El cura acusado de abusar repetidamente de una menor en Talavera de la Reina en el curso escolar 2010-2011, cuando la víctima contaba con 14 años de edad, ha sido condenado a 8 años y 6 meses de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal.

Según la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincia de Toledo, se impone también al acusado el abono de una indemnización de 50.000 euros y prohibición de comunicarse con cualquier medio con la misma a una distancia inferior a 300 metros por 18 años.

La sentencia considera como hechos probados que el acusado conoció a la víctima en el verano del año 2010, durante el cual ambos participaron en un viaje, organizado por el centro escolar confesional Compañía de María de Talavera de la Reina en el que A. estaba escolarizada, cuyo objeto fue recorrer el Camino de Santiago.

Ello motivó que, una vez que A. comenzó su actividad escolar en cuarto de la ESO durante el curso 2010/2011, solicitara a las personas responsables del centro educativo mencionado la posibilidad de que J.L.G.M. fuera su director espiritual, opción que, además, fue promovida y fomentada por las religiosas que dirigían el colegio.

Las sesiones que A. mantenía con la víctima se celebraron, desde septiembre de 2010 hasta noviembre de ese mismo año, en una sala del centro educativo, un lunes de cada tres semanas.

En esas sesiones, la víctima relataba al sacerdote sus inquietudes y, asimismo, la problemática que vivía en su ámbito familiar, debido a las malas relaciones que mantenían sus padres, lo que favorecía que A. se desahogara ante y se sintiera apoyada y reconfortada por su escucha y lo considerara y tratara como un padre y un referente personal y moral.

En diciembre de 2010, J.L.G.M. propuso a A. modificar el lugar y hora donde mantenían sus encuentros, que pasaron a ubicarse en el despacho de la parroquia de San Ildefonso de Talavera, donde el procesado desempeñaba su labor como sacerdote y se produjeron durante los períodos correspondientes en los que la víctima cursó 4° de la ESO, 1° de Bachillerato y 2° de Bachillerato, con exclusión de los meses estivales.

COMIENZO DE LOS ABUSOS

Según la sentencia, a partir de enero de 2010, el cura comenzó a preguntar a A. en el seno de estas reuniones, cuestiones relacionadas con su vida sexual, para, a continuación, en uno de estos encuentros, solicitarle, de forma insistente y "con un evidente ánimo libidinoso", que le besara.

"Si bien en un principio ella se negó, finalmente, accedió, debido a la consideración que tenía hacia el procesado a quien concebía como un referente personal y moral". En sucesivas reuniones, continúa, el procesado procedía a quitar la ropa que vestía A. expresándole, simultáneamente, que lo hacía porque Dios se lo pedía, para, con posterioridad, llevar a cabo distintos tocamientos.

En ulteriores reuniones, añade, acaecidas en los períodos antes mencionados, aunque en fechas que no han podido ser precisadas con exactitud, J.L.G.M., guiado por un ánimo lascivo, solicitaba a A. que se desnudara y llevaba a cabo tocamientos. "Aunque en ocasiones A. mostraba su oposición a ello, el cura la convencía de la bondad de tales conductas y le insistía que todo ello era un regalo de Dios".

La sentencia relata otros abusos cometidos por el acusado y señala que cuando la víctima se negaba la decía que era una "quejica y una niñata". "Era siempre habitual que J.L.G.M. al finalizar sus encuentros, le diera un beso o un abrazo a A. y le pidiera que le perdonara".

Además, añade que el ahora condenado recordaba "de forma frecuente" a A. que estas experiencias no debía contarlas a nadie y que, de forma ocasional, la propinó una bofetada en el seno de estos encuentros, "aunque no con la finalidad de que la misma se sometiera a las prácticas sexuales que eran propuestas por aquél".

Una vez que A. terminó 2° de Bachillerato, marchó a iniciar sus estudios universitarios. Allí conoció a la doctora P.C.M. y comenzó a asistir su consulta donde de este momento fue tratada de una diversa y múltiple sintomatología, originadas en las conductas de naturaleza sexual a las que fue sometida por el cura.

Con todo, la víctima fue diagnosticada de trastorno de adaptación con síntomas de trastorno de la conducta alimentaria secundario --anorexia nerviosa con conductas restrictivas y compensatorias-- y el 18 de noviembre de 2013 fue ingresada para contención de un riesgo autolítico, siendo dada de alta el 19 de diciembre de 2013.

EL EXORCISMO

Con posterioridad, A por indicación de los facultativos que la atendían, estuvo cuatro meses ingresada en un centro destinado al tratamiento de enfermedades mentales y en mayo de 2014 los facultativos que atendían permitieron que pudiera acudir a su domicilio de Talavera de la Reina.

Allí, el día 19 de este mes su madre le dijo que tenía que visitar a J.L.G.M. porque le tenía que entregar unas medicinas en su domicilio. "No obstante, ello constituyó una mera argucia para provocar que A. se sometiera allí a un exorcismo, cuya práctica había sido concertada previamente por su madre al entender esta última, por sugerencia de que las afecciones mentales que padecía su hija, tenían como origen la influencia del demonio".

Cuando A. llegó mencionado lugar, donde se encontraban el procesado, su madre y otro sacerdote, estos últimos le explicaron que la enfermedad que padecía se debía a la influencia del demonio, por lo que debían someterla a un exorcismo y que, para ello, se debía quitar la ropa, a excepción de sus bragas y su camiseta.

Una vez se desprendió de su ropa en los términos que le habían indicado, comenzaron a practicar el exorcismo. Al día siguiente, J.L.G.M. llamó a i A. y le manifestó que tenían que continuar con el exorcismo, de forma que su madre la acompañó a la iglesia de San Ildefonso, en una hora en la que la iglesia no estaba frecuentada por terceros, donde, finalmente, se quedó sola en el despacho parroquial del procesado.

Allí, abuso nuevamente de ella a la vez que le manifestaba que le tenía que sacar el demonio de dentro. El día 26 de mayo de 2014, y nuevamente en el domicilio del procesado se practicó otro nuevo exorcismo.

Poco tiempo después de la práctica de los citados exorcismos, en junio de 2014, la madre de A. comenzó una relación sentimental con el acusado que se extendió, al menos, hasta noviembre de 2014.

Mientras tanto, A. continuó mostrando problemas mentales y una amplia sintomatología derivada de diversas afecciones psiquiátricas, que incluyó actos autolíticos, y que fue debida, en gran medida, a las conductas sexuales que J.L.G.M. practicó sobre ella con anterioridad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

En sus fundamentos de derecho, el Tribunal considera que en el presente supuesto "no existió ni violencia ni intimidación, sino que concurrió un consentimiento viciado de la víctima que, al ser requerida para realizar variadas y execrables actuaciones de naturaleza sexual con el ahora acusado, se sometió a las mismas en base a la situación de superioridad moral y personal que el mismo mantenía sobre A".

No obstante, entiende que la singularidad de la relación que mantenían y en el contexto familiar, social y educativo en el que la misma se desarrolló "fueron empleados por el sacerdote para manipular a la víctima y obtener, así, un consentimiento viciado, a fin de que la querellante accediera a las pretensiones sexuales que le formulaba".

Finalmente, sobre el delito contra la integridad moral por el exorcismo contra el acusado, la sentencia considera que no concurren los elementos propios del mismo. "Y es que los términos y forma en que se llevó a cabo el rito religioso en cuestión no conllevaron un menoscabo o una humillación de la querellante".

El secretario de Estado de Derechos Sociales y negociador de Unidas Podemos en el seno de la coalición para los Presupuestos Generales, Nacho Álvarez, ha asegurado que el techo de gasto para el año que viene afianza el "cambio de paradigma", dado que el Estado debe "dar un paso adelante garantizando la recuperación de la inversión, el empleo y la cohesión social".

Mediante varios comentarios en Twitter, Álvarez ha destacado que el techo de gasto para 2022 aprobado en el Consejo de Ministros "mantiene los fuertes estímulos fiscales" desplegados por el Ejecutivo.

"Se evita con ello algo que sería muy negativo, y que algunos organismos internacionales han advertido desde hace meses: una retirada temprana de los estímulos al crecimiento (tal y como sucedió en 2010). Este retirada temprana abortaría el proceso de recuperación", ha apuntado en esta red social.

