El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha pedido este miércoles al Partido Popular que ayude a esclarecer los «oscuros episodios del pasado» sobre la operación Kitchen porque, de lo contrario, «no va a salir nunca de la sombra de la corrupción».

Así se ha pronunciado después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón citara como investigados a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por su supuesta implicación en el espionaje parapolicial que se habría montado desde el Ministerio de Interior, durante el gobierno de Mariano Rajoy, contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y su familia, a través de la operación Kitchen, para sustraer pruebas que podrían incriminar al PP por corrupción en el caso Gürtel.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Bal ha recordado que, en el juicio por la primera época de la trama Gürtel, en el que él ejerció la acusación como abogado del Estado, el PP estaba como partícipe a título lucrativo y se dedicó a «impugnar todas las pruebas incriminatorias» respecto a los acusados Luis Bárcenas, Francisco Correa y Pablo Crespo diciendo que se habían violentado derechos fundamentales.

«¿Esto es una actitud de colaboración con la Justicia? ¿Esto es tratar de esclarecer unos hechos del pasado?», se ha preguntado. En su opinión, al PP «le vendría bien» hacerlo de verdad porque de esa manera «podría hacer borrón y cuenta nueva».

ES «ABSURDO» HABLAR DE UN «MONTAJE POLÍTICO»

Además, el portavoz de Cs ha reprochado a los ‘populares’ su actitud en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación Kitchen, donde llegan «hasta el absurdo» al insistir en que todo fue «un montaje político», pese a que el juez García-Castellón aprecia indicios racionales de que se puso en marcha esa operación en el Ministerio del Interior.

«Lo que debería hacer el PP de una vez por todas es dar un paso atrás en su política de obstaculización en la comisión Kitchen y colaborar con la Justicia aportando todas las informaciones y los datos que tenga en su poder para aclarar estos hechos, incluso aunque le perjudiquen. Porque no van a salir nunca de la sombra de la corrupción si no dan un decidido paso en favor de esclarecer estos oscuros episodios del pasado», ha subrayado.

Sin embargo, ha evitado opinar sobre si el presidente del PP, Pablo Casado, debería dar explicaciones –por la relevancia del cargo que ocupó Cospedal en el partido– o si debería adoptar alguna medida contra la exsecretaria general. «Sobre las decisiones que tome el PP sobre sus afiliados no me voy a pronunciar», ha respondido.

CORRUPCIÓN AL CUADRADO

Bal ha destacado que se trata de «hechos muy graves» de «corrupción al cuadrado», pues el PP supuestamente creó «una trama corrupta para obstaculizar la acción de la Justicia que investiga la propia corrupción del PP» y para intentar «ocultarla». «Esto debería servir en el futuro de aviso a navegantes, para que entendieran que, al final, este tipo de cosas se van de las manos, porque se termina descubriendo la verdad», ha añadido.

A su modo de ver, el comportamiento del PP en este tema «recuerda muchísimo a lo que hace Podemos, que no colabora con la accion de la Justicia y tampoco apoya las comisiones de investigación en sede parlamentaria» sobre los asuntos que le afectan, como su presunta financiación ilegal, el caso Neurona o la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.

Ambos partidos pretenden «tapar la corrupción» propia, «poniendo todos los obstáculos» para impedir que se investigue, y utilizar la corrupción de otras formaciones políticas «como arma arrojadiza contra el contrario», ha criticado. En cambio, en Ciudadanos, ha agregado, «siempre queremos investigar toda la corrupción, venga de donde venga».

IMPUTACIÓN DE COSPEDAL Y LÓPEZ DEL HIERRO

Sobre el auto de imputación del juez contra Cospedal y López del Hierro, el diputado ha resaltado que está «muy bien fundamentado» y que enumera una «enorme retahíla» de indicios de criminalidad que resultan «demoledores», por lo que, en relación con Cospedal y su marido, ya no se habla solo de «sospechas».

En cuanto a la decisión de López del Hierro de no responder a las preguntas de los diputados en su comparecencia de este miércoles en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, Bal ha comentado que tiene derecho a callar, pero que, ante las «acusaciones indiciarias» que incluye el juez en su auto, «lo lógico» es que «alguna explicación diera».

Según ha indicado, tanto el empresario como Cospedal tenían hoy la oportunidad de «decir que los hechos son mentira» o, como el PP, asegurar que todo forma parte de «una conjura política oscura contra el principal partido de la oposición». «Sin embargo, guardan silencio», ha añadido, antes de lamentar que no contribuyan a exponer la verdad de «unos hechos que son de extraordinaria gravedad y que interesan a la sociedad española».

El Tribunal Supremo ha fijado que en un delito de violación se considera que se ha producido penetración cuando hay contacto de acceso a la zona interna vaginal por leve que este sea, por lo que no se exige que se haya producido «un acceso total». «No se exige, por ello, en el tipo penal una penetración absoluta ni la jurisprudencia exige una penetración total, sino que en el caso de que sea parcial existe agresión sexual por violación», resaltan.

Este pronunciamiento del Supremo se recoge en una sentencia, ponencia del magistrado Vicente Magro, en la que corrige una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que rebajó la condena por unos hechos producidos en la provincia de Zaragoza al entender que la audiencia de instancia había condenado por un delito de violación erróneamente porque no se había dado penetración.

Tras analizar el caso concreto, el Supremo aprovecha la sentencia para fijar doctrina respecto a lo que se interpreta como penetración, y subraya que «todo lo que sea un exceso de superación de la horizontalidad en la zona sexual femenina, por leve o breve que sea, supone la existencia de agresión sexual por violación del artículo 179 del Código Penal».

Asevera el tribunal que no es exigible que en la penetración se produzca un «acceso total y absoluto», ya que la violación concurre aunque el acceso sea leve o breve. Y ahonda en que debe entenderse por ‘horizontalidad’ la zona superficial referida al mero tocamiento externo.

Así, si se supera esa barrera externa, por leve que sea ese acceso o contacto, ya es una penetración. Por tanto, añaden, basta con el «acceso suficiente» para entender que ya se irrumpe en la zona sexual de la mujer.

EL CASO DE ZARAGOZA

De esta manera, el Supremo en su resolución de fecha de 27 de mayo indica que, en el caso concreto de Zaragoza, el TSJ sostenía que no había quedado probado que el acusado hubiera introducido los dedos en la vagina de la víctima, entendiendo que se trató solo de contacto externo sin acceso real a la misma.

Relata que el TSJ modificó el hecho probado señalando que se suprimía la expresión «introduciéndole un dedo en el interior de la vagina» porque entendió que la zona de entrada a la cavidad vaginal –introito– de la mujer era parte externa y que no se había producido penetración por introducción de dedos.

Pero el ponente del Supremo advierte que el TSJ actuó «apreciando de forma irracional la valoración de la prueba llevada a cabo por quien tiene la inmediación de la práctica de la prueba, que lo era el tribunal de instancia, que fue quien en su sentencia recoge la conclusividad respecto a que se produce la introducción de los dedos en la vagina».

Y recuerda que esta conclusión se obtuvo «de la propia declaración de la víctima y del informe pericial que concluye que respecto a la exploración del área genital, presenta escoriaciones en el introvaginal y en la parte interna de los labios menores».

Al hilo, subraya que el TSJ si bien suprimió la frase señalada, mantuvo en los hechos probados la relativa a la exploración genital en la que se aseveraba que presentaba esas escoriaciones. Y da la razón a la víctima admitiendo que cuando se hacer referencia al introito vulvar, en realidad debe referirse al introito vaginal –entrada de la cavidad vaginal–.

Eso se mantiene porque «el hecho probado refleja que la víctima presentaba escoriaciones en el introvaginal», lo que supone que ya era en la parte interna y no en la externa. «Lo que debe concluir que hubo la penetración determinante de la violación del artículo 179 del Código Penal«, añade.

SIETE AÑOS DE CÁRCEL POR EL 179

Por todo esto, el Supremo califica de determinante la mecánica descrita en los hechos probados, obtenida por la declaración de la víctima y la pericial, y afirma que se trata de una agresión sexual según el artículo 179.

Ese artículo especifica que cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a doce años.

El tribunal entiende que consta la introducción de dedos en la vagina y por tanto la pena finalmente impuesta es la de siete años de prisión por delito de violación del 179, y no del artículo 178 que castiga al delito sexual sin acceso carnal ni introducción de dedos en la vagina. Por tanto, anula la pena de tres años impuesta por el TSJ y regresa a la impuesta en un primer momento por la Audiencia Provincial.

La llegada de migrantes a España por vía irregular supera por primera vez en lo que va de año las 10.000 personas, una cifra que no incluye a los alrededor de 8.000 migrantes que, según las cifras del Ejecutivo, llegaron a través de la frontera con Ceuta los pasados días 17 y 18 de mayo.

En las cifras que de forma quincenal presenta el Ministerio del Interior sobre las llegadas de migrantes a España, no se han actualizado en este caso los datos correspondientes a las entradas por vía terrestre a Ceuta (se incluyen las correspondientes al periodo del 1 de enero al 16 de mayo de 2021), ni las que se han producido por la valla de Melilla (cuyos datos están actualizados hasta el 27 de mayo).

De esta forma, las cifra de 10.690 migrantes llegados a España por vía irregular en los cinco primeros meses del año, publicada este miércoles por Interior, no incluye a las alrededor de 8.000 personas que, según datos del Gobierno, habrían entrado en el país durante la pasada crisis vivida en Ceuta.

En el balance, el equipo de Fernando Grande-Marlaska, señala que la actualización no ha sido posible porque los datos «se encuentran bajo análisis y tratamiento».

