El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia pedirá en el Pleno que se incorporen "los símbolos de la nación" en las aulas del municipio, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Y es que Vox dice dotar "de la máxima protección jurídica y del máximo respeto a los símbolos de la nación, especialmente la bandera, el himno y la Corona". Por ello, el partido pide que se incorpore la bandera de España en la entrada de todos los centros educativos, el retrato de Su Majestad el Rey Felipe VI en las aulas y la reproducción del himno nacional una vez que el alumnado acceda a las mismas.

"Estos símbolos son garante de la unidad y la continuidad histórica de España y desde Vox pedimos que se incorporen en los centros del municipio de cara al próximo curso", ha manifestado José Ángel Antelo, portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Murcia y presidente provincial del partido.

Antelo ha afirmado que al igual que la lengua común es el español, "todos los símbolos de la nación deben ser conocidos por el alumnado y los docentes de Murcia, asegurando así su futuro de cara a los partidos que sin escrúpulos ni éxito intentan acabar con la institución".

A continuación, en pleno se debatirán siete mociones más entre las que destacan la del incremento de la plantilla de la Policía local como "medio necesario para alcanzar la seguridad en la totalidad de los barrios del municipio".

"Pedimos un plan completo de actuación para los próximos dos años con las fases de actuación para incrementar la plantilla de la Policía local entre 300 y 400 agentes, adecuándola a la ratio recomendada por la población del municipio de Murcia", ha explicado la edil Inmaculada Ortega, quien además insta a convocar una oferta pública en número suficiente para cubrir las plazas vacantes y aumentar al menos en un 20% la plantilla existente en la actualidad.

Asimismo, Antelo defenderá una moción sobre el fin de las restricciones del 9 de mayo en la que se pide que el Gobierno autonómico "se abstenga de imponer ningún toque de queda, ni restricciones a la movilidad en el territorio de la región o medidas que afecten a los derechos fundamentales de los murcianos".

"Desde VOX exigimos que se permita a los establecimientos hosteleros, los locales comerciales y cualquier otro tipo de actividad que puedan abrir conforme al horario y condiciones de su licencia de actividad", ha puntualizado el portavoz, recordando que los estados de excepción que se han vivido "dejaban en suspenso y restringían derechos fundamentales y libertades públicas en contra de la Constitución".

MOCIONES EN BENEFICIO DE LOS ESPAÑOLES

El Centro Municipal de control de zoonosis (perrera municipal) de Murcia se encuentra ubicado en la pedanía de La Albatalía entre dos viviendas, lo que ha generado numerosas quejas ante el ayuntamiento e innumerables llamadas a la Policía local a lo largo de los años por los vecinos de la zona.

"Además de los ruidos, los olores que desprenden son continuos e insoportables. Para evitar más riesgos innecesarios tanto para la salud humana como animal, desde Vox pedimos que se proceda a la tramitación y traslado del Centro a otro lugar del municipio que reúna las condiciones para evitar graves perjuicios a las personas y evitar posibles casos de maltrato animal", ha manifestado Ortega, quien ha acudido a las inmediaciones y ha comprobado de primera mano el malestar de los vecinos.

Vox también defenderá en pleno una moción para solucionar el grave deterioro de la pedanía de la Purísima/ Barriomar. "Existe un grave problema social debido a las altas tasas de ocupación ilegal de viviendas abandonadas que han convertido al barrio en un ghetto, siendo esto una importante fuente de conflictos con un alto nivel de inseguridad ciudadana", ha explicado el concejal José Palma, quien ha recorrido sus calles y pide, entre otras medidas, agilizar de forma prioritaria la construcción del Parque Metropolitano del Oeste.

La inclusión social de las personas con discapacidad intelectual tendrá cabida en el pleno de este jueves (con la propuesta de una Comisión Especial con la finalidad de redactar un temario específico para aquellas personas con discapacidad intelectual que opositen a plazas de empleo público del Ayuntamiento de Murcia), así como la limpieza y mantenimiento de los cauces del Río Segura, sus afluentes y todas las ramblas del municipio.

Por último, Palma defenderá que se implemente el número de plazas de Policía local "de forma que se alcance el objetivo de 700 agentes más al llegar la finalización del presente mandato, cumpliendo además con las correspondientes tasas de reposición y se proceda a la inmediata reparación y puesta en marcha de los cada vez más numerosos vehículos averiados de la flota de vehículos", ha concluido el edil de Vox.

El Gobierno ha querido dejar claro este miércoles, tras el informe del Tribunal Supremo rechazando los indultos para los presos del 'procés', que la decisión final sobre este asunto le corresponde tomarla al Consejo de Ministros en función del análisis que haga el Ministerio de Justicia, y que se trata además de un procedimiento legal y ajustado a derecho.

Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Transportes y también secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en declaraciones a TVE, antes de volver a manifestar que el Gobierno se guiará por el espíritu de "concordia" y no por "venganza", cuando tenga que tomar esta decisión.

"Con razón de utilidad pública y de interés general es como se tiene que plantear la medida, si finalmente se adopta, que lo será en función de los informes del Ministerio de Justicia y la decisión que tome el Consejo de Ministros, que lo hará en base a un proceso reglado, no solo en ese contexto meramente legal, sino con la voluntad de convivir pacíficamente", ha explicado.

También la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles, poco antes de emitir el Supremo su informe, que el indulto es un derecho que tienen todos los españoles.

Todo ello, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzara este martes que el Ejecutivo se guiará por la "concordia", el "entendimiento" y el "diálogo" a la hora de decidir sobre los indultos, y no por la "venganza" y la "revancha". "Hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia", ha reafirmado este miércoles, abriendo a puerta a esa posibilidad de conceder los indultos.

"ES UNA DECISIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS"

Ábalos ha vuelto a dejar abierta esta opción, y ha asegurado que el objetivo del Gobierno es buscar el "encuentro" y alejarse de "cualquier elemento de venganza". Además, ha defendido la independencia de los diferentes poderes para pronunciarse dentro de sus competencias y tomar sus decisiones.

"Al final es un órgano el que tiene potestad para resolver finalmente. Estamos hablando de informes que tienen que acompañar a la deliberación del Consejo de Ministros, pero obviamente es una decisión del Consejo de Ministros", ha recalcado.

