La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque «inmediatamente» a la Conferencia de Presidentes porque el coronavirus «no está de vacaciones ni de campaña» electoral en Madrid, y ha propuesto un plan con medidas concretas para afrontar «la última fase» de la pandemia en España mientras avanza el proceso de vacunación.

«Hay muchos presidentes autonómicos, de todos los colores (políticos), preocupados por qué va a pasar tras el 9 de mayo», ha declarado en una rueda de prensa telemática en la sede de Cs, al referirse a la fecha en la que dejaría de estar vigente el estado de alarma que durante estos meses ha proporcionado la cobertura jurídica para limitar los movimientos de los ciudadanos y reducir así los contagios.

Sobre la opción que ha planteado el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, de prorrogar el estado de alarma para un periodo de dos meses, de forma que cubra mayo y junio, Arrimadas ha indicado que Cs es «el único partido que ha sido coherente» en su postura respecto a este instrumento, mientras que «otros han cambiado 40 veces de opinión» y, tras haberse opuesto con su voto en el Congreso, «ahora se quejan de que se levante».

SÁNCHEZ HUYE DEL DEBATE SOBRE LAS RESTRICCIONES

En cualquier caso, considera que es el Gobierno central «el que tiene que salir a decir qué va a pasar en España dentro de doce días» y aclarar no sólo qué instrumento jurídico va a haber, sino, sobre todo, si será necesario mantener medidas como el toque de queda, las limitaciones para desplazarse entre comunidades autónomas, el uso de la mascarilla al aire libre o las restricciones en los negocios de hostelería.

«Ese es el debate del que está huyendo Pedro Sánchez», ha lamentado antes de exigir al jefe del Ejecutivo que «salga a dar la cara» ante los españoles para explicar estas cuestiones, en vez de limitarse a «poner el logo del Gobierno de España a las vacunas».

Arrimadas ha dicho que si Sánchez finalmente deja caer el estado de alarma sin ofrecer ninguna cobertura jurídica alternativa, Ciudadanos propone que se habilite a la Audiencia Nacional como el órgano judicial competente para resolver sobre los posibles recursos y conflictos que se planteen en relación con las restricciones que impongan los gobiernos autonómicos.

Eso permitirá que haya «un solo órgano para decidir en toda España», que el criterio «sea coherente» y que «se genere jurisprudencia muy rápido», facilitando una mejor coordinación, frente al «guirigay de 17 Tribunales Superiores de Justicia emitiendo fallos a veces contradictorios», ha afirmado.

PASAPORTE COVID EN ESPAÑA Y CONTROL DE LA VARIANTE INDIA

Precisamente, este es uno de los cinco puntos del plan que ha presentado la líder de la formación naranja para mantener la pandemia del Covid-19 bajo control en los próximos meses. El primero es que se acelere la vacunación, para lo cual ha pedido que el Gobierno central garantice el mayor número de dosis posibles y que las comunidades autónomas pongan «todos los recursos necesarios» para vacunar a la población.

Asimismo, ha abogado por una «prevención efectiva» frente a variantes del coronavirus como la procedente de India, incrementando los controles en España y redoblando los esfuerzos para su secuenciación genómica.

Ciudadanos también apuesta por establecer un «pasaporte Covid» en España para que las personas inmunizadas y vacunadas puedan moverse por el territorio nacional y esto ayude a ir suavizando las restricciones y reactivando el turismo.

Por último, plantea la conveniencia de reducir la obligatoriedad del uso de la mascarilla basándose en criterios científicos, por ejemplo en espacios abiertos donde haya suficiente distancia interpersonal.

El PP ha reclamado este jueves a la Junta Electoral Provincial de Madrid que tome «las medidas necesarias para comprobar» que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) está realizando encuestas, aunque no sean «para publicar antes del 4 de mayo», y ha exigido que se le entreguen los resultados de las mismas de forma «inmediata».

El CIS ha confirmado que sus encuestadores siguen preguntando por intención de voto en la Comunidad de Madrid, aunque desde este jueves esté prohibido publicar encuestas, pero asegura que es un trabajo habitual justificado en criterios científicos y niega que esos datos se estén proporcionando al PSOE o a la Moncloa.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) impide publicar y difundir encuestas en los cinco días previos a unas elecciones, una medida que se ideó para proteger a las minorías en la recta final de la campaña y evitar que fueran arrastradas por el voto útil que pueden favorecer los sondeos.

EL PP PIDE TAMBIÉN LA APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

El PP ha presentado un escrito a la Junta Electoral Provincial de Madrid para que «se tomen las medidas necesarias para comprobar» que por parte del CIS «se han seguido realizando encuestas telefónicas sobre Madrid aunque no para publicar antes del 4M y se inste a dicho organismo a facilitar los resultados de dicha encuesta al Partido Popular de forma inmediata».

«La entrega de dichos resultados por parte del CIS debe acordarse de que sea de forma inmediata, al haber incumplido el CIS suobligación de notificar la realización de estas encuestas a la Junta Electoral Central (JEC)», ha indicado el PP en su escrito.

Además, el partido que dirige Pablo Casado solicita que se abra «el oportuno expediente sancionador por haber incumplido la obligación de comunicar inmediatamente a la JEC la realización de las encuestas que se refieren en esta reclamación».

EL PP ESTÁ DISPUESTO A IR A LOS TRIBUNALES

La secretaria general del PP de Madrid y candidata número 3 a laselecciones de la Asamblea de Madrid, Ana Camíns, ha subrayado que si el CIS «está realizando encuestas desde un organismo público tiene que entregarlas a los partidos políticos en base a la ley electoral o parar de hacerlas porque no se pueden publicar»

«Si el CIS no entrega estos datos, el PP de Madrid acudirá a los tribunales a denunciar que está incumpliendo la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)», ha afirmado Camíns en un encuentro con comerciantes y hosteleros en Leganés.

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha insistido este jueves en que si no se prorroga el estado de alarma el próximo 9 de mayo, la comunidad autónoma levantará su confinamiento perimetral: «Ya lo he dicho. Esa es una competencia del presidente. Yo, el día 9, terminado el estado de alarma… Cantabria queda desconfinada».

Así lo ha reiterado el regionalista a preguntas de los periodistas, a los que ha vuelto a manifestar que la comunidad quedará «desconfinada» esa fecha, para la que espera que el Gobierno de España articule mecanismos o dé orientaciones a aquellas autonomías que estén en una situación «grave» por la pandemia del coronavirus y con índices «preocupantes» de contagios, y que podrían requerir decisiones distintas a las de otros territorios.

«Hay comunidades que están muy tocadas ahora, otras menos, pero si el estado de alarma desaparece el día 9, Cantabria automáticamente queda abierta, independientemente de que otras comunidades puedan abrir o cerrar», ha sentenciado Revilla.

Al hilo de esto último, ha reflexionado que las comunidades que sigan cerradas por la incidencia del Covid, «tendrán que tener algún soporte jurídico propio o del Gobierno de la Nación». Así, ha planteado la posibilidad de que se pueda extender el estado de alarma a aquellos territorios que lo soliciten o que se considere necesario prolongar «por razones de la virulencia de la pandemia». Pero, ha reiterado a los medios, «Cantabria, el día 9, queda desconfinada.

Cuestionado por si consideraría lógico que haya leyes ‘ad hoc’ para esas autonomías, el presidente cántabro ha contestado que depende de la situación de cada territorio. «Cuando alguien quiera cerrar porque tiene una situación complicada, pues tendrá probablemente que pedir una autorización para llevar a cabo la continuidad de ese confinamiento a los tribunales superiores de justicia de cada territorio. Y en eso tampoco está claro que haya unanimidad, porque las mismas decisiones que tomó Cantabria, y que han tenido siempre el respaldo de los jueces, las tomó Euskadi, y los tribunales se lo han echado atrás», ha recordado, en referencia al cierre de la hostelería.

Para finalizar, Revilla considera importante que para el día 9 haya una «curva» -de contagios, que no meseta-, «descendiendo» y cree que eso, «a medida que vayamos vacunando a las personas, se va a notar». A este respecto, ha indicado que en Cantabria se han puesto, en los últimos tres días, 16.200 vacunas.

«Es una pena que no nos lleguen muchas más, porque estamos con capacidad logística para poder vacunar, si llegara el caso, hasta a 20.000 personas al día, si llegaran vacunas. Y, desde luego, esa es la solución definitiva a este problema. Lo demás son parches. Vacuna, vacuna y vacuna», ha concluido.

PROTESTA HOSTELEROS

Preguntado por la nueva protesta protagonizada por un grupo de hosteleros, que ha cifrado entre 15 ó 20, ha vuelto a insistir, como ya había dicho en el interior del Palacio, que «es lógico y normal» y que los comprende. «¡Cómo no les voy a comprender! Si yo estuviera en su caso, pues, probablemente no sé si haría lo mismo, pero estaría enfadado».

