La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 30 años de prisión a un vecino de Tudela como autor de tres delitos de abuso sexual a menores de 13 años, un delito de utilización de menores para la elaboración de material pornográfico y un delito de posesión de pornografía infantil.

Esta sentencia ha sido dictada después de que el pasado enero la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) hubiera anulado, por segunda vez, la absolución del procesado y hubiera ordenado a la Audiencia que dictara una nueva resolución valorando las imágenes y los vídeos de los dispositivos electrónicos incautados en una entrada y registro domiciliaria judicialmente autorizada en una vivienda de Tudela. El fiscal y la acusación particular habían solicitado 38 años de prisión, mientras que la defensa había reclamado la absolución.

La Sección Segunda de la Audiencia dictó una primera sentencia absolutoria el 15 de enero de 2019, que fue anulada por el TSJN con el fin de que se practicase en la vista oral la prueba admitida. Esta nueva resolución debía dictarse con una nueva composición del tribunal de primera instancia.

La Audiencia dictó una nueva sentencia absolutoria el 28 de agosto de 2020, que fue nuevamente anulada por el TSJN el pasado 11 de enero. El Tribunal Superior ordenó que los mismos magistrados de la Audiencia dictaran una nueva resolución valorando, «con plena libertad de criterio», las pruebas halladas en una entrada y registro del domicilio del acusado llevada a cabo el 22 de junio de 2016, en la que se halló material pedófilo.

Ahora, en esta tercera sentencia, tras valorar esas pruebas, la Sección Segunda de la Audiencia ha impuesto al inculpado, natural de Venezuela, de 40 años, las siguientes penas de prisión: 9 años y 6 meses por un delito continuado de abuso sexual con penetración a menor de 13 años; 11 años y 6 meses por un delito de abuso sexual en concurso con otro delito de utilización de menores de edad para la elaboración de material pornográfico; 6 años por un delito de utilización de menores de edad para la elaboración de material pornográfico; 2 años por un delito de abuso sexual a menor de 13 años; y 1 año por un delito de posesión de pornografía infantil.

El procesado, además, deberá indemnizar a dos de las víctimas menores de edad con 5.000 euros a cada una de ellas, según ha informado el TSJN. Esta tercera sentencia puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Navarra.

Los hechos que motivaron este procedimiento, ha añadido, comenzaron el 14 de junio de 2016, cuando el inculpado se dejó olvidado en un banco del Paseo de Invierno de Tudela un bolso tipo bandolera que contenía, en el interior de una bolsa blanca, una memoria USB y dos tarjetas SD, así como documentación personal. Una mujer lo llevó a dependencias de la Guardia Civil.

Un agente revisó la documentación, avisó a la policía local para proporcionarle la información, como es práctica habitual con los objetos perdidos, y realizó una copia «de salvaguarda o de seguridad» de la memoria USB y las tarjetas. Al día siguiente, el propietario fue al cuartel a recoger sus pertenencias, y se marchó con ellas.

Posteriormente, sobre las 14 horas, un guardia civil que procedió a comprobar la copia de salvaguarda halló imágenes de contenido pornográfico con menores, en algunas de ellas con la intervención del encausado.

Por este motivo, se confeccionó un atestado policial, que fue entregado el 21 de junio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Tudela. Este juzgado dictó ese mismo día un auto de entrada y registro en el domicilio del investigado «al objeto de poder encontrar efectos e instrumentos del delito de agresión sexual, pornografía infantil y cualquier otro contra libertad e indemnidad sexual».

En este registro, que se llevó a cabo el 22 de junio, tras serle requeridas, el acusado facilitó de forma voluntaria la memoria USB y las dos tarjetas SD que había perdido el día 14. Asimismo, los agentes se incautaron de diverso material informático (ordenadores, teléfonos, discos duros, CDs, DVDs y memorias digitales). Dos meses después, el 28 de agosto, se realizó otra entrada y registro por mandato judicial.

En su segunda sentencia, la Sección Segunda de la Audiencia absolvió al procesado al entender que todas las diligencias de investigación se derivaron «directa y sucesivamente» del visionado de la copia de salvaguarda que se realizó el 14 de junio «careciendo de cobertura legal, autorización, necesidad y sin que existiese urgencia alguna».

La Audiencia concluyó que, en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda prueba obtenida a partir de la información derivada de pruebas vulneradoras del derecho fundamental a la intimidad «quedan contaminadas por la ilicitud de la fuente de prueba por existir una conexión de antijuricidad».

CONSENTIMIENTO DEL PROCESADO

En consecuencia, según expuso la Audiencia en su segunda sentencia absolutoria, tanto el consentimiento del acusado como los sucesivos registros se justifican en los hallazgos obtenidos con anterioridad, «y todos ellos comprometen el derecho a la intimidad» consagrado en el artículo 18 de la Constitución Española.

Sin embargo, ahora, en la tercera sentencia dictada después de que el TSJN hubiera anulado las dos anteriores, la Sección Segunda estima que esa argumentación ha quedado superada tras el fallo del Tribunal Superior.

«No obstante, el pronunciamiento efectuado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia en su sentencia nº 2/2021 nos releva de la valoración correspondiente a si los medios de prueba que posteriormente se han obtenido pueden considerarse independientes o autónomos de la fuente ilícita, así como de valorar la existencia de un nexo entre las pruebas de cargo y las que tienen su origen en otras obtenidas ilícitamente y la posible atenuación de dicho nexo por la concurrencia de un acto o actos posteriores que puedan reparar la ilegalidad original; así como de valorar la concurrencia de los requisitos y entidad que deben tener estos, en caso de que se aprecien», argumenta en esta ocasión la Audiencia en su sentencia condenatoria.

Al respecto, el TSJN señala que en su sentencia del pasado enero constató «una persistencia del acusado en la tenencia de unos materiales presuntamente delictivos que constituyen en sí mismos un contenido sustantivo propio».

En este sentido, los magistrados expusieron que «el delito de elaboración y tenencia de pornografía infantil no agota sus efectos o no tiene por qué agotarlos en la aprehensión de un solo dispositivo que contenga este tipo de imágenes, y no se le puede dar al acusado una patente de corso para continuar poseyendo material incriminatorio indefinidamente». «Una cosa es la ilegitimidad del primer examen de la memoria USB incautada y otra distinta la persistencia del acusado en mantener material que pudiera constituir prueba de los delitos de pornografía infantil y abuso sexual a menores que se le imputan», añadieron.

