El este de Burkina Faso, donde dos periodistas españoles fueron capturados el lunes tras un ataque contra una patrulla y posteriormente asesinados, ha sido escenario de un repunte de la inseguridad a causa del aumento de las operaciones por parte de grupos yihadistas, que ha elevado además las tensiones intercomunitarias.

Los periodistas españoles, cuyas identidades no han sido confirmadas oficialmente, fueron dados por desaparecidos junto a un irlandés y a un miembro de las fuerzas de seguridad tras un ataque contra una patrulla mixta de la unidad contra la caza furtiva en la provincia de Kompienga (sureste).

La situación de inseguridad, que afecta igualmente al norte del país y que en los últimos meses se ha extendido hacia la frontera con Costa de Marfil, en el sur, se ha deteriorado drásticamente desde la llegada al poder de Roch Marc Christian Kaboré en diciembre de 2015 tras el golpe de Estado del año anterior contra Blaise Compaoré.

Así, el país no se había visto afectado hasta entonces por las acciones de grupos yihadistas que sí operaban en otros países del Sahel, especialmente en Malí, algo que ha sido atribuido en los últimos años a un supuesto pacto de no agresión entre Compaoré y estas formaciones terroristas.

Sin embargo, Burkina Faso ha sido escenario de cientos de ataques desde entonces, incluido el ejecutado en enero de 2016 contra una cafetería y un hotel de la capital, Uagadugú, apenas unos días después de la toma de posesión de Kaboré, quien el año pasado obtuvo la reelección en una votación marcada por la inseguridad.

Lo complicado de la situación de seguridad ha llevado a las autoridades a aprobar una ley para el reclutamiento de ‘voluntarios’ para apoyar los esfuerzos del Ejército y la Policía, que se suman a unos grupos de autodefensa conocidos como Koglweogo, dedicados especialmente a garantizar la estabilidad en zonas rurales.

Sin embargo, esta iniciativa de Kaboré ha tenido repercusiones negativas en el conflicto, dado que los abusos supuestamente cometidos por el Ejército y estos grupos de autodefensa en sus operaciones de seguridad han aumentado las tensiones intercomunitarias y han permitido a los yihadistas reclutar a nuevos combatientes.

En el epicentro de estas tensiones se encuentra la comunidad fulani, también conocida como peul, debido a las acusaciones por parte de otras comunidades y las autoridades contra ellos por figurar entre los principales integrantes de estos grupos terroristas, lo que ha provocado ataques y venganzas contra ellos, alimentando un ciclo de represalias.

Ejemplo de esta situación fue la matanza de cerca de 50 miembros de la comunidad fulani a manos de una milicia progubernamental en respuesta a un ataque yihadista en 2019. Los fulani han hecho frente a este tipo de acusaciones en otros países de la región, entre ellos Malí, lo que ha retroalimentado estas dinámicas y ha beneficaido a los grupos armados, que buscaban desestabilizar la situación a nivel local.

Asimismo, el Gobierno ha abierto investigaciones sobre las denuncias en torno a la muerte de civiles a manos del Ejército, incluidas las formuladas por Human Rights Watch (HRW) sobre la ejecución de más de 30 detenidos en abril de 2020 en Djibo (norte) tras haberlos arrestado en el marco de una operación antiterrorista.

LUCHAS ENTRE GRUPOS YIHADISTAS

El país africano ha sido además escenario de las luchas internas entre los grupos yihadistas por el control de diversas zonas, incluidos combates entre las ramas de Estado Islámico y Al Qaeda en la región, Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), respectivamente.

Estado Islámico reconoció en mayo de 2020 combates con el JNIM, los primeros hasta dicha fecha en esta zona del continente, y describió a los miembros del grupo como «apóstatas», tras una serie de informaciones de medios de ambos países sobre enfrentamientos entre ambos grupos en Malí y Burkina Faso.

En Burkina Faso operan Ansarul Islam, un grupo terrorista autóctono, así como JNIM, una organización yihadista que aglutina a otras cuatro, entre ellas Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y Al Murabitún, y en menor medida Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).

De esta forma, se rompió una frágil entente cordial entre ambos grupos, enfrentados en otros países, principalmente en Siria, si bien no llegaron a alcanzar una cooperación total a la hora de coordinar y perpetrar ataques en Malí y Burkina Faso.

Esta situación ha llevado a los países que integran el G5 Sahel –Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger– a reforzar su cooperación para hacer frente a la amenaza, replicada en la cuenca del lago Chad, donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), que también han incrementado sus ataques durante los últimos meses.

POSIBLES CONVERSACIONES

Por otra parte, el primer ministro burkinés, Christophe Dabiré, abrió en febrero la puerta a un proceso de diálogo con estos grupos como una posible solución a la crisis, sin que por el momento se hayan iniciado contactos de forma oficial. «No decimos que Burkina Faso esté en contra de las negociaciones con los terroristas», dijo.

Así, Dabiré defendió durante una sesión en el Parlamento de cara a su confirmación en el cargo tras las últimas elecciones, que «incluso los grandes países, en países como Afganistán (…) han llegado a un momento en el que hay que sentarse en la mesa (de negociaciones) con los terroristas», en referencia al acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 por Estados Unidos y los talibán.

En este sentido, resaltó que «todas las guerras terminan en torno a una mesa (de negociaciones)» y añadió que «eso implica que, si se quiere salir de esta situación, antes o después, habrá que reflexionar sobre la posibilidad (…) de iniciar discusiones.