SIGUEN AUMENTANDO LAS LLEGADAS A CANARIAS

Aún así, Interior compara los 10.690 llegados hasta ahora con los 7.422 que habían entrado al país en el mismo periodo de 2020. De estos más de 10.600, la mitad, un total de 5.386, lo han hecho a través de las costas canarias. El archipiélago registra, así, un incremento en las llegadas del 117,7% con respecto al mismo periodo del año anterior.

También ha crecido, un 19,1%, las llegadas vía marítima a través de la Península y Baleares. Un total de 4.355 personas migrantes arribaron por esta vía en lo que va de año, frente a los 3.658 que lo hicieron en los primeros cinco meses de 2020.

Sí están actualizados los datos de las ciudades autónomas en cuanto a las llegadas por mar. En Melilla aún no se ha registrado ninguna en todo 2021, al igual que ocurrió en 2020. Mientras, en Ceuta se han contabilizado hasta ahora 111 entradas, frente a las 46 que se registraron entre enero y mayo de 2020.

En cuanto a las entradas por las fronteras terrestres, en Ceuta se recoge la llegada de 379 personas hasta el pasado 16 de mayo y de 459 en Melilla hasta el pasado día 27 del mismo mes.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha pedido perdón a sí mismo y a los catalanes por tener dinero en Andorra sin declarar que, según su confesión el 25 de julio de 2014, procede de una herencia de su padre; ha negado ser «un corrupto» y ha admitido que sufre por su familia y Cataluña.

«Sobre todo tengo que pedir perdón a la gente de mi país. Esto es lo que cuenta. Puede parecer una figura literaria esto de pedir perdón también al joven que yo era hace más de 60 años, pero no lo es. No sé bien lo que es, pero, en todo caso, no es una figura literaria. Es la expresión de un dolor», admite en el libro titulado ‘Jordi Pujol, entre el dolor y la esperanza’ (Editorial Proa y Enciclopedia) escrito por Vicenç Villatoro y que se ha publicado este miércoles.

Según Pujol, pide perdón no con ánimo de rehabilitación porque manifiesta su voluntad de asumir unos errores personales que vive «con rabia y vergüenza», pero no quiere caer en la desesperación que lleva a la autodestrucción.

De hecho, en diversas ocasiones define lo ocurrido como un «desgarro» y admite que cuesta entender que aceptara tener dinero en el extranjero no declarado en España, que no utilizó ni gastó, y que ello ha generado tristeza, decepción, indignación y le ha obligado a hacer una reflexión sobre sí mismo.

«Es verdad que estoy imputado, pero sin ningún tipo de prueba que me involucre en hechos de corrupción. Yo no soy un corrupto», añade también Pujol en su defensa, que asegura que está preparado para ir a prisión, para la ruina y para la muerte, pero no para el deshonor y la vergüenza pública.

Desde el arrepentimiento y un sentimiento de culpabilidad, asume que la recuperación de su figura será «lenta y dolorosa, y en el mejor de los casos no será completa», y que desde el primer momento se apartó de la vida política y social.

Según Pujol, ha sufrido un «ensañamiento intenso y furioso» y desconoce si la historia lo absolverá, pero reivindica lo que hizo al frente de la Generalitat durante los 23 años de sus gobiernos junto con el papel que jugaron los ayuntamientos, diputaciones y otras entidades, así como gente de otros partidos.

PROCESO INDEPENDENTISTA

Sobre si ve posibilidades de introducir elementos de pacificación, diálogo y negociación en el proceso independentista, Pujol constata que «no ha habido un intento serio de restablecer puentes de diálogo y de negociación, de auténtica negociación, no para perder el tiempo o para tergiversar».

«Yo no impulsé el movimiento independentista», ha recalcado el expresidente catalán, tras recordar que durante años situó la reivindicación de Cataluña en el marco de un proyecto español y europeo, y frenó iniciativas de ruptura o distanciamiento.

Tras advertir de que no contribuirá a que la política sea un «y tú, más», ha dejado claro que no tirará de la manta por más que se lo pidan, a raíz de su comentario durante su comparecencia en el Parlament para hablar de la causa contra él y su familia.

También cree que para tirar adelante cualquier proyecto colectivo en Cataluña hay que tener «la casa ordenada, y no lo está», aunque entiende que Cataluña reclame respeto por su identidad y sus instituciones y que pida más autogobierno y una reforma de la estructura política del Estado.

«No tanto la independencia, excepto en algún momento de tensión especial, como hace ahora una parte muy importante del pueblo catalán», suscribe Pujol, que ha avisado de que el nacionalismo catalán –independentista o no– puede ser un factor importante de desbarajuste de la política española.

En su opinión, parece evidente que Cataluña «no conseguirá la independencia» pese al aumento de los que la defienden, pero puede crear una situación que dañe seriamente la estabilidad del Estado, y por ello ha llamado a hacer un esfuerzo para acercarse para encontrar un clima de diálogo que permita precisar el punto en el que se estropearon las relaciones.

FINANCIACIÓN Y REFUNDACIÓN DE CDC

Sobre las acusaciones de presunta financiación irregular de Convergència, Pujol ha precisado que muchos partidos y políticos europeos, también españoles, han tenido problemas parecidos «pero en ninguno ha habido el ensañamiento que ha habido contra CDC».

Aunque asegura que puede admitir que pueda haber casos en que ha habido actuaciones incorrectas y punibles, cree que con el incremento de la tensión de las relaciones entre Cataluña y el resto de España la movilización política, policial y jurídica contra él y contra CDC «se endurece mucho, y se movilizan todo tipo de instancias, legales o no, que salpican a todo el mundo».

También se refiere a la crisis del espacio convergente, donde cree que han participado diferentes factores, empezando por la crisis económica, la voluntad que Convergència de refundarse y la afectación de casos de corrupción reales o supuestos, sumado al «daño» provocado por su persona.

Desde su confesión, ya no es miembro de CDC ni de ninguna de las formaciones que han heredado dicho espacio, pero ha puntualizado que ello no implica que no se sienta vinculado a éste.

Pese a todo, considera que la manera cómo se ha abordado la crisis derivada de su confesión en el marco de Convergència se podría haber hecho «de forma más serena, y salvar más muebles, bastantes más».

FAMILIA

En relación a su familia, explica que con Marta Ferrusola tuvieron siete hijos por «fe cristiana y patriotismo», y reconoce que no cumplió suficientemente bien como padre de familia y que fue culpa suya.

«Una culpa que no debo trasladar a mis hijos ni a mi esposa. Sobre todo no a mi esposa, que es quien mientras pudo actuar sobre el conjunto de la familia, lo hizo con eficacia. Después no tanto. Y me considero especialmente responsable, más bien porque soy y era el jefe de familia», expone.

Sobre si ha querido asumir los problemas de sus hijos, cree que puede que sea así pero apunta: «Soy como soy. Y en todo lo que nos pasa alguna responsabilidad moral debo tener».

Aunque mantiene su fe cristiana, sin el entusiasmo de su juventud, admite que ahora no le consuela suficientemente ahora que vive una «crisis profunda» y una resignación que le ha repercutido en sus relaciones humanas en general y también en la familia.

Al preguntársele si sitúa el caso Banca Catalana en el ámbito de los errores personales, lo niega destacando que «no hubo ninguna falla ética y, en todo caso, si hubo alguna, fue técnica o profesional, pero sobre todo de exceso de ilusión».

En la presentación del libro, Villatoro, acompañado del también periodista Josep Ramoneda, ha explicado que el libro recoge lo plasmado en diversos encuentros presenciales y analógicos, el primero de los cuales en febrero de 2019 y el último en verano del año pasado, y que tiene la sensación de haber pedido a Pujol su «testamento político».

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado los recursos de amparo presentados por el presidente de Ómnium Cultura, Jordi Cuixart, y el que fuera presidente de Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, contra la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo que les condenó a la pena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta por un delito de sedición en el ‘procés’ independentista en Cataluña.

La sentencia relativa a Cuixart, cuyo ponente ha sido el presidente Juan José González Rivas, abunda en pronunciamientos anteriores, como los que rechazaron que se hubiera producido vulneración de derechos en los casos de otros líderes independentistas en prisión cuyos recursos de amparo ya se han resuelto, como son los ex consejeros Jordi Turull y Jospep Rull.

Considera, entre otras cuestiones, que la conducta del recurrente, al promover la oposición material a la ejecución policial de las decisiones del Tribunal Constitucional y de otros tribunales, no constituyó ejercicio legítimo de los derechos y libertades de expresión y reunión, y que su condena penal, por delito de sedición del artículo 544 del Código Penal, cumple con las normas constitucionales.

Subraya además que la condena «no obedece a una finalidad espuria de persecución o castigo por su posición política o ideológica», según adelanta el tribunal de garantías en un comunicado.

NO FUE UNA MERA EXTRALIMITACIÓN

La sentencia sobre Sànchez, cuyo ponente ha sido el magistrado Santiago Martínez-Vares, señala también que la conducta del recurrente no constituye un mero exceso o extralimitación en el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de reunión, pues lo que pretendía, como parte de la estrategia concertada con los demás encausados, era neutralizar las decisiones adoptadas por el propio TC y los órganos judiciales «sirviéndose de la movilizaciónciudadana para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república».

Para ello, según el TC, Sànchez prescindió «de los procedimientos de reforma constitucional». Por ello, concluye el TC, su actuación desbordó con claridad «los límites de lo que puede considerarse un ejercicio legítimo de aquellos derechos para exteriorizar la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos».

Ambas sentencias cuenta con los votos particulares del magistrado Juan Antonio Xiol y de la magistrada María Luisa Balaguer, que discrepan del resto de sus compañeros, al igual que hicieron en los casos de Rull y Turrull. En los próximos días se notificará la sentencia y los votos particulares.