Al hilo, ha recordado que el techo de gasto el año pasado experimentó un fuerte incremento (70.000 millones) "fruto de la necesidad de inversiones extraordinarias para hacer frente a la pandemia".

"Ahora esas inversiones ya no son necesarias en la misma medida (la pandemia se va superando y el empleo se va recuperando), pero se mantiene el techo de gasto. Esto permitirá destinar importantes fondos a nuevos usos (sociales, ambientales, educativos, industriales...)", ha explicado.

Por tanto, ha concluido que el Gobierno "apuntala de esta forma la inversión necesaria para seguir impulsando la recuperación y la agenda social, y poder enfrentar así los retos del país y los problemas de la ciudadanía.

ECHENIQUE: "VUELVE A SER HISTÓRICO"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha ensalzado que "frente a las voces que pedían volver paulatinamente a los recortes", el techo de gasto "vuelve a ser histórico, consolidando el aumento de 70.000 millones de 2021".

"Es importante. Pero lo más importante no son los grandes números, sino que esto permita mejorar la vida de la gente", ha zanjado Echenique.

IU LAMENTA QUE NO HAYA MÁS INCREMENTO Y LLAMA A LA REFORMA FISCAL

Sin embargo, el responsable de Programa de la Comisión Colegiada Federal de Izquierda Unida (IU), Carlos Sánchez Mato, ha lamentado que el incremento del techo de gasto solo sea del 0,02%.

"Con 45 millones más, no hay ni para empezar las políticas públicas necesarias para 2022. Se impone acompañar los presupuestos de una reforma fiscal que permita impulsar una recuperación para todas y todos", ha trasladado también en Twitter.

Ayer, la portavoz federal de IU, Sira Rego, propuso un incremento del techo de gasto del 10% sobre los Presupuestos Generales vigentes, con el objetivo de gestar unas nuevas cuentas públicas "expansivas" y "sociales".

También opinó que es "inaplazable" la reforma fiscal en España para que "lo que más recursos tienen, contribuyan más" en momento de crisis económica que afectan a las clases más vulnerables.

El Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis (OECCC) ha entregado en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 el informe 'Cannabis Sostenible: Manual de Políticas Públicas: Alinear las políticas del Cannabis y del cáñamo con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible'.

El informe 'Cannabis Sostenible' detalla cómo el cannabis puede ayudar a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si se hace una legislación enfocada en las personas y sus derechos. Así, se explica cómo una correcta regulación del Cannabis puede ayudar en 64 metas que forman parte de 15 de los 17 objetivos con los que cuenta la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Durante las presentaciones a distintos legisladores, siempre se sorprenden de todos las partes de la Agenda 2030 en las que el Cannabis puede ayudar. Objetivos como fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructuras, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, derechos humanos, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.

Mientras que en sus objetivos 2020-2024, el OECCC trata de lo que defiende para las personas que usan y cultivan Cannabis, con el informe 'Cannabis sostenible', se aborda cómo una regulación justa del Cannabis puede ayudar a toda la sociedad.

En la reunión con los representantes de Unidas Podemos, desde el OECCC se insistió en que la regulación del cannabis puede ayudar a conseguir los objetivos de la Agenda 2030, pero también alejarnos de ella, en función de los modelos que se apliquen.

Asimismo se explicó cómo perjudica a la Agenda 2030 la actual campaña represiva sobre la marihuana, que el OECCC ha detallado en comunicados anteriores, con aspectos como las intervenciones a cultivadores de Cáñamo, tiendas de CBD, 'growshops' y bancos de semillas, a la vez que se prepara con Junta Internacional de Fiscalización de estupefacientes, JIFE, una guia sobre el Cannabis medicinal para convertirlo en un oligopolio de las farmas.

También se destacó que la legislación europea permite el autocultivo de Cannabis medicinal, así como un registro simplificado para productos medicinales basados en plantas de uso tradicional El OECCC defendió un modelo regulatorio del Cannabis basado en las personas, tal y como detalló en la única intervención sobre Cannabis ante los Gobiernos en la ONU, durante la Comisión de Estupefacientes (CND 63), previa a la reciente reclasificación del Cannabis.

Entre las primeras medidas que proponen está el cese de las multas y reforma de la ley de seguridad ciudadana, regulación del autocultivo personal y colectivo, venta libre del cáñamo alto en CBD, transparencia y justicia social en las licencias cannabis y diversidad de acceso en el Cannabis terapéutico.

Sobre el tema del cannabis medicinal, que se tratará en una subcomisión del Parlamento, se destacó que un oligopolio de la industria farmacéutica perjudicaría gravemente los objetivos de la Agenda 2030. En cambio, combinar la vía farmacéutica, con la de los herbolarios y el autocultivo medicinal, disminuye precios y aumenta la accesibilidad, además de respetar los derechos y necesidades de las personas, todo lo cual ayuda a cumplir con varios objetivos de la Agenda 2030.

La Comunidad de Madrid ha notificado 4.613 casos nuevos de coronavirus, de los que 3.523 corresponden a las últimas 24 horas, y seis fallecidos más en hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este martes, con datos a cierre del día anterior.

En la jornada precedente se notificaron 1.283 casos, 908 de las últimas 24 horas, y nueve fallecidos en los hospitales, mientras que el martes de la semana anterior se notificaron 4.512 casos nuevos, 3.400 de las últimas 24, y un muerto.

El número de hospitalizados se sitúa en 1.180 en planta --18 más respecto al día anterior-- y 183 en UCI --once más--, mientras que 173 pacientes han recibido el alta hospitalaria. Además, el número de pacientes en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 10.475.

En el acumulado, la Comunidad de Madrid ha registrado 813.646 positivos, un total de 118.587 casos han requerido hospitalización, 12.193 han precisado UCI y 104.324 han sido dados de alta por los hospitales. Atención Primaria ha realizado el seguimiento domiciliario de 883.031 pacientes.

Respecto a los fallecidos, Sanidad Mortuoria ha contabilizado un total de 24.361, de los cuales 5.069 han sido en centros sociosanitarios, 17.884 en hospitales, 1.378 en domicilios y 30 en otros lugares.

En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14 días es de 718,20 por cada 100.000 habitantes y se sitúa en séptima posición por detrás de País Vasco (732,81), Castilla y León (820,78), Aragón (822,71), Baleares (886,27), Navarra (979,44) y Cataluña (1.088,45).

PLAN DE VACUNACIÓN

En cuanto al plan de vacunación, se han administrado un total de 7.482.884 dosis de las 7.903.485 recibidas, con 2.990.764 segundas dosis registradas y 217.771 vacunas unidosis de Janssen, de manera que el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 51,6%.

Teniendo en cuenta solo la población diana, establecida en 5,6 millones de los 6,8 millones de ciudadanos en la región, el porcentaje de inmunizados representa el 62,3%, mientras que el 79,8% cuenta con al menos una dosis.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se han contabilizado 26.399 nuevos casos de coronavirus, de los que 13.936 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 6.636 registrados el lunes, lo que eleva a 4.368.453 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue aumentando, situándose en los 701,92 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 700,10 notificado el lunes por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, se han notificado 55 más, de los cuales 138 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 81.323 personas.

Actualmente hay 9.522 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 1.534 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.419 ingresos y 1.305 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 7,96 por ciento y en las UCI en el 16,59 por ciento.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tiene previsto mantener este miércoles un encuentro con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Será la primera cita entre ambos desde que Bolaños tomó posesión el pasado 12 de julio de su nuevo cargo.

La reunión, de la que ha informado Moncloa, tendrá lugar a las cinco de la tarde en despacho de la presidenta, en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Bolaños, responsable también de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ya mantuvo la semana pasada una ronda de contactos telefónicos con los portavoces de los distintos partidos con representación parlamentaria, salvo con Vox, que ya avanzó que no respondería a la llamada del nuevo ministro, ni con el exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero, ahora en el Grupo Mixto.

Con el resto de portavoces parlamentarios quedó en verse el próximo mes de septiembre, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones, que estará marcado por la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y de la Ley de Memoria Democrática.

DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN

Pero Bolaños ha preferido no dejar para septiembre su primera cita con Batet, a la que podrá adelantar las prioridades del Gobierno para el nuevo curso político. Entre otras cuestiones, podría avanzarle si el Ejecutivo solicitará en otoño la convocatoria del Debate sobre el Estado de la Nación, que no se celebra desde 2015.

El PP viene reclamado desde mayo la celebración de este debate de política general, pero el Gobierno ya avanzó que no tenía intención de convocarlo antes del verano al considerar que Sánchez venía compareciendo periódicamente en el Congreso para informar de la evolución de la pandemia.

El Debate sobre el estado de la Nación no se celebra desde 2015 y, el siguiente sería el primero con Sánchez como protagonista, pese a que está en La Moncloa desde 2018.

El expresidente Rajoy no lo convocó en 2016, que fue año electoral. Tampoco lo hizo en 2017, cuando el Congreso sí acogió la moción de censura que le planteó el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, y en 2018 fue Sánchez el que desalojó al líder del PP de Gobierno a través de esa vía.

RENOVACIÓN DE ÓRGANOS

En 2019 no se celebró por las dos convocatorias de elecciones generales y el año pasado tampoco se organizó por la pandemia. En octubre de 2020 sí se debatió la moción de censura del líder de Vox, Santiago Abascal, contra Sánchez.

Además, en la conversación entre Bolaños y Batet previsiblemente saldrá a colación que las Cortes tienen pendiente la renovación de hasta cuatro órganos cuyo mandato ha caducado: el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. En la lista de pendientes está también la renovación de la Presidencia de la Agencia de Protección de Datos.

La Rioja no ha registrado en estas últimas 24 horas fallecidos por coronavirus, en una jornada en la que se contabilizan 1.565 casos activos, 33 más que ayer, y en la que sube la Incidencia Acumulada a 14 días por encima de los 700 casos por 100.000 habitantes, en concreto hasta 702,06, según los datos que acaba de actualizar el Gobierno regional.

Además, la comunidad autónoma riojana ha sumado 177 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De este modo, desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, un total de 35.185 personas han padecido la enfermedad en nuestra región.

De este modo, de acuerdo con las cifras de Salud, desde que comenzó la pandemia, un total de 782 personas han fallecido por la enfermedad, 302 de ellos residentes de centros de mayores.

En cuanto a la presión asistencial, hay 59 personas ingresadas en diferentes centros hospitalarios riojanos por coronavirus (igual que ayer). Así, el Hospital San Pedro de Logroño cuenta con 47 personas ingresadas en planta (sin cambios en estas 24 horas) con diez ingresos y diez altas. Por su parte, en la UCI, hay 9 pacientes Covid (igual que el ayer).

En la actualidad, y ante la evolución del virus en la región, el Gobierno riojano cuenta en el Hospital San Pedro con 43 camas UCI. De este modo, sumando a los ingresados por patologías no-COVID (11 a día de hoy, tres que ayer), la UCI riojana tiene 20 pacientes (tres más que ayer) y se encuentra al 46,51 por ciento (siete puntos más).

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra registra tres pacientes ingresados en planta por coronavirus (igual que el pasado viernes), produciéndose cero ingresos y cero altas.

Por lo demás, en cuanto a la Incidencia Acumulada a 14 días, ha repuntado de nuevo y se sitúa en 702,06 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 678,62 casos que se registraban ayer, otro importante incremento de unos puntos por encima de la incidencia de hace 24 horas.

Respecto a la Incidencia Acumulada a siete días se sitúa este martes en 392,61 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 384,17 del viernes, es decir, un repunte de unos ocho puntos. En cuanto a la tasa de positividad, sin embargo, se reduce muy ligeramente del 15,08 de ayer al 15,04 por ciento de este martes.

Finalmente, hay 10.377 personas en cuarentena frente a las 9.959 de hace 24 horas. Por último, los centros de mayores cuentan con 49 residentes positivos (uno menos que ayer) y, según los datos, el virus afecta a dos residencias de las 33 contabilizadas en la región.

La Conselleria de Sanidad ha notificado este martes 1.876 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización de ayer lunes, lo que sitúa la cifra total de positivos en 454.159 personas.

Por provincias, los contagios son 227 en Castellón (47.034 en total); 767 en Alicante (162.375 en total); y 882 en Valencia (244.748 en total). El total de casos no asignados se mantiene en 2.

Además, se han registrado seis fallecimientos en los últimos siete días, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 7.488: 812 en la provincia de Castellón, 2.852 en la de Alicante y 3.824 en la de Valencia.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 29.684 casos activos, lo que supone un 6,38% del total de positivos.

Desde la última actualización se han registrado 2.158 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 428.449 personas.

Por provincias, las altas se distribuyen así: 44.385 en Castellón, 154.550 en Alicante y 229.455 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 59.

En cuanto a los hospitales, tienen actualmente, 697 personas ingresadas: 75 en la provincia de Castellón, 9 en UCI; 145 en la provincia de Alicante, 24 de ellos en la UCI; y 477 en la provincia de Valencia, 59 de ellos en UCI. Esta cifra supone un descenso respecto al lunes (-18), cuando se informó de 715 personas ingresadas.

VACUNACIÓN

Por lo que respecta al proceso de inmunización, un total de 3.131.208 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana.

En estos momentos, cuentan con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 2.606.398 personas. Por provincias: 309.112 en Castellón, 938.081 en Alicante y 1.359.205 en Valencia.

Finalmente, el departamento que dirige Ana Barceló ha dado a conocer dos brotes con más de 10 casos asociados, ambos de origen social. Uno es en Massamagrell y el otro en València y en cada uno de ellos se han detectado 13 casos.

Andalucía ha registrado este martes 27 de julio un total de 4.754 casos de coronavirus, 81 más que la víspera, según datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que ha contabilizado 16 muertes, el peor dato en julio tras los 13 del pasado jueves, 15 fallecidos más que este lunes y siete más que hace una semana.

Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad registra 26 días de subidas consecutivas y se sitúa en 536,1 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 23,3 puntos más en 24 horas y 117,6 puntos más en un semana. La región no tenía una tasa tan alta desde el 12 de febrero (583,7).

Los 4.754 casos de este martes se registran tras los 4.673 de este lunes y domingo, los 5.318 del sábado, los 5.721 del viernes, los 2.949 del jueves, los 3.560 del miércoles y los 3.687 del martes pasado.

Por provincias, Málaga se sitúa nuevamente como la que más casos suma con 1.594, seguida de Sevilla con 600, Cádiz con 678, Granada con 275, Jaén con 173, Almería con 627, Córdoba con 586 y Huelva con 221.

Los 16 fallecidos se registran en Cádiz (uno), Granada (siete), Jaén (uno) Málaga (seis) y Sevilla (uno).

LA MAYOR SUBIDA EN 24 HORAS DE HOSPITALIZADOS DESDE FEBRERO

Andalucía ha registrado este martes 153 hospitalizados con coronavirus más hasta un total de 1.125, la mayor subida en 24 horas desde el 2 de febrero (197) y 267 más que hace siete días, mientras que los pacientes en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) también han subido hasta 191, 14 más en un día y 44 más que hace una semana.

Málaga es la provincia con más hospitalizados con 453 y 68 pacientes en UCI, seguida de Sevilla con 153 y 38 en UCI, Cádiz con 138 y 14 en UCI, Córdoba con 114 y 23 en UCI, Granada con 113 y 23 en UCI, Jaén con 52 y diez en UCI, Huelva con 51 y seis en UCI y Almería con 51 y nueve en UCI.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Salud y Familias, Andalucía ha registrado desde el inicio de la pandemia 692.733 casos confirmados --4.754 en 24 horas-- y ha alcanzado las 10.323 muertes, 16 más. Por su parte, la cifra acumulada de hospitalizados sube hasta los 51.458, 269 más. La cifra de pacientes que han pasado por UCI alcanza los 5.721 --25 más--, y el número de curados es de 618.207, después de añadirse 1.705.

En cuanto a los datos provincializados acumulados, de los 10.323 fallecidos desde el inicio de la pandemia --16 más--, Sevilla con 2.058 --uno más-- se mantiene como la provincia con más muertes, seguida por Granada con 1.805 --siete más--, Málaga con 1.709 --seis más--, Cádiz con 1.513 --uno más--, Jaén con 1.019 --uno más--, Córdoba con 981, Almería con 843 y Huelva con 395.