Dabiré arguyó además que este proceso de conversaciones podría iniciarse «si se conociera de forma clara y neta a los responsables de la situación actual», en una aparente referencia a la necesidad de que los grupos terroristas designaran una delegación o un equipo con los que mantener estos contactos.

A pesar de la ausencia de contactos oficiales, la agencia The New Humanitarian indicó en marzo que altos cargos del Gobierno ha mantenido reuniones secretas con yihadistas, contactos que habrían arrancado antes de las presidenciales de noviembre de 2020 y que habrían permitido alcanzar algunos alto el fuego ‘de facto’ en diversas zonas del país.

Estas conversaciones habrían implicado a grupos integrados en el JNIM –entre los que figuran Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el Frente de Macina, Ansar Dine y Al Murabitún–, si bien se desconoce si en las mismas participan miembros de ISGS, según fuentes diplomáticas, analistas, trabajadores humanitarios y fuentes de estos grupos yihadistas.

Pese a ello, el portavoz del Ejecutivo, Ousseni Tamboura, ha negado que haya negociaciones en marcha, si bien ha hecho hincapié en que las autoridades han pedido a líderes religiosos y comunitarios que contacten con reclutas de estos grupos para que entreguen las armas y ayuden a reconstruir el país, en un tono de conciliación respaldado por Kaboré durante los últimos meses.

Burkina Faso, junto con Níger y Malí, están además en el centro de una de las crisis de refugiados y desplazados internos de crecimiento más rápido en el mundo, con cerca de tres millones de refugiados y desplazados, según los datos que baraja Naciones Unidas, que ha destacado la necesidad es lograr restablecer la paz y la estabilidad, además de dar ayuda a los damnificados.

Cuatro trabajadores de una residencia para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid declararán mañana ante el juez en calidad de investigados por la presunta muerte violenta en mayo de 2020 de un joven autista de 28 años de nacionalidad peruana.

La citación, se produce después de que en diciembre de 2020 la Audiencia Provincial de Madrid ordenara investigar los hechos a instancias de un recurso presentado por la familia a través del despacho Ospina Abogados contra la decisión del juez de instancia, el de Instrucción número 45 de Madrid, de archivar el caso.

La directora del centro, que ha sido citada como testigo, entregará al juez las grabaciones de las cámaras de seguridad durante la noche en la que el joven fue hallado en estado muy grave en su habitación.

El abogado Juanjo Ospina ha señalado a Europa Press que confían en que «esta vez se practiquen todas las diligencias en la búsqueda de la verdad, y que un vil asesinato, como el que ha sido matar a un niño autista indefenso en la cama, no quede impune».

El vuelco al caso se produjo porque cuando tuvo lugar el archivo «la instructora no disponía aún del informe policial sobre los hechos», pero en el momento de resolver el previo recurso de reforma, sí».

El chico, que sufría un 92% de discapacidad intelectual, llevaba nueve años ingresado en esta residencia. La familia recibió el pasado 14 de mayo a las diez de la noche una llamada en la que les dijeron que «el pequeño había sufrido un ataque respiratorio pero que no se preocupasen porque ya estaba en camino al hospital».

El menor ingresó en el hospital a las 00.00 horas pero ya había perdido la vida. Presentaba hematomas en todo el cuerpo y un fuerte golpe en la cabeza. Desde la residencia les manifestaron que su hijo se autolesionaba.

El mismo día del fallecimiento alguien de la residencia llamó a la madre del menor y le informó que «había sufrido una agresión, habiendo sido golpeado en la cabeza y en el tórax y que por eso había muerto, que tenía que denunciar los hechos para no que no quedara impune el asesinato».

HEMATOMAS EN CABEZA Y CUELLO

Según su letrado, la familia se encargó de conseguir todos los partes médicos en los que constaba que el menor tenía hematomas en cabeza y cuello, siendo «la verdadera razón de su muerte una parálisis cerebral».

La sección de homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial fue el órgano encargado de realizar las pesquisas urgentes de investigación, trasladándose a la residencia y tomándole declaración a todo el personal.

Se solicitó entonces las cámaras de videovigilancia sin que las mismas fuesen aportadas correctamente, y consiguiente el historial clínico del menor fallecido.

Tras la práctica de las oportunas pesquisas, la Policía remitió su atestado al juzgado de instrucción, donde prestó declaración al personal sanitario de la residencia. Los facultativos manifestaron que el menor se golpeaba solo y que por eso tenía hematomas, pero que ninguno de ellos manifestó tener conocimiento sobre hechos delictivos.

Pese a que la madre negara que su hijo se autoninflingiera y que la Policía hubiese intuido que el fallecimiento pudo haber sido provocado por alguno o algunos de los cuidadores del menor, el juzgado de instrucción decidió archivar el caso por entender que no había autor conocido y que los indicios de criminalidad no eran suficientes para continuar la investigación.

La familia contrató al despacho penalista Ospina Abogados para que representara sus derechos como acusación particular. Recurrieron el auto de archivo alegando la existencia de «indicios de muerte violenta, posible complicidad entre los autores del delito e incluso posible asesinato».

Tras ello, la Audiencia estimó el recurso y ordenó al juez instructor continuar con la investigación del caso para el esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, para hacerse de las videograbaciones del interior de la residencia y conocer quién el último facultativo que entró en la habitación del fallecido.

Inmigrantes que se encuentran en la isla de Fuerteventura están siendo alojados desde este martes en hoteles y complejos turísticos del municipio de Caleta de Fuste.

