Red Eléctrica redujo un 47 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 2015 y 2020 y destinó más de 32 millones a biodiversidad, lucha contra la despoblación y a actuaciones para frenar el COVID-19 en el pasado ejercicio, según recoge su Informe de Sostenibilidad, en el que además destaca que por primera vez se emitieron 700 millones en bonos verdes.

En total, el grupo incrementó su inversión en proyectos ambientales y destinó 23,3 millones de euros a proteger y conservar la biodiversidad y el capital natural, así como otros 9 millones a iniciativas enfocadas a luchar contra la despoblación rural y a paliar los efectos de la covid-19 en la población más vulnerable.

El informe recoge, por primera vez, según explica REE, las recomendaciones de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures que proporcionan un marco de información para los riesgos y oportunidades climáticos para mejorar la comprensión de los inversores sobre su impacto.

Asimismo, incluye la primera emisión de bonos verdes de Red Eléctrica por un importe de 700 millones de euros con información detallada sobre la asignación de los fondos y los impactos medioambientales asociados a los proyectos verdes.

Para la directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios del Grupo, Fátima Rojas, "la razón de ser de las empresas debe ir mucho más allá de generar retorno económico".

Así, considera que estas han de facilitar una economía útil para las personas, defender el medio ambiente y ser activas en el combate contra la crisis climática.

"La sostenibilidad impregna toda la estrategia y la toma de decisiones de Grupo Red Eléctrica y es la palanca con la que vamos a impulsar la transición verde, justa y digital mediante nuestro Plan Estratégico 2021- 2025", ha asegurado.

En esa línea, la empresa ha anunciado que modificará sus objetivos climáticos y su plan de acción para ajustarse la iniciativa Business Ambition for 1.5° C, promovida por el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

En el informe, la compañía recopila las actividades realizadas en 2020 para limitar el incremento de la temperatura global. En concreto, precisa que ha reducido su huella de carbono con una disminución del 26,5 por ciento respecto a sus emisiones directas de 2015. La rebaja se debe a las medidas implantadas para disminuir las pérdidas de hexafluoruro de azufre (SF6) asociadas principalmente a pequeñas fugas y averías en los equipos de la red de transporte.

LA DEMANDA DE CENTROS DE TRABAJO POR COVID REBAJÓ LAS EMISIONES UN 22,6%

Asimismo, explica que la menor emisión de GEI en 2020 se debe también una bajada del 22,6 por ciento del consumo eléctrico asociado a los centros de trabajo.

Por otro lado, dado que las emisiones asociadas a la cadena de suministro son las que mayor peso tienen en las emisiones indirectas del Grupo Red Eléctrica, de acuerdo con el informe la compañía tiene una línea de apoyo en materia de huella de carbono en el que están participando 23 proveedores que representan en torno al 47% de las emisiones de la cadena de suministro.

Con ello, los proveedores conocen su nivel de madurez en materia de cambio climático y pueden tomar medidas para reducir su impacto.

BIODIVERSIDAD Y DESPOBLACIÓN

En cuanto a sus iniciativas ambientales, a las que la empresa destinó en 2020 más de 32 millones, refleja que en 2020 se incrementó un 19 por ciento respecto a 2019 este presupuesto para proyectos de protección de la biodiversidad y la conservación del capital natural.

Entre estos, ha destacado las iniciativas de conservación de especies amenazadas como el águila imperial ibérica en Doñana; el águila pescadora en el Parque Natural del Marjal de Valencia; y el guirre canario en Fuerteventura. También destaca el Bosque de Red Eléctrica, que cuenta con 864 hectáreas recuperadas en todo el territorio, y el Bosque Marino, con el que ya se han restaurado 2 hectáreas de posidonia oceánica en Baleares.

Por otro lado, en acción social se invirtieron 9 millones de euros en 377 iniciativas, dirigidas en particular a la lucha contra la despoblación rural y dar respuesta rápida y eficaz a las necesidades derivadas de la pandemia entre los colectivos más desfavorecidos.

Por ejemplo, con FADEMUR puso en marcha la iniciativa Alimentos Solidarios, para dar salida a productos de pequeñas explotaciones agropecuarias de mujeres en riesgo de desaparecer tras el cierre por la pandemia de restaurantes y bares donándolos a entidades sociales que estaban viendo desbordados sus servicios de atención a personas especialmente golpeadas por la crisis económica derivada de la situación sanitaria.

Igualmente, puso en marcha medidas para extender temporalmente las contrataciones donde el personal habilitado por los proveedores para prestar servicios se encontrase en un ERTE, dotar de mayor liquidez a los proveedores afectados por la crisis y flexibilizar el criterio de restricción de proveedor en dificultades financieras, permitiendo que fueran adjudicatarios de un mayor importe.

Por último, el informe refleja la primera emisión de bonos verdes de Grupo Red Eléctrica por un importe total de 700 millones de euros y un vencimiento a 8,5 años.

Sindicatos y patronal han alcanzado un principio de acuerdo para la renovación y actualización del convenio estatal de pastas, papel y cartón, que afecta a cerca de 17.000 trabajadores, con subidas salariales para 2021 y 2022, informó FICA UGT.

En concreto, el preacuerdo contempla incrementos para 2021 del 0,5% sobre RTIB de 2020 desde 1 de enero. En caso de que el IPC de 2021 supere este 0,5%, se abonará una paga en febrero 2022, variable y no consolidable, de hasta el 0,25% de la Retribución Total Teórica Bruta (RTTB) de 2020.

Para 2022, se reconoce un aumento en el salario de los trabajadores del sector del IPC de 2021, con garantía del 0,5% en caso de que el IPC sea inferior a este valor.

Asimismo, las tablas y la Retribución Total Teórica Bruta de partida de 2023 se actualizarán con el diferencial positivo entre el incremento de 2022 y el IPC real.

En un comunicado, el sindicato señaló que la negociación ha sido "muy complicada", ya que la patronal pretendía que este 2021 se convirtiera en un año de transición con 0% de incremento salarial que, de cierta manera, compensara la subida salarial del convenio anterior.

Así, en este contexto de incertidumbre, UGT FICA consideró que el preacuerdo alcanzado, que deberá ser ratificado en asambleas en próximas semanas, "es una apuesta por el diálogo que debe dar estabilidad al sector y que debe servir para que, en futuras negociaciones, se pueda modernizar el convenio en línea con otros convenios estatales de referencia".

La vigencia del convenio será por dos años (2021-2022) y se recoge también la adecuación a la nueva normativa en relación a planes de igualdad y registro de jornada, así como el permiso retribuido de 1 horas/año para acompañamiento al médico.

En lo que respecta a las parejas de hecho, tendrán la consideración todas las parejas inscritas en registros públicos. También se creará una comisión técnica de trabajo para abordar la sentencia sobre el disfrute de los permisos retribuidos, trabajo a distancia y desconexión digital.

El fondo australiano IFM considera que si sale adelante la operación para convertirse en un accionista de referencia de Naturgy podría, debido a su condición de fondo global con activos en todo el mundo, "apoyar y abrir puertas" a la energética en dos mercados como Australia y Estados Unidos, estratégicos para su crecimiento en renovables.

En su participación en la jornada 'La inversión extranjera directa en el sector energético español' organizada por Afi, el vicepresidente de IFM Investors y responsable del fondo en España, Jaime Siles, señaló que puede haber "sinergias" en el caso de entrar en el accionariado de Naturgy en mercados donde ya están presentes ambos, como son Australia, de donde es originario el fondo, o Estados Unidos, donde recientemente ha adquirido el 85% del desarrollador de renovables Swift Current Energy. "Siendo de Australia, un mercado con potencial tan importante en renovables para Naturgy, es un extra que puede ser interesante también", consideró.

Naturgy ha hecho de Australia, donde elevará su capacidad instalada hasta los 700 megavatios (MW), y de Estados Unidos, donde ha desembarcado con la compra de una cartera de proyectos de 8 gigavatios (GW) en energía solar y 5 GW en almacenamiento, dos mercados estratégicos para su crecimiento internacional en renovables.

"Por ahí, el equipo gestor de Naturgy siempre va a poder contar con nosotros para llevarles, apoyarles e incluso abrirles puertas y traerles ideas o en proyectos puntuales poder formar partenariados 'ad hoc' potencialmente", dijo.

Además, afirmó que el fondo respaldaría a Naturgy con su capacidad para levantar "capital constantemente", lo que "da un músculo financiero a las empresas que les permite afrontar proyectos de grandes inversiones durante varios años", sin esa "presión de un accionista que pide dividendo y rentabilidad "a corto plazo".

Asimismo, subrayó la vocación de IFM, que aspira a hacerse con hasta un 22,69% del capital de Naturgy por unos 5.000 millones de euros, de permanencia "a largo plazo" en las empresas donde invierte, ya que es un fondo "abierto" que busca "maximizar el valor de las compañías en términos absolutos".

ATRAJO "MUCHO" EL EQUIPO DIRIGIDO POR FRANCISCO REYNÉS

En el caso concreto de Naturgy, destacó que se trata de una empresa que IFM llevaba tiempo siguiendo debido a su presencia en un sector como el energético, y de la que también atrajo "mucho" su equipo gestor, con su presidente Francisco Reynés a la cabeza, al que conocían ya de su etapa en Abertis.

Así, el fondo de los pensionistas australianos cree que, en el actual contexto de transición energética, Naturgy va a ser "un actor relevante". "Se produjo esa confluencia, así que nos pareció un buen momento, también impulsado por las buenas inversiones en España", dijo, añadiendo que IFM está "muy esperanzado e ilusionado" con que salga adelante la operación.

Igualmente, Siles afirmó que IFM, que ha invertido más de 3.000 millones en España desde 2018 en empresas como Aqualia, apuesta por activos "de carácter regulado, ya que son los más predecibles", y que ahora mismo está muy interesado en la transición energética, poniendo el foco "en aquellas empresas presentes en ella y cuyas tecnologías les permitan ser líderes".

"Somos sobretodo un accionista estable. Normalmente invertimos para quedarnos en las empresas durante décadas y creo que en un contexto de transición energética se requiere un accionista así, que tenga una visión a medio y largo plazo", añadió al respecto.

ESPAÑA CUENTA CON UN MARCO "CLARO Y SÓLIDO" PARA LA TRANSICIÓN

En este sentido, consideró que España cuenta ahora con un marco para la transición energético definido por el actual Gobierno que es "claro y sólido", por lo que IFM ve que es "el momento adecuado para hacer una inversión de largo plazo y del tamaño" como la de Naturgy. "También lo vemos como una oportunidad para acelerar esa transición energética y ser parte de ella", dijo.

IFM presentó el pasado mes de febrero su oferta pública voluntaria y parcial para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de la española Naturgy.

Esta operación está pendiente de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, debido a la normativa de blindaje aprobada el año pasado, que permite al Ejecutivo vetar la compra por un inversor extranjero de más de un 10% de una empresa española de un sector estratégico.

El Grupo de Opinión y Reflexión en Economía Política europeG ve "insuficiente" el esfuerzo fiscal por parte de la Unión Europea ante la crisis de la Covid-19 respecto a, por ejemplo, Estados Unidos, y aboga por avanzar en impuestos "más potentes", como puede ser el de Sociedades.

El Consejo Europeo propuso el año pasado nuevas formas de financiar el presupuesto comunitario con cuatro "nuevos recursos", entre los que se incluyen el impuesto digital, ETS, transacciones financieras y carbono.

