El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, denuncia una «discriminación» del Gobierno central a Galicia en el reparto de fondos contra la pandemia, ya que la comunidad gallega «tendría que tener» 660 millones más con base en los criterios de financiación autonómica.

Así lo ha expuesto en una comparecencia en el Parlamento gallego, en la que se ha quejado de «múltiples ejemplos de penalización» que sufre Galicia debido a los «diferentes y cambiantes» criterios aplicados por el Estado. «Al final, siempre salimos trasquilados los mismos», asevera el conselleiro de Facenda.

En esta línea, recrimina que el Ejecutivo central lleva «muchos meses perjudicando a Galicia en el reparto de todos los fondos que se habilitan para la lucha contra la pandemia». Y es que «están recibiendo más recursos» aquellas comunidades que «tiene mayor renta per cápita», en detrimento del resto.

Pone de ejemplo que Galicia solo recibió el 2,5% de los fondos del plan de saneamiento y depuración de aguas, así como solo el 3,6% para la rehabilitación de viviendas. «Esta discrecionalidad no puede continuar», sostiene.

«ESFUERZO ADICIONAL» DE 90 MILLONES

En su intervención, Martínez ha señalado que el Gobierno gallego tuvo un gasto extraordinario de 629 millones en 2020 por la pandemia, con un «esfuerzo adicional» de 90 millones por encima de los recursos recibidos.

Se ha referido al gasto extra de: 270,3 millones para sanidad; 115,8 millones para educación; 70,2 millones para políticas sociales; y 53,7 millones para empleo, entre otras partidas.

Además, remarca el aplazamiento que se puso en marcha para el abono de impuestos autonómicos, del que se beneficiaron uno de cada cinco contribuyentes.

ALERTA SOBRE FONDOS EUROPEOS

Por ello, Valeriano Martínez ha llamado al «apoyo de todos los grupos» para demandar que se «corrija esta discriminación» en el próximo reparto de fondos europeos de reconstrucción en favor de la «cogobernanza».

Acusa al Gobierno de actuar «como si las comunidades fuesen una sucursal» o «una subcontrata». Por este motivo, no se muestra «optimista» acerca de los fondos europeos, dado que se están usando criterios «cambiantes» y «cada vez más alejados del sistema de financiación autonómico».

Lamenta que esta situación «no favorece a una recuperación cohesionada», dado que «aumentará la brecha entre las regiones más dinámicas y en convergencia». «Siempre estamos perdiendo los mismos», dice.

De tal forma, pide al Gobierno «igualdad» en el reparto en el Plan Nacional de Recuperación, Transición y Resiliencia, pues «no todas las comunidades están siendo tratadas por igual».

CIERRE DE 2020 «RIGUROSO» Y «SOLVENTE»

Tras hacer una repaso por todas las medidas adoptadas por el Gobierno gallego en la pandemia, ha remarcado que Galicia «lideró» el esfuerzo inversor en España en 2020, ya que tiene el mayor peso de inversiones sobre el total del gasto no financiero (13,5%), casi el doble que la media (del 7,2%).

También ha puesto en valor que Galicia pagó a sus 14.800 proveedores en una media de 18,7 días en 2020, la mitad del plazo de la media de comunidades. El importe pagado alcanzó los 3.380 millones en más de 600.000 facturas. De tal forma, la Xunta «es el mejor cliente de Galicia».

Igualmente, el responsable de Facenda subraya que, en un año de suspensión de las reglas fiscales, Galicia controló el déficit al cerrar 2020 con solo un 0,1% del PIB. Todo ello, en el marco de un cierre de ejercicio «serio, solvente y riguroso».

Junto a esto, remarca que es la tercera comunidad de régimen común con menor endeudamiento, con un 19,9% de la ratio deuda/PIB, frente al 27,1% de la media de autonomías. «La deuda no es la solución», deja claro.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, Noa Presas (BNG) ha afeado que el conselleiro no aporte a los grupos los informes «clandestinos» de cierre de ejercicio, con el objetivo de «disfrazar la realidad más positiva de lo que es».

A renglón seguido, ha reprobado que el conselleiro acuda al Parlamento a «llorar», pero «no hacen nada». De hecho, considera que la denuncia que hace el Gobierno gallego al Estado sobre el «oscurantismo» en los fondos europeos «es la misma» que se puede hacer a la Xunta.

La diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha recriminado a la Xunta su «falta de transparencia» y «opacidad» en relación con un informe «fantasma» no facilitado por el conselleiro a los grupos acerca del cierre del ejercicio de 2020. Una intervención que ha reducido a «publicidad y propaganda».

Asimismo, Rodríguez Rumbo critica que el Gobierno gallego «no está a la altura de la situación» para la gestión de la pandemia al «estar más preocupados de cuadrar las cuentas que por atender a las personas». Ejemplifica que en 2020 se dejaron sin gastar 135 millones de partidas de empleo.

En cambio, Pedro Puy (PP) ha agradecido el ejercicio de «transparencia» del conselleiro con esta comparecencia, al tiempo que critica el reparto «regresivo» de fondos que beneficia a las comunidades que «tienen más renta per cápita».

El presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, el alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil, Ernesto Gasco, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han celebrado este martes la primera reunión del Comité Directivo creado para realizar un análisis en profundidad sobre la pobreza infantil en España que se realizará en España para asegurar una Garantía Infantil Europea efectiva.

El análisis examinará las políticas e intervenciones en infancia, a nivel nacional, autonómico y local, para obtener una radiografía de la situación que permita hacer recomendaciones encaminadas a reducir la pobreza y exclusión infantil. En España, uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Las tasas de pobreza infantil ya eran preocupantes en nuestro país antes de la COVID-19 pero, sin duda, la crisis socioeconómica derivada de la pandemia va a empeorar la situación de la infancia más vulnerable en España y en Europa«, ha asegurado Suárez Pertierra.

Según ha precisado, «la infancia es asunto de todos y un bien común de la sociedad» y, por ello, ha destacado la «trascendencia» de estos trabajos que suponen «dar un paso más» para «acabar con la pobreza infantil».

Una de las estrategias para conseguir este objetivo es la Garantía Infantil Europea, un programa piloto lanzado por la Comisión Europea y UNICEF a principios de 2021 en siete Estados miembros, entre los cuales se encuentra España.

Según explica UNICEF, a través de la Garantía Infantil se plantearán «enfoques novedosos» para priorizar a los niños en los presupuestos nacionales y en los procesos de planificación, y se estudiarán las intervenciones más eficaces para romper el círculo de la pobreza infantil y la exclusión social.

Esta acción forma parte del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y contribuirá a la Estrategia Europea de Derechos de la Infancia; y, en este marco, la Comisión Europea ha solicitado a UNICEF la realización de ese análisis en varios países piloto, que se traducirá un Plan de Acción en cada país para reducir la pobreza infantil y la exclusión. Este plan será el que guíe la implementación de los fondos europeos de la Garantía Infantil.