Asimismo, ha rechazado las acusaciones del líder del PP, Pablo Casado, de que los posibles indultos son un pago a los socios independentistas del Gobierno, y avisando de que supondrá el "finiquito" de Sánchez. "Nos han finiquitado desde un principio. Nos han tachado de ilegítimos, nos han querido finiquitar de nacimiento", ha recordado Ábalos.

Así, ha asegurado que no hay "nada nuevo" en esta actitud, y ha avisado de que fue durante el Gobierno del PP cuando la situación se degradó profundamente en Cataluña y se incrementó el independentismo. "Díganme como se construye España, dividiendo o integrando, yo solo creo que hay una forma, que es integrando", ha defendido.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha realizado este miércoles un llamamiento a "recuperar la confianza" en la relación entre España y Marruecos, y a "rectificar errores si se han cometido".

Así lo ha indicado en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que el expresidente socialista ha aseverado que "la relación con Marruecos es esencial para España", y, a propósito de la crisis entre ambos países que se evidenció la semana pasada con la llegada de miles de inmigrantes del país africano a la ciudad autónoma de Ceuta, ha comentado que "si se han cometido errores hay que rectificarlos".

"Hay que recuperar la confianza, es fundamental la recuperación de la confianza en las relaciones exteriores", ha incidido Rodríguez Zapatero, que ha apostillado que eso "empieza por no hacer declaraciones durante un mínimo plazo de tiempo, unos días", un "silencio" que "parece" que en este caso ya "ha comenzado", según ha añadido.

Así "empezarán las medidas de recuperación de la confianza", según ha abundado Zapatero, quien ha indicado que no dispone de "toda la información" sobre lo que ha ocurrido, pero que en todo caso le "gustaría ver al PP y al Gobierno dialogando y trabajando juntos para recuperar" esa relación de "confianza" con Marruecos.

Ha comentado además que uno de los temas sobre los que "más a fondo" habló con Mariano Rajoy en la etapa de transición entre el Gobierno que él presidía y el que empezó a dirigir el dirigente del PP en 2011 fue Marruecos, y ha señalado que cree que el entonces presidente del PP "me escuchó, y eso llevó a que la política con Marruecos del presidente Rajoy fue razonable".

LA CUESTIÓN DEL SÁHARA

Zapatero también se ha referido al "tema de fondo" que hay en la relación con Marruecos, sobre el que él se ha "posicionado históricamente", según ha subrayado, en alusión al asunto del Sáhara.

Al respecto, ha resaltado, que, "en 2007, el Reino de Marruecos presentó un proyecto de autonomía avanzada que tuvo un buen eco", y ha opinado que es "un marco positivo que sirve de base para la negociación que ha de haber en este tema entre las dos partes, y que sólo puede terminar en un acuerdo razonable".

"Era un proyecto de autonomía muy avanzada para el Sáhara que debería ser la línea que se debería explorar", ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha abogado por que "las mejores cabezas diplomáticas diseñen ese plan de recuperación de confianza" que, en su opinión, debe llevarse a cabo "con iniciativas, con gestos", porque "es esencial la relación con Marruecos para nuestra estabilidad", según ha incidido.

Además, el ex secretario general del PSOE ha dicho que "hay que apoyar al Reino de Marruecos en su proceso de modernización en un contexto del mundo árabe tan difícil y con una región tan complicada", y ha concluido valorando que, en su etapa como presidente del Gobierno, dicho país del norte de África "fue un colaborador intenso, activo, leal" con España "en la lucha contra el terrorismo yihadista y en la política migratoria". "Hubo un entendimiento muy razonable y muy positivo" y "creo que lo podemos recuperar", ha zanjado el expresidente español.

El Juzgado de Instrucción número 18 de València ha abierto un nuevo juicio oral al expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus por otra de las piezas del caso Imelsa, la relativa a presuntas irregularidades en el servicio de 'call center'.

Se trata de la pieza D del procedimiento y, en total, hay ocho acusados. Esta resolución se ha dictado una semana después de que el juzgado también abriera juicio oral a Rus y otras 25 personas más por las piezas de los 'zombies' en Imelsa y Ciegsa.

La nueva resolución, que es firme y solo puede ser recurrida en lo relativo a la situación personal de los encausados, señala como órgano competente para el enjuiciamiento de la causa la Audiencia de Valencia.

Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión; por su parte, al exgerente de Imelsa Marcos Benavent, audenominado 'yonki del dinero', le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel.

Los otros seis acusados en esta pieza --bien como autores directos o como cooperadores necesarios-- están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellos está el suegro de Benavent, Mariano López, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.

En el auto, la jueza requiere a seis de los encausados para que presten una fianza de 1.184.906 euros a fin de cubrir las posibles responsabilidades pecunarias que en su día pudieran declararse procedentes.

RUS, "JEFE" DE LA ORGANIZACIÓN

En esta pieza, tal y como desgrana el fiscal en su escrito de calificación, Rus organizó Imelsa para sus propios fines y los de sus "compinches", tanto de partido como personales, y nombró a Benavent gerente.

El ministerio público sitúa a Rus como jefe de la organización. En un momento determinado, antes de junio de 2012, el suegro de Benavent arrancó a Rus el compromiso de adjudicar a su empresa --Servimun S.L.-- un contrato público de gestión tributaria de servicios.

Así, Benavent mantuvo una reunión con su suegro y otro acusado para poner en funcionamiento la maquinaria administrativa "asegurando la adjudicación fraudulenta del contrato" para que desde Imelsa no se pusiera objeción alguna a la necesidad de contratación, pliego de condiciones y adjudicación de un servicio "ineficaz" para los intereses generales pero "rentable para los investigados".

Desde el inicio se sabía, tal y como recoge el fiscal, que se contaba con la "necesaria aprobación" de Rus, "sin la cual hubiera sido impensable proceder al desarrollo administrativo de la adjudicación". Así, para "sortear" los procedimientos de contratación de la Diputación y el control financiero del interventor, Rus utilizó "de forma torticera" una encomienda de gestión a Imelsa, "siendo la primera de las vulneraciones de la legalidad cometidas para lograr su propósito".