Antes de los recursos de Turull y Rull, el TC ya había rechazado –aunque de forma unánime– los de los ex consejeros Meritxell Borrás y Carles Mundó, si bien en estos casos la condena era únicamente de inhabilitación y multa por un delito de desobediencia.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha denunciado este miércoles que la imputación de la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal en el ‘caso Kitchen’ es «el mayor escándalo de corrupción» de este partido y, por ello, ha avisado a líder de los ‘populares’, Pablo Casado, de que no puede «seguir huyendo ni escondiéndose» sino que debe dar «explicaciones inmediatamente».

«Estos días Casado parece empeñado en dar lecciones de patriotismo. Hoy no hay mejor lección de patriotismo que dar la cara, asumir responsabilidades, y colaborar con la justicia y con el Parlamento ante este caso gravísimo de corrupción», ha afirmado portavoz de los socialistas en el Congreso, en una declaración sin preguntas desde la sede del PSOE de Oviedo.

«LA CORRUPCIÓN ES EL PRESENTE DEL PP»

Asimismo, ha asegurado que la imputación de Cospedal por su supuesta implicación en el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a través de la denominada ‘Operación Kitchen’, demuestra que la corrupción no es solo «el pasado» del PP sino también «el presente».

A este respecto, la ‘número dos’ del PSOE ha recordado que si Casado es presidente del PP, es «gracias» al apoyo de Cospedal en el último congreso, y también ha señalado que el actual líder de los ‘populares’ ya formaba parte de la dirección del partido cuando se dieron los hechos que sostienen la imputación.

«Ya no hay duda. La corrupción no es algo que ha ocurrido al PP, es algo que se ha organizado, estructurado y ordenado desde la dirección del PP», ha sentenciado, al tiempo que ha afirmado que esta imputación demuestra que el PP «no ha dudado en parasitar las instituciones dle Estado y ponerlas al servicio de intereses partidistas».

Por todo ello, Lastra ha avisado de que si Casado «tiene que rendir cuentas de una corrupción que no es coyuntural sino que fue diseñada como parte de la estructura del PP que preside hoy». «No se trata de cambiar de sedes ni de caras, sino de dar la cara», ha resumido.

Sobre todo porque, a su juicio, la imputación de Cospedal supone «el mayor escándalo de corrupción del PP». «Quien preside ese partido no puede limitarse a mirar para otro lado y esconderse una vez más», ha enfatizado.

«Si Casado quiere mantener credibilidad, debe dar inmediatamente explicaciones a los ciudadanos», ha recalcado Lastra. «Eso es lo que exige la ciudadanía y lo que exige el PSOE», ha zanjado.

Vox considera prioritario que España intensifique sus relaciones bilaterales con Estados Unidos y aumente el gasto en Defensa hasta el 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), sobre todo ante el proceso de refuerzo militar en el que está inmerso Marruecos.

Así lo alerta la formación de Santiago Abascal en una proposición no de ley presentada en el Congreso, donde subraya que Marruecos cuenta con uno de los ejércitos más numerosos de África, compuesto por unos 200.000 efectivos, y su gasto en defensa ha aumentado un 50 por ciento en los últimos diez años.

Tras la crisis en la frontera de Ceuta, Vox insiste en la necesidad de tener en cuenta que el reino alauí se encuentra inmerso en un proceso de «potenciación» de sus Fuerzas Armadas, con carros de combate, aviones caza F-16, fragatas e incluso la puesta en órbita de dos satélites espía.

Vox atribuye estos movimientos «principalmente» a una carrera armamentística de Marruecos con Argelia, además de la lucha contra el terrorismo yihadista y la participación marroquí en acciones militares en la región del golfo Pérsico.

«FALTA DE TACTO» CON EE.UU.

En este marco, su principal proveedor es Estados Unidos, un país con el que Marruecos ha «estrechado» relaciones durante los últimos años. «Estas relaciones son clave para asegurar apoyos en caso de un conflicto con naciones vecinas o para reclamar soberanía sobre territorios o mares cercanos a Marruecos», apunta Vox.

Frente a esto, denuncia que la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a Estados Unidos «no ha sido la más adecuada para estimular la relación bilateral», provocando con su «falta de tacto» la pérdida de acuerdos comerciales. «Las relaciones hispano-estadounidenses viven su peor momento desde la retirada unilateral de las tropas españolas en Irak en el año 2004», lamenta Vox.

Además, el partido de Abascal denuncia que España «sigue sin dotar a sus Fuerzas Armadas de fondos suficientes», provocando una reducción «drástica» de su ventaja en defensa respecto a los países vecinos.

ESPAÑA NECESITA SUPERIORIDAD MILITAR

«Si bien Marruecos y Argelia son países socios y amigos, entendemos que es imperativo para España mantener su superioridad militar en el área del Mediterráneo Occidental», advierte Vox, que insiste en la necesidad de reforzar la zona que va desde las Islas Baleares a Canarias, pasando por el Estrecho de Gibraltar para asegurar la soberanía española sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y sobre el archipiélago canario.

«En resumen, el Gobierno español debe redirigir sus esfuerzos a restañar la relación con los Estados Unidos de América, cumpliendo con los compromisos adquiridos y manteniendo su imagen y reputación de aliado fiable –insiste–. España no puede permitirse que la asocien con regímenes autoritarios, que perpetran crímenes execrables y que, en suma, dañan severamente la imagen exterior de nuestro país».

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha asegurado este miércoles en Pamplona que la agenda de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán debe establecerse «conjuntamente». No obstante, afirma que el Ejecutivo de Sánchez ya tiene los deberes hechos y que Cataluña tendrá que realizar su planteamiento.

«Uuna de las virtudes del diálogo es que la agenda hay que establecerla conjuntamente, que las dos partes deben conocer su planteamiento y encontrar caminos para superar las distancias en aquellos puntos en los que las haya, el diálogo no es para exigir, es para ofrecer, para acercar», ha precisado.

En este sentido, Iceta ha afirmado que el Gobierno de España «cree tener los deberes hechos» y ha explicado que «en la última reunión de esa mesa que se celebró en Cataluña, con una visita de Sánchez al presidente Torra, Sánchez ofreció y dejó sobre la mesa un documento titulado ‘Agenda para el reencuentro’, que contiene 44 temas sobre los que creíamos entonces que merecía la pena avanzar, un temario que habíamos confeccionado entre otros con los planteamientos que los presidentes Mas y Puigdemont habían hecho a lo largo del tiempo. «Por lo tanto, tenemos una agenda», ha apostillado.

Así, el ministro ha asegurado que se mueven en «esa especie de trilogía que llamamos diálogo, negociación y pacto, no solo en Cataluña, también con Navarra, con el País Vasco, o con Castilla La Mancha, y tenemos peticiones de gestión en materia del litoral en Baleares y Canarias». «El conjunto de Comunidades tiene algunos retos y competencias a los que aspiran, la única manera de acercar posiciones y resolver problemas es abordarlos desde esta fórmula», según el ministro.

Pero refiriéndose en concreto a Cataluña, ha insistido en que el Gobierno de España tiene su planteamiento y el Gobierno catalán tendrá que plantear el suyo. En ese momento, ha dicho, habrá que ver en qué medida son capaces de superar los problemas y de «reducir algunas distancias que en algún terreno son grandes».

LO QUE DARÍA MIEDO ES TENER UN GOBIERNO INCAPAZ DE TOMAR LA INICIATIVA

Miquel Iceta también ha señalado que no le da «miedo» que un grupo de militantes socialistas pueda llevar a los tribunales los posibles indultos a los presos del ‘procés’ y ha asegurado que lo que le daría miedo es «tener un Gobierno incapaz de tomar la iniciativa.

Así, ha dicho que no le «preocupa» que algunos militantes socialistas piensen en acudir a los tribunales por los indultos, «quieren utilizar algunos reglamentos de orden interno que a quienes obligan es a los militantes socialistas, eso no me da miedo».

«Lo que me daría miedo es tener un Gobierno incapaz de tomar la iniciativa, yendo siempre a remolque, incapaz de ofrecer una solución política. Me daría miedo volver a las andadas de 2017, en las que la inacción de un Gobierno llevó al independentismo a cometer el peor de los errores que es el de saltarse la ley», ha señalado a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa.

Además, el ministro ha asegurado que le «extraña un poquito que siempre se atribuya a Gobiernos socialistas el riesgo de quiebra de la unidad de España cuando aquí la unidad de España solo ha estado en riesgo bajo otros Gobiernos, nunca un Gobierno socialista ha tenido que hacer frente a un referéndum ilegal o a una declaración unilateral de independencia». «Cuando otro Gobierno tuvo que hacer frente a este reto, el Partido Socialista no dudo en darle apoyo porque es un partido de Estado. Ya me gustaría a mi que cuando los papeles están cambiados sucediera igual», ha añadido.

El grupo parlamentario Vox ha registrado este miércoles una proposición no de ley en el Parlamento en la que se insta a la Junta a iniciar los trámites necesarios para declarar todas la modalidades de caza mayor y menor practicadas en Andalucía como Bien de Interés Cultural y a proceder a su inscripción como tal en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Según ha informado Vox en una nota, la caza genera en España un beneficio de 6.475 millones de euros con un retorno fiscal de 614 millones, y en Andalucía hay más de 256.000 cazadores con licencia que generan unos 45.000 empleos, mientras que los cotos y espacios naturales dedicados a la actividad cinegética en nuestra región superan los 7.500.

Según ha señalado, más allá del impacto económico, que también contribuye al arraigo poblacional en zonas rurales amenazadas por la despoblación, la gestión cinegética supone un control de la sobrepoblación de las especies y de las enfermedades que las afecta así como el cuidado, la gestión y el mantenimiento del medio natural.

Según Vox, la caza en España, y muy particularmente en Andalucía, constituye una práctica ancestral, de impulsos atávicos de comunión con la naturaleza, que actualmente está regulada por multitud de normas legales y administrativas que definen el espacio cinegético, los periodos hábiles, las especies cazables, los requisitos de sus practicantes, el control de las armas y de los animales auxiliares, además de las medidas conservacionistas y los principios éticos inherentes a la práctica cinegética responsable y sostenible.