Esta decisión también fue adoptada el pasado año en la isla de Gran Canaria, si bien en aquel momento se justificó por la falta de recursos existentes para acoger a todas las personas que estaban arribando a la isla.

En el caso de Fuerteventura, la Delegación del Gobierno en Canarias ha matizado que se trata de un recurso por el que opta la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para las cuarentenas de los migrantes atendiendo al protocolo vigente, ya que es el Ejecutivo regional quien debe habilitar espacios para aislar a los inmigrantes que den positivo y a sus contactos estrechos.

De todos modos, ha puntualizado que el centro de El Matorral, en Fuerteventura, es de gestión compartida.

Ante esta decisión, el Ayuntamiento de Antigua, al que pertenece Caleta de Fuste, ha emitido un comunicado en el que rechaza, junto a la Asociación de Empresarios de Caleta de Fuste y Antigua (AECA), el que se alojen a inmigrantes en hoteles o complejos turísticos del municipio, al tiempo que critican que no se les haya informado.

Es una vergüenza por parte del director insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura no haber dado aviso alguno sobre este alojamiento completamente irregular y que acepte sin rechistar la imposición de decisiones del Estado que ponen en riesgo la economía de una localidad turística de la que dependen cientos de puestos de trabajo», recoge el comunicado.

Si bien desde el Ayuntamiento de Antigua se considera necesario darle a los inmigrantes los derechos que precisan, se muestran en desacuerdo en alojar ahora a migrantes en complejos turísticos ante la llegada, dice el alcalde de Antigua, Matías Peña, de turistas británicos a partir del 17 de mayo.

«La solución a la crisis migratoria no puede pasar de ninguna manera por poner en riesgo la economía y apertura al turismo de localidades principales como es Caleta de Fuste», apostilló.

LA SOLUCIÓN A LA MIGRACIÓN «NO ES HIPOTECAR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA»

Por su parte, el Cabildo de Fuerteventura ha rechazado de manera «rotunda» la decisión «impositiva y unilateral» del Gobierno de España de alojar a migrantes llegados en patera o cayucos en hoteles de la isla, puesto que entiende que «la solución a la crisis migratoria no es hipotecar la recuperación económica».

«No podemos seguir tolerando esta descoordinación. Desde el Cabildo de Fuerteventura estamos colaborando en todo lo que se nos ha pedido; la cesión de la segunda nave para acoger a los migrantes ya tiene su expediente listo. Nosotros hemos cumplido pero no podemos aceptar decisiones unilaterales, impositivas e improvisadas, como la de alojar a los migrantes en complejos hoteleros», expuso en un comunicado el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret.

Tras conocer la intención del Gobierno central de alojar en establecimientos turísticos de Caleta de Fuste a una parte de los migrantes llegados a la isla, exigió al Ministerio y a las consejerías pertinentes una solución urgente e inmediata que garantice tanto el control de la situación sanitaria como el respeto a los derechos y la dignidad de las personas migrantes en un contexto de compromiso con la solidaridad y la ayuda humanitaria.

Además, ha demandado que se haga sin poner en peligro la recuperación económica, añadiendo que atendiendo a «lo que se está esforzando el sector turístico por recuperar la normalidad y las tasas de actividad y empleo previas a la pandemia, lo de los hoteles no es solución, y menos ahora que se están sentando las bases de la recuperación turística».

Así, ha espetado que es «lo que faltaba», agregando que el Cabildo va a cooperar «en lo que haga falta pero no arriesgando la recuperación turística que es el motor de toda» la recuperación económica de Fuerteventura.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), María García de la Fuente, ha condenado el asesinato de dos periodistas españoles –cuyos nombres responden a las siglas D.B.A. y R.F.F– en Burkina Faso, donde trabajaban en un documental para denunciar la caza furtiva y los esfuerzos de las autoridades del país africano y las comunidades que habitan en los parques naturales del país así como sobre el uso de los recursos naturales en África.

En declaraciones, ha lamentado la situación que «desgraciadamente se repite» y que también afecta a los guardabosques y «otros colectivos de defensa de la naturaleza».

«(El suceso) nos reafirma en la posición de la búsqueda de un consenso mundial que vele por preservar este continente, como garantía de la vinculación necesaria ente la naturaleza y el ser humano», ha manifestado.

Por último, ha defendido en nombre de APIA que para que siga habiendo información «rigurosa y de calidad» el trabajo de los periodistas es esencial.

Los dos periodistas habían sido dados por desaparecidos este lunes tras un ataque por un grupo armado este lunes en el este de Burkina Faso. Pero según ha confirmado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ambos habrían sido encontrados sin vida.

González Laya ha informado de que de acuerdo con los datos facilitados por las autoridades burkinesas sobre los cadáveres hallados en el lugar de los hechos confirma que se trata de los dos españoles desaparecidos. Las familias ya han sido informadas, ha puntualizado.

Ambos formaban parte de un grupo de unas 40 personas con las que se perdió el contacto hacia las 15.30 horas del lunes en un parque natural situado en la frontera entre Burkina Faso y Benín, una «zona peligrosa por ser campo de operaciones de terroristas, cazadores furtivos y bandidos», ha subrayado González Laya, que ha lamentado la «triste noticia».

Los dos españoles, ambos varones, se encontraban en paradero desconocido junto a un irlandés y un miembro de las fuerzas de seguridad burkinesas tras un ataque ejecutado por personas armadas no identificadas contra una patrulla mixta de la unidad contra la caza furtiva en la provincia de Kompienga (este).

