoría no tiene todavía claro si estas nuevas medidas sobre las nuevas prácticas, basadas principalmente en la flexibilidad y el teletrabajo, permitirán a las mujeres desempeñar mayores funciones de liderazgo o si tendrán un efecto negativo en su trayectoria profesional. En el caso de España, un 44% de líderes consultados creen que serán beneficiosas para la mujer a largo plazo, siendo esta cifra del 36% en Europa y del 46% a nivel global.

Con motivo del COVID-19, la empresa española ha puesto en marcha medidas para aumentar el compromiso de sus empleados, como la adaptación de sus programas de aprendizaje y desarrollo existentes al entorno cambiante (55%), así como la de promover la conciliación laboral y/o la flexibilidad para los empleados (53%), seguidas de acciones que fomentan la inculcación de nuevas prácticas de trabajo para involucrar a todos los empleados con un 48% y la creación de entornos en el que los empleados puedan presentar sus ideas, problemas y preguntas con un 47%.

Y, por detrás, fomentar y mantener una política de puertas abiertas entre los mandos intermedios y superiores con un 42% y prestar atención a los estilos de trabajo individuales y adaptar los enfoques a ellos con un 41%.

En relación con todas estas medidas, más del 80% de empresarios consideran muy probable su viabilidad una vez finalice la pandemia. En algunos casos este convencimiento de que continuarán con el mismo énfasis e incluso con más intensidad sube a más del 90%.

«Muchas de estas medidas han probado ser eficaces en materia de productividad, en ahorro de costes en desplazamientos y en culturas corporativas que fomentan más una interacción diaria con los equipos, por lo que detectamos que muchas de ellas seguirán siendo aplicadas en un entorno post-Covid», afirma Alarcón.

CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS LÍDERES TRAS LA PANDEMIA

Según se desprende de la encuesta de Grant Thornton, los tres rasgos más importantes que el directivo español, hombres y mujeres, considera más importantes de cara al futuro son la adaptabilidad al cambio (55%); la innovación (40%) y las habilidades directivas (con un 38%).

Inmediatamente por detrás llegan la empatía (con un 32%), la capacidad de colaborar con otros directivos en la empresa (con un 30%) y el valor para asumir riesgos en el ejercicio de sus responsabilidades (26%).

«La habilidad directiva estrella estos meses ha sido la empatía, un estilo de liderazgo que no teníamos hace diez años, más social, empático, comunicativo, que posibilita que las cosas sucedan. Para conseguir este tipo de líderes la tarea en la empresa española pasa por seguir fomentando entornos inclusivos, ambientes colaborativos donde todas las personas se sientan seguras para aportar ideas», añade Isabel Perea, socia de Auditoría de Grant Thornton».

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha expresado este jueves el compromiso y apoyo del Gobierno de España con las mujeres afectadas por cáncer de mama y cáncer de mama metastásico, así como a los colectivos y organizaciones que trabajan con la enfermedad.

Darias ha protagonizado este jueves la pegada simbólica del primer cartel de la campaña de concienciación e información frente al cáncer de mama y cáncer de mama metastásico ‘Ni vencedoras ni vencidas’, un acto que se ha celebrado en el Ministerio de Sanidad y que ha contado con la presencia de la directora de la campaña, Mabel Lozano, y representantes de ACMM, GEPAC, FECMA y Grupo Novartis.

Allí, la ministras ha asegurado que, con actos de este tipo, se permite compartir y también visibilizar la lucha diaria que mantienen las mujeres afectadas, los colectivos que trabajan con ellas y, sobre todo, transmitir el mensaje de «no bajar los brazos» ante la enfermedad.

«Gracias por permitirme compartir con ustedes este rato y contribuir, modestamente, desde la responsabilidad que ostento, a ayudarles en su causa, que es nuestra causa, que es mi causa y la causa de todas nosotras y de toda la sociedad de este país», ha dicho Darias.

Del mismo modo, ha trasladado el compromiso del Gobierno de España para seguir fomentando la investigación, así como a colaborar, con las comunidades autónomas, en el desarrollo de mejoras dirigidas al colectivo de mujeres afectadas por cáncer de mama y cáncer de mama metastásico.

En este sentido, Darias se ha referido a la recientemente aprobada actualización de la Estrategia Nacional en Cáncer después de 10 años desde su última puesta al día; una estrategia alineada con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, publicado hace un mes y que guiará las acciones a desarrollar durante el presente 2021.