Según destaca la ONG, en el encuentro virtual de este martes se ha puesto de manifiesto el «compromiso» de todas las partes para acabar con la pobreza infantil. En el encuentro también han estado presentes representantes de los ministerios de Educación, Sanidad y de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, así como de la Federación Española de Municipios y Provincias, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y los investigadores que están realizando los análisis.

La reunión se ha producido unos días antes del Porto Social Summit, organizado por la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea y que durante los próximos 7 y 8 de mayo tratará temas sociales, entre ellos la pobreza infantil y la Garantía Infantil Europea.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha condenado a dos empleados de Oleícola El Tejar y a dicha entidad por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tras el vertido de alperujo en junio de 2017 que se extendió en el río Guadalquivir desde el término municipal cordobés de Pedro Abad hasta la presa de Peñaflor (Sevilla), atravesando casi toda la provincia cordobesa y acabando con la vida de unos 46.200 peces.

Según recoge la sentencia de conformidad entre las partes, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y adelantada por el diario ‘ABC’, las condenas son tres meses de cárcel para cada uno de los procesados, multas de 900 euros y el pago de indemnizaciones de unos 623.000 euros a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), por «los daños ocasionados a la calidad de las aguas», por «las labores de retirada de peces muertos» y por «los gastos ocasionados por la toma de muestras y su análisis», así como a Endesa y Energy Resources por daños ocasionados.

Al respecto, la entidad Oleícola El Tejar asume la exacción de la responsabilidad civil frente a los perjudicados manifestando «haber alcanzado acuerdo extrajudicial» con dos aseguradoras con sucursal en España, a la vez que la entidad formula «renuncia expresa a reclamar nada más».

En este sentido, se da por probado, tras el acuerdo entre las partes, que entre el 14 y 19 de junio de 2017, uno de los dos varones acusados, encargado de la planta de secado de alperujo de la entidad acusada, y el otro, empleado de la sociedad, «planificaron la realización de un trasvase de líquidos desde una balsa de alperujo hasta una balsa de lixiviados, sin adoptar ninguma medida de protección y sin que conste tuviesen autorización alguna».

Además, se expone que «lo ejecutaron haciendo para ello uso de un motor de bombeo móvil y colocando entre ambas balsas y fuera del perímetro de la zona de las balsas un tramo de tubería con un empalme».

Así las cosas, «debido a que no se estableció un sistema de vigilancia permanente», y que el segundo procesado «no prestaba la atención debida el día 19 de junio, sobre las 11,45 horas se advirtió la rotura del manguito del empalme de la conducción, suelto en el suelo y con fuga de líquido, con el consiguiente vertido al terreno y de ahí sin control al río Guadalquivir».

De este modo, el vertido de alperujo avanzó por el río hasta unos cien kilómetros de distancia, llegando hasta el Monumento Natural Sotos de la Albolafia de la capital cordobesa, dentro de la Red Natura 2000, «tiñendo todo el cauce del río de color negro intenso, con mal olor y afectando a la calidad del agua».

ESPECIES AFECTADAS

Como consecuencia del mismo, se vieron afectados, principalmente, dos especies autóctonas especialmente vulnerables, como son el barbo gitano, con 20.000 ejemplares muertos, y la boga de río, con 450 ejemplares muertos, siendo el resto de especies afectadas exóticas invasoras como carpa, alburno, carpín, perca sol y black bass, con 25.800 ejemplares muertos. Las operaciones de retirada de peces muertos ha sido valorada en 24.377,98 euros. El daño a la calidad del agua ha sido tasado en 589.000 euros.

Igualmente, debido al vertido, se ordenó la parada de producción de distintas centrales hidroeléctricas, causando con ello los correspondientes perjuicios económicos. En concreto, al grupo Enel-Endesa, explotadora de la central eléctrica de El Carpio, se causó un perjuicio valorado en 3.142 euros; a la central de Villafranca, un perjuicio tasado en 1.314,62 euros; a Energy Resources, explotadora de la central de Alcolea, se le causó un perjuicio de 1.526 euros, y a la de El Arenal, un perjuicio de 1.526 euros.

La valoración de las muestras de agua extraídas y posteriores ensayos realizados por los laboratorios acreditados han sido tasados en 1.569,48 euros.

En este caso, la sentencia recoge que «dicha actuación se llevó a cabo vulnerando lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Aguas, RDL 1/2001 en los artículos 97, 100 y 116.3 a), f), g) y de lo dispuesto en el artículo 234 a) y 245 y ss del Reglamento del Dominio Público Hidráulico modificado por RD 670/2013 de 6 de septiembre».

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha insistido este martes en con Marruecos hay un diálogo estrecho que no se ha visto afectado por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para que reciba tratamiento médico, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno se toma muy en serio la colaboración con la justicia.

El Gobierno marroquí convocó durante el fin de semana al embajador de España en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, para exigir «explicaciones». «El Reino de Marruecos deplora la actitud de España», señaló el Ministerio de Exteriores marroquí en un comunicado, criticando que se acoja a Ghali –quien está recibiendo tratamiento en un hospital por COVID-19– cuando es buscado «por crímenes de guerra graves y atentados graves contra los Derechos Humanos».

En este sentido, la ministra ha sostenido durante la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, que hay un «diálogo estrecho» a todos los niveles con Marruecos en el marco del cual se ha abordado este asunto y se han «explicado las razones de estricto cumplimiento del compromiso humanitario» por las que ha actuado el Gobierno.

A España le une con Marruecos una relación «muy profunda en lo bilateral» y también con vistas a que la UE estreche sus lazos con el país vecinos, ha destacado González Laya, subrayando que el reino alauí no es solo un vecino y amigo sino «un socio estratégico».

«Somos cumplidores de la ley, incluida la obligación de colaborar con la justicia española», ha añadido, subrayando que «es algo que el Gobierno se toma muy en serio» pero sin aclarar qué va a ocurrir si Ghali se recupera y recibe el alta.

En su comunicado, Rabat se quejó de que le Gobierno no le hubiera avisado de antemano y también cuestionó por qué «la justicia española no ha reaccionado a las numerosas denuncias presentadas por las víctimas» del Polisario.

Con ello, se refería a que la Audiencia Nacional citó en 2016 a Ghali en calidad de investigado por la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

Tras la confirmación del traslado de Ghali, la Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), impulsora del proceso judicial en España, ha remitido una solicitud a la Audiencia Nacional en la que pide que se verifique que efectivamente el líder del Polisario está ingresado y se le tome declaración, así como la emisión de una orden de detención.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sugerido este martes la posibilidad de que se usen las amenazas denunciadas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dos ministros y la directora de la Guardia Civil para «un montaje» y ha retado a quienes acusan a su partido de «instigar a la violencia» a llevarles ante los tribunales. «Que me detengan», ha llegado a decir, sugiriendo que, si no lo hacen, se demostrará que todo es «un teatro».