Los medios locales habían informado de que dicho ataque se saldó con tres heridos y cuatro desaparecidos y posteriormente han indicado, citando fuentes de seguridad, que los tres occidentales han sido ejecutados por sus captores, si bien otros apuntan a que habrían resultado heridos en la emboscada.

El ataque, perpetrado cerca de la localidad de Pama, capital de la provincia, se saldó además con el robo de armamento y equipamiento por parte de los asaltantes. Entre el material se encuentran dos ametralladoras montadas sobre vehículo, un dron, doce motocicletas y receptores de frecuencia.

El este y el norte de Burkina Faso han sufrido un aumento de la inseguridad durante los últimos años, especialmente a causa del repunte de los ataques por parte de grupos yihadistas, entre ellos la rama de Al Qaeda en el Sahel, el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), que han provocado además un incremento de los enfrentamientos intercomunitarios.

El presidente de la Diputación de Alicante y del Partido Popular de la provincia, Carlos Mazón, ha instado este martes al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a «centrarse en las verdaderas prioridades de los valencianos» y en ir a Madrid a reclamar «hasta la última gota del trasvase», en vez de reunirse con el ministro Miquel Iceta para tratar del modelo de Estado federal, en el que «nadie cree».

Por ello, le ha reclamado, en un comunicado, que vaya a Madrid «a reclamar el agua que nos quieren recortar y la financiación autonómica, en vez de ir a reunirse con Iceta para ver cómo avanzar en els Països Catalans». Mazón se ha referido así a la reunión que Puig este lunes con el ministro de Política Territorial, en la que se abordó el modelo federal a través de una estrategia común con el Ministerio.

«Ni en la Comunitat Valenciana ni en la provincia de Alicante estamos ahora en eso», ha insistido el ‘popular’. «Ahora lo que hace falta es que el presidente de todos los valencianos vaya a la capital de España a exigir hasta la última gota del trasvase, las ayudas a nuestros sectores más punteros y que tan agraviados se han visto con la crisis de la Covid».

Además, Mazón también ha urgido a Puig a «pedir un sistema de financiación justo para poder tener más infraestructuras, más centros de salud, más colegios, más calidad de vida y dejar ya de ser los peor financiados de toda España».

Por último, el presidente del PPA ha destacado que «no es momento de ir a hablar de un estado federal en el que ahora mismo nadie está ni nadie cree; es momento de estar defendiendo a esta comunidad urgentemente y de ir a Madrid a traerse vacunas, financiación, ayudas y agua».

Por su parte, la diputada de Ciclo Hídrico y alcaldesa de Albatera (Alicante), Ana Serna, ha agradecido al ‘president’ que finalmente «se haya unido al aquelarre del agua, utilizando sus propios términos» y se haya «dado cuenta de que es mejor ir a una todos juntos para reclamar cada gota del trasvase Tajo-Segura para la provincia de Alicante».

En esos términos se ha referido Serna a la visita que este martes ha realizado Puig a la balsa de la Comunidad de Regantes del Cuarto Canal de Poniente en Benferri.

«La presión social ha hecho efecto y Puig ha entendido que la única forma y la mejor de defender los intereses de esta provincia por el agua es ir todos a una», ha sostenido y ha aplaudido que finalmente la Conselleria de Agricultura se haya adherido al frente común con Murcia y Andalucía para frenar los recortes del trasvase.

«Había que ser más contundentes a la hora de defender el trasvase; faltaba que desde la Generalitat sus máximos representantes estuvieran de acuerdo en ir todos a una y hacer alianza con otras comunidades afectadas como Murcia y Andalucía», ha señalado.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena de doce años de cárcel a un varón por un delito de agresión sexual a una menor de 14 años cometida en mayo de 2019 bajo amenaza de «rajarla» con una navaja, según informaron fuentes del Alto Tribunal castellanoleonés.

En su resolución, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, desestima el recurso del condenado y ratifica la condena impuesta por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, consistente en 12 años de cárcel por un delito deagresión sexual a menor de dieciséis años con acceso vaginal, junto con la medida de libertad vigilada durante cinco años que se ejecutará después de la pena privativa de libertad; prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 300 metros respecto de de su domicilio, lugar de estudio o trabajo o lugares que esta frecuente, durante 15 años; así como la prohibición de establecer con la citada contacto escrito, verbal o visual, por cualquier medio de comunicación o medioinformático o telemático, también durante 15 años, prohibiciones que se cumplirán simultáneamente con la pena privativa de libertad.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado queda obligado a indemnizar a en 50.000 euros por daños morales y secuelas, cantidad que devengará el interés previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se impone también el pago de las costasprocesales, incluidas las de la acusación particular

Los hechos se remontan al 6 de mayo de 2019 cuando la menor la menor, de catorce años y seis meses, se fugó del centro de protección de menores de la ciudad de Valladolid, donde estaba ingresada, y se encontró en la capitdal con el acusado, de 18 años, al que ya conocía con anterioridad de su estancia en Soria aproximadamente dos años antes.

En un momento determinado, pidió al condenado si podía dejarle pasar la noche en su casa, a lo que este accedió, de forma que ambos se dirigieron a un piso del barrio de Pajarillos de Valladolid, donde había otros varones. Allí estuvieron hablando de sus vidas, en cuya conversación la menor dijo al acusaso que tenía catorce años.