En opinión del director de europeG y autor del informe 'Para hacer frente a la crisis de la COVID-19: avanzar hacia la integración europea', Antoni Castells, estos cuatro recursos son de un alcance "menor" y ha insistido en que si se quiere avanzar hacia un presupuesto comunitario, habría que recurrir a otros impuestos con una mayor potencia recaudatoria.

"La realidad es que casi la totalidad de los ingresos, excepto los derechos de aduanas, son transferencias de los Estados miembros calculadas según su PIB", ha explicado Castells en la presentación del informe este miércoles.

También cree que habría que avanzar hacia un IVA cobrado a un nivel comunitario, así como que una parte del Impuesto de Sociedades también fuera comunitaria y que esto se pudiera destinar a un seguro de desempleo en la UE.

No obstante, ha insistido en que lo primero es cerrar el "paréntesis" económico ocasionado por la crisis. "Ya nos preocuparemos del déficit y deuda cuando hayamos salido de la crisis. Lo importante es cerrar este paréntesis", ha señalado.

En este sentido, aunque ha criticado la "lentitud" y "retrasos" en el proceso de implementación de los fondos europeos, ha aplaudido la decisión del Tribunal Constitucional alemán de rechazar el recurso que paralizaba su aprobación, confiando en que en septiembre o octubre estén en marcha.

ACELERACIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA

En su informe, EuropeG ha llegado a la conclusión de que la respuesta a la crisis de la Covid-19 puede significar un paso cualitativamente importante en la aceleración del proceso de integración europea, puesto que abre la vía a avances interesantes hacia una unión fiscal.

En concreto, puede suponer un avance hacia un presupuesto comunitario digno, unos recursos obtenidos directamente en forma de impuestos pagados por los ciudadanos y un Tesoro capaz de emitir deuda. Además, puede contribuir a dar un paso hacia la unión del mercado de capitales, en la medida en que se pondrá en circulación un nuevo activo de seguridad incuestionable, como son los bonos emitidos por la Comisión.

"Si la apuesta sale mal y los fondos van diluyéndose en proyectos de los cuales nadie se acordará al cabo de unos pocos años, entonces esta iniciativa habrá servido para poco, será una ocasión perdida y será difícil, por bastantes años, intentar operaciones de integración política de una cierta envergadura y la pérdida de confianza entre sus socios será muy grande. Todo ello contribuirá al empantanamiento del proceso (una vez más)", ha remarcado Castells.

EVITAR LA "TENTACIÓN" DE ATENDER A INTERESES POLÍTICOS O ECONÓMICOS

Para abordar los fondos europeos, el Grupo de Opinión y Reflexión en Economía Política ha recomendado que se realice una "fiscalización rigurosa" de los recursos destinados a diferentes países y que se evite la "tentación" de atender intereses políticos o de grupos económicos próximos al poder.

Además, europeG insta también a evitar la fragmentación de los fondos en innumerables proyectos "de interés dudoso" con el objetivo de "contentar a todo el mundo".

UNA CRISIS DE "SUPERVIVENCIA" DIFERENTE A LAS ANTERIORES

Según EuropeG, la crisis de la COVID-19 se ha convertido en un reto de más gravedad, si cabe, que aquellos a los que la UE tuvo que hacer frente en los veinte años precedentes.

Cuando estalló, lo que estaba en juego era ver si los estados miembros de la Unión irían cada uno por su cuenta mirando solo por sus propios intereses y compitiendo los unos con los otros, o bien predominaría la conciencia de que había un enemigo común contra el cual solo se podría luchar de manera eficaz si se hacía conjuntamente.

Según el grupo, se trata de una crisis de supervivencia muy diferente de las anteriores, de una naturaleza distinta, pero probablemente de una capacidad destructiva sobre el futuro de la Unión Europea bastante mayor, si no se le hace frente con la altura de miras y el convencimiento imprescindibles.

UN PASO "MUY IMPORTANTE" EN LA LÍNEA DE UNA UNIÓN FISCAL

Aunque es pronto para poder hacer un balance a fondo de la respuesta europea a la crisis del coronavirus, el grupo de Opinión y Reflexión en Economía Política considera importante destacar la "rapidez y determinación" con que ha reaccionado la UE, frente a la orientación intergubernamental que habían tenido muchas de las decisiones de la UE en los últimos veinte años.

Además, resalta el predominio desde el primer momento de una filosofía partidaria de una implicación muy activa de los poderes públicos contraria a las políticas de austeridad, frente a lo que ocurrió en la Gran Recesión, y considera que la respuesta de la UE puede significar un paso muy importante en la línea de una unión fiscal.

De la misma forma, EuropeG subraya la importancia de la emisión de deuda por la Comisión para financiar el gasto directo derivado del presupuesto comunitario, puesto que podría constituir un paso hacia la creación de un Tesoro europeo; así como el incremento importante de los recursos propios de la UE que se va a producir.

Además, podría suponer el reforzamiento del presupuesto comunitario al incorporar el NGEU al marco financiero plurianual 2021-2026; el impacto fiscal de las ayudas procedentes de la UE; las incógnitas que existen sobre algunos aspectos esenciales de los proyectos financiados a través del programa aprobado por la UE y la posibilidad de que los nuevos instrumentos que ahora se ponen en marcha tiendan a consolidarse en el futuro o tengan, como en principio está previsto, un carácter estrictamente transitorio. Por ejemplo, resulta difícil pensar que los nuevos impuestos serán eliminados después de más treinta años de aplicación.

John Hoffman, consejero delegado de GSMA, ha reiterado que el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona se celebrará este año de forma presencial al "100%", salvo que el Gobierno obligue a cancelarlo, y ha vaticinado que la edición de febrero de 2022 volverá a retomar el aforo y las condiciones prepandemia.

"No veo ninguna razón para que no pase. Para entonces el mundo estará completamente vacunado (...) Estaremos de vuelta a los negocios en 2022 y, quién sabe si con 110.000 personas como teníamos en el pasado", ha señalado el directivo.

Este año está previsto que el MWC celebre su edición de 2021 del 28 de junio al 1 de julio en Barcelona en formato híbrido, algo que Hoffman sostiene que pasará al "cien por cien" a menos que las autoridades recomienden lo contrario y se cancele la parte presencial.

Para Hoffman, el evento significará "abrazar la era postcovid" y ha animado a asistir al congreso como forma de "comenzar la reapertura de la economía en España".

Al MWC de este año no asistirán de forma presencial empresas como Google, Facebook o Ericsson. A este respecto, el directivo ha indicado que comprende que "no todo el mundo está en la misma situación" respecto a la pandemia y ha asegurado que, con vistas al futuro, ha recibido "señales muy fuertes de que la comunidad global (la industria) quiere reunirse de nuevo".

UN MOBILE "DE TRANSICIÓN"

Pese a la intención de dar la bienvenida de forma simbólica al mundo pospandémico en esta edición, el Mobile 2021 se realizará con fuertes medidas sanitarias y Hoffmann ha recalcado que está en contacto con las autoridades sanitarias catalanas y españolas para consensuar protocolos.

Además, la GSMA se alió con Quirón como proveedor médico para poner en marcha una estrategia sanitaria basada en el testeo y la distancia social.

Somos la industria de la tecnología, así que vamos a usarla más", ha apostillado Hoffman a la hora de describir el enfoque adoptado para la organización del evento que, entre otras cosas, suprimirá el dinero físico para la compra de alimentos, bebidas y otros productos y apostará por el reconocimiento facial.

El Mobile, cuyo impacto en la economía local este año será un 20% del habitual, es decir, 100 millones de euros en vez de 500 millones de euros, espera atraer a más público español y europeo que compense la caída de afluencia internacional.

Hoffman ha explicado que, en condiciones normales, suelen acudir al evento entre 30.000 y 35.000 españoles.

"Queremos atraer a todo el mundo que tenga una gran idea y quiera transformarla y lanzar un nuevo negocio, o que tenga una pequeña empresa y quiera llevarla al próximo nivel", ha recalcado, tras recordar que este año el evento Four Years From Now enfocado a 'startups' se ha trasladado a la Gran Vía de Barcelona para potenciarlo.

PLAN PARA ATRAER ASISTENTES

Asimismo, ha adelantado que GSMA se encuentra preparando un plan para atraer asistentes españoles y del sur de Europa y ha asegurado que un sector que cree "extremadamente viable y muy, muy importante para el futuro (de la feria) son los emprendedores".

A este respecto, Hoffman ha subrayado también la importancia de la interacción en persona para realizar negocios e intercambiar ideas sobre el futuro.

PREPARAR "EN TIEMPO RÉCORD" LA EDICIÓN 2022

El futuro inmediato pasa por preparar en tiempo récord la edición 2022, un desafío para la industria que tendrá que preparar novedades en seis meses y una medida necesaria para el directivo, que cree que la feria debe celebrarse a principios de año porque es cuando las empresas anuncian sus planes.

En este campo, Hoffman ha destacado la relación "mutuamente beneficiosa" que mantiene el MWC con Barcelona y ha indicado que espera que, una vez pasada la edición 2022, comiencen las conversaciones la permanencia de la feria en la ciudad condal más allá de 2024.

No obstante, ha insistido en que a los asistentes les "encanta" acudir cada año a Barcelona y España y ha resaltado la "amplia colaboración público-privada" que hay en la capital catalana y el "completo apoyo" que recibe de España y Cataluña.

En esta línea, ha apuntado la vocación de GSMA de crear un ecosistema económico en Barcelona que perdure todo el año y, tras la propuesta de constituir un consorcio que investigue sobre baterías de teléfonos móviles lanzada hace unos días, ha añadido que hay "otras posibilidades" como los nanomateriales, ya que en la ciudad hay "grandes universidades y centros de investigación".

LA PANDEMIA PASA FACTURA A GSMA

La cancelación del anterior Mobile en febrero de 2020 y los efectos de la pandemia han impactado "fuertemente" en las cuentas de GSMA, que ha reducido su tamaño como organización a la mitad.

Hoffman cree que, con la vuelta a la normalidad, GSMA "crecerá de nuevo" y estará en posición de "cumplir las necesidades de la industria" en un futuro de transformación digital con múltiples posibilidades en campos como el 5G.

"Vamos a vivir con el coronavirus y eso significa que habrá que hacer algunos cambios (...) que vemos como una oportunidad, no como algo heredado. Creo que traerá consigo la innovación; muchas crisis traen consigo los cambios más impactantes", ha reflexionado el directivo, que espera que, con el tiempo, se puede mirar a esta época y ver que generó un "mayor y mejor" uso de la tecnología.

El máximo responsable del Mobile ha indicado que sectores como la industria manufacturera o el sector "se transformarán" con el 5G y que la vida "cambiará completamente" con tecnologías como esta o el Big Data.

Por ello, para Hoffman es importante que el sector se reúna y, así, hablar sobre cómo hacer que esta transformación sea "incluso mejor" e "incluya a todo el mundo".

La Comisión Europea ha mostrado este miércoles su confianza en que la ratificación del fondo europeo de recuperación de 800.000 millones de euros sea completada "en las próximas semanas" tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional alemán que ha abierto la puerta a su aprobación a nivel nacional, allanando así el camino a los primeros desembolsos.

"Celebro la decisión del Tribunal Constitucional alemán y su claridad. Sigo siendo optimista con que todos los Estados miembros puedan ahora ratificar la Decisión sobre Recursos Propios en las próximas semanas", ha escrito en Twitter el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn.

La normativa sobre Recursos Propios de la UE es la que permite a la Comisión Europea emitir la deuda con la que financiará el plan anticrisis de 800.000 millones de euros (750.000 millones a precios de 2018). Las ayudas no empezarán a fluir a los Estados miembros hasta que no sea aprobada en los veintisiete parlamentos nacionales.