En una entrevista con ABC, el presidente del Vox ha acusado a la ministra de Industria, Reyes Maroto, de haber montado «todo un sainete» con «la carta supuestamente amenazante», ha dicho, que le ha enviado «un desequilibrado» y le ha echado en cara que haya convertido a Vox «en una especie de organización terrorista» por asegurar que si no se les derrota en las urnas «todos los demócratas estarán amenazados de muerte».

«Si tan claro lo tienen que vengan y que me detengan, que nos procesen y nos lleven a los tribunales si realmente no están ante un auténtico teatro», ha enfatizado, incidiendo en que Vox se presentará como acusación popular con la intención de que se descubra quién el autor de las amenazas, pero que «si son autoinfligidas» también llegarán «hasta el final.

PARA «AMENAZAS REALES» LAS DE ETA

A la pregunta expresa de si se cree las amenazas recibidas por Iglesias y miembros del Ejecutivo, ha insistido en que él no se fía del Gobierno. «Partimos de la desconfianza total ¿Cómo vamos a creer a quien dice que los adoquines los tiramos nosotros?», ha apuntado, si bien también ha concedido la posibilidad de que sean «ciertas».

«Por eso nos hemos personado, para saber quién es el autor», ha añadido, aunque ha hecho hincapié en que haber recibido amenazas «reales» como las que él y su familia tuvieron que afrontar en el País Vasco te hace «distinguir lo que es una amenaza real de lo que parece un montaje».

«Y te hace ser valiente –ha proseguido–. Vox prefiere decir la verdad por muy incómoda resulte y se atreve decir estamos ante un montaje de izquierdas ante datos y encuestas que pronostican una derrota histórica de la izquierda en Madrid».

Además, ha cargado contra el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, por «amenazar» a su partido con su «vocabulario matón» al asegurar que Vox ha «cruzado una línea roja y no va a cruzar ninguna más». Así, le ha emplazado a aclarar qué supuesta «línea roja» han traspasado. «¿La de existir y defender nuestras ideas en barrios que antes votaban a la izquierda?», se ha preguntado, recalcando que Vox «no se asusta ante eso». «Van a tener que echarnos encima muchos fiscales y jueces corruptos para amordazarnos», ha agregado.

DEMONIZAN A VOX

Abascal ha vuelto a quejarse de que «la izquierda» no ha condenado la violencia que viene sufriendo Vox, no sólo en la campaña de Madrid, sino también en la catalana, la gallega y la vasca. Ha dicho que les han «apedreado», que han recibido «amenazas de muerte gravísimas» y que todavía no han recibido «ninguna explicación» policial de lo que sucedió en su mitin de Vallecas.

«Pero es muy difícil para el Gobierno dar una explicación porque la violencia fue instigada desde el Consejo de Ministros por las ministras de Podemos, amparada por Marlaska y justificada por el presidente del Gobierno diciendo que habíamos ido a Vallecas de provocar», ha indicado.

Según su análisis, la «estigmatización» y «demonización» de Vox no se explica por las formas que utiliza su partido sino porque se ha enfrentado a todos los planteamientos políticos de la izquierda y reabierto debates que ellos consideraban que estaban «cerrados» y en de los que además, salían «victoriosos», como la violencia de género.

ILEGALIZAR DE VOX

Preguntado si teme una posible ilegalización de Vox, su líder ha respondido que «algunos lo tienen en la cabeza» y que, por tanto, «no hay que dar ningún escenario por descartado». «Podíamos pensar España no será como Venezuela. Libertad, orden, ley, régimen constitucional son elementos preciosos pero frágiles. No están a salvo para siempre», ha argumentado.

Sobre si Vox instaría la ilegalización de alguna formación, ha defendido que los partidos que «no aceptan el sistema democrático» deben estar «fuera de la ley» y que «no puede haber partidos separatistas que quieran destruir la unidad nacional». «No estamos diciéndolo todos los días, pero no hemos arriado esa bandera», ha avisado.

Y es que, en su opinión, la «deriva de España» tiene «mucho que ver con el modo en el que se ha tolerado a los separatistas». Según su interpretación, al entregar «el timón» del «futuro» del país a fuerzas «regionales, minoritarias y chantajistas» a los españoles se les ha «arrebatado la seguridad de que se iba a mantener unidad de la patria».

Agentes de la Guardia Civil de Valencia han desmantelado un recinto habilitado para peleas de gallos clandestinas en Oliva en el que había alrededor de 200 espectadores, y donde han rescatado a 18 aves, varias de ellas ensangrentadas y con heridas.

Como resultado de la intervención, dos personas fueron detenidas por la organización del evento ilegal y 36 han sido sancionadas por incumplir las medidas de prevención frente al coronavirus.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de abril, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible celebración de peleas clandestinas de gallos en una nave de la localidad de Oliva. Ante la sospecha, los componentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Oliva pusieron en marcha la Operación ‘BASNO2’, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Ese mismo día se estableció un dispositivo en las proximidades de la zona en la que se desarrollaba el evento ilegal, que culminó con la inspección de las instalaciones. Los agentes se encontraron más de 60 vehículos, y en el recinto de pelea, hallaron a alrededor de 200 espectadores.

Los guardias civiles procedieron a clausurar la nave del mismo y rescataron 18 ejemplares de gallos de pelea. Las aves fueron atendidas por personal facultativo veterinario de la Generalitat (OCAPA), que confirmó la situación de maltrato animal de los mismos.

Una vez identificados los asistentes, los agentes concluyerton que no se cumplían las medidas de seguridad sanitarias, por lo que levantaron más de 36 actas por infracción a la normativa. Además, detuvieron a dos hombres, el supuesto promotor del acto y titular del establecimiento, por un presunto delito de maltrato animal.

Dentro de la nave, los organizadores habían construido una «gallera», que es un tipo de ruedo, estilo ‘ring’ de pelea para que los animales pudieran pelear, con utensilios y aparatos para el arbitraje de las mismas.

Los espectadores podían sentarse cómodamente en las gradas construidas a tal efecto y con capacidad para unas 200 personas, con visión tipo ruedo (estilo corridas de toros).

Además, dentro de la nave había una especie de vestuarios con taquillas numeradas para depositar a los gallos mientras esperaban su turno de competición, así como medicamentos, jeringuillas, productos de cura, báscula de pesaje, sellos de la asociación, talonario de venta de entradas y cuadernos de anotaciones.

Durante el tiempo que duraban las peleas, los asistentes podían comprar bocadillos y comida en una especie de bar ubicado en el interior de la nave.