Tres personas han sido detenidas en Salamanca después de participar en una fiesta ilegal dentro de un taller y darse a la fuga en un coche cuando la Policía les trató de identificar, para luego huir por las calles de la ciudad y por su entorno a velocidades que llegaron a superar los 180 kilómetros por hora, embestir en hasta cuatro ocasiones al coche de los agentes que trataba de darles el alto y terminar chocando contra la fachada de una vivienda.

Según han informado fuentes policiales, una llamada sobre las 23.05 horas de este viernes alertó de que en el interior de un taller de la calle Fernando de la Peña había personas haciendo ruido, en lo que parecía una fiesta ilegal.

Al llegar, miembros de la Policía Local vieron por una ranura que al menos cinco personas estaban dentro pero, a pesar de llamar, nadie quiso abrirles la puerta, por lo que decidieron esperar fuera hasta que, sobre las 2.45 horas, salieron dos hombres y una mujer que se montaron en un vehículo.

A la altura de la calle Alfonso de Castro y la Avenida de Portugal, los policías les dieron el alto y les pidieron la documentación, pero en ese momento, el conductor aprovechó para acelerar de golpe y darse a la fuga.

Así comenzó una persecución por Paseo de la Estación, Avenida de los Comuneros, calle Colombia y carretera de Aldealengua para luego seguir por los términos municipales de Cabrerizos, Moriscos, Castellanos de Moriscos y Villares.

CONTRA EL COCHE POLICIAL

En una rotonda del Polígono de los Villares, la Policía Local cruzó un coche para tratar de que parasen pero tuvo que retirarse cuando el vehículo fugado trató de embestir para seguir adelante en su intento de huida.

De nuevo en Cabrerizos, sí que chocó con la dotación policial, incluso regresó marcha atrás para golpear de nuevo, luego reanudó la marcha hasta que chocó con los agentes otra vez en la calle Los Rosales, donde el coche fugado llegó a impactar además contra la fachada de una vivienda.

A continuación, el conductor reanudó su intento de fuga , golpeó de nuevo contra los agentes y en la calle Jesús Arambarri se sumó la Policía Nacional, al tener conocimiento de lo que estaba pasando, así hasta que el coche fugado se empotró contra la fachada de otra vivienda en la calle Los Arroyos.

En este punto, los acompañantes, un hombre y una mujer, fueron ya detenidos pero el conductor logró escapar a pie, a pesar incluso de que los agentes tuvieron que disparar dos veces al aire para evitar que prosiguiese con su actitud, aunque finalmente fue interceptado y detenido, a pesar de tratar de golpear a los policías.

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha jurado este viernes su cargo en el Congreso de los Diputados, donde ha explicado su visión de una Corporación que, bajo su mando, sea «referente», un «foro público» y con una «agenda política propia».

En declaraciones a los medios, Pérez Tornero ha explicado que es el momento de «recuperar la ilusión» y del «cambio» para «cumplir con la misión» de ser «foro público» y acompañamiento «a los ciudadanos en la dificultad» ante la pandemia y la crisis económica.

Además, cree que RTVE debe ser «referente» y «alcanzar relevancia» sin que esto signifique «solo audiencia», sino un público «significativo». También propone «marcar» una «agenda informativa propia» que sea «la que demanden los ciudadanos».

Según ha explicado, esto lo hará con un «nuevo método de Gobierno con consenso» y con la «confianza» que, ha indicado, tiene «en los trabajadores» de la Corporación que, a su juicio, son quienes «pueden impulsar el cambio».

UNA RTVE «INDEPENDIENTE, PLURAL Y PROFESIONAL»

Tanto Pérez Tornero, como los nuevos consejeros de la dirección de RTVE, Ramón Colom, Elena Sánchez, Concepción Carmen Cascajosa, José Manuel Martín Medem, Roberto Lakidaín, María Carmen Sastre, Jenaro Castro, Consuelo Aparicio y Juan José Baños, han jurado su cargo usando la misma fórmula por la que han prometido ejercer «fielmente» su cargo «con fidelidad al Rey, acatando la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico».

El juramento ha tenido lugar en el conocido como Salón de los Pasos Perdidos del Congreso y en él han estado presentes las presidentas de las dos Cámaras, Meritxell Batet (Congreso) y Pilar Llop (Senado), la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en representación del Gobierno, así como la vicepresidenta segunda de la Cámara baja, Ana Pastor, el secretario tercero de la Cámara alta, Rafael Hernando y el secretario de grupo parlamentario socialista en el Congreso, Rafael Simancas, entre otros.

Batet se ha dirigido al nuevo Consejo de Administración de RTVE para recordarles que tienen «por delante un gran trabajo y el deber de proteger e impulsar» el «instrumento fundamental» que tiene la sociedad para que sea garantizado «su derecho una información rigurosa y veraz». En este sentido, ha llamado a una Corporación pública «independiente, plural y profesional».

En su discurso ha recordado que el juramento que ha tenido lugar este viernes es consecuencia del primer acuerdo de renovación de una institución de designación parlamentaria desde «marzo de 2017» y ha reconocido el «procedimiento largo de diálogo, reconocimiento y aceptación» entre las fuerzas políticas para lograrlo.

BATET DESTACA EL CONSENSO

«El consenso difícilmente aparece. Se construye con esfuerzo lealtad y disposición al diálogo», ha declarado la presidenta del Congreso, antes de indicar que «este mismo consenso es necesario en otras instituciones» que lo reclaman «desde gace tiempo».

Batet ha señalado que un órgano que nace del consenso debe también «actuar por consenso» o, «al menos, con lealtad y esfuerzo por llegar a acuerdos». Es por eso que espera que el nuevo Consejo de Administración de RTVE asuman con este espíritu sus nuevas labores. Batet les ha deseado los «mejores deseos» y les ha recordado que deben trabajar «para servir» a «la sociedad española» y no a quienes «les han elegido».

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este viernes a los andaluces «máxima precaución» ante los días festivos de la Semana Santa, porque podría producirse una «cuarta ola» de la pandemia del coronavirus «de manera inminente» ante el aumento en el número de contagios que se está viendo ya.