Ya en la madrugada del día 7 de mayo de 2019, cuando los compañeros de piso de se fueron a dormir a sus habitaciones, el acusado y la menor se quedaron solos en el salón. Fue entonces cuando el acusado empezó a sobar a la víctima por varias partes del cuerpo, a pesar de que ésta le decía que no quería tener nada con él y que la dejase.

Entonces sacó una navaja que abrió y mostrándosela le dijo: ¡»Si no follas conmigo te voy a rajar!», ante lo cual la joven accedió a la pretensión de quien la penetró con su pene eyaculando en su interior.

Como consecuencia de tales hechos, la menor ha empeorado el diagnóstico de estrés postraumático que ya padecía ya que ha experimentado sentimientos de humillación, episodios autolíticos y de ansiedad aguda, estando sometida a tratamiento psiquiátrico y psicológico.

La Policía Nacional de Guadalajara ha detenido en la noche de este lunes a un hombre que llevaba un hacha con la que previamente había arremetido contra varios vehículos policiales en las inmediaciones del parque que hay cerca del cementerio municipal de la capital, supuestamente tras entablar una discusión con una mujer.

Según algún testigo presencial que estaba en las inmediaciones de la zona, se escuchó una discusión y una mujer salió corriendo mientras se observó a un varón que portaba un hacha con la que se empleó en firme tratando de golpear todo lo que veía en el camino.

Un testigo avisó a los agentes de seguridad, que se personaron en las inmediaciones del cementerio, donde se habían escuchado los gritos. Finalmente, según confirmó la Subdelegación del Gobierno, conseguirían detener a este individuo.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, los agentes del cuerpo detuvieron anoche en Guadalajara a un varón, tras ser requeridos por su pareja, debido a que éste se encontraba en un alto estado de excitación y se enfrentó a los agentes con un hacha.

Sobre las 21.45 horas del día de ayer, la Policía Nacional recibió una llamada, a través del 091, en la que una mujer solicitaba la presencia policial en las inmediaciones del aparcamiento del Cementerio debido a que su pareja, un varón de mediana edad, se encontraba muy agresivo.

Las patrullas que acudieron al lugar hallaron a este varón dentro de su vehículo y éste, al observar la presencia policial, se dirigió hacia los agentes en actitud amenazante, portando un hacha, con la que acometía tanto a los policías como a los vehículos.

El varón, que no deponía su actitud y hacía caso omiso a las indicaciones de los agentes, trató de huir en dirección al río, poniendo en peligro a los ciudadanos que encontraba a su paso, por lo que tuvo que ser reducido y detenido.

Una vez arrestado, el varón fue asistido por los servicios sanitarios debido al estado de excitación y agresividad en que se encontraba, dando así por finalizado el incidente, y no teniendo que lamentar daños personales.

La Policía Nacional está elaborando el correspondiente atestado sobre los hechos ocurridos, del que dará cuenta a la autoridad judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado este martes la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 27 de la capital que anulaba el cese del que fuera director de Hacienda, Transportes y Movilidad del Ayuntamiento de Móstoles, Sergio G. D. S., tras denunciar un presunto caso de corrupción.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM desestima así el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Móstoles y el Ministerio Fiscal y confirma el derecho del exdirector de Hacienda de Móstoles a ser indemnizado por daños morales con la cantidad de 8.000 euros.

En concreto, este excargo del Ayuntamiento de Móstoles denunció en julio de 2018 supuestas actuaciones delictivas cometidas por autoridades y funcionarios del Consistorio y «horas después» fue cesado por pérdida de confianza, tras sufrir diversos episodios de «hostigamiento».

El TSJM, como ya hiciera el juzgado sentenciador en primera instancia, defiende la correlación entre el despido de esta persona y la denuncia de un posible caso de corrupción.

Así, considera que «la desvinculación de la corporación municipal vulneró la garantía de indemnidad que protege al empleado público de las represalias de sus superiores cuando, en cumplimiento de una obligación legal y del ejercicio de sus funciones, denunció ante las autoridades judiciales conductas presuntamente delictivas de que tiene conocimiento, cometidas en el seno de la administración en la que presta sus servicios».

Así, la sentencia concluye que existe una «lesión del derecho a la tutela judicial efectiva» por parte de este excargo del Ayuntamiento en la vertiente de «garantía de indemnidad», por lo que aprecia la procedencia y la estimación parcial de la pretensión indemnizatoria «por daños morales», fijada 8.000 euros y justificada en el desasosiego y zozobra en la esfera personal, social y profesional causada en el demandante.

Los magistrados desestiman el recurso de apelación del Consistorio de Móstoles, al que afean que tanto en primera como en segunda instancia se ha limitado a «sustentar su decisión de cese en su plena y absoluta libertad de llevarla a cabo, sin ofrecer argumentación alguna verosímil que permita explicarlo por razones ajenas a la voluntad de represaliar la conducta» de este ex alto cargo de confianza.

También desestima la petición de la Fiscalía, que solicitó la desestimación de la demanda al entender que el puesto ocupado por el demandante era un cargo de libre designación, en el que su destitución tiene un carácter discrecional y su cese no tiene «carácter de sanción». En consecuencia, no apreciaba que pudiera verse vulnerado su derecho de tutela efectiva.

HOSTIGAMIENTO

El cese de esta persona se produjo además tras sufrir diversos episodios de hostigamiento, circunstancia fundamental para acreditar la relación directa entre la denuncia y el cese y que quedó probada.