Ha reiterado que en Cantabria se está haciendo «lo que se hace en todos los lugares serios del mundo, con rigor, atendiendo a los criterios sanitarios exclusivamente, que son los que tienen que ponerse en marcha en estos momentos y yo creo que con buen resultado».

«Es duro», ha reconocido, pero, mientras tanto, desde el Gobierno se han habilitado fondos, «no en la cuantía suficiente quizá», con el fin de «paliar el desastre que tienen sobre todo determinados negocios como son los del ocio nocturno».

También ha asumido que es el presidente de Cantabria «y es al que hay que culpar de las cosas», aunque «no pinta absolutamente nada en las medidas sanitarias, estaría bueno».

Al hilo, ha recordado que ha estado confinado 10 días y ha recibido instrucciones por WhatsApp en su teléfono «sin saber quien era yo porque era una clave». «He hecho el confinamiento, estoy con la primera dosis de la vacuna, y cumpliendo como ciudadano y uno más, los turnos y los lugares que me dicen que tengo que estar», ha remachado.

Es que esto es una pandemia, yo sé que hay gente que muy enfadada, pero la responsabilidad de un político no es la responsabilidad sanitaria, que lo es, pero no de las medidas que Sanidad toma», ha reiterado Revilla, para quien «la responsabilidad máxima es preservar la salud de los ciudadanos y que no se nos colapsen los hospitales» ni las UCI, cuando hay comunidades autónomas «que están en el 50 por ciento» de personas en estas unidades.

Revilla ha dicho también que es «optimista» y cree que a finales de junio se habrá vacunado al 60 por ciento de la población en Cantabria, por lo que será «un panorama muy distinto». «Y a medida de que vayamos teniendo datos más positivos, que espero que empiecen a llegar dentro una semana, iremos tomando medidas menos restrictivas, no yo, sino Sanidad, porque sé que están en esa línea», ha recalcado.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Cabildo de Tenerife y coordinador general del partido en Canarias, Enrique Arriaga, ha afirmado que el Gobierno del Estado «no ha sabido afrontar la terrible crisis migratoria que, una vez más, sufre el archipiélago con la llegada a sus costas de miles de personas que, finalmente, son retenidas contra su voluntad y en condiciones infrahumanas».

Enrique Arriaga ha asegurado que Tenerife «está siendo usada como un almacén», donde los migrantes «están siendo retenidos en condiciones infrahumanas y contra su voluntad, impidiéndoles continuar su viaje hacia Europa».

Por todo ello, en el Debate del Estado de la Isla que se celebra mañana viernes, la formación naranja en el Cabildo instará al Gobierno de España a facilitar el traslado de los inmigrantes llegados a Canarias hacia la Península distribuyendo su debida asistencia humanitaria entre todas las comunidades autónomas, además de promover en la Unión Europea un cambio en la política común para repartir de forma solidaria la carga asistencial que supone el fenómeno migratorio.

Arriaga ha denunciado que Tenerife, como el resto del archipiélago, «está siendo testigo de las consecuencias de una política europea y nacional consistente en convertir a las islas en una frontera infranqueable para las personas que inician una ruta migratoria desde África en busca de una vida mejor».

«Se trata de un drama humanitario que está dando la vuelta al mundo, mostrando a Tenerife como un macrocentro de retención y comprometiendo la imagen de la isla como destino turístico», ha declarado el portavoz de Ciudadanos. «Una política que no se merece un pueblo solidario y comprometido como el tinerfeño», ha añadido.

Según ha criticado el portavoz, «el hacinamiento de miles de personas en el campamento de Las Raíces, unido a la retención contra su voluntad, está generando mucha tensión entre ellos, que desemboca en brotes de violencia con continuos altercados».

En su opinión, «no es menos preocupante la situación de los 2500 menores no acompañados que ha tenido que tutelar Canarias, niños que han arriesgado sus vidas y que, en muchos casos, tienen a familiares esperándoles en la Península o en otros países europeos».

Esta misma semana el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Maraguán, relataba en el Senado la reiterada vulneración de los derechos de los migrantes, la falta de previsión, la descoordinación y las condiciones de acogida profundamente degradadas.

El líder del PP, Pablo Casado, ha calificado de «muy negativos» los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y ha reclamado al Gobierno «humildad» y «sensibilidad» al hablar de esas cifras de paro en lugar de presumir de «brotes verdes» con «seis millones de parados» y una situación económica «francamente negativa».

Así se ha pronunciado después de que la EPA recoja que la ocupación se redujo en 137.500 empleos en los tres primeros meses del año, la mitad de lo que cayó en el mismo periodo de 2020, cuando la pandemia hizo aparición en el mundo. Además, el paro bajó en 65.800 personas entre enero y marzo, lo que supone un 1,7% menos que en el trimestre anterior registrando así su primer descenso en un primer trimestre desde el año 2015, cuando el desempleo disminuyó en 13.100 personas.

Tras visitar las instalaciones de la fundación Parque Científico de Madrid situadas en Cantoblanco, Casado ha señalado que son unos datos «muy negativos porque hay 137.000 españoles más que han perdido su empleo», en un año en el que en 12 meses «se han ido al paro 600.000 españoles sin contar los que están en ERTE».

Además, ha advertido de que 1,2 millones de familias tiene a todos sus miembros en paro y son ya más de dos millones los ciudadanos que acuden a los bancos de alimentos. «Debería mirarlos a la cara», ha espetado al jefe del Ejecutivo.

El líder del Partido Popular ha señalado que son datos que «arrojan un drama social» que no se puede eludir y ha defendido la necesidad de impulsar un plan de choque económico para «recuperar el empleo» en España.

«No puede ser que en España hay seis millones de desempleados y escuchemos esos brotes verdes con esta situación económica que es francamente negativa», ha resaltado, para reclamar «más humildad» al hablar de las cifras de paro porque «no puede decir que son buenas cifras».

«SOLO SUDÁN, BOSNIA O VENEZUELA TIENEN PEORES CIFRAS»

A su entender, ésa actitud del Gobierno «no es responsable» y «demuestra una gran insensibilidad» porque España es el país al que «más a afectado el paro el último año». Además, ha destacado que el Fondo Monetario Internacional «dice que solo Sudán, Bosnia, Venezuela o Palestina tiene peores cifras de paro que España».

Además, Casado ha comparado los malos datos nacionales en materia de empleo con «la buena evolución» del paro en Madrid que ha registrado 40.000 contratados y seis puntos más de actividad que la media nacional

El presidente del PP ha criticado que el Gobierno apueste por bajar impuestos para reactivar la economía frente a lo que hacen otros países europeos. «Miramos con sana envidia a otros países de nuestro alrededor», ha señalado, para subrayar que hay que «rectificar la economía bajando impuestos, flexibilizando el mercado laboral y eliminando trabas burocráticas».

En plena campaña electoral por las elecciones en Madrid, el presidente del PP ha comparado los datos nacionales en materia de empleo con «la buena evolución» del paro en Madrid que, según ha destacado, ha registrado 40.000 contratados y seis puntos más de actividad que la media nacional

DEVOLVER EL IVA A LAS CCAA

Además, ha emplazado de nuevo al Gobierno a decir antes del 4 de mayo a los madrileños «si va a recortar las pensiones, si va a hacer más rígido el mercado laboral o va a subir los impuestos en 90.000 millones».

El presidente del PP también ha reclamado al Gobierno la devolución del IVA a las comunidades autónomas tras la sentencia del Supremo que le obliga a pagar a Castilla y León 182 millones en este concepto.

«No estaría mal que devolvieran el IVA como ha dicho un juzgado porque con ese dinero las comunidades autónomas también pueden apoyar proyectos de investigación y de emprendimiento», ha concluido el líder de los ‘populares’.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha insistido en que, «vistos los números» de la pandemia, sería «más prudente ir alargando» el estado de alarma, aunque fuera «en plazos más cortos». En este sentido, ha lamentado que, con el anuncio del fin de este instrumento el 9 de mayo, «el Gobierno está más preocupado por los touroperadores y por el movimiento turístico que por lo que pueda ser el control de la pandemia».

En una entrevista concedida a TVE, el portavoz del PNV se ha mostrado partidario de «mantener todas las herramientas jurídicas precisas para poder tomar decisiones» ante la pandemia. Según ha recordado, durante este año y medio, se han hecho «muchas predicciones» de cómo iba a evolucionar la crisis saniataria y, sin embargo, «nos sorprendíamos con picos en un lugar o en otro que había ido muy bien hasta el momento».

Por ello, ha remarcado que se deben «seguir manteniendo en manos de las instituciones las herramientas jurídicas necesarias, y eso evidentemente queda modificado con el fin del estado de alarma».

Aunque la posición del Ejecutivo de Sánchez es que concluya el estado de alarma el 9 de mayo «y es verdad que es posible que sea localizable en algunos lugares únicamente», ha advertido de que «quien tiene el poder para decretarlo es el Gobierno español y el que tiene también el poder de solicitar al Congreso la prolongación del actual, que ya llevó bastante tiempo consensuar cómo debía funcionar y en manos de quién tenía que estar cada uno de los instrumentos jurídicos».