En declaraciones a los periodistas en la localidad malagueña de Mijas, el presidente ha expuesto, sobre la situación de la pandemia en Andalucía, que estamos en un momento de «tensa espera», ya que aunque estamos en una situación de «meseta», ya vemos una aceleración de contagios en muchos territorios, y «todo parece indicar que vamos camino de un rebrote de contagios y que podría darse esa cuarta ola de manera inminente».

En este sentido, ha pedido a los andaluces la «máxima precaución», porque se trata de evitar lo evitable, es decir, aglomeraciones, reuniones en casas cerradas u otras situaciones de riesgo.

«Que seamos cautos, porque esto todavía no ha acabado», según ha recalcado el presidente, quien ha indicado que aunque en Andalucía se está vacunando a buen ritmo, el número de vacunas que sigue llegando resulta insuficiente y de he hecho esta comunidad tiene un déficit de 471.0000 vacunas respecto a su nivel de población en el conjunto del estado.

El presidente ha insistido en que Andalucía está preparada para poner medio millón de vacunas a la semana y lograr el objetivo de llegar a junio con el 70 por ciento de la población vacunada.

Asimismo, ha defendido las decisiones que se adoptaron en el seno del comité de expertos el pasado miércoles 17 de marzo sobre el cierre perimetral de la comunidad y de cada una de las ocho provincias, así como las relativas al inicio del toque de queda a las 23,00 horas y al cierre de los sectores de hostelería y comercial a partir de las 22,30 horas.

Ha indicado que el cierre perimetral de la comunidad y de provincias no se ha decidido por criterios políticos, sino por criterios técnicos, tratando de evitar una situación que podría ser lamentable en términos de salud.

Moreno ha manifestado que si llega finalmente llega la cuarta ola, su Gobierno va a intentar que sea menos intensa que en otros territorios y que no se den situaciones como las que se produjeron tras las vacaciones de navidad. No obstante, ha mostrado su preocupación por la presencia de distintas cepas del coronavirus, que son más contagiosas, lo que nos tiene que llevar máxima preocupación.

Asimismo, Moreno ha descartado la aplicación en Andalucía de la nueva medida planteada por el Ministerio de Sanidad sobre el cierre del interior de bares y restaurante en comunidades con una tasa de incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes.

Ha manifestado que las medidas actualmente vigentes en esta comunidad y que se adoptaron en el seno del comité de expertos estarán en vigor hasta el 9 de abril y, a partir de ahí y en función de la situación epidemiológica, se decidirá si se adoptan o no nuevas medidas. Ha confiado en que no haya que tomar medidas más restrictivas, lo que va a depender también del comportamiento individual y colectivo de la ciudadanía.

El Consejo General de Enfermería acaba de publicar el Informe de Recursos Humanos en Enfermería 2020, una radiografía exhaustiva de la situación de la profesión en España en relación con la enfermería a nivel internacional, pero que también muestra las diferencias entre comunidades autónomas o con otras profesiones sanitarias. Así, se observa que la ratio nacional es de 5,6 enfermeras por cada 1.000 habitantes.

«Si observamos los datos desglosados por comunidades autónomas encontramos que existen grandes contrastes entre todas ellas, un dato que pone en evidencia el principio de equidad en el que supuestamente se basa el Sistema Nacional de Salud y tiene una clara repercusión en la pandemia de COVID-19», subraya Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Como en años anteriores, Navarra es la comunidad autónoma que mayor número de enfermeras tiene con 8,6 enfermeros no jubilados por cada 1.000 habitantes. Siendo la única comunidad autónoma que supera la media de la Unión Europea. El contraste queda puesto de manifiesto cuando lo comparamos con el dato de Galicia (5,19 enfermeros no jubilados por 1.000 habitantes), Andalucía (5) o Murcia (4,59), las regiones con las menores ratios.

Por encima de la media nacional, a Navarra le siguen, con mucha diferencia 3 comunidades, País Vasco (7,69), Castilla y León (7,07) y Extremadura (6,92). Asimismo, Melilla se sitúa con 7,14 enfermeras no jubiladas por 1.000 habitantes.

Según los datos del Ministerio de Sanidad de 2018, en España hay un total de 256.333 enfermeras trabajando tanto en el sector público como en el privado, lo que supone una ratio de 5,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes. En base a esta misma fuente, en el SNS, en el año 2017 trabajaban 175.594 enfermeras en el ámbito público.

En los centros de salud y en consultorios de Atención Primaria lo hacían 29.662 (0,6 por 1.000 habitantes) y en los hospitales del SNS 141.132 (3,0 por cada 1.000 habitantes). En los servicios de urgencias y emergencias 112/061 trabajaban 2.964 enfermeras/os.

En el ámbito privado, según el informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) se estima que, el año 2017, había 70.078 enfermeras/os trabajando en el sector privado: 29.942 en el ámbito hospitalario y 45.136 en el extrahospitalario.

En términos globales señalan que se podría decir que en España se necesitarían actualmente 110.000 enfermeras más para alcanzar las medias de las ratios europeos. Sin embargo, en el informe también se detalla la estimación de necesidades de enfermeras para llegar a la ratio de la Unión Europea a medio y largo plazo. De tal forma que en 2023 esa cifra se situaría en las 108.000 enfermeras, llegando a las 127.000 en 2030, si se mantienen el crecimiento demográfico, la formación y el empleo enfermero actual.

A NIVEL INTERNACIONAL

En el ámbito internacional el informe analiza distintas fuentes (OMS, OCDE, Eurostat) para conocer la situación de la enfermería española con respecto a otros países. Así, España se encuentra en la posición número 61 del ranking mundial según la OMS, con una ratio de 5,73 enfermeras por cada 1.000 habitantes, mientras que los médicos se posicionan en el número 26, lo que supone que se está tres veces mejor posicionada en lo que se refiere a médicos que a enfermeros.

De hecho, España es uno de los países con menos enfermeras por cada médico del mundo, situándose en la posición número 142 de los 193 países cuyos datos se disponen a nivel mundial, con una ratio de 1,48 enfermeras por cada médico.