Por ahora, 17 Estados miembros han ratificado dicha normativa y diez todavía tienen algunos trámites pendients. El caso que más preocupaba era el de Alemania, por la posibilidad de una sentencia que declararse que el fondo de recuperación es contrario a la legislación alemana. En Polonia el proceso está parado por una disputa entre los partidos de gobierno.

Por eso, el Ejecutivo comunitario ha recibido con alivio la decisión del Alto Tribunal alemán. Su presidenta, Ursula von der Leyen, también se ha pronunciado en la misma red social, en la que ha destacado que "la UE sigue en la senda de su recuperación económica tras una pandemia sin precedentes".

Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha tildado de "buena noticia" la conclusión del Tribunal Constitucional alemán y ha destacado con ella "la senda para que Alemania finalice la ratificación del fondo de recuperación está clara". "Cuanto antes completen los países el proceso de ratificación, antes podremos recuperarnos de esta pandemia", ha añadido el italiano.

Este miércoles, el Alto Tribunal alemán ha despejado la ratificación del plan anticrisis en el país permitiendo que el presidente del país firme finalmente la Decisión de Recursos Propios de la UE, que había sido aprobada antes tanto en el Parlamento como en el Senado.

Los jueces han determinado que bloquear ahora la firma de la normativa tendría unas consecuencias más graves si posteriormente fuese declarado constitucional que en caso de seguir adelante y finalmente determinase su inconstitucionalidad.

Un 10% de los conductores ha sufrido un siniestro o percance de tráfico por problemas en la iluminación de su coche, según se desprende del estudio '¿Qué importancia damos a la iluminación del vehículo?' elaborado por Lumileds y la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial).

Tal como se recoge en el documento, la percepción del conductor sobre sus sistemas de iluminación en el vehículo es bastante conformista, aunque comienza a despertar inquietud e interés, especialmente cuando considera la relación de este elemento con su seguridad.

Así, cerca del 82% de los conductores encuestados reconoce que se ha visto inmerso en situaciones de riesgo donde la iluminación deficiente tenía un impacto negativo directo en la conducción, debido a condiciones de baja visibilidad, lluvia o niebla.

Conducir de noche por una carretera o un túnel sin iluminar y tener defectuosa la iluminación del vehículo o problemas de visión por parte del conductor lo han sufrido entre el 60% y el 70% de los entrevistados.

Por su parte, el 63% de los conductores españoles considera que los problemas en la iluminación del vehículo son bastante graves y derivan en serias consecuencias. En este sentido, uno de cada diez ha tenido un incidente producido por problemas de iluminación.

"La iluminación del vehículo es un elemento importante que actúa como sistema de seguridad activa, proporcionando al conductor la capacidad de ver y ser visto por otros, evitando posibles accidentes de tráfico especialmente en condiciones de baja o mala visibilidad", recoge el estudio.

PARQUE ENVEJECIDO

En este sentido, el informe explica que el parque de automóviles español está envejecido, lo que hace que los sistemas de iluminación tengan menos cualidades y capacidades que los actuales coches, limitando parte de la seguridad de los modelos.

Sin embargo, los conductores de vehículos de más de diez años consideran que conducir con una mala iluminación nocturna es un factor de riesgo medio, puntuando con un 5,6 sobre 10 la peligrosidad de circular de noche con luces con intensidad y alcance insuficientes, y con un 5,3 sobre 10, conducir de noche con fallo en una de las luces.

Además, solo un 26% de los encuestados cree que llevar luces encendidas durante el día reduce el riesgo y ayuda a percibir mejor al resto de usuarios de la carretera.

Un 79,4% de las personas con discapacidad han visto empeorar su situación laboral desde el inicio de la pandemia, según recoge un estudio realizado por la Fundación Adecco, en colaboración con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.

Para este estudio se ha encuestado a 700 personas con discapacidad para dar respuesta a preguntas relacionadas con las consecuencias de la crisis económica en este colectivo y con el objetivo de analizar otros aspectos clave para su plena inclusión en tiempos de pandemia.

Este estudio señala que, terminado 2020 con un desplome interanual de su contratación del 26%, el primer trimestre de 2021 ha registrado un descenso moderado, del 7,7%, tras haber suscrito 23.818 contratos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año.

Se trata, explica el informe, del segundo descenso consecutivo en la contratación de personas con discapacidad, tras siete años de incrementos. En 2020, indican, se produjo la primera caída en este periodo desde 2012, una bajada que achacan al estado de alarma.

Y aunque esta caída ha sido inferior a la registrada a nivel general para toda la población (que en ese caso es de un 15%), los responsables del estudio señalan que, en el caso de las personas con discapacidad las dificultades de acceso al empleo son dobles, ya que no solo se enfrentan a la crisis económica, sino a prejuicios y estereotipos históricos que dificultan las oportunidades laborales en el corto plazo.

UN 17,6% PERDIERON SU EMPLEO

De hecho, del 79,4% de las personas de este colectivo que han visto empeorar su situación laboral, la mayoría (46,7%) asegura que estaba buscando empleo y, con la pandemia, esta búsqueda se ha dificultado enormemente.

Mientras, un 17,6% asegura haber perdido definitivamente su empleo; un 6,5% continúa en situación de ERTE; un 4,2% ha tenido que reducirse la jornada; y un 4,4% está de baja por motivos de salud. En el otro lado, un 20,6% ha asegurado que la pandemia no ha tenido ningún impacto en su situación profesional.

El estudio de Fundación Adecco señala, del mismo modo, que durante el último año, el 55% de las personas con discapacidad en búsquedaactiva de empleo no ha realizado entrevistas de trabajo ni tenido ningún tipo de contacto con el mundo empresarial.

"Las personas con discapacidad y sus familias temen que esta crisis reduzca definitivamente sus oportunidades vitales para acceder al mundo laboral y a muchos les preocupa que la década 2020 sea perdida en cuanto a su inclusión laboral", ha señalado el director general de la Fundación, Francisco Mesonero.

A su juicio, es "urgente actuar para minimizar los efectos del Covid-19 sobre la población con discapacidad, garantizando su participación en el empleo como principal medio de inclusión social".

LOS "EFECTOS COLATERALES" DEL DISTANCIAMIENTO

Por otra parte, el informe señala que las medidas de distanciamiento social imprescindibles para contener al Covid-19, están debilitando el tejido empresarial y causando grandes estragos en algunos sectores de la economía española y apuntan que las consecuencias de estas restricciones no están siendo únicamente económicas, sino también sociales.

Estas últimas, reconoce el trabajo, son más difíciles de cuantificar ante la ausencia de indicadores fiables. Sin embargo, a través de esta encuesta se ha tratado de realizar una aproximación, analizando la percepción que tienen las propias personas con discapacidad a este respecto.

Así, e 75% de los encuestados teme que el distanciamiento social perjudique, de forma colateral, el proceso de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, frente a un 25% que no cree que estas medidas vayan a impactar en este desarrollo.

"La convivencia e interacción han sido, tradicionalmente, los pilares para el intercambio de valores y la eliminación de prejuicios y estereotipos", ha advertido Mesonero. En su opinión, en el momento "de explorar nuevas fórmulas" que garanticen la socialización de las personas con discapacidad, como reducir la brecha digital o intensificar las iniciativas de empleabilidad.

El estudio señala los prejuicios como gran detonante de discriminación social y laboral del colectivo, tal y como señalan el 45,6% de los encuestados, seguidos del desconocimiento (26,3%), la indiferencia (21,7%) y la sobreprotección (6,4%).

Banco Santander es miembro fundador de la Net Zero Banking Alliance (NZBA), promovida por la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEPFI) con el fin de ayudar a movilizar el apoyo financiero necesario para construir una economía global de emisiones cero y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

Esta iniciativa también funcionará como un foro de coordinación estratégica entre las entidades financieras a fin de acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones netas.

La NZBA reúne a una grupo inicial de 43 de los principales bancos del mundo con la intención de cumplir la ambición del sector bancario de alinear sus compromisos climáticos con los objetivos del Acuerdo de París con colaboración, rigor y transparencia.

Si queremos que la economía mundial sea una economía verde, necesitamos hacer un esfuerzo global de verdad: que los bancos, las empresas, los gobiernos, los reguladores y la sociedad civil trabajen juntos en la misma dirección", ha indicado la presidenta de la entidad, Ana Botín.

"En Santander estamos orgullosos de ser miembros fundadores de esta nueva alianza y de acelerar el progreso hacia las cero emisiones netas", ha apostillado.

En febrero de 2021, el banco anunció su ambición de lograr cero emisiones netas de carbono para 2050 y publicó sus primeros objetivos de descarbonización con la ambición de que, para 2030, haya dejado de prestar servicios financieros a clientes productores de energía cuyos ingresos dependan en más de un 10% del carbón térmico.

También tiene por objetivo eliminar por completo la exposición a la minería de carbón térmico en todo el mundo y alinear su cartera de generación de energía con el Acuerdo de París.

El grupo fijará objetivos de descarbonización para otros sectores relevantes a más tardar en septiembre de 2022, como los de petróleo y el gas, transporte, y minería y siderometalurgia.

Abanca obtuvo un beneficio atribuido de 137,4 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según informa la entidad el día en que comunica estos resultados a la comisión nacional del mercado de valores (CNMV).

El pasado febrero, el banco que preside Juan Carlos Escotet presentó los resultados de 2020, ejercicio en el que se anotó unas ganancias de 160 millones tras dedicar 273 a provisiones.

En el arranque del año, Abanca reivindica su "capacidad de generación de ingresos recurrentes", que crecieron un 10,7%, así como su "posición de liderazgo en el sector" por calidad de activos, con una ratio de morosidad del 2% y una cobertura de activos dudosos del 83,4%.

Tras la integración contable de Bankoa y la adquisición de la red española de Novo Banco, la entidad financiera superó los 100.000 millones de euros de volumen de negocio. La operación de Novo Banco, sexta desde 2014, fortalece su posicionamiento en banca personal y fuera de Galicia, según incide.

Desde el inicio de la pandemia, Abanca ha formalizado más de 3.200 millones de euros en créditos ICO y aplicado medidas de flexibilización financiera para familias por importe de 1.200 millones de euros.

CALIDAD DE LA CARTERA

Los activos dudosos se redujeron un 19,5% (un 24,1% sin Bankoa), con lo que la tasa de morosidad se situó en ese 2%, a la cabeza del sector y prácticamente la mitad que la media española (3,9%) y por debajo de la media europea.

Atribuye esta elevada calidad crediticia a la diversificación sectorial y resalta que Galicia sigue mostrando un mejor comportamiento que el conjunto de España tanto en términos de indicadores macroeconómicos como de evolución de la pandemia.

La tasa de cobertura de dudosos es del 83,4% y destaca la tasa de cobertura del 107,0% en pymes y grandes empresas. Combinando provisiones y solvencia, presenta una ratio 'Texas' del 27,2%, por debajo del umbral del 30%.

CRECIMIENTO DE INGRESOS RECURRENTES

El margen básico creció un 10,7% interanual como resultado del comportamiento del margen de intereses y los ingresos por prestación de servicios bancarios. El margen de intereses mejoró un 9,5%, mientras que los ingresos por prestación de servicios aumentaron un 13,7%.

Este "buen desempeño" se vio complementado por la mejora de la eficiencia, que ha posibilitado duplicar el margen de explotación recurrente frente al mismo período del año anterior, llama la atención Abanca.

Aislando el efecto de las integraciones (Bankoa), los costes ordinarios se redujeron en un 7,9%, lo que vincula con "los proyectos de racionalización" y "las sinergias procedentes de las integraciones de negocios realizadas", que se situaron por encima de los objetivos fijados.