El informe de necesidad de la contratación lo suscribió el acusado Salvador Deusa como jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia en diciembre de 2012, amigo personal de Mariano López.

En este proceso, Benavent, "conocedor de las intenciones de Rus de favorecer esta adjudicación", no puso ninguna traba ni inconveniente en el proceso administrativo de selección "como estaba ordenado y convenido por Rus con López".

En diciembre de 2012 se publicó el anuncio de licitación con un presupuesto de 1.020.000 euros. En la mesa de contratación tuvo una participación activa en el amaño el acusado Ricardo Ángel De Mari, jefe de servicio de la Diputación.

Servimun recibió la mayor puntuación para ser adjudicataria del contrato con una proposición "totalmente alejada de la verdadera realidad de lo que realmente podía y quería realizar la empresa", puesto que carecía de cualquier capacidad operativa para llevar a cabo lo señalado en la oferta, ni en medios técnicos, que eran a cargo de Imelsa, ni en medios personales, ni por experiencia en el objeto contractual.

Como coordinador del contrato se colocó al hijo de Mariano López, que se encontraba en paro, y que no contaba ni con experiencia ni con ninguna cualificación para el desarrollo de sus funciones. Pero no fue el único familiar que se benefició de las contrataciones, porque también se contrató a otro familiar del suegro de Benavent.

Finalmente, la formalización del contrato se realizó en junio de 2013 por un importe de 842.975,2 euros, sin IVA, distribuido en tres años. El trabajo fue "defectuoso" y "fracasado" desde un principio. "Imelsa se encargó no solo de formar al personal contratado por Servimun, sino de contratar el local, adecuarlo a las necesidades --tanto con medios técnicos como materiales-- de tal forma que la empresa no realizó desembolsó económico ninguno para la ejecución del contrato y se limitó a realizar pagos a los trabajadores que había contratado con el único objetivo de dar una apariencia de ejecución del contrato". Se pagó por trabajos no hechos.

En 2015, pese a los intentos de Mariano López de presionar a varios diputados para que se siguiese con la "farsa" de la contratación, no fue renovada por los informes negativos y la comprobación de la "inutilidad" del servicio por el nuevo equipo directivo de Imelsa. El perjuicio económico a los fondos públicos fue de 870.811,06 euros.

DINERO "RAPIÑADO"

Mariano López creó una empresa, Técnicas Legales Administrativas S.L., para hacerse con el dinero procedente de la contrata "simulando una relación contractual de la empresa con Servimun y poder introducir en el tráfico mercantil el dinero rapiñado, disfrutando del mismo sin que apareciera como titular ni dueño ni administrador de ninguna de las empresas".

La cantidad total que se incorporó al tráfico mercantil, simulando operaciones comerciales a través de la sociedad T.L.A y proveniente de Servimun asciende a un total de 198.835,48 euros, de los que se beneficiaron tanto Mariano López, como las también acusadas Vicenta y María Concepción Torregrosa, "que no solamente aparece como administradora formal de la sociedad, sino que dispone de metálico en su beneficio sabiendo que dicha sociedad carece por completo de actividad comercial alguna que pudiera generar ingresos lícitos".

Junto a esta operativa y antes de la creación de la sociedad Técnicas Legales Administrativas, Mariano López disfrutó del dinero de la adjudicación nada más firmado el contrato el 7 de junio de 2013 a través de transferencias bancarias de la cuenta de Servimun S.L.

El fiscal concluye su escrito advirtiendo de que para la investigación de los hechos indicados ha sido "determinante y activa" las declaraciones prestadas por el acusado Marcos Benavent, que confesó los hechos ante la Guardia Civil cuando prestaba declaración por otros hechos delictivos, indicando las personas que participaban junto a él.

Unidas Podemos ha reivindicado la concesión de los indultos a los líderes del 'procés' en prisión al proclamar que "el tiempo de los jueces" como "guionistas de la política" ha "terminado" y, ahora, le toca al Ejecutivo dar este "primer paso" para poder solucionar el conflicto catalán.

De esta forma ha desdeñado el informe del Tribunal Supremo contrario a otorgar esos indultos, al no ser vinculante, y reivindica esta prerrogativa del Gobierno que "tiene todo el sentido" en este caso, pues concurren razones de "equidad", de "justicia" ante unas penas "desproporcionadas" y de "utilidad pública" que aconsejan este mecanismos para lograr la "concordia" en Cataluña.

Así lo ha trasladado el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Asens, para detallar que los ministros de Unidas Podemos defenderán, cuando toque evaluar esta petición en el seno del Consejo de Ministros, otorgar esta medida de gracia para "desjudicializar" así el conflicto.

De hecho, ha subrayado que las declaraciones de ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, revelan que "hay buena voluntad" a la hora de examinar los indultos y, en consecuencia, confían en que se concederán.

"RECUPERAR EL TERRENO DEL DIÁLOGO Y NO DE LA VEGÁNZA"

"Quienes fueron parte del problema sabíamos que no serían parte de la solución y los jueces dejan de ser ya los guionistas de la política, para que la política vuelva a recuperar el terreno del diálogo y no de la venganza. Ahora empieza el tiempo de la política, el tiempo de los jueces ha terminado", ha apuntado tras comparecer ante los medios en el Congreso para valorar la resolución del alto tribunal.

NO SE PUEDE EXIGIR ARREPENTIMIENTO

Y es que Asens ha explicado que no le ha sorprendido el informe del Supremo, pues sus anteriores soluciones ya avanzaban su criterio de oponerse al indulto de los condenados en el 'procés', y ha reprochado su "tardanza" en evacuar este trámite, que ve "intencionada".

A su vez, ha subrayado que no es necesario el requisito del arrepentimiento para dar los indultos, pues no es una "anomalía" que se otorguen pese informe en contra del tribunal sentenciador, que suele ser lo frecuente. Es más, ha sentenciado que España "no es una democracia militante" y "no se le puede exigir a nadie que renuncie a sus ideas" políticas.