En el momento del acceso, muchos de los asistentes huyeron saltando por el muro trasero de la instalación a través de los huertos de alrededor.

La utilización de gallos en peleas clandestinas está tipificada como delito de maltrato animal en el Código Penal. Las diligencias instruidas han sido entregadas al Juzgado de Instrucción de Gandia (Valencia) en Funciones de Guardia.

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha criticado que ERC y Junts «sigan encallados en despachos, de espaldas a la ciudadanía y a las necesidades sociales» pese a la situación de emergencia y la necesidad de abrir un nuevo ciclo que cree que hay en Cataluña, y les ha pedido que lleguen ya a un acuerdo para formar un nuevo Govern.

En rueda de prensa este martes en el Parlament, Pellicer ha asegurado que hay un Govern en disfunciones, que se dedica a repartir dinero a la empresa de gimnasios DIR, y ha criticado que hay incertidumbre sobre el reparto de los fondos europeos y un descontrol en el ámbito de vivienda.

«Se alargan las viejas recetas de no ir a ninguna parte y no reforzar a los débiles sino a los fuertes», ha lamentado el diputado anticapitalista, que ha deseado que la reunión este martes entre el vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, y el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, en Lledoners (Barcelona) «sirva para llegar a un acuerdo».

«CUMBRES DE PAÍS»

Pellicer ha pedido que el independentismo esté a la altura y salga del callejón sin salida de manera urgente: «Hacen falta cumbres de país y poner el país en el centro, por encima del reparto de sillas», ha subrayado en referencia a las negociaciones entre ERC y Junts que aún deben abordar la estructura del Govern.

Ha calificado de «cuestión tacticista» el ultimátum del 1 de mayo que ha puesto ERC a Junts para llegar a un acuerdo, y ha añadido que se producen en los despachos y que no son el elemento fundamental, tras lo que ha añadido que la CUP se ha ofrecido para ayudar a que avancen las negociaciones.

«Nuestro rol será el que haga falta en cada momento», ha afirmado el diputado ‘cupaire’, que ha valorado positivamente que se forme un Ejecutivo con ERC y Junts, pero ha añadido que tampoco les parece mal que haya un Govern de los republicanos en solitario, pero que lo prioritario es que empiece la legislatura.

Sobre el papel de la CUP en las negociaciones, Pellicer ha concretado que siguen trabajando para profundizar en el acuerdo «de mínimos» con ERC, y también están hablando con Junts sobre temas que consideran hemorragias que se deben abordar con mayor urgencia.

Ha explicado que la semana pasada se reunieron con Junts para hablar de forma general y que esta semana abordarán cuestiones políticas concretas; también ha habido reuniones a tres bandas, y Pellicer ha subrayado que no entrarán «en mesas que no sirvan para avanzar».

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha criticado este martes que la Casa Real «no haya pronunciado ni una sola palabra condenando la violencia fascista», en alusión a las amenazas de muerte que ha recibido, con cartas con balas, al igual que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, «amenazas reales que han sido verificadas por Interior».

En un mitin celebrado este mediodía en Getafe, ha asegurado que el fascismo «es el rostro del poder cuando la democracia avanza» y ha preguntado a los asistentes cuál es el partido más monárquico de España. «¿A qué no hay duda? Quienes más gritan viva el rey son los que más desprecian la democracia y las conquistas de la gente trabajadora de este país», se ha respondido.

El líder de Podemos ha aseverado que en estos días «hay muchos insultos, se eleva el tono y hay mucha toxicidad», por lo que ha querido hacer una reflexión sobre el fascismo en 2021.

«Algunos historiadores dicen que son movimientos imposibles de extrapolar desde Italia o Alemania. Otros profesores dicen que el fascismo en ante todo un mecanismo político del poder para frenar los avances democráticos. Estos últimos tienen razón. En el país en el que los raperos van a la cárcel por decir que los Borbones son unos ladrones o que los titiriteros acabaron en prisión demuestra que sus mentiras son impunes. Así funciona el mecanismo del fascismo», ha esgrimido.

«CLARO QUE LOS CAMBIOS SE PUEDEN PRODUCIR»

Iglesias ha subrayado que frente a los que creen que es imposible que Unidas Podemos pueda cambiar las cosas, ellos «han demostrado que claro que los cambios se pueden producir». «Yo negocié directamente con Garamendi subir el Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros y anunciaron la apocalipsis. Ahora nadie se atreve a decir que hay que bajarlo», ha puesto como ejemplo.

El exvicepresidente ha pedido imaginar qué significa para «el poder» que comunistas hayan llegado al Gobierno de España o que haya llegado al Ministerio de Igualdad una persona «con matrículas de honor y becas de excelencia, que fue cajera de un supermercado también, y a mucha honra». «Un Ministerio de Igualdad dispuesto a decirle a señores con toga que si el legislativo aprueba una ley que dice que solo sí es sí no hay toga que se ponga por delante del poder popular», ha añadido.

En ese punto, Iglesias ha criticado que un fiscal en Castilla y León haya dicho que la amenaza contra la democracia «es que haya comunistas en el Gobierno.» «Así funciona el fascismo, que se han quitado la careta, que solo respetan la democracia si ganan ellos», ha apostillado.

EL FASCISMO COMO «MECANISMO POLÍTICO DEL MIEDO»

El aspirante de la formación morada considera que cuando no han podido parar que UP llegue al Gobierno e intenta imponer su programa «se pone en marcha el mecanismo político del miedo, la amenaza, la mentira, el insulto, la más absoluta impunidad para que cualquier se sienta empoderado para mandarle cuatro balas, llamarle rata para que deseen tu muerte o aterrorizar a la gente modesta que no tiene recursos para defenderse». «El fascismo es el miedo del poder a la democracia y el miedo de los poderosos a los cambios de la democracia. Y frente al fascismo, más democracia», ha apuntado.

Pablo Iglesias advierte que Vox «va a insultar, a provocar, a tratar de generar situaciones de violencia». «Que la ultraderecha se concentre en el parque que lleva el nombre de una mujer asesinada por violencia machista; que por primera vez en su vida haya ido al campo del Rayo Vallecano a saludar a un jugador ucraniano con vínculos con los nazis de su país, demuestran que quieren provocar, insultar y generar situaciones de violencia», ha explicado.

Frente a ello, ha continuado el secretario general de Podemos, los trabajadores «tienen que demostrar que son la fuerza del orden, de la ley, de la democracia, porque la gente trabajadora representa el orden frente al caos y necesita las leyes contra los poderosos. «La gente trabajadora necesita un Estado que garantice sanidad y educación pública, que no depende de tu cuenta bancaria. El orden democrático se tiene que expresar masivamente el día 4. Frente a sus mentiras, odio, violencia y bulos tiene que responder la gente normal con votos», ha pedido.

