El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este jueves a Ciudadanos de haber «traicionado» a los murcianos al «caer en brazos del socialismo corrompido y el comunismo», al tiempo que ha criticado la «irresponsabilidad» del PP por no convocar elecciones autonómicas para evitar la entrada de la izquierda en la Región.

Abascal ha hecho estas declaraciones ante cientos de personas –un millar, según la organización– en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia, donde ha acudido 24 horas después de que PSOE y Ciudadanos presentaran en la Asamblea regional una moción de censura para desbancar a los ‘populares’ del Ejecutivo autonómico tras 26 años en el poder.

El líder de Vox, que ha estado acompañado por el presidente del partido en Murcia, José Ángel Antelo, y el diputado regional Pascual Salvador, entre otros dirigentes, ha agradecido a los presentes su asistencia y ha asegurado que no se esperaba tanta participación porque la convocatoria, en principio, era para ofrecer declaraciones a la prensa.

Así, entre aplausos y gritos constantes de «¡presidente!», el dirigente de Vox ha comenzado su intervención recordado que este 11 de marzo se cumplen 17 años de los atentados terroristas que sufrió Madrid, en los que perdieron la vida 193 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas.

Tras ellos, ha dicho, «llegó el peor socialismo de Europa, el socialismo que pactó con ETA, que ha traído lo peor y que hoy está al frente del Gobierno», y ha exigido a renglón seguido «memoria, dignidad y justicia» para los «compatriotas asesinados. «Seguimos queriendo saber toda la verdad sobre el 11 de marzo», ha comentado al respecto.

Abascal ha indicado que, a pesar de los actos programados para hoy en memoria de las víctimas a los que iba a acudir, «no había un lugar» en el que su partido tuviera «un mayor deber de estar presente que en Murcia», debido al «atropello» que ha supuesto, según sus palabras, la moción de censura acordada por Cs y PSOE.

Al hilo, ha asegurado que la capital de la Región es hoy «el lugar más importante de España» porque «está a punto de ser sometida por el fraude electoral», algo que su partido quiere «combatir» para evitar que se fragüe un gobierno «socialcomunista».

«Se ha iniciado en España una alocada carrera para ver quién manda antes con Sánchez e Iglesias; a ver quién le ríe las gracias mejor al Gobierno socialcomunista; por pactar los estados de alarma y repartirse los jueces y ahora parece que también por repartirse con ellos los parlamentos regionales donde el socialismo y el comunismo fueron absolutamente derrotados».

Para el dirigente de Vox, «es muy fácil pactar con Pedro Sánchez», presidente del Ejecutivo de la Nación, porque este «solo tiene una exigencia» y es «que traicionen a los electores, que mientan como él hizo con los españoles y los electores socialistas cuando les dijo que no pactaría ni con comunistas, ni con los herederos del terrorismo, ni con los que dieron un golpe contra la unidad de Cataluña, y acto seguido hizo una cosa detrás de otra».

Al hilo, ha recalcado que para pactar con Sánchez «solo hace falta tener tan pocos escrúpulos como él», y eso es «lo que nos han demostrado en Murcia, que algunos se parecen demasiado» al presidente de España.

Igualmente, se ha referido a la «traición» de Ciudadanos, cuyos líderes «han demostrado ser unos auténticos profesionales» al «presentar una moción de censura contra su propio gobierno», un hecho que ha comparado con la moción planteada por el PNV «al día siguiente» de apoyar los presupuestos de Mariano Rajoy.

El paso de Ciudadanos en la Región ha supuesto, según Abascal, «robar las elecciones a todos los murcianos, de engañar a sus votantes». «El partido que cuando Vox presentó una moción de censura contra el gobierno social delincuente dijo que quien presentaba una moción de censura en mitad de la epidemia tenía un problema moral».

Ha señalado al respecto que la formación ‘naranja’ se «suma» al «ejercicio de transfugismo masivo y total», algo que «ya ha padecido Murcia y también Vox».

En este punto, Abascal ha pedido «perdón» a la ciudadanía murciana «por no haber sido capaz de seleccionar a las personas adecuadas en esta provincia», porque «hoy solo Pascual Salvador», uno de los cuatro diputados que obtuvo el partido en los últimos comicios regionales, es «leal» en el Parlamento autonómico.

«VOTAR A CS ES VOTAR A SÁNCHEZ E IGLESIAS»

«Hoy Cs quiere echar a esta región en brazos del socialismo corrompido, del socialismo lleno de imputados y en manos de los comunistas, y hay que decirlo con toda claridad: votar a Ciudadanos es votar a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias», ha manifestado, tras tachar de «incomprensible y antinacional» la moción de censura.

Esto, ha añadido, se produce en un contexto en el que «nuestros compatriotas tienen la ruina, padecen la enfermedad y está viviendo en las mayores dificultades que ha vivido la sociedad española desde hace muchas décadas con el peor gobierno que ha habido en España».

Asimismo, el dirigente de Vox ha lamentado «con pena y preocupación» la «irresponsabilidad» del PP porque «ayer sabía que se iba a presentar esta moción de censura» y «no tuvieron la generosidad y el patriotismo de convocar elecciones inmediatamente y devolveros la voz, la palabra y el voto que os van a robar con esta operación».

«Ha vuelto a ocurrir en España lo que ocurrió cuando Mariano Rajoy, en vez de convocarnos a las urnas, se mantuvo en el poder y vimos como se colocaba un bolso encima del escaño del presidente del Gobierno», ha apostillado.

Abascal ha señalado que Vox pidió un adelanto electoral en Murcia, Castilla y León, Andalucía y Madrid ante «la capacidad de traición de Cs» y «el tiempo nos ha dado la razón», tras un año de «ruina, muerte y mentiras» con un gobierno, el de España, «que ha llegado ilegítimamente al poder».

APELA A LA CIUDADANÍA

El líder de Vox ha apelado a los presentes a llevar el mensaje de Vox por toda la Región, una autonomía «leal a España», para evitar que el Gobierno «caiga en manos del comunismo, el socialismo corrompido y el transfugismo sin escrúpulos», porque Murcia «tiene el coraje y la fuerza suficiente para doblegar a aquellos que quieren robar la democracia».

«Murcia quiere España, quiere libertad, que es justo lo que ahora está en riesgo; quiere que las autonomías dejen de contribuir a la disgregación y a la discriminación de la España más leal que es la que vosotros representáis. Murcia quiere que los productos de nuestros agricultores sean defendidos en Europa de la competencia desleal, de aquellos que no tienen que cumplir con las normas fitosanitarias que se os exigen ni las normativas laborales que hay que cumplir en España», ha dicho.

Y ha continuado: «Murcia quiere el fin de las leyes totalitarias de la izquierda, algunas de las cuales sorprendentemente todavía tienen presencia; que los padres puedan elegir a sus hijos sin que nadie les adoctrine; quiere ‘Agua para todos’ porque el agua es de todos los españoles sin distinción; un PHN, unos representantes que digan lo mismo en el Parlamento de Murcia, en el de Castilla-La Mancha y en el de Aragón; que el Mar Menor sirva pata recuperar el turismo pero también sea compatible con los usos agrícolas que os dan la vida y el trabajo».

Asimismo, Abascal ha asegurado que «Murcia quiere una inmigración controlada, que solo vengan a vivir con nosotros los que quieren trabajar y quieren respetar nuestras leyes; unas fronteras seguras y la deportación inmediata de todos los ilegales que han destruido la convivencia en nuestros barrios, calles y pueblos».

Además, ha añadido que «algunos» no han querido disolver el Parlamento porque «sabían que Murcia iba a dar el poder y, lo más importante, la responsabilidad, a aquellos que más se parecen a Murcia y defienden los intereses de los murcianos».