Por su parte, la OCDE sitúa a España en el cuadrante de «muchos médicos y pocas enfermeras», ya que comparado con la media de los 35 países de este entorno la media de médicos por 1.000 habitantes es superior (3,9 vs 3,5) mientras que la ratio de enfermeras es notablemente inferior (5,7 vs 8,9).

Si se observa sólo el entorno europeo (Eurostat), España se encuentra por debajo de la media de los países de la UE, obteniendo la posición 12 de 30 en menor ratio de enfermeras profesionales, superando solamente a los países de Europa del Este. La posición es aún peor, cayendo hasta el puesto 7, en menor ratio de enfermeras totales de atención directa (profesionales y asociadas).

En función de las distintas fuentes consultadas por los autores del informe, la media de la ratio de enfermeras por habitantes oscila entre las 7,68 de Eurostat, las 8,18 de la OCDE y las 8,77 de la OMS, mientras que España cuenta con una ratio de 6,02 enfermeras no jubiladas por cada 1.000 habitantes.

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha aportado al juez que investiga la presunta financiación irregular del partido un historial de vuelos a México y otros países, así como declaraciones tributarias por los más de 26.000 euros que cobró de la matriz mexicana de Neurona, a fin de acreditar que trabajó para la consultora política, en contra de lo que sospecha el instructor del caso, que cree que ese dinero fue una comisión para que el partido contratara a la empresa.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, trata de averiguar a qué se deben los 26.200,31 euros que, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Monedero cobró el 25 de enero de 2019 de Neurona Consulting –la matriz mexicana de la empresa española Neurona Comunidad, a la que Podemos contrató para la campaña electoral de 2019– por supuestos servicios de consultoría política.

Monedero los justificó en su momento con una factura con fecha de 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares bajo el concepto de «300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia», lo que implica que habría viajado a dichos países.

El ex dirigente ‘morado’ entregó al juez, el mismo día de su declaración como imputado en el caso ‘Neurona’, una serie de documentación con la finalidad de demostrar que hizo el trabajo. Entre esta documentación consta un historial de operaciones de Iberia que refleja los billetes de avión emitidos a Monedero durante 2018, incluidos tres viajes de ida y vuelta a México, dos vuelos a Argentina, uno a Colombia y otro a Brasil.

No obstante, Escalonilla solicitó a la Embajada de México en España que comprobara si su Sección Consular había expedido un visado a nombre de Monedero. «Sobre el particular, se hace de su conocimiento que no existe en esta oficina registro de atención de trámite y/o expedición documental de visa a ese nombre», ha comunicado la legación diplomática al juez, en un fax del 22 de marzo.

Según la información ofrecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores español en su web, es posible viajar a México sin visado para realizar una actividad profesional de corta duración siempre que se esté empleado y retribuido en otro país. Así, explica que sería el caso de un trabajador de una empresa española retribuido en España. Pero, para realizar actividades remuneradas en México, siempre es necesario visado, aclara la diplomacia española.

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Monedero también aportó una serie de correos electrónicos con Andrea Edlin López, una de los dos socios de Neurona Consulting, en los que le plantea facturar por horas, proponiendo 300 horas «con un costo medio de 100 dólares la hora».

«Aunque excede de las 300 horas, creo que es una manera de poder medir el trabajo realizado», le explica Monedero en un ‘email’ del 29 de diciembre de 2018, adjuntando el detalle de las horas de trabajo imputables a cada país.

López le contesta dos días después para indicarle que quedan «en espera» de recibir la factura, facilitándole para ello los datos de la empresa. Ya en enero DE 2019, el día 13, Monedero le remite un archivo de Excel titulado ‘Factura Neurona’.

El cofundador de Podemos entregó asimismo una declaración de IVA y la declaración anual de operaciones con terceras personas por los 26.156 euros recibidos de Neurona.

SOSPECHAS DE UNA «FACTURA FALSA»

Tanto el juez como la UDEF sospechan que sería una «factura falsa» y se basan en tres motivos: que las labores de consultoría son un concepto habitual en facturas falsas porque es un servicio difícil de comprobar; que solo figura como emisor Neurona Consulting cuando debería constar Monedero; y que se emite como ‘factura número 1’ el último día del año y en domingo.

Escalonilla ha concluido, «indiciariamente», que Monedero «tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos» para la campaña electoral de 2019, apuntando así a la posibilidad de que ese dinero fuera en realidad una comisión.

Monedero, en su declaración como investigado del pasado 15 de marzo, negó que fuera una factura falsa, si bien admitió «errores» en la misma que justificó aduciendo que la elaboró él mismo y no es un experto en contabilidad ni fiscalidad.

El ex dirigente ‘morado’ también se desvinculó del hecho de que Podemos decidiera contratar a Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, negando igualmente que esos 26.000 euros fueran una comisión por ello.

EL CASO ‘NEURONA’

El núcleo de esta causa es el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales de 2019, y que el juez sospecha que sería un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’.

A lo largo de la instrucción, Escalonilla ha archivado varios asuntos que constaban en la denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente, de la que partió el caso Neurona, tales como los contratos electorales con ABD o las obras de la nueva sede del partido. También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad de la formación política a organizaciones afines pero la Audiencia Provincial le ha ordenado reabrirla.

Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.

La comunidad judía de España, compuesta por unas 45.000 personas, celebra este sábado 27 de marzo, con la salida de las primeras estrellas, la festividad de Pésaj, la Pascua judía, durante la cual, este año, los rabinos de España entonarán una oración especial en memoria de los fallecidos por la Covid-19, por la recuperación de los enfermos y por las familias que están sufriendo.

Los judíos recuerdan en este día la salida del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, hace 3.300 años, liderados por Moisés, el paso por el desierto durante 40 años y la llegada a Canaán, la tierra prometida.

Este año, al igual que en 2020, la cuarentena por la pandemia imposibilitará los encuentros familiares en torno a la mesa de una de las festividades más solemnes del calendario judío, según informa la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).

Es tradición prepararse para Pésaj con una limpieza profunda. Las familias limpian a conciencia las casas y algunas guardan el menaje de uso diario en la cocina para sustituirlo estos días de Pascua por una vajilla especial.

