El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha insistido en que las comunidades autónomas cuentan con «herramientas suficientes» para controlar la pandemia de COVID-19 pese al fin del estado de alarma.

«Con el nivel de vacunación y la responsabilidad individual, las medidas para controlar la pandemia son suficientes. Pero recordemos que, de momento, la vacuna no está recomendada para los menores de 16 años. Tenemos herramientas tras el estado de alarma, son suficientes», ha defendido este lunes en rueda de prensa.

El epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha recordado que el estado de alarma «no obligaba» a las CCAA a tomar medidas drásticas como el toque de queda o el cierre perimetral, sino que «daba la opción». «No todas las comunidades lo implementaban. Se ha usado de forma dispar en las comunidades autónomas», ha resaltado.

Al respecto, ha dudado si una herramienta como el estado de alarma, que cerciora derechos fundamentales de los ciudadanos como su movilidad, es pertinente durante toda la pandemia. «No es necesario mantener medidas tan drásticas de forma permanente», ha esgrimido.

En cualquier caso, ha recordado que no se podrán levantar otras medidas de salud pública básicas, como el uso de mascarilla, hasta que no haya una «suficiente cobertura de vacunación». «Es posible que en pocas semanas podamos plantear la vacunación de los menores de 16, pero la vacunación será progresiva. Las medidas sanitarias que se proponen son más que suficientes», ha detallado, aunque apuntando la posibilidad de «hacer modificaciones en la estrategia de control», ya que «las cosas deben relajarse a su ritmo».

Por otra parte, Simón ha destacado que existe «todavía un cierto ‘stock’ de vacunas de AstraZeneca» si finalmente se decide poner esta segunda dosis a menores de 60 años que ya han recibido la primera. «No va a haber problema en ese sentido, vamos a poder vacunar con pauta completa a todos», ha pormenorizado, aunque recordando que otros países, como Francia o Alemania, ya están poniendo la segunda dosis a este colectivo pero de Pfizer o Moderna en lugar de AstraZeneca, por su vínculo con eventos trombóticos muy raros.

La Audiencia Nacional ha absuelto a los siete miembros acusados de formar un grupo organizado para enviar desde España uniformes militares, equipos electrónicos, componentes de explosivos, armas de fuego y dinero a Siria e Irak para apoyar a las organizaciones terroristas Estado Islámico o Jabhat al Nusra.

En una sentencia, la Sección Primera de la Sala de lo Penal absuelve a Amar Termanini, considerado líder del grupo, y a otros seis acusados de los delitos de pertenencia a organización terrorista, financiación del terrorismo, enaltecimiento, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, por los que la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pedían condenas de entre 8 y 28 años de cárcel.

Una vez examinada la prueba practicada en el juicio, los magistrados afirman que no consta que Termanini «hubiera despachado otras mercancías que no fueran ropa, zapatos y juguetes», ni tampoco que «el destino final de los productos fueran las organizaciones terroristas que operan en zonas de conflicto de Siria e Iraq, como Estado Islámico en Iraq y Siria (ISIS) y Jabhat Al Nusra».

Asimismo, tampoco ven que el considerado líder de este grupo tuviera vínculos con dichas organizaciones terroristas ni que les hubiera hecho envíos de uniformes militares, equipos electrónicos y de transmisiones, componentes de explosivos, armas de fuego y dinero para apoyar o financiar a sus milicias, de las misma manera que no se ha acreditado que hubiera constituido una estructura de poder en España con esa finalidad.

HECHOS PROBADOS

Los hechos probados explican que Termanini, nacional de Países Bajos y nacido en Alepo, se trasladó a España en febrero de 2013 desde Bélgica, donde residía, con la intención de radicarse y continuar con su actividad de compraventa e importación y exportación de ropa usada, para lo cual constituyó Tigre Negro Sociedad Limitada, de la que era administrador único.

Compraba mercancía usada a proveedores en distintos países europeos, que transportaba a su almacén, donde los empleados clasificaban la ropa por calidades, la embalaban o prensaban, decidiendo su destino que podía ser el mercado nacional (de Alicante a Ceuta) o mercados extranjeros, fundamentalmente de Turquía, Pakistán, Siria, Iraq, Jordania y Angola.

También comerciaba con otros productos de segunda mano como juguetes, bicicletas y carros de bebé. Cuando la mercadería era exportada a países de Oriente Próximo el transporte se realizaba por vía marítima desde el puerto de Valencia a uno de los puertos turcos de carga en el Mediterráneo, Mersin o Iskenderun.

Según la sentencia, algunos de los envíos tenían por destino sus familiares en el norte de Siria, ya en Termanin, el pueblo del que procede y dónde residen sus padres, o en Sarmada donde habita su cuñado, que se dedica al comercio. En la actividad recibía colaboración de su hermana y su otro cuñado, que se habían refugiado en Turquía del conflicto armado.

Así, Termanini viajaba con frecuencia a la zona para visitar a sus padres, a quienes remitía ayuda en forma de dinero, medicinas y alimentos, y para contactar con clientes y recibir el pago de las mercancías, señala la resolución.

PRENDAS DESGASTADAS QUE NO PODÍAN TENER UN FIN MILITAR

La Sala indica que entre agosto de 2013 y diciembre de 2014, el acusado expidió en 17 ocasiones contenedores desde Valencia a Iraq, Turquí y Siria. Entre la ropa de segunda mano que adquiría para su manipulación, reciclaje y venta estaban prendas militares que se destinaban a uso civil, generalmente de muy baja calidad.

La sentencia explica que en el almacén de la sociedad de Termanini, Tigre Negro, en Crevillente (Alicante) había toneladas de ropa empaquetadas y ordenadas, entre ellas 11 balas de color rojo que contenían ropa militar usada, un total de 1.100 prendas en su gran mayoría pantalones de diversos colores.

Según el tribunal, se trata de ropa usada que no permitía configurar uniformes, que requieren un mínimo de homogeneidad. Añade que las prendas «no podía tener un destino militar sino civil», puesto que eran «mercancías defectuosas, de segunda mano, para consumidores pobres», y que precisamente la ropa militar «debido a su tejido y confección está preparada para durar más».

Respecto a la intervención de un contenedor en el puerto de Valencia de otro de los acusados, el empresario textil Nourdine Chikar, la sentencia indica que las prendas que había en su interior no eran uniformes, sino artículos sueltos, todos usados y de mala calidad, de modelos muy diversos, no homogéneos y antiguos.

Reseña también que no había trajes de resistencia a guerra química o biológica, no viajaban ocultas en el contenedor, se vendían a granel y sin selección previa y su destino no era Siria. Asimismo, afirma que la prueba ha refutado que en el contenedor se hallara una granada de mano de fuego real sin carga y asegura que «no hay ninguna evidencia de ello, ni siquiera una fotografía».

ANÁLISIS DE LAS CONVERSACIONES TELEFÓNICAS

Por último, el tribunal también ha analizado las conversaciones telefónicas que las acusaciones consideran fuente de prueba esencial de la existencia de una organización criminal dirigida por Termanini y de sus actividades de apoyo a organizaciones terroristas de carácter yihadista.

Al respecto, los jueces consideran que las comunicaciones de Termanini «no permiten inferir ni la existencia de una organización terrorista comandada por el primero, que exige reparto de papeles, estabilidad y medios, ni que comercien con material militar ni que sus destinatarios o clientes sean ISIS o Jabhat al Nusra».

La sentencia señala que hay otras conversaciones que se han trasladado a los escritos de acusación, pero sus soportes no se encuentran en la causa porque no fueron aportadas por la Policía y no pudieron ser sometidas al trámite de garantía de contradicción, ya que no fueron presentadas a los acusados ni escuchadas por el intérprete judicial.

Patronales de Dependencia han hecho un «llamamiento a la sensatez» de los jóvenes que han participado este fin de semana en fiestas por el fin del Estado de Alarma y les han pedido que «piensen un poco en los demás» porque si fueran a visitar a su abuela a la residencia y dieran positivo, la condenarían a confinarse 10 días en su habitación.

«Nos parece lamentable. Si no tienen miedo alguno por su salud, que piensen en la de los demás, porque si viniesen ellos a ver a su abuela y diesen positivo, su abuela tendría que estar confinada nuevamente en su habitación 10 días simplemente por contacto estrecho, aunque no le pasase nada porque está vacunada», ha advertido el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid.

Lo mismo podría ocurrir, según ha dicho, si un residente saliese a casa de sus hijos y se encontrase allí con un nieto que ha estado de fiesta sin mascarilla y sin guardar distancia de seguridad y ha dado positivo. «Esto suponiendo la menor de las consecuencias», ha precisado Fernández-Cid.

Asimismo, la presidenta del Círculo de Atención a Personas (CEAPs), Cinta Pascual, ha mostrado su «preocupación» por las imágenes de las fiestas en las calles este fin de semana y ha pedido «prudencia».

«Como sector, nos preocupan las imágenes que hemos visto este fin de semana. La pandemia no se terminado y aunque estamos vacunados, nuestros profesionales también son jóvenes y aunque algunos están vacunados, prácticamente todos, pero sigue habiendo un 15% de no vacunados», ha indicado Cinta Pascual.

Por ello, ha recomendado a todas las personas que han participado en estas celebraciones que «piensen un poco en las víctimas que ha habido a lo largo de 2020» a causa del Covid. Asimismo, ha reclamado mejorar el sistema de vacunación para los profesionales del sector de geriatría.

En la misma línea, el secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (AESTE), Jesús Cubero, ha hecho «un llamamiento a la sensatez» para toda la población frente a las «macrofiestas descontroladas al aire libre». «Debemos pedir un esfuerzo de concienciación a la juventud por sus padres, sus abuelos y por ellos mismos», ha subrayado.

Según ha indicado, no se puede «poner en riesgo a la población más vulnerable por muchas ganas de fiesta que se tenga». A su juicio, la situación «se controlaría mejor dentro de los establecimientos hosteleros, con una ampliación de horario».