El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, ha afirmado este jueves en el Pleno del Parlamento en su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que «el adoctrinamiento a los niños no existe» y ha reprochado estrategias políticas, en alusión a Vox, encaminadas a «alentar el miedo, el racismo, o hablar de adoctrinamiento para conseguir votos».

Romero ha sostenido que expresiones como «‘a los menores inmigrantes llévatelos a tu casa’, no construye nada, divide, polariza» y ha instado a «proteger a los niños, sus derechos, y hacerlo desde las instituciones». «Lo revolucionario es apostar por la prevención y es hacerlo con todo tipo de familias», ha apostillado.

El portavoz de Cs ha instado a «hacer política y hablar de la política real» tras subrayar el hecho de que el Gobierno andaluz trabaja en una nueva Ley de Infancia, cuando la anterior data de «1998, 23 años, no hay mejor ejemplo de lo que es ir 23 años por detrás de la realidad».

Juanma Moreno ha afirmado en su respuesta que el portavoz de Cs «ha puesto el dedo en la llaga» y ha reivindicado «la apuesta considerable por la Ley de la Infancia», que ha calificado de «instrumento poderosísimo», así como que «había que actualizar, mejorar para resolver problemas».

NUEVO INGRESO POR LA INFANCIA E INCLUSIÓN

El presidente de la Junta de Andalucia ha subrayado la contribución que espera del «nuevo ingreso Ingreso por la Infancia e Inclusión», que va a sustituir a la Renta Mínima de Inserción, al que ha catalogado como «creativo, oportuno y justo», mientras ha advertido sobre la posibilidad de «quedar excluidos de sociedad» y ha considerado como «una sociedad moderna» la que contribuye a «la redistribución de riqueza».

Moreno ha apelado a un informe reciente de Save The Children sobre el primer aniversario del Covid-19 para esgrimir conclusiones como «el aumento de la pobreza de las familias vulnerables por la pandemia y que riesgo de exclusión social es muy amplio».

El presidente de la Junta ha reconocido que «queda mucho por hacer» en el ámbito de la pobreza infantil, aunque ha esgrimido que «su Gobierno está poniendo las bases rescatando a zonas deterioradas», tras recordar que «Andalucía tiene el triste record de albergar a 9 de las 10 ciudades más pobres».

El presidente de la Junta, quien ha sostenido que «nadie tiene el monopolio de la sensibilidad social ni de la igualdad», ha defendido que el gobierno que preside «está comprometido hasta el final y es sensible con todo lo que sucede en Andalucía».

Tras apelar a situaciones como «los casos de violencia de género, de maltrato, cuando no hay igualdad de salario», ha indicado las cinco líneas de actuación en que trabaja el Gobierno andaluz en materia de igualdad y de políticas de género.

Moreno ha subrayado que «en la atencion a víctimas ha aumentado un 7% el gasto anual; en el fomento de la igualdad, la campaña ‘Todas hacemos el mundo girar’; en el caso de la conciliación, la I Estrategia 2021-25 con 9 líneas de apoyo al empleo; la educación en igualdad; y la igualdad en el ámbito económico».

IGUALDAD Y DERECHOS DE UN SOLO TIPO

«No se pueden reivindicar igualdad y derechos de un solo tipo, porque gobernar es gestionar la vida de quien te vota y quien no», ha afirmado el portavoz de Cs en el Parlamento de Andalucía.

Sergio Romero, durante su pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, relativa a las políticas sociales. «Uno de los efectos más reversos de la polarización social, es, precisamente, que dos personas distintas no puedan reivindicar un concepto de feminismo y de infancia sin que se genere crispación», ha asegurado Romero.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento ha asegurado que, para cerrar esa fractura social, «en vez de lanzar gritos, hay que aportar soluciones reales».

«Una forma de hacerlo es aprobar leyes útiles, como la de lucha contra el fraude, la de autoridad docente o la de Infancia», y esta última, «es una norma obsoleta de 1998», ha apuntado.

Romero ha subrayado que cuando se firmó la Ley de Infancia «no existía el euro ni las redes sociales, la inmigración de menores era casi anecdótica, el acogimiento y adopción de niños no estaban regulados todavía en Andalucía y, en toda España, solo un millón y medio de personas tenía acceso a internet».

El portavoz de Cs ha advertido de que hoy en día «cualquier niño de 7 años juega en tiempo real con otro de Japón, puede comprar con dinero real, acceder a contenido racista, violento o pornográfico», por tanto, «frente a esa amenaza debe estar la política real, no el discurso fácil», ha afirmado Romero.

Sergio Romero ha explicado que la nueva ley de infancia «promoverá un uso responsable de las tecnologías digitales, protegerá a los menores en situación de riesgo con un plan de intervención familiar, regulará y adaptará la adopción abierta para todos los tipos de familia y luchará contra la pobreza infantil».

El portavoz parlamentario de Cs ha lanzado un mensaje a los grupos políticos. «No olviden que solo han sido elegidos por una parte de la sociedad. Gobernar no es castigar al otro. La estrategia del rodillo y el conmigo o contra mí es un bumerán que acaba golpeando primero a la propia sociedad y después a uno mismo», ha zanjado.

El director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles de la Universidad de Zaragoza, y asesor del Ayuntamiento en la gestión de la pandemia, Juan José Badiola, ha asegurado que cuando se vacunen los mayores de 60 años los «efectos duros» del coronavirus habrán acabado.

Badiola ha recordado que, en breve, se dispensarán en España cuatro tipo de vacunas, y ha señalado abril como el mes «decisivo» para las vacunaciones masivas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Badiola ha aventurado que cuando la vacunación se despliegue propiciará que el verano «será mucho mejor» que el anterior, sobre todo si se logra que la población vulnerable, que son los mayores de 60 años, estén vacunados porque son los que más han sufrido los efectos de esta «terrible» enfermedad.

Acerca de la vacuna de Janssen ha mencionado que posee la ventaja de ser monodosis, lo que simplifica el proceso de vacunación y, además, no requiere tantas condiciones de conservación, lo cual supone un «avance y acelera el proceso».

Respecto a la administración de la vacuna de AstraZeneca entre los 55 y los 65 años ha indicado que a tenor de los resultado en Reino Unido «parece que no tiene efectos adversos y es posible que se pueda autorizar». A su parecer, tener una vacuna con limitación de uso es complicado porque ante una escasez de viales «supone un problema».

PIONERA

Este jueves, 11 de marzo, se cumple un año desde que la OMS declaró la pandemia de coronavirus y que el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, nombrara a Juan José Badiola asesor del Ayuntamiento para combatir esta enfermedad vírica.

«Le agradecí al alcalde que me llamara entonces y le dije que estaría al servicio de Zaragoza y dispuesto a aportar lo que modestamente pudiera».

A su parecer, fue una «buena idea del alcalde» cerrar los centros de personas mayores, donde, precisamente, este jueves han acudido al que está situado en la calle Florentino Ballesteros para comprobar el proceso de vacunación. Es uno de los equipamientos municipales cedidos por el Ayuntamiento al Gobierno de Aragón para agilizar la inmunización de los ciudadanos.

Ha sido un año duro y con perspectiva se puede decir que el horizonte empieza a ser más claro», ha resumido Badiola para incidir en que la gente «no debe confiarse», y ha apelado a la responsabilidad individual. «Las autoridades hacen su trabajo y aunque se abran las tres provincias aragonesas este viernes y se quiera ir al Pirineo hay que comportarse con mesura».