«La proximidad temporal entre el conocimiento de la presentación de la denuncia penal –acción– y el cese –represalia–, constituye un relevante indicio de lesión de la garantía de indemnidad que, unida a los restantes indicios, conducen razonada y razonablemente a presumir la lesión de un derecho fundamental», justifican ahora los jueces del TSJM.

El alto cargo denunció la presunta implicación de la alcaldesa del Ayuntamiento de Móstoles, Noelia Posse, en determinadas actuaciones municipales en materia de contratación pública y existe una grabación aportada a la causa en el que la regidora con otros cargos donde se pone de manifiesto a que, con anterioridad al cese, conocía de la denuncia penal y la «insostenible» situación del funcionario, que la cursó al haber trasmitido la situación a sus superiores sin que se depuraran responsabilidades.

El PSOE, Unidas Podemos, ERC y el PDeCAT han votado en contra de una proposición no de ley del PP en el Congreso que exigía al Ayuntamiento de Palma de Mallorca la revocación del acuerdo para cambiar la ‘Calle Toledo’ en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y han impedido que se condene la actuación del alcalde de Palma, el socialista José Hila, por esta decisión.

La iniciativa de los ‘populares’ ha sido debatida y votada este martes en la Comisión de Política Territorial y Función Pública y sí que ha contado con el apoyo de Ciudadanos y Vox. En el texto, el PP se pedía condenar este acto al considerar que se trataba de «una ofensa intolerable y de agravio a la ciudad de Toledo, a los toledanos y al conjunto de los españoles».

El Ayuntamiento de Palma, donde gobierna el PSOE con el apoyo de Podemos y Més per Mallorca acordó el pasado mes de marzo la retirada de varias calles rotuladas durante el franquismo, entre ellas la dedicada a Toledo, incluida en un censo de simbología franquista, con el argumento de que pretendía ensalzar el asedio del Alcázar de Toledo durante la Guerra Civil.

La decisión provocó la indignación de la alcaldesa de Toledo, la socialista Milagros Tolón, quien conversó con el regidor de Palma, que acabó anunciando que se pondría el nombre de Toledo a otra calle del municipio. Finalmente, el primer edil de la ciudad balear decidió paralizar esta retirada y solicitó una reunión con el Ejecutivo de Baleares para revisar el censo.

«Decir que Toledo es una ciudad franquista es una estupidez y una falsedad», ha proclamado el diputado toledano del PP Vicente Tirado durante el debate de la proposición no de ley, en el que ha cargado duramente contra esta decisión del consistorio de Palma.

Por su parte, los socios del Gobierno y los partidos gubernamentales han defendido la Ley de Memoria Histórica y han acusado al Partido Popular de «fomentar el conflicto». «No hay nada que exigir porque no hay caso», ha reprochado al PP la diputada toledana del PSOE Esther Padilla.

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, denuncia una «discriminación» del Gobierno central a Galicia en el reparto de fondos contra la pandemia, ya que la comunidad gallega «tendría que tener» 660 millones más con base en los criterios de financiación autonómica.

Así lo ha expuesto en una comparecencia en el Parlamento gallego, en la que se ha quejado de «múltiples ejemplos de penalización» que sufre Galicia debido a los «diferentes y cambiantes» criterios aplicados por el Estado. «Al final, siempre salimos trasquilados los mismos», asevera el conselleiro de Facenda.

En esta línea, recrimina que el Ejecutivo central lleva «muchos meses perjudicando a Galicia en el reparto de todos los fondos que se habilitan para la lucha contra la pandemia». Y es que «están recibiendo más recursos» aquellas comunidades que «tiene mayor renta per cápita», en detrimento del resto.

Pone de ejemplo que Galicia solo recibió el 2,5% de los fondos del plan de saneamiento y depuración de aguas, así como solo el 3,6% para la rehabilitación de viviendas. «Esta discrecionalidad no puede continuar», sostiene.

«ESFUERZO ADICIONAL» DE 90 MILLONES

En su intervención, Martínez ha señalado que el Gobierno gallego tuvo un gasto extraordinario de 629 millones en 2020 por la pandemia, con un «esfuerzo adicional» de 90 millones por encima de los recursos recibidos.

Se ha referido al gasto extra de: 270,3 millones para sanidad; 115,8 millones para educación; 70,2 millones para políticas sociales; y 53,7 millones para empleo, entre otras partidas.

Además, remarca el aplazamiento que se puso en marcha para el abono de impuestos autonómicos, del que se beneficiaron uno de cada cinco contribuyentes.

ALERTA SOBRE FONDOS EUROPEOS

Por ello, Valeriano Martínez ha llamado al «apoyo de todos los grupos» para demandar que se «corrija esta discriminación» en el próximo reparto de fondos europeos de reconstrucción en favor de la «cogobernanza».

Acusa al Gobierno de actuar «como si las comunidades fuesen una sucursal» o «una subcontrata». Por este motivo, no se muestra «optimista» acerca de los fondos europeos, dado que se están usando criterios «cambiantes» y «cada vez más alejados del sistema de financiación autonómico».

Lamenta que esta situación «no favorece a una recuperación cohesionada», dado que «aumentará la brecha entre las regiones más dinámicas y en convergencia». «Siempre estamos perdiendo los mismos», dice.

De tal forma, pide al Gobierno «igualdad» en el reparto en el Plan Nacional de Recuperación, Transición y Resiliencia, pues «no todas las comunidades están siendo tratadas por igual».

