WWF ha alertado de la disminución «alarmante» de tigres en libertad en todos los países del área de distribución de este felino en el sudeste asiático continental, con motivo del Día Mundial del Tigre, que se celebra este jueves 29 de julio.

Según precisa la organización, la población de tigres salvajes ha caído en la región desde 2010, precisamente el año en que se estableció la meta mundial de duplicar el número de tigres silvestres del mundo para 2022.

Durante los últimos 25 años, según indica WWF, los tigres se han extinguido en Camboya, Laos y Vietnam, y ha habido una disminución significativa en Malasia, Myanmar y, en menor medida, en Tailandia.

«Las poblaciones de tigres en el sudeste asiático han disminuido a un ritmo alarmante a pesar de las promesas mundiales de aumentar las cifras hace una década. Pero no es demasiado tarde si hoy se toman medidas urgentes para dotar de recursos y gestionar los últimos baluartes del emblemático gran felino de Asia», apunta el líder de la Iniciativa Tigres Vivos de WWF, Stuart Chapman.

Según señala, países como India, Nepal y Rusia han demostrado que, con las intervenciones adecuadas, las poblaciones de tigres pueden recuperarse y, en algunos casos, «duplicarse» en un período de tiempo relativamente corto. «Con suficiente hábitat conectado, presas y protección contra la caza furtiva, los tigres pueden regresar», ha añadido.

Entre las mayores amenazas para este felino, según WWF, se sitúan en primer lugar las trampas, de las cuales se estima que hay 12 millones en el suelo en las áreas protegidas de Camboya, Laos y Vietnam, países donde ya están localmente extintos.

Otras amenazas importantes incluyen la pérdida de hábitat debido al desarrollo de infraestructura, la tala ilegal, la expansión de la agricultura, y el comercio ilegal de tigres y sus partes, tal y como enumera la ONG.

El equivalente a 1.004 tigres enteros fue incautado entre 2000 y 2018 en el Sudeste Asiático, mientras se estima que 8.000 tigres están en cautividad en China, Laos, Tailandia y Vietnam, «lo que continúa socavando la aplicación de la ley y estimulando la demanda de productos de la especie», según advierte WWF.

Si bien, también existen historias de éxito. Por ejemplo, las patrullas contra la caza furtiva lideradas por miembros de la comunidad indígena en el Complejo Forestal Belum Temengor de Malasia han contribuido a una reducción del 94% en las trampas activas desde 2017.

Por otro lado, en Tailandia, los tigres se están dispersando desde el Santuario de Vida Silvestre Huai Kha Khaeng hacia otras áreas protegidas gracias a la gestión y conectividad de áreas protegidas.

«La colaboración entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales, los socios corporativos y las comunidades locales ya ha reducido la caza furtiva en el Complejo Forestal Belum Temengor de Malasia. Ahora necesitamos ampliar esto en todo el país y combinarlo con una fuerte voluntad política e inversión«, ha remarcado Sophia Lim, directora ejecutiva y CEO de WWF-Malasia.

Según ha subrayado, «la recuperación de los tigres también ayudará a mitigar el cambio climático, protegerá las áreas de captación de agua, reducirá el impacto de los desastres naturales y proporcionará medios de vida para las comunidades locales».

WWF recuerda que los gobiernos de esta porción del continente tienen la oportunidad de revertir esta tendencia respaldando un Plan de Acción para la Recuperación del Tigre del Sudeste Asiático, que se presentará en la IV Conferencia Ministerial de Asia sobre la Conservación del Tigre. Esta será organizada por el gobierno de Malasia en noviembre.

El plan incluye la propuesta de aumentar los presupuestos de las áreas protegidas, incluidos los guardaparques en el terreno, y la supervisión política de alto nivel para la conservación del felino a través del establecimiento de Comités Nacionales del Tigre presididos por el jefe de gobierno. La ONG espera que el plan también incluya la identificación de oportunidades para la reubicación y reintroducción de tigres y aborde el comercio ilegal de tigres y sus partes.

Algunas de estas medidas se han adoptado con éxito en otros países. India, por ejemplo, está aplicando las mejores prácticas en la gestión de áreas de conservación de tigres, con el anuncio de 14 sitios aprobados bajo los Estándares de Conservación Asegurada del Tigre (CA|TS por sus siglas en inglés), una herramienta de conservación que establece estándares para gestionar las especies objetivo y evaluar el progreso.

Actualmente, hay más de 100 sitios CA|TS en todo el mundo, que cubren más del 70% de la población mundial de tigres, con sitios registrados en Bangladesh, Bután, China, India, Malasia, Nepal y Rusia.

La Federación de Enseñanza de CCOO reclama medidas urgentes para afrontar el déficit estructural de plazas públicas en Formación Profesional que, según el sindicato, se da en algunas comunidades autónomas.

En concreto, el sindicato propone una comisión de seguimiento para garantizar que los fondos destinados a la FP aseguren el derecho a la educación y no excluyan a nadie del sistema educativo; una oferta de FP en todos los institutos de Secundaria; el refuerzo de los departamentos de Orientación de los IES con figuras como el Profesorado de Servicios a la Comunidad y de Formación y Orientación Laboral que permitan impulsar la orientación académico-profesional y facilitar la ayuda necesaria; y el seguimiento en los procesos de prematrícula y matrícula del alumnado, especialmente en los Ciclos Formativos de Grado Básico y Grado Medio.