Para Badiola, aunque las autoridades dictaminen normas lo «más importante es la responsabilidad de cada uno», ha remachado. A su parecer, Aragón y Zaragoza han sido «ejemplo» de como afrontar la situación y en colaboración institucional porque «cuando los representantes políticos no lo tienen claro la ciudadanía no lo entiende». «EXPERTOS DE VERDAD»

Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha dicho que la visita al centro de mayores supone un «ejemplo de colaboración» del Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón para agilizar el proceso de vacunación».

Ha recordado que, hace un año, el Ayuntamiento de Zaragoza «de forma pionera y rápida» cerró los centros de mayores, primero el de Casa Amparo, y luego el resto. «Muchas de las decisiones que han tomado en la ciudad para evitar la expansión del virus y salvar vidas ha sido por el asesoramiento del profesor Badiola con la ciudad».

En este sentido, Azcón ha abundado en que Zaragoza fue de las primeras ciudades en cerrar los centros de personas mayores porque «estábamos bien asesorados y lo mejor era contar con expertos de verdad y profesionales que dieran sus mejores consejos en momentos extraordinariamente difíciles».

El alcalde ha mencionado que tanto los centros municipales de personas mayores como algunos centros cívicos colaboran con el Gobierno de Aragón para que el proceso de vacunación «sea lo más rápido y ágil posible para los ciudadanos».

En este equipamiento municipal se han administrado 162 dosis a personas mayores de 80 años de las zonas de salud básicas de San José Centro y San José Norte y también de Las Fuentes.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, según ha avanzado ABC y han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha emitido este pasado 3 de marzo un auto confirmando la decisión previa del Juzgado de Instrucción número 13 de archivar por segunda vez la causa judicial correspondiente al accidente sufrido por un avión de transporte militar modelo A400M en las inmediaciones del aeropuerto hispalense el 9 de mayo de 2015, extremo saldado con cuatro fallecidos y dos heridos.

En 2018, la juez de Instrucción número 13 de Sevilla, María José Moreno, ordenaba por primera vez archivar provisionalmente la causa, considerando que el accidente se produjo por «una concatenación de causas» pero ninguna de ellas con «suficiente» entidad para atribuir responsabilidades penales. Eso sí, la instructora detectaba «múltiples fallos» por parte de Airbus y de Europe International (EPI).

La decisión judicial era adoptada después de que la Fiscalía reclamase expresamente el archivo de las diligencias, al entender que «la tripulación tomó durante el vuelo las decisiones razonables habida cuenta de las circunstancias concurrentes, aunque no fueran las más adecuadas».

LA «UNIÓN» DE FACTORES

Según la Fiscalía, «si bien es cierto que hubo errores en la actuación de la tripulación, lo cierto es que actuaron de manera lógica ante los diferentes avisos recibidos, las limitaciones impuestas por la torre de control, y la falta de formación en reacción conjunta ante las emergencias existentes», a todo lo cual «se unió la colisión con la torreta de alta tensión».

«Las acciones y omisiones plurales» detectadas en la concatenación de los hechos, según el Ministerio Público, «no incurrieron en un defecto de previsibilidad, empleándose la prudencia que en cada caso era adecuada, analizando aisladamente cada uno de los otros factores que todos ellos en su conjunto determinaron el accidente».

A su juicio, «el fallo simultáneo de tres motores es tan inusual, tan poco probable y de efectos tan críticos, que resultaba muy complejo poder procesar toda la información disponible en cabina para tomar decisiones adecuadas en un tiempo tan reducido, con las limitaciones además impuestas por la torre de control, y la falta de formación en reacción conjunta ante las emergencias existentes».

REAPERTURA DE LA CAUSA

No obstante, en octubre de 2019, merced a los recursos interpuestos por los representantes legales de familiares de los afectados, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ordenaba la reapertura de las actuaciones, en la que están personados tanto Airbus como las familias de los cuatro fallecidos, que fueron el piloto, Jaime de Gandarillas; el copiloto, Manuel Regueiro, y los ingenieros Gabriel García Prieto y Jesualdo Martínez; así como uno de los dos supervivientes del accidente y los propietarios de la finca agrícola donde se estrelló el avión.

Tras la reapertura de las diligencias, en el verano de 2020 el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ordenaba de nuevo archivar las mismas, extremo nuevamente recurrido ante la Audiencia Provincial.

Ahora, en un auto emitido el pasado 3 de marzo, la Sección Séptima de la Audiencia ha avalado finalmente la decisión de la juez instructora de archivar por segunda vez las actuaciones del caso.

El instructor de la causa del ‘procés’ independentista en Cataluña, Pablo Llarena, ha dictado auto de libertad provisional para la exconsellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat Meritxell Serret, que permanecía huida en Bélgica tras ser procesada en este procedimiento y que ha comparecido este jueves voluntariamente ante el alto tribunal. La cita para el próximo 8 de abril para la práctica de la indagatoria.

La decisión del magistrado deja sin efecto la orden de busca y captura sobre ella y la situación de rebeldía de la ex consejera para la continuación de las actuaciones conforme a derecho, según ha informado el Supremo.

En una segunda resolución, el magistrado cita a Serret para el próximo 8 de abril a las 11.00 horas para la práctica de la declaración indagatoria, y llama para dicha fecha al Ministerio Fiscal y demás partes personadas. Está procesada por los delitos de malversación y desobediencia.

En el auto de libertad se acuerdan las obligaciones para Serret de designar domicilio y teléfono donde pueda ser localizada, y de comparecencia ante este órgano judicial cuantas veces fuere llamada, con apercibimiento de que cualquier incumplimiento de las obligaciones conllevaría la modificación de su situación personal.

Tras salir del Supremo entre aplausos y abrazos, Serret ha explicado ante los medios de comunicación que ha comparecido porque es diputada electa tras las últimas elecciones autonómicas y quiere seguir haciendo política. «Estoy aquí feliz y contenta de dar este paso que me ha llevado a comparecer delante del tribunal», ha explicado.

QUIERE QUE ACABE «LA REPRESIÓN JUDICIAL»

Así, ha explicado que con este paso corrobora y está en coherencia con el hecho de que ahora es diputada electa y quiere seguir ejerciendo como política y defendiendo el discurso de trabajar «por el proyecto de la república catalana» y para impulsar soluciones políticas que acaben «con la situación de represión y persecución judicial al independentismo y a lo que supuso el 1 de octubre» –de 2017, día del referéndum ilegal–.

De este modo, arropada por diputados tanto de ERC, como de PdCAT, Junts, la CUP y EH Bildu que le han recibido al grito de ‘libertad presos políticos’, Serret ha indicado que sólo hay una vía para solucionar el conflicto, que es la política. Y ha matizado que el hecho de dar este paso se debe a que es notorio que desde hace un año y medio no había orden de detención contra ella.

«Pensamos que era el mejor momento de dar ese paso y lanzar el mensaje de que seguimos, y buscar soluciones políticas a conflictos políticos, la amnistía, el derecho a decidir y siempre por la vía democrática», ha añadido para luego apuntar que muy poca gente conocía que su regreso y que ahora lo que quería era recorrer los 406 kilómetros que la separan de su pueblo para abrazar a la familia y a los amigos.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado que el movimiento de Serret ha sido «un acto de enorme valentía» y ha puesto el foco en el coste personal que supone exiliarse, por lo que se ha felicitado por figuras como la de ella porque «demuestra que la política sirve para algo».

«LA ÚNICA SALIDA, LA REPÚBLICA CATALANA»

El portavoz de Junts per Catalunya en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha indicado que este día debía servir para reafirmar que la solución al conflicto catalán pasa por «una amnistía a los presos políticos y a los exiliados». Además, ha señalado que la única salida es la república catalana, que la decisión de Serret ha sido valiente y que lamenta que aun a día de hoy se ve a la represión derivada de aquel 1 de octubre.