VISITAS DESDE OTRAS CCAA

Por otro lado, preguntados por cómo afectará al sector de las residencias el fin del Estado de Alarma, Cubero ha explicado que, inicialmente, el único impacto que tendrá en los centros residenciales será el incremento de las visitas de los familiares que provengan de otra comunidad autónoma limítrofe.

«Hay muchas familias que no han podido visitar a sus padres por esta limitación de movimientos, y que ahora por fin podremos ir normalizando. No debemos bajar la guardia en ningún momento, y mantendremos la medidas que se están aplicando en la actualidad», ha precisado.

Lo mismo ha destacado el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, quien ha puesto de relieve lo «positiva» que será esta libertad de movimiento para aquellos familiares que tienen a su ser querido en una residencia de otra comunidad autónoma, pues podrán volver a verse después de mucho tiempo.

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades ha aprobado este lunes una incitativa del PP por la que se insta a RTVE a dar espacio a la tauromaquia en su programación y ha rechazado otra propuesta de Vox para que vuelvan de forma urgente los ingresos por publicidad.

Así, la proposición no de ley del PP, que apuesta por volver a retransmitir en directo los festejos taurinos en TVE, documentales de leyendas del toreo y reportajes divulgativos sobre la tauromaquia, ha recibido el apoyo de los parlamentarios del PP y Vox, mientras que Unidas Podemos, ERC y Más País han votado en contra y el PSOE se ha abstenido, dando luz verde a la aprobación del texto.

En su intervención, el portavoz ‘popular’, Andrés Lorite, ha hecho hincapié en que la tauromaquia es «arte» y «cultura», pero también «se convierte en un motor de desarrollo económico y de generación de miles de empleos». «Sin duda, el mundo del toro tiene un gran valor medioambiental, social, económico y cultural en nuestra sociedad», ha insistido.

El toro, ahora mismo, carece de una programación en gran medida por las decisiones que han tomado algunos políticos territorialmente, que han cercenado la libertad, que han cercenado la posibilidad de que el mundo de toro desarrolle no sólo su economía, su cultura y su arte», ha manifestado Víctor Sánchez del Real, diputado de Vox.

La diputada de Más País Inés Sabanés ha defendido que «las actividades que significan dolor y sufrimiento para el animal no pueden ser promocionadas por una televisión pública», mientras que el senador de ERC Bernat Picornell ha afirmado que «matar a un animal no es para nada cultura» y que «torturar no es cultura», por lo que ha puesto de manifiesto su rechazo a la propuesta.

En la misma línea se ha expresado la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández Castañón, quien ha argumentado que los datos del Ministerio de Cultura apuntan que «los clubes de lectura tienen más participación que la tauromaquia» y que «muchas cosas minoritarias pueden tener una mayor representación» dentro de la programación.

Desde el PSOE, el parlamentario Jesús Martín ha dicho que, «en aras a la independencia de Radio Televisión Española y el libre criterio de quienes hoy tienen encomendada su gestión», su grupo está «en la cultura de no prohibir, no fomentar», por lo que ha anunciado su abstención.

Por otro lado, la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de RTVE ha rechazado, con 30 votos en contra y los tres a favor de Vox, la proposición del partido de Santiago Abascal en la que instaba al Gobierno a derogar la Ley de Financiación de RTVE para devolver «urgentemente» la publicidad como vía de financiación.

Según ha expuesto el portavoz de Vox, Manuel Mariscal, «hay tres argumentos principales para defender esta iniciativa»: «En primer lugar, por la situación que atraviesan los españoles en estos momentos de crisis económica; porque la eliminación de la publicidad de TVE en el año 2009 se debió a cuestiones políticas y no a criterios de buena gestión y porque TVE necesita nuevas vías de financiación para realizar su actividad y, sobre todo, para pagar sus 50 millones de euros de deuda, una deuda que deja como herencia Rosa María Mateo».

En el turno de portavoces, la diputada de Más País, Inés Sabanés, ha justificado su rechazo al no considerar «apropiado ni por el fondo ni toda forma esta proposición», ya que ha defendido dar «tiempo» al nuevo Consejo de Administración para que tome las medidas que considere oportunas.

Seguidamente, Picornell ha defendido la necesidad de «poner encima la mesa todas las posibilidades de financiación que vayan a favor de que RTVE sea sostenible desde todos los puntos de vista» y ha afirmado que eliminar la publicidad «no fue una buena decisión o por lo menos no ha tenido los resultados esperados».

Desde Unidas Podemos, Sofía Fernández ha puesto de relieve que el modelo de financiación de RTVE debe incluirse en el mandato-marco y ha recordado que para ello se ha creado una subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco a la Corporación.

Asimismo, el ‘popular’ Rodrigo Mediavilla considera que la Ley de Financiación ha sido un «desastre». No obstante, ve «precipitada» la conclusión de la iniciativa de una vuelta urgente de la publicidad y cree necesario «otro análisis, otra reflexión».

El diputado del PSOE Pedro Casares ha declarado que «la pérdida de ingresos por publicidad era ya una evidencia en el año 2009, cuando el Gobierno y los grupos parlamentarios tomaron aquella decisión por amplia mayoría de las Cortes Generales y cuando se decidió apostar por un modelo de televisión pública más sostenible, eficaz e independiente».

«Podemos analizar si este sistema de financiación está funcionando o hay que revisarlo», ha reconocido Casares, para después añadir que se puede hablar de ello «sin prisas y desde luego sin urgencias», dando margen al nuevo Consejo de Administración y al nuevo presidente, así como en la subcomisión recientemente creada para la elaboración del nuevo mandato-marco.

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha afirmado que el acercamiento semanal de presos de ETA y la transferencia de Prisiones evidencia que el Gobierno está «cumpliendo una a una las exigencias de Bildu y del PNV». Además, ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a aclarar qué le «queda pendiente» con Bidu después de que Arnaldo Otegi, al ser reelegido coordinador general de la formación, le haya advertido de que «toca cumplir».

«Sánchez está cumpliendo una a una las exigencias de Bildu-Batasuna y del Partido Nacionalista Vasco, por un lado acercando a presos cada semana y por otro lado con la transferencia de Prisiones al País Vasco que hoy se ha firmado», ha declarado Beltrán, que es también presidenta del PP en Navarra.

La dirigente del PP ha realizado estas declaraciones después de que en la Comisión Mixta de Transferencias, reunida este lunes en Bilbao, el Gobierno de España y el Ejecutivo vasco hayan sellado el acuerdo para el traspaso de las competencias sobre las prisiones, que será efectivo el próximo 1 de octubre. Además, han cerrado las transferencias del transporte por carretera, el código bibliográfico internacional ISSN y el edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa.

Beltrán ha expresado su «enorme preocupación» ante las declaraciones de Otegi asegurando que a Sánchez le «toca cumplir», ya que, según ha recalcado, se estén acercando cada semana presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco y este lunes se ha firmado la transferencia de las competencias de Prisiones a esta comunidad.

«¿Qué le queda pendiente? Exijo que Sánchez cuente a los españoles qué le queda todavía por cumplir con Bildu-Batasuna y qué no les ha dado todavía de las exigencias que han pedido», ha manifestado, para preguntarse «qué será lo siguiente» para «seguir humillando a todo un país y a las víctimas del terrorismo».

«EL GOBIERNO HA CLAUDICADO PORQUE NO HABÍA FECHA»

Después de que el titular de Política Territorial, Miquel Iceta, haya asegurado que cumple la ley con este traspaso de Prisiones, Beltrán ha indicado que el ministro es «muy conocido por tener cierta equidistancia con los condenados por sedición del procés». «Cualquier justificación de su parte es más de lo mismo», ha enfatizado, para añadir que cuando era líder del PSC «siempre nadaba y guardaba la ropa al enfrentarse con los independentistas».

Dicho esto, la dirigente del PP ha resaltado que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha claudicado porque no había fecha para el traspaso de Prisiones». «¿Por qué ahora? Porque es el Gobierno más débil y tiene que claudicar ante los chantajes de Bildu al depender de sus apoyos», ha afirmado, para señalar que es una reivindicación histórica de Batasuna pero «nunca» ningún Gobierno accedió.

Además, la responsable de Organización del PP ha indicado que el Gobierno ha esperado a que pasaran las elecciones madrileñas del 4 de mayo para formalizar ese traspaso y así no perder votos. «Cualquier movimiento que hace Sánchez mira hacia un lado y a otro por si le va a costar votos o le puede levantar del sillón», ha apostillado.

MARLASKA, «HACE LO CONTRARIO» A LO QUE HACÍA COMO JUEZ

Ante el hecho de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya recibido pitidos y gritos de ‘acerca presos’ en su visita a Valladolid, Beltrán ha recalcado que «no hay mayor traición a un país y al Ministerio del Interior» que tener a un ministro que «hace lo contrario de lo que había trabajado antes como juez».

«Está acercando a los presos que en su momento condenó y apoyando pactos con los herederos de ETA. Son traiciones que la gente no pasa por alto», ha asegurado la vicesecretaria de Organización de los ‘populares.

Los equipos negociadores de ERC y de los comunes se han reunido este lunes por la tarde en el Parlament y han abordado diversos ámbitos del programa del Govern para buscar un posible acuerdo que desencalle la investidura del candidato republicano a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, aunque discrepan de momento sobre la entrada de los comunes en el futuro Govern, han explicado fuentes conocedoras del encuentro.

Se trata de la primera reunión que mantienen ambas formaciones después de que ERC haya roto la negociación con Junts para formar un Govern de coalición y quiera explorar ahora la opción de configurar un Govern en solitario, que pasaría por obtener el voto de Junts, la CUP y los comunes a la investidura.

Las fuentes ya citadas han explicado que el encuentro ha sido positivo y que los contactos seguirán este martes, y que han empezado por tratar la cuestión del programa para intentar cerrar acuerdos en aspectos como la acción climática y transición ecológica, salud, feminismo, reactivación económica y el compromiso de libertad para los presos del 1-O.

Ambos comparten que la negociación debe ir «lo más rápido posible», y aunque los comunes han trasladado a ERC su voluntad de entrar en el Govern, los republicanos insisten en su voluntad de gobernar en solitario, pero mantienen la puerta abierta a seguir hablando de ello.