La atención oncológica integral y en red, la digitalización en salud, la incorporación de avances en la investigación y en la innovación, incluyendo terapias avanzadas y la medicina de precisión, son algunos de los retos actuales en los se trabaja, ha detallado la ministra.

Del mismo modo, la ministra ha subrayado la importancia de las medidas de prevención y de detección precoz, como los programas de cribado, y los hábitos de vida saludables, como herramienta de refuerzo, con los que «poner pie» a esta enfermedad.

En esta línea, ha destacado la alta prevalencia que el cáncer de mama tiene en la población femenina, llegando a ser la primera causa de muerte entre mujeres de entre 25 y 55 años, de ahí que haya significado la necesidad de seguir insistiendo en visibilizar y dar a conocer la enfermedad.

También ha incidido en la importancia de seguir apostando por la investigación y la mejora de la calidad de vida de las mujeres afectadas por cáncer de mama y cáncer de mama metastásico, de la mano de la ciencia y la innovación.

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley, impulsada por la Federación Plataforma Trans, por la que se insta a la Cámara a reconocer, en nombre del Estado, el «sufrimiento causado al colectivo por «la violencia sistemática» vivida y «la vulneración de derechos».

En el texto, se recuerdan medidas como la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social (LRPS), aprobada en el año 1970 durante el franquismo, que penalizaba con penas de prisión las prácticas homosexuales; las iniciativas para «reeducar» y «reconvertir» al colectivo LGTBI; o la normativa sobre escándalo público (de 1978) empleada «como herramienta de persecución» al colectivo.

Fueron unos años, explican, en el que las personas trans fueron sancionadas, detenidas, vejadas y apaleadas «por el supuesto delito de mostrarse en público con una estética contraria a su identidad de género impuesta».

«No fue hasta el 2 de julio de 1987 la Sala Primera del Tribunal Supremo aprobó el cambio de sexo legal de las personas trans, dando paso al cambio de sexo registral», señalan.

EXIGEN LA APROBACIÓN DE LA LEY TRANS

Aún así, indica la iniciativa, «el menoscabo de derechos continuó» en democracia, con una ley de 1995 que excluye la atenciónsanitaria a personas trans, incluidas las cirugías genitales; o la regulación de 2007 que exigía dos años de tratamiento hormonal para la rectificación registral, así como un diagnóstico de disforia de género.

Esta última situación es la que el colectivo quiere modificar a través de la Ley Trans que ha preparado el Ministerio de Igualdad y que en la actualidad está «bloqueado», según el departamento de Irene Montero por el PSOE, para su aprobación en el Consejo de Ministros.

Desde ERC han explicado que harán «presión al Gobierno para que presente ya el proyecto de ley». El portavoz parlamentario de la formación independentista, Gabriel Rufián, ha criticado que PSOE y Unida Podemos apoyen causas a través de Twitter cuando «tienen el BOE con el que pueden solucionar un montón de cosas que no funcionan».

A su juicio, los derechos de los colectivos trans y LGTB deberían ser «inherentes a un gobierno como este». «Cuesta entender que cueste tanto», ha declarado, antes de señalar que se trata de algo «dramático» que «debería ser mucho más sencillo» de solucionar.

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, por su parte, ha celebrado el registro de la iniciativa que, ha señalado, es una «declaración que no pide indemnización». «Solamente pide el perdón y el reconocimiento de un sufrimiento que, por omisión o por acción, el Estado ha cometido», ha declarado.

Según ha explicado, este reconocimiento ya se ha hecho en países como Alemania, Holanda, Suecia o Argentina. Es por ello, que llama a los partidos políticos españoles a reconocer el «sufrimiento» sufrido por el colectivo y estar así «a la altura de las circunstancias». «Sin reconocimiento no hay reparación», ha concluido.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, dada la proximidad del 8M en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ha solicitado a la Delegación del Gobierno «que no se permitan concentraciones o aglomeraciones de personas, tal y como recomiendan organismos internacionales y la comunidad científica, así como el propio Ministerio de Sanidad».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Pedreño ha recordado que se acaba de conocer la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid, que ha prohibido todas las concentraciones y manifestaciones en la capital el próximo 7 y 8 de marzo «por motivos de salud pública». Pedreño ha instado a que se siga este precedente en la Región de Murcia.