El coste del riesgo, situado en el 0,26%, se mantiene "contenido gracias al esfuerzo" durante 2020 en anticipación de provisiones y a la buena calidad crediticia de la cartera.

VOLUMEN DE NEGOCIO

Mientras, el banco eleva su volumen de negocio un 20,2% y lo sitúa por encima de los 100.000 millones, teniendo en cuenta la reciente adquisición de Novo Banco España.

Sin tener en cuenta esta última adquisición, cuya integración contable se producirá en próximos trimestres, la entidad ha alcanzado los 98.487 millones de euros, un 15,1% más que hace un año, gracias al crecimiento equilibrado del crédito y los recursos de clientes.

La cartera de crédito a clientes en situación normal, donde destaca el peso de la financiación a familias y empresas, se situó en 42.068 millones de euros tras un crecimiento interanual del 13,2% (8,5% sin Bankoa).

Los recursos de clientes alcanzaron los 55.783 millones de euros tras crecer un 17,1% (11,4% sin Bankoa). Los depósitos de clientes, principal componente de la estructura de financiación del banco, crecieron un 15,2% (10,9% sin Bankoa) y alcanzaron los 44.551 millones.

El fuera de balance creció un 25,7% (13,2% sin contar Bankoa), con un incremento de la cuota de mercado de 16 puntos básicos en fondos de inversión, de 11 puntos básicos en planes de pensiones y de 4 puntos básicos en seguros vida ahorro. Asimismo, Abanca alcanzó una cuota de mercado del 3,6% en el total de suscripciones netas de fondos de inversión en el trimestre en España.

Las primas de seguros generales y vida riesgo crecieron un 13,4%, con un comportamiento homogéneo en los diferentes segmentos. Vida riesgo creció un 14%, pagos protegidos un 13%, salud un 12% y empresas un 9%.

SOLVENCIA Y LIQUIDEZ

En materia de solvencia, la ratio de capital ha quedado situada en el 17,4% (13,3% capital máxima calidad 'CET1'). La entidad reivindica "amplios colchones" sobre los requisitos establecidos: 510 puntos básicos (1.614 millones) en capital total y 534 (1.688 millones de euros) en 'CET1'.

Además, la entidad presenta una ratio de créditos sobre depósitos minoristas (LTD minorista) del 95,9% y dispone de 17.511 millones de euros entre activos líquidos (12.041 millones) y capacidad de emisión de cédulas (5.470 millones). Con ello, cubre cuatro veces sus vencimientos previstos de emisiones.

Las ratios de financiación neta estable 'NSFR' y de cobertura de liquidez 'LCR' están situadas, respectivamente, en el 129% y el 259%, niveles que cumplen con los requisitos regulatorios de 'Basilea III'.

APOYO FINANCIERO A EMPRESAS Y FAMILIAS

Frente a la crisis de la covid, Abanca formalizó operaciones de financiación con aval del ICO por importe de 3.234 millones de euros (1.821 millones para pymes y autónomos y 1.413 millones para empresas).

A mayores, aplicó a familias y empresas medidas de flexibilización de pagos por importe de 1.268 millones de euros, de los cuales 855 millones corresponden a hipotecas y 414 a otras operaciones de financiación. De esta manera, el apoyo de la entidad ha llegado al 5,7% de la cartera de hipotecas y al 5,9% de la cartera de préstamos al consumo.

A cierre de marzo, los saldos vivos de moratorias otorgadas a clientes ascienden al 4,6% de la cartera de hipotecas y 1,8% de la cartera de préstamos al consumo. Valora el "buen comportamiento crediticio" por parte de los clientes cuyas moratorias ya han expirado. Menos del 2% han entrado en mora, informa, lo que a su juicio "refrenda la utilidad de estos mecanismos para ayudar a familias y empresas".

El coste y la falta de conocimiento son los principales lastres para la digitalización de las pymes españolas, según un estudio publicado este miércoles por Vodafone.

El elevado coste de implementación es el principal problema para digitalizarse para el 21% de las microempresas, seguido por la falta de entendimiento o formación 19%.

Asimismo, entre las pymes, las razones que dificultan el proceso de digitalización son la falta de entendimiento y formación (24%), el coste (22%) y la ausencia de personal especializado (9%).

Por su parte, las grandes empresas consideran también que la falta de entendimiento (27%), el coste (24%) y la ausencia de personal cualificado (9%) son las principales barreras para la digitalización.

En el caso de la Administración Pública, el principal problema que ven los gestores es con diferencia la falta de formación digital, algo que preocupa casi a la mitad (47%), seguido por el acceso a Internet, cobertura o fibra óptica, que inquieta al 22%.

El director de la Unidad de Negocios de Vodafone, Daniel Jiménez, ha señalado que "hay que hacer un esfuerzo muy grande" para compensar esta brecha de entendimiento y ha puesto como ejemplo que, por regla general, las personas utilizan únicamente un 10% de la capacidad de procesamiento que tienen el 'smarthpone', por lo que queda mucho potencial desaprovechado.

LA DIGITALIZACIÓN ES BIEN VISTA

En general, el informe subraya que las organizaciones en España valoran positivamente la digitalización, pero que la importancia que se le concede ha disminuido a raíz de la pandemia ligeramente, aunque de forma más intensa en las pequeñas empresas que en las grandes o la Administración.

De hecho, a mayor tamaño de la organización, mayor importancia se concede a las nuevas tecnologías, ya que son muy importantes para el 69% de las administraciones públicas, 58% de las grandes empresas, 38% de las pymes y 32% de las microempresas.

En cuanto a los beneficios de la digitalización, tanto empresas de todos los tamaños como la Administración señalan la mejora de la comunicación, la mayor eficiencia y el ahorro de gastos y tiempo como puntos fuertes.

De hecho, el 82% de grandes empresas, el 77% de administraciones públicas, el 73% de pymes y el 62% de microempresas consideran que las nuevas tecnologías mejoran la relación con los clientes.

Asimismo, a la hora de autodefinirse, el 42% de las grandes empresas consideran que se encuentran en un estado avanzado de digitalización, frente al 22% de pymes, el 18% de administraciones públicas y el 14% de microempresas.

A la hora de realizar autodiagnósticos y concienciarse sobre la situación digital de la empresa, el directivo de Vodafone ha mostrado su esperanza de que el impulso que supondrán en este campo los fondos europeos logre un impacto similar al que, en su día, tuvo el "cinturón de seguridad" o la "ITV" en la conciencia ciudadana y, en unos años, se normalice evaluar la capacidad digital de una empresa.

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

El estudio, que está formado por entrevistas realizadas a 3.544 empresas y administraciones, también aborda el impacto de la pandemia tanto durante el confinamiento como en las perspectiva de futuro de los gestores.

De hecho, la crisis del coronavirus y la situación económica son la principal preocupación de microempresas y pymes, mientras que en el caso de las grandes empresas, tras la COVID-19, se sitúa como mayor inquietud la evolución del sector en el que compiten, citada por el 26% de los empresarios.

Al centrarse en el lado corporativo del estudio, se constata que las empresas con más empleados tuvieron más margen de maniobra para tomar medidas de cara al coronavirus.

En concreto, un 46% de las grandes empresas y un 47% de las pymes recurrieron a los ERTE en comparación con un 30% de las microempresas.

De nuevo, frente al 22% de las grandes empresas y el 20% de las pymes que dio vacaciones a sus empleados para aprovechar la inactividad, solo el 7% de las microempresas pudieron dar vacaciones, dado que en muchos casos la empresa la compone un único autónomo.

En materia de contrataciones, una de cada cinco grandes compañías paralizó procesos de reclutamiento a raíz de la pandemia, algo que también hicieron el 15% de las pymes y el 5% de las microempresas.

Durante este último año, dos de cada tres microempresas ha visto como su actividad se reduce, en la mitad de estos casos en más de un 50%, o cesa, un porcentaje similar al de pymes (60%) y grandes empresas (54%) que han constatado estos cambios negativos en sus negocios.

Como recuerda en el informe el vicepresidente de ATA, Fermín Albadalejo, 160.000 negocios han cerrado en España durante la pandemia.

Por su diferente naturaleza, en el caso de la Administración Pública, solo el 2% ha señalado que su actividad se detuvo en algún momento, mientras que el 29% ha constatado una reducción frente al 24% que ha experimentado un aumento de la misma.

La organización de autónomos UPTA ha empezado a remitir a los gobiernos autonómicos su propuesta para gestionar las ayudas directas aprobadas por el Gobierno central a fin de evitar "discriminaciones" entre sus posibles beneficiarios y de garantizar que todo aquel autónomo que necesite de estos fondos, los reciba.

"Desde UPTA estamos remitiendo a todos los gobiernos autonómicos un completo listado de CNAES para que las actividades económicas que faltaban sean incluidas en la orden que publicará cada gobierno regional. De este modo, todos los autónomos, empresas y profesionales que no estaban incluidos en los 95 CNAE iniciales que el Ministerio de Economía había propuesto, podrán acogerse al plan de rescate", asegura UPTA en un comunicado.

Murcia, La Rioja, Asturias y Galicia han sido algunas de las regiones que ya han recibido la propuesta de UPTA. Hoy lo hará Extremadura y la próxima semana el resto.

La propuesta de UPTA no sólo se ciñe a la ampliación de los CNAE, sino que también pide establecer diferentes tramos presupuestarios para distintos porcentajes de pérdidas sufridas durante el año 2020 en comparación con el de 2019.

"Si esta ayuda sólo se concediese por orden de entrada de cada petición, miles de profesionales no podrían acceder a ella, ya que muchos negocios deben hacer un contraste de información sobre el IRPF o sobre Impuesto de Sociedades, lo que supone un proceso más largo a la hora de realizar la solicitud. Por ello, es fundamental que se establezcan unos tramos presupuestarios que determinen cuáles son los requisitos", defiende UPTA.

La organización precisa que estos tramos presupuestarios deberían ir directamente relacionados con las pérdidas declaradas en el año 2020 con respecto al ejercicio 2019, con lo que, a mayor pérdida, mayor ayuda a otorgar.

De este modo, UPTA entiende que el 50% del presupuesto total que recibe cada territorio tiene que ir destinado exclusivamente a aquellos autónomos, pequeñas empresas y profesionales que hayan perdido más del 50% de su facturación.

A partir de aquí, con el 50% restante, la cuantía económica a conceder tiene que ir determinada por un tramo que vaya del 50% al 40% de pérdidas y por otro del 40% al 30% de minoración. Cada uno de estos dos tramos deberían ser otorgados con un 25% del presupuesto restante.

"De este modo estaríamos garantizando que el autónomo que haya tenido pérdidas mayores que otros no pueda quedarse sin ayuda por agotamiento de presupuesto. Es fundamental que estas medidas se ejecuten en todas las autonomías, estructuradas y regladas de la misma forma", ha defendido el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

CaixaBank ha renovado la certificación de calidad de Aenor por su modelo de gestión en la prestación de servicios financieros a empresas, tesorería y comercio exterior, según ha señalado a través de un comunicado este miércoles.

El certificado destaca el desarrollo alcanzado en herramientas digitales así como el "nivel de profesionalidad del personal" y la respuesta que los equipos han ofrecido durante la situación de pandemia.

Desde la anterior auditoría de marzo de 2019, Aenor ha constatado una evolución positiva del modelo de atención a las empresas en cuanto a su "estado de madurez y consolidación", así como en materia de desarrollo de herramientas digitales con impacto positivo tanto a nivel interno, como a nivel de clientes.