Desde los comunes han dejado claro que la «línea roja» es que Junts no forme parte del Govern, han dejado claro que no se imaginan ningún acuerdo de gobierno en el que estén con ellos y han asegurado que sus votos no serán gratis pero que se tendrán que ver en qué márgenes se pueden mover.

«En función de los márgenes veremos si da para hacer un acuerdo de gobierno o un acuerdo de investidura con ERC. Nosotros intentaremos que la investidura tire adelante. Entiendo que ERC intenta buscar que los votos de Junts sean gratis, pero con nosotros se abre una etapa de cambio», han apuntado fuentes de los comunes.

RESPETAR EL ACUERDO CON LA CUP

Aunque no han entrado a hablar de la carpeta sobre el proceso independentista, fuentes republicanas han recordado a los comunes que tienen un acuerdo con la CUP «que se debe respetar».

Las fuentes del partido de Jéssica Albiach han sostenido que el acuerdo con la CUP puede ser un punto de partida en lo social y ambiental, pero que en la parte nacional quieren «poner lo que representa el ADN» de los comunes y apostar por el diálogo, que creen que en el plazo de dos años puede dar frutos, en sus palabras.

Desde ERC han explicado también que se han intercambiado mensajes con el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, con el que se han emplazado a reunirse lo antes posible.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene como horizonte el año 2023 y cuenta «con un plan para una legislatura y trabajo para algo más». «Ha habido elecciones en la Comunidad de Madrid y parece que allí empieza y acaba todo. Lástima que no hubiera esa reacción cuando en Cataluña conseguimos convertirnos en el primer partido en las pasadas elecciones», ha expresado.

Asimismo, ha lamentado que hay «quien quiere matar moscas a cañonazos» y ha incidido en que las instituciones tienen, pese a haber decaído el estado de alarma, «un amplio abanico de posibilidades de actuación» para hacer frente a la pandemia de la covid-19.

Miquel Iceta se ha desplazado este lunes a Bilbao para formalizar el traspaso de nuevas competencias, entre ellas la de prisiones, y posteriormente se ha reunido, junto a la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, con los secretarios generales territoriales del PSE-EE, los consejeros socialistas del Gobierno Vasco el secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales, la secretaria de Política Institucional, Begoña Gil, y el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso.

En su intervención, Iceta ha recordado al exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en 2019 y que, según ha subrayado, «hizo el mejor de los legados». «Si hoy hemos podido firmar la transferencia de los centros penitenciarios es porque se derrotó a ETA; si no esto no hubiese llegado. O dicho al revés, hubiera llegado mucho antes si el terrorismo no hubiese tardado tanto tiempo en desaparecer de esta tierra», ha añadido.

Tras recordar a las víctimas de ETA, ha afirmado además que «también lo hacemos por ellos, por su memoria, por que no fue en vano, por que ganamos». Asimismo, ha valorado la labor de los funcionarios de prisiones, «algunos e ellos también asesinados por el terrorismo», así como el trabajo de las ONGs en pos de la reinserción de los reclusos.

En esta línea, ha sostenido que detrás de actos como la firma del traspaso de competencias hay «mucha gente, recuerdos y sentimientos. «Y también hay un compromiso de desarrollar la autonomía», ha afirmado.

En su alocución, ha recordado también al expresidente catalán Quim Torra –«del que nos separaba casi todo»–, que en una ocasión afirmó que el ‘principal obstáculo para la independencia es la propia autonomía’.

«Si hay una autonomía que funciona, ¿para qué te vas a embarcar en una aventura incierta y con costes tremendos?», ha preguntado Iceta, que ha insistido en que el compromiso de los socialistas en el desarrollo del Estatuto de Gernika «sigue intacto y se va a mantener».

Asimismo, ha defendido que los socialistas quieren y creen en una España «fuerte en su unidad y, al mismo tiempo, orgullosa de su diversidad». «Creemos en un autogobierno que sirva a los intereses de la ciudadanía, que sirva a la mejora de la sociedad», ha aseverado.

TRANSFERENCIAS

Respecto a las transferencias del Estatuto de Gernika aún pendientes de cumplir, Iceta ha reconocido que el proceso «no siempre es sencillo y lo que va quedando es lo más difícil». «Todavía está en esa lista ver qué participación se puede tener desde un Gobierno Vasco en la gestión de la Seguridad Social. Eso tiene una complicación muy grande», ha argumentado.

Asimismo, ha destacado que el socialismo vasco es «sinónimo de serenidad, tenacidad y estabilidad», algo que necesita la política en la actualidad en el conjunto del Estado.

«Necesitamos estabilidad para hacer frente a la pandemia y necesitamos también serenidad para no dejarnos llevar por el último grito… Ha habido elecciones en la Comunidad de Madrid, y parece que allí empieza y acaba todo. Lástima que no hubiera esa reacción cuando en Cataluña conseguimos convertirnos en el primer partido en las pasadas elecciones», ha manifestado.

Durante su intervención, el ministro ha recordado además la relación histórica entre socialistas y jeltzales, y ha defendido que ambos comparten la «idea de que se necesitan gobiernos estables, no sometidos a la negociación constante y a ser rehenes de la polarización».

Asimismo, ha afirmado que la «hoja de ruta» del Gobierno de Pedro Sánchez pasa por «vacunar, la recuperación económica, una utilización sensata de los fondos europeos y por mantener una política social vigorosa».

«Nuestro horizonte es el año 2023. Algunos se comportan como si las elecciones fuesen mañana, pero no es así. Tenemos un plan para una legislatura y trabajo para algo más», ha insistido.

Tras abogar por fomentar el «acuerdo, el diálogo y el trabajo conjunto entre instituciones», Iceta ha apostado por «trabajar juntos» en una Europa más «integrada y fuerte.

ESTADO DE ALARMA

Por otro lado, se ha referido al decaimiento del estado de alarma este pasado domingo y a las imágenes que se vieron en algunas ciudades que, según ha reconocido, él pensaba se iban a producir «así», de tal forma que «habría mucha gente con ganas de gritar y salir a lo que fuera.

«Hay que decir que ha terminado el estado de alarma, pero no la pandemia y hay que ir con cuidado. Hemos de pedir un esfuerzo de contención», ha indicado, para añadir que «la restricción de las libertades en una sociedad democrática debe ser excepcional y temporal».

Respecto a si la única manera de «contener» a parte de la ciudadanía es estableciendo prohibiciones, ha considerado que no se debe «tener tan poca confianza en nosotros mismos pensando que solo las prohibiciones harán que cada uno saque lo mejor de sí mismo».

«Pero hay que tener liderazgos a la altura de las responsabilidades, gentes capaces de decir la verdad y convencer», ha argumentado, para añadir que los datos de la pandemia en Euskadi «son malos», lo que obliga a ser «más precavidos y exigentes con quienes gobiernan y los ciudadanos».

En este contexto, ha advertido de que «libertad y caos no es lo mismo», por lo que «restringir libertades no es la mejor receta para evitar el caos». No obstante, ha reconocido que si en algún momento el Ejecutivo de Sánchez considera que con las medidas establecidas «no es suficiente» como para controlar la pandemia, «habrá que llegar a otras cosas».

«Pero para evitar un botellón no hace falta un estado de alarma; con una ordenanza municipal y la policía municipal debería bastar… A veces hay quien quiere matar moscas a cañozanos y las instituciones tienen un amplio abanico de posibilidades de actuación», ha finalizado.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como ‘El Pequeño Nicolás’, se sentará este martes en el banquillo de los acusados por el viaje que hizo en 2014 a Ribadeo haciéndose pasar por un enlace de la Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real, por lo que se enfrenta a una pena de siete años de cárcel y una multa de unos 81.000 euros.

El juicio se celebrará en la Sección 17ª de la Audiencia Provincial este 11 de mayo, aunque está previsto que continúe durante el 12 y el 13, después de hasta tres aplazamientos, debido a la pandemia de coronavirus y porque la entonces abogada de Gómez Iglesias denunció «presiones y coacciones» hacia ella y su familia.

La primera sesión estará marcada por los interrogatorios a Gómez Iglesias y a los otros dos acusados –dos policías que le habrían ayudado–, a los que seguirán los primeros testigos, tres policías nacionales. Las testificales, cerca de una veintena, se prolongarán miércoles y jueves, cuando está previsto que quede visto para sentencia.

Gómez Iglesias, que ahora tendrá como abogado defensor a Manuel Marchena Perea, hijo del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, será juzgado por el viaje que hizo a Ribadeo el 13 de agosto de 2014 simulando ser un alto cargo para reunirse con un empresario, «con la finalidad de ganarse su confianza, sin que conste con certeza si pretendía obtener de él un beneficio económico directo», según el escrito de la Fiscalía.

AYUDADO POR DOS POLICÍAS

Para ello, le pidió a un policía municipal de Madrid al que conocía de antes, Jorge González, que le proporcionara los medios policiales para «aparentar el carácter oficial». Este agente a su vez contactó a un policía municipal de Torrijos (Toledo), Carlos Pérez. El primero recibió del ‘Pequeño Nicolás’ un pago de 2.000 euros y dio a su compañero 400 euros.

‘El Pequeño Nicolás’, los dos policías y cuatro conductores con sus respectivos coches –a los que Gómez Iglesias había contratado y a los que hicieron creer que era un viaje oficial– partieron a Ribadeo en una «comitiva». Los coches alquilados llevaban acreditaciones falsas del Ministerio de Interior elaboradas por el propio acusado en su ordenador, a lo que se sumaban los rotativos luminosos, aparatos de transmisión y ‘pinganillos’ que el agente González había retirado de dependencias policiales.

Al llegar a Ribadeo, fueron recibidos por un coche y dos motos de la Policía Municipal, una escolta que ‘El Pequeño Nicolás’ había solicitado días antes por teléfono, identificándose como el enlace entre Vicepresidencia del Gobierno y Casa Real. También reservó mesas y plazas de aparcamiento en el Club Náutico, indicando igualmente que iría «una alta personalidad de la Casa Real».