A su entender, «vistos los números» de la pandemia, «parece que igual era un poquito más prudente ir alargando, aunque fuera en plazos más cortos» y que lo fuera revisando el Congreso «periódicamente». Según ha indicado, cree que «un poquito de más de tiempo nos tenemos que dar cuando sólo el 10%, o el 12% como mucho, va a estar vacunado para esa fecha, según los números» que dio el propio presidente del Gobierno.

Esteban ha dicho tener «la sensación», teniendo en cuenta el anuncio del fin del estado de alarma «algo más de un mes antes» de su conclusión, de que «el Gobierno está más preocupado por los touroperadores y por el movimiento turístico que por lo que pueda ser el control de la pandemia».

En este sentido, ha remarcado que los expertos consideran que uno de los instrumentos «más eficaces» es limitar la movilidad y ha advertido de que, con el fin del estado de alarma, «desaparece» la posibilidad de establecer un «toque de queda» y de perimetrar localidades o zonas en determinados momentos.

CARTAS

Por otro lado, ha condenado «rotundamente» las cartas con amenazas que han recibido distintos cargos públicos y políticos. A su entender, lo que está sucediendo «viene derivado de un cierto clima que se ha creado».

En este sentido, ha lamentado que «antes la política era más propositiva» y ahora se ha convertido en «lo contrario: negar al otro y desde planteamientos, incluso, de querer anular políticamente su presencia». «Esto al final lo que hace es encrespar los ánimos», ha advertido.

De este modo, ha apuntado que, aunque «cartas amenazantes, insultantes, hemos recibido todos periódicamente, no ahora en estos últimos tiempos», el envío de estas misivas con balas «es un paso que va más allá».

«El clima político no es el más agradable y las actitudes, las declaraciones, el desprecio de algunos grupos políticos hacia las bancadas con las que tienen discrepancias ideológicas hacen que eso se transmita también a los más radicales de sus seguidores. Y de esos polvos, esos lodos», ha concluido.

El Gobierno defiende que las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo no deben interpretarse en clave nacional sino en su contexto autonómico, porque no son unos comicios generales sino de una región en la que la situación es muy «particular» y no es extrapolable a otros territorios, según argumentan distintas fuentes gubernamentales.

Eso sí, al mismo tiempo desde el Ejecutivo no han dudado en sumarse a la última estrategia del PSOE en la campaña de llamar a un cordón sanitario contra Vox, y responsabilizar al «discurso de odio» de este partido de las amenazas de muerte sufridas ya por dos ministros, entre otros; una nueva estrategia, con cambio de lema incluido, que precisamente avisa de que «no es solo Madrid» lo que está en juego, sino «la democracia», según los socialistas.

En todo caso, en Moncloa rechazan que los resultados del candidato socialista Ángel Gabilondo vayan a afectar a la posición y la gestión del Ejecutivo, en el supuesto de que, como pronostican algunas encuestas, el PSOE pierda apoyos y no logre formar gobierno con Más Madrid y Unidas Podemos. Y por ello, insisten en restar trascendencia nacional a la cita con las urnas en Madrid del próximo martes.

CONSEJO DE MINISTROS EN LA JORNADA ELECTORAL

En este contexto, han decidido mantener la reunión del Consejo de Ministros y la rueda de prensa posterior que celebran cada martes. El Gobierno sigue trabajando con normalidad, defienden, empezando por el presidente Pedro Sánchez, que también ha optado limitar su presencia en la campaña madrileña a los fines de semana, para seguir cumpliendo con su agenda institucional, explican en Moncloa.

El secretario general del PSOE arrancó la precampaña madrileña respaldando a Gabilondo cada fin de semana desde que a mediados de marzo se anunció el adelanto electoral. Además, redobló su presencia pública a las puertas de que comenzara oficialmente la contienda electoral, con varias comparecencias semanales en su calidad de presidente. Se le acusó incluso de estar opacando al candidato socialista.

Desde que arrancó la campaña el 18 de abril, el presidente ha recuperado una exposición mediática más reducida, como la que viene protagonizado en los últimos meses. Y con Gabilondo ha estado por ahora en dos ocasiones –en el arranque, el domingo 18, y el pasado domingo 25, en Getafe–, y estará seguro en el mitin de cierre del próximo domingo.

En esos dos mítines, Sánchez ha evitado además la confrontación directa con Díaz Ayuso, en un intento también de no entrar al trapo de la estrategia de la presidenta madrileña, que ha centrado su campaña en erigirse como un bastión de «libertad» frente al Ejecutivo central.

En el acto de arranque de la campaña del PSOE, Sánchez no mencionó a la candidata del PP por su nombre ni una sola vez. Y en el mitin del pasado domingo en Getafe, se centró el cargar contra Vox y en la amenaza que representa, a su juicio, para la democracia, por su «discurso del odio».

Entre semana, Sánchez ha delegado en sus ministros. La última que estuvo con Gabilondo fue la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el pasado martes por la tarde. El miércoles no participó oficialmente en campaña ningún ministro, y este jueves, el titular de Política Territorial, Miquel Iceta, ha estado en un acto de campaña en Leganés, pero sin Gabilondo.

«HASTA EL ÚLTIMO MINUTO HAY PARTIDO»

En el PSOE y en Moncloa son conscientes de la dificultad que entrañan estos comicios, pero repiten una y otra vez que «hasta el último minuto hay partido», y que es posible que la izquierda sume los escaños suficientes para gobernar, porque todo dependerá de un «puñado» de votos, según fuentes socialistas.

Eso sí, distintas fuentes gubernamentales defienden que, pase lo que pase, hay que tener en cuenta que la situación de esta región es muy «particular» y no es extrapolable a otros territorios: por un lado, por la polarización que existe en Madrid, y por otro, por el hecho, a su juicio, de que la estrategia de la candidata del PP y presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es distinta a la de otros ‘barones’ del partido en otros territorios, e incluso a la del propio líder ‘popular’, Pablo Casado.

En esta línea, también argumentan que el PP no tiene en otros territorios el peso que tiene en Madrid y que, además, el PSOE tampoco tiene el gobierno de esta región, por lo que no se arriesga a perderlo. Es más, aseguran que es Casado el que tiene las de perder en cualquier escenario: si Ayuso gana, puede ver amenazado su liderazgo; y si no logra conservar el gobierno de Madrid, el PP perderá uno de sus principales feudos.

Según los pronósticos de algunas de las últimas encuestas, el PSOE podría bajar incluso de los 30 de escaños, frente a los 37 que tiene ahora en la Asamblea. No obstante, fuentes socialistas defienden que lo importante en estos comicios no es tanto ganar en votos y escaños sino que sume la izquierda y lograr formar gobierno, algo que no descartan porque todo dependerá, a su juicio, de un puñado de votos.

Además, aseguran que la izquierda es «diésel», en el sentido de que a medida que avanzan las campañas, suele aumentar su movilización. En todo caso, para asegurarse de que el voto progresista acudirá a votar el próximo 4 de mayo, el PSOE decidió la semana pasada dar un giro a su campaña hacia la izquierda, y abandonar sus guiños al centro y a los votantes de ciudadanos, para centrarse en movilizar a la izquierda, con acercamiento a Unidas Podemos y a su candidato, Pablo Iglesias, incluido. Gabilondo pasó del ‘Con este Iglesias, no’, al ‘Pablo, tenemos doce días para ganar las elecciones’.

Esta estrategia de reforzar el bloque de la izquierda se ha enfatizado aún más en los últimos días tras las amenazas de muerte a varios ministros socialistas, a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y a Iglesias, y las reticencias de Vox a condenarlas sin matices, lo que ha llevado al PSOE incluso a cambiar su lema, y pasar del ‘Hazlo por Madrid’, al ‘No es sólo Madrid, es la democracia’.

El ‘número seis’ de la candidatura de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, Jesús Santos, ha tachado este jueves de «criminal» la gestión de la Comunidad de Madrid en las residencias en este más de un año de pandemia y ha criticado que «no hayan medicalizado ninguna» pese a las resoluciones judiciales que le instan a ello al Gobierno regional.

En un mitin en Leganés, Santos ha explicado que cree que es «criminal su inacción», es especial en localidades como Leganés y Alcorcón, dos de los municipios donde más ancianos murieron en geriátricos en la primera ola de la pandemia. «En aquellos momentos de gente confinada, el personal de las residencias estaban desesperados», ha dicho.

De hecho, el también teniente de alcalde de Alcorcón ha relatado que en la Empresa de Servicios Municipales compraron en enero epis ante las subidas de precios, que pensaban que les iban a durar años. Pero tras lo sucedido empezaron a repartirlos en todas las residencias de Alcorcón, pero también de Moratalaz o de Leganés. «Nunca se me olvidará la llamada de una trabajadora de psiquátrico pidiéndonos EPIs porque estaban totalmente desprotegidos», ha contado.