Además, durante la semana que dura esta fiesta no se consumen alimentos fermentados en recuerdo de la premura por salir de Egipto que impidió hacer pan con levadura. La Matzá (pan ácimo) sustituye al pan normal.

La gran cita de Pascua es la noche del Séder, la cena pascual, que este año se celebra el sábado 27 de marzo. Esta noche es especial porque recuerdan en familia el capítulo de la salida de Egipto, y adornan la mesa con un plato especial (keará) que contiene seis alimentos simbólicos que evocan la historia de los israelitas.

Estos alimentos son: el ‘maror’, hierbas amargas frescas que simbolizan el sufrimiento del pueblo durante la esclavitud; el ‘jazeret’, tronco de lechuga que simboliza la dureza de la esclavitud; y el ‘jaroset’, una pasta dulce de color marrón, mezcla de diversos frutos secos, manzana y miel que representa la argamasa que los israelitas esclavos fabricaban en Egipto.

También destacan otros como: el ‘karpas’, una verdura de sabor amargo (perejil o apio) que se moja en agua salada en recuerdo de la venta de José por sus hermanos que fue la causa del exilio en Egipto; ‘zeroa’, muslo de pollo o carne cocida que recuerda el sacrificio del cordero que hicieron los israelitas en Egipto; y ‘beitzan’, huevo cocido con su cáscara que simboliza el sacrificio que se ofrecía en el Templo de Jerusalén.

Asimismo, es tradición que el más pequeño de la casa pregunte por el significado de la celebración y es la explicación la que recuerda este capítulo de la historia.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, es el miembro del Consejo de Ministros que más patrimonio tiene, con un total de 3.943.219,78 euros, según la declaración de bienes y derechos patrimoniales publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, en la que también consta que tiene créditos pendientes por valor de 1.115.000 euros. Tras él, figuran el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con 1,8 millones de patrimonio, y el del Ciencia e Innovación, Pedro Duque, con 1,4 millones.

Por el contrario, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, son los que menos patrimonio tienen. El primero debe 26.804 euros más del patrimonio que declara –tiene 130.405 euros de patrimonio y un pasivo de 157.208 euros–, y Díaz cuenta con un activo de 50.552,442 euros, y una deuda pendiente de 25.324 euros.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha hecho públicas todas las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado que fueron cesados o nombrados a lo largo del año 2020. Por ello no figura la del ministro responsable de esta cartera, Miquel Iceta, que fue nombrado ya en 2021.

Según la resolución publicada en el BOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene un patrimonio de 372.979 euros, de los cuales 180.794 euros corresponden a bienes inmuebles; 73.159 a cuentas bancarias; 5.550 a acciones y participaciones en capital social o fondos propios de entidades jurídicas no negociadas; 85.865 en seguros de vida y de planes de pensiones; y 27.609 euros en otro tipo de bienes y derechos de contenido económico. Además, informa de que tiene deudas pendientes por valor de 161.329 euros.

En comparación con la declaración que presentó al llegar a la Moncloa en 2018, el patrimonio de Sánchez ha crecido en 30.000 euros. En concreto, el presidente mantiene los mismos bienes inmuebles, pero ha aumentado en 50.000 euros su dinero en depósitos y cuentas respecto a la que presentó entonces, y 85.865 en seguros de vida y planes de pensiones. Al mismo tiempo, declara 110.000 euros menos en el concepto otros bienes y derechos de contenido económico, y ha logrado rebajar su pasivo en 30.000 euros.

Sánchez no es ni de lejos el miembro del Gobierno con más patrimonio. Por encima de él, además de Castells, está el ministro Escrivá, que declara un patrimonio de 1.870.972 euros, con un pasivo de 296.338 euros; y el titular de Ciencia e Innovación, el tercero con más patrimonio: 1.434.165 euros, y sin deudas.

También se sitúa en la parte alta de la tabla la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, con un patrimonio de 1.264.975 euros en total, con inmuebles por valor de 395.155 euros, y más de medio millón de euros en acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de I.I.C. negociadas. Celaá declara créditos pendientes por valor de 122.950 euros.

Ya por debajo del millón está la ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, con un patrimonio de 870.816,03 euros, sin pasivos. Le sigue la ministra de Defensa, Margarita Robles, con 772.809,87 euros de patrimonio, y también sin deudas.

MONTERO SUPERA EN PATRIMONIO A IGLESIAS Y AMBOS SUMAN 1,169 MILLONES

La siguiente en la lista de los ministros con más patrimonio es la ministra de Igualdad y ‘número dos’ de Podemos, Irene Montero, con 629.969 euros de patrimonio declarados, de los cuales 335.049 son de bienes inmuebles. También informa de deudas pendientes por valor de 231.156 euros.

Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, tiene un patrimonio de 539.880 euros, de los cuales 233.282 son de bienes inmuebles, 111.000 euros de depósitos en cuentas bancarias, 187.500 en seguros de vida y planes de pensiones, y 8.000 en otros bienes, aunque tiene una deuda de 231.156 euros. Lo que arroja un patrimonio neto de 310.724 euros.

Después está la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien tiene un patrimonio de 519.113 euros, menos una deuda de 58.369 euros. A su vez, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, tiene un patrimonio acumulado de 466.967, con bienes inmuebles valorados en 162.073 euros y 176.828 euros en cuentas. Según su declaración, no tiene deudas.

Tras ella, están el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con un patrimonio de 457.922 euros, sin deudas; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con 362.965 euros de patrimonio, también sin créditos pendientes; y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que declara un total de 342.011 euros, sin deudas declaradas.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, acumula un patrimonio de 335.630 euros, resultante de los 288.675 euros que tiene en bienes inmuebles y los 46.955 que declara en cuentas bancarias. Según su declaración, tampoco tiene préstamos pendientes.

A continuación se situaría el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con 313.488 euros, y una deuda de 20.628 euros; la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, con 299.362 euros, y una deuda de 100.664 euros; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con un patrimonio de 225.308 euros, y una deuda de 199.312 euros; y el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, con 147.000 euros, sin deudas.

LA TITULAR DE HACIENDA, GARZÓN Y YOLANDA DÍAZ, EN LA COLA

Ya entre los que menos patrimonio declaran están la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien informa de un patrimonio de 131.855 euros, de los cuales tiene 113.231 euros en bienes inmuebles y 18.124 euros en cuentas bancarias. Además, a lo que habría que restar un pasivo de 112.778 euros.