En este sentido, la empresa certificadora destaca la puesta en marcha del nuevo 'Now Empresas', la banca online dirigida específicamente a los clientes empresas, por mejorar su experiencia digital.

PRIMERA ENTIDAD CON EL CERTIFICADO

La compañía certificadora también ha valorado positivamente los lanzamientos de We.trade, la plataforma blockchain para ejecutar y financiar transacciones de comercio exterior, y FXNow, la plataforma online para gestionar el mercado de divisas en tiempo real.

La auditoría señala también como puntos fuertes de CaixaBank el nivel de profesionalidad de todo el personal entrevistado y "su conocimiento del modelo y del sector".

La empresa certificadora recomienda que se mantenga la sistemática de análisis y toma de acciones que viene llevando a cabo CaixaBank, de manera que el modelo de atención siga la mejora continua y excelencia.

CaixaBank fue la primera entidad financiera en conseguir el certificado Aenor en Asesoramiento a Empresas en 2015.

Los principales portales inmobiliarios esperan que haya "pronto" crecimientos interanuales del número de compraventas de viviendas, según han señalado tras conocerse este miércoles que la compraventa bajó un 4,3% el pasado mes de febrero en relación al mismo mes de 2020, hasta sumar 43.185 operaciones.

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, ha afirmado que la estadística muestra que en el mes de febrero de 2021 España está aún por debajo del número de viviendas que se vendieron un año antes, "pero la diferencia es cada vez menor".

"En el último mes comparable de 2020 sin pandemia, se vendieron apenas 2.000 viviendas más que en febrero de este año, lo que dibuja un escenario en el que pronto veremos de nuevo crecimientos interanuales en el número de operaciones, unos aumentos que en caso de seguir correctamente los procesos de vacunación podrían ser muy significativos e insuflar un mayor optimismo al sector", según Iñareta.

Por su parte, la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha afirmado que las cifras son "muy positivas" y muestran "el dinamismo y la gran capacidad de recuperación que está demostrando el sector inmobiliario".

"El mercado de la compraventa ha experimentado variaciones durante los meses más duros de la pandemia, pero la tendencia al alza registrada a finales de 2020 indica el gran interés que tienen los españoles por cambiar de casa tras haber sufrido un duro confinamiento", según Matos.

De hecho, ha apuntado que el sector inmobiliario se está reponiendo y "se presenta con fuerza y estabilidad para ser uno de los motores de la recuperación económica del país".

Por su parte, el director de estudios de pisos.com, Ferran Font, ha destacado que si bien la comparación respecto al febrero del año pasado sigue en terreno negativo, "los números continúan con su tendencia a la recuperación mes a mes, evolución alcista que se inició en mayo, cuando más se notó el impacto del Covid".

Desde su punto de vista, los datos muestran que "la situación se encamina hacia la normalización". "Durante los próximos meses las cifras deberán ir confirmando la tendencia positiva paralelamente a que lo haga la economía en general", según Font.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha decidido aumentar su lista de 'Do Not Travel' al 80% de los países del mundo, debido a lo que considera "un riesgo sin precedentes para los viajeros" a causa de la pandemia de Covid.

El listado no prohíbe los viajes, sino que únicamente realiza una recomendación sobre evitar las visitas a aquellos lugares que considera peligrosos. Hasta ahora la lista estaba formada por 34 países y ahora sube a un total de 130.

Algunos de los países que ya formaban parte de la lista son Chad, Kosovo, Kenia, Brasil, Argentina, Haití, Mozambique, Rusia o Tanzania. Ahora ese listado se amplia al considerar que el riesgo ha aumentado en prácticamente todo el mundo.

España está en la lista estadounidense en el nivel 4. De hecho, además de recomendar "no viajar a España debido al Covid-19" también se indica que se actúe "con mayor cautela" debido "al terrorismo y los disturbios civiles".

La página del Departamento de Estado de Estados Unidos alerta además de que en España los grupos terroristas continúan "tramando" posibles atentados.

"Los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia, apuntando a lugares turísticos, centros de transporte, mercados / centros comerciales, instalaciones del gobierno local, hoteles, clubes, restaurantes, lugares de culto, parques, importantes eventos deportivos y culturales, instituciones educativas, aeropuertos y otros. áreas públicas", indica en su página web.

Además advierte de que las manifestaciones son comunes. "Pueden tener lugar en respuesta a problemas políticos o económicos, en días festivos políticamente importantes y durante eventos internacionales", explica el Departamento estadounidense.

RIESGOS SIN PRECEDENTES.

La ampliación de recomendaciones y cautelas viajeras de Estados Unidos al 80% de los países del mundo se justifica "no por una reevaluación de la situación sanitaria actual en un país determinado, sino que refleja un ajuste en el sistema de recomendaciones de viaje del Departamento de Estado para basarse más en las evaluaciones epidemiológicas existentes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)".

El Departamento de Estado señala que "la pandemia de Covid-19 continúa presentando riesgos sin precedentes para los viajeros". "A la luz de esos riesgos, el Departamento de Estado recomienda encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren todos los viajes al extranjero", asegura la nota.

En su página de avisos de viaje, los CDC señalan que "los viajes internacionales presentan riesgos adicionales e incluso los viajeros completamente vacunados tienen un mayor riesgo de contraer y posiblemente propagar nuevas variantes de Covid-19". Los CDC recomiendan postergar los viajes internacionales hasta tener la vacuna completa.

Las instituciones de la Unión Europea han alcanzado en la madrugada de este miércoles un acuerdo sobre la primera ley climática del bloque, que fija el objetivo de lograr la neutralidad climática a mitad de siglo y establece la meta intermedia de haber reducido un 55% para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los negociadores del Parlamento Europeo, los Estados miembros y la Comisión Europea han cerrado el pacto sobre las 5.00 horas de la mañana y ahora la normativa debe ser adoptada formalmente por las dos primeras instituciones, que comparten el poder legislativo.

La ley climática de la UE es la normativa central del Pacto Verde Europeo y el pilar fundamental de la lucha del bloque contra el cambio climático. En concreto, establece el objetivo de lograr en 2050 la neutralidad climática: reducir al máximo las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y conseguir que las restantes sean absorbidas, por ejemplo, por la acción de los bosques.

"Estamos muy contentos con el acuerdo provisional alcanzado hoy. La ley climática europea es 'la ley de leyes' que establece el marco para toda la legislación climática de la UE para los próximos 30 años", ha celebrado en un comunicado el ministro de Medio Ambiente y Acción Climática de Portugal, país que ostenta este semestre la presidencia de turno de la UE, Joao Pedro Matos.

La negociadora de la Eurocámara, la socialdemócrata sueca Jytte Guteland, también ha celebrado el acuerdo, aunque ha reconocido que le habría gustado "llegar más lejos". "Pero se trata de un buen acuerdo, basado en la ciencia y que marcará una gran diferencia para el clima", ha enfatizado.

En la senda para lograr la neutralidad, la ley establece un objetivo intermedio para el final de esta década que será del 55%. Esta disminción de las emisiones será "neta", un aspecto que levanta las críticas de las organizaciones ecologistas, que denuncian que eso supone que el esfuerzo real será menor.

Además, el acuerdo contempla que la Comisión Europea propondrá si lo considera adecuado una nueva meta intermedia para 2040 como muy tarde seis meses después de que se haga el primer balance global de los avances conseguidos en el marco del Acuerdo de París.

Asimismo, de la trayectoria de reducción de emisiones, la ley climática subraya la necesidad de fortalecer la capacidad de los sumideros de carbono a través de una actualización del reglamento sobre el uso de la tierra y la silvicultura, que el Ejecutivo comunitario quiere proponer en junio de este año.

Otros aspectos de la ley climática europea son el compromiso para tener emisiones negativas de gases de efecto invernadero después de 2050, la creación de una junta independiente de asesoramiento científico sobre cambio climático, disposiciones "más fuertes" sobre la adaptación al cambio climático y la búsqueda de una mayor coherencia de las políticas de la UE con el objetivo de la neutralidad climática.

"La ley climática dará forma a la recuperación verde de la UE y garantizará una transición ecológica justa desde el punto de vista social", ha remarcado el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, quien ha añadido que el acuerdo "también refuerza la posición global de la UE como líder en la lucha contra la crisis climática".

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado al PP en el Congreso que la reforma fiscal que plantea el Gobierno, y cuyo estudio ha encomendado a un grupo de expertos, no busca una subida fiscal en general, sino también bajar algunos impuestos a determinadas actividades económicas y revisar "el papel que tiene la fiscalidad en la orientación del modelo productivo".

"Cuando revisamos la fiscalidad, no se trata de subir impuestos, también de bajarlos y de poner bonificaciones y determinados incentivos a actividades económicas que tenemos que impulsar", ha asegurado ante el Pleno de la Cámara Baja durante la sesión de control al Gobierno.

Entre esas actividades, la responsable de Hacienda ha enumerado la transformación de la cadena de valor en la industria, las energías renovables, la movilización de vivienda vacía y el impulso del I+D+i en las empresas. "Probablemente tengamos que poner incentivos fiscales que permitan reorientar el modelo productivo", ha dicho.

MONTORO YA BUSCABA ACABAR CON "AGRAVIOS ENTRE TERRITORIOS"

Y es que en una interpelación dirigida por el coordinador económico de los 'populares' en el Congreso, Mario Garcés, la ministra ha invitado al PP a participar en "un debate de fiscalidad serio", ha recordado que el propio FMI y la nueva Administración Biden en Estados Unidos han defendido aumentar la presión fiscal y armonizar impuestos y ha recordado que esta homogeneización lo perseguía también su predecesor del PP al frente de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Antes de la reforma fiscal emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha dicho, Montoro también encargó a un grupo de expertos una revisión del sistema tributario y este propuso un armonización de las figuras transferidas a las comunidades "dentro de una horquilla que no genere situaciones no deseadas de agravios entre territorios".

"Pero es que Montoro compartía estas cuestiones", ha incidido la ministra, que cree que el Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz-Ayuso y el PP de Madrid "tiene abducido al resto de diputados". Así, aunque ha reconocido la existencia de "un efecto capitalidad", ha apostado por avanzar, en línea a lo que se plantea en la Unión Europea, hacia "reglas similares" que no provoquen "movimientos de capitales o directamente fugas" de unos territorios a otros.

SI BAJAR IMPUESTOS AUMENTA LOS INGRESOS, ¿POR QUÉ LOS SUBIERON?

"Cuando el PP en la oposición exigía a los gobiernos regionales la bajada fiscal por la fuga masiva de empresas y rentas a Madrid, ¿no es eso 'dumping fiscal'?", se ha preguntado la ministra, que ha invitado a Garcés a decir a quién quiere bajar los impuestos, pues cuando habla de Patrimonio, o Sucesiones y Donaciones, se trata de las personas con más recursos.

Finalmente, ha espetado al PP que su argumento de que es mejor bajar impuestos para aumentar la recaudación "no se sostiene", preguntando por qué si no, cuando más se necesitaba aumentar los ingresos, en la anterior crisis, procedieron a aumentar todos los impuestos: "Utilizan la fiscalidad como mero reclamo electoral", ha dicho la ministra, pidiendo al PP "no utilizarla como arma arrojadiza" y que "recapaciten" para abandonar un discurso que considera "irresponsable".

ARMONIZACIÓN, UN "NEOLOGISMO" DE "SUBIR IMPUESTOS" PARA EL PP

Por su parte, Garcés ha atribuido los planes del Gobierno en materia de impuestos en un "igualitarismo fiscal hacia arriba", pues considera que la aludida armonización fiscal no deja de ser "un neologismo del aumento de impuestos y la presión fiscal".