Por su parte, el presidente del PDeCAT en Barcelona, Genís Boadella, ha dado la enhorabuena a Serret «por su valentía» y ha apuntado que el foco se debe poner este jueves en el Supremo, que «es capaz de dar soluciones diferentes a unos mismos hechos». «Es necesario encontrar una solución», ha indicado, apuntado que la justicia española debe plantearse como aborda estas cuestiones que «no deberían estar judicializadas».

La diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí, que también se ha acercado a las puertas del Supremo para recibir a Serret, ha apuntado que «el exilio es una de las partes mas contradictorias de la represión española» ya que mientras hay políticos libres en Europa, son «perseguidos y judicializados» en España. «No queda más que pedir la amnistía», ha señalado, para luego subrayar que la semana próxima se presentará una ley pidiéndola para los presos y represaliados y que espera que una respuesta positiva de las fuerzas políticas.

Por último, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha indicado que estaba ahí para dar la bienvenida, apoyo y cariño a Serret, y ha añadido que «es un sin sentido que todavía aun estén activadas causas represivas contra representantes legítimos de la ciudadanía catalana».

Es un sin sentido que para resolver un conflicto político se haya puesto en marcha un mecanismo represivo ante tribunales de excepción», ha apuntado, señalando además que o hay democracia plena o represaliados, porque «los dos no se pueden». «Es hora de resolver mediante la política lo que nunca debió salir de ella», ha concluido.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que este miércoles habló con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocara elecciones anticipadas en la región, para decirle que Cs únicamente iba a impulsar mociones de censura en Murcia, mientras que en otras comunidades su intención era mantener los gobiernos de coalición con el PP.

En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto de homenaje de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11-M en el Parque de El Retiro, en Madrid, al que también ha asistido Casado, Arrimadas ha revelado que le informó vía telefónica de las mociones de censura que Cs iba a presentar junto al PSOE en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la capital, y ha lamentado que él no le comunicara las intenciones de Díaz Ayuso.

La presidenta de Ciudadanos ha asegurado que Casado «era conocedor» de los problemas que había en Murcia y le había trasladado durante su conversación telefónica que las mociones de censura se circunscribían a ese territorio y que no debían afectar a sus pactos de gobierno que tienen ambos partidos en Andalucía, Castilla y León y Madrid.

Así lo ha dicho también en declaraciones a Antena 3. «Hablé con Pablo Casado antes de que Ayuso convocara elecciones y le expliqué la situación de Murcia», de la que él ya estaba al tanto porque «durante mucho tiempo hemos intentado reconducir la situación, mis compañeros de Murcia lo han intentado dentro del acuerdo de gobierno», ha comentado.

«Nosotros teníamos un pacto y así se lo dije, que nosotros no íbamos a hacer nada en ningún otro gobierno porque no se daban las circunstancias y yo entendía que ellos también iban a cumplir su parte de no hacer adelantos electorales», ha agregado.

MORENO Y MAÑUECO HAN CUMPLIDO, PERO AYUSO NO

En el caso de los presidentes de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, «lo han cumplido perfectamente», pero Díaz Ayuso «no ha cumplido el acuerdo» y «ha quedado como una irresponsable», ha añadido Arrimadas.

A su juicio, la gobernante madrileña «tenía muchas ganas de convocar elecciones y ya se lo habían frenado muchas veces», así que ahora ha aprovechado la ruptura del acuerdo entre Cs y el PP en Murcia para hacerlo por fin. «Esto son guerras de partido, guerras personalistas que me entristecen mucho», ha manifestado.

Según ha señalado, Ciudadanos ha presentado mociones de censura contra el PP en Murcia por el escándalo de la vacunación contra el coronavirus de numerosos cargos políticos antes de que fuera su turno y por la actuación de los ‘populares’ al querellarse contra el teniente de alcalde, Mario Gómez (Cs) después de que este denunciara irregularidades en contratos del Ayuntamiento. «Madrid no tenía nada que ver con eso. Lo sabía perfectamente Pablo Casado y lo sabía todo el PP», ha asegurado.

NO HABÍA «UNA MANIOBRA ORQUESTADA POR MONCLOA»

Tras defender que en Murcia había que actuar, porque Cs no estaba dispuesto a «tapar la corrupción o las malas prácticas» del PP, ha negado que este movimiento formara parte de «una maniobra orquestada por Moncloa».

En ese caso, el PSOE «habría querido presentar mociones de censura en otros sitios y nosotros supuestamente tendríamos que apoyarlas, y no es así», ha apuntado.

Así, Arrimadas ha afirmado que si la formación naranja hubiera querido impulsar una moción de censura en la Comunidad de Madrid, lo habría hecho a la vez que en Murcia para evitar el riesgo de que Díaz Ayuso adelantara los comicios, como finalmente ha ocurrido.

Además, Cs va a «votar en contra» de la moción que ha presentado el PSOE en Castilla y León contra Fernández Mañueco, por lo que «se va a ver que no había nada más», y en la Comunidad de Madrid «no vamos a votar a favor de una moción de censura en estos momentos», ha indicado.

Durante el acto en El Retiro, Arrimadas ha acusado a la dirección ‘popular’ de «dinamitar los puentes unilateralmente» entre ambas formaciones tras el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, aunque ha aseverado que continuará hablando con Pablo Casado.

«Seguiremos intercambiando llamadas. Siempre hemos cumplido la palabra, nuestras conversaciones han sido cordiales y me ha sorprendido ese incumplimiento (de Ayuso)» que, además, «contrasta» con «la responsabilidad y madurez» que muestran Mañueco y Moreno, que «siguen adelante con los pactos porque nosotros seguimos adelante con los pactos», ha manifestado.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado este jueves que «la triste realidad» actual es que, «si hace un mes» el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) que preside Juanma Moreno «dependía de la ultraderecha» de Vox, «ahora han ligado totalmente su futuro a ellos», a lo que el presidente de la Junta le ha respondido reprochándole su «obsesión» con ese partido y animándole a que «siga haciéndole el juego» al mismo.

«Siga obsesionada con Vox, haciéndole el juego, venga al Parlamento con la misma cantinela, siga, porque mientras usted sigue, nosotros seguimos trabajando por Andalucía y los andaluces, intentando hacer crecer a Andalucía», le ha advertido el presidente de la Junta a Susana Díaz en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento.

«Usted con su obsesión y nosotros con la nuestra, que es nuestra tierra», ha añadido Juanma Moreno después de que la dirigente socialista le afeara que, pese a que «ahora más que nunca», en el marco de la «durísima» tercera ola de la pandemia de Covid-19, «hace falta un gobierno estable» en Andalucía, y de que «lleva dos años presumiendo de moderación y estabilidad, ni una cosa ni la otra».

En esa línea, Susana Díaz ha argumentado que «es muy difícil ser moderado cuando su sillón depende de la ultraderecha para seguir manteniéndolo», y cuando «la única posibilidad de retener el gobierno es abrazando el discurso del trumpismo».

La dirigente socialista ha querido recordar que, «el mismo día de las Medallas de Andalucía» que la Junta entrega por el 28 de febrero, día de la comunidad, desde Vox «se estaban manifestando en contra del Estatuto de Autonomía, del autogobierno y de lo que esta tierra alcanzó por pleno derecho».

Susana Díaz ha afeado a Moreno que «incluso ha responsabilizado» al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, «de su debilidad», cuando «no puede responsabilizar a los demás de su debilidad», que «es suya», según ha enfatizado la líder socialista.

Ha remarcado que Moreno y el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, tuvieron que salir este miércoles «corriendo» a ofrecer una rueda de prensa «de urgencia» tras la moción de censura registrada por PSOE y Cs en la Región de Murcia y la ruptura del gobierno de coalición de PP y Cs en la Comunidad de Madrid, «para lanzar un mensaje de tranquilidad que no sé si era para la población o para ustedes mismos», según ha apostillado Susana Díaz.