De todas formas, el también dirigente de En Comú Podem ha insistido en que ahora es el turno "de los actores políticos", pues la "libertad de los presos" independentistas es necesaria para la mesa del diálogo en Cataluña, que a su juicio no podrá avanzar con dirigentes de la "contraparte" en la cárcel. Con ello, hacía una alusión concreta al líder de ERC, Oriol Junqueras.

En esta línea, ha recalcado que no existe un tiempo tasado hasta que se analice el expediente motivado de los indultos por parte del Consejo de Ministros, pero ha exhortado a cumplimentar el trámite lo antes posible.

"No podemos esperar más", ha desgranado el parlamentario para aludir, además, a que el indulto es pertinente dado que no incurrieron en violencia y los reos ya no son diputados ni miembros de la Generalitat, lo que en definitiva impide que vuelvan a repetir los hechos por los que fueron condenados.

"NO PASAR MÁS VERGÜENZA EN EUROPA"

Asens ha subrayado también que su libertad es una "exigencia" no solo de organizaciones como Amnistía Internacional sino de Europa, pues sentencias de países europeos como Bélgica indican que, lo que es "cárcel", en el ámbito político son "hechos políticos" sin relevancia penal.

Por tanto y para no pasar "más vergüenza" en Europa, ha demandado los indultos para "atemperar" una "pena desproporcionada", en línea también con los votos particulares que emitieron en su día magistrados del Tribunal Constitucional.

Mientras, Asens ha criticado que le sorprende que el PP se agarre al argumento del arrepentimiento, que no está contemplado en la ley, cuando otorgó "centenares" de indultos, algunos por crímenes "abyectos" durante su etapa en el Gobierno con informes negativo.

"HIPOCRESÍA Y CINISMO" DEL PP

Además, ha recriminado que el PP no dijo nada sobre los indultos a condenados por el golpe de estado del 23F y le preocupa su "desconocimiento" cuando alude a un eventual recurso en caso de que se concedan a los presos independentistas, pues esa opción está tasada para aquellos que tengan reconocido el interés legítimo de "víctima".

En su opinión, los populares en el caso del 'procés' no tienen sus derechos afectados y, por tanto, incurren en una estrategia de "confusión" mediante un "gran ejercicio" de "desmemoria, cinismo e hipocresía". "Que den lecciones de cómo indultar es como si Luis Bárcenas intenta dar lecciones de buen gobierno y transparencia", ha enfatizado Asens.

Por último y cuestionado sobre el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, el dirigente de Unidas Podemos ha señalado que el indulto no soluciona todo el problema y, precisamente por ello, han reclamado la reforma del delito de sedición para facilitar el retorno de los políticos que están ahora en Bélgica.

El ex secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha realizado este miércoles un llamamiento a que se produzca "un proceso de integración lo más amplio posible" en el PSOE-A tras sus primarias para elegir candidato a la Junta en las próximas elecciones andaluzas, y no ha querido "tomar partido" a favor de alguna de las tres candidaturas que concurren en dicho proceso, encabezadas por Susana Díaz, Juan Espadas y Luis Ángel Hierro.

"Ganará quien lo haga mejor", ha augurado el también expresidente del Gobierno en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha defendido que "lo más importante del proceso de primarias es que, el día después, quien resulte ganador tenga toda la voluntad de integrar, y quien no gane tenga toda la voluntad de ser integrado".

En ese sentido, ha comentado que la "grandeza" de una "expresión democrática" como las primarias "tiene luego esa exigencia, ese requerimiento" de que "haya un proceso de integración lo más amplio posible, porque eso sí ayudará extraordinariamente a la capacidad del PSOE de competir en Andalucía, que es sin duda un reto en estos momentos muy importantes para el conjunto del país", ha añadido.

José Luis Rodríguez Zapatero ha rehusado "tomar partido" por alguna de las candidaturas --"no siendo militante de Andalucía sería un poco osado", ha sostenido--, y ha explicado que conoce a los tres candidatos, y fundamentalmente a los dos que "tienen más posibilidades" de victoria, en referencia a la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, y al alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

Ha comentado que ambos políticos socialistas "gozan" de su "afecto y respeto", y se ha mostrado convencido de que "ganará quien lo haga mejor". "Suele ser así, al final parece una reflexión bastante simple, pero suele ser así", ha mantenido Zapatero, quien en todo caso ha deseado que la participación en dichas primarias "sea masiva" y este proceso "relance al PSOE".

Al respecto, ha añadido que "siempre las primarias tienen un efecto de relanzar al PSOE en Andalucía y toda España", y ha avanzado que "eso se producirá", y "en estos momentos en Andalucía hay por delante un reto importante", el de "recuperar la Junta".

Ha opinado que si el PSOE lo consigue "será porque lo merece, porque lo haya hecho mejor", al igual que piensa que si el PP de Isabel Díaz Ayuso ganó "claramente" las pasadas elecciones en la Comunidad de Madrid del 4 de mayo "será porque lo hizo mejor", según ha concluido Zapatero.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite) han respaldado la intervención este miércoles en el Parlamento foral de la Asociación Gogoan, la Fundación Fernando Buesa y Elkarbizi, que han reclamado el fin de los homenajes a terroristas de ETA cuando salen de prisión.

Covite y Anvite han afirmado en una nota que estos homenajes, así como la presencia de pintadas y pancartas de apoyo a los presos de ETA en el espacio público, suponen "la construcción de espacios públicos asfixiantes para la mayoría de la sociedad vasca y navarra, y sobre todo para las víctimas, para quienes esta realidad es especialmente humillante, como muy bien han señalado las tres entidades que han intervenido en el Parlamento de Navarra".

Tanto Covite como Anvite ha agradecido también la denuncia que han hecho las tres asociaciones en el sentido de que los homenajes a miembros de ETA y las pintadas y pancartas en su apoyo son "una forma de legitimación directa del terrorismo y la violencia, algo inaceptable en una sociedad democrática y en un contexto de paz y convivencia".

En este sentido, desde Covite y Anvite evidencian que "el homenaje es un medio para realzar el pasado del preso como miembro de ETA y una forma de agradecerle el haber hecho el sacrificio de estar en la cárcel precisamente por haber pertenecido a ETA, puesto que no se realizan homenajes a aquellos presos de ETA que se han desmarcado de las directrices de la izquierda abertzale, han mostrado arrepentimiento y se han acogido a vías de reinserción".