«Ayuso nos mintió, no podemos olvidar jamás. Hicimos lo que teníamos que hacer por dignidad, por humanidad y por nuestros mayores. Pasaron los días y vimos cómo Ayuso no hacía nada. ¿Por qué no medicalizaban las residencias? Se lo dijimos por activa y pasiva y se lo dijeron los tribunales. Ahora todos los mayores vacunados. Tardan menos en investigar una vacuna y vacunar a los mayores que en medicalizar solo una residencia. ¿Cómo es posible? Es una auténtica barbaridad y por eso nunca se nos puede olvidar. No es que sean malos gestores, son malas personas porque odian a la clase trabajadora, porque odian a nuestros mayores porque ellos trabajaron por traer la dignidad y la democracia a nuestro país y construyeron estos pueblos con sus manos. Eso es lo que odia el PP y Ayuso», ha esgrimido.

Por eso, Santos ha apelado al «orgullo del Sur» para sacar del poder a los que «llevan 26 años despreciando» a los ciudadanos del sur de la región. «El 4 de mayo vamos a demostrar que lo peor que ha hecho Ayuso es despertar el orgullo del Sur y conseguiremos que nuestros hijos tengan la misma dentadura que los del barrio de Salamanca. El orgullo de decir que soy el sur y estoy hasta las narices de ver casas de apuestas delante del colegio. Soy del sur, voy con un novio de la mano y no permitirá que un nazi me amenace. Llevo toda la vida comiéndome la basura de Madrid y voy a votar para mandar al basurero de la historia al PP. Por la dignidad, a votar el 4M, que el Sur será la tumba del fascismo. Vamos compañeros, que sí se puede, a por ellos», ha terminado.

Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y también candidata de Unidas Podemos en estas elecciones, Beatriz Gimeno, ha señalado que la gestión de residencias, que fue «un caos» durante el punto álgido de esta crisis sanitaria, ya era «dantesca» con anterioridad.

«Antes venían los familiares de los residentes contándonos que les daban sobras de comer; que se habían caído en el baño y se pasaban toda la noche en el baño. Intentamos sacar una ley de residencia que no salió. Esa gente no se merece ese trato y esa gente son nuestros mayores y han trabajado muy duro, luchado para conseguir un servicio público que les proteja. Son nuestro patrimonio, son lo que tenemos. No podemos dejar que nos lo expropien. No podemos permitir que nos construyan ese futuro. Todos vamos a necesitar una residencia, no podemos permitir que lo gestionen los privados, tienen que ser servicios públicos, universales, de calidad», considera.

Gimeno ha recordado que la vejez es el momento más vulnerables y cuando más ayuda de las instituciones necesitan las personas. Sin embargo, ha denunciado que las residencias de ancianos «son lugares donde se explotan a las trabajadoras, que no dan más de sí, que les gustaría cuidar bien pero no pueden por el nivel de explotación que sufren», ha concluido.

Por su parte, la ‘número tres’ de la candidatura de UP, Vanessa Lillo ha señalado, criticando el discurso sobre la libertad de la cabeza de lista del PP a revalidar la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, que Madrid «es un sitio impune porque no te puedes cruzar con las caras de los familiares que murieron en las residencias».

«Ella no va a los debates y por eso ha mandado una carta de un folio en blanco, porque no tiene nada que ofrecer. Lo que dice en el programa electoral no tiene nada que ver con lo que hacen. Somos la comunidad más desigual de España y eso lo sufrimos sobre todo en el Sur. Dejamos de recaudar 4.000 millones por regalas a los grandes empresarios, a los grandes florentinos», ha añadido Lillo para pedir la movilización de los ciudadanos del Sur el 4 de mayo.

RECUERDO AL 15M EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO

Por su parte, la ‘número dos’ de la lista encabezada por Pablo Iglesias, Isa Serra, ha recordado al movimiento 15M, del que se cumple en unos días su décimo aniversario, y el lema de que ‘si no hacen políticas tú, te la hacen contra ti’. «Lo decíamos desde las plazas y que había que llegar a las instituciones y los gobiernos. Por eso nos unimos para sumar en ese proyecto políticos, que sirvió para devolvernos la ilusión a muchísima gente, pero que también fue una barrera frente a la extrema derecha», ha comentado.

Una extrema derecha, ha continuado, que crecía en muchos países y en España «tardaba en llegar». «Y llegó gracias a los poderes mediáticos que están apoyando a la extrema derecha y llegó como una escisión al PP. Unidas Podemos sigue siendo una barrera frente a la extrema derecha y dice que con el fascismo no se debate. Y crea un precedente en este país», ha esgrimido.

«Gracias Pablo por tanto dignidad contra la indecencia y la humillación fascista. Somos una barrera frente a la extrema derecha porque gracias a nosotros impedimos que gobierne la ultraderecha en muchos sitios. Y por eso atacan a las mujeres, a la infancia migrante, a las personas LGTB. Porque son reaccionarios y buscan chivos expiatorios. Y ahora han soltado a sus matones para agarrarse al poder y por eso humillan y desprecia a la infancia migrante y las personas más vulnerable», ha proseguido la también portavoz de Podemos.

Por su parte, el candidato Julio Rodríguez ha tachado el proyecto de Díaz Ayuso de «desacomplejadamente neoliberal, que quiere implantar claramente el trumpismo» en España. «Ella busca implantarlo porque va en contra de los deseos de los ciudadanos, que buscan un mundo más igualitario para todos. Van buscando la polarización más despiadada. Madrid es uno de los territorios más desiguales de Europa. No hay más que ver la polarización entre ricos y pobres. Y usan las mentiras porque saben que es la única manera de encandenarse al poder», ha indicado.

Para el exJEMAD, la derecha y la ultraderecha «juega con la mentira creando odio entre los más débiles». «Cuando justifican el odio tratan de enfrentarnos unos contra otros. Saben que frenarlo es muy difícil. Tras los discursos del odio vienen los crímenes del odio y lo estamos viendo estos días. Pero nosotros vamos a luchar contra ellos», ha finalizado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este jueves «imperdonable» que el Gobierno central aún no haya puesto sobre la mesa una «alternativa normativa o jurídica» que diera seguridad jurídica a las comunidades autónomas en la toma de decisiones para luchar contra la pandemia del coronavirus, cuando faltan pocos días para el día 9 de mayo, en el que está previsto que decaiga el actual estado de alarma.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, Moreno ha lamentado esta situación y ha apuntado que habrá que esperar a ver qué quiere hacer el Gobierno central. En cualquier caso, ha insistido en que el presidente español, Pedro Sánchez, lo que debería hacer es convocar de manera urgente una Conferencia de Presidentes para que se pudiera debatir sobre todos estos asuntos.

Ha advertido de que si el Gobierno central decide no hacer «nada», la Junta de Andalucía, con los instrumentos que tiene en sus manos desde el punto de vista normativo, tomará las decisiones que considere que sean necesarias y oportunas para frenar la pandemia.

Pero el presidente ha recalcado que ahora «lo importante es saber qué quiere hacer el Gobierno central, porque la pandemia no entiende de territorios».

«Lo que tiene que hacer el Gobierno es marcar normativa para el conjunto del Estado», según ha indicado Juanma Moreno, quien ha agregado que es incomprensible que, tras 14 meses de pandemia, el Ejecutivo nacional no sea capaz de plantear «ninguna alternativa normativa ni jurídica»: «El Estado tiene que coordinar, planificar y liderar».

En la misma línea se ha manifestado minutos después el presidente en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en respuesta a la pregunta que le ha formulado el portavoz del Grupo Socialista, José Fiscal, quien ha pedido a Moreno que detallara las medidas que tenía previsto adoptar la Junta una vez que decaiga el estado de alarma.

«¿DÓNDE ESTÁ LA COGOBERNANZA?»

Juanma Moreno ha respondido al portavoz socialista indicándole que esa pregunta se la tendría que hacer a Pedro Sánchez, que «fue el que anunció la finalización del estado de alarma», y ha insistido en preguntarse «dónde están la cogobernanza, el respeto a las comunidades autónomas», así como el «espíritu autonomista» de los socialistas, «capaz de reivindicar, de defender la pluralidad que tiene este maravilloso país que es España».

El dirigente andaluz ha preguntado al portavoz socialista si veía «razonable» que el presidente del Gobierno «lleve seis meses» sin convocar una Conferencia de Presidentes, o anunciara «en una rueda de prensa en plena campaña electoral en la Comunidad de Madrid» que no va a prorrogar el estado de alarma «sin hablar ni una coma con quienes llevamos el peso de la pandemia, que son las comunidades autónomas».

Moreno ha insistido en que, a partir del día 9 de mayo, «las comunidades no podemos decidir sobre toques de queda, cierres perimetrales, sobre el límite de reunión o sobre los aforos de culto», y ha advertido de que «no sabemos cómo nos vamos a encontrar epidemiológicamente» para entonces.