Junto a estas medidas, el sindicato también insta a impulsar la formación permanente del profesorado de FP, tanto presencial como a distancia, en todo el Estado; la profundización de las estancias en empresas y la implementación del «año sabático de formación» para los docentes de Formación Profesional, que permita su actualización, tanto en empresas punteras en los distintos sectores productivos, como en centros y departamentos universitarios.

Igualmente, CCOO exige la negociación rápida de todos los aspectos relacionados con el profesorado de FP en el ámbito del desarrollo de la LOMLOE y de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (en la que trabaja el Gobierno), especialmente en lo que concierne al profesorado técnico de FP.

Además, desde CCOO señalan, al menos, cuatro cuestiones que son de competencia exclusiva de las administraciones educativas y que la nueva Ley debería reconocer y abordar como prioritarias: dar cumplimiento al artículo 109 de la LOMLOE, ofreciendo las suficientes plazas públicas para esta etapa; más inversión pública en la FP, empezando por la orientación académica y profesional en la ESO, y especialmente en la oferta de ciclos de Grado Medio; la incorporación de las medidas de inclusión y contra la segregación del resto de etapas en la FP; y más inversión pública en la oferta modular de FP en los centros de adultos.

Según denuncia el sindicato, «la exclusión en esta etapa educativa afecta desproporcionadamente al alumnado perteneciente a la clase obrera, procedente de familias más desfavorecidas económicamente, migrantes o de determinados orígenes étnicos que optan por estudios profesionalizadores».

Tal y como recuerda el sindicato, durante el curso 2020-2021, la FP fue la etapa educativa con mayor incremento de alumnado en todo el Estado, con 46.494 estudiantes más respecto al anterior para un total de 934.204, muy superior al incremento de la ESO, cifrado en 29.939 para un total de 2.041.928. Además, con los datos de preinscripción actual para el curso que viene, se confirma la tendencia de aumento exponencial de alumnado en la FP, que probablemente se verá incrementado por la crisis provocada por la COVID-19 y el retorno al sistema educativo.

Sin embargo, CCOO asegura que la falta de previsión y planificación de las administraciones en la programación de la oferta pública en esta etapa deja fuera a miles de estudiantes de la opción deseada, y demuestra una desigualdad y desequilibrio estructural en las praxis educativas que perjudican y segregan al alumnado con menos recursos que opta por el itinerario de FP.

CENTROS PRIVADOS QUE «SUPLANTAN» LA OFERTA PÚBLICA

Para este sindicato, gran parte del alumnado que no puede acceder a su opción deseada por falta de oferta acaba abandonando los estudios o pagando por ellos en centros de titularidad privada que, según CCOO, han proliferado «exponencialmente» los últimos años «suplantando la oferta pública en formato presencial y especialmente a distancia».

En esta modalidad, los estudios de Grado Medio han tenido un incremento de un 81,65% en seis años, durante los que ha aumentado el 30,9% de la matrícula en la pública y el 2.565% en centros privados. Por su parte, el Grado Superior ha crecido un 112,29% en seis años, subiendo un 42,44% de la matrícula en centros públicos y un 1.112,42% en la privada, según CCOO.

El sindicato pone de ejemplo la situación de comunidades como la de Madrid, que en apenas 10 años el alumnado que estudia FP en centros concertados ha pasado del 27% al 44%, o la de Cataluña, cuyo déficit estructural acumulado durante años, con un abandono educativo temprano en la FP de Grado Medio que ronda el 40%, puede estar dejando en la calle a 20.000 jóvenes o teniendo como única opción la vía de pago para estudiar.

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, presidirá la delegación de las Cortes Generales en el VII Foro Parlamentario Hispano-Polaco que se celebrará este viernes en Breslavia.

La delegación de la Cámara Baja está formada por las vicepresidentas segunda y tercera, Ana Pastor (PP) y Gloria Elizo (Unidas Podemos), respectivamente; por el secretario cuarto de la Mesa, Adolfo Suárez (PP); la presidenta de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea, Susana Sumelzo; y por el portavoz del PP en esa comisión, Rubén Moreno.

En nombre de Senado, participarán la secretaria cuarta de la Cámara Baja, Cristina Ayala (PP), el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Antonio Gutiérrez (PSOE), y por la portavoz adjunta del PP en esa comisión, Salomé Pradas.

La mariscal de la Dieta de la República de Polonia, Elzbieta Witek; el mariscal del Senado de la República de Polonia, Tomasz Grodzki; la presidenta del Congreso y la secretaria cuarta del Senado, Cristina Ayala, serán los encargados de inaugurar a las nueve de la mañana del viernes este foro, en el que se celebrarán varias sesiones de trabajo.

La primera versará sobre «Iniciativas subrregionales de integración como factores de refuerzo de la cohesión de la UE (incluidas la Iniciativa de los Tres Mares, el Grupo de Visegrado y la Europa de los Cárpatos)».

CUATRO SESIONES DE TRABAJO

La presidenta del Congreso moderará, a partir de las diez y cuarto de la mañana, la segunda sesión de trabajo, titulada «La Conferencia sobre el Futuro de Europa y el papel de los parlamentos nacionales», y en la que intervendrá Rubén Moreno, portavoz del PP en la Comisión Mixta para la Unión Europea.

En la tercera sesión, «Los Planes Nacionales de Recuperación – implicación de los parlamentos nacionales en la recuperación de las economías tras la pandemia de la Covid-19», tomará la palabra la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, y la presidenta de la Comisión Mixta para la Unión Europea, Susana Sumelzo.