Por su parte, los casos confirmados por PCR o test rápidos de antígenos alcanzan los 692.733 desde el inicio de la pandemia --6.754 más--, liderados por Sevilla con 148.488 --600 más--, seguida de Málaga con 130.376 --1.594 más--, Granada con 99.051 --275 más--, Cádiz con 97.146 --678 más--, Córdoba con 63.770 --586 más--, Almería con 60.392 --627 más--, Jaén con 56.008 --173 más-- y Huelva con 37.502 --221 más--.

Los casos acumulados de coronavirus que han requerido hospitalización son 51.458 --269 más en 24 horas--, con Sevilla a la cabeza con 11.411 --64 más--, seguida por Málaga con 9.089 --57 más--, Granada con 8.605 --28 más--, Cádiz con 6.111 --67 más--, Córdoba con 4.870 --16 más--, Jaén con 4.852 --cinco más--, Almería con 4.038 --23 más-- y Huelva con 2.482 --nueve más--.

De ellos, 5.721 han pasado por la UCI en Andalucía --25 más--, con la provincia de Sevilla a la cabeza con 1.139 --cinco más--, seguida de Granada con 1.123 --dos más--, Málaga con 851 --seis más--, Almería con 691 --cuatro más--, Cádiz con 670 --uno más--, Córdoba con 605 --cinco más--, Jaén con 459 --dos más-- y Huelva con 183.

Finalmente, la cifra de curados alcanza los 618.207 en toda la región, 1.705 más en 24 horas, con Sevilla a la cabeza con 135.675 --262 más--, seguida de Málaga con 108.750 --300 más--, Granada con 91.290 --87 más--, Cádiz con 85.007 --347 más--, Córdoba con 56.484 --231 más--, Almería con 55.594 --131 más--, Jaén con 52.038 --213 más-- y Huelva con 33.369 --87 más--.

TERCERA VEZ CONSECUTIVA CON AUMENTOS, SALVO EN GRANADA

Según los datos consultados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa de media en la región en 536,1 casos por cada 100.000 habitantes, con la provincia de Málaga a la cabeza con 855,2. Detrás se sitúan Cádiz con 584,9, Córdoba con 562,1, Huelva con 524,4, Almería con 467,1, Granada con 394,3, Sevilla con 370 y Jaén con 365,5.

ANDALUCÍA SE MANTIENE POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL

Atendiendo a los datos difundidos este martes por el Ministerio de Sanidad, Andalucía ha registrado 43.111 casos en los últimos 14 días con una tasa de 532,46 por cada 100.000 habitantes --por debajo de la media nacional de 701,92-- y 22.658 en los últimos siete días con una tasa de 267,69, inferior a la nacional de 332,09.

El Gobierno contabiliza 1.164 pacientes Covid en hospitales andaluces, con una ocupación del 6,52 por ciento de camas, por debajo de la media nacional, situada en el 7,96 por ciento, y 204 en UCI, que registran una ocupación del 10,96 por ciento de las camas, inferior a la media nacional de 16,59 por ciento. Además, registra 193 ingresos por Covid en las últimas 24 horas y 145 altas.

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), cree que no se puede "mirar para otro lado" ante la "preocupante" expansión del coronavirus en Cantabria y se deben de "tomar medidas". "Los que digan que no hay que hacer nada, que sean ajenos a la realidad asistencial que vive la comunidad, yo creo que no saben en qué situación estamos realmente", ha aseverado.

Así lo ha señalado Rodríguez tras ser cuestionado en una entrevista en la Cadena Ser, por las declaraciones realizadas este mismo martes por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), en las que opinaba que cerrar el interior de la hostelería --algo que ocurrirá desde el jueves en 19 municipios cántabros-- "no cambiará mucho las cosas" y será "un palo" para el sector.

Estas palabras de Revilla se unen también a las de la alcaldesa de Santander, la 'popular' Gema Igual, que cree que Sanidad "podría haber valorado otras medidas" antes de decretar esta medida en los 19 municipios que, como Santander, han entrado en nivel alto por coronavirus, o las de la presidenta autonómica del PP, María José Sáenz de Buruaga, que ha reclamado la modificación inmediata de la normativa Covid para que el nivel 3 y 4 de riesgo no conlleve el cierre del interior de la hostelería.

A aquellos que dicen "ábralo usted todo y que no haya restricciones", el consejero les ha recordado que la "principal obligación" de su departamento es mirar por la salud de la población.

Cuestionado acerca de si se ha estudiado fórmulas para evitar el cierre del interior de la hostelería, el consejero ha asegurado que se intentan adoptar las medidas "más livianas posibles" pero ha insistido en que "los datos son los que son".

"Nosotros no vamos ni a cocinar datos, ni vamos a hacer cosas para no reflejar la realidad. La realidad es la que es y nosotros tenemos que tomar medidas en función de la realidad que hay", ha recalcado.

Ante estas críticas por el cierre de la hostelería, el consejero ha asegurado que él tiene "muchísima confianza" en los técnicos de Salud Pública puesto que conocen "perfectamente" la epidemiología y las medidas que hay que adoptar en cada momento. "Por lo tanto, si los técnicos me dicen que hay que hacer esto, desde luego yo voy a estar siempre al lado de mis técnicos", ha garantizado.

Además de darse a conocer este martes la actualización del 'semáforo Covid' para esta semana --en el que hay 19 municipios en nivel 3 y los 83 restantes en el 2 (medio)--, Sanidad ha anunciado que este mismo martes iba a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) autorización para prorrogar el toque de queda de 1.00 a 6.00 horas durante otros 14 días más, ampliando la medida a 70 municipios, 17 más que hasta ahora.

Lo mismo hará con la limitación, en estos mismos municipios y en la misma franja horaria, de las reuniones a un máximo de 6 personas.

El consejero ha justificado esta ampliación del toque de queda por la "mala evolución de los datos", que "no acaban de bajar" e incluso "han empeorado" en los últimos días y ya tienen su reflejo no solo en la incidencia sino también en la actividad asistencial, tanto en los hospitales --donde según ha dicho hay 123 ingresados, 19 de ellas en UCI-- como en la Atención Primaria que también está "sobrecargada" ante el aumento de casos, coincidiendo además con el periodo de vacaciones de parte del personal sanitario.

Rodríguez ha recordado que Cantabria registra una incidencia del entorno de los 700 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y de 361 a 7, cifras que, según ha apuntado, nunca antes se habían dado en la comunidad.

También ha recalcado que la incidencia en personas mayores de 65 años es "muy alto" y, según ha dicho, hay 24 residencias que tienen entre sus usuarios y sus trabajadores positivos por Covid. "La situación es preocupante", ha insistido.

VACUNACIÓN

En cuanto a la vacunación, ha explicado que ya se está comenzando a llamar a jóvenes de 28 y 29 años para vacunarse la próxima semana y ha recordado que el 3 de agosto se abrirá el sistema de autocita para mayores de 18 años, algo que, a su juicio, va a ser un "buen avance" en la campaña.

También se ha referido a la incorporación del Hospital Ramón Negrete de la Mutua Montañesa como punto de vacunación.

Según ha dicho, se prevé que la próxima semana llegue un número de vacunas similar a la de estas últimas semanas, con quizá alguna más de Moderna pero sin grandes variaciones.

La dirección nacional de Ciudadanos (Cs) ha notificado la expulsión definitiva del partido de María Cantos, Miguel Castro y Francisco Díaz, los tres concejales que de forma unilateral rompieron el pasado mes de junio el pacto de gobierno con el PSOE en el Ayuntamiento de Jaén. Desde entonces, el PSOE gobierna en minoría con el apoyo de una única edil de Cs.

Los tres concejales se encontraban desde junio suspendidos temporalmente de militancia a la espera de que se resolviera el expediente que se les había abierto por romper la disciplina de partido. El hecho de que los tres ediles optaran en su momento por no presentar alegaciones, ha acelerado el procedimiento que ha concluido con su expulsión definitiva.