Ha expuesto que recientemente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España ha emitido una propuesta de capturas cero para la Tórtola Europea esta temporada, que se reflejará en la Orden de Vedas de Andalucía 2021/22 cuya publicación es inminente. «Esta decisión supone que la tórtola no podrá cazarse esta temporada pese a que no existe documentación oficial y concluyente que justifique una moratoria o cupo cero de capturas. De hecho, en Portugal sí podrá cazarse; lo que demuestra que se trata de una decisión puramente ideológica de un Ministerio plegado a los dictados ecologistas», según Vox.

Explica que también desde el Comité NADEG de la Comisión Europea, se ha iniciado el proceso para intentar prohibir la caza de la perdiz roja y otras especies cinegéticas que han sido incluidas dentro del listado de aves que se encuentran en un estado amenazado. En este listado, se incluyen especies como la perdiz roja, el avefría, el ánade rabudo, el porrón europeo y el porrón moñudo, y se pretende limitar o prohibir su caza como única solución para mejorar su estado de conservación, sin tener en cuenta otras medidas para mejorar su hábitat, y a pesar de que precisamente esa pérdida de hábitat es la principal causa de regresión de estas especies.

«Esta deriva prohibicionista que están tomando las administraciones española y europea se debe a la creciente influencia, especialmente en el mundo urbano, de las posiciones ecologistas y animalistas que estigmatizan la caza a partir de tópicos y estereotipos que amplifican sus expresiones más negativas, obviando intencionalmente la referencia a sus dimensiones demográficas, socioeconómicas, ecológicas y culturales«, según Vox.

Añade que, por ejemplo, «la sublimación de la naturaleza mediante la quimera de la auto-regulación de sus ciclos ecológicos y la equiparación de los derechos de los animales sintientes a los de la especie humana son dos ideas-fuerza que se incorporan a los relatos de los colectivos anti-caza y que se aceptan acríticamente por sectores sociales que, en su mayor parte, desconocen la problemática del mundo rural y lo infravaloran como lo tradicional o lo arcaico, en una perspectiva perdedora respecto a la modernidad y la civilidad de los espacios urbanos».

Por lo tanto, y como defensa ante los «ataques que está sufriendo la caza, desde la administración andaluza debemos reconocerla formalmente como actividad recreativa de amplia base social, con funciones asociativas, patrimoniales, ecológicas, culturales y de sostenibilidad del medio rural».

Todo ello, arropado en la razón democrática de la opción libre de su práctica regulada, descartando la estigmatización del otro, así como los planteamientos sectarios, fundamentalistas y excluyentes y apostando por la flexibilidad, la compatibilidad entre los distintos usufructos del medio natural y, en última instancia, por la construcción de un espacio de convivencia entre la gente que opta por cazar y la que decide no cazar en Andalucía», según señala.

Para Vox, es evidente que la caza como actividad responsable y sostenible, practicada por nuestros cazadores, es la modalidad cinegética que de forma más nítida contiene, mantiene y trasmite valores etnológicos que constituyen una parte integrante del patrimonio cultural inmaterial del pueblo andaluz.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado este miércoles 2 de junio el DNI Europeo, la nueva versión del DNI electrónico, en un acto celebrado en la comisaría de la Policía Nacional de la localidad madrileña de Móstoles, donde ha estado acompañado por el director general de la Policía, Francisco Pardo; la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González; la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse y el comisario de la Policía Nacional de Móstoles, David Cervera, entre otras autoridades.

La actriz Luisa Martín, la inspectora Miralles en la serie televisiva ‘Servir y proteger’, ha sido la primera persona en recibir el nuevo Documento Nacional de Identidad, según ha informado el Ministerio del Interior.

Este nuevo documento actualiza su imagen e incorpora nuevas medidas de seguridad, tanto visibles como invisibles. La creación del DNI Europeo responde al cumplimiento del Reglamento UE 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, de obligado cumplimiento para todos los Estados de la UE a partir del próximo 2 de agosto.

La Policía Nacional, en un trabajo conjunto con La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, ha diseñado un soporte que incluye características materiales, técnicas, de seguridad, funcionales y de usabilidad acordes con las necesidades que solicita la ciudadanía en la era digital.

Entre los cambios introducidos, el nuevo DNI incluye la denominación en inglés (National Identity Card), puesto que la normativa europea exige que las palabras documento de identidad figuren en, al menos, otra lengua oficial de las instituciones de la UE. En el anverso, se ha añadido también el código de dos letras del Estado miembro (ES en el caso de España), impreso en negativo en un rectángulo azul y rodeado de doce estrellas amarillas.

«En los últimos años hemos sido capaces de desarrollar soluciones de acceso electrónico seguro de nuestros ciudadanos a los servicios públicos y privados. Y la Policía Nacional ha contribuido enormemente a este desarrollo», ha explicado Marlaska en la presentación.

«Nuestra meta es que el nuevo documento pueda ser empleado por todos los españoles, para que se beneficien de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información en su aplicación al comercio electrónico y a la Administración Electrónica», ha añadido.

IDENTIDAD DIGITAL

Este nuevo modelo de DNI Europeo se enmarca dentro del Programa de Identidad Digital DNIE de la Policía Nacional, financiado con recursos procedentes de los fondos europeos solicitados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. El proyecto cuenta con una dotación global de 25 millones de euros, de los cuales 6,5 se invertirán en 2021.

El programa trabaja en la actualidad en el desarrollo de una aplicación gratuita que permitirá próximamente a cualquier ciudadano la acreditación de la identidad y el uso de la firma electrónica desde el dispositivo móvil.

En los próximos meses está previsto también el lanzamiento del DNI Exprés, un sistema de expedición semiautomático que reducirá los tiempos de espera en las renovaciones ordinarias e incrementará la seguridad obteniendo la fotografía in situ; el aumento del número de Puestos de Actualización Desasistida del DNI electrónico, para facilitar al ciudadano la renovación de los certificados digitales; y el pago de tasas mediante tarjeta bancaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este jueves a Trípoli con el doble objetivo de buscar oportunidades de negocio para las empresas españolas ahora que parece que se recupera la estabilidad en Libia así como para trasladar el apoyo a las nuevas autoridades del país, que tendrá su máxima expresión con la reapertura de la Embajada española.

La visita de Sánchez se produce en un momento en que el país parece estar dejando atrás la división de los últimos años, después de que en marzo echara a andar un nuevo Gobierno unificado, cuyo cometido principal es llevar al país a la celebración de elecciones a finales de este año.

Libia está ante un «periodo de esperanza y oportunidades», considera el presidente del Gobierno en un artículo de opinión publicado en ‘La Vanguardia’ antes de su viaje, en el que irá acompañado de una delegación de empresarios.

España, ha dicho el presidente, «apoya esta transición hacia la estabilidad» y por ello militares españoles participarán en el mecanismo de observación y verificación del alto el fuego que aprobó el pasado mes de abril el Consejo de Seguridad de la ONU.

El Gobierno de unidad con sede en Trípoli y apoyo de la comunidad internacional y el Ejecutivo rival con base en el este y que contaba con el respaldo del general Jalifa Haftar llegaron a un acuerdo de alto el fuego el pasado octubre, que preveía un mecanismo de observación. Dichos observadores se desplegarán bajo el paraguas de la Misión de la ONU en Libia (UNSMIL) y no irán armados.

Además, ha añadido Sánchez, España quiere seguir trabajando en labores de desminado y contribuir a que se puedan celebrar «elecciones libres e imparciales» en el país, «esenciales» para avanzar en la «normalización política» una década después del caos en que quedó sumido el país tras la ‘Primavera Árabe’ y la caída de Muamar Gadafi. Tienen que ser los libios quienes decidan su futuro «sin injerencias externas», ha defendido.

Según el presidente, España tiene «mucho que ofrecer» al país norteafricano, en particular la experiencia de la Transición y la capacidad de las empresas españolas en sectores clave para la diversificación económica de Libia. Pero al mismo tiempo también tiene «mucho que ganar», principalmente si el país recupera la estabilidad, puesto que «la estabilidad en el Mediterráneo y en el Sahel es una prioridad estratégica para España».

Estos serán a buen seguro los temas que aborde el presidente del Gobierno en sus encuentros con el nuevo primer ministro libio, Abdulhamid Debaiba, así como con el presidente del Consejo Presidencial, Mohamed Menfi, en sus cargos desde mediados de marzo.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Con el primero está previsto además participar en un encuentro empresarial en el que se abordará la cooperación y el papel que las empresas españolas pueden desempeñar en la reconstrucción y el desarrollo de Libia, así como la firma de varios memorandos de entendimiento, según ha informado Moncloa.

Sánchez viajará en esta ocasión acompañado de representantes de varias empresas españolas –Indra, Repsol, Aertec, Triarena, IDOM, Navantia, Instituto IMO/Grupo Miranza y HM Hospitales–.

Según ha resaltado en su artículo, hay un interés de las empresas españolas en contribuir a la «diversificación económica» de Libia, más a allá de los hidrocarburos, en los que Repsol ya está presente y es uno de los principales actores en el sector petrolero.

Así, ha resaltado la necesidad que tiene el país y las oportunidades existentes en otros sectores como las infraestructuras y la construcción, la sanidad o las energía renovables, en los que España cuenta con empresas punteras.

REAPERTURA DE LA EMBAJADA

Por último, uno de los puntos clave de la visita de Sánchez será la reapertura de la Embajada española, cerrada en 2014. Con ello, el embajador, Francisco Javier García-Larrache, nombrado el pasado mes de julio, podrá trasladarse a Trípoli, tras haber estado ejerciendo sus funciones desde el vecino Túnez.