La expresidenta de la Junta ha trasladado a su sucesor al frente del Gobierno andaluz que «puede sacar pecho de que su futuro, su sillón y su gobierno dependen de la voluntad del grupo de ultraderecha» que se sienta en el Parlamento, y le ha advertido de que, «cuando se abraza con esa vehemencia, se acaba siendo arrasado», como, según ha abundado, le ha ocurrido al PP con Vox en las recientes elecciones catalanas.

MORENO VE A SUSANA DÍAZ «OBSESIONADA CON VOX»

Juanma Moreno ha respondido a Susana Díaz afeándole que «está obsesionada con Vox», como, en su opinión, ya lo estuvo ante las elecciones autonómicas de diciembre de 2018 y eso «no le trajo muy buenas consecuencias» en esos comicios.

El presidente ha aseverado que, mientras tanto, él seguirá «obsesionado con sacar Andalucía de la pandemia y recuperar la economía de los andaluces». «Usted con Vox y yo con los andaluces», le ha dicho Moreno a Susana Díaz antes de presumir además de haber «aprobado tres Presupuestos» en lo que va de legislatura. «Ya le gustaría tener la estabilidad que yo dispongo en el gobierno», le ha apostillado antes de animarle a seguir «con sus obsesiones y fijaciones con un grupo de esta Cámara», en alusión a Vox.

En su segundo turno, Susana Díaz ha respondido a Moreno que «quien debería estar obsesionado con Vox es usted», porque «a quien ha laminado Vox en Cataluña es a usted», y ha subrayado que los socialistas fueron quienes ganaron las elecciones andaluzas de 2018 y, «sin el grupo de ultraderecha de esta Cámara», Moreno «no sería presidente, porque perdió las elecciones, y sin Vox el PSOE sería el Gobierno de Andalucía» y el líder del PP-A «estaría en la oposición», ha añadido.

SUSANA DÍAZ: EL GOBIERNO ANDALUZ «HACE AGUAS»

La responsable socialista ha señalado a Moreno que «su gobierno hace aguas por dentro y fuera», y le ha pedido que «no busque responsables ni culpables donde no los hay».

Al hilo, ha argumentado que «la realidad en Andalucía es que el modelo andaluz» actual, de un gobierno de PP y Cs apoyado desde fuera por Vox, «ya no va a ser posible en el futuro, porque ni Ciudadanos va a tener la fuerza actual» que tiene en el Parlamento, «ni la ultraderecha se va a conformar con estar fuera del gobierno».

Susana Díaz ha indicado también a Moreno que «su rostro ayer lo decía todo», y evidenciaba «con claridad cuál era su preocupación, que no era Andalucía, sino usted y su sillón», según ha abundado la líder socialista, quien ha concluido sosteniendo que, «lamentablemente, hace mucho tiempo ya» que el presidente de la Junta «no tiene la cabeza en los problemas de los andaluces, sino en mantener su gobierno».

Juanma Moreno ha zanjado el debate preguntando a Susana Díaz si «de verdad usted cree que alguien se puede creer, después de lo que llevamos visto en dos años», que ella «tiene la cabeza en Andalucía».

La Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva contra R.F.G, al que condenaba a la pena de dos años de prisión como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales a un menor de 15 años que estaba en acogida en el domicilio donde residían ambos en La Palma del Condado (Huelva), con lo que desestima así el recurso presentado por la defensa del condenado, según establece la sentencia facilitada por el TSJA.

De este modo, el TSJA desestima el recurso y confirma la condena de dos años de prisión al procesado como autor responsable de un delito continuado de abusos sexuales, con el atenuante de dilaciones indebidas, así como a dos años de libertad vigilada.

Además, la Audiencia Provincial de Huelva le impone la inhabilitación para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público, o ejercicio de la profesión u oficio, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con menores de edad, por tiempo de cuatro años; y prohibición de aproximarse a la víctima, su domicilio o lugar de trabajo o estudios a menos de 500 metros y comunicarse con ella por cualquier medio por un plazo de tres años. Igualmente, le impone una indemnización a la afectada de 6.000 euros por los daños morales causados.

De este modo, la sentencia confirmada recogía como hechos probados que, entre finales del año 2013 y principios del año 2014, el procesado vivía en el domicilio familiar donde la menor estaba en acogida en La Palma del Condado y aprovechando que ésta, en aquel tiempo de menor de edad, se hallaba en situación legal de acogimiento familiar, «guiado en todo momento por el ánimo de satisfacer sus instintos sexuales, y siempre en las ocasiones en que la madre de acogida de la niña no se encontraba en el domicilio, realizó en reiteradas ocasiones tocamientos de las partes íntimas de la menor».

En su recurso, la defensa del condenado alegaba como motivos de impugnación «error en la apreciación de la prueba», así como incidía en la dificultad adicional de que la declaración de la víctima, personada como acusación particular en el proceso, constituía «la principal y en realidad única prueba de cargo»; situación probatoria que da lugar a lo que la jurisprudencia reconoce como «la situación límite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia».

No obstante, el tribunal aclara que «la forzosa limitación de medios probatorios no conduce necesariamente a una conclusión absolutoria». De hecho, hace referencia a diversa jurisprudencia y señala que «una prueba testifical, aunque sea única y aunque emane de la víctima, puede ser apta para desactivar la presunción de inocencia».

«La palabra de un solo testigo, sin ninguna otra prueba adicional, puede ser suficiente en abstracto para alcanzar la convicción subjetiva. La testifical de la víctima, así pues, puede ser prueba suficiente para condenar», han señalado.

A modo de resumen, el TSJA entiende que «la prueba practicada en el acto del juicio permitía al tribunal de instancia alcanzar la convicción racional de que el acusado realizó los hechos objeto de acusación sin margen de duda razonable», de manera que considera que el recurso ha de ser desestimado e íntegramente confirmada la sentencia condenatoria impugnada.

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha participado este jueves 11 de marzo en la firma del Protocolo general de colaboración para el fomento de un lenguaje jurídico «moderno y accesible» para la ciudadanía.

Según la RAE, el acto, celebrado en el palacio de Parcent en Madrid, «consolida el compromiso de las principales instituciones estatales del ámbito de la justicia con la clarificación del lenguaje y su accesibilidad a todos los ciudadanos como establece la Constitución».

El protocolo firmado establece que el lenguaje jurídico que se incorpora en los textos normativos, en las resoluciones judiciales o administrativas que afectan directamente a los derechos y obligaciones de las personas y en comunicaciones de todo tipo que reciben de los poderes públicos ha de ser «comprensible» para la ciudadanía a la que, en definitiva, aquellos textos van dirigidos.

«La Real Academia Española, consciente del valor de la contribución del lenguaje jurídico a la unidad de la lengua española, ha intensificado desde 2014 su trabajo en este ámbito para convertirlo en una línea primordial de su labor, no solo lingüística, sino también institucional, en el marco de la política panhispánica», ha resaltado la Academia.

Para ello, ha dirigido su actividad en cuatro direcciones: la preparación de obras académicas de especialidad en torno a la lengua del derecho, la elaboración de bases de datos legislativas en los países iberoamericanos que carecen de ellas, el impulso de la red iberoamericana de lenguaje jurídico claro y la creación en la RAE de un Departamento de Español Jurídico que permita el adecuado desarrollo de todas las iniciativas y, a la vez, preste servicio lingüístico a los operadores jurídicos.