CIERRE DE 2020 «RIGUROSO» Y «SOLVENTE»

Tras hacer una repaso por todas las medidas adoptadas por el Gobierno gallego en la pandemia, ha remarcado que Galicia «lideró» el esfuerzo inversor en España en 2020, ya que tiene el mayor peso de inversiones sobre el total del gasto no financiero (13,5%), casi el doble que la media (del 7,2%).

También ha puesto en valor que Galicia pagó a sus 14.800 proveedores en una media de 18,7 días en 2020, la mitad del plazo de la media de comunidades. El importe pagado alcanzó los 3.380 millones en más de 600.000 facturas. De tal forma, la Xunta «es el mejor cliente de Galicia».

Igualmente, el responsable de Facenda subraya que, en un año de suspensión de las reglas fiscales, Galicia controló el déficit al cerrar 2020 con solo un 0,1% del PIB. Todo ello, en el marco de un cierre de ejercicio «serio, solvente y riguroso».

Junto a esto, remarca que es la tercera comunidad de régimen común con menor endeudamiento, con un 19,9% de la ratio deuda/PIB, frente al 27,1% de la media de autonomías. «La deuda no es la solución», deja claro.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, Noa Presas (BNG) ha afeado que el conselleiro no aporte a los grupos los informes «clandestinos» de cierre de ejercicio, con el objetivo de «disfrazar la realidad más positiva de lo que es».

A renglón seguido, ha reprobado que el conselleiro acuda al Parlamento a «llorar», pero «no hacen nada». De hecho, considera que la denuncia que hace el Gobierno gallego al Estado sobre el «oscurantismo» en los fondos europeos «es la misma» que se puede hacer a la Xunta.

La diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha recriminado a la Xunta su «falta de transparencia» y «opacidad» en relación con un informe «fantasma» no facilitado por el conselleiro a los grupos acerca del cierre del ejercicio de 2020. Una intervención que ha reducido a «publicidad y propaganda».

Asimismo, Rodríguez Rumbo critica que el Gobierno gallego «no está a la altura de la situación» para la gestión de la pandemia al «estar más preocupados de cuadrar las cuentas que por atender a las personas». Ejemplifica que en 2020 se dejaron sin gastar 135 millones de partidas de empleo.

En cambio, Pedro Puy (PP) ha agradecido el ejercicio de «transparencia» del conselleiro con esta comparecencia, al tiempo que critica el reparto «regresivo» de fondos que beneficia a las comunidades que «tienen más renta per cápita».

El presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, el alto comisionado de lucha contra la pobreza infantil, Ernesto Gasco, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, han celebrado este martes la primera reunión del Comité Directivo creado para realizar un análisis en profundidad sobre la pobreza infantil en España que se realizará en España para asegurar una Garantía Infantil Europea efectiva.

El análisis examinará las políticas e intervenciones en infancia, a nivel nacional, autonómico y local, para obtener una radiografía de la situación que permita hacer recomendaciones encaminadas a reducir la pobreza y exclusión infantil. En España, uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Las tasas de pobreza infantil ya eran preocupantes en nuestro país antes de la COVID-19 pero, sin duda, la crisis socioeconómica derivada de la pandemia va a empeorar la situación de la infancia más vulnerable en España y en Europa«, ha asegurado Suárez Pertierra.

Según ha precisado, «la infancia es asunto de todos y un bien común de la sociedad» y, por ello, ha destacado la «trascendencia» de estos trabajos que suponen «dar un paso más» para «acabar con la pobreza infantil».

Una de las estrategias para conseguir este objetivo es la Garantía Infantil Europea, un programa piloto lanzado por la Comisión Europea y UNICEF a principios de 2021 en siete Estados miembros, entre los cuales se encuentra España.

Según explica UNICEF, a través de la Garantía Infantil se plantearán «enfoques novedosos» para priorizar a los niños en los presupuestos nacionales y en los procesos de planificación, y se estudiarán las intervenciones más eficaces para romper el círculo de la pobreza infantil y la exclusión social.

Esta acción forma parte del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y contribuirá a la Estrategia Europea de Derechos de la Infancia; y, en este marco, la Comisión Europea ha solicitado a UNICEF la realización de ese análisis en varios países piloto, que se traducirá un Plan de Acción en cada país para reducir la pobreza infantil y la exclusión. Este plan será el que guíe la implementación de los fondos europeos de la Garantía Infantil.

Según destaca la ONG, en el encuentro virtual de este martes se ha puesto de manifiesto el «compromiso» de todas las partes para acabar con la pobreza infantil. En el encuentro también han estado presentes representantes de los ministerios de Educación, Sanidad y de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, así como de la Federación Española de Municipios y Provincias, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y los investigadores que están realizando los análisis.

La reunión se ha producido unos días antes del Porto Social Summit, organizado por la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea y que durante los próximos 7 y 8 de mayo tratará temas sociales, entre ellos la pobreza infantil y la Garantía Infantil Europea.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha condenado a dos empleados de Oleícola El Tejar y a dicha entidad por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente tras el vertido de alperujo en junio de 2017 que se extendió en el río Guadalquivir desde el término municipal cordobés de Pedro Abad hasta la presa de Peñaflor (Sevilla), atravesando casi toda la provincia cordobesa y acabando con la vida de unos 46.200 peces.