Iglesias también se ha mostrado «orgulloso de representar a la fuerza en la vanguardia de los avances democráticos». «Hemos cometido errores pero a nosotros no se nos compra. Si firmamos en un papel para regular alquileres y o para la reforma laboral, peleamos hasta el final aunque todos los medios, que son propiedad de inmobiliarias y fondos buitres, nos ataquen. Por eso nos atacan. Hablad con todo el mundo, con vuestros familiares, la victoria está muy cerca y precisamente con eso aceleran esa dinámica de toxicidad, mienten», ha animado.

«Ahora quienes iban de neutrales se quitan la careta e insultan abiertamente. Ahora dicen que Madrid no podrá tener un gobierno decente. Pero para no cometer errores del pasado hace falta hacer cosas diferentes que la derecha, hay que cuidar de verdad los barrios de los trabajadores. Cuando ganemos, en el Sur, en el Henares se tiene que notar. Y La única fuerza que puede garantizar que los programas de izquierda se traduzcan en programas de izquierdas es Unidas Podemos», ha proseguido.

Por eso, el candidato de la formación morada ha pedido a la ciudadanía de estos barrios que les den «la fuerza suficiente para que el Gobierno no solo diga que es de izquierdas, sino que lo demuestre». «Y si hay que hace una reforma fiscal, se hará si somos fuertes. Lo tenemos muy cerca, sí se puede», ha finalizado en un mitin que, al igual que en los últimos días, se ha extremado las medidas de seguridad. Además de agentes con armas largas, había también agentes del servicio secreto.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este martes que prefiere que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le tilde de «fascista» a que le aplauda, como sucedió con Pablo Casado en la moción de censura debatida en el Congreso, y ha criticado que el PP intente ser «equidistante» entre Vox y el Gobierno.

Abascal ha participado este martes en un encuentro informativo organizado por ABC y ha evitado definir a Vox dentro de una categoría política. «Eso sí, prefiero que Iglesias me llame fascista a que me aplauda», ha dicho tras recordar el duro discurso contra Vox de Pablo Casado durante el debate de la moción de censura y los elogios que obtuvo del entonces vicepresidente segundo del Gobierno.

En este punto, ha normalizado la distancia entre el PP y Vox porque tienen «planteamientos muy distintos» pero ha recordado que son capaces de llegar a acuerdos cuando es necesario, como ha sido el caso de Andalucía, Murcia o la Comunidad de Madrid.

Y eso criticando algunos planteamientos de los ‘populares’, que cree que no tienen claro que se debe mantener una «distancia infinita» con el Gobierno «socialdelincuente» de Pedro Sánchez. «Detectamos con preocupación que el PP quiere estar en una posición equidistante. No cae en el cordón sanitario contra Vox pero tiende una mano al PSOE», ha censurado.

«Quiere estar en medio y es muy difícil estar en medio en situación como la que vive España», ha insistido dejando claro que Vox no tiene «nada» que negociar con el PSOE, con Podemos ni con los partidos separatistas, algo que teme que el PP «no tiene tan claro».

APOYO SEGURO A AYUSO

Al margen de esta crítica a los ‘populares’, ha insistido en que la «función social» de Vox es evitar un «asalto comunista» a la Comunidad de Madrid y por ello Isabel Díaz Ayuso contará con su apoyo para gobernar si es necesario, aunque ha evitado debatir sobre el compromiso que exigirán a cambio.

A su juicio, este acuerdo es una «necesidad» para impedir un gobierno de izquierdas y también estar en manos de Ciudadanos, al que ha criticado por provocar esta situación de inestabilidad, que cree que se extiende a las comunidades de Murcia, Andalucía y Castilla y León, donde defiende que también deberían adelantarse las elecciones.

«Nosotros creemos que hay tres regiones viven en la inestabilidad política y no representan a sus sociedades. Deberían ir a las urnas cuanto antes porque Ciudadanos no es socio de fiar y los ciudadanos deberían poder votar para elegir un Parlamento que les representase de manera fiel y fiable», ha sostenido.

«A VOX LE PERJUDICA LA TENSIÓN»

En cuanto a la campaña madrileña, Abascal ha defendido que Vox pone muchos temas sobre la mesa, pero cree que solo se pone el foco en los más polémicos. Sin embargo, en el caso por ejemplo de los carteles sobre los menores extranjeros no acompañados, ha apuntado que la reacción ha tenido el efecto contrario y ha hecho que el mensaje de Vox llegue más «a esos barrios y calles donde están viviendo la inseguridad por la inmigración ilegal».

Esto le hace confiar en que los madrileños les darán un gran apoyo el próximo 4 de mayo, pero ha advertido de que no tiene ninguna duda de que los partidos de izquierdas se pondrán de acuerdo para gobernar si suman una mayoría alternativa. Y ese es el objetivo a evitar, ha insistido.

«Que un personaje tan siniestro como Iglesias diga que va salvar Madrid de las garras fascismo ha hecho que haya una gran movilización», ha confiado, agradeciendo también al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, que se haya «quitado la careta» y manifestado su disposición a pactar con Podemos.

En cualquier caso, ha sostenido que a Vox no le beneficia la tensión en la campaña porque el partido queda al final siempre relacionado con la violencia «o la bronca» y eso es «incómodo» porque el impide «desplegar el mensaje político».

Pero ha culpado de este clima al resto de partidos y ha recordado que Vox lleva sufriéndolo años y las demás formaciones no quisieron firmar un manifiesto a favor de unas elecciones libres con motivo de los comicios al País Vasco y Galicia, ni después en el caso de Cataluña.

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha prometido este martes que intentará «convencer» en todos los ámbitos donde sea necesario que el trasvase Tajo-Segura es «absolutamente irrenunciable» y el agua debe estar garantizada en las mejores condiciones posibles para los agricultores alicantinos.

Puig, tras tres visitas a comunidades de regantes en Benferri, Crevillent y Elx (Alicante), ha insistido en que el trasvase es necesario para garantizar «agua para siempre» en zonas como la comarca de la Vega Baja, «la huerta de Europa».

Por tanto, preguntado por si lo trasladará a Pedro Sánchez, ha asegurado que intentará defenderlo ante todas las personas que sea necesario, «sabiendo que hay otros interlocutores que no piensan lo mismo».

Ha llamado a no caer ni en la confrontación ni en el «partidismo» ante el posible recorte de los trasvases mensuales por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. «Al final esto genera estabilidad y los más perjudicados son los regantes», ha lamentado.

«NO SOMOS NEUTRALES»

Si no se cumple con ellos, Puig ha recordado que la Generalitat volverá a acudir a la vía judicial. «Ahí no somos neutrales. La Comunitat Valenciana está absolutamente de su lado», ha proclamado.