Por tanto, las asociaciones de víctimas han señalado que "si queremos construir una sociedad pacífica y una convivencia en libertad, estos actos de reconocimiento público a personas que han estado condenadas por delitos de terrorismo y que se sienten orgullosas de su pasado criminal no tienen cabida".

Asimismo, Covite y Anvite han reprochado a EH Bildu su "constante negativa a dejar de celebrar y apoyar este tipo de actos, escudándose en que son muestras de cariño a los presos políticos por parte de sus familiares y polémicas artificiales". "Las supuestas muestras de cariño se podrían hacer en privado. Los actos que Covite lleva años denunciando no son muestras de cariño, sino homenajes públicos a personas condenadas por delitos de terrorismo que constituyen una forma de reivindicar su pasado violento. Eso es lo que no tiene cabida en una sociedad democrática y lo que lastra la construcción de la paz y la convivencia en el post-terrorismo", han insistido ambas asociaciones.

En esta línea, han añadido que, "como muy bien han señalado Gogoan, la Fundación Fernando Buesa y Elkarbizi, la empatía con las víctimas y la deslegitimación de la violencia terrorista son dos caras de la misma moneda". "No se puede acudir por la mañana a un responso en memoria de Tomás Caballero y por la tarde llamar preso político a su asesino y reclamar impunidad para los crímenes de ETA. No es coherente", han advertido.

Desde Covite y Anvite se han felicitado de que "cada vez desde más sectores políticos y sociales se denuncie la indignidad y la humillación que suponen los homenajes y las pancartas y pintadas de apoyo a los presos de ETA". "No hemos ganado la batalla judicial, puesto que no hemos conseguido ninguna condena por la celebración de estos actos, cosa que sí condenaba la Audiencia Nacional por los mismos hechos y con el mismo artículo del Código Penal hasta hace unos años. Pero sí estamos ganando la batalla social, puesto que la izquierda abertzale está totalmente sola en la defensa de estos actos condenables y reprochables", han señalado.

En su opinión, "eso es un triunfo del trabajo que lleva muchos años realizando Covite de documentación y denuncia de todos los actos públicos de legitimación de ETA que se realizan en el País Vasco y en Navarra". En este sentido, tanto Covite como Anvite han coincidido con Gogoan, la Fundación Fernando Buesa y Elkarbizi en resaltar que "el mayor reto al que nos enfrentamos en este tiempo de post-terrorismo de ETA es la pedagogía necesaria para la desradicalización violenta de quienes todavía defienden y justifican a ETA".

Expertos han reconocido, durante el Primer Congreso Nacional de Historias Bonitas, iniciativa de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, el valor de la Educación Infantil y sus profesores durante la pandemia.

La Educación Infantil "cumple un papel fundamental en el desarrollo de las personas y por lo tanto en todo el proceso educativo", según ha señalado Luis Martínez-Abarca, director del Área de Colegios CEU. Según Martínez-Abarca, la Educación Infantil es un momento clave en el desarrollo de la autonomía, de la autoconfianza y del equilibrio emocional. Por otro lado, la psicomotricidad, el dominio del movimiento y del propio cuerpo facilitan el desarrollo intelectual, social y emocional del niño, según este experto, y es también una etapa fundamental en la adquisición natural de las lenguas y con ellas de las habilidades del pensamiento.

"Es el momento de que ese reconocimiento que ya tiene en las familias se convierta también en un reconocimiento social. Es el momento de dar voz a este colectivo y hacerle visible ante toda la sociedad", reivindica Luis Martínez-Abarca.

Por ello, y en reconocimiento y agradecimiento a esos profesionales vocacionales, la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha realizado una serie, 'Historias bonitas de pequeños escritas por mayores', donde los protagonistas son aquellos profesores más admirados en Escuelas Infantiles de toda España. La serie muestra el esfuerzo de todos --colegios, escuelas infantiles, profesores y familias-- para construir en el presente un futuro prometedor para los niños. En cada capítulo, un centro infantil presenta una historia admirable, en la que también participan las familias.

La serie ha sido presentada en el Primer Congreso Nacional de Historias Bonitas, con la entrega de los reconocimientos CEU a profesores de Educación Infantil elegidos por votación por las propias familias, "por su capacidad de construir historias bonitas, comprometidas y escritas con letras de cariño".

El Congreso ha sido presentado por la pediatra, escritora y conferenciante Lucía Galán, quien ha querido poner en valor la labor, el compromiso, la vocación y el conocimiento de los profesionales de Educación Infantil, "a los que hasta ahora no se les había otorgado la relevancia que les correspondía". De hecho, advierte: "Hemos tenido que vivir una pandemia para reconocer de verdad la labor de nuestros profesores y educadores".

Según Galán, un profesor de Educación Infantil es "un gran profesional", con una contrastada y exigente formación, que además se va actualizando sistemáticamente para integrar en su quehacer diario toda la innovación y las técnicas pedagógicas que desde hace años están evolucionando con enorme celeridad. Pero además es una "persona comprometida, vital, llena de valores, profundamente humanista y con todo su universo centrado en torno a todos y cada uno de sus pequeños alumnos". "Son personas maravillosas capaces de convertir cada día de sus alumnos en una historia bonita", añade.

Galán valora especialmente la vocación de estos profesionales: "Vuestra sensibilidad infinita con nuestros niños os convirtió casi en magos porque lograsteis que los niños no percibiesen la situación tan dramática que estaba viviendo el mundo entero, y eso es muy grande". "Habéis sido nuestro cable a tierra, la luz en un momento de oscuridad cuando dejábamos a los niños en el colegio --ha relatado--. No sabéis la tranquilidad que da dejar lo que más quieres en manos de unas personas que tienen el control de la situación. Y todo ello sin que nadie en vuestro entorno percibiese la ansiedad tan grande que todos estábamos viviendo".

Para Marisa Artiaga, presidenta de la Confederación Española de Centros Educativos (CECE) Alicante, la Educación Infantil "es una etapa fundamental en la vida de la persona", pero lamentablemente, ha tenido que venir una pandemia para que "algunas familias valoren la importancia de esta etapa". "Hasta ahora no se reconocía la labor de la Educación Infantil", considera.