Ya en el restaurante, Gómez Iglesias fue recibido por el alcalde de Ribadeo, al que se presentó como dicho enlace y con quien «departió brevemente», antes de comer con el empresario. El agente González interrumpió la comida para avisar al ‘Pequeño Nicolás’ de que tenía una llamada de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo cual era falso. Tras la comida, regresaron con la misma «comitiva» a Madrid.

HORIZONTE JUDICIAL

Por estos hechos, ‘El Pequeño Nicolás’ está acusado de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo, y la Fiscalía de Madrid le pide un total de siete años de cárcel, la inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio durante el mismo tiempo y una multa de 27 meses con una cuota diaria de cien euros, cerca de 81.000 euros en total.

Los dos policías también están acusados de presuntos delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo. El Ministerio Público solicita para ellos cinco años y medio de cárcel, la inhabilitación mencionada durante año y medio, y una multa de quince meses con una cuota diaria de 10 euros.

Se trata solamente de uno de los juicios que Francisco Nicolás tiene pendientes y por los que se enfrenta a un total de 27 años de cárcel por delitos de estafa, revelación de secretos o integración en grupo criminal, entre otros.

La Audiencia Provincial de Madrid ya confirmó en julio de 2018 su absolución de haber cometido un delito de injurias y calumnias contra el CNI en varios medios de comunicación por acusar al organismo de ‘pinchar’ su teléfono ilegalmente. En este caso, la defensa de ‘El Pequeño Nicolás’ alegó trastornos mentales para declarar su inimputabilidad.

La presidenta de la Fundación Cotec y exministra de Ciencia e Innovación del Gobierno, Cristina Garmendia, ha asegurado que la administración debe «ganar flexibilidad» para contratar a investigadores y científicos, según un comunicado de Foment del Treball este lunes.

Garmendia ha realizado estas declaraciones este lunes en el marco de una mesa redonda organizada por la Societat Barcelonina d’Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball, en la que también ha participado el presidente del Consell Econòmic i Social (CES), Antón Costas.

La exministra ha apuntado que es necesario «avanzar en nuevas fórmulas de contratación» y tener instrumentos para contratar a personas, además de potenciar la movilidad y, en sus palabras, establecer lazos con otros países para gestionar el talento científico y la creación de nuevas oportunidades en el sector.

Ha señalado que la colaboración público-privada en el sector de la ciencia y la innovación «es indispensable» y ha asegurado que administración y sector privado deben mostrar más compromiso mutuo y deben involucrarse más en los acuerdos que se firmen.

Costas ha apuntado que España debe «enfocar el I+D como una misión de país, no como proyectos separados», algo que habría que vehicular a través de la colaboración público-privada.

«SUBIDA HISTÓRICA»

Garmendia ha celebrado el aumento del presupuesto para ciencia e innovación aprobado en 2021 y lo ha descrito como «subida histórica, no solo en cantidad sino también en la calidad».

Ha subrayado que este incremento «se concentra en la parte que realmente se ejecuta», lo que es un ejemplo de la apuesta que se hace para estos sectores.

Costas ha apuntado que hay dos grandes modelos de economía, de taller y de laboratorio, y que España tiene una «economía de taller», que ha asegurado que no ha ido mal pero que es necesario que se evolucione hacia la economía de laboratorio.

El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirán este martes por separado al presidente de Argentina, Alberto Fernández, de visita en España en el marco de una gira por Europa.

El mandatario argentino ha viajado acompañado de sus ministros de Exteriores, Felipe Solá, y de Economía, Martín Guzmán, así como del secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

La primera etapa de su gira ha sido Portugal, donde se ha reunido con su presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, y con su primer ministro, Antonio Costa, tras lo cual llegará a última hora del lunes a Madrid.

El mandatario argentino tiene previsto un encuentro con el Rey en Zarzuela y a continuación un encuentro en Moncloa con Sánchez, con quien además mantendrá un almuerzo de trabajo, según la agenda de la Presidencia argentina.

La visita se produje después de que el Gobierno enviara la semana pasada una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que expresa su deseo de que Bruselas dé un paso más en los contactos para tratar de desbloquear el acuerdo entre la UE y Mercosur, bloque del que Argentina forma parte.

Igualmente, el Ejecutivo, que ha venido defendiendo firmemente este acuerdo, reclamó a Bruselas que una «propuesta concreta» con la que revivir un pacto que fue anunciado hace ya dos años pero que no ha llegado a materializarse por las diferencias entre las partes y las reservas en el seno de los Veintisiete.

Entre los países reacios con el acuerdo en su versión actual figura Francia, siguiente etapa de la gira de Fernández. Aquí, ya el miércoles, tiene previsto un encuentro con empresarios además de ser recibido en el Elíseo por el presidente galo, Emmanuel Macron. El vuelo que conduce a la comitiva hacia Italia partirá por la tarde.

La última etapa de la gira, ya el jueves, arrancará con una audiencia privada con el Papa Francisco en el Vaticano, a la que seguirán sendos encuentros con el presidente de la República, Sergio Mattarella, y con el primer ministro italiano, Mario Draghi.

La subsecretaria de Estado adjunta para Europa y Eurasia de Estados Unidos, Molly Montgomery, ha trasladado este lunes que el presidente estadounidense, Joe Biden, que lleva más de tres meses en el cargo, hablará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando «las circunstancias lo permitan».

En una mesa redonda organizada por la Embajada de Estados Unidos en Madrid, Montgomery ha detallado que Biden ha estado «muy centrado» en combatir la pandemia y en armar una recuperación económica fuerte para Estados Unidos desde que asumió la Presidencia estadounidense, pero ha remarcado que la Administración y el propio mandatario «valoran de verdad la relación con España».

Asimismo, ha precisado que el presidente estadounidense está «contento» por la participación de Sánchez en la Cumbre del Clima que organizó para finales de abril. «España es líder en energía renovable», ha recordado.

Montgomery, que ha hecho hincapié en que la llegada de Biden a la Casa Blanca significa que Estados Unidos «ha vuelto» y pretende recuperar la senda del multilateralismo, ha sostenido que busca «comprometerse otra vez» y «renovar las relaciones» con Madrid.

En este contexto, ha destacado que sí se han producido «numerosos» contactos de alto nivel entre los Ejecutivos estadounidense y español, enumerando, entre otras, conversaciones entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y la ministra de Exteriores, UE y Cooperación de España, Arancha González Laya. «Queremos continuar con este intenso diálogo», ha insistido, antes de enumerar áreas como el narcotráfico, el tráfico de personas o la cooperación militar.

Por otro lado, Montgomery también se ha referido a la ausencia de embajador de Estados Unidos en España. Aunque ha precisado que la Administración Biden ya ha empezado a nombrar «algunos», ha lamentado no tener noticias para Madrid en este sentido. «Espero que sea en las próximas semanas y no meses», ha agregado.

Además, la subsecretaria de Estado adjunta para Europa y Eurasia de Estados Unidos ha destacado la «gran relación económica» que hay entre Washington y Madrid, del que también ha dicho que es un «socio especial» en temas que atañen a África o Latinoamérica.

MADURO, «OBVIAMENTE, UN DICTADOR»

Montgomery se ha referido así a Venezuela y ha incidido en que Estados Unidos considera que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «obviamente» es un «dictador». «Continuamos reconociendo a (el autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela, Juan) Guaidó como presidente y a la Asamblea Nacional electa en 2015″, ha precisado.

Así, ha insistido en que Estados Unidos cree «en una transición pacífica en Venezuela, con elecciones presidenciales libres y justas» que ayuden a reconstruir el país caribeño «después de este período trágico en la historia. Sobre este asunto, ha reiterado que España «tiene un rol importante» y ha trasladado la intención de Washington de «trabajar» con Madrid a este respecto.

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una pareja de 48 y 51 años de edad que presuntamente se dedicaba a captar personas con diversidad funcional a las que, bajo amenazas, las obligaban a ejercer la mendicidad en distintas zonas del centro de la ciudad.

Los arrestados retiraban a las víctimas la documentación y les quitaban todo el dinero que recaudaban diariamente, para así impedirles comer y asearse si no llegaban a una mínima cantidad. Asimismo, les obligaban a ejercer la mendicidad durante 14 horas todos los días de la semana.

Una de las víctimas fue la que puso en alerta a los agentes de la explotación que estaba sufriendo durante más de dos años y explicó que, debido al desconocimiento de la legislación española, no lo había puesto antes en conocimiento de la Policía Nacional. Por ello, se les acusa de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación para la mendicidad, según ha informado un comunicado de la Policía.

La investigación ha determinado que el matrimonio, que se había instalado en España en el año 2007, utilizaba como medio de vida los recursos económicos que obtenían de otras personas, con distintas discapacidades tanto físicas como psíquicas, que captaban en Rumanía o en territorio nacional y a quienes explotaban mediante el ejercicio de la mendicidad en condiciones de auténtica esclavitud por todo el país.

Además, para ejercer el control de las víctimas, les quitaban la documentación y los retenían bajo agresiones y amenazas de muerte, en unas condiciones de vida inhumanas. También ejercían sobre ellas una gran presión psicológica, menoscabando de tal manera su autoestima que con el transcurso del tiempo establecían un vínculo tan fuerte que llegaban a considerar a sus captores como de su familia.

Además de los malos tratos habituales a los que eran sometidas, malvivían en miserables condiciones, sin apenas comida y una higiene lamentable, puesto que las obligaban a ejercer la mendicidad durante catorce horas diarias, los siete días de la semana, y les requisaban todo lo recaudado bajo la amenaza de que si no conseguían suficiente dinero no comían o iban a sufrir agresiones físicas.

Fue una de las víctimas la que acudió a la Policía y contó todo lo que estaba sufriendo. En su declaración también contó que días antes había escuchado una conversación de sus captores en la que decía que lo iban a vender a otra organización por la cantidad de 2.000 euros.

En el transcurso de la investigación, los agentes localizaron a otra víctima que también estaba siendo sometida a esta cruel explotación, la cual por miedo a posibles represalias se negó a declarar en dependencias policiales.