Pero ha pedido no llevar el debate a las «vísceras», evitar cualquier «acción supremacista sobre nadie» y tener claro que «el trasvase no es irrenunciable por una cuestión identitaria, sino porque es la única manera de garantizar que esta huerta persista«, sobre todo por la importancia del sector agroalimentario que ha demostrado este año de pandemia.

El también líder del PSPV ha abogado así porque el conflicto se estabilice, como lleva intentando «desde el primer momento» y el Tajo-Segura esté en las mejores condiciones posibles. «Tenemos que intentar buscar el acuerdo», ha defendido en relación a la exigencia del PP de que presione a Sánchez.

De lo contrario, ha recordado que los agricultores estarían «permanentemente en una situación de estrés pensando si habrá o no agua», por lo que ha apuntado como objetivos mejorar la modalidad de riego y recibir los mismos recursos que siempre para que «la huerta mantenga su fortaleza».

«Ese es el objetivo y la voluntad» del gobierno valenciano, ha insistido, para lo que está dispuesto a «dialogar, hablar y acordar desde luego teniendo en cuenta el interés general de que haya agua para siempre en esta comarca». Así, aunque ha reconocido que es urgente combatir el cambio climático, ha recordado que «detrás está el mantenimiento de la agricultura».

Los dos periodistas españoles que habían sido dados por desaparecidos tras un ataque por un grupo armado este lunes en el este de Burkina Faso han sido asesinados, según ha confirmado este martes la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya.

Aunque la ministra se ha limitado a ofrecer las iniciales de los dos fallecidos –D.B.A. natural de Pamplona y R.F.F. natural de Barakaldo (Vizcaya)–, ambos han sido identificados ya como David Beriain y Roberto Fraile por Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Según ha indicado en la rueda de prensa al término del consejo de ministros, aunque la «información es confusa», lo último que han sabido de las autoridades burkinesas es que entre los cadáveres hallados en el lugar de los hechos figuran los dos españoles si bien «estamos a la espera de la última confirmación». Las familias ya han sido informadas, ha puntualizado.

Los dos fallecidos estaban realizando un documental sobre los esfuerzos de las autoridades de Burkina Faso para proteger los parques naturales del país frente a la caza furtiva y las comunidades que habitan en ellos.

Ambos formaban parte de un grupo de unas 40 personas con las que se perdió el contacto hacia las 15.30 horas del lunes en un parque natural situado en la frontera entre Burkina Faso y Benín, una «zona peligrosa por ser campo de operaciones de terroristas, cazadores furtivos y bandidos», ha subrayado González Laya, que ha lamentado la «triste noticia».

Los dos españoles se encontraban en paradero desconocido junto a un irlandés y un miembro de las fuerzas de seguridad burkinesas tras un ataque ejecutado por personas armadas no identificadas contra una patrulla mixta de la unidad contra la caza furtiva en la provincia de Kompienga (este).

IRLANDA NO CONFIRMA AÚN LA MUERTE DE SU CIUDADANO

El irlandés, que también habría fallecido según apuntan los medios locales, sería Rory Young, fundador de la ONG Chengeti Wildlife. El Ministerio de Exteriores de Irlanda no ha confirmado oficialmente la muerte de su ciudadano.

En declaraciones, ha señalado que «la situación es compleja» y están en contacto «con todos los actores relevantes en el terreno», incluidos España y la UE, «para garantizar que se aclaran los hechos» de forma urgente.

El departamento ha precisado que está en contacto con la familia del ciudadano irlandés y ofreciendo el apoyo consular necesario, evitando comentar ningún otro detalle relativo al caso por el momento.

El Gobierno burkinés ha confirmado en un comunicado el ataque contra un convoy de las fuerzas de seguridad en el que viajaban también expatriados, quienes circulaban a bordo de un vehículo y motos y fueron asaltados en la reserva de Pama.

En este sentido, ha informado de tres heridos y de cuatro desaparecidos, entre ellos los dos españoles y el irlandés, y ha reconocido que hay imágenes de los cuerpos sin vida de los tres circulando en las redes sociales si bien no han sido «identificados formalmente».

Los medios locales han indicado, citando fuentes de seguridad, que los tres occidentales han sido ejecutados por sus captores, si bien otros apuntan a que habrían resultado heridos en la emboscada.

El ataque se saldó además con el robo de armamento y equipamiento por parte de los asaltantes. Entre el material se encuentran dos ametralladoras montadas sobre vehículo, un dron, doce motocicletas y receptores de frecuencia.

VIOLENCIA YIHADISTA EN EL SAHEL

El este y el norte de Burkina Faso han sufrido un aumento de la inseguridad durante los últimos años, especialmente a causa del repunte de los ataques por parte de grupos yihadistas, entre ellos la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), que han provocado además un incremento de los enfrentamientos intercomunitarios.

En mayo de 2019, dos turistas franceses fueron secuestrados junto a su conductor, que fue asesinado, en el parque natural de Pendjari, en Benín y fronterizo con Burkina Faso, país al que fueron trasladados por sus captores y donde fueron rescatados en una operación de las fuerzas especiales galas en el que murieron dos militares.

El Ejército burkinés confirmó el lunes que durante la última semana de operaciones antiterroristas han muerto cuatro militares y han sido «neutralizados» dos supuestos terroristas.

Por otra parte, este martes se ha conocido que al menos 13 personas han fallecido por una serie de ataques perpetrados el lunes a última hora por grupos armados contra tres localidades del norte de Burkina Faso. El triple ataque ha tenido lugar en la provincia de Seno, fronteriza con Níger.

Ante esta situación, el primer ministro de Burkina Faso, Christophe Dabiré, abrió a principios de febrero la puerta a un posible proceso de diálogo con los terroristas. «No decimos que Burkina Faso esté en contra de las negociaciones con los terroristas», afirmó en un discurso ante el Parlamento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes su programa educativo que incluye incorporar contenidos obligatorios en ESO de Constitución y Democracia e impulsar la transformación digital.

Así lo ha detallado en un colegio concertado en Alcobendas, arropada por la exministra y actual vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor. La dirigente madrileña apuesta por mejorar los medios que permitan asegurar la conectividad plena en los centros educativos, adquirir dispositivos electrónicos, desarrollar recursos tecnológicos en el aula, transformar el proceso enseñanza-aprendizaje a la metodología digital y digitalizar los procedimientos para reducir el uso de papel.

«Vamos a seguir dotando a los centros de una red rápida, eficiente y segura a través de la digitalización y vamos a adquirir nuevos dispositivos electrónicos, trabajar con más recursos tecnológicos en las aulas y garantizar que los profesores adquieran las competencias digitales necesarias para que nos sigan ayudando en esta transformación digital», ha explicado.