"El sueño de la razón produce muchos monstruos fiscales", ha manifestado el diputado 'popular', parafraseando a Francisco de Goya, expresando su sorpresa por que se acuse a Madrid de "insolidaridad fiscal" desde posiciones políticas que "niegan el modelo autonómico", como los partidos independentistas catalanes y vascos.

Asimismo, se ha preguntado por qué esta comunidad "es aspiradora" cuando, ha sostenido, aporta un 78,2% de los impuestos recaudados a financiar servicios de otras comunidades y un 62% de sus tributos en el fondo de garantías de los servicios públicos también van a otros territorios.

"NO LE ECHE LA CULPA A MADRID, NO TIENE LA CULPA"

"No le eche la culpa a Madrid, porque Madrid no tiene la culpa", ha esgrimido Garcés, asegurando que existe una "identidad genuina y concentración de servicios" en esta región por su condición de capital, y asegurando que, en caso de que las autoridades europeas recortaron el margen fiscal a los Estados miembros, el Gobierno consideraría que se estaría "cercenando" su soberanía.

"De lo que quieren hablar es de subir impuestos", ha espetado Garcés, que le ha recordado a la ministra que "Zapatero no tenía problemas de hablar de planes de ajuste". En todo caso, Garcés ha sostenido que la Comisión Europea "no está exigiendo aumentar la presión fiscal" cuando les habla de combatir los desequilibrios presupuestarios.

British American Tobacco (BAT) ha anunciado su compromiso para lograr la neutralidad de carbono en toda su cadena de valor en el año 2050, según se desprende de sus propósitos medioambientales, recogidos junto a otros objetivos plasmados en su informe de ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza, en español), que muestra el progreso realizado con respecto a los compromisos de hace un año.

En el capítulo ambiental también se detalla que, una vez alcanzado su objetivo de reciclaje de agua con antelación, la compañía aumentará la cantidad de agua reciclada al 30% para 2025. Ese mismo año, BAT también tiene como intención tener certificados todos sus centros de fabricación con la Alianza para la Administración del Agua (AWS).

También ha anunciado su propuesta de alcanzar los 50 millones de consumidores de productos no combustibles en todo el mundo para 2030 y que, en su compromiso por reducir el impacto de la compañía en la salud, se ha marcado llegar a los 5.000 millones de libras (5.800 millones de euros) de ingresos con sus productos de nueva categoría en 2025.

BAT argumenta que, para que la reducción de los daños del tabaco tenga éxito, es esencial contar con una ciencia sólida, una visión profunda de los consumidores y la innovación. Así, tras la realización de varios estudios sobre estos dispositivos, los científicos han demostrado que las emisiones se reducen en un 90-95%, la toxicidad en un 95% y la calidad del aire interior mejora en un 95%.

La compañía recuerda que lleva más de 20 años comprometida con la sostenibilidad. Así, en marzo de 2020, anunció la ampliación de nuevos objetivos de ESG como parte de su estrategia desarrollada para ofrecer 'Un Mejor Mañana'.

El último informe de ESG demuestra que BAT ha logrado progresos significativos desde entonces, entre ellos, un aumento de los consumidores de productos no combustibles de riesgo reducido en 3 millones, alcanzando 13,5 millones a finales de año 2020; o un incremento de los ingresos provenientes de nuevas categorías en un 15% en 2020 frente a 2019.

También ha elevado el uso de energías renovables al 26%, un aumento del 10% con respecto al año pasado y una reducción superior al 30% de las emisiones totales de carbono desde 2019; se ha reducido el agua extraída en casi un 11% desde 2019; ha celebrado más de 38.000 sesiones formativas sobre derechos humanos, con más de 390.000 asistentes en toda su cadena de suministro; y ha alcanzado el 38% de la representación femenina en puestos directivos.

"Nos encontramos en un momento clave de nuestra transformación hacia Un Mejor Mañana para todos. Estamos construyendo e impulsando nuevas capacidades, con un claro enfoque en lo digital y en nuestra línea de ciencia e innovación. Todo ello buscando dar la opción a los consumidores adultos de elegir entre una amplia cartera de productos de menor riesgo probados científicamente, protegiendo el medio ambiente, respetando los derechos humanos e invirtiendo en talento", ha argumentado Natalia Basterrechea, directora de External Affairs de BAT Iberia.

"En última instancia, nuestra ambición es reducir el impacto de nuestro negocio en la salud y ofrecer un impacto ambiental y socialpositivo", ha apostillado.

El turismo español continúa sumando pérdidas y en este primer trimestre del año únicamente han llegado al país por vía aérea un total de 1,6 millones de turistas extranjeros, lo que supone un 87,5% menos que en 2020 y un 90,4% menos que en el año 2019, cuando se superaron los 17 millones de llegadas internacionales, según datos del estudio de Pasajeros Aéreos Internacionales elaborado por Turespaña.

Así, a los 565.666 viajeros llegados en enero, y a los 430.244 de febrero, se suman solamente otros 658.943 el pasado mes de marzo, una cifra muy lejana a años anteriores, donde se iban batiendo todos los récords año tras año.

El descenso ha afectado tanto a las líneas de bajo coste como a las tradicionales. En los tres primeros meses del año las aerolíneas de bajo coste transportaron un total de 495.175 pasajeros, el 93% menos que en 2020 y el 94,7% menos que en 2019.

En el caso de las aerolíneas tradicionales el descenso fue menor, aunque también importante. Hasta marzo estas aerolíneas transportaron un total de 1,1 millones de pasajeros (un 81,1% menos que en 2020 y un 85,2% menos que en 2019).

En marzo llegaron a España un total de 660.000 pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, un 71,8% y un 90% menos que en el mismo mes de 2020 y 2019, respectivamente. El 70,2% de estos eligieron compañías aéreas tradicionales para desplazarse, experimentando descensos del 58,4% (-84,6% en 2019), mientras que los que viajaron en una compañía aérea de bajo coste (CBC), el 29,8% restante, decrecieron un 84% (-94,5% respecto a 2019).

Los datos de Turespaña hechos públicos esta semana muestran que entre enero y marzo España recibió 1,65 millones de pasajeros internacionales, un 87,5% y un 90,4% menos que el 2020 y el 2019, respectivamente.

El tráfico de pasajeros internacionales de 'low cost' registró disminuciones interanuales del 93% (-94,7% respecto a 2019), mientras que las compañías tradicionales tuvieron una reducción del 81,1% (-85,2% respecto a 2019). El 62,4% del total provino de la Unión Europea y el Reino Unido, experimentando un descenso del 93,6% (-98,6% respecto a 2019). El flujo del resto del mundo (37,6%) experimentó una disminución del 86,1% (-97% respecto a 2019).

IMPORTANTES CAÍDAS DEL REINO UNIDO.

Los datos de Turespaña muestran que en marzo decrecieron todos los países turísticamente relevantes para España siendo Turquía el que menos decreció (-31,5% respecto a 2020;-75% frente a 2019) y Reino Unido el que más (-96,5% frente al pasado año;-98,7% frente a 2019).

El Reino Unido emitió el 2,9% de los pasajeros recibidos en Españamarzo. Las llegadas en 'low cost' supusieron el 3,3% del total depasajeros en esta modalidad, con una caída del 98,5% (-99,4% respecto a 2019). Las llegadas en compañías tradicionales, el 2,7% del total de pasajeros en este tipo de compañías, experimentaron una caída del 89,1% (-96,7% respecto a 2019).

La llegada de pasajeros desde Alemania (24,5% del total) disminuyó un 53% (-84,4% respecto a 2019), perjudicando a todas las comunidades, destacando en términos absolutos la región de Canarias, mercado tradicionalmente de turismo alemán sobre todo en los meses de invierno.

Igualmente, los siguientes principales países emisores, Francia, Italia y Suiza experimentaron disminuciones del 56,8% (-83% respecto a 2019), 44,1% (-92,2% respecto a 2019), y 56,1% (-85,6% respecto a 2019) respectivamente.

MADRID FUE LA COMUNIDAD CON MÁS LLEGADAS.

La reducción fue significativa en el conjunto de las seis comunidades autónomas con mayor número de llegadas llegando a supone una reducción del 7,13% (-89,8% respecto al año 2019).

Madrid fue la comunidad con más llegadas (40,9% de cuota) mientras que Canarias, Cataluña, Baleares, Andalucía y Comunidad Valenciana sumaron, en conjunto, el 58,2% del total de pasajeros aéreos llegados a España, según Turespaña.

Madrid fue la comunidad con mayor cuota en llegadas en compañías tradicionales (54,2%), mientras que Canarias, Cataluña, Baleares, Andalucía y Comunidad Valenciana fueron el destino del 44,8% del flujo total en estas compañías.

En cuanto al tráfico bajo coste, Cataluña fue la comunidad con mayorcuota en llegadas (23,8%), al tiempo que el 75,3% del flujo del CBC total tuvo como destino Canarias, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, según datos de Turespaña.

Los principales directivos de las compañías aseguradoras coinciden en que la digitalización y la sostenibilidad serán aspectos claves en el futuro del sector, lo que permitirá ofrecer nuevas propuestas de valor y ajustar las pólizas a cada uno de los clientes.

Así lo han puesto de manifiesto el director general de VidaCaixa, Javier Valle; el consejero delegado de Zurich España, Vicente Cancio; el director general del negocio tradicional de Catalana Occidente, Juan Closa; el vicepresidente de Mapfre y consejero delegado de Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti; y el socio responsable de seguros de KPMG España, Amalio Berbel.

Los directivos han participado en el webinar 'El futuro del sector asegurador. Lecciones y estrategias para una recuperación sostenible', organizado por 'El País' en colaboración con KPMG, en el que también han intervenido la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, y la secretaria general de Unespa, Mirenchu del Valle.

En este sentido, Inchausti considera que el sector todavía tiene que ser mucho más ambicioso en el ámbito de la digitalización "Me parece que el reto es enorme y debemos trabajar mucho. Cometeríamos un error si lo diéramos por separado", ha indicado, añadiendo que lo logrado hasta ahora está "muy bien", pero que ahora toca digitalizar todos los procesos.

En cualquier caso, el vicepresidente de Mapfre ha subrayado que la digitalización "sí o sí tiene que ser inclusiva" y pide evitar que se plantee como un conflicto entre las redes tradicionales y las nuevas formas de vender. "La digitalización bien planteada es una ventaja, pero la atención personal es insustituible", ha dicho.

Closa, de Catalana Occidente, también ha reiterado la importancia de ligar los procesos a la digitalización, que considera que permitirá crear productos más afines a las personas. "Una de las tendencias que vemos es que cada vez se solicitan más servicios de valor añadido en las pólizas. La digitalización es un instrumento que permite acercarnos", ha asegurado.

Por su parte, el consejero delegado de Zurich España, Cancio, ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un acuerdo sobre el uso de datos de clientes, con lo que considera que se pueden hacer cosas "extraordinarias". "Debemos prestar atención al consumidor digital del seguro y gestionar nuevas formas de distribución basada en los datos", ha indicado.

Cancio también ha señalado que uno de los "grandes temas" es el de la sostenibilidad. "La sostenibilidad, sin duda, es un gran desafío", ha dicho. En esta misma línea se ha pronunciado Valle (VidaCaixa), quien ha asegurado que el concepto general de sostenibilidad está cobrando "mucha fuerza".

"La sostenibilidad no es algo que nos exigen solo los supervisores, se está demandando por la gente en la calle. Es una nueva dimensión del seguro que vamos a tener que poner en valor, es algo relevante en lo que hay que seguir trabajando", ha precisado el director general de VidaCaixa.