Según recoge la sentencia de conformidad entre las partes, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y adelantada por el diario ‘ABC’, las condenas son tres meses de cárcel para cada uno de los procesados, multas de 900 euros y el pago de indemnizaciones de unos 623.000 euros a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), por «los daños ocasionados a la calidad de las aguas», por «las labores de retirada de peces muertos» y por «los gastos ocasionados por la toma de muestras y su análisis», así como a Endesa y Energy Resources por daños ocasionados.

Al respecto, la entidad Oleícola El Tejar asume la exacción de la responsabilidad civil frente a los perjudicados manifestando «haber alcanzado acuerdo extrajudicial» con dos aseguradoras con sucursal en España, a la vez que la entidad formula «renuncia expresa a reclamar nada más».

En este sentido, se da por probado, tras el acuerdo entre las partes, que entre el 14 y 19 de junio de 2017, uno de los dos varones acusados, encargado de la planta de secado de alperujo de la entidad acusada, y el otro, empleado de la sociedad, «planificaron la realización de un trasvase de líquidos desde una balsa de alperujo hasta una balsa de lixiviados, sin adoptar ninguma medida de protección y sin que conste tuviesen autorización alguna».

Además, se expone que «lo ejecutaron haciendo para ello uso de un motor de bombeo móvil y colocando entre ambas balsas y fuera del perímetro de la zona de las balsas un tramo de tubería con un empalme».

Así las cosas, «debido a que no se estableció un sistema de vigilancia permanente», y que el segundo procesado «no prestaba la atención debida el día 19 de junio, sobre las 11,45 horas se advirtió la rotura del manguito del empalme de la conducción, suelto en el suelo y con fuga de líquido, con el consiguiente vertido al terreno y de ahí sin control al río Guadalquivir».

De este modo, el vertido de alperujo avanzó por el río hasta unos cien kilómetros de distancia, llegando hasta el Monumento Natural Sotos de la Albolafia de la capital cordobesa, dentro de la Red Natura 2000, «tiñendo todo el cauce del río de color negro intenso, con mal olor y afectando a la calidad del agua».

ESPECIES AFECTADAS

Como consecuencia del mismo, se vieron afectados, principalmente, dos especies autóctonas especialmente vulnerables, como son el barbo gitano, con 20.000 ejemplares muertos, y la boga de río, con 450 ejemplares muertos, siendo el resto de especies afectadas exóticas invasoras como carpa, alburno, carpín, perca sol y black bass, con 25.800 ejemplares muertos. Las operaciones de retirada de peces muertos ha sido valorada en 24.377,98 euros. El daño a la calidad del agua ha sido tasado en 589.000 euros.

Igualmente, debido al vertido, se ordenó la parada de producción de distintas centrales hidroeléctricas, causando con ello los correspondientes perjuicios económicos. En concreto, al grupo Enel-Endesa, explotadora de la central eléctrica de El Carpio, se causó un perjuicio valorado en 3.142 euros; a la central de Villafranca, un perjuicio tasado en 1.314,62 euros; a Energy Resources, explotadora de la central de Alcolea, se le causó un perjuicio de 1.526 euros, y a la de El Arenal, un perjuicio de 1.526 euros.

La valoración de las muestras de agua extraídas y posteriores ensayos realizados por los laboratorios acreditados han sido tasados en 1.569,48 euros.

En este caso, la sentencia recoge que «dicha actuación se llevó a cabo vulnerando lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Aguas, RDL 1/2001 en los artículos 97, 100 y 116.3 a), f), g) y de lo dispuesto en el artículo 234 a) y 245 y ss del Reglamento del Dominio Público Hidráulico modificado por RD 670/2013 de 6 de septiembre».

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha insistido este martes en con Marruecos hay un diálogo estrecho que no se ha visto afectado por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para que reciba tratamiento médico, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno se toma muy en serio la colaboración con la justicia.

El Gobierno marroquí convocó durante el fin de semana al embajador de España en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, para exigir «explicaciones». «El Reino de Marruecos deplora la actitud de España», señaló el Ministerio de Exteriores marroquí en un comunicado, criticando que se acoja a Ghali –quien está recibiendo tratamiento en un hospital por COVID-19– cuando es buscado «por crímenes de guerra graves y atentados graves contra los Derechos Humanos».

En este sentido, la ministra ha sostenido durante la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, que hay un «diálogo estrecho» a todos los niveles con Marruecos en el marco del cual se ha abordado este asunto y se han «explicado las razones de estricto cumplimiento del compromiso humanitario» por las que ha actuado el Gobierno.

A España le une con Marruecos una relación «muy profunda en lo bilateral» y también con vistas a que la UE estreche sus lazos con el país vecinos, ha destacado González Laya, subrayando que el reino alauí no es solo un vecino y amigo sino «un socio estratégico».

«Somos cumplidores de la ley, incluida la obligación de colaborar con la justicia española», ha añadido, subrayando que «es algo que el Gobierno se toma muy en serio» pero sin aclarar qué va a ocurrir si Ghali se recupera y recibe el alta.

En su comunicado, Rabat se quejó de que le Gobierno no le hubiera avisado de antemano y también cuestionó por qué «la justicia española no ha reaccionado a las numerosas denuncias presentadas por las víctimas» del Polisario.

Con ello, se refería a que la Audiencia Nacional citó en 2016 a Ghali en calidad de investigado por la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

Tras la confirmación del traslado de Ghali, la Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH), impulsora del proceso judicial en España, ha remitido una solicitud a la Audiencia Nacional en la que pide que se verifique que efectivamente el líder del Polisario está ingresado y se le tome declaración, así como la emisión de una orden de detención.