«Nos quedamos sin instrumentos» para limitar contagios, ha subrayado Juanma Moreno, quien ha lamentado que, «a lo largo de tantos meses» de pandemia, el Gobierno no haya «previsto esta situación y no ha buscado una fórmula alternativa de verdad, hablada, consensuada con las comunidades autónomas, para no depender de las decisiones judiciales».

Ha preguntado al portavoz del PSOE-A si le parece «razonable que en una situación de pandemia, en la que hay que tomar decisiones con diligencia, rapidez y enorme seguridad jurídica, estemos pendientes de si el tribunal admite o no una determinada decisión a las comunidades autónomas».

Moreno ha denunciado que «el Gobierno de España no ha hecho sus deberes, ha abdicado de su responsabilidad, y la triste consecuencia» es que a partir del 9 de mayo «va a haber un enorme desconcierto en todas las comunidades autónomas y sus ciudadanos, que ven cómo su Gobierno, una vez más, se esconde ante la pandemia», ha concluido el presidente.

Cuatro jueces de instrucción de la Comunidad de Madrid investigan ya las cartas con amenazas enviadas en los últimos días al líder de Podemos, Pablo Iglesias; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto; y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, según fuentes jurídicas.

La Policía, tras concluir las pesquisas iniciales, ha enviado los distintos atestados a los juzgados madrileños para que las investigaciones continúen por la vía judicial. Cada caso ha recaído sobre un juez distinto, dado que se han denunciado de forma individual y, además, no hay autor conocido en tres de los cuatro, dos circunstancias que en sentido contrario habrían permitido una causa conjunta.

Así, la primera carta dirigida a Iglesias ha sido asignada al Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid, de la enviada a Grande-Marlaska se ocupará el 52 y, en el caso de la recibida por Gámez, se encargará un juzgado de instrucción de Colmenar Viejo, mientras que la de Maroto estará en manos del 41 de Madrid.

Al tratarse de presuntos delitos de amenazas, la competencia queda fijada por el domicilio de la persona a la que van dirigidas, de ahí que la carta enviada a Gámez se vaya a investigar en Colmenar Viejo y la de Maroto, que se habría enviado desde El Escorial, se vaya a tratar en Madrid.

Las mismas fuentes han apuntado que lo más probable es que la investigación judicial sobre la carta recibida por la ministra de Industria, Comercio y Turismo avance más rápido que las otras por ser la única con remitente identificado.

UNA NAVAJA, BALAS Y AMENAZAS

El pasado 22 de abril, se supo que Iglesias, Grande-Marlaska y Gámez habían recibido cada uno de ellos una carta sin remitente que contenía un mensaje amenazante y balas.

Las de Iglesias y Grande-Marlaska llegaron al Ministerio de Interior. La destinada al líder de Podemos contenía dos balas del fusil tipo Ceme y un mensaje: «Has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota».

El sobre enviado al ministro de Interior tenía dentro dos cartuchos sin percutir del calibre 7,62×51 y un escrito que decía textualmente: «Tienes 10 días para dimitir. El tiempo de reírte de nosotros se terminó. Policía Nacional, Guardia Civil. El tiempo lo tienes en contra para los taponazos».

La directora de la Guardia Civil, por su parte, recibió la carta en la secretaría de su despacho, con un cartucho del calibre de 7,62 mm y otra nota amenazante dentro.

Posteriormente, Maroto recibió en la sede de su Ministerio otro sobre con una navaja manchada de rojo. Su remitente ha sido identificado como un vecino de El Escorial con un problema de salud mental que ha enviado otras cartas amenazantes, entre otros, a la Embajada de Turquía.

MÁS CARTAS PARA IGLESIAS, AYUSO Y ZP

Esta misma semana, Correos ha interceptado más cartas con amenazas con Iglesias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como destinatarios.

El paquete dirigido a Díaz-Ayuso, que también contenía proyectiles, fue interceptado en el centro de Correos en San Cugat (Barcelona). El Juzgado de Instrucción 1 de Rubí, en la misma provincia, investiga ya los hechos.

La segunda misiva enviada a Iglesias tenía como destinatario formal la Dirección de la Guardia Civil pero realmente estaba dirigida al candidato ‘morado’. En su interior había otros cuatro proyectiles. Y, en este caso, fue interceptada en el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) que Correos posee en Vallecas.

El último episodio conocido ha afectado a Rodríguez Zapatero. Los sistemas de seguridad de Correos intervinieron el miércoles una carta amenazante dirigida al ex presidente del Gobierno con dos posibles cartuchos de arma de fuego.

En este contexto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han recibido órdenes de reforzar las medidas de seguridad de todos los candidatos que aspiran a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, poniendo servicio de escolta a aquellos que no la tenían ya.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que España incumplió las obligaciones impuestas por la Comisión Europea relativas a la ayuda estatal concedida por las autoridades de Castilla-La Mancha para el despliegue de la televisión digital terrestre (TDT) en zonas remotas y menos urbanizadas de comunidad autónoma.

Con esta sentencia, el Tribunal de Justicia ha estimado el recurso que interpuso la Comisión Europea alegando que España no había adoptado, dentro de los plazos previstos, todas las medidas necesarias para recuperar de TelecomCLM la ayuda estatal declarada ilegal e incompatible con el mercado interior.

Igual que la Comisión, el Tribunal cree que España no ha adoptado, en los plazos señalados, todas las medidas necesarias para recuperar de TelecomCLM la ayuda estatal declarada ilegal e incompatible con el mercado interior por la mencionada Decisión, ni ha acreditado que fueran cancelados todos los pagos pendientes de dicha ayuda ni tampoco ha cumplido con la obligación de comunicación a la Comisión Europea en el plazo fijado.

En relación con el incumplimiento de los plazos, destaca que «una recuperación tardía» de las ayudas, posterior a los plazos señalados, «incumple las exigencias» del Derecho de la Unión, recordando que la fecha de referencia es la prevista en la decisión o la que la Comisión haya fijado con posterioridad (sentencia de 12 de febrero de 2015, Comisión/Francia, C-37/14, no publicada, EU:C:2015:90).

Pone de manifiesto que España tenía la obligación de garantizar la recuperación «inmediata» y «efectiva» de tal ayuda en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la decisión. Sin embargo, añade que España tardó «más de cuatro años» después de la fecha de la notificación. El Tribunal de Justicia considera que esta situación es «manifiestamente inconciliable» con la obligación de dicho Estado miembro de garantizar dicha recuperación.

Además, en este punto, el Tribunal de Justicia concluye que España «no aporta la prueba de que existiera una imposibilidad absoluta» de recuperar de TelecomCLM la ayuda declarada ilegal e incompatible con el mercado interior.

España justifica que no pudo ejecutar la decisión, por un lado, por «incertidumbres ligadas al ámbito de aplicación de la obligación de recuperación» y, por otro lado, por «dificultades experimentadas» debidas a supuestas exigencias que la Comisión impuso al desarrollo de ese procedimiento, así como por dificultades internas de carácter jurídico y político. El Tribunal de Justicia desestima estos motivos, basándose en su propia jurisprudencia que señala que no es justificación para incumplir con las obligaciones en virtud del Derecho de la Unión (sentencia de 24 de enero de 2013, Comisión/España, C-529/09, EU:C:2013:31).

Respecto a la obligación cancelación de los pagos pendientes del régimen de ayudas, el Tribunal de Justicia rechaza la alegación de España de invocar el principio de protección de la confianza legítima para justificar el incumplimiento de dicha obligación. En concreto, España justifica que no se cancelaron esos pagos a la luz de las conversaciones mantenidas con la Comisión con ella dirigidas a establecer un sistema de licitaciones tecnológicamente neutras en la zona II y la existencia de un período transitorio hasta la firma de nuevos contratos en el marco de la aplicación de la Decisión 2014/489/UE de la Comisión, de 19 de junio de 2013, relativa a la ayuda estatal concedida por España para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas (excepto en Castilla-La Mancha).

Al igual de la Comisión, el Tribunal de Justicia considera que estas conversaciones «carecen de pertinencia» en el marco de la ejecución de la Decisión 2016/1385.

Finalmente, el Tribunal de Justicia concluye que España, al no haber adoptado, en los plazos señalados, las medidas necesarias para recuperar de TelecomCLM los importes de las ayudas abonadas y al no haber demostrado que todos los pagos fueran cancelados, también incumplió con la obligación de comunicar determinada información en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la Decisión 2016/1385.

El trabajador de un pub de Magaluf acusado de homicidio por una agresión a un turista, que murió en el hospital días después, se ha dirigido este jueves al Jurado que juzga estos hechos para defender que es inocente. «Suplico justicia», ha dicho.

El acusado ha hecho uso de su derecho a la última palabra en un alegato en el que ha roto a llorar. «Sólo pido una cosa: justicia. No quiero misericordia. Enviarme a prisión no hará justicia para la víctima, sólo es cometer otra injusticia», ha declarado.