A partir de las 14:45 tendrá lugar la cuarta sesión de trabajo, sobre «La Política Europea de Vecindad desde la perspectiva de los estados fronterizos de la UE», que contará con la intervención de Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso.

La jornada concluirá a las 15:15 horas con la Firma de las Conclusiones del VII Foro Parlamentario Hispano Polaco y la clausura, en la que tomará la palabra también la presidenta del Congreso. Está previsto que el foro concluya con un concierto de órgano en el salón principal del Foro Nacional de Música.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha mostrado convencido este jueves de que el PP y Vox de Ceuta llegarán a una posición «responsable» para el futuro de lal ciudad autónoma, que pasa por «no compartir las tesis del país vecino» sino por «reivindicar la españolidad» de Ceuta.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa de balance del curso político en la sede del PP, al ser preguntado por la iniciativa que ha presentado Vox en Ceuta para revocar la declaración de «persona non grata» al líder de ese partido, Santiago Abascal, y si le pedirá al presidente de Ceuta, Juan Vivas, que se posicione contra esa declaración.

El jefe de la oposición ha señalado que él ha «escuchado al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta decir que estaría encantado de hablar con Santiago Abascal cuando él visite Ceuta o en cualquier otro momento».

«Y estoy convencido que tanto el PP de Ceuta como Vox en Ceuta llegarán a una posición responsable para el futuro de esta ciudad autónoma y es no compartir las tesis del país vecino sino compartir las tesis de que la mayoría de los partidos ha reivindicado la españolidad y la integridad territorial del reino de España con Ceuta y con Melilla, que son ciudades españolas hace muchos siglos», ha resaltado.

ESTABILIDAD EN ANDALUCÍA

En cuanto a si cree que lo ocurrido en Ceuta puede afectar a la estabilidad de gobiernos como el de Andalucía, después de que Vox haya dicho que no negociará los Presupuestos en esa región y haya pedido adelantar ya las elecciones, Casado ha indicado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dicho que la legislatura es «estable», «tiene los Presupuestos aprobados y gran parte del programa electoral se ha cumplido».

«Creo que esa estabilidad es lo que los andaluces están destacando por parte del Gobierno de la Junta», ha manifestado el líder del PP, si bien ha admitido que en todo caso la convocatoria de elecciones es una decisión que corresponde al presidente de Andalucía, que hará lo que estime «oportuno».

APELA A AGLUTINAR EL VOTO DE CENTRODERECHA EN TORNO AL PP

Al ser preguntado si solo percibe a Vox como un apoyo parlamentario para que el PP gobierne o estaría dispuesto a gobernar con ellos, Casado ha asegurado que en Galicia y en Madrid se ha visto que tienen «mayorías suficiente de gobierno» cuando el PP es la «alternativa de Gobierno a Sánchez que aglutina los votos de todo el centroderecha e incluso recibe votos de socialdemocrátas traicionados por los pactos de Sánchez con Bildu y ERC».

«Nuestra posición es que cuando haya que ir a las elecciones, ir con nuestro programa y plantear una amplia mayoría que nos permita desarrollarlo sin ningún tipo de cortapisas y eso se hace ganando a Sánchez, echándolo del Gobierno y aglutinando una mayoría suficiente para no depender de otros partidos».

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes de semana en Salamanca y a la que no asistirá, porque considera que «los fondos (europeos) no se deciden con una intervención de 5 minutos del presidente de la Generalitat».

En declaraciones este jueves tras visitar la zona afectada por el incendio de Santa Coloma de Queralt (Tarragona), ha asegurado que los fondos europeos se deciden «con trabajo conjunto, con trabajo compartido».

Lo ha dicho después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya lamentado su ausencia en la Conferencia y haya añadido que debería ir porque se tratarán temas «muy importantes».

Aragonès ha asegurado que el Govern llevará el tema de los fondos a la comisión bilateral del lunes «y todos los otros ámbitos de interlocución con el Estado», pese a que el Gobierno ha descartado incluir los fondos europeos en el orden del día de ese encuentro.

«Cataluña tiene muchos proyectos, tiene una gran capacidad de intervención y tiene todo el derecho a recibir los fondos necesarios para hacer esta reconstrucción verde, digital y que llegue al conjunto del territorio y con equidad», ha defendido Aragonès.

«MÁXIMA PREVENCIÓN»

En relación a la vista a la zona afectada por el incendio, Aragonès ha hecho un llamamiento a la «máxima prevención» y ha concretado que en este 2021 se han declarado 392 incendios en Cataluña, tres veces más que en el mismo periodo del año pasado.

Así, ha asegurado que los Presupuestos del 2022 incluirán líneas de apoyo a la recuperación de los bosques y, en esta misma línea, ha defendido que «ahora es el momento de hacer la planificación» para evitar incendios en el futuro.

Ha explicado que desde Políticas Forestales están preparando reuniones en los próximos días para abordar conjuntamente entre las administraciones y los propietarios de los terrenos: «Colaboraremos para que las actuaciones que se acuerden se puedan hacer con la máxima rapidez posible».

El instructor de ‘Kitchen’, la pieza sobre un supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas dentro de la macrocausa contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, explica en el auto por el que da por cerrada su investigación sobre este asunto las razones por las que rechaza imputar al que fuera director general de la Policía Nacional durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Ignació Cosidó. Su imputación do había sido solicitada por Anticorrupción, si bien el juez Manuel García Castellón encuentra este interrogatorio «innecesario e inútil» y le deja fuera de la lista de procesados.