Según Sánchez, la reapertura de la Embajada es «más que un gesto simbólico de apoyo al proceso de transición» ya que busca recuperar la «plena capacidad operativa» de la legación diplomática y los servicios consulares para ponerlos «a disposición de la relación bilateral».

En opinión del presidente del Gobierno, Libia está en un punto de inflexión en el que debe dejar atrás «años de división y guerra y trabajar para la reconciliación y la concordia», por lo que ha animado a mirar al futuro «con esperanza y determinación» y ha reiterado la voluntad de España de acompañar al país en este proceso.

El número de concesiones de nacionalidad española por residencia durante 2020 ascendió a 80.148, un 51% menos que en 2019, según datos publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De ellas, 23.522 fueron para ciudadanos originarios de Marruecos, lo que supone casi un 30 por ciento del total de las concedidas.

No obstante, la concesión de la nacionalidad española a marroquíes cayó un 33 por ciento respecto al año anterior. Tras éstos, 5.309 ecuatorianos obtuvieron la nacionalidad española (un 56 por ciento menos); 4.831 colombianos (62 por ciento menos); 4.781 bolivianos (58 por ciento menos); y 3.545 venezolanos (34 por ciento menos). En conjunto, los países latinoamericanos concentraron el 40 por ciento de las concesiones.

Fuera de latinoamérica, los primeros que aparecen en la lista son los paquistaníes, con 3.029 que obtuvieron la nacionalidad (19 por ciento menos). Los primeros europeos son los rumanos, con 1.705 nacionalizaciones (53 por ciento menos) y los primeros africanos los nigerianos, con 1.380 (40 por ciento menos).

La población incluida en este estudio es aquella que durante el pasado año recibió una resolución favorable de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia a su solicitud de nacionalidad española por residencia.

La edad media de los extranjeros que obtuvieron la nacionalidad es de 37 años. Además, el 49% de las 80.148 concesiones de nacionalidad española corresponden a mujeres, y el 21% a menores de 25 años.

«La caída en el número de resoluciones con respecto al periodo anterior se debe fundamentalmente al menor ritmo de resolución, que se explica a su vez por la inexistencia, en 2020, de un plan de choque que sí existió en 2019 y que vuelve a estar vigente en 2021», señala inclusión.

Los requisitos para su concesión, en lo relativo al plazo exigido de residencia, varían en función de la nacionalidad de origen del solicitante. El 37% del total de nacionalidades concedidas en 2020 se produjeron en el plazo reducido de dos años, y los principales países de origen en este grupo fueron Ecuador, Bolivia y Colombia.

El 33% de las concesiones se produjeron en virtud del supuesto general que exige 10 años de residencia previa, legal y continuada en España. La principal nacionalidad en este grupo fue la marroquí. Por último, un 26% de las personas que accedieron a la nacionalidad en 2020 lo hicieron por el plazo reducido de un año.

Las personas de Marruecos, Rumanía, Argentina y Nigeria a las que se concedió la nacionalidad por residencia son de media más jóvenes que su respectivo colectivo de residentes en España. Además, las mujeres son más numerosas entre las concesiones de nacionalidad por residencia en las edades de los 20 a los 35, los hombres de los 35 a los 60.

El Código Civil explica en su artículo 22 que la adquisición de nacionalidad española por residencia exige que el interesado acredite el cumplimiento de estos tres requisitos básicos: buena conducta cívica, suficiente grado de integración en la sociedad española y haber residido en España de forma legal y continuada por un plazo de tiempo, inmediatamente anterior a la solicitud que varía según los casos.

El tiempo de residencia exigido varía según algunos supuestos. Para los nacidos en España; para los que hayan contraído matrimonio con un español o española sin haberse separado; para los hijos o nietos de españoles de origen; para viudos o viudas de española o español siempre que a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho; y para los que no hubieran ejercido la facultad de optar se exige un año.

Para los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, y sefardíes, dos años. Para los que hayan obtenido la condición de refugiados, cinco años. Para el resto, diez años.

Desde el año 2015, la forma de acreditar el grado suficiente de integración consiste en la superación de dos pruebas, ambas diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes. Por una parte, la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior; por otra, un examen que valora el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural española.

La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha apostado hoy por ir «equilibrando» la salud y la sanidad con el impulso económico, con prudencia pero sin parar de avanzar para entrar en un verano diferente y que la gente salga del «desánimo» y la «tristeza» en la que se encuentra tras la pandemia.

«Ojalá este verano podamos ir aflojando alguna medida», ha manifestado Calvo a preguntas de la prensa este miércoles en Santander sobre su opinión acerca de la desescalada y la adopción de medidas, como eliminar el uso obligatorio de la mascarilla y la apertura del ocio nocturno.

La vicepresidenta se ha referido al «famoso caos» que supuestamente se iba a producir al día siguiente de salir del estado de alarma y que, por el contrario, «no ocurrió nada».

Según Calvo, lo que ha sucedido es que «lentamente» cada comunidad, con arreglo a sus datos y sus líneas de desarrollo económico, va coordinándose en el Consejo Interterritorial con aquellas medidas que permiten ser «prudentes» y, al mismo tiempo, «ir saliendo» de esta situación generada por la crisis del coronavirus.

En cuanto a la retirada de la mascarilla, planteada por algunas comunidades, la ministra ha señalado que «ya se verá» cuando llegue el verano si se puede «despojar» de ella «al menos en los espacios al aire libre».

«Veremos cómo están los datos y veremos lo que digan los expertos», ha indicado Calvo, que también ha subrayado la necesidad» de «ir lentamente avanzando». «Con prudencia, pero avanzando», ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que los datos Covid en España son «razonables» en comparación con otros países, con una incidencia a 14 días de 120 casos por cada 100.000 habitantes.

DAR EXPECTATIVA DE FUTURO Y ALGUNA ENERGÍA CONSTRUCTIVA

Por esta razón, la vicepresidenta ha abogado por dar «expectativa de futuro» y «alguna energía constructiva» en relación al trabajo de los más jóvenes.

Al Gobierno de la nación le preocupa mucho la gente joven», ha trasladado Calvo, que ha reconocido que esta parte de la población ha sufrido «un parón de muchas cosas». «La tasa de paro de la gente joven es inaguantable», ha subrayado la vicepresidenta, que ha indicado se va a poner en marcha un plan de reactivación de empleo joven «importantísimo.

De esta forma, la ministra ha apostado por «ir equilibrando» la salud y la sanidad con el «impulso económico», con «un poco de prudencia», pero «sin parar ya de ir avanzando». «Sería terrible enfrentar este verano como hemos tenido que enfrentar el verano pasado», ha valorado.

Así, ha insistido en que los datos Covid dan «un cierto ánimo», pero hay que seguir todavía siendo «muy prudentes». «Ojalá este verano podamos ir aflojando alguna medida», ha dicho.

Asimismo, la vicepresidenta ha añadido que también se dispone de la «garantía» de los tribunales, que están «alerta» y con «rigor jurídico» de cualquier decisión que no puedan «resistir» las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. «Estamos también muy tranquilos por esa vía», ha manifestado.

«Tenemos que entrar en un verano un poco diferente», ha opinado Calvo, para quien también es «muy importante» que la gente salga del «desánimo» y la «tristeza» en la que se encuentra tras la pandemia.

Finalmente, ha ministra ha afirmado que España es un país que «se enfrenta» a «situaciones complicadas» y va dando pasos «muy seguros» y «mucho más positivos» que «el cuadro que teníamos el año pasado». «Estamos muy seguros que con prudencia vamos a ir ya lentamente saliendo», ha sentenciado.

Calvo ha hecho estas declaraciones tras mantener un encuentro con el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado este miércoles que «ni confirma ni descarta» que el exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado por el 1-O, pueda participar en la Mesa de diálogo del Ejecutivo central con Cataluña, y ha indicado que aún «es precipitado» hablar de eso.

Así lo ha indicado la ministra portavoz a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Sevilla en la que ha defendido que en esta cuestión «ni siquiera hemos empezado por el principio», y «tenemos que ir dando los pasos que están previstos».

«En primer lugar, lo lógico es que se reúnan los presidentes» del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, tras la designación del segundo como jefe del Ejecutivo catalán, y «una vez que se produzca esa reunión, tal como ha dicho el presidente, nuestra mano tendida para convocar la mesa de diálogo», ha razonado la ministra.

María Jesús Montero ha considerado que «es precipitado hablar ni siquiera de quiénes van a componer una mesa que está pensada para el trabajo de dos gobiernos», y ha comentado que «sería conveniente que en el Parlament» catalán también «se activara la mesa de partidos, donde, por supuesto, el conjunto del arco parlamentario de Cataluña debería estar de forma complementaria hablando de cómo restituir la convivencia en esta comunidad» autónoma y lograr «un mejor entendimiento entre personas que piensan distinto», ha añadido.

Sobre la posible participación de Junqueras en la mesa de diálogo, la ministra portavoz ha dicho que «ni lo confirmo ni lo descarto, porque ni siquiera hemos dado fecha a esa reunión y, por tanto, no ha habido opción de poder pensar en quiénes van a ser los integrantes de esa mesa». «Lo importante es que se produzca la primera» reunión, «después la segunda, y así de forma sucesiva», ha dicho la titular de Hacienda.

En todo caso, ha querido dejar claro que «la actitud que tiene el Gobierno de España es de convivencia, reconciliación, diálogo, y de hacer posible algo que nuestro país siempre ha hecho muy bien», que es «la capacidad de encontrarse entre aquellos que piensan distinto».

LA CONSTITUCIÓN COMO «FUENTE DE INSPIRACIÓN»

Al respecto, Montero ha defendido que «sólo tenemos un elemento en el que podemos referenciarnos y es fuente de inspiración», que es «la propia Constitución, que se diseñó entre personas que pensaban distinto, que habían tenido trayectorias distintas y propiciaron un lugar de encuentro», según ha valorado.