PRECIOS ESTABLES EN 2021 Y 2022

En otro orden de cosas, los directivos han coincidido también en que la estabilidad será la nota dominante durante 2021 y 2022 en los precios del sector asegurador, ya que se trata de un mercado muy competitivo.

Así, aunque han dicho que el futuro es imposible de predecir y que dependerá del ramo y de la evolución de las compañías, la elevada competitividad previsiblemente mantendrá los precios de las distintas pólizas.

Por otro lado, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha señalado que el sector asegurador parte de una base sólida, pero debe enfrentarse ahora una etapa de nuevos retos y oportunidades.

De la Cueva igualmente ha hecho referencia al ámbito de la digitalización, que considera una oportunidad "evidente" pero advierte de los riesgos como los ciberataques; y a la sostenibilidad, contribuyendo a la financiación 'verde'.

En este sentido, se ha referido al reglamento de taxonomía y a cómo se pueden orientar los flujos de financiación con una regulación basada en incentivos y no en limitaciones o prohibiciones.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En su caso, la secretaria general de Unespa, Mirenchu del Valle, ha dicho que la digitalización y la sostenibilidad supondrán un paso cualitativo en el siglo, con una interconexión sin precedentes. "No sé como será el seguro dentro de 20 o 30 años, pero como han comentado los representantes del sector, será más transparente, interconectado y más volcado a cubrir necesidades del cliente", ha indicado.

Ante este contexto, la patronal del seguro pide que este viaje se haga de la mano del sector público. "Es necesario que la normativa nos acompañe, ya que las estrategias de las compañías tienen que ser pensadas teniendo en cuenta un marco regulatorio y criterios de supervisión", ha explicado.

"Se trata de analizar y revisar el actual marco normativo para espulgarlo de ineficiencias, rigideces y formalismos que no nos ayudan a cumplir con las peticiones y las nuevas demandas que no está haciendo llegar el cliente", ha aseverado Del Valle.

El consorcio Via Mobilidade, formado por las empresas CCR y RuasInvest, ha ganado este martes la concesión de las líneas 8 (Diamante) y 9 (Esmeralda) del metro de Sao Paulo, gestionadas por la Compañía Paulista de Transporte Metropolitano (CPTM), con las que el Gobierno de Sao Paulo estima recaudar aproximadamente 2.600 millones de reales brasileños (390 millones de euros) en un contrato de explotación de 30 años.

Es la primera vez que la Administración paulista ha ofrecido líneas gestionadas por la CPTM, ya que hasta el momento solo se habían concedido al sector privado nuevas líneas de metro, según consta en la documentación publicada por CPTM.

El consorcio de empresas ganador de la subasta, además, es el mayor operador privado de metro de Sao Paulo, ya que cuenta con las líneas 4 (amarilla), 5 (lila) y 17 (dorada). Además, hace apenas dos semanas, una filial del grupo CCR consiguió la concesión de 22 aeropuertos.

Las autoridades brasileñas han propuesto un importe inicial de 303 millones de reales (45 millones de euros) para la gestión de las líneas, aunque finalmente el consorcio Via Mobilidade ha ofrecido 980 millones de reales (146 millones de euros) y ha ganado la subasta.

Al concurso también concurrió la española CAF en consorcio con las firmas brasileñas Comporte y Consbem. La compañía con sede en Beasain (Guipúzcoa) participada como proveedor de material rodante ferroviario.

Sin embargo, su propuesta económica se limitaba a 787,7 millones de reales (117,5 millones de euros), por lo que no pudo hacerse con la subasta. CAF ya está presente en el metro de Sao Pualo, al que ha suministrado 26 trenes de 6 coches cada uno para la línea 5 y otros 17 trenes para las líneas 1 y 3, así como otras unidades de cercanías para el gestor del transporte de la ciudad.

CCR también superó a otras dos ofertas lanzadas por los consorcios Itapemirim Encalso, con 400 millones de reales (59,7 millones de euros) ofrecidos en la subasta, e Integraçao, formado por Ibérica Holding y Metra, que ofreció 519,5 millones de reales (77,5 millones de euros).

Otra española que está presente en la infraestructura es Acciona, que, el pasado mes de octubre, se hizo con el contrato para la construcción y operación de la línea 6 del metro, valorada en unos 15.000 millones de reales (2.300 millones de euros) y que ofrecerá servicio a 600.000 pasajeros cada día, una vez finalizadas las obras en un plazo máximo de cinco años.

DETALLE DEL CONTRATO

Con la concesión, el Gobierno de Sao Paulo, liderado por Joao Doria, estima recaudar en torno a 2.600 millones de reales brasileños (390 millones de euros) en los 30 años que establece el contrato.

De estos, 1.200 millones de reales (180 millones de euros) corresponden a la adquisición de nueva flota, 825 millones de reales (123 millones) a obras civiles de modernización y 575 millones de reales (86 millones de euros) a la modernización de sistemas e infraestructura de operación.

Tras hacerse con el contrato, Via Mobilidade desarrollará cinco nuevas estaciones, las de Lapa y Ambuitá en la Línea 8 y las de Joao Dias, Mendes-Via Natal y Varginha en la Línea 9, y realizará la modernización y readecuación de 35 estaciones.

Asimismo, se encargará de la operación, conservación, mantenimiento, modernización de las instalaciones existentes y la construcción de nuevas estaciones. Las dos líneas tienen una capacidad estimada superior al millón de pasajeros diarios, con una extensión de más de 74 kilómetros y 40 paradas de metro.

Después de la subasta, en la que han estado presentes Doria, el vicegobernador del estado paulista, Rodrigo García, y el secretario de Transporte Metropolitano, Alexandre Baldy, las autoridades han calificado como "momento histórico" la concesión, especialmente porque "después de la pandemia, la movilidad se disparará, faltarán aviones y faltará movilidad. Habrá una gran demanda de movilidad", ha señalado Doria.

La línea 8, que ofrece servicio a los municipios de Sao Paulo, Osasco, Carapicuiba, Barueri Jandira e Itapevi, conecta las paradas de Amador Bueno con la de Júlio Prestes a través de 22 estaciones y una red de 41,6 kilómetros de extensión. Asimismo, enlaza con las líneas 7, 9 y 3. La capacidad diaria de la línea, con datos de 2019, es de 497.000 pasajeros.

De su lado, la línea 9 conectará las estaciones de Osasco con Varginha a lo largo de 32,5 kilómetros y 18 estaciones, dos de ellas (Mendes-Vilatal y Varginha) de nueva creación. La capacidad diaria de la línea, que enlaza con las líneas 4, 5, 8 y 17, era de 591.000 pasajeros con datos actualizados a 2019.

Endesa, a través de su filial de distribución, e-distribución, destinará más de 1.200 millones de euros en el periodo 2021-2023 a desarrollar y mejorar la red eléctrica para aumentar la calidad del suministro que reciben los 12,3 millones de clientes con contrato de acceso a las redes de la energética, informó la compañía.

En concreto, esta cifra representa casi la mitad de la inversión global de la filial de distribución del grupo dirigido por José Bogas para este trienio, que alcanza los 2.600 millones de euros, un 30% más que en el periodo anterior.

Además, la eléctrica estimó que este aumento de las inversiones se traducirá en la creación de unos 7.500 puestos de trabajo asociados a la inversión a lo largo de los tres años de vigencia de este plan -a razón de unos 2.500 empleos al año-.

Endesa indicó que este esfuerzo inversor "refleja la importancia que concede a las redes de distribución, la pieza clave para facilitar la transición hacia un modelo energético descarbonizado caracterizado por una creciente electrificación de la demanda, el avance de las energías renovables y un porcentaje cada vez mayor de recursos distribuidos conectados directamente a la red de distribución".

El director general de Infraestructuras y Redes de la eléctrica, José Manuel Revuelta, destacó que las tradicionales redes de distribución pasivas, que transportaban la electricidad hasta el hogar, "se van a transformar en redes activas y participativas, posicionando al cliente en el centro del sistema eléctrico y mejorando la calidad del suministro que recibe". Por ello, señaló que Endesa ya está trabajando para hacer realidad esa transformación".

Endesa cuenta con 128.658 centros de transformación, 1.270 subestaciones y 312.422 kilómetros de líneas en 27 provincias de diez comunidades autónomas, de ahí que mejorar la digitalización, flexibilidad y eficiencia de estas redes tenga un papel protagonista en su plan estratégico.

En este sentido, la compañía considera uno de los ejes de su estrategia utilizar las herramientas que proporciona la digitalización para mejorar la calidad de suministro.

522 MILLONES A LA AUTOMATIZACIÓN DE LA RED Y TELEMANDOS

Para ello, en el periodo 2021-2023 la firma destinará más de 522 millones de euros a la automatización de la red de media tensión y la instalación de telemandos.

El principal beneficio de los telemandos es reducir el tiempo de restablecimiento del servicio eléctrico en caso de incidencia, ya que permiten realizar maniobras a distancia para realizar las primeras operaciones y acortar así el periodo de reposición del suministro hasta en un 20%.

Así, tiene previsto instalar cerca de 19.600 telemandos en el periodo hasta alcanzar los 43.600 en 2023, continuando con el despliegue realizado en los últimos años. Tan solo en 2020, se han instalado más de 3.100 nuevos telemandos en la red de media tensión.

Además, se instalarán cerca de 1.200 interruptores de línea que actúan automáticamente ante incidencias en la red, aislando los tramos averiados y restableciendo el suministro en el tiempo más corto posible.

Asimismo, destinará 58,4 millones de euros en este trienio a la sensorización de los centros de transformación, claves en el proceso de digitalización, cuyo despliegue permitirá monitorizar el estado de los transformadores y las redes de baja tensión, vigilando la evolución de parámetros como las tensiones y las temperaturas, para controlar su correcto funcionamiento y conseguir una gestión digital preventiva y predictiva de estos activos.

La energética cuenta ya con más de 17.700 transformadores de media a baja tensión sensorizados y sumará 67.150 más para el horizonte del año 2023.

598 MILLONES A REFORZAR Y AMPLIAR LA RED DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN

También se destinarán 598 millones de euros a reforzar y ampliar la red de alta tensión y media tensión, incluida la modernización de 187 subestaciones con la instalación de sistemas de comunicación para su gestión integrada y la puesta en marcha de 35 nuevos transformadores.

La filial de distribución de Endesa prevé mejorar y ampliar la infraestructura existente en más de 5.400 kilómetros de líneas de media tensión para reforzar la resiliencia de la red, especialmente ante fenómenos climatológicos adversos que son cada vez más frecuentes.

MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTRO

Con todas estas medidas, el grupo pretende avanzar en la senda continua de mejora de la calidad de suministro, con un descenso en el Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada (TIEPI) del 25% para 2023 y del 30% para 2030.

Al margen de estas partidas, la energética concentrará el esfuerzo inversor entre 2021 y 2023 en el desarrollo de redes para la conexión de nuevos suministros, el mantenimiento de la red, la modernización y digitalización de sistemas, y acciones de mejora de eficiencia en la organización.

Entre los proyectos en marcha destacada está el Network Digital Twin, el gemelo digital de la red, una réplica exacta de los activos de la red con la que poder realizar simulaciones en todas las condiciones posibles.

El Grupo Red Eléctrica redujo en 2020 sus emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 en un 47% respecto a 2015, según recoge su Informe de Sostenibilidad de la compañía, en el que se describen las actividades desarrolladas por la compañía en el marco de su Compromiso con la Sostenibilidad 2030.