En su escrito, la Fiscalía señalaba que, además de los mandos de la cúpula policial implicados en la trama, otras actuaciones realizadas en el curso de la investigación venían a poner de manifiesto «la posible implicación de responsables políticos y gubernamentales en la ideación,puesta en marcha, desarrollo y control de esta ilícitaoperación policial», y en este punto señalaban a Cosidó.

Según los fiscales, la posible participación en los hechos del espionaje a Bárcenas del director general de la Policía en aquellas fechas, Ignacio Cosidó, había sido puesta reiteradamente demanifiesto en las declaraciones prestadas por Villarejo y por el que fuera responsable exponsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), Eugenio Pino.

Para García Catellón, sin embargo, llama la atención «la generalidad de los términos en que se formula la petición, sin referencia a dato, indicio, expresión o afirmación concreta alguna que permita sostener laimputación de esta persona».

PRIMERO, EL INDICIO

Contrariamente a lo que sostiene el Ministerio Fiscal, el juez entiende que el denominado juicio de inferencia «debe ser justo el inverso», es decir, obtener primero indicio que incrimina al sujeto, y posteriormente citarle para informarle de su presunta participación enlos hechos investigados «y ofrecerle la posibilidad de explicarse».

En el caso de Cosidó, sin embargo, el juez entiende que no existe ningún elemento indiciario que, desde la provisionalidad de estemomento procesal, permita sostener la imputación, como lodemuestra la misma omisión sobre indicios concretos que sedetecta del escrito del Fiscal.

ENEMISTAD CON MARTIN BLAS

Así, y revisadas las actuaciones, las únicas referencias a Cosidó apunta que proceden de las conversaciones transcritas de Villarejo en el que éste expresa su malestar respecto al director general debido a su cercanía con otro de los comisarios, Marcelino Martín Blas, persona con la que el comisario ahora jubilado «guardaba una notoria enemistad».

En este punto, el juez recoge una anotación de Villarejo que aparece en su agenda el 7 de marzo de 2013, en el contexto de un supuesto plan «sobre LB», tras la entrada ‘CHISCO’, denominación que se relaciona con el entonces secretario general de seguridad Francisco Martínez.

«Cosi habla con todos y dice que no tienen que hacer algo que en conciencia no proceda», señala esta anotación, a la que el juez no da importancia porque tras apuntarla señala que la citación del ex responsable político de la policía «se aprecia innecesaria einútil».

«El motivo que sustenta la innecesaridad de la solicitud, enesencia -concluye el juez-, descansa en la falta de indicios que justifiquen este llamamiento, revisadas las actuaciones, pues ninguna de las diligencias practicadas permite inferir con objetividad su participación en la operación».

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha concluido que no hay nada que permita sostener que el comisario José Manuel Villarejo tuviera «comunicación directa» con «ningún presidente o primer ministro», descartando así la versión ofrecida en sede parlamentaria y judicial por el agente, según el cual enviaba SMS a Mariano Rajoy para mantenerle informado sobre el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Así lo ha expuesto en un auto emitido este jueves, con el que ha puesto fin a la investigación sobre el espionaje que se habría organizado entre 2013 y 2015 desde el Ministerio de Interior, con medios policiales y fondos reservados, contra Bárcenas y su entorno para robarles toda la documentación comprometedora que pudieran guardar sobre el PP y sus dirigentes de modo que no llegara a la Justicia.

Villarejo contó al magistrado que en un momento determinado le dieron un número de teléfono que pertenecía a Rajoy porque el entonces presidente del Gobierno no se fiaba de la información que le llegaba del Ministerio de Interior sobre el espionaje a Bárcenas y quería un canal de comunicación más directo. Y, para probarlo, dio al juez cinco números de teléfono, de los cuales la mayoría corresponderían a Villarejo y al menos uno al antiguo inquilino de La Moncloa.

García-Castellón ordenó el pasado 19 de julio a la Unidad de Asuntos Internos que indagara si este tráfico de mensajes existió, si bien la Policía concluyó que «no se observa conexión alguna» entre los teléfonos intervenidos y el que supuestamente usaba Rajoy.

En consecuencia, el instructor ha señalado que «ninguna diligencia que se ha practicado hasta el momento permite sostener que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro».

«Desde la experiencia de más de cuarenta años de ejercicio profesional de este instructor, no resulta desconocido que un investigado que acapara una enorme atención mediática, trate de buscar conexiones con toda clase de personajes, hechos históricos o acontecimientos, en un afán desmedido por ganar notoriedad y repercusión, pero el derecho procesal y la seriedad del juicio penal están por encima de este tipo de frivolidades», ha apostillado el juez.

UNA PETICIÓN «IMPERTINENTE»

Pese a ello, el Ministerio Fiscal pidió al magistrado que siguiera investigando este asunto, planteándole en concreto que, «por medio de la unidad policial investigadora, se requiera al representante legal del Partido Popular para que informe sobre la persona o personas que tuvieran asignado como teléfono corporativo el uso del número» que Villarejo atribuye a Rajoy.

García-Castellón ha sido tajante en su respuesta: «Se trata de una diligencia impertinente, en cuanto que no guarda conexión con el objeto del presente procedimiento».

«Frente a las abultadas diligencias que sitúan el ámbito de la planificación, dirección, desarrollo y ejecución de la operación investigada en el ámbito del Ministerio de Interior, se interesa una diligencia que no guarda conexión», ha enfatizado.