La Constitución, ha continuado la portavoz, «ha permitido los mejores años de la Historia de España», y es «donde nos tenemos que inspirar en esta fuente de conflicto», según ha incidido María Jesús Montero, quien también ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez «está en este momento gestionando, trabajando en una situación que se produjo en los gobiernos del PP».

«Es conveniente volver a recordar que la declaración unilateral de independencia, la celebración de un referéndum irregular» en Cataluña, «o la salida por nuestras fronteras, huido, de Carles Puigdemont, se produjeron durante un Gobierno del PP caracterizado por esconder la cabeza como un avestruz, por no afrontar los problemas reales del país, pensando que ya pasarán y que no requerían la acción gubernativa», ha comentado Montero.

Ha incidido en que ahora es el Gobierno socialista «el que tiene que acometer todas las actuaciones que considere que son capaces de aportar al interés general, a la concordia, a la reconciliación, al encuentro para reconstruir puentes que se dinamitaron durante esos gobiernos del PP y donde tenemos que lograr estrechar esos lazos afectivos entre Cataluña y España y también al interior de Cataluña».

«Los gobiernos tienen responsabilidades que son ineludibles» y «no hacer nada tiene un coste muy importante en términos de calidad democrática y en términos de entendimiento entre los diferentes territorios de España y, dentro de un territorio, entre personas que piensan distinto», ha continuado la ministra portavoz, que ha remarcado que el presidente del Gobierno ya ha dicho que «asumimos esta cuestión con una enorme responsabilidad, siendo conscientes de que nos toca cerrar heridas que se abrieron en otros gobiernos, durante una etapa en la que las cosas no se hicieron bien».

Ha destacado que, pese a ello, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy y el PSOE estaba en la oposición «se puso detrás» del Ejecutivo «para intentar fortalecer el papel del Estado» ante la «afrenta que supusieron esos acontecimientos» del independentismo catalán.

CRÍTICAS A LA «CONFRONTACIÓN» DEL PP

Montero ha lamentado que «ahora no tenemos al PP detrás para intentar arreglar aquellas cuestiones que ellos estropearon, sino que tenemos permanentemente haciendo confrontación» al PP, «politizando cualquier cuestión y no dando la posibilidad a nuestro país de que el futuro se pueda escribir con mayúsculas y entre todos ser capaces de avanzar después de una pandemia terrible», y cuando lo que los ciudadanos quieren, según ha añadido, «es realmente que seamos capaces de poner las bases de la recuperación económica», dar «tranquilidad respecto al empleo» y «mejoras en sus relaciones laborales para permitir que tener trabajo les permita llegar a fin de mes».

«En definitiva, una profunda agenda de cambio donde este Gobierno tiene que incorporar los elementos que tienen que ver con la cohesión territorial de España y el entendimiento de todos los territorios del Estado español», ha resumido la ministra antes de apostillar que «el PP debe abandonar la estrategia permanente que está haciendo de confrontación desde los distintos territorios».

La ministra portavoz ha concluido que «España tiene que escribirse con mayúsculas, y todos tenemos que estar detrás de las tareas» a acometer. «Todas las manos son necesarias, pero algunos han decidido ponerse enfrente y hacer una política de confrontación», ha lamentado María Jesús Montero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jadinda Ardern, han constatado nuevamente su sintonía y su visión compartida en muchos aspectos a nivel internacional en la cumbre bilateral que han mantenido y que ha servido para elevar la relación entre los dos países a un nuevo nivel, el de la asociación estratégica.

La reunión, mantenida por vía telemática, manda un «importante mensaje» sobre cómo los gobiernos de dos países geográficamente tan distanciados como España y Nueva Zelanda, «comparten valores democráticos comunes como la igualdad, la sostenibilidad y el pluralismo», y trabajan juntos para impulsarlos en la escena internacional, ha defendido Sánchez.

Ambos mandatarios han acordado una declaración conjunta que eleva la relación a una asociación estratégica, lo cual prevé el refuerzo de los contactos bilaterales a todos los niveles, desde consultas políticas, hasta economía, comercio, tecnología, ciudadanía, cultura y deportes, e impulsando la concertación ante los desafíos globales, según ha informado Moncloa en un comunicado.

En este sentido, la declaración recoge el compromiso de «intercambiar visitas recíprocas» a nivel de jefe de Gobierno «cuando lo permitan las condiciones de movilidad y de viajes internacionales», así como reuniones y concertación «con frecuencia «a nivel de ministros de Exteriores.

Además, han puesto en marcha una Asociación de Valores Globales en virtud de la cual los dos países «coordinarán más estrechamente sus esfuerzos para abordar los retos globales y avanzar una agenda de multilateralismo reforzado». «Buscaremos oportunidades para hablar conjuntamente, y con otros, llevar a cabo acciones concretas en defensa de nuestros valores modernos, democráticos e internacionalistas», explican en la declaración.

IMPULSO A LA RELACIÓN ECONÓMICA

En el plano económico, España considera a Nueva Zelanda un socio comercial estratégico, por lo que Sánchez ha abordado el interés de nuestro país en dar un «impulso renovado» a las relaciones económicas y comerciales bilaterales en temas como infraestructuras y energías renovables. Para ello, se prevé la celebración de visitas empresariales cuando las circunstancias lo permitan.

Asimismo, en la declaración conjunta, ambos expresado su apoyo a la «la conclusión de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la UE y Nueva Zelanda integral, equilibrado, sostenible y ambicioso» el cual «proporcionará mejores oportunidades de comercio e inversión» a los dos países.

La pandemia y la vacunación han sido otro de los temas abordados. Ardern se ha interesado por ‘Vacunas para todos’, la iniciativa del Gobierno español para luchar contra la pandemia «sin dejar a nadie atrás», mientras que Sánchez ha destacado su apoyo a la creación de un Tratado Internacional sobre Pandemias que fomente la responsabilidad compartida, la transparencia y la cooperación entre países que permita estar preparados ante posibles futuras pandemias.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Por otra parte, también han tenido ocasión de constatar el interés mutuo por la conservación de la naturaleza, el apoyo a la ciencia y la investigación y la lucha contra el cambio climático, según el comunicado del Gobierno.

En este sentido, Sánchez ha señalado los «objetivos climáticos fuertes y ambiciosos de España y el compromiso con una transición verde y con elevar el nivel de ambición mundial». De hecho, el texto acordado incluye que los dos países colaborarán más estrechamente para conservar los océanos, los ecosistemas marinos antárticos, y las aves marinas, en particular los albatros y petreles, un área en la que España es líder.

Además, España, con una base permanente en la Antártida, celebra este año, con una reunión internacional, el 30 aniversario de la firma en Madrid del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, ha recordado Moncloa.

Sánchez y Ardern se han emplazado a seguir trabajando juntos para construir una relación dinámica, sólida y con visión de futuro, que contribuya a conseguir los objetivos acordados en la declaración conjunta, que están basados en valores democráticos compartidos de igualdad de género, sostenibilidad, Estado de Derecho y pluralismo.

La Reina Letizia ha presidido este 2 de junio la reunión del Patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), celebrada en la sede de Mutua en Madrid, y en la que se han abordado las consecuencias que la actual crisis, provocada por la pandemia de Covid19, está teniendo en adolescentes y jóvenes.

Letizia ha estado acompañada por el presidente de Fad, Ignacio Bayón; el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda; y por el resto de patronos. En la reunión se ha incorporado al Patronato de FAD Pablo Isla, presidente de Inditex. También se incorporan, sustituyendo a sus antecesores, Paloma de Yarza (Grupo Henneo), Jose Manuel Pérez Tornero (RTVE) y Marco Pompignoli (Unidad Editorial El Mundo).

A partir de la segunda ola de esta pandemia se ha difundido un discurso que ha señalado a la gente joven como insensata, imprudente y en gran parte responsable de la propagación del Covid, subrayando los comportamientos de algunos en espacios de ocio como la tónica general de la actitud de jóvenes y adolescentes ante la crisis sociosanitaria. Desde Fad nos apoyamos en datos para entender las vivencias juveniles en general y para profundizar en cómo han transcurrido estos meses tan anómalos en particular, tratando de huir de generalizaciones y opiniones con poco fundamento, para tener indicadores que permitan analizar qué está pasando y hacerlo desde el relato juvenil, desde sus percepciones, valoraciones y expectativas», ha afirmado Bayón en el encuentro.

«Porque lo que está claro es que la juventud está siendo uno de los colectivos más golpeados por esta crisis y necesitan del apoyo de todos para salir adelante», ha añadido.

Desde el punto de vista del empleo, la FAD recuerda que España sigue a la cola de la UE en empleo joven, junto a Grecia e Italia. Los malos datos de empleo, junto a las tasas de precariedad, colocan a uno de cada tres jóvenes en riesgo de pobreza y exclusión social (Tasa AROPE), siendo las mujeres jóvenes las más vulneradas en este sentido y agrandando la brecha de desigualdad de género.

Otra serie de rasgos característicos del empleo juvenil hacen muy precaria su situación laboral, como salarios más bajos, mayores tasas de temporalidad y parcialidad, una mayor discontinuidad y trabajo estacional y un mayor riesgo de sobrecualificación. La tasa de temporalidad de la población joven (15-29 años) es del 52% en España, frente a un 33% de media en la UE; y la tasa de parcialidad involuntaria es del 51%, frente a un 25% de media en la UE, según los últimos datos de 2020 recogidos por la FAD.

En cuanto a educación, señala que el colectivo ha tenido que estudiar a distancia con pocos recursos y mucha improvisación: la educación telemática ha estado presente entre casi un 90% de quienes estudiaban, impactando de forma muy desigual entre el alumnado en función de sus condiciones materiales y de su capacidad y la de sus familias para moverse en un entorno digital que les puede resultar ajeno.