Los detenidos, con un amplio historial delictivo por delitos contra las personas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Alicante.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo III de la Brigada Provincial de Extranjería de la Comisaría de Alicante y del Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría de Distrito Norte.

Un despacho de abogados gallego especializado en derecho bancario y fintech llevará la defensa de un gran número de afectados por la presunta trama piramidal que usaba la inversión en criptomonedas a través de una mercantil, Arbistar 2.0 SL, para estafar a clientes. La causa ya se instruye en la Audiencia Nacional después de que el juez José Luis Calama aceptara en abril la inhibición de un juzgado de instrucción de Arona (Tenerife).

Según calculaba en su auto el magistrado, hasta el momento la cifra de víctimas se sitúa en 1.127 personas y el perjuicio económico en más de 41 millones, pero podría llegar a 32.000 personas y la inversión a 100 millones.

Ahora, Oulego Abogados informa en nota de prensa que se hace cargo de afectados gallegos por el caso Arbistar 2.0 y subrayan que esta es la mayor estafa piramidal en el arbitraje de criptoactivos de la historia de España.

Por eso, antes de solicitar su personación en la Audiencia Nacional animan a los afectados a sumarse a su reclamación con el objetivo de recuperar primer lugar para recuperar las criptomonedas perdidas. Advierten además de que se necesita una sentencia judicial para que Hacienda considere una apropiación de criptomonedas como pérdida patrimonial en la declaración de IRPF.

LA ESTAFA DE FUENTES JOVER

En el auto de Calama, con fecha de 21 de abril, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 apuntaba que los investigados en esta causa, bajo la dirección de Santiago Fuentes Jover, podrían haber cometido delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil.

La resolución explica sucintamente en cinco páginas, dado que la investigación apenas acaba de arrancar, que los investigados, mediante la utilización instrumental de la mercantil ARBISTAR 2.0 SL, de la que Fuentes Jover es administrador único y cuyo objeto social es el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas, «han urdido presuntamente una trama defraudatoria en el mercado de las criptodivisas».

El magistrado explicaba cómo era la operativa para los clientes: Los inversores creaban una cuenta ‘Exchange’ para realizar acciones de compra venta y daban de alta un monedero electrónico donde almacenar criptodivisas. A la par, debían crearse un usuario en Exchange Coinbase –plataforma de comercio de criptomonedas con sede en San Francisco (California), que ofrece servicio de intercambio de criptomonedas y monedas fiduciarias en alrededor de 32 países– y efectuar una transferencia por el valor de su inversión a una cuenta bancaria de la que Exchange Coinbase es titular en Estonia.

Una vez que se recibía esa transferencia, ésta era ingresada en el monedero electrónico del inversor. Y tras todo esto, entonces debían hacer aportaciones a los monederos electrónicos de Arbistar 2.0 SL, que se quedaban con ese dinero al menos durante los dos meses siguientes, por lo que el usuario perdía todo control sobre la inversión.

RENTABILIDAD DE ENTRE UN 8 Y UN 15%

La trama, según el juez, prometía rentabilidades de entre el 8 por ciento y el 15 por ciento mensual, y pagaba a los propietarios de las criptomonedas semanalmente, los sábados, aunque les daba la opción de sumar estas rentabilidades a las cantidades iniciales invertidas.

«Pero lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor», relata.

Este esquema piramidal se usaba por esta sociedad no sólo para que los inversores aportaran más dinero, sino que servía para atraer a nuevas personas que al ver los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores» se animaban.

De hecho, la empresa ofertaba un ‘plan amigo’ que consistía en dar compensaciones a clientes que traían a nuevos inversores. «De este modo la empresa, a partir de programas de marketing, consiguió innumerables inversiones creciendo así de una manera exponencial», indica el magistrado.

Pero el sistema piramidal, conocido también como sistema Ponzi, se tambalea en agosto de 2020 cuando varios inversores solicitan la retirada de sus fondos y su solicitud no es atendida.

EL BOCA A BOCA DEL SISTEMA PIRAMIDAL

Tras dar cuenta del caso concreto, el magistrado explica en su auto en que consiste este tipo de estafa. Apunta que la actuación de los investigados consiste en una operación fraudulenta de inversión que responde al esquema de estafa piramidal o tipo Ponzi en la que se finge una inversión rentable, «pero lo que se hace es pagar los intereses de los inversores con el capital que no se invierte o con el de los nuevos inversores».

«Mientras se obtienen nuevos clientes la pirámide crece, pero cuando dejan de existir el montaje se cae. En este tipo de estafas de captación de fondos la insolvencia va creciendo exponencialmente en la misma proporción en que lo hacen los fondos que se van captando. El engaño se sustenta en el cumplimiento inicial de la prestación, y en el pago de unos sustanciales intereses o ganancias con cargo a los nuevos fondos captados», incide.

Y añade que los primeros «convencidos» sobre la seriedad del negocio difunden boca a boca a otras personas que los intereses se abonan efectivamente durante un corto periodo de tiempo, algo que extiende de forma involuntaria la estafa hace crecer el número de perjudicados.

Calama añade que esta dinámica delictiva consiste en entregar los primeros dividendos para «dotar de credibilidad al negocio financiero siempre inexistente». Dado que los estafadores sólo captan dinero y no realizan inversión para abonar los intereses acordados utilizan parte del capital captado a sucesivos inversores.

El magistrado apunta en el auto que la causa es competencia de la Audiencia Nacional «sin ambages» porque afecta a inversores de más de 30 audiencias provinciales y porque el perjuicio patrimonial producido es de más de 41 millones, pudiendo alcanzar la cifra de los 100 millones. «Sin duda alguna, tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomoneda», concluye.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto este lunes a sus homólogos de los distintos países de la Unión Europea que suscriban una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, invitándola a que el parlamento estadounidense participe en la Unión Interparlamentaria (UIP), como fórmula para implicar a este país en la cogobernanza mundial.

Batet ha realizado esta propuesta en el transcurso de la Conferencia de presidentes y presidentas de parlamentos de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, que se ha celebrado telemáticamente desde Berlín.

«Se trata de invitar a EE.UU a involucrarse más activamente en la gobernanza mundial, en coherencia con la posición de mayor implicación multilateral marcada por la nueva administración Biden», ha señalado Batet.

La Unión Interparlamentaria, que fue fundada en 1889 y tiene su sede en Ginebra, es una institución para el fomento de la cooperación de los parlamentos entre sí, con el sistema de Naciones Unidas, tiene entre sus objetivos para promoción de la paz y la democracia a través del diálogo político.

Se la considera como la decana de las organizaciones políticas internacionales, cuenta con 178 parlamentos nacionales afiliados y 12 asambleas parlamentarias regionales asociadas, y goza del estatus de observador permanente dentro del sistema de Naciones Unidas.

REDES Y DEMOCRACIA

La Conferencia de presidentes y presidentas de parlamentos de la Unión Europea ha debatido también sobre las consecuencias para la democracia representativa que se derivan de la digitalización y del uso generalizado de las nuevas tecnologías.

En este sentido, Batet ha afirmado que «la digitalización y la participación son instrumentos útiles para el trabajo parlamentario, pero ni lo sustituyen ni deben transformar su esencia».

La presidenta del Congreso ha advertido del «peligro» que suponen las redes sociales en sentido de que «la radicalidad» encuentra un «gran altavoz» en las mismas y puede acabar marcando la agenda política.

En este punto, ha subrayado que, a diferencia de lo que ocurre en los debates en las redes sociales, en el parlamentarismo deben reinar los principios de «deliberación, pluralidad, regulación y ordenación del debate y posibilidad de acuerdo».

Esas son, a su juicio, «las características a mantener y defender, sean cuales sean los cambios y reformas que pretendan acercar al ciudadano al debate parlamentario o vincular el Parlamento con los debates sociales».

PRESERVAR LA INSTITUCIONALIDAD

«La institucionalidad de nuestros países debe estar más fuerte que nunca para hacer frente a las derivas populistas y demás riesgos a los que se enfrenta, ha defendido, alertando de que no hay que volver a caer en «las dialécticas amigo-enemigo» ni en «ofrecer soluciones sencillas a problemas complejos» porque eso conduce a «populismos, nacionalismos, totalitarismos».

Asimismo, Batet ha explicado a sus colegas europeos cómo las nuevas tecnologías han permitido que el Congreso continuara con sus plenas funciones durante toda la pandemia y han posibilitado la participación telemática de la ciudadanía en la Comisión de Reconstrucción.

No obstante, ha indicado que la presencialidad es un «elemento imprescindible en favor de la negociación y las posibilidades de acuerdo y en contra de las dinámicas de polarización, al mismo tiempo que ofrece garantía jurídica y garantía en el ejercicio de las funciones del parlamentario».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este lunes que los resultados de las elecciones autonómicas en Madrid fueron «rotundamente malos» y que ahora el PSOE debe «aprender de los errores con humildad». Eso sí, ha recordado que todavía quedan 32 meses para los comicios generales y que, aunque «todas las elecciones tienen sus consecuencias», el Gobierno sigue con su hoja de ruta, centrado en la vacunación y la recuperación económica.

«El PSOE tiene una gran oportunidad de aprender, pero no olvidemos una cosa, se va a votar antes en las elecciones de Madrid de mayo de 2023 que en las elecciones generales, y por tanto, el Gobierno en lo que está es en lo importante, quedan 32 meses y lo que queremos es superar la pandemia», ha afirmado.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación en Atenas, Grecia, en la que ha sido su primera comparecencia pública con preguntas desde que se celebraron el martes pasado los comicios en Madrid, en los que el PSOE-M sacó su peor resultado histórico.

«CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAMENTE ADVERSAS» PARA EL PSOE

Tras reconocer esos «rotundamente malos» resultados, y felicitar a la candidata del PP, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Sánchez ha justificado que «la campaña se ha dado en unas circunstancias extraordinariamente adversas» para el PSOE de Madrid. Eso sí, ha querido dejar claro que «en Madrid la izquierda volverá con más fuerza y esperanza, de la mano del PSOE».