Por otro lado, según Enrique Castillejo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, esta etapa educativa es uno de los pilares de la pedagogía, y no se puede entender una sociedad del siglo XXI sin una Educación Infantil de importancia y de calidad. "Afortunadamente, en España contamos con una Educación Infantil de extrema calidad; de los primeros a nivel mundial", afirma. "En este año tan difícil de pandemia habéis dado una lección profesional, vocacional y humana sin parangón", añade.

Además, durante el Congreso, la neuropsiquiatra Rafaela Santos ha entregado a las Escuelas infantiles participantes un 'Premio de escuelas resilientes' en nombre del Instituto Español de Resiliencia del que es presidenta. Durante su intervención, Santos ha explicado la importancia y las claves para desarrollar la resiliencia desde edades tempranas. "La buena noticia es que la resiliencia es una competencia que se aprende. Se puede desarrollar la resiliencia de los niños trabajando su confianza, el carácter, el compañerismo y la comunicación", ha señalado.

El expresidente del PP de Granada y edil en el Ayuntamiento granadino, Sebastián Pérez, se ha dado de baja este miércoles en el partido, después de decir que su actual dirección le ha dado un "trato humillante, vejatorio y en algunos momentos incluso inhumano" tras defender un pacto con Cs para la alternancia en la Alcaldía de la ciudad por la fórmula del "dos más dos" en la mitad del mandato municipal, que el regidor, Luis Salvador, del partido naranja, nunca ha reconocido.

Mantiene su acta de edil porque lo contrario "sería prostituir" lo que dijeron "las urnas", que "sí quisieron que Sebastián Pérez fuera su alcalde", ha señalado en una rueda de prensa, en que ha defendido que es "lesivo" para Granada tener como regidor a Salvador, del que ha agregado que ha tenido en la dirección regional y provincial del PP su "mejor aliado" en esta etapa.

"Los granadinos no quieren lo que hay", y "en el momento en que pueda sumar 14 votos, este alcalde no será", ha señalado al ser preguntado por una posible moción de censura. "Hasta aquí hemos llegado", ha agregado para señalar que "ni un minuto más" continuará esta situación que lleva a que Salvador siga como regidor de Granada.

"Me queda mucho por hacer, a mí no me callan" y así se lo están "reclamando los granadinos" a los que ha pedido "perdón" por que nunca pensó que su partido "llegara tan lejos", ha defendido, anunciando que si el PP le pide que entregue el acta no lo hará, defendiendo que "no es transfuguismo" sino un acto de "dignidad y amor a Granada".

Pasará así al Grupo no adscrito en el Ayuntamiento de Granada, ha señalado, incidiendo en que no está apegado al "poder por el poder", según ha explicado en una comparecencia informativa de más de una hora y media en que ha recordado el pasado en el PSOE de Salvador, y en que ha precisado que, aunque "no toca" hablar de moción de censura en este momento, pues espera que el PP reconduzca la situación, "la gente en la calle" le dice: "antes que a este, pon a" al portavoz socialista y exalcalde, Francisco Cuenca.

En cuanto a la hoja de ruta que se podría seguir a partir de ahora, ha indicado que quiere saber si el PP va a retirar su apoyo "al todavía alcalde" o salir de su gobierno para proponer a otro candidato, una situación en la que ha indicado que esperaría que su opinión fuera "escuchada" como "desde el año 2015" no lo han hecho, ha agregado, los actuales dirigentes del hasta hoy su partido.

Esa persona que aspirara a la Alcaldía habría de ser, en su opinión, "honesta, leal, cabal, amiga y compañera" y tener los valores del PP "por encima" de los suyos particulares. No se ha referido a ningún edil en concreto, ni ha marcado plazos, y ha señalado que "los números dan en tanto" la dirección popular "le retire el apoyo al alcalde", que es lo que Pérez ha explicado que apostó por hacer hace año y medio pero no le "dejaron hacerlo" sus dirigentes nacionales.

A Salvador, "el PP no lo quiere", y "jamás estará en una lista" popular de Granada, además de que, "si se presenta por Cs, no sale ni él", ha agregado Pérez para remachar que el hasta hoy su partido habría de mantener "el futuro, salvo que quiera" optar por "guardar la silla".

"Si tuviera principios", el alcalde daría un paso atrás, ha continuado el expresidente provincial del PP, para quien tanto Salvador como los dirigentes populares "lo que querían ya lo tienen" en referencia a que él "no fuera alcalde", asegurando que el coordinador de Cs en Granada no va a seguir de regidor en la segunda parte del mandato. Le ha pedido, en este contexto, al presidente nacional popular, Pablo Casado, que "ponga orden". De lo contrario, ha señalado, entre críticas a la gestión de la dirección andaluza popular a este tema, que prefiere a una persona "leal", en referencia a Cuenca, que al actual, al que ha acusado de "mentiroso", dirigiendo el Ayuntamiento.

MAYORÍA ABSOLUTA EN 14 EDILES

Se da la circunstancia de que la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento de Granada, situada en los 14 concejales, es la que sumaron la totalidad de los ediles de PP --incluyendo a Pérez--, Cs y Vox, y fue la que dio lugar al actual equipo de gobierno local bipartito, mientras que los grupos de PSOE, el de mayor representación con diez ediles, y Podemos-IU suman un total de 13.

Al inicio de este mandato municipal --tras asumir Cs, con Luis Salvador, la Alcaldía de Granada--, Pérez, que fue designado para la primera tenencia de alcalde, defendió que habían acordado un relevo en la máxima responsabilidad del equipo de gobierno a los dos años, en lo que no encontró un apoyo explícito de la dirección de su formación.

A finales de enero de 2020, Pérez trasladó a los órganos de dirección de su formación su "dimisión irrevocable" como presidente provincial del PP, al entender que, al no tener "el apoyo, ni el respaldo, ni el respeto" ni de la regional ni de la nacional, era "muy difícil hacer política". En octubre pasado, renunciaba al grueso de sus cargos dentro del equipo de gobierno integrado con Cs.