INCENTIVOS PARA DOCENTES

Asimismo, los ‘populares’ quieren iniciar una reforma integral de la formación del profesorado a lo largo de toda su carrera, empezando por el periodo de aprendizaje en la universidad, con incentivos que premien «el esfuerzo y el mejor desempeño, apoyando la profesionalización de la dirección de los centros educativos para reforzar su liderazgo y lograr la mejora de la educación desde la autonomía de los centros». Además, se realizará un esfuerzo para que los docentes adquieran las competencias digitales necesarias, con especial atención a los equipos directivos.

«Vamos a seguir creando incentivos que premian el esfuerzo de los profesores, reforzando su formación tanto en la etapa educativa como en su carrera docente», ha remarcado la presidenta. El objetivo es que los docentes participen en una formación muy especializada en el ámbito de las metodologías y de la transformación digital.

Gracias a ello incrementarán sus competencias digitales hasta llegar a obtener un nivel B2 en ‘digital skills’ con el fin de ayudar a esta transformación en los centros educativos. A cambio, obtendrían una mejora en la carrera profesional dentro del centro e incluso un complemento económico por una mayor implicación.

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN LOS CONTENIDOS

Asimismo, se incorporarán contenidos obligatorios en ESO de Constitución y Democracia en el desarrollo de los nuevos currículos, para resaltar los valores democráticos. Desde el partido han explicado que, actualmente, la Constitución española está incluida, tanto en los planes de estudio y currículos de Bachillerato, como de Educación Primaria y Secundaria.

El sistema educativo la contempla como parte del desarrollo integral de los alumnos y de la formación en valores, incluyendo un enfoque integral en todas las etapas del sistema educativo. El objetivo es, de cara a aplicar la nueva Ley educativa, reforzar estos contenidos.

REFUERZOS EDUCATIVOS

Ayuso también ha mostrado su compromiso con los alumnos de las familias con menos recursos, para lo que se intensificará su atención con los refuerzos educativos necesarios para que ningún alumno se quede atrás, asegurando la función de la educación como escalera social.

Para llevar a cabo este plan, en primer lugar, se realizará un exhaustivo análisis centro por centro para detectar aquellos alumnos que tengan dificultades en su aprendizaje.

A partir de ese momento, se proporcionará a los centros los medios necesarios, tanto materiales como de personal, para que esos alumnos alcancen los objetivos curriculares establecidos para la edad del alumno. Este refuerzo se llevará a cabo tanto en horario escolar como extraescolar, con el objetivo principal de ayudar a todo el alumnado.

Además, se contará con el apoyo de orientadores para alumnos y familias que apoyarán en cuestiones académicas y aspectos relacionados con salidas profesionales e, incluso, situaciones emocionales.

MÁS CENTROS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

La candidata del PP a la reelección ha insistido en una de sus propuestas electorales, la planificación de la construcción y ampliación de los centros educativos y la contratación de personal docente y no docente, con el fin de aplicar una reducción progresiva de las ratios en las aulas de los centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, se llevará a cabo con los fondos europeos de recuperación una gran campaña de rehabilitación de los edificios de los centros educativos de la Comunidad de Madrid, incidiendo muy especialmente en la eficiencia energética para conseguir la mejora del medio ambiente y ahorros destacados en su funcionamiento

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha condenado este martes de manera «firme y contundente todas las amenazas» pero ha criticado la «sobreactuación» del PSOE y otras formaciones de izquierda estos días de campaña tras las cartas recibidas. Tras asegurar que «el sanchismo está en caída libre», ha subrayado que la candidata de su partido, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá su rumbo explicando sus propuestas ante los comicios del 4 de mayo.

«No es buena la sobreactuación. No es buena la radicalidad ni la crispación», ha declarado Montesinos tras mantener una reunión con la Asociación de Hostelería de Madrid junto a la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, y el consejero madrileño y candidato a la Asamblea, Javier Fernández-Lasquetty.

En este sentido, Montesinos ha asegurado que Ayuso y el PP van a «seguir con su estrategia» y mantendrán el «rumbo de campaña», trasladando un mensaje «en positivo» e «ilusionante» a los ciudadanos y explicando sus propuestas electorales sobra sanidad, educación, hostelería o bajada de impuestos.

Al ser preguntado si cree que el PSOE y Podemos están utilizando en campaña esas amenazas, Montesinos ha recordado la «reflexión interesante» que hizo hace unos años Mariano Rajoy tras sufrir un puñetazo durante un paseo electoral en Pontevedra, ya que, según ha dicho, apostó por la concordia y elogió el carácter abierto y tranquilo de la sociedad española, reconociendo que esa agresión había sido una excepción.

«CUENTA ATRÁS PARA SÁNCHEZ

El dirigente del PP ha asegurado que «el sanchismo está en caída libre» y se ha mostrado convencido de que los madrileños «van a decir alto y claro» en las urnas que el proyecto de «la mentira y la ineficacia en la gestión está agotado».

«Quedan solo siete días para que gane la libertad y Pedro Sánchez tenga ya un pie fuera de la Moncloa», ha afirmado, para añadir que cada vez son más los madrileños y españoles en su conjunto que «dicen ‘no’ al proyecto de Sánchez y Pablo Iglesias».

Dicho esto, ha pedido de nuevo la unidad del voto del centroderecha en torno al PP y se ha dirigido en especial al «votante socialista clásico, descontento y harto» de Pedro Sánchez porque el PP «también es su casa».

«Que escuchen a socialistas como Joaquín Leguina, Nicolás Redondo o Fernando Savater, que han dicho que apostarán por Ayuso», ha enfatizado, para insistir en que el «sanchismo está acabado» y ha comenzado la «cuenta atrás» para que salga de Moncloa.

Montesinos ha subrayado que hay una parte del socialismo que está «harto» de Pedro Sánchez y sus «mentiras», como cuando dijo que «nunca» pactaría con Bildu y luego lo hizo, o que no dormiría tranquilo si Podemos se sentaba en el Consejo de Ministros. «El compromiso del PP es gobernar para todos», ha manifestado.

DICE QUE ASPIRAN A GOBERNAR EN SOLITARIO Y TENER MANOS LIBRES

Al ser preguntado si el PP estaría dispuesto a aceptar los votos del PSOE para que Ayuso no dependa de Vox, Montesinos ha indicado que su formación quiere un «contrato con los madrileños» y ha reiterado que aspiran a contar con «una mayoría rotunda» para gobernar en solitario», teniendo así «manos libres» para aplicar el programa electoral del PP.

En cuanto a si el PP estaría dispuesto a hacer un cordón sanitario a Vox, el responsable de Comunicación de los ‘populares’ ha asegurado que no van a aceptar «lecciones de la izquierda» y ha recordado que la portavoz del PSOE en el Congreso, Andriana Lastra, y la vicepresidenta Carmen Calvo, se sentaron con Bildu para pactar los Presupuestos Generales del Estado.