Asimismo, la RAE ha llevado a cabo tres proyectos vinculados al lenguaje del derecho: el Diccionario del español jurídico (DEJ), el Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) y el Libro de estilo de la Justicia (LEJ), que se inscriben en el marco de un convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ) a finales de 2014. Las tres obras se proponen promover la claridad y la seguridad del lenguaje jurídico.

«CLARIFICAR» EL LENGUAJE

«La Real Academia Española y las instituciones firmantes son conscientes de que clarificar el lenguaje jurídico es también modernizar la justicia», ha añadido.

Han suscrito el protocolo para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; Dolores Delgado, fiscal general del Estado; Santiago Muñoz Machado, director de la RAE; Rafael Navarro, vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española; Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España; Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, y, Alfonso de Castro, presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha explicado que a primera hora de la jornada de ayer, miércoles 10 de marzo, se reunió con el presidente del Gobierno autonómico y socio de coalición, el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco, quien le confirmó que no convocaría elecciones «pasara lo que pasara».

«En estos momentos es una irresponsabilidad una moción de censura y hubiera sido una irresponsabilidad una convocatoria anticipada de elecciones», ha zanjado por su parte el jefe del Ejecutivo autonómico en la rueda de prensa conjunta para escenificar la «estabilidad» del Gobierno de coalición en la que ha llegado a tildar la «especulación» de la moción que lidera el socialista Luis Tudanca de «cuanto menos estomagante».

Francisco Igea ha citado las palabras textuales que pronunció el presidente de la Junta en esa reunión: «Mira Paco, pase lo que pase no convocaré elecciones porque la gente no lo entendería», afirmación que ha sido ratificada por el propio presidente que ha apelado en todo momento a un ejercicio de «responsabilidad» para no adelantar las elecciones en la comunidad castellano y leonesa.

«En ningún momento se me pasó por la cabeza la convocatoria de elecciones», ha sentenciado el jefe del Ejecutivo, que ha reconocido que «hubo un tiempo en el que se podía haber producido esa situación», para abogar ahora por la responsabilidad y por la necesaria estabilidad que ofrece un gobierno formado por dos partidos pero que «trabaja unido». «Mi única preocupación ayer es la misma que la de hoy y la de mañana», se ha reafirmado en referencia a la necesidad de trabajar para que la pandemia pase a ser «un mal sueño» en el menor tiempo posible.

Preguntado sobre si entiende entonces que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha sido responsable al optar por disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones en esa autonomía, Mañueco ha aclarado que su decisión de no adelantar comicios ha sido pensando en las personas de Castilla y León y en la situación concreta de la comunidad que preside. «Nada más lejos de mi intención valorar qué es lo que ocurre o pasa en otras comunidades autónomas o lo qué hacen otros presidentes o presidentas», ha aclarado.

Fernández Mañueco ha explicado que a lo largo de la jornada de ayer mantuvo conversaciones con distintas personas de «las más altas instancias» tanto del PP como de Ciudadanos tanto a nivel estatal como autonómico, entre ellas el presidente nacional del PP, Pablo Casado, al que trasladó «con claridad y con rotundidad» su decisión de mantener un «gobierno sólido», entre otras cosas porque confía en la palabra dada por Ciudadanos tanto en la Junta como en el parlamento. A este respecto, ha afirmado que nadie del PP le pidió adelantar elecciones, máxime ante asuntos que eran «ajenos a Castilla y León».

También ha confirmado que la próxima semana se reunirá con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, un encuentro que, según ha recordado, estaba previsto desde hace varias semanas.

«Confío plenamente en la palabra de Inés Arrimadas como confío plenamente en la palabra de Francisco Igea», ha aseverado Fernández Mañueco para quien la «intuición» demostrada por el vicepresidente en sus políticas y que han permitido «salvar vidas» justifican los dos años de legislatura «y los dos años que quedan por delante».

Por su parte, Francisco Igea ha alabado que Fernández Mañueco haya puesto por delante a los ciudadanos que su propio interés político. «Es justo reconocerle al presidente lo que es justo», ha añadido Igea a quien el jefe del Ejecutivo autonómico se ha referido en respuesta a otra pregunta de los medios como «su compañero y amigo».

Preguntados por la oferta del PP a cargos y militantes de Ciudadanos para que pasen a engrosar las filas de los ‘populares’, Fernández Mañueco ha zanjado el asunto con un mensaje de «respeto total y absoluto» a los integrantes de la formación liberal y ha recordado que en territorios como Andalucía o Castilla y León, donde el pacto está «vivo y vigente», tienen una «misma línea de actuación», «provechosa» además para las personas.

«A mi no me preocupan las OPAs hostiles ni qué va a ser de mi», ha aclarado por su parte Igea, que ha centrado su preocupación en lo que le sucede al país en un llamamiento expreso a dejar a un lado las «políticas de fichajes y contrafichajes de invierno». Según ha reivindicado a este respecto, la política consiste en programas y en llevar a cabo medidas regeneraciones, leyes y acciones para avanzar. «La política no puede ser la versión poligonera de ‘House of Cards'», ha sentenciado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recibido quejas por parte de funcionarios mayores de 80 años porque no se encuentran en los listados de vacunación contra el coronavirus que gestionan los servicios de salud de las comunidades autónomas.

Por ello, el CSIF ha reclamado a las mutuas (Muface, Mugeju e Isfas), así como de los diferentes ministerios implicados (Sanidad, Función Pública, Educación, Justicia y Defensa) que comprueben los datos con las comunidades autónomas y garantizar que ninguna persona se queda fuera de la vacunación.

Y es que, tal y como ha recordado la organización sindical, Sanidad se comprometió a realizar un registro de personal vacunado a nivel nacional y facilitarles el acceso para comprobar el «correcto desarrollo de la vacunación», pero aún no se tiene constancia de la implementación de esta medida de coordinación.

«Se da la circunstancia de que las personas afectadas se encuentran en muchas ocasiones en situación de dependencia o gran dependencia y son los propios familiares los que se han puesto en contacto con CSIF tras constatar que los datos registrados no eran correctos y que tras haber solicitado su modificación, ésta no se ha realizado, lo que podría estar limitando la vacunación de estos mutualistas», ha dicho el sindicato.

En este sentido, ha mostrado su preocupación porque estos casos pudieran estar más generalizados de lo que se ha detectado hasta el momento, teniendo en cuenta la edad de las personas afectadas y sus dificultades para acceder a los medios de comunicación, medios informáticos o redes sociales.

Esta situación será trasladada por CSIF al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, en la reunión que va a mantener el próximo jueves. Además, el sindicato realizará una campaña informativa entre sus afiliados con el fin de identificar posibles situaciones.

Y es que, el pasado mes de enero, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública formó un grupo de trabajo junto al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para preparar la vacunación contra el Covid-19 para el personal funcionario acogido al sistema del mutualismo administrativo.

El objetivo era garantizar que la vacunación se produzca en condiciones de equidad respecto al resto de los ciudadanos, desde los sistemas públicos de salud de las comunidades autónomas, tal y como reclamó la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Se trataría así de evitar en esta vacunación los problemas acontecidos en el colectivo de mutualistas durante la campaña de vacunación de la gripe

«Función Pública nos informó de que si se cumple con el calendario marcado para los grupos priorizados por el Ministerio de Sanidad, en el primer semestre de 2021 se podría administrar vacunas a aproximadamente al 67 por ciento del colectivo total de Muface», ha zanjado CSIF.

El jurado popular ha declarado culpable de asesinato al hombre de 42 años enjuiciado esta semana en la Audiencia Provincial de Granada por matar a su compañera sentimental, en agosto de 2018 en Dúrcal, en la comarca de El Valle de Lecrín, clavándole un cuchillo «hasta en ocho ocasiones».