Además, ha ahondado, «la diligencia se interesa en el más absoluto vacío indiciario», dado que estos números de teléfono solo cobran relevancia porque es Villarejo quien los menciona, siendo «el único» que habla de ese supuesto número de Rajoy, «del que no hay rastro alguno en la causa».

«Que el teléfono que haya citado hubiera sido titularidad de un partido político nacional no aporta nada relevante, pues no es difícil acceder a un dato de esta clase por fuentes abiertas, ni mucho menos para quien se dedicaba profesionalmente a una actividad como la que desempeñaba el señor Villarejo», ha argumentado.

SOLO SOSTENIDO POR VILLAREJO

Con todo, ha considerado «preocupante» que «se pretenda dar importancia a esta clase de cuestiones tres años después de empezar el procedimiento y cuando ya se ha alzado todo el secreto de la pieza».

«Es precisamente en estos casos cuando más necesaria se hace la valoración sosegada del magistrado, que no atiende a ningún interés de parte, sino que, desde un juicio ponderado de pertinencia, utilidad y necesidad, depura el procedimiento, separando lo relevante de aquello que ni aporta ni añade», ha ensalzado.

Y ha remachado añadiendo que, no obstante, la Fiscalía está en su derecho de «interesar más diligencias, en el caso de que se facilite algún número vinculado con cualquier otra institución, organismo, club, comunidad, grupo, conjunto o sociedad, buscando partícipes y cómplices allí donde le apunte (…) Villarejo».

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a un hombre a diez años y diez meses de prisión como autor de un delito de agresión sexual, con las agravantes de parentesco y de género, así como de un delito de malos tratos y otro de amenazas leves de género.

Además, el tribunal le ha impuesto la prohibición de aproximarse y comunicarse con su expareja durante un periodo de ocho años superior a la pena de prisión impuesta, así como cinco años de libertad vigilada. Contra el fallo cabe recurso de apelación.

Las juezas relatan en la sentencia que el acusado y la víctima convivieron desde febrero de 2017 hasta el 27 de abril de 2019, fecha en la que la mujer dio por finalizada la relación.

El condenado, sin embargo, no aceptó la ruptura y acudía en ocasiones a la vivienda de su exnovia, le enviaba mensajes y realizaba llamadas a su teléfono móvil, hasta que se vio obligada a bloquearlo. «Desde el inicio de la convivencia, el acusado dio muestras de un comportamiento controlador, posesivo y violento», destacan las magistradas en la resolución, en la que se deja constancia de las agresiones y amenazas.

El 17 de mayo de 2019, el hombre se presentó en la casa de la víctima y rompió uno de los cristales de la puerta, lo que motivó que la mujer, asustada, le dejase pasar. El tribunal considera probado que, una vez en el interior del inmueble, el acusado le propuso mantener relaciones sexuales y, ante la negativa de su expareja, la agarró por las muñecas y la arrastró hasta la habitación, donde, tras un forcejeo, la agredió sexualmente.

DECLARACIÓN «COHERENTE»

Las magistradas destacan en el fallo que la declaración de la víctima fue «clara, persistente, coherente y de peso en los aspectos sustanciales y decisivos, carente de incredulidad subjetiva o ánimo espurio y corroborada objetivamente».

Así, subrayan que «no consta ni se aprecia rasgo alguno en su personalidad que pueda afectar a su declaración, ni que existan razones que afecten a la credibilidad personal de la testigo o ánimo de resentimiento, venganza o animadversión contra el acusado».

Además, destacan que su testimonio ha sido corroborado por los policías que declararon en el juicio, por un audio de wasap que le envió el condenado tras la agresión sexual y por los informes médico-forenses, los cuales acreditan la violencia física, y psicológicos, que muestran las secuelas que sufre.

El fallo considera probado que el acusado, «con una inteligencia límite y sin repercusión en vida cotidiana, padecía un trastorno de personalidad con rasgos paranoides que no afectaron a su conciencia y voluntad en la comisión de los hechos».

El condenado deberá indemnizar a la víctima con más de 5.000 euros por los daños morales y las lesiones, además de pagar unos 1.220 euros al Sergas por los gastos de asistencia sanitaria generados.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a la reunión entre mandatarios que tendrá lugar este viernes en Salamanca –y que, insiste, «no» concibe como una Conferencia de Presidentes– con un decálogo de diez propuestas para combatir la pandemia, la crisis económica y el reto demográfico.

En el marco de la crisis sanitaria, Feijóo reivindicará la necesidad de que el Gobierno central «siga trabajando» para lograr la llegada de más vacunas contra la covid-19 intentando recuperar el nivel de suministro de junio, así como reconsiderar y ampliar, si es posible, el uso de la vacuna Janssen –sostiene que el protocolo español es más cauto de lo que determina la propia ficha técnica del fármaco–.

En concreto, dado que la ficha de la vacuna permite su uso en mayores de 18 años y la propia Estrategia Nacional de Vacunación admite su administración en este tramo de edad en ciertos colectivos, defenderá un acuerdo para someter a los órganos del próximo Consejo Interterritorial de Salud la posibilidad de habilitar la administración voluntaria de esta vacuna en esta franja de edad, previa firma de consentimiento informado.