Pedreño también se ha referido a las declaraciones de la Delegación del Gobierno, que afirma que todos los informes que le ha facilitado el servicio jurídico de la Consejería de Salud son favorables a la realización de esas manifestaciones.

Al ser preguntado a este respecto, Pedreño ha reconocido que no le constan estos informes, pero ha insistido en que «hay un ejemplo en España, que es Madrid, y se aconseja que no se celebren este tipo de manifestaciones».

«Tenga más o menos incidencia, la realidad es que, ahora mismo, aglomeraciones y manifestaciones pueden ser un foco de contagio, y sabiendo lo que hemos padecido y llevando ya tres olas, creo que no deberíamos ser torpes», ha remarcado Pedreño, quien ha pedido hacer un esfuerzo al igual que se le está exigiendo a la hostelería y a otros sectores.

Al ser preguntado por si tiene intención de ponerse en contacto con la Delegación para pedir que revoque esa autorización, Pedreño ha precisado que la Comunidad le ha enviado un informe y ha expuesto las razones «fundamentadas» para que estas movilizaciones no se celebren.

«Hay un ejemplo: se iba a celebrar una manifestación de Marea Blanca y la han suspendido por ese motivo», según Pedreño, quien cree que hay que tener «sentido común, sobre todo, porque estamos dando mensajes de prudencia y cautela, por lo que creo que toda la sociedad en su conjunto debería adoptar este tipo de posturas».

«Habrá tiempo para hacer otras cosas e, indudablemente, volver a celebrarlas cuando sea oportuno», según el consejero, que a día de hoy dice que lo prudente y aconsejable es «ser muy prudentes con este tipo de manifestaciones».

«Se ha mandado una carta a al Delegación justificando claramente las razones» y el delegado, José Vélez «ya tiene esa información», según Pedreño, quien le ha emplazado a ver lo que se está haciendo en otras delegaciones como la de Madrid.

Efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga han desarticulado un grupo organizado especializado en hurtos, sobre todo en comercios, con la detención de sus cinco integrantes, un hombre y cuatro mujeres, dos de ellas menores, que, además, también utilizaban, presuntamente, a una menor de 12 años para llevar a cabo parte de las sustracciones.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de febrero en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en avenida Aurora, cuando a policías locales del GIP, que prestan su servicio de paisano, les levantó sospechas el comportamiento de un hombre al que vieron salir de la gran superficie portando un bolsa bastante abultada, con apariencia de estar prácticamente llena, mostrando, además, una actitud nerviosa, girándose continuamente y mirando hacia todos lados, por lo que comenzaron a realizarle un sigiloso seguimiento.

Al llegar de modo apresurado a calle Rashmaninov, el individuo se ocultó entre dos vehículos estacionados, tratando de apartarse de la vista de los transeúntes y comenzó a sacar de entre sus ropas varias prendas para ir introduciéndolas en la bolsa que portaba.

A pesar de ello, los policías locales decidieron mantenerse a la espera, ya que intuían que podría pertenecer a una banda delictiva, una sospecha que se vio acrecentada porque el individuo no paraba de manipular su teléfono móvil y realizar llamadas.

Pocos minutos después, los agentes comprobaron que estaban en lo cierto, ya que un total de cinco chicas jóvenes, algunas de ellas con apariencia de ser menores de edad, se dirigieron hacia él, pudiendo escuchar los agentes a cierta distancia cómo conversaban y relacionaban productos presuntamente sustraídos, los cuales comenzaron a sacar de las numerosas bolsas que portaban y de entre sus ropas.

Los policías locales comenzaron a desplazarse hasta el lugar tras observar cómo se activaban las luces de uno de los vehículos estacionados, abriendo una de las jóvenes la puerta del maletero y comenzando a introducir en el interior todo el contenido de las bolsas. Acto seguido lo cerró y se subió al coche junto a al individuo y otra de sus acompañantes, a los que se dirigió diciéndoles textualmente: «Hemos sido avariciosas. Nos hemos pasado».

Tras identificarse por medio de sus placas y carnés profesionales como policías locales de Málaga, los agentes interceptaron tanto a los tres integrantes que se encontraban dentro del coche, como a las tres jóvenes restantes que se marchaban a pie, procediendo a sus identificaciones.

Los agentes comprobaron que en el interior del maletero había numerosas prendas y algunos accesorios y bisutería, gran parte de ellos procedentes de un comercio ubicado en el interior del centro comercial y algunos otros de un comercio del centro de la ciudad, reconociendo algunas de las autoras que las habían sustraído, aduciendo como excusa que lo habían hecho porque no tenían dinero.