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, han firmado este 26 de mayo un Convenio para digitalizar fondos documentales de interés para la Memoria Democrática. "Para la verdad necesitamos los archivos", ha asegurado Calvo ante los medios durante la firma del acuerdo.

"El principio fundamental para desarrollar la memoria es apuntar siempre la verdad y para la verdad necesitamos los archivos, no solamente los especialistas sino también los ciudadanos tienen derecho a acceder de manera directa a una información que tiene que ver con un pasado muy doloroso sobre el que nuestro país tiene que construir un futuro de convivencia y naturalmente de paz y de restitución de las víctimas", ha aseverado Calvo.

Los archivos digitalizados están relacionados con la represión que sufrieron los presos políticos encarcelados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. A juicio de Calvo, el convenio entre ambos ministerios es "muy importante" para seguir desarrollando las líneas de trabajo de la política de la Memoria Democrática de España.

Hoy damos un paso al frente desde el Gobierno, desde la Administración general, con el acuerdo que el ministro de Cultura ha tenido a bien facilitarnos para poder seguir avanzando y dar respuesta a muchas familias e historiadores que quieran documentar la verdad de lo que ocurrió en tanto miles y miles de españoles que fueron represaliados y que tuvieron que atravesar la amargura de un calvario que siempre tiene que ver con una dictadura que no puede volver nunca más a la vida de nuestro país", ha afirmado.

Calvo ha puntualizado que se ha acordado que durante dos años, tres archivos públicos del Estado (el Archivo General de Alcalá de Henares, el archivo de la Real Chancillería de Valladolid y el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca) puedan ser digitalizados desde el año 1938 a 1968 "para poder tener los archivos penitenciarios al alcance de muchas personas y muchas familias que puedan encontrar la verdad documentada de cuál fue el camino" de sus familiares y allegados.

"Siempre fue un camino de calvario, de estar en la prisión, de las condenas que recayeron sobre ellos, del devenir de los acontecimientos que a muchos los condujo a la pena de muerte y yo creo que forma parte de lo que tenemos que seguir haciendo en nuestro país. Somos seguramente una de las grandes democracias del mundo que no tiene todavía resuelto algunas cuestiones de su memoria", ha lamentado.

Así, las series documentales que quedan incluidas en este acuerdo recogen 300.000 fichas del Registro-Índice de la Población Reclusa. En ellas se recoge el historial carcelario de cada preso y se encuentran guardadas en el Archivo General de la Administración.

Además, también estarán 400.00 fichas de propuestas de libertad condicional de la Sección de Libertad Condicional y Redención de Penas por el Trabajo. Pertenecen al período comprendido entre los años 1940 y 1965 y se encuentran custodiadas en el Archivo General de la Administración.

A ellas se suman 46.290 expedientes de propuestas de libertad condicional pertenecientes a los años comprendidos entre 1940 y 1967 --que se encuentran custodiados por el Archivo General de la Administración-- y 37.147 fichas de presos condenados a muerte y a penas de reclusión mayor, entre los años 1939 y 1950 --en el Centro Documental de la Memoria Histórica--.

También se digitalizarán 1.400 fichas de libertad vigilada y 2.838 expedientes de libertad vigilada de la Junta Provincial de Libertad Vigilada de Valladolid (1943-1968), procedentes de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se encuentran actualmente en el Archivo de la Real Cancillería de Valladolid.

Una vez tratadas, estas fichas podrán ser consultadas en las plataformas institucionales del Ministerio de Cultura y Deporte, especialmente la plataforma PARES y el Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica. También se fomentarán los enlaces de dichas plataformas con el portal y los recursos web con los que cuente el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Según Calvo, estas cuestiones quedarán "mucho mejor" resueltas cuando la Ley de Memoria Democrática entre en vigor. "Le queda el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que nos ha pedido tres prórrogas; estamos en la tercera, esperemos que llegue pronto porque tengo mucho interés en que entre en este periodo de sesiones al debate parlamentario para ir lo mas rápidamente posible", ha manifestado.

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, y el consejero permanente y coordinador de la Memoria, Fernando Ledesma, han presentado en la mañana de este miércoles la memoria del año 2020 de este máximo órgano consultivo del Gobierno, un estudio que ha estado marcado por las consultas derivadas de la pandemia del Covid-19.

En la rueda de prensa de presentación, ambos ponentes han coincidido en destacar la excepcionalidad de la situación provocada por el coronavirus, si bien han defendido que esto no ha provocado una caída en el número de consultas ni de trabajos realizados por el Consejo de Estado.

En concreto, Fernández de la Vega ha asegurado que casi el 98 por ciento de los dictámenes emitidos por este órgano consultivo han sido secundados por los organismos consultantes. "Es muy destacable que nuestros consejos sean en una abrumadora mayoría secundados por las autoridades consultantes", ha celebrado.

Por su parte, Ledesma ha destacado que el ritmo de despacho se ha cumplimentado en un "porcentaje elevadísimo" y que, según ha defendido, la calidad, el rigor, la documentación y la transmisión de los dictámenes se han producido con unos niveles "de normalidad" que al comienzo de la pandemia parecían muy dificiles de alcanzar.

MÁS DE 830 CONSULTAS

En este contexto, el Consejo de Estado ha cifrado en un total de 839 consultas que han entrado en este órgano en el año 2020, de las cuáles 95 han entrado con declaración de urgencia, mientras que en 2019 fueron casi 1.100 consultas las que entraron.

Por ello, Ledesma también ha pedido ponderar la situación excepcional de la Covid-19 y ha reivindicado que este ritmo se ha recuperado plenamente, e "incluso crecido" en los primeros meses de este año 2021, percibiendo una "notabilísima recuperación".

De las consultas, Ledesma ha destacado que se han realizado sobre todo por parte de los Ministerios, siendo Justicia y Hacienda los que más han remitido. También ha revelado que Cantabria, Madrid, Extremadura, Ceuta y Melilla han realizado consultas, al igual que el Banco de España, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Junta Electoral Central.