Asimismo, quiere planificar la estrategia nacional de vacunación de los próximos meses. No en vano, la Xunta cree que la posible necesaria administración de una tercera dosis o el resultado de los ensayos clínicos de uso de la vacuna en menores de 12 años condicionarán «enormemente» el futuro del dispositivo de vacunación, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos como desde el logístico.

Feijóo también considera que la vacunación de menores tiene «un gran impacto en la organización de los protocolos de los centros educativos, por lo que el Gobierno central y las Comunidades deberían comprometerse a cerrar en el mes de agosto un calendario estimado en estos ámbitos para que los servicios sanitarios y los educativos puedan «planificar con antelación» la organización de estos procesos.

Sobre la aplicación para los certificados de vacunación, el dirigente gallego buscará, asimismo, un compromiso por parte del Gobierno central de desarrollar un sistema en las próximas semanas que permita leer el código QR del certificado emitido por la propia comunidad y de los emitidos en el resto de España y en otros estados miembros de la Unión Europea, así como avisar de su caducidad pasados los seis meses o mostrar la validez de las pruebas PCR o antígenos realizadas en las 48 o 72 horas previas.

Y tras el acuerdo alcanzado con la Xunta –que incluirá en su ley una disposición adicional para aclarar que la vacunación es voluntaria– que permitirá el recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica de salud, Feijóo reclamará una ley de pandemias y plantea que el Gobierno se comprometa a impulsarla en el próximo periodo de sesiones en las Cortes.

FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA

En el apartado económico, Feijóo planteará que se garantice que las comunidades gestionen el 50 por ciento del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y que se renueve el compromiso de Administración central con las autonómicas para «una salida cohesionada» de la crisis. En concreto, la Xunta quiere que se acceda a que las comunidades puedan tener participación en las ayudas destinadas a la política industrial.

También exigirá, como ya ha avanzado reiteradamente (con el foco en los Next Generation), «más coordinación, transparencia y objetividad» en el reparto de las ayudas europeas. La Xunta desearía que se acordase elaborar un calendario global de las conferencias sectoriales donde se concrete cuándo termina la asignación inicial de recursos.

Asimismo, el dirigente gallego planteará que Gobierno y comunidades acuerden fijar en breve los criterios de preparación y selección de las candidaturas en los proyectos público-privados y en los de carácter estratégico (Perte). También se pretende que el documento incluya datos acerca de la intensidad de las ayudas para que las compañías puedan evaluar el alcance de sus proyectos de inversión y financiación.

RETO DEMOCGRÁFICO

Y en clave de reto demográfico, Feijóo ve necesario reactivar los trabajos y retomar el diálogo en la estrategia nacional.

También propondrá, en décimo lugar, incluir a las comunidades como potenciales beneficiarias de las subvenciones para proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación que está diseñando el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El líder del PP, Pablo Casado, ha culpado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser el que bloquea la renovación de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los demás órganos constitucionales y le ha emplazado a «cumplir» con la Constitución y los estándares europeos.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa de balance del curso político, poco después de que el propio Sánchez haya emplazado al PP a proceder a esa renovación porque es una «obligación» que marca la Carta Magna y no el Gobierno.

Casado ha dicho que pueden proceder «mañana mismo» a esa renovación porque es el Gobierno el que la lleva «bloqueando tres años». «El que lo bloquea es quien se niega a cumplir con los estándares europeos y la previsión constitucional. Hoy decía Sánchez que había que cumplir con la Constitución, pues que cumpla él con la Constitución», ha enfatizado.

«YO NO SOY UN DEMAGOGO»

En este punto, el jefe de la oposición ha defendido que «los políticos saquen sus manos de la Justicia y se respete la independencia judicial y la separación de poderes», así como «los estándares europeos y la previsión constitucional de que los jueces elijan a los jueces».

Casado ha criticado que Sánchez responsabilice al PP de la situación actual. «Yo no soy un demagogo, como otros en cuanto a la renovación de los órganos constitucionales. Soy una persona responsable y que cumplo con mi palabra, no como otros», ha aseverado.

Al ser preguntado si el PP descarta que vaya a haber un acuerdo para renovar el CGPJ esta legislatura, Casado ha insistido en que el PP está «dispuesto a renovarlo mañana mismo si Sánchez cumple con lo que ha pedido Europa y establece la Constitución».

«No es tan difícil. Simplemente es hacer una ley, que se puede hacer en mes y medio, igual que ha hecho con la incompatibilidad para nombramientos en funciones del CGPJ», ha manifestado el presidente del PP.

Casado ha explicado que el proceso actual «ya está iniciado» desde el 5 de julio de 2018 y «no es retroactivo», por lo que «lo que hay que decir» es que «en lo sucesivo se va a renovar el Consejo General del Poder Judicial como establece la Constitución», con «ocho juristas elegidos por el Parlamento nacional y 12 jueces y magistrados elegidos directamente por los jueces y magistrados».

El líder del PP ha asegurado que esto «no es mucho pedir» porque, según ha recordado, eso es lo que decía el propio Sánchez cuando estaba en la oposición e «incluso fue a las elecciones con esto en su programa electoral». «Yo también. La diferencia es que yo cumplo y tengo palabra. Y él no», ha proclamado.

En este punto, ha dicho «no entender» por qué Sánchez quiere «incumplir su palabra y su compromiso», así como con lo que «le pide Europa y la Constitución». «Tendrá que explicarlo. Creo que es muy importante que todos hagamos un esfuerzo para desenmascarar las ‘fake news’. No es verdad que el PP lleve bloqueando esto tres años. Lo ha bloqueado Sánchez», ha reiterado.