Mientras otra dotación de agentes de la Policía Local de Málaga uniformados que acudieron en apoyo se quedaban custodiando a los miembros del grupo, los policías locales del GIP se desplazaron hasta la tienda en cuestión, entrevistándose con el vigilante de seguridad y comprobando que el valor total de los 78 productos sustraídos en ese comercio, la mayoría de ellos prendas de vestir, ascendía a 823,50 euros.

Con respecto a lo sustraído en el otro establecimiento del casco antiguo de la ciudad, ya se encontraba cerrado, por lo que no se pudo cuantificar en ese momento el importe.

A dos de las implicadas mayores de edad los agentes les localizaron e intervinieron los 151 euros que portaban. Asimismo, a una de las menores le intervinieron un teléfono móvil tras comprobar que figuraba como sustraído al descuido en el centro de la ciudad, habiendo sido denunciado el pasado 5 de enero y estando valorado en 200 euros, siendo el mismo recuperado a la espera de ser entregado a su propiedad, confeccionándosele acta de información como presunta autora de delito leve de hurto por este hecho.

Ante los hechos, los policías locales procedieron a la detención de cinco de los seis implicados, así como a su traslado a dependencias policiales, siendo, posteriormente, puestos a disposición judicial.

Se les atribuye la presunta autoría de un delito continuado de hurto, quedando abierta la investigación a la espera de que las indagaciones aclaren su presunta implicación en otros hechos delictivos similares perpetrados en Málaga capital y otros municipios costasoleños.

En cuanto a la menor de tan solo 12 años a la que, presuntamente, estaban utilizando para perpetrar parte de los hurtos, fue trasladada a su domicilio y entregada a su abuela, ya que no se encontraban en esos momentos en la vivienda ninguno de sus progenitores, la cual quedó informada de los hechos, así como que se daría debida cuenta a la autoridad judicial.

El Movimiento Feminista de Madrid, una de las organizaciones que ha convocado actos para celebrar el Día Internacional de la Mujer, ha anunciado este jueves que recurrirá la decisión de la Delegación de Gobierno de Madrid de prohibir los actos que estaban previstos para el 7 y 8 de marzo en la capital.

Su portavoz, Ana Sánchez de la Coba, ha mostrado al «disconformidad» del movimiento con esta decisión cuando, ha explicado, las concentraciones previstas ya llevaban autorizadas «desde hace más de 20 días».

En el caso de esta organización, se trata de una concentración en la Plaza de Callao, para la que hay una restricción de aforo de 250 mujeres y en la que, según explica Sánchez de la Coba, se ha trabajado y preparado para cumplir con todas las recomendaciones de Sanidad.

Desde Movimiento Feminista de Madrid no comprenden por qué ha sido prohibida «argumentando motivos de salud», cuando en la Comunidad de Madrid, se celebran «continuamente y todas las semanas manifestaciones», los transportes públicos van «atestados», se realizan «fiestas ilegales» o las terrazas están «llenas». Lo consideran un «ataque directo a las mujeres».

MUJERES «CUIDADORAS» Y «RESPONSABLES»

«No podemos entender que de nuevo las mujeres tengamos que ser las demonizadas». A su juicio, las mujeres han demostrado no sólo que son «cuidadoras» de «todos los ciudadanos», de las «familias» o de los «mayores», sino que también son «responsables».

«Queremos que nuestras demandas lleguen a la ciudadanía pero manteniendo todas las medidas que sean necesarias», ha asegurado la portavoz del Movimiento Feminista de Madrid.

Sánchez de la Coba lamenta que se esté usando a las mujeres «como moneda de cambio» y llama a que se las «escuche» en su lucha por «tener una sociedad más igualitaria» o por el fin de la violencia de género.

La organización, ha explicado, recurrirá la decisión de la Delegación de Gobierno en Madrid pero, además, se reunirá este jueves para «tomar decisiones» sobre qué hacer el 8M.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que «no podemos tener 17 Semanas Santas» porque «ya tuvimos 17 Navidades y se ha traducido en miles de desgracias» por la COVID, y ha exigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que presente un plan nacional para este periodo para «no seguir insistiendo en este error».