AVANZAR EN LA TRANSPARENCIA

Eso sí, Fernández de la Vega ha reconocido la "controversia" de la publicidad y la transparencia en los dictámenes que emite el Consejo de Estado, y ha apostado por seguir trabajando y "seguir avanzando" en este sentido.

Según ha explicado, el Consejo de Estado hace público un dictamen cuando la consulta se refiere a una norma y ésta ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero no antes, aunque a veces pase un largo período de tiempo.

En este contexto, Fernández de la Vega ha señalado que el sistema "está así montado" porque es el Gobierno el que tiene prioridad a la hora de asesorar en ciertos aspectos, si bien reconoce que es un tema difícil que se debatirá con sus homónimos franceses.

"NO TIENE COMPETENCIAS SOBRE LOS INDULTOS"

Por otro lado, Fernández de la Vega también ha sido preguntada por los posibles indultos a los presos del proceso soberanista, y ha recordado que el Consejo de Estado "no tiene ninguna competencia" en ese ámbito a pesar de que sí la tuvo en el pasado.

Sobre su opinión personal, la exvicepresidenta del Gobierno durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero ha eludido emitir su valoración porque, según ha defendido, esta materia no incumbe al Consejo de Estado.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga caso al informe del Tribunal Supremo (TS), contrario a la concesión de cualquier tipo de indulto a los doce condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña, y no perdone la pena a estos "golpistas", porque sería una "infamia" y una "humillación" a los catalanes no separatistas.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Arrimadas ha indicado que el informe del Supremo, aprobado por unanimidad de los magistrados que juzgaron a los presos del 'procés', es "demoledor", "claro" e "impecable en su justificación" al oponerse a que el Gobierno conceda esos indultos por no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública.

"El informe es tan claro, que cualquier persona digna de ser presidente del Gobierno de España lo que tiene que hacer es acatarlo. No se le puede pasar por la cabeza indultar a estos golpistas después de lo que nos hicieron a los catalanes constitucionalistas, del desafío y el ataque a España y a nuestra democracia que supuso el golpe de Estado de 2017", ha subrayado.

REESCRIBIR LA HISTORIA E IGNORAR A LOS JUECES

Por ello, ha exigido a Sánchez y al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos que "no quiten gravedad" a los hechos, recogidos en la sentencia de 2019, y "no pretendan reescribir la historia pasando por encima de lo que dice la Justicia española".

"Que no pongan a prueba a la sociedad española, porque es mucho más fuerte, mucho más digna y quiere mucho más a España de lo que Sánchez se cree", ha advertido igualmente, convencida de que hay "millones de españoles" que "no van a tolerar la infamia" de unos indultos.

Además, ha destacado que los políticos catalanes que decidieron "desafiar a España" y "subestimar al Estado" al impulsar el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017 "están hoy en la cárcel con unas condenas gravísimas".

La presidenta de Cs ha señalado que el informe del Tribunal Supremo, que se suma al que ya emitió la Fiscalía, pone de manifiesto que "no hay el más mínimo arrepentimiento" por parte de los condenados, los cuales "están manifestando constantemente su intención de reincidir" cuando "dicen que quieren vulnerar derechos fundamentales y pulverizar la base de la convivencia" en Cataluña.

SÁNCHEZ SOLO BUSCA MANTENERSE EN MONCLOA

Así que "la única utilidad que le quiere sacar Sánchez" a los indultos es "mantenerse muchos años más en Moncloa, él, los suyos y su patulea de asesores", ha concluido, en alusión al apoyo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y otros partidos separatistas.

Pero, en su opinión, "no hay cargo público o carrera política de nadie", "no hay sillón, ni sueldo, ni coche oficial, ni Falcon" que "merezca esa humillación" a los catalanes que llevan años sufriendo los "atropellos" de los dirigentes independentistas, que vivieron "en primera persona" el 'procés' y que, como los diputados de la formación naranja, se enfrentaron a ellos en 2017.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy "nos abandonó" y el de Pedro Sánchez "nos quiere humillar y pisotear perdonando y dando privilegios a estos golpistas" y "quitando importancia a lo que nos hicieron", ha denunciado Arrimadas, que en 2017 lideraba el grupo de Cs en el Parlament de Cataluña y que después ganó las elecciones autonómicas.

Cs SE OPONDRÁ POR LA VÍA JUDICIAL Y POLÍTICA

Por otro lado, ha anunciado que Ciudadanos presentará una iniciativa en todos los Parlamentos autonómicos y Ayuntamientos donde está presente a favor de "cumplir con la ley y la Constitución, respetar a la Justicia y defender a España", para que se someta a votación.

Y si finalmente el Gobierno indulta al expresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los demás condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, Cs utilizará "todas las herramientas jurídicas y democráticas" a su alcance para oponerse a esta medida, recurriéndola ante los tribunales y denunciándola ante las instituciones de la Unión Europea.

Cuando le han preguntado si también se plantea dejar de negociar iniciativas legislativas con el Gobierno en el Congreso, Arrimadas ha respondido que su grupo parlamentario nunca ha sido "socio" de este Ejecutivo y que simplemente actuó de manera "responsable en plena pandemia" del coronavirus.

SÁNCHEZ YA IBA AL "ABISMO" AL PACTAR LOS PGE CON ERC Y BILDU

Sin embargo, durante la negociación de los Presupuestos de 2021, "Sánchez ya dejó claro cuál era el camino que elegía para España" al pactarlos con Esquerra y con EH Bildu, en vez de con la formación naranja.

"Emprendió el camino hacia el abismo y hacia la indignidad", demostró que "iba a hacer cualquier cosa para seguir en Moncloa" y en ese momento "acabó la intención" de Ciudadanos de convencer al Gobierno para que eligiera la senda "del sentido común, la estabilidad y el respeto a la democracia, el orden constitucional y las instituciones", ha afirmado.

Ya entonces comprobaron lo "difícil" que es negociar con este Gobierno y ahora esto ha quedado aún más claro, tras ver cómo el presidente "tiene la poca vergüenza de vender España y humillar a millones de catalanes por permanecer un tiempo más" en el cargo.

A su juicio, indultar a los presos del 'procés', un "ataque a España desde el propio Gobierno de España", sería "lo más grave que haría Sánchez" desde que asumió el cargo.