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El CSN atribuye a Berkeley el retraso en la evaluación de la mina de uranio de Salamanca

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), José María Serena y Sender, ha explicado que el retraso en evacuar el informe de evaluación de la solicitud de construcción de la mina de uranio de Berkeley en Retortillo (Salamanca) se debe a la «insuficiencia y deficiencias» en la calidad de la documentación remitida por la empresa, a juicio de los técnicos.

Serena i Sender ha comparecido ante la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados para explicar las presuntas «presiones» de Berkeley y su entorno al organismo regulador nuclear para que dictamine si es favorable o no el proyecto de minería de uranio y procesado de concentrados de uranio.

No obstante, de los once informes establecidos y en los que trabajan 50 técnicos, aún falta tres de ellos. De estos, según ha añadido, dos ya están siendo analizados al contar ya con toda la información requerida y respecto al último, ha dicho que se ha recibido la información para su próximo análisis.

Aunque no ha querido detallar una fecha concreta respecto a cuándo estará listo el dictamen del regulador ha adelantado que le quedan «unos meses, no años». Ese informe es preceptivo para que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico decida si otorga o no la autorización de construcción de la mina y en caso afirmativo, después faltaría la autorización de explotación de la misma.

Para explicar el retraso en la tramitación del expediente –que está en el regulador desde el año 2016 y que el propio organismo calculó que tardaría unos dos años en evaluar– ha explicado que dichas deficiencias o insuficiencias en la documentación remitida por la empresa ha obligado al cuerpo técnico a solicitar «en numerosas ocasiones en los últimos casi cinco años» información adicional sobre la seguridad nuclear y de la protección radiológica. La última, hace «apenas tres semanas«, ha dicho.

Esto conlleva, según Serena i Sender, que se suspenda el cómputo de los plazos administrativos previstos, de acuerdo con la ley. No obstante, recuerda que el CSN no tiene ningún plazo «por imperativo legal» para evacuar ningún informe. Por ello, aunque él mismo es «el primer sorprendido» por el «prolongado» periodo de tiempo de esta evaluación de autorización, ha defendido la rigurosidad e independencia de los técnicos que solo atienden a estos criterios y a «ningún otro» de índole política, económica.

En el proceso, asegura que se ha producido hasta 40 reuniones «documentadas» desde 2016 con Berkeley para «clarificar dudas» sobre el proyecto lo que ha provocado retrasos «mes a mes» sin que pueda achacarse a un retraso «intencionado» o a «falta de profesionalidad» como «parecían insinuar» algunas de las cinco cartas recibidas desde 2019 por el presidente del regulador, quien decidió poner en conocimiento de la Comisión parlamentaria las mismas al considerarlas «impropias».

«Durante esos 4 años ha habido y sigue habiendo una demostrada y demostrable continuación de la evaluación de esta solicitud, sin tiempos muertos, más allá de las interrupciones de plazo que genera el titular», ha apostillado al tiempo que insiste en que lo importante no es el plazo sino emitir un informe riguroso, algo que ocurrirá cuando la dirección técnica y la secretaría general consideren que la propuesta de dictamen está terminada.

«Les garantizo que el CSN ha cumplido plenamente y sigue cumpliendo con la normativa vigente en relación con la solicitud de Berkeley de autorización de construcción de la citada planta de Retortillo formulada en 2016, no habiendo incurrido ningún tipo de irregularidad o incumplimiento en cuanto a los plazos de tramitación se refiere», ha sentenciado.

Por otro lado, ha anunciado que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha pedido al CSN que le informe del estado de tramitación, de las dificultades identificadas y de la fecha del informe definitivo, a lo que Serena i Sender ha dado ya orden de que se preparen las respuestas para el Ministerio.

CARTAS IMPROPIAS

Sobre las cartas recibidas, valora que las cinco incluyen «solicitudes y advertencias impropias» relacionadas con un proceso de licenciamiento de «gran envergadura y complejidad» y que es «totalmente novedoso en España».

En su opinión, las misivas son «inaceptables» porque insinúan que el CSN toma sus decisiones «atendiendo a consideraciones políticas o ideológicas y no exclusivamente técnicas».

Respecto a los avisos de reclamaciones en los tribunales manifestadas por los servicios jurídicos e inversores de Berkeley, Serena i Sender insiste en que no es responsabilidad del regulador y quiere que «la independencia, credibilidad y el buen hacer técnico del organismo queden fuera de toda duda». «El Consejo tomará sus decisiones con absoluta independencia de cualquier poder y lo hará en función de rigurosos criterios técnicos», ha prometido.

En la comisión, la diputada de Más País Verdes Equo Inés Sabanés, ha recordado al interviniente que la nueva ley de cambio climático prohibirá la prospección y explotación de minería de uranio por lo que la tramitación administrativa del proyecto «en este caso tendría una consideración en la no autorización final».

Desde Unidas Podemos, el diputado Juan López de Uralde ha agradecido la «transparencia» del presidente del regulador al poner en conocimiento del Parlamento las citadas cartas de «empresas que tratan de presionar» de forma impropia — un «lobby intolerable»–, después de «años de oscurantismo» en el regulador.

A su juicio, la mina de Retortillo es «el mayor atentado ecológico que pende sobre el territorio nacional en este momento» y ha solicitado a Serena i Sender que la institución no ejerza de «consultora» de una empresa privada con recursos públicos, de modo que en su opinión, cuando una entidad traslade mala o insuficiente información se debería «cerrar la carpeta» de la solicitud de autorización.

Por su parte, el diputado de VOX Pedro Jesús Requejo ha afeado al CSN el retraso acumulado, ya que la empresa lleva desde 2010 intentando abrir una mina de uranio, una «actividad legal en España» y que en este periodo ha obtenido unas 120 autorizaciones y se ha sometido a una «auténtica jungla burocrática».

Después de un retraso de 4,5 años, para el diputado es «normal» y «justificado» que la empresa pregunte qué ocurre con el informe ya que ha invertido 94 millones de euros en el proyecto y contratado a 30 personas hasta la fecha, del millar de empleos previstos.

En su intervención, el diputado de grupo popular José Alberto Herrero ha recordado al presidente del regulador que efectivamente su papel es el de ser «independiente solo con los criterios técnicos» y ha añadido que el PP «no va a permitir que con su permisividad y demora, devalúe al CSN un órgano de los más prestigiosos del mundo».

Para el diputado, entre las obligaciones de Serena i Sender está también la de informar, colaborar y agilizar los trámites administrativos y legales. «Usted viene aquí a denunciar aquí falsas injerencias cuando han sido los grupos de la izquierda de este país los que intentaron boicotear a base de mentiras la ampliación de explotación el proceso de renovación de Garoña», ha espetado el diputado, que considera que en este caso solo se ha producido un requerimiento del promotor del proyecto para poner en marcha un proyecto «fundamental» para Salamanca en materia de empleo y riqueza.