Asimismo, ha querido mostrar su «solidaridad y agradecimiento» al exsecretario general de lo socialistas madrileños, José Manuel Franco, y al candidato, Ángel Gabilondo, los dos únicos cargos socialistas que han dado un paso atrás por los malos resultados.

A su juicio, estos comicios representan «una gran oportunidad para aprender», aunque ha pedido no olvidar que hasta las elecciones generales de diciembre de 2023 aún quedan 32 meses, y que antes incluso se volverán a celebrar autonómicas en Madrid, en mayo de ese año.

Y al igual que viene haciendo el PSOE desde la fatídica noche electoral, Sánchez ha avisado de que, aunque «todas las elecciones tienen sus consecuencias», las del pasado 4 de mayo estaban «ligadas a un territorio y a un momento determinado». «Eso es lo que ha ocurrido en Madrid», ha insistido.

«LA IZQUIERDA VA A VOLVER A MADRID»

«Pero la izquierda va a volver a Madrid en las elecciones autonómicas y municipales, que se van a votar antes de las generales, y por lo tanto, en lo que está en Gobierno es en tener una hoja de ruta para las generales de 2023», ha enfatizado.

Así, tras ser preguntado sobre si cree que el PSOE ha podido sufrir en las urnas el desgaste del Gobierno, Sánchez ha defendido que el Ejecutivo «está centrado en lo importante», que es llegar a 2023 «con la pandemia superada, la recuperación consolidada, crecimiento de empleo y haciendo grandes transformaciones».

«Todas las elecciones traen consecuencias, pero es verdad que estas elecciones están circunscritas a un territorio y a un determinado momento. Hace pocos meses estábamos hablando de la victoria del PSOE en Cataluña, y hoy de los malos resultados en Madrid», ha recalcado.

Esto demuestra, a su parecer, que «las cosas pueden cambiar de un momento a otro», y que lo que deben hacer en este caso los socialistas es «aprender de los errores con humildad, y trabajar duro para volver a recuperar la confianza de los madrileños».

«Estoy convencido de que cuando se vuelva a votar en Madrid en mayo de 2023, la izquierda va a volver y va a volver con más fuerza, de la mano del PSOE», ha garantizado.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este lunes que espera que las imágenes de fiestas en las calles de Madrid y Barcelona por el fin del estado de alarma sean «una anécdota» y no la «norma». En todo caso, ha señalado que no cree que estas imágenes puedan influir en la reanudación del turismo con Reino Unido u otros países.

«Hay que reprochar el comportamiento, en especial, de la gente joven que, ante el cansancio provocado por la pandemia, necesitaba quizás expresar su felicidad, pero de esta manera no es la adecuada, hay que tener paciencia», ha expresado la ministra.

Maroto ha hecho estas declaraciones en Alicante, durante el foro ‘Alicante + Europa‘ organizado por el Club Información y Casa Mediterráneo, en el que ha insistido en que el Gobierno «no se desentiende» de la situación sanitaria debido a que las comunidades autónomas cuentan con instrumentos para seguir controlando la pandemia.

Al respecto, ha resaltado que todavía «estamos combatiendo la pandemia», por lo que espera que las imágenes de las celebraciones se queden en una «anécdota» y que el país vuelva a tener «los espacios protegidos que de forma cotidiana desarrollamos cuando vamos a una terraza a tomar algo o vamos al centro de trabajo».

Por ello, ha apostado por seguir «concienciando» a los que «están más cansados» porque «aún no hemos acabado con el virus» y ha defendido que en dicha labor el Gobierno no se ha desentendido de la pandemia.

«En el Consejo Interterritorial de Salud coordinamos todas las actuaciones para contener al virus; creo que hemos puesto de manifiesto durante toda la pandemia que el Gobierno no se desentiende después de tomar el control durante el primer estado de alarma y luego cogobernando en las competencias de las CCAA en el ámbito sanitario», ha agregado.

Asimismo, ha descartado que las imágenes influyan en la decisión de Reino Unido o de otros países sobre la llegada de turistas al país. «La taxonomía de Reino Unido es muy objetiva, basada en la vacunación y en el índice acumulado del virus, por lo que si seguimos con este ritmo de vacunas, podremos ser un destino verde», ha indicado.

No obstante, ha insistido en pedir «paciencia» a los que «cansados» de la pandemia porque «es cuestión de tiempo recuperar los abrazos que tanto deseamos». Espero que esto se quede en una anécdota y que podamos seguir con la contención de la pandemia porque eso nos va a permitir reactivar la economía y el sector turístico» ante la llegada de temporada estival, ha afirmado.

Podemos ha recurrido la decisión del juez del caso ‘Neurona’ de citar a la ex senadora del partido Celia Cánovas, que ejerce de acusación particular, para que declare en calidad de testigo el próximo 25 de mayo, argumentando que, en contra de lo que cree el instructor, no tiene ningún conocimiento directo sobre los hechos investigados, que se centran en la presunta financiación ilegal de la formación ‘morada’, pero sí una «abierta animadversión» al partido.

La organización política ha presentado un recurso de reforma contra el auto que el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, dictó el pasado 30 de abril solicitando la comparecencia de Cánovas, tal y como había propuesto Vox. Tanto el instructor como los de Santiago Abascal entendieron que la ex senadora puede tener un «conocimiento directo» de los hechos investigados.

En su escrito de impugnación, Podemos señala que no hay indicio alguno de que Cánovas pueda arrojar luz sobre los hechos, dado que era «un cargo político sin funciones internas ni orgánicas de ningún tipo».

Además, reprocha al juez que, al igual que Vox, no ha hecho «el esfuerzo» de concretar los hechos por los que llama a la ex senadora –habla de un auto «huérfano de una mínima descripción» de los mismos–, lo que impediría a la defensa prepararse para esta testifical, «permitiendo a las acusaciones (a esas sí) preguntar o plantear cuestiones de cualquier índole al no haber acotamiento alguno».

«NULO CONOCIMIENTO» SOBRE NEURONA

Por ello, hace un repaso de las líneas de investigación activas a fin de determinar el interés que tendría la declaración de Cánovas para cada una. Sobre el contrato electoral entre Podemos y Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, que constituye el núcleo de la causa, apunta que «no consta que haya tenido conocimiento directo alguno».

«En efecto, no consta que trabajara, llevara a cabo ninguna labor, ni tuviera ningún tipo de contacto ni con el equipo de la campaña electoral del 28 de abril de 2019 (ni siquiera en razón de su cargo político, ya que no formó parte de las listas electorales de la coalición en esa convocatoria) ni con el equipo de Neurona. Por tanto, nulo conocimiento directo de estos hechos podrá aportar», sostiene Podemos.

La organización ‘morada’ advierte de que, puesto que Cánovas no aportaría nada a las pesquisas sobre este contrato electoral, «esta diligencia dilataría aún más el proceso principal», cuando este asunto debe tener una tramitación preferente por mandato de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), según recuerda.

En cuanto a los sobresueldos que habrían aprobado y cobrado de manera irregular la gerente y el ex tesorero de Podemos, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, ambos imputados, esgrime que Cánovas «tampoco ostentaba ningún cargo interno ni orgánico en la formación y su retribución venía fijada según lo previsto en la Cámara Alta, por lo que tampoco podrá aportar un conocimiento directo de estos hechos».

Por último, sobre la donación realizada desde la Caja de Solidaridad de Podemos a la asociación #404 Comunicación Popular, subraya que «es ése precisamente el motivo por el que está personada en calidad de acusación particular, entendiendo por ello que sería absolutamente irrelevante su declaración como testigo por cuanto puede expresarse a través de su representante procesal».

En este sentido, Podemos expresa su «extrañeza» por que se requiera como testigo a una parte, aduciendo que «ya solo por el hecho de haber tenido acceso a las actuaciones difícilmente podrá concedérsele ‘a priori’ la garantía de objetividad», a lo que añade que, en el caso de Cánovas, «es pública y notoria (…) su abierta animadversión» hacia la formación política, concluyendo que por estos motivos «ya sería susceptible de tacha».

UNA «CAUSA ABIERTA»

Con todo, el partido opina que el testimonio de Cánovas «poco puede alumbrar a las partes, salvo que la finalidad original de la propuesta de Vox, sin acotamiento alguno en el auto, sea la de intentar abrir nuevas sospechas de un testigo con una pública y notoria animadversión hacia Podemos y sus integrantes, y así, nuevas líneas de investigación para seguir engordando la causa y dilatar todo lo posible el proceso judicial».

Desliza así una crítica a Escalonilla que continúa al plantear si, «dada la indeterminación» de su auto, «cabría cuestionarse si el magistrado instructor se podría estar refiriendo a hechos de naturaleza política (extremo que sería inadmisible), por cuanto que solo se alude a su condición de cargo político y no a otro (que no tenía) que pudiera conllevar alguna relevancia para la causa».

Para Podemos, son diligencias como esta las que convierten el caso en «una auditoría prospectiva» al partido y a sus miembros, recalcando que la petición procede de otro partido, Vox, con la supuesta intención de «aprovechar la animadversión de la testigo y así intentar abrir nuevas líneas de investigación sobre hechos de cualquier índole de los que puedan encontrarse nuevas ramificaciones».

«En nuestra opinión, se corre el riesgo de desdibujar ya definitivamente el proceso hasta convertirlo en un remiendo», alerta Podemos, quejándose al mismo tiempo de que «ya no se sabe exactamente cuál es la conexión entre todos los hechos investigados» en la causa.

MÚLTIPLES DERIVADAS

Escalonilla se centra en investigar el contrato que Podemos firmó con Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales de 2019, al sospechar que fue un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’.

A lo largo de la instrucción, el juez ha archivado varios asuntos que constaban en la denuncia original, tales como los contratos electorales con ABD o las obras de la nueva sede del partido. También cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad y los presuntos sobresueldos pero ha reabierto ambas pesquisas, la primera por orden de la Audiencia Provincial tras un recurso de Vox y Pro Lege y, la segunda, enmendándose a sí mismo a petición de Vox.

Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, el juez ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero, un asunto que ya se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha afirmado este lunes que «Madrid no es España, es la capital» en un acto junto al presidente de la Cámara Municipal de Oporto, Rui Moreira, en el que ambos se han pronunciado a favor de la descentralización.

En la segunda edición de Diálogos Gallaecia, celebrada en la ciudad lusa, Feijóo ha insistido en que, a pesar de la importancia y dimensión económica de Madrid, en España hay «mucho más» territorio y que puede ser gestionado desde las competencias descentralizadas. Ambos han insistido, asimismo, en la necesidad de priorizar las conexiones ferroviarias de la fachada atlántica y en la necesidad de aprovechar para ello los fondos europeos.

Feijóo ha incidido en el peso que tiene en España lo que suceda en Madrid, y ha ejemplificado con lo sucedido en las recientes elecciones madrileñas, al ser preguntado sobre el interés mediático y la visibilidad regional. Al respecto, ha recordado que, antes de que sucediese en Madrid, en las gallegas de julio –en las que revalidó por cuarta vez su mayoría absoluta– Podemos salió del Parlamento autonómico, mientras Vox y Cs quedaron fuera.

Sin embargo, ha remarcado que da la impresión de que «el protagonismo» llega cuando algo sucede en Madrid y no antes. Y también aquí ha recordado su gestión en Insalud y cómo, según su experiencia, la repercusión del mismo hecho podría adquirir una dimensión mucho mayor si se producía en Madrid.

También ha incidido en que «cuando todo se decide desde la capital» hay «zonas de sombra» y no siempre se adoptan decisiones tan certeras como en la proximidad. «La recentralización es un peligro que puede destruir al país», ha apostillado.

CONEXIÓN VIGO-OPORTO EN UNA HORA

En su intervención, ha aludido a la oportunidad que supone el Corredor Atlántico ferroviario para reforzar la capacidad logística del córner del noroeste peninsular, con las conexiones ferroviarias a Punta Langosteira, «ya encaminada», y la Salida Sur de Vigo, cuyo estudio para valorar las distintas alternativas acaba de ser licitado por el Ministerio de Transportes.

Asimismo, ha celebrado también la confirmación del Ejecutivo portugués de priorizar la conexión entre Vigo y Oporto, una infraestructura estratégica que catapultaría la vertebración a ambos lados de la frontera, al acortar el tiempo de viaje de los 144 minutos actuales a cerca de una hora; y creando, además, un eje continuo desde Lisboa hasta A Coruña.

Parlamentarios animalistas defenderán esta semana en el Pleno del Senado que la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia prohíba la entrada de menores de edad a los espectáculos taurinos.

Así se recoge en diferentes enmiendas presentadas por Más País, Compromís, Adelante Andalucía o PDeCAT en las que no solo piden la prohibición de la entrada de niños y niñas a los toros sino también la prohibición de su participación como toreros o como alumnos en escuelas taurinas, así como la retransmisión por televisión de estos espectáculos en horario de protección infantil.

Dichas enmiendas no contaron con suficientes apoyos durante la tramitación de la ley a su paso por la Cámara baja, pero se han mantenido vivas y se votarán esta semana, previsiblemente el miércoles, en el Pleno del Senado.

En esta misma línea, la diputada de Esquerra Republicana de Catalunya María Carvalho, que es miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales’ (APDDA), ha registrado una batería de preguntas en el Congreso en las que pide explicaciones al Gobierno sobre esta cuestión.

En concreto, le pregunta «por qué razones en el proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia no se ha incluido ninguna medida que dé respuesta al requerimiento del Comité de los Derechos del Niño» sobre la asistencia de niños y niñas a los toros.

Además, en el caso de que el Ejecutivo considere que la prohibición del acceso a espectáculos taurinos a menores de edad corresponde al ámbito competencial, le pregunta «qué iniciativas ha emprendido para que las comunidades autónomas establezcan la citada prohibición» y si cree que «la pasividad puede ser una opción cuando se habla de derechos humanos y del interés superior del menor».

También le interpela sobre si va a prohibir la participación de niños menores de 18 años como toreros en espectáculos de tauromaquia así como en las escuelas taurinas; y sobre cuándo va a prohibir la emisión en horario de protección del menor de espectáculos en los que se maltrate o sacrifique animales.

Desde APDDA acusan al Ejecutivo de «no a atender» las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que recomendó a España que «prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia».

Compromís presentará en todos los municipios de la Comunitat Valenciana una moción para instar al Gobierno a retirar «el plan de Ábalos» para implantar peajes en las carreteras estatales, previsto a partir de 2024, e impulsar de forma urgente un plan de inversiones en transporte público que avance en una transición del modelo de movilidad como herramienta fundamental en la lucha contra la emergencia climática.

Para la coalición, que gobierna en la Generalitat junto al PSPV y Unides Podem, es imperativo ir hacia una movilidad más sostenible, reduciendo el uso del coche privado e incentivando el transporte público.

Pero, a su juicio, la propuesta del Ministerio de Transportes, que dirige el valenciano José Luis Ábalos, solo logrará reducir la movilidad entre las personas que no se lo pueden permitir, sin «ningún perjuicio para aquellas con una mayor renta y no solucionando el grave problema de emisiones que provoca el transporte por carretera».

Ante este escenario, Compromís urge al Gobierno a presentar «de una vez por todas» un plan de choque con financiación suficiente para la mejora de toda la red de Cercanías del Estado, con especial énfasis en las líneas sin electrificar y en las que arrastran una «desinversión histórica».

También reclama que se amplíe en las zonas donde se considere necesario, así como proporcionar una financiación al transporte metropolitano de Valencia homologable y proporcional al de otras ciudades. Otra de sus peticiones es acelerar la inversión y los trabajos de ejecución de todos los tramos del Corredor Mediterráneo para cumplir todos los compromisos adquiridos en cuanto a su puesta en marcha antes de 2025.

«El Gobierno no puede hablar de transición ecológica sin poner solución al deficiente sistema de transporte público del territorio valenciano. En el sur, la única línea de cercanías existente es la de Alicante-Murcia, que conecta ciudades tan importantes como la propia Alicante, Elche o Orihuela, con un tren que funciona a gasoil y ni siquiera conecta con el quinto aeropuerto más importante del Estado. En la Marina Alta y La Safor, el tren de la costa ni está ni se espera, y ahora los peajes de la AP-7 amenaza con volver».

Con estos ejemplos, la coalición denuncia que la Comunitat ha sido «durante décadas la segunda comunidad autónoma con más kilómetros de vías de pago, solo por detrás de Cataluña», para recordar que «gracias a las reivindicaciones históricas del pueblo valenciano logró la liberación de la AP-7 en el inicio de este 2021». «Si desde el Gobierno de Madrid se marca que hay que empezar a cobrar por usar las autovías, la medida debería aplicarse de manera gradual y primero en aquellas zonas que no han estado pagando peajes injustos», recalca.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz de la Ejecutiva, Edmundo Bal, ha reclamado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que explique de forma clara cuál es su política fiscal para los próximos años, que, a su juicio, no debería conllevar un aumento de la carga tributaria, y lo ha acusado de hacer «trampas» al negar ante los españoles algunas de las propuestas de subida de impuestos que ha presentando a la Comisión Europea.

«Exigimos al Gobierno que dé una respuesta clara sobre el mantenimiento o rebaja de los impuestos, que es lo que nosotros querríamos, para fomentar una rápida salida de la crisis económica que nos viene encima cuando consigamos acabar con la pandemia», y aclare «qué va a pasar con los ERTE, para que se consiga mantener el empleo manteniendo las empresas», ha declarado.

En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente del partido, Bal ha lamentado la «inseguridad» que afrontan «muchos empresarios y autónomos» respecto al futuro de sus negocios y también la incertidumbre de los trabajadores que están actualmente en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y que no saben si acabarán perdiendo su empleo.

Asimismo, ha expresado su preocupación por las noticias sobre subidas de impuestos para 2023. Estas medidas, contempladas en la reforma fiscal incluida en el Plan de Recuperación que el Gobierno envió a Bruselas a finales de abril, afectarían a distintos tributos y supondrían también el establecimiento de peajes en todas las autovías.

ESPAÑA SE ESTÁ «JUGANDO» LOS FONDOS EUROPEOS

Bal ha criticado que desde el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos hablen cada semana de que «se va a subir uno u otro impuesto» y que en algunos casos se acabe dando «marcha atrás», como ocurrió con la eliminación de la deducción en el IRPF para las parejas casadas que presentan conjuntamente su declaración.

«El Gobierno de España está presentando un documento en Bruselas y luego nos está haciendo trampas a los españoles diciendo que no se tomen tan en serio lo que presenta en Bruselas», ha manifestado. Tras advertir de que España se está «jugando» los fondos europeos, que son «la tabla de salvación de la economía española» para los próximos años, ha dicho: «¿Y estamos jugando a esto? Esto es una completa y absoluta irresponsabilidad».

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que el Papa está «al tanto de la situación en España» y que es consciente de que hay un ambiente con «demasiada radicalidad», al tiempo que ha elogiado la «autoridad moral» del Pontífice.

El presidente autonómico ha añadido que, en su opinión, los españoles se ponen más de acuerdo en el fondo de los temas que en la forma. A su juicio, en este momento hay un «debate de retórica política». «Se hace política como en una discoteca con un nivel de decibelios muy alta», ha asegurado para defender que, en todo caso, «a la hora de la verdad» la democracia es sólida.

«Está al tanto de la realidad de España. Conoce cosas de las distintas diócesis, conoce al arzobispo de Toledo; hemos hablado de problema concretos», ha declarado García-Page tras la audiencia con el Papa en el Vaticano, en la que también ha participado la alcaldesa de Toledo, Milagros.

«Hemos estado departiendo un poco sobre la situación en general en España. Y el interés que tenemos en que visite nuestra comunidad Castilla La Mancha (…) Guadalupe y la diócesis de Toledo», ha añadido a los periodistas tras el encuentro, al tiempo que ha desvelado la respuesta del Pontífice a un posible viaje a España: «Esta bien que lo pidan», habría dicho el Papa. Según García-Page, Francisco ha constatado la «capacidad del país de haber cambiado tanto en cuarenta años».