RECUERDA LO QUE HA PASADO EN HUNGRÍA

Tras insistir en que hay que renovar los órganos constitucionales pero «con las condiciones que son los estándares europeos», ha avisado a Sánchez que a Hungría «le han bloqueado los fondos europeos por no cumplir con los estándares de la calidad democrática que exige Europa».

A su entender, eso fue lo que también llevó al Gobierno a retirar la proposición de ley que habían registrado PSOE y Unidas Podemos para rebajar las mayorías en el sistema de elección del Consejo y «poner al Poder Judicial a su servicio». «En Europa ahora mismo nadie le va a creer», ha manifestado, para acusar al jefe del Ejecutivo de «despreciar» la independencia judicial y la separación de poderes.

Pese a este cruce de reproches, Casado ha tendiendo la mano al Ejecutivo para alcanzar un pacto de «fortalecimiento institucional, respetando la Constitución y renovando los órganos» para hacer frente a «los ataques» del Gobierno a la Monarquía, la Transición, la Constitución y la Justicia.

GARCÍA EGEA, INTERLOCUTOR PARA RENOVAR EL CONSEJO

Fuentes de la cúpula del PP no cierran la puerta a que pueda producirse en algún momento esa renovación del Consejo General del Poder Judicial dado que, según alegan, el más interesado en que se lleve a cabo es el propio Gobierno y Pedro Sánchez.

En ‘Génova’ apuntan a posibles contactos que se puedan producir a partir de septiembre y señalan que en este asunto el interlocutor sigue siendo Teodoro García Egea, secretario general del partido. Aparte del secretario de Justicia e Interior, Enrique López, el ‘número dos’ del PP negoció hace meses con Félix Bolaños, hoy ministro de la Presidencia.

En el cuartel general de los ‘populares’ confían en que el Gobierno se comprometa a que en el futuro los jueces serán elegidos por los jueces y consideran que sus argumentos cada vez están calando más en los medios y en la opinión pública, mientras que la posición de Pedro Sánchez no se entiende, añaden las mismas fuentes.

La Secretaría de Estado para la Agenda 2030 y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) han firmado un convenio de colaboración con el fin de construir ciudades y pueblos más sostenibles, alineando los ámbitos de la arquitectura y el urbanismo en la implementación de las políticas aceleradoras de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.

En virtud del acuerdo, suscrito este jueves por el Secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, y el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, ambas instituciones colaborarán en todos aquellos proyectos, iniciativas y actividades que se consideren relevantes y de interés en el ámbito de la arquitectura y del entorno construido.

El objetivo es conseguir que los pueblos, ciudades y territorios respondan a los objetivos y retos de la Agenda 2030, es decir, que sean más sostenibles, inclusivos, resilientes, accesibles, amables y seguros, entre otros aspectos.

Para intercambiar información, conocimiento y experiencias, la Secretaría de Estado se incorpora, a partir de ahora, al Observatorio 2030 del CSCAE, única mesa permanente del sector de la construcción y la edificación en España dedicada a trabajar tanto en la mejora del sector, como del diseño, la planificación y la gestión urbanas con el fin de alcanzar los ODS.

Como miembro del Observatorio 2030 del CSCAE, la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 tendrá acceso a todas las actividades y programas que sean de su interés.

El convenio suscrito con el CSCAE también contempla la organización de jornadas técnicas y acciones formativas que giren en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin de ampliar su conocimiento por parte de la sociedad española. En este sentido, la accesibilidad universal será una de las líneas de trabajo.

El secretario de Estado para la Agenda 2030 ha destacado la necesidad de impulsar una planificación urbana más sostenible e integral en coherencia con la Agenda 2030 y las prioridades de la Estrategia de Desarrollo Sostenible siendo «una tarea de primer orden para conseguir ciudades más sostenibles e inclusivas que sirvan para poner en el centro la calidad de vida de sus habitantes, corregir las desigualdades y cuidar del planeta».

Por su parte, el presidente del CSCAE ha manifestado que con esta colaboración dan «un nuevo impulso a la implicación de la arquitectura y el urbanismo en la Agenda 2030, propiciando y facilitando la contribución de las actuaciones profesionales de los arquitectos en la consecución de los ODS y, a través de ellos, en el bienestar de las personas y el equilibrio medioambiental».

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha finalizado la instrucción de la pieza 15 de la Operación Tándem –el macrosumario por las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo–, y propone juzgar por delito de cohecho al exdirector de Seguridad de Mutua Madrileña Benjamín García Cañón.

En la misma pieza se juzgará al propio Villarejo y a su socio Rafael redondo por contratar a la empresa Cenyt del comisario jubilado para confeccionar un informe de solvencia sobre un expresidente de la entidad, un proyecto denominado «Autumm» por el que Cenyt percibió 16.000 euros.

En la fecha de elaboración del citado informe, en 2012, Villarejo era comisario de Policía en servicio activo, señala el auto, y de ahí el delito de cohecho por el que el directivo ha sido procesado.

El auto recoge los presuntos hechos delictivos que se iniciaron el 20 de octubre de 2009, cuando Villarejo, que se encontraba en activo, mantuvo una reunión con Benjamín García Cañón, jefe de seguridad de Mutua madrileña, en la que se habló ya del proyecto ‘Lump». Cenyt, empresa propiedad de Villarejo, elaboró un informe preliminar denominado «Lump-IF1», que tendría como objetivo fundamental salvaguardar losintereses de la mutua «ante una eventual situación deriesgo, como consecuencia de prácticas poco ortodoxas deciertas personas», de las que se citaba a varias personas, entre ellas el ex presidente de la compañía José María Ramírez.