Así lo ha confirmado el coordinador provincial de Cs en Jaén, Miguel Moreno, que ha señalado que ha sido la Secretaría General de Cs la que ha comunicado oficialmente la expulsión tanto a los tres concejales, como a la Alcaldía de Jaén y al secretario general del Ayuntamiento para que adopten las acciones que se deriven de esta decisión que conlleva el paso de los tres ediles al grupo de no adscritos.

En lo que respecta al concejal Francisco Díaz en el pleno de este jueves irá la propuesta de declaración de incompatibilidad sobrevenida ya que al ser empleado municipal y haber vuelto a su puesto de trabajo tras la retirada de su liberación, no puede seguir siendo concejal, a menos que vuelva a pedir una excedencia, pero eso sí, sin estar liberado y por tanto, sin recibir asignación económica por parte del Ayuntamiento.

La persona llamada a sustituir a Díaz sería Bruno García, que concurrió como independiente en la lista de Cs y que es próximo a los tres exconcejales de la formación naranja. Moreno ha señalado que por el momento no se ha tenido ningún tipo de conversación con García a la espera de ver qué es lo que sucede definitivamente con Francisco Díaz.

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, en declaraciones a los medios, ha informado que en el próximo pleno se dará trámite al informe del secretario general del Ayuntamiento sobre dicha incompatibilidad.

"Si existe una incompatibilidad, que se proceda a la sustitución del concejal", ha dicho Millán y ha añadido que desde el Ayuntamiento se aplicará "lo que dice la ley" y esto lleva a su sustitución a menos que vuelva a pedir una excedencia como empleado municipal y así pueda desempeñar su labor con concejal.

El alcalde también ha recordado a María Cantos cuando defendió que una persona que abandona el partido con el que concurrió a las elecciones debería marcharse. En este sentido, Millán ha dicho que en el caso de los tres exconcejales de Cs "lo más leal, honesto y coherente" sería abandonar sus actas tal y como han venido defendiendo.

La única concejala de Cs en el Ayuntamiento de Jaén y que se mantiene dentro del gobierno municipal como concejala de Hacienda, María Orozco, ha dicho a los medios que son los tres concejales los que "se han distanciado claramente de las directrices del partido" porque "no había ninguna razón para romper el pacto de gobierno con el PSOE".

Fue, según Orozco, una "decisión unilateral y sin comunicarlo a la dirección nacional" y por eso "se inició un proceso garantista y ha concluido con la expulsión".

Ha añadido que desde la agrupación de Ciudadanos en Jaén se les va a reclamar que devuelvan las actas porque "aunque estén a su nombre no son de ellos, son del partido y de los votantes que nos auparon al Ayuntamiento hace dos años y deberían devolverlas".

Jueces para la Democracia (JJPD) ha manifestado su "más enérgica repulsa" al creciente número de asesinatos de mujeres que, en lo que va de año, asciende ya a 28. "Esta situación se revela dramática si tenemos en cuenta la secuencia de asesinatos machistas de las últimas semanas: desde el pasado 17 de mayo han sido asesinadas 20 mujeres, en contraposición con los cuatro primeros meses del año, con un total de ocho", denuncia.

Según recuerda la asociación judicial, de esta cifra, en torno al 80% no denuncian a sus agresores y, en el caso de las mujeres mayores de 65 años, el porcentaje de denuncias es aún más bajo, resultando ser las que menos denuncian y las que menos protección reclaman. De hecho, sólo en un 10% de los casos se había interpuesto denuncia, lo que supone 10 puntos más de silencio que la media.

Jueces para la Democracia considera que estos datos evidencian que concurre una "bolsa oculta de violencia" que hace "imprescindible" que todas las instituciones busquen caminos alternativos para conseguir detectar y abordar todos los casos de violencias más allá de la presentación de la denuncia, ya sea a través del cribado sanitario, de los servicios sociales o asistenciales y educativos e incentivando la denuncia de los familiares y allegados (que apenas se produce en el 2% de las ocasiones).

Asimismo, considera necesario la adopción y aplicación de planes de acción multisectoriales que hagan hincapié en la prevención siempre dotados de los recursos necesarios.

Del mismo modo, califica de "prioritario" adquirir un enfoque integral, a largo plazo, holístico, multidisciplinar y coordinado entre todos los sectores, para combatir la violencia contra las mujeres, que reconozca el importante papel y experiencia que las asociaciones de mujeres tienen en la prestación de servicios.

"El principal objetivo de la colaboración interinstitucional debe ser que las mujeres puedan recibir asistencia coordinada para reclamar sus derechos, tengan acceso a los servicios que necesitan y se les facilite el contacto con las autoridades", señala la entidad.

Esta estrategia requiere, según JJPD, situar las necesidades de las víctimas en el centro de la colaboración entre los diversos organismos, lo que implica invitar a las víctimas de forma regular a participar en actividades de evaluación e investigación sobre la violencia de género, englobando tanto la realización de estudios para avanzar en la comprensión de la violencia y su impacto en la vida, la salud y el bienestar de las mujeres y menores, como estudios que evalúen las intervenciones realizadas.

"Esta podría ser la piedra angular para mejorar el conocimiento de esta realidad y rediseñar la orientación de los servicios socio-sanitarios, sociales y gubernativos", asegura Jueces para la Democracia, que reclama la inmediata puesta en marcha de todas las medidas englobadas en el Pacto de Estado que servirían de balance para avanzar en la dirección correcta en esta lucha.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS

Por último, la asociación apunta a la necesidad de hacer una "reflexión" sobre el papel de los medios de comunicación como agentes sociales de primer orden en la transmisión de informaciones sobre violencia de género.

Tal y como recuerda la entidad, la propia Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, defiende en su articulado la necesidad de implicación de los medios de comunicación social como parte de la dinámica de cambio necesario, instando a salvaguardar la igualdad y a propiciar un trato no discriminatorio.

Jueces para la Democracia asegura que la propia ciudadanía afirma conocer este fenómeno en un 95% de los casos a través de los medios de comunicación, por tanto, "la violencia de género será lo que los medios cuenten qué es la violencia de género".

"Del impacto en la sensibilidad social por parte de los medios puede inferirse que la manera en que éstos discriminan las informaciones, las conceptualizan (con el uso de cintillos o ubicándolos en las distintas secciones) y las desarrollan tiene una gran importancia desde el punto de vista tanto de la sensibilización como de la formación social", explica.

Por ello, la asociación solicita que se realice una formación exhaustiva con perspectiva de género que ayude a la comprensión de la violencia que afecta a mujeres y menores.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, asistirá este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el aval de la mayoría de grupos de Les Corts a la petición de que el Fondo Extraordinario de Covid-19 (los 13.000 millones no reembolsables que prepara el Gobierno) se repartan con arreglo a la población ajustada y no con el criterio del PIB.

Así lo ha explicado el conseller este martes tras la reunión de la Comisión mixta Consell-Corts, donde ha expuesto a los grupos el planteamiento que defenderá la Comunitat Valenciana en el CPFF, y que emana de la propuesta de la comisión de expertos.

En este caso, se ha mostrado "esperanzado" de que el CPFF de este miércoles apruebe el reparto por población ajustada. Para Soler, este hecho "marcaría senda", ya que sería el segundo fondo consecutivo que se repartiría de esta forma. Más aún, espera que pueda seguirse este criterio en el nuevo modelo de financiación.

"El reparto de esta transferencia debe permitir que cada autonomía disponga de recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades", ha indicado por lo que ha confirmado que durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera pedirá que, como primer paso para acabar con las diferencias de financiación por habitante que existen actualmente "el Fondo Covid incluya un mecanismo transitorio que.

El Comité de Expertos de Les Corts ha cifrado este mecanismo en 2.289 millones de euros para el conjunto de las autonomías infrafinanciadas, de los cuales 1.058 millones corresponderían a la Comunitat Valenciana.

"Nuestra propuesta es que el grueso de los recursos se distribuyan en base a los criterios de población ajustada, sentando las bases de cuál debería ser el criterio de reparto del nuevo modelo de financiación, pero que una parte de esos recursos también vaya a compensar las desigualdades de financiación que existen actualmente", ha sentenciado el conseller Soler quien además ha confirmado que la propuesta valenciana incluye que "el mecanismo transitorio se consolide año tras año hasta que exista una reforma completa del modelo de financiación".