El Pontífice ha recibido al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, quien ha estado acompañado del vicario general de la Archidiócesis, César García Magán y de los dos políticos que se encuentran estos días en Italia de viaje institucional con el objetivo de fortalecer las relaciones entre Castilla-La Mancha y los operadores turísticos del país. Sobre la visita, el político regional ha destacado que todos han salido «muy emocionados» y «casi flotando» y aunque el Papa «lo hace todo muy fácil».

«Tiene mucha capacidad para escuchar y para interesarse por todo. Es una persona encantadora», ha señalado. Además, ha destacado que para él es un «honor inmenso» poder representar a la región de Castilla la Mancha ante la «principal autoridad moral del Planeta», incluso ante los no creyentes.

«Ahora mismo hay (…) un respeto general a la figura del Papa por el liderazgo sereno que produce y la capacidad empatizar con los problemas sociales y con los principales retos de la Iglesia: la paz y la concordia», ha concluido.

VISITAR TOTELO POR SEGUNDA VEZ

Por su parte, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha invitado al Pontífice a visitar Toledo de nuevo y le ha hecho entrega de una cruz damasquinada como regalo de la ciudad, además de una camiseta del CD Toledo.

La regidora ha manifestado que este lunes ha vivido «un momento emocionante», compartiendo la situación del mundo en estos tiempo complicados de pandemia. «Es un Papa que representa la cercanía y la humildad en pleno siglo XXI», ha dicho la primera edil, además de destacar la moderación del discurso del Papa, una persona «preocupada por la situación de los más desfavorecidos, conocedor de la situación del mundo».

Además, ha asegurado que el Papa le ha dado un consejo: «Estar en la calle, con los ciudadanos, compartir sus preocupaciones y conocer de primera mano sus inquietudes, es el mejor trabajo que podemos desarrollar los representantes públicos, nos ha dicho el Papa».

PREOCUPADO POR LA PANDEMIA

Mientras, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha asegurado que Francisco al Papa le preocupa la situación creada por la pandemia, en sus repercusiones sanitarias, económicas y laborales.

«El Papa tiene el corazón en Dios, pero tiene los pies en el suelo, y se ve que está absolutamente preocupado por esta situación», ha afirmado. Además, también ha señalado que «sigue de cerca la situación de España y siempre en la línea suya: las periferias, los pobres, los que sufren».

El prelado ha asegurado que ha encontrado al Papa muy bien, «muy abierto, muy cercano e interesado por todos», especialmente por su antecesor en Toledo, Braulio Rodríguez, por cuya salud ha preguntado en dos ocasiones, según ha informado el Arzobispado en un comunicado.

También ha revelado que cuando le han invitado a ir a Toledo y a que peregrine a Guadalupe con motivo del jubileo ha respondido que, si viene a España, estará en Toledo, recordando que ha visitado la ciudad en una ocasión, cuando estudiaba en Alcalá de Henares.

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha advertido este lunes de que ERC sería la responsable si se repiten las elecciones catalanas: «Quien ha dicho que no quiere hablar con el PSC es ERC. Y antes de hablar con el PSC y pedir nada, se van a elecciones. Queda claro quien es el responsable de ir a elecciones».

«Para evitar las elecciones hay una solución, que es hacer presidente a Salvador Illa. Todo lo demás, será responsabilidad de aquellos que no quieran trabajar en esta alternativa», ha dicho Romero en rueda de prensa en referencia al líder del PSC en el Parlament, que ha recordado que ganó las elecciones.

Romero ha defendido que un escenario de repetición electoral no gusta a nadie y que ponen esta alternativa sobre la mesa: «Cataluña no se merece ir a elecciones. Deberíamos ser todos suficientemente responsables para que esto no pase».

Lo ha dicho después de desacuerdos entre ERC y Junts para investir al candidato republicano, Pere Aragonès, y después de que ERC haya planteado buscar apoyo en los comuns, con quienes no se ha reunido el PSC para formar Govern, ha dicho Romero preguntada por los medios.

ILLA, LA «SOLUCIÓN»

La socialista ha advertido de que el candidato de ERC «no puede ser la solución de los problemas cuando preside un Govern dividido, débil, agotado y caducado», sino que la solución a la desesperanza y a la resignación pasa por el candidato del PSC, según ella.

«El cambio de etapa no lo puede liderar quien nos ha llevado a esta situación», ha sostenido, y ha remarcado que hay dos mayorías parlamentarias: la independentista, que por ahora no ha podido cerrar un acuerdo pese a estar gobernando juntos, y la de izquierdas, que quiere liderar Illa.

Preguntada por si apoyaría a Aragonès en algún caso para no ir a elecciones, ha remarcado que la única opción que ven es un Govern de izquierdas presidido por Illa y que garantizaron en campaña que no apoyaría a un ejecutivo que persiguiera la independencia: «Si hay otra cosa, ya hablaremos».

Romero ha celebrado que la Junta de Portavoces –que impulsó el PSC-Units– haya acordado que Aragonès comparezca este jueves en el pleno del Parlament para abordar la gestión del Govern en funciones de la crisis sanitaria, económica y social.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está convencido de que «los socialdemocrátas van a tener cada vez más presencia en el futuro» porque la pandemia del coronavirus les ha «dado la razón», en la medida en que se ha demostrado, a su juicio, que lo que hace falta para enfrentar este tipo de crisis es más estado del bienestar, entre otras cosas.

Así lo ha asegurado durante el Delphi Economic Forum en el que ha participado este lunes en Atenas (Grecia), junto al primer ministro de la República Helénica, Kiriakos Mitsotakis, al ser preguntados ambos sobre el futuro de los partidos clásicos.

«Creo que esta crisis le da la razón a los socialdemócratas. Cuando hablamos de solidaridad entre generaciones, de cambio climático, se está hablando de socialdemocracia, así la entiendo yo, cuando hablamos de la necesidad de que haya un estado del bienestar fuerte, robusto, obviamente estamos hablando de los cimientos de la socialdemocracia», ha defendido.

En este sentido, ha asegurado que Europa es lo que es hoy «gracias al enfoque de esta visión socialdemócrata. «Creo que los socialdemócratas obviamente van a tener cada vez más presencia en el futuro», ha manifestado.

Sánchez también ha explicado que su vocación política surgió precisamente cuando tenía 14 años y vio que el Gobierno socialista de Felipe González «hizo posible que España se uniese a la Unión Europea», en contraste con los 40 años de «injusta dictadura» que habían sufrido sus abuelos, que no sabían «ni leer ni escribir». «Me di cuenta de que el PSOE era un partido que fue capaz de modernizar España», ha reivindicado.

Por su parte, Mitsotakis ha resaltado que en Grecia el centro-derecha fue el único que sobrevivió al «terremoto político» que provocó la crisis financiera de 2008 y si lo ha hecho ha sido también porque «ha sabido evolucionar con menos ideología».

EL LÍDER GRIEGO DEFIENDE QUE EL ESTADO DEBE SER EFICAZ

El líder conservador ha defendido que lo que importa en la actualidad no es si el Estado es más o menos grande sino que «sea eficaz y eficiente» y ha ironizado con el hecho de que precisamente haya sido un Gobierno de centro-derecha «el que haya gastado más que nunca para mantener la economía funcionando». «Había que hacerlo y se hizo», ha recalcado.

En la actualidad, hay «elemento muy importante que tiene que ver con la reducción de la desigualdad y con la creación de un capitalismo más incluyente», ha aseverado Mitsotakis, para quien «esa visión puede ser igual de compatible con la socialdemocracia que con los partidos de centro-derecha».

«A lo mejor los métodos o las recetas son diferentes pero nadie puede cuestionar la necesidad de evolucionar hacia una sociedad menos injusta y con menos desigualdades», ha recalcado.

Asimismo, ha reconocido que en el contexto actual puede ser complicado atraer «talento a la política» pero ha animado a todos aquellos que crean que pueden hacer algo para cambiar el mundo a que den un paso al frente. Esto fue lo que le motivó a él, ha explicado el primer ministro griego, cuyo padre también ocupó el cargo y quien inicialmente no tenía pensado entrar en política.

«No es una labor fácil», ha reconocido, subrayando que no existen «garantías de éxito» pero que tampoco se puede entrar en política «de forma cínica pensando que las cosas no van a cambiar». «Mejor quédate en cada o dedícate», ha recomendado.

CERTIFICADO VERDE DIGITAL

Los dos jefes de Gobierno han reiterado su apoyo a la adopción antes de finales de junio del nuevo certificado verde digital con vistas a facilitar la movilidad de los ciudadanos europeos de cara al verano. «Nos va a facilitar mucho la vida porque no vamos a tener que llegar a acuerdos bilaterales», ha resaltado Mitsotakis.

«Este certificado mejorará nuestra coordinación y cooperación frente al virus, es un paso adelante muy importante», ha resaltado por su parte Sánchez, recordando la falta de información que había al inicio de la pandemia.

Asimismo, ha resaltado que el certificado permitirá evitar cuarentenas y restricciones innecesarias tanto en los países de destino como al regreso y ha defendido la importancia de la «unidad» de los socios europeos también en lo que se refiere a las restricciones frente a terceros países.

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha aprovechado para defender que Barcelona sería «sede estupenda» de la futura Agencia Europea para las Emergencias Sanitarias, para la que la ciudad condal ya se ha presentado como candidata pero cuya creación está aún en fase embrionaria.

Además, ambos mandatarios han coincidido en que la propuesta de Estados Unidos de suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra la COVID-19 no es suficiente. Solo esto «no va a servir para ampliar el sumnistro, pero sería un incentivo adicional para que se acelerara la producción internacional«, ha comentado Mitsotakis.

Tendríamos que pedir a Estados Unidos que exporte las vacunas que no está utilizando», ha subrayado por su parte Sánchez, que apuesta por una transferencia del conocimiento y la tecnología así como por acelerar la distribución de las vacunas en todo el mundo.