En el informe, Red Eléctrica recopila las actividades realizadas a lo largo del año pasado para limitar el incremento de la temperatura global y anuncia que modificará sus objetivos climáticos y su plan de acción para ajustarse la iniciativa Business Ambition for 1,5º C, promovida por el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

La directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios del grupo, Fátima Rojas, consideró que "la razón de ser de las empresas debe ir mucho más allá de generar retorno económico".

Han de facilitar una economía útil para las personas, defendiendo el medio ambiente y siendo activas en el combate contra la crisis climática. Por eso, la sostenibilidad impregna toda la estrategia y la toma de decisiones de Grupo Red Eléctrica y es la palanca con la que vamos a impulsar la transición verde, justa y digital mediante nuestro Plan Estratégico 2021-2025", añadió.

Entre sus principales avances en la reducción de su huella de carbono destaca la disminución del 26,5% de sus emisiones directas respecto a 2015. Esta rebaja se debe a las medidas puestas en marcha para disminuir las pérdidas de hexafluoruro de azufre (SF6) asociadas principalmente a pequeñas fugas y averías en los equipos de la red de transporte. La menor emisión de GEI en 2020 se debe también una bajada del 22,6% del consumo eléctrico asociado a los centros de trabajo.

Asimismo, dado que las emisiones asociadas a la cadena de suministro son las que mayor peso tienen dentro de las emisiones indirectas del grupo (alcance 3), la compañía presidida por Beatriz Corredor tiene una línea de apoyo en materia de huella de carbono en el que están participando 23 proveedores que representan en torno al 47% de las emisiones de la cadena de suministro.

MÁS DE 23 MILLONES A BIODIVERSIDAD

Asimismo, en su compromiso con la sostenibilidad social y medioambiental, Red Eléctrica destinó el año pasado 23,3 millones de euros (un 19% más que en 2019) a proyectos de protección de la biodiversidad y la conservación del capital natural.

Entre ellos, destacan los proyectos para la conservación de especies amenazadas, como el águila imperial ibérica en Doñana; el águila pescadora en el Parque Natural del Marjal de Valencia; y el guirre canario en Fuerteventura. También figura el Bosque de Red Eléctrica, que ya cuenta con 864 hectáreas recuperadas en todo el territorio, y el Bosque Marino, con el que ya se han restaurado dos hectáreas de posidonia oceánica en Baleares.

Mientras, la inversión en proyectos de acción social del grupo también creció, con una inversión de nueve millones de euros, a través de 377 iniciativas. Así, se prestó especial apoyo a la lucha contra la despoblación rural y a dar una respuesta rápida y eficaz a las necesidades derivadas de la pandemia entre los colectivos más desfavorecidos.

El Grupo Red Eléctrica tuvo también en cuenta las difíciles circunstancias a las que se enfrentaron, y siguen enfrentando, sus proveedores por la pandemia.

De esta manera, en todo momento y especialmente en las semanas en las que únicamente operaban los servicios esenciales, la compañía mantuvo una comunicación continua y fluida con ellos, facilitándoles la información necesaria para la correcta realización de sus trabajos.

PRIMERA EMISIÓN DE BONOS VERDES POR 700 MILLONES

Por otra parte, n 2020 se realizó la primera emisión de bonos verdes de Red Eléctrica por un importe de 700 millones de euros y vencimiento a ocho años y medio.

De acuerdo a los criterios de transparencia establecidos en el Marco Financiero Verde del Grupo Red Eléctrica, alineado con los Principios Verdes 2018 de ICMA (International Capital Markets Association) y de la LMA (Loan Markets Association), el Informe de Sostenibilidad 2020 incluye el primer reporte de bonos verdes, con información detallada sobre la asignación de los fondos del bono verde emitidos y los impactos ambientales asociados a los proyectos verdes, y que ha sido sometido a una auditoría externa de alcance limitado cuyo resultado se incluye en el propio informe.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo "jamás ha dicho que vaya a subir impuestos durante la pandemia" y ha pedido tomar el debate de la fiscalidad en España con seriedad y dejar fuera la campaña electoral en Madrid.

Montero respondía así en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso a los ataques lanzados por la diputada del PP Carolina España y el diputado de Cs y candidato a presidente de la Comunidad de Madrid por los 'naranjas', Edmundo Bal, quienes han acusado a Montero de querer subir impuestos en plena pandemia.

En el intercambio de acusaciones entre Montero y PP y Cs se ha vuelto a colar 'el milagro económico de Madrid' y la campaña electoral para las elecciones en la Comunidad, un asunto que no ha gustado a Montero, quien ha advertido a ambos partidos de que "con la mentira no se ganan elecciones".

La diputada 'popular' Carolina España ha pedido a la ministra que tome nota del modelo fiscal del PP, que se está aplicando en Madrid, donde ha aumentado la recaudación rebajando impuestos. En la misma línea se ha pronunciado Edmundo Bal, quien ha acusado a Moncloa de enfrentar a la Comunidad de Madrid con el resto de regiones, siguiendo "instrucciones" de Gabriel Rufián.

Ambos han coincidido además en criticar que cuando el Gobierno habla de armonización fiscal siempre habla de igualar al alza y no a la baja.

Carolina España ha defendido además que el esfuerzo fiscal que hacen los españoles es el cuarto más alto de la OCDE y ha agradecido a Montero que le esté haciendo la campaña a Isabel Díaz Ayuso con su "atraco fiscal". "Usted va a pasar a la historia por ser la ministra que subió el Impuesto de Sucesiones en el año en que 100.000 personas fallecieron por Covid. Infierno fiscal o libertad, siempre libertad", le ha espetado.

Bal, por su parte, ha afirmado que por cada euro en que el Gobierno suba impuestos a los españoles, él lo bajará en la misma proporción en Madrid, y ha criticado a la ministra que quiera subir el Impuesto sobre Sociedades, el de Sucesiones y el de Patrimonio y su negativa a bajar el IVA de la luz y a restablecer la deducción por vivienda habitual. "Para recaudar más hay que bajar impuestos y aumentar la actividad económica", ha insistido el diputado 'naranja'.

MONTERO: "ES MENTIRA QUE AUMENTE LA RECAUDACIÓN BAJANDO IMPUESTOS"

La ministra ha reprochado a ambos sus "mentiras" porque este Gobierno, ha asegurado, "jamás ha dicho que vaya a subir los impuestos durante la pandemia". Montero ha afirmado además que es "mentira" que bajar impuestos aumente la recaudación y ha insistido en que la presión fiscal en España es siete puntos menor a la media europea y en que la recaudación es clave para poder mantener los servicios públicos.

La titular de Hacienda ha preguntado a Carolina España que si el modelo fiscal del PP es tan bueno, por qué no se están bajando los impuestos en regiones como Galicia, Castilla y León y Andalucía.

"¿Quizá porque Moreno Bonilla, Feijoó y Mañueco no quieren, porque están en las antípodas de eso? No bajan los impuestos como en la Comunidad de Madrid simple y llanamente porque su discurso es mentira, porque el efecto que produce la capitalidad en Madrid es lo que permite que la señora Díaz Ayuso pueda tener unos tipos más bajos y conseguir la misma recaudación", le ha respondido la propia ministra.

Asimismo, Montero ha afirmado que cuando el PP habla de bajar impuestos en la Comunidad de Madrid está hablando de "bajar impuestos a los ricos" porque Patrimonio se paga a partir de cantidades que no tienen las familias medias españolas.

Por su parte, en su respuesta a Edmundo Bal, la ministra ha pedido al diputado de Cs que "no haga el juego al PP y a Vox" y le ha recordado que su formación política fue la primera que habló de armonización fiscal y pidió eliminar las asimetrías entre regiones.

"Si fueron precursores de esto, ¿cómo es que ahora no están de acuerdo?", le ha replicado la ministra, quien ha criticado que Bal traslade ahora un mensaje diferente por estar en campaña electoral.

El Tribunal Constitucional de Alemania ha despejado el camino para la ratificación y el posterior desembolso del fondo de recuperación europeo de casi 800.000 millones de euros con el que la UE quiere impulsar su economía tras la pandemia tras desestimar el recurso presentado por un grupo de ciudadanos alemanes.

El Alto Tribunal considera que las consecuencias del bloqueo preliminar serían más graves si posteriormente fuese declarado constitucional que en caso de seguir adelante y finalmente determinarse su inconstitucionalidad.

Dado que, por tanto, el resultado del procedimiento principal no puede determinarse en un examen sumario, el Tribunal Constitucional Federal debe, en principio, basar su decisión en una ponderación de consecuencias, por lo que el Alto Tribunal germano ha considerado que "en el presente caso, la ponderación no da lugar a una decisión a favor de las demandantes".

En su exposición, el Constitucional reconoce que la denuncia interpuesta contra la ratificación alemana "no es inadmisible desde el principio ni claramente infundada", ya que considera que los demandantes han demostrado que al menos es posible que pueda vulnerar la norma constitucional, pero sostiene que "sobre la base de un examen sumario, no parece muy probable que la Corte encuentre una infracción en el procedimiento principal".

Por tanto, dado que la decisión en el presente procedimiento judicial preliminar debe basarse en una ponderación de consecuencias, el Constitucional ha anunciado que el resultado no favorece a los demandantes al tener cuenta que las consecuencias que se producirían al no imponer las medidas cautelares solicitada de la ratificación y posteriormente declararse inconstitucional "son menos graves" que las consecuencias que se producirían si se diera efectivamente la orden preliminar, pero las denuncias constitucionales presentadas por los demandantes resultaran finalmente infundadas.

En este sentido, reconoce que retrasar la entrada en vigor del plan afectaría negativamente al objetivo de política económica perseguido y las consecuencias adversas resultantes podrían resultar irreversibles, ya que el fondo de recuperación tiene como objetivo específico abordar las consecuencias de la pandemia y prevé medidas a tomar en un período de tiempo relativamente corto.

"Según el Gobierno Federal, al que se le concede un amplio margen de apreciación y pronóstico en la valoración de las cuestiones de política exterior y que el Tribunal Constitucional Federal debe respetar, retrasar la entrada en vigor de la decisión supondría, además, una tensión importante en las relaciones exteriores y europeas", añade.

Por contra, el Constitucional considera que en el caso de dejar seguir adelante el proyecto y en un futuro determinarse su inconstitucionalidad el impacto sería significativamente menor, añadiendo que si la Corte Constitucional Federal determinara que constituye un acto ultra vires o que invade la identidad constitucional, entonces correspondería al Gobierno Federal restaurar el orden constitucional por todos los medios a su alcance.

A finales del pasado mes de marzo, el Constitucional alemán ordenó al presidente del país, Frank-Wlater Steinmeier, detener la firma de la Decisión de Recursos Propios de la UE, una legislación clave para la puesta en marcha del plan europeo anticrisis, ya que es la que permite a la Comisión Europea emitir la deuda con la que financiará la recuperación.

Esta normativa había sido aprobada sin problemas previamente en el Parlamento (Bundestag) y en el Senado (Bundesrat), pero la decisión del Constitucional en respuesta al recurso presentado por un conjunto de ciudadanos alemanes había evitado la finalización del procedimiento nacional de ratificación.

El Ejecutivo comunitario no puede acudir a los mercados de deuda hasta que la Decisión de Recursos Propios de la UE haya sido aprobada en los veintisiete parlamentos nacionales. Además de Alemania, otros nueve países no han ratificado el procedimiento, entre ellos Países Bajos, que esperaba el veredicto alemán.

La ratificación del fondo de recuperación en todos los Estados miembros no es el único trámite a completar para que las ayudas empiecen a fluir hacia los países, puesto que la UE antes debe dar también el visto bueno a los planes nacionales con las reformas e inversiones que financiarán dichos fondos.