Así, España ha tenido que afrontar el cierre de los centros escolares partiendo de un gasto público en educación que se sitúa entre los más bajos de Europa y unos niveles de abandono escolar prematuro que, por el contrario, se sitúan entre los más altos de su entorno inmediato, según FAD. Un 16% de jóvenes españoles abandona de forma prematura los estudios, frente a un 10% de media en la UE, según últimos datos de 2020 recogidos por la institución.

Además, indica que la pandemia ha evidenciado brechas tecnológicas derivadas del hecho de conectarse a internet sólo con el móvil, sin tener un ordenador de uso personal y conexión wifi en casa, lo que dificulta llevar a cabo la enseñanza online, realidad que, según los estudios del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de FAD, afecta a un 20% de jóvenes.

Junto a esa brecha de acceso, entre la juventud hay que atender las brechas de uso ya que la variedad de formas de uso y el aprovechamiento de las posibilidades que brindan las TIC es mucho mayor entre jóvenes de clase alta y media alta, entre quienes tienen entre 25 y 29 años y entre jóvenes con estudios superiores.

En cuanto a la salud y la estabilidad emocional, tras el confinamiento, en el mes de julio de 2020, se ha observado un aumento de las sensaciones negativas, destacando la incertidumbre (28,9%, y 1,7 puntos más que en el mes de marzo), la ansiedad (22,6%, y 10,5 puntos de crecimiento en pocos meses) y el desánimo (19,5%, 9,6 puntos más).

En el seno de la pareja, las experiencias de violencia o acoso en la pareja, que se han agravado especialmente durante la pandemia, han afectado a más de 3 de cada 5 jóvenes. Principalmente, han aumentado las situaciones de control de la actividad (25,7%), el teléfono móvil (24,2%) y de las personas con las que se relacionan los y las jóvenes (16,1%), según el studio ‘Género, Vivencias y Percepciones sobre la Salud’, realizado junto con Fundación Mutua Madrileña.

UN PLAN DE RECUPERACIÓN QUE TENGA EN CUENTA A LOS JÓVENES

Para afrontar el impacto socioeconómico de la crisis posCOVID, la Unión Europea (UE) acordó la creación del Fondo Next Generation EU, conocido como Fondo de Recuperación Europeo, para contribuir a transformar el tejido productivo haciéndolo más sostenible, digital y resiliente.

En esta transformación, la FAD argumenta que los jóvenes tienen y tendrán un papel fundamental ya que el futuro de España pasa por contar con una juventud preparada, consciente de su capacidad transformadora, motivada para enfrentarse al futuro y formada en digitalización. En opinión de la directora general de FAD, Beatriz Martín Padura, «no podemos plantearnos un plan de recuperación del país sin tener en cuenta a los y las jóvenes. La juventud debe ser un foco prioritario».

Por este motivo, la FAD ha identificado, con el apoyo del Boston Consulting Group, los proyectos o líneas de actuación más acordes para optar a financiación del Fondo de Recuperación Europeo. Uno de los proyectos que se plantean como candidato a optar a esta financiación es ‘Educación Conectada’, proyecto de FAD y BBVA puesto en marcha en plena crisis COVID para fomentar la transformación digital del sector educativo a través de oportunidades formativas para docentes, familias y alumnos y de la mentorización para los centros escolares que inicien un plan de transformación digital.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el sacerdote jesuita de Gijón contra la sentencia de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Oviedo con sede en Gijón que le había condenado por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a siete años y tres meses de prisión.

La sentencia, que no es firme, y puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según la nota de prensa remitida por el TSJA.

Asimismo, el fallo judicial determina, entre otros motivos para desestimar el recurso, que «los hechos han sido correctamente calificados penalmente por la sentencia apelada, debiendo por tanto mantenerse el reproche jurídico en el que se mueve el proceso penal, al margen de consideraciones de otro tipo, no pudiendo asumir las conclusiones e interpretación que el escrito de recurso hace de manera interesada de esos mismos hechos».

Además, si bien en el recurso el ya condenado había apelado al largo tiempo transcurrido entre la denuncia, el 11 de enero de 2019, y la sentencia, el pasado 26 de febrero, el Tribunal recuerda que debido a la pandemia de la COVID-19 estuvieron suspendidos los plazos procesales.

Según el TSJA, al margen de lo anterior mencionado, el proceso penal se desarrolló dentro de los plazos normales de tramitación. «El único paréntesis sufrido fue el que transcurrió entre julio de 2019 y enero de 2020 en relación a unos dictámenes periciales que en todo caso el órgano judicial», se remarca, antes de insistir en que descartan que haya habido dilaciones indebidas, al contrario de lo expuesto por el jesuita en su recurso.

HECHOS PROBADOS

Cabe recordar que, de acuerdo al fallo judicial de la Sección Octava de la Audiencia, el sacerdote y profesor, en el curso escolar 2006/2007, cuando contaba 36 años, conoció a la alumna de primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de 12 años.

Al inicio del curso 2007-2008, estando en segundo de la ESO, la niña empezó a frecuentar el espacio conocido como ‘Llar’, destinado por el colegio al uso creativo y educativo del tiempo libre, entablándose entre ambos una relación cordial.

En aquella época la víctima, con 13 años, la menor atravesaba un momento difícil, pues estaba próximo el juicio de divorcio de sus padres y debía declarar.

Aprovechando esas circunstancias, el procesado se convirtió en un adulto de referencia para ella, teniendo un trato agradable, mostrándose muy comprensivo y haciendo que se sintiera una persona muy especial.

Además, sabedora de que mantenía conversaciones por medios informáticos con alumnos del curso, le solicitó ser agregada a su Messenger, intercambiándose ambos sus direcciones de correo electrónico.

Por este medio, comenzaron a tener diariamente largas conversaciones privadas en las que el acusado le decía frases inapropiadas, tales como «que la quería» «que no era de piedra» y la llamaba «solete» y «princesa».

En el curso 2008-2009, estando ella en tercero de la ESO, el jesuita fue destinado a Méjico y antes de marcharse (en septiembre de 2008), a modo de despedida y aprovechando la inmadurez emocional y situación de ascendencia creada sobre ella, se vio con esta en el ‘Llar’, donde, con ánimo libidinoso, la besó en los labios en dos ocasiones, en días distintos. Previamente, y más de una vez, en su despacho, le había acariciado los glúteos por encima de la ropa y besado en el cuello.

Durante su ausencia, le contó su historia a una amiga, pidiéndole que guardase silencio. También le dijo que se habían besado en la boca a su prima. Además, siguió comunicándose por correo electrónico y telefónicamente con él.

En mayo de 2009, el sacerdote regresó de Méjico, y ya finalizado el curso, en los meses de mayo y agosto, facilitó a la víctima, que tenía 14 años, el acceso al ‘Llar’ y a su despacho, lugares donde se besaban y acariciaban, recibiendo ella tocamientos en senos y glúteos por encima de la ropa.

También quedaban al anochecer para verse en el parque de Isabel la Católica o a pasear por el Muro de San Lorenzo o por el Puerto Deportivo de Gijón.

El 14 de agosto de 2009, noche de los fuegos artificiales, estuvieron viendo el espectáculo pirotécnico junto a la amiga de la víctima, la cual vio como el sacerdote abrazaba por detrás y besaba en la mejilla a la menor.

A finales del mes de agosto de 2009, fue trasladado a La Coruña. Desde allí realizó diversos viajes a Gijón en los que se vio con la menor.

Contando la adolescente con 15 años de edad, en lugares retirados como el Área Recreativa de Deva o la Providencia de Gijón, en el interior del coche de el acusado, mantuvieron relaciones sexuales consistentes en masturbaciones mutuas.

Durante el curso académico 2010-2011, cursando primero de Bachiller, continuaron relacionándose de forma clandestina en Gijón. También se vieron en los Encuentros de Pascua celebrados en Villagarcía de Campos (Valladolid), besándose apasionadamente en la habitación en presencia de su amiga.

El 31 de octubre de 2011, cursando ya segundo de Bachiller, con 17 años de edad, el acusado mantuvo con ella una relación sexual con penetración.

En febrero de 2012, la menor intentó romper la relación amorosa con el procesado, pero no le fue posible por la dependencia emocional tan grande que le unía a él.

Sobre el mes de mayo o junio de ese año, volvió·a intentar dejarlo, iniciando la joven en el mes de julio una relación sentimental con su actual pareja. No obstante, el jesuita le empezó a enviar cartas, y hasta el mes de septiembre siguieron teniendo encuentros de carácter sexual.

A consecuencia de estos hechos, la víctima la sufre un trastorno de tipo Ansioso-Depresivo, encontrándose en la actualidad a tratamiento.

El 14 de marzo de 2019, estando destinado el acusado en Logroño, fue denunciado en Comisaría por conductas inapropiadas con una alumna del Colegio Sagrado Corazón de la citada localidad.

Actualmente, tiene abierto un expediente de investigación previa en la Compañía de Jesús, en el que se han adoptado como medidas cautelares tales como: Desconectar su perfil de cualesquiera de las posibles redes sociales en las que esté activo; o Prohibición de mantener trato con menores directamente o por cualquier medio digital; y prohibición de ausentarse de la comunidad de Madrid-Cantoblanco sin permiso expreso del superior de la Comunidad.

Con anterioridad a la celebración del juicio oral, el procesado consignó la cantidad de 3.000 euros para pago de la responsabilidad civil.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha solicitado este miércoles la jubilación anticipada para todos los facultativos que realizan trabajo nocturno, ya que es uno de los aspectos más comprometidos para la salud del trabajador. Como un primer paso para conseguirlo, los responsables sindicales de Salud Laboral han acudido al Ministerio de Inclusión para presentar la solicitud y la documentación necesaria para iniciar el procedimiento.