Por último está el ya mencionado ministro Garzón, que tiene 130.405,37 euros de patrimonio en total, y debe 157.208,83 euros, lo que arroja una saldo neto negativo de 26.804 euros; y la ministra de Trabajo y futura vicepresidenta –cuando Iglesias deje el Gobierno la semana que viene–, que declara un patrimonio de 50.552,44 euros, y una deuda de 25.324,49 euros.

Además de los ministros, entre los 626 altos cargos cesados o nombrados en 2020 que hacen público su patrimonio y sus bienes, destaca, por ejemplo, el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, con un patrimonio de 136.325,47 euros en depósitos y 19.102,82 euros en seguros de vida y planes de pensiones, y que no declara bienes inmuebles en propiedad ni deudas.

ALTOS CARGOS MILLONARIOS

De toda la lista de altos cargos publicada, el mayor patrimonio lo declara la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, que cuenta con un total superior a los siete millones de euros, con dos millones en bienes inmuebles y casi 2,5 millones en acciones.

Detrás aparecen el director general del Tesoro, Pablo de Ramón-Laca, que declara 4,7 millones, fundamentalmente en acciones (más de cuatro millones), y Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con un patrimonio superior a los cuatro millones de euros, incluyendo un millón en bienes inmuebles, otro en depósitos y cuentas y 1,83 millones en acciones.

Este club lo completa Maria Luisa Huidobro, embajadora en Omán, que figura con cuatro millones de euros de patrimonio, incluyendo 1,79 millones en bienes inmuebles y 1,5 millones en acciones, además del citado ministro Castells, con casi 4 millones.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Murcia ha criticado que el nuevo alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, ha comenzado su mandato «insultando el honor y la profesionalidad de los funcionarios y los servicios municipales responsables del control de los medios públicos del Consistorio» al hacer pública su intención de hacer una auditoría de la gestión municipal.

Desde el PP defienden que los diferentes departamentos del Ayuntamiento «no tienen nada que esconder en un cajón», informaron fuentes del partido en un comunicado.

En este sentido, desde las filas ‘populares’ han exigido a Serrano que deje de poner en cuestión el trabajo «honrado y legal» que desempeñan todos los funcionarios municipales, que se someten periódicamente a los preceptivos controles de fiscalización previstos en la normativa vigente.

Para el PP, este hecho responde al afán de «estirar el chicle de la falsa corrupción» como fórmula para desacreditar al Partido Popular y así justificar «el asalto» que, en su opinión, consumó el PSOE este jueves en el Ayuntamiento, basado, en su opinión, «en la trama de falsedades e insidias destapada en los audios del imputado, secretario regional de los socialistas, Diego Conesa».

Al respecto, el Partido Popular en la Glorieta ha argumentado que «continuará defendiendo el buen nombre de los murcianos, del Ayuntamiento y la profesionalidad de sus funcionarios municipales», que son los fedatarios públicos responsables de la gestión y de la auditoría de la actividad municipal.

Asimismo, ha asegurado que los servicios municipales están «perfectamente auditados» por sus responsables y «no tienen nada que esconder en ningún cajón».

Además, desde el PP de Murcia han apuntado que los informes emitidos por los Servicios Jurídicos siempre han avalado la legalidad de todos los expedientes y proyectos realizados en el Ayuntamiento por parte de sus funcionarios.

«No existe ninguna causa judicial abierta. Tampoco hay un solo cargo que esté investigado», han señalado.

Finalmente, los ‘populares’ han recordado que el máximo órgano de contratación en España y los numerosos informes dictados por los Servicios Jurídicos Municipales constatan «la legalidad y rigurosidad de todos los expedientes tramitados y avalan el trabajo que desempeñan los funcionarios del Consistorio».

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidirá el próximo 28 de marzo, en la Catedral, la celebración del Domingo de Ramos, que se realizará con presencia de fieles, cumpliendo las medidas establecidas frente a la pandemia, y se retransmitirá por el canal Youtube de la Seo.

A diferencia del año pasado, en esta ocasión los fieles podrán asistir presencialmente a las celebraciones de Semana Santa y a los Oficios en sus parroquias, también en la Catedral, respetando las medidas por la pandemia y las indicaciones establecidas por la delegación diocesana de Liturgia a partir de la nota emitida por la Conferencia Episcopal Española, subraya el Arzobispado en un comunicado.

De esta forma, la celebración en la Catedral del Domingo de Ramos, presidida por el Arzobispo, comenzará a las 10.30 horas con la bendición de palmas y ramos, seguida por una procesión interior en la Seo y la celebración de la misa, concelebrada por el Cabildo Metropolitano. Igualmente, el domingo tendrán lugar, a las 17.00 horas en la Seo, las II Vísperas solemnes y adoración de la Santa Cruz.

Para facilitar la participación de las personas enfermas y mayores, y también para poder cumplir las restricciones de aforo posibilitando el seguimiento de las celebraciones desde los hogares, el canal Youtube de la Catedral retransmitirá en directo la misa del Domingo de Ramos y los Oficios de Semana Santa.

Siguiendo las orientaciones establecidas por el Arzobispado, el Domingo de Ramos, tanto en la Catedral como en las parroquias, se omitirá la procesión de los Ramos en la vía pública pero sí están permitidas, este día, las procesiones por el interior de los templos grandes, explican desde la delegación diocesana de Liturgia.

También se permite, en todos los templos, la bendición de los Ramos «en la puerta del templo, antes de la misa del domingo, y también en las misas del sábado por la tarde». En el caso de las iglesias pequeñas, tras la bendición de los ramos en la puerta, los fieles accederán y permanecerán sentados.

LOS FIELES LLEVARÁN SUS PROPIAS PALMAS Y RAMOS

Además, conviene que las palmas o ramos sean traídos por los propios fieles y si los reparte la parroquia, quienes los corten y trasladen, y también quienes los repartan en la entrada del templo, deben usar guantes.

Para la lectura de la Pasión, se deben usar tres lugares distintos, de manera que dos lectores no ocupen el mismo espacio.