NECESIDAD "PERENTORIA"

También ha remarcado Soler la necesidad "perentoria" de cambiar el modelo de financiación, y ha asegurado que será la primera reclamación que hará en su intervención. Preguntado respecto al hecho de que no haya ninguna referencia a esta modificación en el orden del día, ha apuntado: "Supongo que en la intervención inicial de la ministra se planteará, y si no lo sacaré yo".

En este sentido, ha defendido que la ministra, María Jesús Montero, ha "reconocido en sede parlamentaria y fuera de ella" la infrafinanciación valenciana, y ha incidido en que este tema se plantee "con la máxima rapidez posible".

No obstante, ha matizado que los repartos de fondos del gobierno han solucionado "el concepto de suficiencia". "Nunca en la vida ha habido fondos no reembolsables", ha remarcado, y ha agregado que ahora hay que buscar que la financiación alcance la "equidad".

Para Soler, mientras el Gobierno ha hecho "un esfuerzo" en la suficiencia, la equidad es "la cuestión pendiente". Estos son, según el conseller, los dos principios del artículo 156 de la Constitución Española.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 530 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas.

Por provincias, Toledo ha registrado 164 casos, Albacete 157, Ciudad Real 113, Guadalajara 61 y Cuenca 35, ha informado la Junta en nota de prensa.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 208.787. Por provincias, Toledo registra 77.016 casos, Ciudad Real 49.953, Albacete 32.304, Guadalajara 28.585 y Cuenca 20.929.

El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 es 148.Por provincias, Toledo tiene 57 de estos pacientes (42 en el Hospital de Toledo y 15 en el Hospital de Talavera de la Reina) y Ciudad Real 34 (12 en el Hospital Mancha Centro, 7 en el Hospital de Ciudad Real, 7 en el Hospital de Puertollano, 5 en el Hospital de Manzanares, 2 en el Hospital de Valdepeñas y 1 en el Hospital de Tomelloso).

En Albacete hay 30 (21 en el Hospital de Albacete, 4 en el Hospital de Almansa, 3 en el Hospital de Hellín, 2 en el Hospital de Villarrobledo), en Guadalajara 17 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara) y en Cuenca 10 (todos ingresados en el Hospital de Cuenca).

Los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos que necesitan respirador son 21. Por provincias, Toledo tiene 8 de estos pacientes, Albacete 7, Guadalajara 4 y Cuenca 2. Los hospitales de la provincia de Ciudad Real no registran ningún paciente con Covid-19 en sus Unidades de Cuidados Intensivos.

Durante las últimas veinticuatro horas se han registrado 2 fallecimientos por COVID-19 en Castilla-La Mancha, 1 en la provincia de Cuenca y 1 en la de Toledo.

El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia son 6.082. Por provincias, Toledo registra 2.290 fallecidos, Ciudad Real 1.733, Albacete 888, Guadalajara 628 y Cuenca 543.

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Catorce centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivo por coronavirus entre los residentes.

De los catorce centros, cinco están en la provincia de Toledo, cuatro en la de Guadalajara, tres en Ciudad Real y dos en Albacete.

Los residentes con caso confirmado son 45. Los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2.050.

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas un aumento de los positivos hasta los 517 casos de Covid-19 confirmados, así como el fallecimiento de una mujer de 66 años y nueve ingresos nuevos.

Así, junto a los nueve ingresos, se han dado también ocho altas hospitalarias, lo que hace que un total de 87 personas estén hospitalizadas en la región, de las que nueve están en UCI.

Con el fallecimiento de la mujer de 66 años, que era de Madroñera (Cáceres), el total de víctimas es de 1.778 desde el inicio de la pandemia en Extremadura, ha informado la Junta en nota de prensa.

También se han dado 265 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 80.159 altas, y la incidencia acumulada continúa subiendo tanto a los 14 como a los siete días en la región y se sitúa en 575,06 y en 320,12 casos por 100.000 habitantes, respectivamente.

ÁREAS DE SALUD

El Área de Salud de Badajoz ha notificado 159 casos positivos, tiene 32 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, y acumula 317 fallecidos y 22.503 altas.

El Área de Salud de Cáceres ha registrado 71 casos positivos, tiene 20 pacientes ingresados, dos de ellos en UCI, y acumula 471 fallecidos y 13.564 altas.

El Área de Salud de Mérida registra 120 casos positivos, tiene ocho pacientes hospitalizados por Covid-19, uno de ellos en UCI, y acumula 237 fallecidos y 14.656 altas.

El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha notificado 68 casos positivos, tiene 13 pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, y acumula 239 víctimas mortales y 10.217 altas.

El Área de Salud de Plasencia ha registrado 49 casos positivos, tiene siete pacientes hospitalizados, dos de ellos en UCI, y ha registrado un total de 199 fallecidos y 6.423 altas.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha notificado 14 casos positivos, no tiene pacientes ingresados por Covid-19, y desde el inicio de la pandemia ha registrado 109 fallecidos y 3.754 altas.

El Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 30 casos positivos, tiene seis pacientes ingresados y ha registrado un total de 123 fallecidos y 6.413 altas.

Finalmente, el Área de Salud de Coria ha registrado seis casos positivos, tiene un paciente hospitalizado por Covid-19 y registra un total de 83 personas fallecidas y 2.629 altas.

El extesorero del PP Luis Bárcenas calificó el pasado 16 de julio al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz como "concepto de relaciones públicas" la dinámica de donaciones de empresarios a la 'caja b' del partido que investiga esta sede judicial. "Conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo (...) eso vale dinero en cualquier sitio".

En el audio de las grabaciones realizadas en el marco de la causa sobre la presunta caja en negro del PP, Bárcenas se explaya sobre esta cuestión a preguntas de la abogada del Estado Rosa María Seoane.

"No sé si en el mundo del lobby en otros países donde está admitido legalmente cómo funcionan las cosas, pero puede ser algo parecido a lo que hacíamos nosotros. Al final, en ese mundo, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio, el tener las puertas abiertas y la posibilidad de acceso", afirma.

Bárcenas manifestó durante esta comparecencia, que realizó estando de permiso penitenciario, que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos 'populares', entre los que ha mencionado a Francisco Álvarez Cascos, trataban con donantes de la 'caja b' sobre adjudicaciones públicas.

De este modo se ratificaba en lo que ya expuso en su última confesión, plasmada en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero, donde dijo que algunas donaciones eran finalistas.

A lo largo de los 40 minutos de declaración, Pedraz explica a Bárcenas que comparece en calidad de investigado y el fiscal Anticorrupción Antonio le recuerda que lo hace tras la presentación de un escrito ante el Ministerio Público el pasado mes de febrero en el que se mostraba dispuesto a confesar sobre diversa información relativa a la 'caja b' del partido.

La abogada del Estado se interesa por conocer si las entregas de los empresarios eran continuadas en el tiempo, por si ello pudiera significar que las gestiones "daban su fruto". También le pregunta en qué se concretaban los "accesos" a los políticos, a lo que Bárcenas responde que las empresas que donaban buscaban la posibilidad de tener la interlocución que en cada momento tuviesen necesidad de tener, dependiendo del área en la que se moviesen cada una de las empresas".

ACCESO A MINISTROS ENTRE 1996 y 2004

Tras llegar al primer "eslabón", el del tesorero, accedían al político, que Bárcenas centra en los que fueran ministros o ministras de Fomento y Medio Ambiente entre 1996 y 2004, aunque no puede aportar ningún dato concreto por haber sido estos documentos sustraídos del estudio de su esposa, Rosalía Iglesias, por la denominada trama 'Cinchen'.

En este momento, Bárcenas apunta concretamente al que fuera comisario de la Policía Andrés Gómez Gordo, que fue fichado por la ex secretaria del PP María Dolores de Cospedal, como asesor de Análisis y Documentación cuando ésta era presidenta de Castilla-La Mancha.

A lo largo de la declaración Bárcenas también cita el caso de un director general de carreteras con el que su superior en la Tesorería cuando él era gerente, Álvaro Lapuerta, puso en contacto con un empresario. El capítulo le costó unas "palabras duras" con el entonces responsable de Fomento, Francisco Álvarez Cascos. "Le recriminó que no le llamará a él directamente", explicó Bárcenas, añadiendo en otro momento del interrogatorio que desde entonces así se hizo.