Fuentes del caso consultadas han señalado que, en el veredicto leído este jueves, el jurado popular ha considerado probada la alevosía, con la agravante de parentesco. La Fiscalía solicita por el delito de asesinato 25 años de prisión, una petición a la que se suman la acusación particular, que ejerce el letrado Francisco Ruiz Baena, en nombre de la madre y el hijo de la víctima, y la popular, que ejerce la Junta de Andalucía en defensa del interés general, en el marco de la legislación contra la violencia de género.

El acusado, marroquí con permiso de residencia comunitaria, mantenía una relación con la víctima, que estaba a punto de cumplir 21 años cuando falleció, desde 2013, y convivía con ella en Dúrcal desde que ella fue mayor de edad, habiendo tenido un niño, inscrito solo como hijo de la madre.

Los miembros del jurado han considerado probado que, como señaló la Fiscalía en sus conclusiones, el procesado, en prisión provisional por estos hechos desde el 14 de agosto de 2018, conducía un vehículo sobre las 00,00 horas de ese día por los alrededores de Dúrcal, con su pareja en el asiento de copiloto, y que, «en un momento dado, el acusado, con el evidente propósito de causarle la muerte a su pareja, esgrimió un cuchillo con un filo de 13,5 centímetros de largo y 2,9 centímetros en su parte más ancha, y se lo clavó» a ella «hasta en ocho ocasiones».

La víctima «no pudo en forma alguna defenderse por lo repentino e inesperado de la acción, eliminando la forma de proceder del acusado toda posibilidad de reacción» por su parte, detalló la fiscal. Una de las heridas le perforó el pulmón izquierdo, «provocando pérdida masiva de sangre hacia cavidad torácica izquierda y hacia el exterior del cuerpo», y, como consecuencia, su muerte.

Fue sobre las 0,20 horas cuando el acusado llegó con ella en el vehículo al centro de salud de Dúrcal, «tocando el claxon», y «gritó» al médico y celador de guardia «cúrala». «A preguntas del facultativo sobre el origen de las lesiones», habría esbozado la palabra «puñalada» para marcharse luego corriendo.

Los médicos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que «ya había fallecido», detalló también la fiscal, que pidió también, una vez elevadas a definitivas sus conclusiones este pasado miércoles, cuando el jurado se retiró a deliberar, la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad del menor, así como la prohibición de acercarse a él a menos de 500 metros, así como de comunicarse con el mismo, durante 30 años. La defensa interesaba la libre absolución o, alternativamente, una condena por homicidio imprudente, según las mismas fuentes.

En la declaración con que dio comienzo este pasado lunes el juicio, el procesado mantuvo que ella habría caído encima de la navaja que portaba en el transcurso de una discusión dentro del coche que él conducía en torno a las 00,00 horas de aquel 14 de agosto de 2018.

Negó, asistido por un traductor, desavenencias en la pareja hasta que, unas dos semanas antes de los hechos, ella «empezó a tomar drogas», por lo que empezaron a hacerse frecuentes las discusiones y los «gritos» de ella. Asimismo, pidió, en el inicio de su declaración, «perdón» a la familia y manifestó su «dolor» por lo sucedido.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha expresado este jueves su «absoluta confianza» en todos los procuradores del Grupo Parlamentario –está integrado por doce representantes en total– y se ha mostrado convencido de que ninguno de ellos está dispuesto a cambiar el sentido de su voto en la moción de censura «por una dádiva», al tiempo que ha garantizado que no teme imposiciones nacionales a favor de la moción.

«Son lo mejor de nuestro partido, son el alma de nuestro partido, son gente honrada, decente y comprometida», ha aseverado Igea que ha sido tajante al advertir de que quien piense que los procuradores de Ciudadanos van a cambiar el sentido de su voto es porque no les conocen. «Este partido hace honor a sus compromisos y cuando se cumplen nosotros cumplimos porque somos gente de palabra», ha aseverado.

En este sentido ha asegurado que no se le ocurriría pedir a ningún procurador que plasmara su compromiso por escrito. «Es una cosa de la que estoy convencido, aseguro que esto va a ser así», ha zanjado sobre el rechazo de Cs a la moción de censura.

Igea ha advertido al respecto que el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, va a tener que dar «muchas explicaciones» por las afirmaciones que ha realizado en las últimas horas respecto a que puede haber procuradores de Ciudadanos partidarios de apoyar la moción de censura ya que «carecen del mínimo rigor».

«La sensación de abandonar mi actual cargo es de cualquier cosa menos que de temor, el día que deje esto será uno de los días más felices de mi vida», ha aclarado también respecto a sus expectativas de futuro para recordar que estar en el Gobierno es una responsabilidad y es «difícil» ante la situación que vive la Comunidad por la pandemia del coronavirus.

En este sentido, ha reseñado que no teme que haya imposiciones de la Dirección nacional de su partido a favor de la moción de censura planteada por Tudanca y ha garantizado no tener miedo». «Soy una persona conocida porque suele decir su opinión, también lo hice en su momento, pero tengo lealtad absoluta, no al partido, sino a las ideas que simboliza este partido»

«Fue mi partido quien me encargó presentare a las elecciones autonómicas, fue mi partido quien me encargó negociar un acuerdo, soy responsable con los encargos que me hace mi partido», ha explicado Igea.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que su gabinete trabaja con el de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para mantener una reunión la próxima semana. Además, ha asegurado que confía en la palabra de Igea, ya que, a su juicio, ha demostrado en estos dos años de legislatura que «con su intuición» las medidas que se han adaptado desde la Junta ha servido para «salvar vidas».

Por su parte, Igea ha asegurado que ha hablado con su partido y ha recibido un mensaje de Inés Arrimadas en el que garantiza su visita a la Comunidad la próxima semana y en el que le traslada un mensaje de «tranquilidad». «No hay duda de cual es la postura de Ciudadanos a este respecto, ya la próxima semana viene Arrimadas, a ver si así Tudanca se acaba de enterar», ha insistido el vicepresidente.

En este sentido, Igea ha defendido que en Castilla y León los compromisos se cumplen «a la perfección». «Tenemos un gobierno estable, no es un Gobierno ni del PP ni de Ciudadanos, es el Gobierno de Castilla y León».

Los partidos del Gobierno y buena parte de sus socios parlamentarios han reivindicado este jueves la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada por PSOE y Unidas Podemos para limitar los nombramientos discrecionales que puede hacer en la cúpula judicial estando en funciones, frente al bloqueo del PP para renovar la institución. En el último debate en el Pleno del Congreso, los ‘populares’ han replicado insistiendo en que todo es un «chantaje» para obligarles a pactar.

El portavoz socialista, Francisco Aranda, ha defendido que es una reforma «necesaria y oportuna», apuntando por un lado al bloqueo del PP, al que ha instado a volver a la mesa de negociaciones, y, por otro, a los 72 nombramientos que ha hecho el actual órgano de gobierno de los jueces en los más de dos años que lleva en situación de interinidad. Es una ley «necesaria ‘per se'», ha dicho.

Aranda ha achacado la falta de acuerdo para renovar el CGPJ al «miedo» del PP a Vox y, en este sentido, ha recordado que «el patriotismo no va de decibelios». «En política, el patriotismo se mide por la utilidad para la ciudadanía y en esto, señorías del PP, son muy poco patriotas, son muy poco útiles. Su corta visión política les hace bloquear cargos y alimentar la bancada ultra que se sienta a su derecha», les ha avisado.

Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago ha ratificado que «esta reforma viene impuesta por el incumplimiento del PP», al que ha echado en cara que cuando está en el Gobierno hay renovación y cuando está en la oposición es «imposible». Con su bloqueo y sus vetos, ha denunciado, «el trío de Colón mantiene un comportamiento antisistema».