«No di una patada a la víctima. Jamás en la vida he hecho o haría una cosa así», ha insistido el británico, que ha incidido en que no hay «ninguna prueba» que le señale. «Nadie me ha acusado de nada, sólo la Fiscalía», ha apostillado.

El juicio, que se celebra desde la semana pasada en la Audiencia Provincial de Palma, ha finalizado este jueves. El Jurado se reunirá el lunes para comenzar a deliberar el veredicto.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 27 de abril de 2018 en Magaluf, en el local donde trabajaba el principal acusado, en la zona de Punta Ballena. La víctima es un ciudadano norirlandés de 30 años que se encontraba de vacaciones en Mallorca.

En el banquillo se sientan dos hombres, un británico de 38 años acusado de homicidio y un español de 40 años, el encargado del bar, acusado de encubrimiento. La Fiscalía pide 12 años de cárcel por el homicidio y un año y ocho meses por el encubrimiento. También solicita una indemnización de 10.000 euros para los padres de la víctima y 25.000 para cada uno de sus hijos.

En su turno de última palabra, el hombre ha asegurado que durante la investigación se han cometido «errores graves» y que la Fiscalía, en lugar de «aceptar sus errores», ha «continuado con este sinsentido». Ha mantenido que se le envió a prisión por «un vídeo falso» y que su abogado no pudo defenderle porque no tuvo acceso a las pruebas -al estar la causa declarada secreta-.

El hombre se ha emocionado visiblemente al hablar de su hijo, afirmando que se lo han «arrebatado» durante los dos años que pasó en prisión. También ha contado que tuvo ideas suicidas y que lo que le ha ocurrido «no es justo».

El trabajador ha reiterado que dio una bofetada a la víctima, pero no una patada, y que lo hizo porque quería «proteger» a una mujer con la que el ahora fallecido tenía una actitud agresiva. «Genuinamente creí que él iba a por la mujer, yo sólo quería intentar protegerla, nada más. Le di un guantazo, nunca lo he negado. Quería que se fuera», ha insistido.

También ha añadido que se sorprendió cuando la víctima se cayó, porque «no esperaba que alguien se cayera de una bofetada», y que «quería ayudar» pero rápidamente mucha gente se agolpó a su alrededor. El acusado ha expresado que tuvo «miedo» porque los turistas suelen ir a Magaluf en grupos grandes.

«Mi vida está en sus manos», ha dicho al Jurado.

LA FISCALÍA DEFIENDE LA ACTUACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

En su informe final, la Fiscalía ha defendido la actuación de la Guardia Civil, cuestionada por la defensa. La representante del Ministerio Público ha rechazado que pueda haber «una conspiración de la Guardia Civil por atribuir algo a unas personas con las que no tienen nada que ver», y que su actuación ha sido «perfectamente legal».

Aunque en las cámaras no se aprecia claramente la patada que según los forenses fue la lesión letal, la fiscal considera que hay «indicios suficientes» para condenar al trabajador acusado. Entre otras cuestiones, ha aludido a que el trabajador «se cambió de ropa porque tenía miedo de que le identificaran» y a su actitud, por sus «gestos de preocupación» que se ven en un vídeo en el que habla con el encargado -unas imágenes sin sonido-.

La acusación particular ha mantenido su petición, reclamando una importante indemnización para los padres, hijos, expareja e hijastro de la víctima. «Su familia lo único que supo es que su hijo se fue de viaje y no volvió», ha dicho la abogada de los familiares.

LAS DEFENSAS PIDEN LA ABSOLUCIÓN

Por su parte, las defensas han rechazado estas tesis negando que el trabajador sea el autor de la patada o que el encargado tratara de encubrir lo sucedido.

El abogado del encargado del bar ha argumentado que cuando la Policía Local llegó, el encargado todavía no había hablado con el trabajador y por tanto no sabía lo que había pasado. También ha negado que dijera que las cámaras no funcionaban y ha remarcado que «en todo caso proporcionó la grabadora enseguida».

Además, el letrado ha razonado que el encubrimiento implica ocultar un delito grave y cuando llegó la Policía «nadie podía imaginar» que se había cometido un homicidio, puesto que la víctima seguía con vida. El hombre fue atendido por una ambulancia pero no fue trasladado al hospital, en el que ingresó en coma horas después.

Finalmente, la defensa del trabajador acusado de homicidio ha cargado contra la actuación de la Guardia Civil, criticando que descartaran la línea de investigación que apuntaba a otro posible sospechoso, según la declaración de un testigo. Este testigo afirmó que vio a otra persona dar una patada en la cabeza a la víctima, y que se lo reprochó.

Además, el abogado ha considerado que las alusiones de la Fiscalía a la «actitud» del acusado después de la agresión son interpretaciones que suponen «hacer una película» a partir de los fotogramas disponibles. Por último, ha señalado que «aquí ha habido una muerte trágica de una persona, pero no haremos justicia haciendo otra injusticia».

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha apelado directamente a los indecisos al trasladarles que si dudan a la hora de votar en estos comicios, la derecha continuará «jodiéndoles la vida» mientras persisten los «privilegios a lo multimillonarios» y les ha pedido imaginar lo que supondría que el «odio y la violencia fascista» pueda sentarse dentro del Gobierno regional.

«En estas elecciones, la neonazi que celebró el holocausto judío va a ir a votar, el exlegionario que simuló fusilar a los miembros del Gobierno va a ir a votar, los que mandan balas y navajas van a ir a votar», ha lanzado Echenique en clara referencia a las amenazas de muerte que recibió el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

En su intervención durante un acto electoral en la localidad madrileña Leganés junto a Iglesias y otros candidatos de Unidas Podemos al 4M, Echenique ha dicho que se va a dejar de «gilipolleces» y no va a pedir el voto para aquellos que dudan de si participar en estos comicios.

Eso sí, les ha trasladado que pese a que la derecha gana en el 30% de los distritos más pudientes y pierde en el 70% restantes, finalmente ganan porque tradicionalmente en esos enclaves hay mayor movilización, además de ir «dopados» a las elecciones.

Y es que ha alertado de que si optan por la abstención, la listas de espera en sanidad «serán más altas con un Ejecutivo de derechas, la Atención Primaria en centros de salud «va a empeorar», tener «buena dentadura» o atender correctamente la salud mental volverá a ser un privilegio y los alquileres continuarán en «subidas abusivas».

«Si no vas a votar te van a seguir jodiendo la vida mientras a los multimillonarios le siguen dando privilegios», ha enfatizado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos para subrayar, además, que estas elecciones «no son como las demás» porque la «ultraderecha política y mediática se ha quitado la careta».

Y es que ha vaticinado que en estas elecciones «los que insultan en la calle a los homosexuales, los que copian técnicas nazis para generar odio contra los migrantes, los que odian a los pobres y los llaman mantenidos» van a «ir a votar seguro».

«OCHO BALAS EN UNA SEMANA, OCHO BALAS JODER»

A su vez, ha reivindicado que Unidas Podemos, y en particular esta candidatura, está «poniendo todo lo que tiene» para tratar de que el conjunto de la población tenga una «vida mejor», incluso su «tranquilidad, intimidad o la seguridad de su familia».

Concretamente, ha citado los casos de Alejandra Jacinto por defender a las familias desahuciadas, a Serigne Mbaye al que los «fascistas señalan» con deportarla, la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, por tener una condena «sin pruebas» o el propio Iglesias, que ha padecido a las «cloacas del Ministerio del Interior», se han «inventado basura» contra él y ha sufrido el acoso «permanente» a las puertas de su domicilio en Galapagar. «Ocho balas en una semana, ocho balas joder», ha censurado ante el auditorio.

De hecho, Echenique ha confesado que «muchas veces» pensó en dejar la política y volver a su trabajo de científico, pero en esas reflexiones siempre le frenaba lo siguiente»: «si pablo aguanta, yo tengo que aguantar».

«MADRID SERÁ LA TUMBA DEL FASCISMO, DEL RACISMO, DEL MACHISMO»

También ha participado el coordinador autonómico de Castilla y León, Pablo Fernández, para relatar que «sabe muy bien» lo que es la «desigualdad», la «pobreza» y el «sangrante deterioro» de los servicios públicos tras 34 años de gobiernos populares en esta región, que también se han encontrado sus «paisanos» que emigraron a Madrid tras 26 años de ejecutivos autonómicos del PP.

Fernández ha insistido, en lo que es una constante en la campaña de Unidas Podemos, que los comicios del 4M van de «democracia o libertad» y que «no van a permitir retroceder ni un milímetro» en los derechos y libertades conquistados. Y es que ha enfatizado que la democracia no la trajo «un rey corrupto que tuvo que huir a Arabia Saudí», en alusión a Juan Carlos I, sino los miles de españoles que dejaron su «sangre y su sudor».