Esta petición se ha realizado tras la presentación de un estudio, llevado a cabo por el grupo de nocturnidad del sindicato madrileño AMYTS y por los responsables de salud laboral de la Confederación, donde se observa que la nocturnidad influye negativamente en la salud al exigir al organismo mantenerse activo en momentos en los que está preparado para el descanso y la reparación física y psicológica.

Asimismo, afecta a la adaptación a los efectos de conciliación familiar, ya que el trabajo nocturno mueve al trabajador a un triple desajuste entre el tiempo de trabajo, el reloj biológico y el tiempo social, ha señalado Victoria Velasco, delegada de Prevención y Salud Laboral del sindicato madrileño, que ha explicado las peculiaridades del trabajo médico.

Respecto al desarrollo de problemas de salud se incide en alteraciones del equilibrio biológico (depresión, ansiedad, estrés, problemas de sueño, trastornos cardiovasculares, gastrointestinales o nerviosos, abuso de sustancias) o problemas relacionados con mayor incidencia de neoplasias, entre ellas el cáncer de mama, de próstata o colorrectal, además de que cada quince años de trabajo nocturno se produce un envejecimiento de unos cinco años.

Precisamente por las peculiaridades del trabajo médico nocturno, agravado en pandemia y por unas condiciones de descanso poco favorables (con camas compartidas y sin medidas higiénicas garantizadas) se considera que los trabajadores nocturnos facultativos deben acceder ‘antes’ a la edad de jubilación mediante un Real Decreto que garantice su protección a la salud basado en el procedimiento recogido en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre.

Previamente ha intervenido Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, quien ha explicado que esta petición es el primer paso de una carrera hacia algo muy importante como es este reconocimiento para los profesionales, y ha puesto cifras al cálculo sobre el cómputo de años cotizados de un facultativo que en su jornada ordinaria tiene actividad nocturna.

En el caso de los médicos, teniendo en cuenta las guardias como ejemplo, los profesionales comienzan con unos 4 o 5 años de especialidad MIR en los que hacen el equivalente a hasta 2 años más de trabajo que no se contabilizan. Al convertirse en adjunto, tarea que pueden desarrollar entre los casi 30 años hasta los 55 años, momento en el que se les permite poder dejar de hacer guardias, realizan en torno a otros 10 años de trabajo sumado a las jornadas ordinarias.

«Esto significa que cualquier médico, al llegar a los 60 años, tiene el equivalente a los 40 o 41 años en tiempo cotizado, de manera que si el sistema no cambia, cuando un profesional se jubila a los 65 años puede tener en torno a 50 años efectivos de trabajo. Si tienen este tiempo reconocido determinadas profesiones o los funcionarios de clase pasivas, qué menos que reconocer este tiempo de trabajo para que a los 60 años un médico se pueda jubilar de manera voluntaria sin sufrir una importante merma económica», sentenciaba.

La presentación, introducida por Gabriel del Pozo, secretario general de CESM que ha aprovechado para recordar que el colectivo médico sigue reclamando la declaración de profesión de riesgo, también ha contado con la presencia de Julián Ezquerra,

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que España continuará trabajando para recuperar la relación con Marruecos al tiempo que ha dejado claro que la posición del Ejecutivo respecto a la soberanía del Sáhara Occidental no ha «cambiado en nada».

En su intervención en el Foro de la Cadena SER Cantabria, Calvo ha dejado claro que ambos países tienen una «trayectoria de vecindad y relaciones prioritarias» que debe estar sostenida «con profundidad y lealtad». Eso sí, la relación tiene que construirse «sobre la confianza y el respeto».

«Lo que no puede tolerar el Gobierno de España es que se violenten nuestras fronteras y nuestras ciudades de Ceuta y Melilla», ha insistido la vicepresidenta, que ha reconocido que entendería que hubiera una reacción de Marruecos si España hubiese cambiado su posición sobre el Sáhara.

«Ahora vemos que el asunto de fondo es el Sáhara. Pero es que no hemos cambiado. Seguimos pensando lo mismo en relación al Sáhara, seguimos siendo un buen vecino por nuestras relaciones y lo queremos seguir siendo de la mejor manera. Esta es la verdad más profunda que hay», ha apuntado.

Calvo se ha expresado así después de que Rabat haya dejado claro que la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, no es la verdadera razón de la crisis diplomática, sino que el telón de fondo es la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a cambiar su postura respecto al Sáhara.

Precisamente, la vicepresidenta se ha referido a la salida de Ghali de España esta madrugada a las 01.30 horas en un avión que despegó del aeropuerto de Pamplona con rumbo a la capital de Argelia, Argel. Eso sí, unas horas antes el avión que partió de Argel con destino Logroño tuvo que dar la vuelta por instrucciones de los controladores militares, que a su vez le fue comunicada por los controladores civiles de Enaire, según fuentes del gestor de navegación aérea de España.

ESPAÑA TIENE QUE «DEFENDER LA TRANQUILIDAD» EN CEUTA Y MELILLA

En este sentido, Carmen Calvo ha negado que existiese una descoordinación y ha explicado que «a esas horas» Ghali estaba «compareciendo ante la Justicia española». «Tampoco el Gobierno tiene que saber si tiene o no el alta médica y cuando terminan sus relaciones con la Justicia», ha justificado.

Así, la vicepresidenta ha sostenido que «no había lugar a que hubiera un avión esperando a alguien salvo en el momento» que este terminase la comparecencia ante la Justicia. «Hasta que no ha ocurrido considerábamos que no tenía que haber nada porque no podemos impedir a alguien que entra en nuestro país que salga», ha añadido.

Por ello, y pese a la tensión de las últimas semanas, la vicepresidenta ha vuelto a insistir en el «pasado y futuro de colaboración» entre Marruecos y España, que siempre ha sido un «extraordinario paladín de los intereses» del país africano en la Unión Europea.

«Queremos relaciones absolutamente constructivas para unos intereses que son comunes. No nos vamos a mover de ahí, pero tenemos que defender nuestras fronteras y la tranquilidad de los compatriotas que viven en Ceuta y en Melilla», ha incidido Calvo en declaraciones a los medios.

En este contexto, y tras repetir que España no se va a mover de su posición, Calvo ha instado a trabajar «por el futuro de una relación que tiene que seguir siendo de vecindad, de confianza y de cooperación».

La nadadora Teresa Perales ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021 según ha hecho público este miércoles el jurado encargado de su concesión. Debido a la situación provocada por la pandemia de la COVID-19, la reunión se hadesarrollado mediante videoconferencia.

Esta candidatura ha sido propuesta por Gloria Fernández-Lomana, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2021.

María Teresa Perales Fernández nació el 29 de diciembre de 1975 en Zaragoza. Amante del deporte desde niña, practicaba el kárate hasta que, a los diecinueve años, perdió la movilidad en las piernas a causa de una neuropatía. Se diplomó en Fisioterapia y se formó en coaching profesional, al tiempo que encontró en la natación un nuevo deporte en el que competir. Desde 1998 forma parte de la élite de la natación y es una de las deportistas paralímpicas en activo más laureadas.

Convertida en un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono del deporte paralímpico internacional, Teresa Perales comenzó su trayectoria en la natación adaptada en 1997 al participar en su primer Campeonato de España, donde ganó una medalla de oro y otra de bronce.

Con varios récords de España y numerosas preseas en los Nacionales, Perales ha conseguido en los Europeos de 1999, 2001, 2003, 2011, 2014, 2016, 2018 y 2021 un total de 43 medallas (12 oros, 21 platas y 10 bronces). En su participación en los mundiales de 1998, 2002, 2006, 2015, 2017 y 2019 obtuvo 5 mejores marcas y ganó 22 medallas (4 oros, 10 platas y 8 bronces).

En los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 -en los que fue la abanderada del equipo español- y Río 2016 logró un total de 26 medallas (7 oros, 9 platas y 10 bronces). Tras su participación en Pekín, fue elegida miembro del Consejo de Atletas del Comité Paralímpico Internacional, cargo que ocupó hasta 2016.

También ha desempeñado cargos públicos, como diputada del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, directora general de Atención a la Dependencia del Gobierno de Aragón, asesora del Departamento de Servicios Sociales y Familia y asesora del Área de Fomento y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza. Además, ha participado en el grupo de expertos que elaboraron el Plan Integral de la Actividad Física y el Deporte en España 2010-2020 y colabora con diversas organizaciones no gubernamentales.

Ha publicado los libros ‘Mi vida sobre ruedas’ (2007), escrito junto con su marido, y ‘La fuerza de un sueño’ (2014), y participó en la obra colectiva ‘Cuentos para ser felices ¡por narices!’ (2014).

Doctora honoris causa por la Universidad Miguel Hernández (Elche, 2017), Perales es miembro de la Real Orden del Mérito Deportivo de España en las categorías de Bronce, Oro y de Gran Cruz. Además, ha obtenido numerosos reconocimientos entre los que destacan las medallas al Mérito Deportivo del Gobierno de Aragón (2000) y del Ayuntamiento de Zaragoza (2004).

Es Hija Predilecta de la ciudad de Zaragoza y en 2008 recibió la Medalla de Defensora y Heroína de la Fundación de ‘Los Sitios de Zaragoza’. También tiene el Premio a la Mejor Deportista Paralímpica Diario As (2008), el Premio de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (2013), el Premio Marca Leyenda (2015), el Premio Infanta Sofía de los Nacionales del Deporte (2016), la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2017) y la Orden Olímpica del Comité Olímpico Español (2019).

Es, además, miembro del consejo asesor de la Fundación Princesa de Girona, embajadora de la Fundación Telefónica, imagen de la Fundación Renault para la movilidad sostenible y la inclusión, y patrona de la Fundación Sanitas.