En el caso del PP, Santiago ha afirmado que «su pánico a la renovación es directamente proporcional a lo mucho que tienen que esconder a jueces y tribunales«, en el marco de «los muchos procesos de recuperación que tienen por delante», entre los que ha mencionado los relacionados con su ex tesorero Luis Bárcenas, ‘Lezo’ y ‘Púnica.

Para el diputado de IU, el «espectáculo de vetos y bloqueos» del PP ha herido de muerte el actual proceso para renovar el CGPJ. «El mal ya está hecho», ha sostenido, al tiempo que ha propuesto «empezar de nuevo» presentando nuevas candidaturas de jueces y magistrados «con toda transparencia». En concreto, ha pedido presentar candidaturas paritarias, para que «por primera vez en la historia de España» haya un CGPJ con igual número de hombres y mujeres, y que la presidenta sea mujer.

UN «TRÁGALA»

En el otro extremo, se ha situado el portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, que ha explicado que el Gobierno debería saber que «obedecer y escuchar no son sinónimos» y que han aprobado una reforma que «mercería un suspenso en primero de Derecho de cualquier facultad», que está «huérfano de informes jurídicos» y que aglutina «el rechazo unánime del mundo del derecho».

A su juicio, la única finalidad de esta reforma era «chantajear al PP» con «técnicas facinerosas de un gobierno que comienza a demostrar demasiados tics autoritarios». «Aprobarán esta ley porque pueden y si el PP no se aviene a aceptar las trágalas, aprobarán la rebaja de las mayorías que tienen en la recámara», ha augurado.

Santamaría ha avisado de que el CGPJ es «la última línea de defensa del Estado de Derecho» y es uno de «los muros en los que se asienta la convivencia», y ha insistido en cargar contra los partidos del Gobierno: «Cuando ustedes cruzan esas líneas rojas, quiebran la credibilidad del Estado de Derecho». «Su actitud está mucho más cerca del PSOE del 36 que del PSOE de 1978», ha dicho.

«REPARTO DE CROMOS»

Edmundo Bal, de Ciudadanos, también ha acusado a los socios del Ejecutivo de usar su «apisonadora de votos» para sacar adelante esta reforma, subrayando que «ni siquiera» han escuchado al CGPJ, que pidió emitir informe, y ha reiterado que esta proposición de ley es «una deslealtad al sistema constitucional» y «una traición al principio de equilibrio entre poderes».

Así, ha advertido de que con esta reforma lo que pretenden PSOE y Unidas Podemos es «nombrar a su gente«, llamando la atención sobre «la agotadora agenda judicial» por casos de presunta corrupción que tiene la formación ‘morada. En consecuencia, ha vuelto a exigir un cambio en el sistema de designación de los vocales del CGPJ, lamentando que actualmente los jueces no ascienden por su buen hacer sino por tener «amigos» y «padrinos».

Desde Vox, Javier Ortega Smith, que ha vuelto a hablar igualmente de ataque a la independencia de los jueces, ha reiterado la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para «bloquear las manos de los políticos, para que dejen de meterlas en la Justicia, y desbloquear las manos de jueces y magistrados», para que la decisión recaiga en ellos.

LIMITAR FUNCIONES NO ES SUFICIENTE

Los otros grupos parlamentarios han coincidido en denunciar el bloqueo de la renovación del CGPJ y el hecho de que casi tres años después de que venciera su mandato constitucional siga realizando nombramientos en las altas magistraturas, pero también han criticado el «reparto de cromos» que tradicionalmente han hecho PP y PSOE de los asientos del CGPJ y han calificado la reforma de insuficiente. En esta línea se han manifestado Compromís, Bildu, CUP o los regionalistas cántabros.

El PNV, por boca de Mikel Legarda, ha rechazado tanto el «injustificable bloqueo» del PP, que considera una «anomalía constitucional», como la «reforma exprés» ideada por PSOE y Unidas Podemos. Respecto de esta última, ha criticado el procedimiento y el contenido por entender que no ataca «el problema de raíz», que ha situado en «la aplicación de criterios partidistas» en la elección de los vocales.

Para Legarda, la propuesta de PSOE y Unidas Podemos, aunque pueda garantizar la renovación del actual CGPJ, lo que hace en realidad es trasladar «una controversia de naturaleza política» al seno del Poder Judicial. En su opinión, «no hay un problema de leyes sino de comportamientos» de los partidos políticos.

La delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha anunciado este jueves que el servicio de atención y consulta 016 dará «por primera vez» asesoramiento jurídico y atención psicosocial urgente a víctimas «de todas las violencias machistas» recogidas en el Convenio de Estambul.

En la rueda de prensa mensual que Rosell concede para actualizar los datos sobre las llamadas o consultas online a este servicio en el último mes, además de contabilizar a las víctimas por violencia de género, la delegada de Gobierno ha indicado que este nuevo servicio ha comenzado en este mes de marzo.

«Las víctimas de violencia sexual se han sentido víctimas de segunda en este país, se han sentido solas, y la falta de apoyo, la falta de asistencia y de asesoramiento previo, inciden gravemente en la prosperabilidad de las denuncias, en las pruebas que se aportan, y lo que es más importante, en su recuperación», ha explicado Rosell a los medios.

A su juicio, esta ampliación del 016 «va a dar seguridad y va a saldar una deuda de este país con todas las víctimas de violenciasmachistas».

El servicio 016 da atención psicosocial inmediata con profesionales de psicología o trabajo social y tiene nuevos canales de acceso, como el servicio de Whatsapp, que se realizará bajo el número 600 000 016. Se une así, al servicio de teléfono del 016 y al del correo electrónico.

MAYOR ACCESIBILIDAD

Rosell ha destacado que también se mejora la atención para personas con discapacidad auditiva o del habla, con discapacidad visual y personas extranjeras. Esto se ha hecho a través de soluciones tecnológicas que cumplen el requisito de accesibilidad universal.

Del mismo modo, ha explicado que «a las personas extranjeras se les brindarán todos los recursos y servicios de apoyo y las medidas legales disponibles, en una lengua que ellas comprendan».

El 016 registró en el mes de febrero de 2021, 4.475 llamadas, una cifra que supone una disminución del 7% con respecto al mes anterior. La diferencia en las llamadas al teléfono de atención a las víctimas es de un 14% menos, cuando se comparan los datos de febrero de este año con las contabilizadas en el mismo mes del año pasado.

En cuanto a las consultas online a este servicio, la delegada de Gobierno ha explicado que han disminuido un 25% con respecto a enero de este año. En concreto, del 1 al 28 de febrero se contabilizaron 53 consultas, mientras que un mes antes se habían producido 71. Sin embargo, la comparativa con las consultas realizadas un año antes, en febrero de 2020, cambia, ya que en este caso se registra un aumento del 33%.

NUEVA CAMPAÑA

Durante su intervención, también ha recordado que en lo que va de año son 5 las mujeres asesinadas por violencia de género en España, lo que suman 1.083 en el cómputo global de víctimas que se contabiliza desde 2003.

Además, se ha registrado el primer asesinato machista en 2021 de una menor, el pasado 8 de marzo, en Madrid. Se trata de una niña de 10 años a la su padre supuestamente asesinó junto a su madre, antes de incendiar la casa y suicidarse.

Rosell ha señalado que desde este martes y hasta el 11 de abril, el departamento que dirige impulsará una campaña sobre violencia machista que intentará concienciar a la ciudadanía de «la violencia que no se ve». A través de spots, cuñas de radio, y carteles, Delegación de Gobierno plantea situaciones de acoso laboral, en el transporte o de control digital, entre otras, para ir «más allá de la violencia clásica entre parejas» que es más visible en la actualidad.