Relata también el juez en su auto que Ramírez demandó a la compañía y los tribunales le dieron la razón, condenando a la Mutua al abono de abono de 13.994.720,60 euros. Así, y ante la vicisitud de que el ex directivo instase una ejecución provisional de la sentencia, y asesoradapor sus letrados, Mutua Madrileña solicitó, de manerainmediata y urgente, la confección de un informe de solvenciapatrimonial de Ramírez, que se encomendó a García Cañón. Éste se puso encontacto con el Grupo Cenyt, a quien encargó finalmente la elaboración del informe de solvencia.

El socio de Villarejo, Rafael Redondo, fue el encargado de hacer el informe que denominó «proyecto Autumn» y está fechado el 17 defebrero de 2012. En él se consigna un perfil sobre Ramírez sus datos personales, sus propiedades, su actividad profesional, las sociedades mercantiles administradas por él, los cargos antiguos que ostentó endistintas mercantiles, así como la profesión de sus familiaresmás cercanos.

Igualmente, se elaboró un dossier sobre sus hermanos -Ángel, Jorge, Antonio y Carlos-, sobre su esposa – Isabel Fernández García- y sus cuatro hijos -Isabel María, Alicia, Jorge Martín y José María-.

SE INVESTIGÓ SI PODRÍA RECURRIR

En el informe se concluía, según detalla el auto: «Por ello, como puede observarse, prácticamente el patrimonio familiar lo ha repartido entre sus hijos y no dispone de un significativo nivel de vida ni solvencia, para hacer frente a una posible reclamación, en caso de quefinalmente, en la siguiente instancia jurisdiccional no recibiera el respaldo que en la actual ha conseguido.

Se añadía que existían posibilidades de encontrar indicios de «actuaciones irregulares de esta persona» de las que se decía que, unavez obtenidos, «podrían rentabilizarse en cualquier medida,incluso en el ámbito judicial», a lo que se añadía que «para la consecución final de dichos objetivos, se necesitará la dotación de ciertos medios complementarios, según criterios a valorar conjuntamente», es decir, un precio más caro por seguir espiándole.

El Grupo Cenyt percibió 16.000 euros por la elaboración deeste informe; no obstante, si se le añade el IVA, el importefacturado arroja un total de 18.880 euros. El pago por elservicio se reflejó en tres facturas emitidas por el GrupoCenyt a cargo de mutua y en todas ellas aparece comodescripción del servicio «Estudios de solvencia patrimonial», con firma de Benjamín García Cañón.

La Fundación Biodiversidad ha lanzado la iniciativa ‘Itinerarios Emprendeverde’ con los que formará a 600 personas emprendedoras que tengan ideas de negocio sostenibles y que favorezcan la conservación de la biodiversidad y a la recuperación verde.

La iniciativa forma parte de la Red Emprendeverde, que coordina la Fundación Biodiversidad, y que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, con el objetivo de favorecer un impacto medioambiental positivo.

En 2021 podrán beneficiarse de Itinerarios Emprendeverde unas 200 personas que recibirán este servicio gratuito y on-line. Los participantes podrán desarrollar su idea de negocio de la mano de un equipo de formación, de entidades con amplia experiencia y con el apoyo de la REV, que se ha posicionado como la mayor red de emprendimiento verde en España, y que cuenta ya con cerca de 10.000 personas.

Según informa la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, podrán participar todas aquellas personas que quieran emprender, tengan una idea de negocio, bien desarrollada bien por definir, ya que habrá tres itinerarios de formación diferentes adaptados a las necesidades y momento en el que se encuentre cada proyecto: Ideación, Creación y Alumni.

Los seleccionados participarán en itinerarios online para conseguir una formación integral que les ayude a poner en marcha su empresa. Se impartirán materias de identificación de necesidades y oportunidades de negocio, desarrollo y testeo de prototipos innovadores y con impacto, definición de planes comerciales y comunicativos efectivos, generación de un plan económico-financiero factible y viable o desarrollo de habilidades como el liderazgo, la resiliencia o la negociación, entre otras.

La Fundación Biodiversidad evaluará las candidaturas y atenderá a criterios como la experiencia previa en emprendimiento y en economía verde o el grado de innovación, la viabilidad y el impacto de la idea de negocio.

Se dará prioridad a personas que pertenezcan a colectivos prioritarios como mujeres, jóvenes hasta 35 años, mayores de 45 años, personas inmigrantes, personas con discapacidad y residentes en áreas protegidas o zonas rurales.

La iniciativa busca promover la puesta en marcha de nuevas empresas viables y más resilientes, que contribuyan a una recuperación verde, a la conservación de la biodiversidad y a impulsar una transición ecológica más justa. Las personas que participen en estas formaciones contarán con el respaldo de la REV para dar difusión a su proyecto.

Por las formaciones de la Red Emprende Verde han pasado más de 500 personas desde 2016 cuyas iniciativas han dado lugar, por ejemplo: GreeMko (cálculo de impacto ambiental de las empresas), Ekomodo (accesorios elaborados con plástico reciclado), Ciclogreen (una app que fomenta la movilidad sostenible en la empresa) o Recircular (plataforma de conexión de empresas para la valorización de residuos).