CONTRAPRESTACIÓN "SANA"

Para el ex tesorero, simplemente "poderte sentar una hora con el máximo responsable de un proyecto y conocer el proyecto, el plazo en el que se conceden obras y eso vale dinero", y se ofrecía esa "contraprestación" que él calificó en sede judicial de "sana".

A preguntas del fiscal, Bárcenas también recordó que ya ha declarado en anteriores ocasiones sobre pagos de campañas electorales que se financiaban con fondos específicos donados por empresarios, y los documentos que lo acreditaban fueron sustraídos en la operación kitchen del estudio de mi mujer Se trataba de gastos de mailing, de imprenta, "una serie de conceptos que en esta época no estaban financiados por la ley electoral y requerían fondos adicionales a los que se aportaban oficialmente".

Esta era la razón por la que se hacían lo que calificó ante el juez de "acciones especificas" para que determinados donantes entregaran determinadas cantidades. Estas entregas, según añadió, no están consignadas en los papeles que salieron y están pendientes en sentencia tras el primer juicio por la 'caja b' del PP. El único letrado al que Bárcenas no quiso responder en este interrogatorio fue a Jesús Santos, que representa al Partido Popular.

La Unió de Llauradors i Ramaders ha lamentado que "el Consejo de Ministros ha consumado lo anunciado por el Gobierno de Castilla-La Mancha hace unos días" y "escenifica la persecución del Gobierno en materia hídrica hacia la Comunitat Valenciana".

Así se ha pronunciado después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes un Real Decreto que modifica las reglas del trasvase Tajo-Segura, que establece nuevos umbrales para transferir agua de la cuenca cedente (Tajo) a la cuenca receptora (Segura) para "evitar situaciones de excepcionalidad y trasvase cero" en las cuencas receptoras de modo que en situación de normalidad hídrica, conocida como nivel 2, el máximo mensual a trasvasar se reduce de 38 a 27 hectómetros cúbicos de agua.

Para la organización agraria, "se trata de una auténtica persecución por parte del Gobierno hacia las demandas hídricas de la Comunitat Valenciana y de la provincia de Alicante y una desaparición paso a paso del trasvase de agua del Tajo al Segura", ha señalado el responsable de Agua de la Unió en Alicante, José Jesús Sanmartín.

El representante agrario ha pedido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, que "se planten de verdad ante Madrid, que dejen de hablar de trasvase irrenunciable y que actúen hasta las máximas consecuencias para defender un agua que, además de un derecho, es una necesidad".

La Unió ha denunciado además "la politización de nuevo de los asuntos del agua que no benefician en absoluto a los agricultores y la necesidad de reclamar agua suficiente y de calidad para la Comunitat Valenciana", pues "nuestra contribución al conjunto de España es netamente superior a lo que recibimos en agua".

"Por ejemplo, la provincia de Alicante aporta una parte sustancial de las mejores hortalizas, verduras, frutas, entre otros productos, que consume toda España y el resto de Europa; por ello el agua debe ser tratada y gestionada como lo que es, un bien público y no susceptible de mercadeos políticos", ha indicado la Unió.

El Gobierno, con la aprobación del Consejo de Ministros, "sigue dando pasos en contra de la Comunitat Valenciana y de sus regantes", ha criticado, antes de añadir que "hoy ha reducido los umbrales de transferencia de agua del Tajo al Segura y otro día llegará la subida de los caudales ecológicos, el otro día se descubre que el convenio del Embalse de Alarcón desaparece del Plan Hidrológico del Júcar".

La Unió se ha preguntado "cuál será la próxima afrenta que consienta el presidente Sánchez a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hacia los intereses hídricos de nuestra tierra".

A su juicio, tampoco el presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PPCV, Carlos Mazón, "contribuye a pacificar los intereses del agua y posibilitar la unión de todos los interesados". Ha criticado que Mazón no cuente este miércioles con la organización en un acto para informar de las acciones que emprenderá la corporación provincial, pues "es un asunto de tanta importancia" que "se debería tener en cuenta el criterio de todas las partes implicadas".

"Todos estos cambios gubernamentales en relación con el agua crean una incertidumbre muy grande entre los productores, porque no sabemos al final lo que plantar, no animan para nada a la gente joven que se quiere incorporar al sector y ponen en muy serio peligro buena parte de la huerta que suministra a Europa; por lo que el Gobierno se pone de lado de las importaciones de productos de otros países en lugar de por las de proximidad", ha indicado José Jesús Sanmartín.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que recoge la rebaja de los peajes de la autopista del Atlántico AP-9, por lo que esta reducción podría estar en vigor esta misma semana, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según ha confirmado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno ha dado luz verde a esta rebaja que ya fue anunciada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en un acto desde Galicia.

De este modo, ambas ministras han destacado el "compromiso cumplido" con Galicia y han recalcado que el Estado pagará más de un tercio de los peajes, con una cuantía de 2.300 millones hasta el año 2048. Así, 15 millones de recorridos verán eliminada o reducida su factura.

Esta cifra ya la proporcionó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en un acto este lunes en A Coruña. Estas bonificaciones empezarán a estar disponibles ya para el próximo fin de semana, entre ellas, una que permitirá que el viaje de vuelta sea gratis si se realiza en las 24 horas siguientes al de ida.

LA AP-9

La AP-9 conecta cinco de las seis ciudades más importantes de Galicia, lo que supone un 60% de la población y además tiene conexión con puertos y aeropuertos.

Los trayectos de la AP-9 son en su mayoría metropolitanos. Fueron realizados por vehículos ligeros 95,3 millones de tránsitos durante el año 2019. El resto, 7,54 millones, corresponde a vehículos pesados.

Raquel Sánchez explicó este lunes que "el real decreto modifica los términos de la concesión de la AP-9 para bonificar los peajes que los vehículos, tanto ligeros como pesados, tienen que pagar por el uso de la autopista como consecuencia de un historial de decisiones que colocaba sobre los usuarios gallegos una hipoteca creciente hasta el año 2048".

La ministra señaló que el Estado destinará cada año "unos 55 millones de euros, y unos 2.300 millones hasta finalizar el plazo de concesión, a los que hay que sumar el importe de las bonificaciones ya presentes".

LAS BONIFICACIONES

El secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, enumeró las nuevas bonificaciones y destacó que el objetivo era un Real Decreto "sólido" que durará toda la concesión para "no dejar una hipoteca a las generaciones futuras".

Los vehículos ligeros podrán realizar en todos los trayectos el viaje de vuelta de forma gratuita utilizando dispositivos de telepeaje, siempre que se haga en un plazo máximo de 24 horas. Se aplicará todos los días, incluyendo festivos. El recorrido de vuelta debe ser igual al de ida.

También habrá una bonificación adicional del 50 por cierto del recorrido de ida para aquellos usuarios que realicen en un plazo máximo de 24 horas dos recorridos iguales (mismo origen y destino) y de sentido contrario dentro del tramo Puxeiros (Vigo)-Tui y viceversa, en días laborables y festivos.

Los recorridos internos en el tramo Redondela-Vigo que realicen el mismo trayecto de ida y vuelta en un plazo de 24 horas tendrán una bonificación del cien por cien.

Se hará una rebaja del 20% del importe pagado en todos los recorridos realizados en un mes, a contar desde el recorrido inicial, para los que hagan más de 20 viajes en dicho periodo. Se contabilizará como un desplazamiento el conjunto de recorridos realizados en un mismo día y en un mismo sentido de circulación, cualesquiera que sean las entradas y salidas parciales registradas dentro del mismo.

Por su parte, los vehículos pesados tendrán un descuento del 20% del importe de peajes en todos los recorridos y todos los días, y se podrán beneficiar de la gratuidad del recorrido Redondela-Vigo, incluyendo el acceso al puerto de Vigo.

"UNA MEDIDA HISTÓRICA"

Desde el Gobierno señalan que este esquema de bonificaciones que contempla el proyecto del decreto "es el mayor de la historia en una autopista en Galicia y en España".