En esta línea, ha exhortado a no dar «ni un paso atrás» el 4 de mayo ante la «derecha» que encabeza la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso» y la «ultraderecha fascista» que buscan, a su juicio, «degradar y eliminar» las condiciones materiales de la democracia. Especificamente, ha augurado que Ayuso tendrá que responder por dar «órdenes» de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales cuando gobierne Unidas Podemos.

Para Fernández, en estas elecciones autonómicas la mayoría social debe decir «claramente que Madrid será la tumba del fascismo, del racismo, del machismo y la homofobia» y ha concluido con un afamado verso del poeta Rafael Alberti: «¡a galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar!».

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha descartado ampliar el estado de alarma que finaliza el 9 de mayo, tal y como ha vuelto a reclamar el lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha asegurado que «en el 99% de las ocasiones los tribunales han ayudado a los ejecutivos» a la hora de aplicar una medida.

Lo ha dicho este jueves en Barcelona en declaraciones a los periodistas antes de clausurar la jornada ‘Sostenibilidad y digitalización, claves para la reactivación de la economía y el empleo en Cataluña’ de Expansión, en las que ha reprochado las críticas que ha recibido el Gobierno por parte de algunas comunidades autónomas precisamente por activar y mantener hasta ahora el estado de alarma.

«Hemos escuchado que recentralizaba competencias de las autonomías, que era una dictadura constitucional, que había que apoyarlo, que había que votar en contra… de todo», ha lamentado, y ha defendido la labor del Gobierno, que ha asegurado que con el estado de alarma ha sostenido al país protegiendo las libertades y los derechos para poder tomar decisiones económicas y políticas sanitarias buscando proteger la salud de los ciudadanos.

La vicepresidenta primera ha insistido en las críticas que han recibido de otras comunidades y ha señalado a aquellas que se «adentraron en la inconstitucionalidad, que ha tenido que parar el Tribunal Constitucional».

«¿Se acuerdan ustedes de la dictadura constitucional? ¿Cuando habíamos suplantado la Constitución? ¿Se acuerdan ustedes de cuando recentralizábamos e invadíamos competencias? Nada de esto ocurría. Ocurría que hemos asumido nosotros el peso y en exclusiva las responsabilidad, y ahora tenemos que trabajar todos juntos.», ha zanjado.

MADRID EN «REBELDÍA»

Ha centrado sus críticas en la candidata a la reelección a la Presidencia de Madrid, Isabel Ayuso, que considera que ha decidido levantarse en una «especie de rebeldía institucional continua, importándole muy poco la protección de la salud de los madrileños», y le ha advertido de que ahora es el momento de la coordinación.

«Es el momento de la política inteligente, de la política equilibrada, del respeto a las normas, de la lealtad de todos con todos y de la capacidad de coordinación», ha insistido la vicepresidenta primera del Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que ha afirmado que ha trabajado para dar garantías de protección y de derechos y libertades para todos durante la crisis sanitaria.

También ha acusado al PP de pedir que esas garantías «desaparecieran con una reforma en la que pedían aflojar esas garantías judiciales»; una propuesta que ha rechazado y ha llamado al resto de partidos a mantener la lealtad institucional para salir de la pandemia más reforzados.

CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA

Repreguntada por si se descarta definitivamente la prorroga de la medida constitucional decretada el 14 de marzo de 2020, ha replicado: «Lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente. Ahora vamos trabajar para tener elementos de ayuda mutua de cogobernanza».

Clavo ha concretado que España y sus comunidades cuentan con la legislación ordinaria, con «el auxilio de los tribunales» y con el espacio de la Comisión Interterritorial, donde a través de la cogobernanza se pueden tomar decisiones.

Por todo ello, ha llamado a sacar a España de la pandemia sin merma de los valores de convivencia ni del modelo de democracia: «Si acaso saliendo mejor del modelo político en el que por fin España, tras 4 años, está consolidado».

En ese sentido, ha celebrado el mensaje del presidente de EEUU, Joe Biden, en el que llama a reforzar la democracia con políticas de igualdad y solidaridad, «haciendo pagar impuestos a los que más tienen y sin dejar a nadie sin respuesta a sus problemas, sin calidad en sus derechos, y sin respuesta a sus libertades y a su futuro».

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) han presentado este jueves ‘Periodistas y directores de comunicación: un compromiso ético para el futuro’, un documento con las mejores prácticas y principios que deben orientar ambas profesiones y las relaciones entre ambas.

Así lo han dado a conocer las citadas organizaciones, que han explicado que consideran necesario «reforzar los comportamientos éticos y deontológicos que rigen sus trabajos». La presentación del texto ha tenido lugar en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, donde su presidente, Juan Caño, ha moderado una mesa en la que participaron el resto de presidentes de las entidades firmantes.

«El compromiso que hoy hemos firmado refuerza los comportamientos éticos y deontológicos que rigen nuestro trabajo y nuestras relaciones, en un contexto en el que el avance de la desinformación intenta restar valor a los principios y normas que hasta hace unos años se consideraban intocables, entre ellos la difusión de información veraz, verificada y contrastada y, el respeto de los derechos de los demás», ha dicho el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez.

Además, ha añadido que, a partir de ahora, periodistas y directivos de comunicación abren «una etapa trascendental» en sus relaciones «con una iniciativa que busca elevar la dignidad» de sus profesiones y garantizar a los ciudadanos que su derecho constitucional a la información, bajo este marco ético y deontológico, primará por encima de cualquier otro interés.

Por su parte, el presidente de APIE, Iñigo de Barrón, ha dicho que la asociación entienden «que este compromiso busca remover conciencias y recordar los principios del buen periodismo y de la correcta comunicación corporativa». «La pandemia ha elevado la exigencia social por un periodismo comprometido con la verdad y con los hechos y esta función no se puede realizar sin reglas claras entre los que emiten la información y los que tienen que transmitirla», ha declarado.

«Lo más positivo de este acuerdo es que llega como un mecanismo de autocontrol desde las cuatro asociaciones que lo firmamos. Debemos ser conscientes de que no se puede hacer periodismo a cualquier precio ni tampoco llevar la comunicación de las empresas sin principios y responsabilidad», ha manifestado.

Según el presidente de la APM, la «importancia» del protocolo de actuación que han presentado radica en que es la primera vez que los profesionales sientan «las bases del buen ejercicio de la información y la comunicación, de su convivencia, su complementariedad y su aportación a la transparencia y la búsqueda de la verdad, valores fundamentales del periodismo».

El presidente de Dircom, Miguel López-Quesada, cree que con este documento se eleva «el listón en cuestiones éticas y de deontología profesional (…) en un momento donde la transparencia, la coherencia y la verdad se deben valorar más que nunca».

UN COMPROMISO PARA EL FUTURO

El documento presentado se divide en cuatro apartados. En primer lugar, un preámbulo donde se pone de manifiesto la necesidad de actualizar una serie de retos éticos fruto de los acontecimientos y cambios que han vivido en los últimos años los profesionales de la información y la comunicación, conscientes de la especial responsabilidad que tienen de cara a una sociedad mejor informada y, por tanto, más democrática.

Un segundo apartado recoge una serie de compromisos de los directivos de comunicación, en torno a la información veraz; canalizar y facilitar los contactos entre los profesionales de los medios y los responsables de las empresas de acuerdo con la política de comunicación de éstas; conocer plazos, medios y dinámicas del trabajo de los medios para facilitar su labor, ajustando en la medida de lo posible sus respuestas a esas condiciones, trasladando claramente las expectativas de respuesta; la formación a los directivos de sus organizaciones en las dinámicas de trabajo de los medios y un uso adecuado del lenguaje, la no discriminación entre periodistas y medios; que las estrategias comerciales y publicitarias no deben condicionar el contenido informativo, y el respeto a la confidencialidad en las relaciones entre ambas partes.

El tercer apartado se centra en los compromisos de los profesionales de los medios, compuestos por publicar y difundir información veraz; contrastar las informaciones con varias fuentes solventes; actuar como cortafuegos ante bulos y rumores infundados; trasladar de forma clara plazos y características de la información que solicitan; garantizar la capacidad de empresas e instituciones de aportar su punto de vista y versión de los hechos; seguir las mejores prácticas en reconocimiento de erratas y errores factuales; que las estrategias comerciales o publicitarias de las empresas, incluidas las del medio de comunicación, no deben condicionar el contenido de las informaciones; y no utilizar nunca en beneficio propio las informaciones conocidas de forma anticipada, confidencial o privilegiada como consecuencia de su ejercicio.

El último apartado se ocupa de las relaciones informativas entre dircoms y profesionales de los medios, y se refiere en primer lugar a los acuerdos institucionales y las relaciones publicitarias entre empresas y medios, que no deberán condicionar las informaciones a difundir ni el tratamiento editorial, tampoco si no existen esos acuerdos.