Del mismo modo, las orientaciones, que han sido remitidas a todas las parroquias de la Archidiócesis, establecen que, con carácter general, se eviten los actos religiosos en la vía pública y aquellos ritos que supongan algún riesgo sanitario, como tocar imágenes, y para facilitar la participación presencial en actos se aconseja multiplicar las celebraciones, donde sea necesario, para que el límite de aforo no impida la asistencia.

MISAS Y OFICIOS EN LA CATEDRAL, TAMBIÉN POR YOUTUBE

Las celebraciones de Semana Santa en la Catedral continuarán el próximo Miércoles Santo, 31 de marzo, con la Misa Crismal a las 11 horas. El Jueves Santo, 1 de abril, habrá Laudes a las 10.30 horas y por la tarde, a las 19 horas, Misa «En la Cena del Señor». El Viernes Santo, 2 de abril, a las 10.30 horas será el Oficio de Lecturas y Laudes; a las 12 horas, el Vía Crucis solemne por el interior de la Seo; y a las 18 horas, los Oficios de la Pasión del Señor.

El Sábado Santo, 3 de abril, tendrá lugar a las 10.30 horas el Oficio de Lecturas y Laudes, y por la tarde, a las 18 horas, la Solemne Vigilia Pascual. El Domingo de Resurrección, 4 de abril, a las 9.30 horas se celebrarán los Laudes y la Santa Misa.

Las misas y Oficios de Semana Santa en la Catedral serán presididos por el Arzobispo y retransmitidos en directo, por streaming, a través del canal Youtube de la Seo.

El aún vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, dejará el Ejecutivo estatal la próxima semana, para ser candidato a la Comunidad de Madrid, con un patrimonio valorado en 539.880 euros y deudas contraídas por un importe de 231.156. Junto con Irene Montero suman un patrimonio de 1,169 millones de euros, de los que 601.518 euros son ahorros, pero mantienen una deuda de 462.312 euros.

Así consta en los datos que ha hecho públicos el Gobierno sobre todas las declaraciones de bienes de los altos cargos de la Administración General del Estado que fueron cesados o nombrados a lo largo del año 2020.

Concretamente, Iglesias tiene bienes inmuebles por valor de 233.282,15 euros y un saldo bancario de 111.098 euros, junto a un seguro de vida y planes de pensiones cuantificados en 187.500 euros y otros bienes cuyo importe se cifra en 8.000 euros. Mientras, las deudas alcanzan los 231.156 euros.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, declara unos activos mayores que los de su pareja y que ascienden a 629.969 euros repartidos en bienes inmuebles valorados en 335.049 euros, un saldo bancario de 107.420 euros y otros 187.500 en planes de pensiones y seguros de vida. Aunque el saldo neto asciende a 398.813 euros debido a que mantiene una deuda de 231.156,5 euros.

DECLARACIÓN DE IGLESIAS Y MONTERO EN EL CONGRESO

Estos datos reflejan que el patrimonio del aún vicepresidente segundo del Gobierno y la Ministra de Igualdad suma 1,169 millones de euros, con un ahorro entre cuentas corrientes, seguros y planes de pensiones de 601.518 euros. Frente a ello, mantienen un endeudamiento de 462.312 euros, lo que arroja un patrimonio neto de 707.537 euros.

En su declaración de bienes en el Congreso que presentaron tras ser elegidos en 2019, tanto Iglesias como Montero ya indicaron que debían todavía 467.657 euros del préstamo hipotecario de 540.000 euros que pidieron en mayo de 2018 para comprar a medias la casa de Galapagar (Madrid) en la que viven. Ahora, la deuda que declaran entre ambos es de 462.312 euros, un importe ligeramente inferior a la cifra declarada hace dos años.

Además de esta vivienda, Iglesias también declaró en el Parlamento que poseía una segunda propiedad en Ávila –ya quedó registrada en anteriores declaraciones–, de la que es propietario al cien por cien, 114.000 euros depositados en cuentas bancarias, una motocicleta adquirida en 2012 y el coche de 2017. Incluía en esa declaración la percepción de 46.460 euros procedentes de actividades económicas.

Los ahorros de Iglesias, desde entonces han crecido considerablemente, ya que suman 306.598 euros repartidos entre: 111.098 euros en cuentas corrientes y 187.500 euros en seguros de vida y planes de pensiones, además de otros 8.000 euros de otros bienes e intereses económicos.

También crece el ahorro de Irene Montero, que en 2019 declaraba en el Congreso depósitos en cuentas por valor de 136.190 euros, frente a los casi 300.000 euros –294.920 euros– que declara ahora divididos entre 107.420 euros en cuentas y 187.500 en seguros de vida y planes de pensiones.

En esa declaración de 2019 en el Parlameto, Montero, la ‘número dos’ de Podemos, añadió a la propiedad de Galapagar otras dos viviendas, un almacén, una finca urbana y otra rústica, todas al 50 por ciento y con fecha de adquisición en octubre de 2018 fruto de una herencia.

Navarra Suma ha considerado «indecente» que «el pentapartito de PSN, Geroa Bai, Bildu, Podemos e IE» pretenda modificar, «en estos momentos, cuando está en curso el procedimiento judicial contra Manu Ayerdi», el precepto legal que obligó a dimitir al exconsejero. Algo que, ha asegurado, «no responde al interés general, sino a beneficiar el interés personal de los cargos implicados en el caso Ayerdi».

«De manera silenciosa y sin hacerlo público, tras la finalización del Pleno de control, los cinco grupos que sostienen el Gobierno de Chivite registraron una proposición de ley para modificar el precepto legal que obligó a Ayerdi a dimitir», ha criticado en una nota la coalición de UPN, Cs y PPN.

La formación ha recordado que «la obligación legal que ahora se quiere modificar» determinó el cese de Manu Ayerdi «cuando dos autos sucesivos del Tribunal Supremo resolvieron abrir causa penal contra él por la posible comisión de dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos».

En opinión de Navarra Suma, «lo mínimo aconsejable por elementales razones de decencia democrática sería no proceder a la modificación del artículo en cuestión hasta la finalización del caso Ayerdi en los Tribunales de Justicia.

En este sentido, la coalición ha resaltado que «de la instrucción que está llevando a cabo el Juzgado que investiga la causa de Manu Ayerdi podrían derivar nuevos altos cargos investigados, que se beneficiarían de la modificación legal que pretenden ahora PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e IE».