Estos descuentos se compensarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no con incrementos de las tarifas o ampliación del periodo de concesión.

En esta línea, si la partida anual asignada no se agota abonando las bonificaciones, el decreto abre la puerta a que el remanente se destine a reducir la cuenta de compensación de la concesionaria Audasa.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha autorizado 17 contribuciones voluntarias a entidades internacionales por un importe global de 1.011.725 euros.

Estas contribuciones están destinadas a áreas de actividad del MITECO como la energía atómica, política forestal, gestión del agua, control de la contaminación atmosférica, protección de la biodiversidad, el acceso a la información y participación medioambiental o la red europea de agencias medioambientales.

Se trata de un segundo paquete que complementa el aprobado el pasado 18 de mayo por valor de 2,5 millones de euros para apoyar proyectos relacionadas con la lucha contra el cambio climático, la preservación de la biodiversidad a nivel internacional, asuntos forestales y legislación ambiental en la Unión Europea.

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS

Esta nueva aportación supone casi un 20,9% del presupuesto del MITECO previsto para estas operaciones en el ejercicio de 2021. Las contribuciones voluntarias autorizadas este martes permitirán apoyar y participar en 17 organismos internacionales.

En el ámbito de la energía atómica, se destinan 500.000 euros al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), mientras que en política forestal, el Gobierno contribuirá con 50.000 euros al Instituto Forestal Europeo (EFI), con otros 50.000 al Comité de la FAO sobre Cuestiones Forestales del Mediterráneo - Silva Mediterránea, con 33.479 euros al proceso paneuropeo sobre protección de bosques (FOREST EUROPE), y con 4.781 euros al Programa de Cooperación Internacional para la Evaluación y Seguimiento de los Efectos de la Contaminación Atmosférica en los Bosques (ICP - FOREST).

Con respecto a gestión del agua, destinará 75.000 euros a la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca (REMOC), aportará 55.000 euros a la Secretaría General de la UNESCO para la realización de actividades de la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA), dará 30.000 euros al Sistema de Información de Agua en el Mediterráneo correspondiente al ejercicio 2019, año en que no pudo ser llevada a cabo, y 18.000 euros al Acuerdo sobre la Conservación de los cetáceos del Mar Negro, Mar Mediterráneo y Zona Atlántica Contigua (MEDACES).

PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA

En el ámbito de protección de la atmósfera, se realizarán contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario del Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono correspondiente al ejercicio 2019, que no pudo ser llevada a cabo en ese año, por valor de 19.122 euros, y al ejercicio de 2021 con un importe de 19.221 euros, así como al Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal, que asciende a 72.972 euros.

También se realizará una contribución voluntaria al Grupo de Trabajo en PRTR sobre Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la OCDE (PRTR - OCDE) por valor de 10.000 euros; al Protocolo UNECE/CEPE sobre Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, con una cuantía de 10.000 euros; y al Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, con un presupuesto de 5.000 euros.

Del mismo modo, se aportarán 19.148 euros a la Red de Agencias de protección de Medio Ambiente Europeas (Red EPA), y 40.000 euros a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para el Estudio sobre la aceptación pública de las políticas de mitigación del cambio climático.

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "lamentable" la negativa del PSOE a la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el Rey emérito Juan Carlos y "sus presuntas corruptelas".

Así lo ha indicado en Twitter después de que Unidas Podemos, junto a diversos socios parlamentarios del Ejecutivo, hayan vuelto a pedir que se investigue en la Cámara Baja si la "fortuna del emérito" tiene vínculos con comisiones a través de la venta de armas.

"Es lamentable la negativa del PSOE a que se cree una comisión de investigación sobre el emérito y sus presuntas corruptelas", ha lanzado Fernández mediante un comentario en esta red social.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también ha destacado que la forma del Estado es una "monarquía parlamentaria". "Pero, cada vez que queremos investigar la corrupción de la monarquía en el parlamento, nos dicen que está prohibido. Entonces, ¿en qué sentido es parlamentaria? Quitémosle el apellido", ha proclamado.

Su grupo junto a ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís y BNG han registrado en el Congreso una petición de creación de una comisión de investigación para esclarecer la presunta venta "opaca de armas" a países "no democráticos" y si el Rey emérito Juan Carlos I se pudo lucrar mediante "comisiones ilegales".

La iniciativa ha sido impulsada al entender que diversas informaciones periodísticas reflejan transacciones de "dudosa legalidad", que podrían incluso constituir un presunto delito de malversación de fondos públicos.

Por tanto, estas formaciones exigen que el Congreso "arroje luz sobre cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas" y argumentan, además, la necesidad de crear este órgano parlamentario por el "indudable interés público" que tiene la decisión de Juan Carlos I de solicitar, por segunda vez en pocos meses, una regularización tributaria millonaria.

LA SEMANA PASADA LA MESA RECHAZÓ UNA INICIATIVA SIMILAR

El pasado 20 de julio PSOE, PP y Vox volvieron a unir sus votos en la Mesa del Congreso para no tramitar dos nuevas comisiones de investigación, planteadas por gran parte de los aliados del Ejecutivo progresista, sobre el Rey emérito y su presunto enriquecimiento a través de la venta ilegal de armas, acorde con lo expresado por los letrados de la Cámara Baja. En el año y medio que ha transcurrido desde el inicio de la legislatura, la Mesa ha vetado ya el debate de 14 peticiones de está índole.

Entonces, Unidas Podemos apoyó estas peticiones y ahora da un paso más al impulsar también, junto con estas formaciones, la apertura de las pesquisas parlamentarias sobre estos hechos, con el objetivo de depurar responsabilidades políticas y éticas.

El actor Miguel Ángel Muñoz, que se encuentra durante estos días en Cáceres en el rodaje de la serie 'Sequía', ha reafirmado que "venir a Cáceres a rodar es un placer, no solo por lo que hacemos sino por la ruta gastronómica".

Por su parte, el actor portugués Marco D'Almeida se mostrado muy contento porque es la primera vez que trabaja así con un equipo español, y la primera vez que visita Cáceres, ante lo que se ha mostrado convencido que jamás se va "olvidar de toda esta experiencia".

Ambos actores se han pronunciado de esta forma en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes en Cáceres, junto al equipo de rodaje de la serie 'Sequía', en la que han estado acompañados del productor Jorge Sánchez Gallo, los directores Joaquín Llamas y Oriol Ferrer, y la actriz Elena Rivera.

Cabe destacar que 'Sequía' es una coproducción entre RTVE y la radiotelevisión pública portuguesa RTP que se está rodando durante esta semana en varias localizaciones de Cáceres, como el Santuario de la Virgen de la Montaña, en la Ciudad Monumental, en el Palacio de Justicia y en Aldea Moret.

Los directores y el productor han coincidido en reafirmar su alegría por poder rodar de nuevo en Cáceres, debido al "entorno histórico tan poderoso" que tiene la ciudad.

Así, la actriz Elena Rivera ha señalado que le gustaría no solo ver Cáceres gracias al rodaje "sino ponerme en la piel de un turista y ver todo lo maravilloso que hay aquí, y la comida que ya me han dicho que todo es buenísimo".

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha destacado la importancia de que la ciudad acoja rodajes de películas y series, algo sobre lo que se trabaja desde hace años para intentar "industrializar y sistematizar para hacerlos convivir lo mejor posible con nuestro patrimonio y con los vecinos de la zona".

"Y conseguir que sean una referencia también", ha incidido Salaya, quien ha destacado que estos rodajes "aportan riqueza y una buena imagen de la ciudad", y además dan "muchas oportunidades en cuanto al turismo de calidad y al turismo temático que funciona muy bien".

El alcalde ha animado a todo el equipo a "seguir teniendo siempre en mente a la ciudad y las posibilidades que da", y les ha felicitado "por haber localizado en Cáceres otras espacios fuera de la Ciudad Monumental, que tienen muchas posibilidades también", donde van a poder conocer "otras zonas muy auténticas de la ciudad fuera del patrimonio histórico".

Finalmente, Salaya ha agradecido el trabajo de los empleados de los distintos servicios municipales "que hacen una gran labor para poder cubrir todas las necesidades de estos rodajes", y de la Extremadura Film Commission "que también hace un muy buen trabajo en este sentido".