Además, engloba otras cuestiones como el mutuo reconocimiento de la buena fe como punto de partida; la manifestación a la otra parte de eventuales conflictos de interés; el uso de las herramientas tecnológicas de forma responsable; y el respeto al derecho a la conciliación personal y familiar.

Finalmente, las asociaciones firmantes animan e invitan a sumarse a este compromiso a todas aquellas organizaciones, públicas y privadas, y profesionales del ámbito del periodismo y de la comunicación, que compartan su contenido.

El presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha anunciado este jueves un «plan de choque» para recuperar audiencia y la publicación de una auditoría externa sobre la situación económico-financiera próximamente.

Así lo ha indicado el máximo responsable de RTVE durante su primera comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades para dar respuesta a las cuestiones planteadas por los distintos grupos parlamentarios.

En relación con las audiencias, el presidente de RTVE ha afirmado que «se cae muy pronto y se levanta muy lento» y ha destacado que TVE es «la televisión más consultada continuamente por todos los españoles». «No hay que dar por hecho que RTVE no es influyente. Es relevante, lo sigue siendo. Esto explica también la inquietud de todos los grupos políticos por la información de RTVE», ha recalcado.

Pérez Tornero cree que la Corporación no tardará dos años en repuntar las audiencias. «Vamos a subir mucho en relevancia y poco a poco en audiencia», ha declarado al ser preguntado por el PP, que cree que la caída es consecuencia de «un marcado sesgo ideológico». Además, el presidente de RTVE ha indicado que «la crisis de credibilidad es multifactorial» y la van a resolver «de un modo global».

También desde el Grupo Parlamentario Popular han interpelado sobre el presupuesto que va a administrar en 2021 la Corporación RTVE y han anunciado la presentación de una proposición no de ley exigiendo una auditoría externa «para conocer de primera mano cuál es la salud de los recursos financieros-económicos» que tiene la Corporación y que «toda la Dirección pueda cumplir con los objetivos», así como la petición de una comparecencia monográfica sobre la cuestión.

«Naturalmente que estaremos encantados de explicar con toda claridad y con toda transparencia la situación económica. La auditoría externa que usted demanda está en marcha y la vamos tener en muy pocos días», ha contestado Pérez Tornero, que ha precisado que es un estudio del ejercicio 2020 y que pedirá otra más relativa al primer trimestre de 2021.

En este punto, el máximo responsable de la Corporación pública ha manifestado que está en las manos del Parlamento que en 2022 la empresa pueda conseguir un presupuesto «que habrá de ser forzosamente austero, responsable con la economía y la situación del país, pero que tendrá que ser correspondiente a la exigencia» del mandato-marco que elaboren las Cortes.

En otro punto, la portavoz del PP, Macarena Montesinos, ha preguntado sobre el «ritmo» al que considera que debe producirse el cambio en RTVE, a lo que el presidente ha zanjado «sin prisa, pero sin pausa». Ante esta respuesta, la ‘popular’ le ha replicado que «más bien, con prisa y sin pausa» porque «la lista de errores no ha dejado de engordar en el último mes».

En el turno de réplica, Pérez Tornero ha asegurado que se tratará de conseguir una nueva gobernanza y un tiempo de «apertura y discusión» sobre el nuevo mandato-marco, y el contrato-programa. «Probablemente, a todos nos ha acelerado la situación de campaña electoral», ha afirmado, al tiempo que ha agregado que cree que, pasada esta, se construirá «un inicio de cambio muy rotundo».

Ha asegurado que «el ritmo del cambio está trazado» y ha dicho que su reto será convertir a RTVE «en la plaza pública donde quepan todos los españoles» y se ha comprometido ante sus señorías «a que todos se sientan orgullosos de RTVE».

Pérez Tornero ha asegurado que el info-entretenimiento (mezcla de información y entretenimiento) «no» tendrá continuidad en TVE y ha subrayado que los programas informativos «son responsabilidad editorial de TVE». «El periodismo que debe hacer TVE es público, valioso, informar con profundidad. Todo lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar en ninguna parte de RTVE, pero fundamentalmente en los informativos», ha manifestado.

«La ley dice que la información es responsabilidad interna de RTVE. Les aseguro mi compromiso con esa responsabilidad interna. Seguiremos el informe de la CNMC sobre esa idea. Es un sentir general de todos los profesionales de la casa que el periodismo de calidad vale la pena y el periodismo banal no vale la pena y menos en la televisión pública», ha defendido.

APUESTA POR EL CONTENIDO NO LINEAL

En su comparecencia ordinaria ante el Parlamento, ha explicado que RTVE va a dar un gran paso de inmediato en el contenido no lineal. «RTVE hará apuestas muy fuertes de aquí a fin de año en esta línea. Cambios que vendrán acompañados de cambios muy profundos en la producción de contenidos, un cambio que es incluso difícil de imaginar. RTVE va a transformarse a tiempo y va a ser líder en contenido no lineal en colaboración con importantes alianzas internacionales», ha señalado.

«En RTVE podemos ser el caudal digital de España en estos contenidos, podcast, textos, interactivos… sumaremos un nuevo consumo para toda la ciudadanía. Transformación, España rural, lo local, la diversidad cultural, la formación profesional, la sostenibilidad… personalizaremos nuestra oferta y se responderá a otras las demandas individuales y colectivas y a la presencia de nuestro país en el mundo», ha explicado

JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2020

También se ha referido a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En este sentido, ha explicado que el acuerdo con Discovery, de 47,5 millones de euros permitirá emitir en RTVE 400 horas sin restricciones de todas las disciplinas deportivas. Se podrán ver en directo la Ceremonia de Inauguración del 23 de julio, la de Clausura el 8 de agosto y todos los deportes con participación española, además de los deportes ‘clásicos’ de los Juegos Olímpicos.

Finalmente, la Comisión Mixta ha procedido a la designación de ponentes para la Subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco a la Corporación RTVE.

El PSOE, el PP y Unidas Podemos han coincidido este jueves en el Congreso en la necesidad de limitar las comisiones que cobran los bancos por la retirada de dinero en efectivo en los cajeros automáticos.

Estas formaciones han acordado solicitar al Gobierno que pida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un informe sobre el coste de este servicio, en relación a las comisiones que se cobra, y a partir de ahí estudie medidas que garanticen la retirada de efectivo «con un precio ajustado a los costes del servicio».

Así consta en una enmienda, pactada por las formaciones del Gobierno con el PP, a partir de una proposición no de ley de Unidas Podemos sometida a debate este jueves en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

GARANTIZAR EL ACCESO, «ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO RURAL»

Concretamente, la iniciativa pactada insta al Gobierno a que solicite a la CNMC un «informe pormenorizado sobre la situación del sector bancaria que permita obtener una imagen fiable del coste del servicio de retirada de efectivo, para poder evaluar la cuantía del coste del servicio en forma de comisión».

Asimismo, también pide al Banco de España a publicar de forma periódica las comisiones que cada entidad cobra por la retirada de efectivo en cajeros automáticos.

A partir del diagnóstico de la CNMC, el Gobierno debe estudiar medidas para garantizar el acceso al servicio de retirada de efectivo en cajeros, «especialmente en el ámbito rural», incide la iniciativa acordada, «con un precio ajustado a los costes del servicio y en línea con las comisiones de los países de nuestro entorno».

EL PP RECONOCE «COMISIONES EXAGERADAS» POR PARTE DE ALGUNOS BANCOS

Durante el debate de la iniciativa, el portavoz económico de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, ha lamentado cómo la banca, ante un contexto de tipos bajos, busque compensar la aminoración de ingresos con «nuevas y abusivas comisiones», y ha instado a hacerle entender «que no todo es beneficio y que, de vez en cuando, hay que pensar en las personas».

Miguel Ángel Paniagua, del PP, ha llamado a «ser cuidadosos a la hora de limitar el cobro de comisiones» ante el riesgo de no dejar «ninguna opción de generar ingresos» a estas entidades, si bien ha concedido que «algunas entidades cobran comisiones exageradas a sus clientes y debemos poner límites».

CAIXABANK ROMPIÓ EL MODELO COLABORATIVO, RECUERDA EL PSOE

Para el PSOE, la «dispersión» entre comisiones –van de 0,5 euros a 3,90– implica que las normas de mercado no funcionan y que «se puede estar incurriendo en malas prácticas con prácticas abusivas». A juicio de su diputado Antonio Hurtado, porque no se está cumpliendo una normativa, según la cual la CNMC debe informar anualmente de las comisiones y las alianzas entre entidades –sólo se han publicado dos informes desde 2015– y que el Banco de España debe analizar e informar de esta evolución para evitar posibles abusos.

Hurtado ha recordado que fue precisamente CaixaBank –entidad a la que el Estado aceptó vender la rescatada Bankia y que ahora plantea el mayor ERE de la historia del sector, con unos 8.000 trabajadores implicados– la que «rompe el modelo colaborativo», gracias al cual las tasas de cobro «eran muy moderadas».