Navarra Suma ha criticado que la motivación de los cinco grupos para este cambio «causa más estupor» ya que «pretenden justificarla en una modificación legal del Código Penal que afecta a la calificación como investigados en lugar de imputado producida en el año 2015, pero olvidan que la introducción del artículo 68 en la Ley Foral de Gobierno la llevaron a cabo esos mismos grupos tres años más tarde, en 2018».

Para la coalición, «es una indecencia poner y quitar leyes al servicio de un caso particular. Las leyes y las iniciativas del Gobierno han de estar siempre al servicio del interés general y no para satisfacer un concreto beneficio particular». «Esto último es lo que persiguen quienes quieren modificar precisamente ahora esta ley», ha afirmado.

«Parece que a los grupos que sostienen el Gobierno de Chivite les preocupan más otras cosas que su supuesto interés por la transparencia y la lucha contra la corrupción», ha concluido.

Activistas de Extinction Rebellion (XR) contra la emergencia climática han bloqueado a primera hora de este viernes el Paseo del Prado, frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para exigir al Gobierno que cumpla su promesa de poner en marcha asambleas ciudadanas cuyas recomendaciones sean vinculantes para garantizar que la sociedad es escuchada y sus demandas atendidas.

La asamblea, según han recordado, fue una promesa que les hizo la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que les recibió el 10 de noviembre de 2019.

Los activistas han instalado un centenar de sillas vacías para representar la «promesa incumplida de Teresa Ribera» que entonces les dijo que «compartía sus preocupaciones» pero que hasta ahora ha dejado «aparcada» la iniciativa. Una vez más la política y la economía se anteponen a la salud de los habitantes y la defensa del planeta», ha declarado Herrero que afirma desconocer los planes del Gobierno al respecto de esta asamblea que es «la tercera demanda» de Extinction Rebellion.

Para la ONG estos foros deben contar con entre 100 y 150 personas elegidas por sorteo en España a las que se formará e informará sobre el cambio climático para que después de un proceso de deliberación planteen propuestas consensuadas que el Gobierno debe comprometerse a que sean «vinculantes».

«No es una utopía, ya se han celebrado en Francia y Reino Unido a pesar de la pandemia y son esenciales para que la población pueda participar y nadie quede atrás», ha asegurado.

Pasadas las 9.30 horas, han creado un espacio en el asfalto del Paseo del Prado con cien sillas para representar una asamblea en la que han participado expertos como el científico del CSIC Fernando Valladares o sillas vacías que representan una Asamblea Ciudadana, acompañados por discursos del científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Fernando Valladares y activistas como Marta García Pallarés, Luis González Reyes de Ecologistas en Acción, Fernando Prieto del Observatorio Sostenibilidad), entre otros.

La organización ha denunciado el «actual hermetismo» del Gobierno y se muestra contraria a la «confiscación antidemocrática»» de la participación ciudadana.

Desde la organización han apuntado que desde el gobierno les han apuntado que la Asamblea Ciudadana por el Clima se organizaría de manera virtual en primavera de este año y XR exige que se organice en las mismas condiciones de seguridad sanitaria que los debates parlamentarios ante los graves problemas que «amenazan la participación real de la ciudadanía».

Durante el acto de reivindicación, la activista Candela Fernández, ha expresado las reclamaciones del colectivo al Gobierno y exige que las decisiones de la futura asamblea se pongan «por delante de todas las medidas cortoplacistas que plantee cualquier gobierno en el futuro» porque esta es «la mayor amenaza a la que se enfrenta la población en todo el planeta».

Asimismo, ha recordado que XR quiere que se alcancen emisiones cero netas en 2025 (frente al actual objetivo fijado en 2050). «Es muy exigente, pero tenemos que descarbonizarnos ya como sociedad», ha sentenciado.

Para el representante de Ecologistas en Acción, Luis González Reyes, en la actual emergencia climática es preciso acometer una reducción «muy importante y sostenida» de las emisiones de CO2 en el tiempo de manera diferenciada ante la responsabilidad de cada país.

«Vivimos una emergencia climática y una pérdida de biodiversidad similar a la última gran extinción. Entender la pérdida de la biodiversidad es entender muchas cuestiones que necesitamos como la regeneración del suelo, el agua, (…) que serían garantía para no tener pandémicas como la actual», ha manifestado.

Por ello, considera que ante el «desafío» se pueda afrontar con un «giro total» al orden económico, al capitalismo, con un cambio de los sistemas políticos y de la forma de satisfacer las necesidades. «Es el gran reto que tenemos como sociedad y debemos vivir un momento apasionante para tener sociedades que puedan vivir dignamente», ha concluido.

En la misma línea, la activista Marta García Pallares ha denunciado la «falta de coherencia» de las políticas públicas dado que mientras se tramitan leyes de cambio climático se firma acuerdos de comercio perjudiciales y a espaldas de los ciudadanos. Estos acuerdos, en su opinión, lejos de favorecer el comercio, las inversiones y el desarrollo son la pieza clave de la gobernanza internacional porque favorecen a las multinacionales y van en contra de la ciudadanía y el bienestar del planeta.

García Pallares ha tratado de explicado el Tratado de la Energía por el que España tiene planteadas 48 demandas en su contra por ir en contra de los intereses de empresas energéticas, igual que otros países como Holanda, Francia, Italia o Eslovenia, que tienen reclamaciones interpuestas por empresas que ven perjudicados sus intereses por las medidas ambientales adoptadas por distintos gobierno. «Este tratado camina en la dirección contraria a lo que los países se han comprometido a cumplir y debemos abandonarlo de forma urgente», ha apostillado.

También se ha referido a otros acuerdos comerciales de la UE como el que se está negociando con Mercosur que según advierte van a fomentar la deforestación en países como Brasil a cuyo gobierno ha definido como genocida y ecocida. Es hora de decir no a los acuerdos de inversión«, ha insistido.

Por su parte, Fernando Prieto además de exigir la asamblea ciudadana, quiere que esta tenga también participación en la toma de decisiones sobre el reparto de fondos Next Generation de la Unión Europea, para garantizar que se destinan a solucionar los problemas de cambio climático y biodiversidad.