Arrimadas ha reclamado un plan único «para que no haya una guerra de comunidades, ni tanta incertidumbre en la ciudadanía» ni «desconcierto» entre los sectores afectados. Este plan debe anteponer «los datos sanitarios» y preparar la recuperación, ha considerado.

«Las medidas que se tomen en Semana Santa no pueden ser derivadas de una guerra entre Comunidades», ha opinado la presidenta de Cs, agregando que «lo lógico es que medidas como los confinamientos perimetrales se tomen a nivel nacional», por lo que ha rechazado «una guerra entre partidos o comunidades» y ha defendido un plan único nacional, llamando la atención sobre «las consecuencias desastrosas» de lo ocurrido en Navidad. «Espero que el Gobierno de España no vuelva a hacer lo mismo».

Ha recordado que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), «ya ha dicho que es necesario que se llegue a un plan nacional y que los criterios sanitarios son los que marcan las restricciones». Arrimadas ha añadido que «todos tenemos muchas ganas de volver a la normalidad pero necesitamos un plan coordinado a nivel nacional».

AYUDAS DIRECTAS

Además, ha dicho que «no puede ser que muchos comerciantes sigan viendo las restricciones y no vean las ayudas directas», que a su juicio deben acompañar a las primeras porque «ya no vale con las fórmulas que, en principio, se pusieron encima de la mesa, los ERTE e ICO, que hay que seguir manteniendo, pero no son suficientes».

Arrimadas ha advertido de que «el tejido productivo no aguanta un año y medio de restricciones sin ayudas», por lo que ha reclamado a Sánchez que «deje de hacer anuncios vacíos como la semana pasada y se ponga a trabajar» para frenar la «sangría» de empleos y negocios porque «el coste de que España no haga nada es mucho más elevado que poner ayudas directas».

Tras restar valor al anuncio «marketiniano» de ayudas por 11.000 millones de euros, realizado por Sánchez la semana pasada en el Congreso, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo central «no quiere asumir la responsabilidad» de elaborar un Plan de Semana Santa.

FLEXIBILIZACIÓN EN ARAGÓN

En otro orden de cosas, el líder de Cs en Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha aludido a la suavización de restricciones anunciada este jueves por el Gobierno de Aragón. Ha señalado que «bienvenido sea todo lo que sea flexibilizar y ampliar horarios que permitan que las pymes, la hostelería y la gente puedan recuperar su libertad de movimientos, siempre que sea avalado por la autoridad sanitaria.

Ha dejado claro que «no es una cuestión política», sino que «es una autoridad sanitaria quien debe dar las pautas y tomar las decisiones que deba tomar en cada momento».

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha denunciado este jueves que las mujeres, a pesar de ser mayoría en las carreras judicial y fiscal, aún son minoría en sus respectivas cúpulas.

Campo ha aprovechado las III Jornadas de Justicia e Igualdad para señalar la brecha de género existente en España, un desequilibrio que ha urgido a corregir para evitar un fracaso como sociedad, así como en el sector justicia.

Según los datos que ha ofrecido, aunque las mujeres representan el 54 por ciento del Poder Judicial, hasta ahora solo han sido un 18 por ciento en el Consejo General del Poder Judicial y, en Fiscalía, son el 65 por ciento pero minoría en los puestos de poder.

En este contexto, ha anunciado la puesta en marcha del primer plan de igualdad de la administración de justicia, para lo cual ha indicado que se crearán grupos de trabajo con todo el sector justicia y con colectivos de mujeres.

El objetivo, ha apuntado Campo, es «poner las bases de la justicia que queremos», que ha definido como «aquella (…) en la que la foto de la apertura del año judicial tiene igual número de hombres y mujeres».

El ministro ha sostenido que, a pesar de los avances logrados en los últimos años que han convertido a España en «referente» en la lucha por la igualdad de género, aún queda mucho por hacer para pasar de una «igualdad legal» que ha calificado de «insuficiente» a la «igualdad real».

«ALGUNOS REACCIONARIOS»

A este respecto, ha alertado de que todavía hoy existen «algunos reaccionarios» que se resisten a dar este salto, mencionando como ejemplo la proposición de ley «negacionista» que impulsó Vox para derogar la ley de violencia de género.

Frente a ello, ha destacado la «emocionante» respuesta del arco parlamentario, que no solo rechazó la propuesta del partido de Santiago Abascal, sino que leyó los nombres de las 1.081 mujeres asesinadas por violencia de género en España desde que se tienen datos (2003).