«No vamos a admitir lecciones de una formación política que ha pactado con Bildu cuando dijo que nunca lo haría; que ha pactado con ERC cuando dijo que tampoco; y que ha metido en el Consejo de Ministros a una formación que señala un día sí y otro también a los medios de comunicación por ejercer su trabajo como hizo ayer Pablo Iglesias», ha concluido.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha afirmado este martes que tanto la izquierda como la derecha «están queriendo comerse a Cs» y por eso en los medios de comunicación se le pregunta a menudo si Inés Arrimadas debería dimitir ante un mal resultado de la formación naranja en las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

En una entrevista en laSexta, Bal ha dicho tener la «absoluta seguridad» de que Ciudadanos va a superar el 5% de los votos y, por tanto, va a obtener representación en la Asamblea de Madrid, y que además volverá a estar en el Gobierno regional «imponiendo moderación y modernidad» al PP.

Así ha respondido cuando le han preguntado si la líder del partido debería dimitir en caso de no conseguir ningún escaño en estos comicios y después del hundimiento en las elecciones autonómicas de Cataluña y de la moción de censura frustrada contra el PP en la Región de Murcia.

A su juicio, se suele hacer esta pregunta a los representantes de Cs porque hay quienes pretenden «cargarse el centro». «Los de la derecha nos llaman traidores cuando pactamos con el PSOE y los de la izquierda nos llaman fachas cuando pactamos o negociamos algo con el PP. Al final los dos, están queriéndose comer a Ciudadanos», ha manifestado.

ARRIMADAS HA CONSEGUIDO QUE EN Cs SEAN «UNA PIÑA»

Bal ha señalado que Arrimadas «es una gran líder» que ha logrado «aunar las distintas sensibilidades del partido en torno a ella» y que todos se muestren «como una piña». Por eso, «si alguien se quiere cargar a Cs, se quiere cargar a Inés Arrimadas», ha concluido.

Además, considera que, en la nueva etapa iniciada en la formación naranja tras la dimisión de Albert Rivera por el resultado en las elecciones de noviembre de 2019, se ha «confirmado lo que son los valores del centro» en un espacio asimilable al de «los partidos liberales de los países europeos».

Tenemos lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda», porque se puede «defender impuestos bajos y políticas sociales ambiciosas, el progreso de la economía y también del medio ambiente», ha asegurado, convencido de que «el centro es más necesario que nunca.

El también portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos ha indicado que en su partido han hecho «autocrítica», admitiendo que se han «equivocado muchas veces al comunicar», que se asumieron «responsabilidades» al anunciar dimisiones en la dirección tras lo ocurrido en Murcia y que es un partido que «admite la crítica interna». Pero «seguimos mirando hacia delante» porque el espacio que ocupa Cs «no se puede perder», ha añadido.

EXDIPUTADO DE Cs EN UN ACTO ELECTORAL DE AYUSO

Respecto a las personas que se han apartado del partido en los últimos meses, como Fran Hervías, Ruth Goñi, Toni Cantó o Juan Rubio –muchos de los cuales se han sumado al PP–, Bal ha afirmado que «no eran de centro o, habiéndolo sido, han cambiado de opinión».

«Si hay una persona que dice que el centro político no puede apoyar ninguna decisión, aunque sea buena, de uno de los partidos que tiene al lado, es que no es de centro», ha manifestado al defender los acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez para prorrogar el estado de alarma durante la pandemia del coronavirus.

Asimismo, ha indicado que él sigue pensando que «repartirse la televisión pública o los jueces», como hacen el PP y el PSOE, «está mal». En cambio, «estas personas ayer pensaban una cosa y hoy piensan otra», ha agregado.

Entre esas personas, Bal ha incluido a Juan Rubio, exdiputado de Cs en la Asamblea de Madrid que ya adelantó en marzo su intención de dejar la formación naranja y que este lunes asistió a un acto electoral de la presidenta autonómica en funciones y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.

En su cuenta de Twitter, Rubio ha pedido el voto para el PP afirmando que esta es la opción que garantiza «una Comunidad de Madrid libre, social, próspera y para todos» y evita «una sociedad polarizada y enfrentada». «Piénsalo, vota a Isabel Díaz Ayuso», ha escrito.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, confía en que se mantenga los «datos tan buenos» de contagios en residencias y centros de día gallegos para que el comité clínico pueda continuar con la desescalada en las medidas de las instalaciones sociosanitarias.

En declaraciones a los medios tras asistir a la firma del convenio entre la Xunta y la Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista (Aspanaes) para urbanizar el entorno del centro asistencial proyectado en el Monte do Gozo, García ha recordado que tanto las residencias como los centros de atención a la discapacidad llevan «un mes con cero casos positivos» entre los usuarios y entre los trabajadores.

«Por eso decidió el comité clínico, hace 15 días, avalar continuar ampliando y flexibilizando todos los protocolos que hay en estos momentos en las residencias», ha explicado la conselleira, ya que ahora los usuarios ya pueden «salir tres veces a la semana por un máximo de cuatro horas» y recibir visitas de familiares «hasta tres días».

Y es que la Asociación de Centros de Día de Galicia (ACDgal) solicitaba a Política Social la semana pasada el inicio de la desescalada de las medidas en estas instalaciones. En concreto, la presidenta de esta organización, Ángeles Álvarez, se reunió con la Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria y trasladó la «urgente necesidad» de llevar a cabo dicho proceso, porque los usuarios tuvieron que «adaptarse a medidas muy restrictivas» desde su reapertura en julio de 2020.

«La aplicación de las mismas ha supuesto un perjuicio que les ha afectado significativamente a su desarrollo personal», aseguró, al tiempo que se mostró esperanzada con que el avance de la vacunación y de los contagios puedan conllevar una relajación de las medidas.

En concreto, ACDgal sugiere ampliar aforos, eliminar la distancia interpersonal de 1,5 y 2 metros –salvo en las horas de las comidas–, permitir salidas en pequeños grupos para dar paseos en el exteior y limitar los controles de síntomas a cuando se observen signos de malestar, entre otras propuestas, aunque todo ello manteniendo medidas de prevención como las mascarillas, la higiene de manos y desinfecciones.

Así, preguntada al respecto de las reclamaciones de los centros de día, la conselleira de Política Social se ha remitido a lo que próximamente pueda determinar el comité clínico: «Estamos esperando a que se continúen constatando estos datos tan positivos con el resultado de la vacunación entre las personas mayores y personas con discapacidad».

Por eso, Fabiola García ha mostrado su confianza en que continúe la campaña de inmunización «en el resto de la población» y «se relajen esas medidas».