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Ribera afirma que el Mar Menor «no admite» más desarrollo urbanístico ni agrícola

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el Mar Menor no admite más crecimiento urbanístico ni agrícola, sino que, al contrario se debe «rebajar la aportación» de estos al actual estado de la laguna salada.

Durante su comparecencia a petición propia en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, ha apelado la implicación «al máximo» y la actuación «de manera coordinada» de todos los actores y administraciones para recuperar el enclave de una situación «dramática» y con consecuencias sociales y económicas graves.

Ribera ha evitado debatir respecto a quién corresponde la responsabilidad del actual estado de la laguna salada porque considera que se debe trabajar y no perder «ni un minuto más» para solucionar el «inmenso drama que implica una catástrofe ambiental» que se ha producido «a cámara lenta» ante la «permisividad» e «incredulidad» de muchos actores.

Para ello, ha afirmado que el Mar Menor «no admite más desarrollos; no es posible el crecimiento ni urbanístico ni agrícola» para poder recuperar la laguna, al tiempo que ha insistido en que hay que trabajar para lograr levantar las hectáreas ilegales y restituir los terrenos.

Aunque ha recordado que las competencias ambientales y agrícolas son autonómicas no ha querido «entrar en un debate de quién es la competencia», sino en «poner coto de una manera rápida y eficaz contra el crecimiento del problema».

En ese sentido, ha celebrado que este mismo lunes ha obtenido el compromiso de los regantes para buscar soluciones y que el Gobierno de la Región de Murcia en la última semana «ha evolucionado mucho». No obstante, ha insistido en que el tiempo «corre en contra» por lo que el esfuerzo a realizar por delante «es inmenso».

En todo caso, considera que es «imprescindible» dar solución a la laguna salada con «la máxima participación social», escuchando de forma respetuosa a la ciencia, asegurando el respeto a la ley, con una leal cooperación institucional para evitar que los principales perjudicados sean los vecinos y los agricultores honestos.

«Las causas son claras y exigen respuestas muy concretas, pero muy respaldadas por el conjunto de la comunidad científica», ha comentado, aunque no ha querido entrar en confrontación con el Gobierno murciano, ha dicho que más allá de que la administración regional haya diagnosticado y descrito en el plan de actuación autonómico también «sería deseable» que además se aplicaran las medidas.

Ribera ha detallado las medidas acordadas la semana pasada con el Gobierno de Fernando López Miras y ha repasado todas las actuaciones que ha acometido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para identificar los regadíos ilegales, unas 7.800 hectáreas, reforzando con 28 efectivos la vigilancia en la confederación hidrográfica, iniciando expedientes sancionadores entre otras actuaciones para acabar con la ilegalidad que perjudica a la «máxima mayoría» de los agricultores murcianos.

Otra de las actuaciones detalladas son las medidas dirigidas a la restauración de la actividad minera abandonada para evitar que las escorrentías terminen llevando metales pesados al Mar Menor o un plan para de gestión de riesgos de inundación; actuaciones para restaurar la biodiversidad local y prevenir frente a especies invasoras para lo cual no descarta revisar y delimitar el dominio público marítimo terrestre o recuperar ocupaciones ilegales o una monitorización de la laguna para tener información en tiempo real sobre la vulnerabilidad de la laguna.

En la actualidad ha indicado que el MITECO destinará una inversión de 317 millones de euros ya presupuestados para atender a la laguna murciana pero «es muy probable» que requiera de inversiones adicionales aunque ha añadido que «se requiere» también por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de la Administración Regional de «una aportación equivalente».

Finalmente, se ha comprometido a escuchar a la sociedad civil y facilitar su participación en el proceso de regeneración de la laguna salada que sienten como propia y abandonada para lo que ofrecido su «compromiso» para establecer un «mecanismo de comunicación constante y permanente».

«NO MIRAR A OTRO LADO»

Por su parte, la diputada de Cs Carmen Martínez ha defendido al Gobierno en tanto en cuanto la competencia sobre el enclave y la responsabilidad de protegerlo es «regional» pero ha afirmado que independientemente de quien esa «responsable de la dejadez», el Ministerio «no puede mirar a otro lado» y debe tomar «cartas en el asunto».

Mientras, la diputada de Más País Verdes Equo Inés Sabanés ha definido lo ocurrido en el Mar menor como un ‘ecocidio’ o delito contra la naturaleza que ha causado un daño duradero y continuado a sabiendas porque distintas organizaciones ya lo habían denunciado y ha añadido que la situación «no es de competencias sino de incumbencias» que sí afectan a todos.

En una línea de mayor confrontación, el diputado de Vox Luis Gestoso ha reprochado a Ribera que en su visita de la semana pasada a Murcia «no tuvo dignidad de reunirse con los agricultores ni con los regantes» porque, en su opinión, la «finalidad» del Gobierno es «acabar con la agricultura» del Campo de Cartagena, acabar con el debate y por eso tanto el Gobierno como el presidente del PP, Pablo Casado, han convertido el Mar Menor «en un caldero» para ponerse «en plan ‘Nunca Mais’ y buscar así un caladero de votos, frente a Vox que es «el único que tiene soluciones» para el enclave, que ha detallado pormenorizadamente.

Por su parte, el diputado del PP Teodoro García Egea ha afeado a Ribera que ha ido dos veces a Murcia «a dar el pésame», cuando ha habido mortandaz de peces y opina que el Ejecutivo considera que «no merece la pena ayudar a la Región de Murcia» porque el PSOE es la tercera fuerza política y «no les votan».

García Egea ha expuesto las propuestas del PP para solucionar la cuestión como la apertura de las golas y las ramblas del Bujón, así como detener la llegada de agua del acuífero contaminado por nitratos y que no para de verter, algo que asegura que depende del Ministerio al ser este asunto competencia de la Confederación Hidrográfica. «Lo que entra en la rambla es de su competencia», ha afirmado García que ha solicitado a Ribera que ceda la competencia de la confederación al gobierno murciano.

A cambio ha ofrecido que el Gobierno de Murcia financiará el colector norte para que «ni una gota de agua contaminada» pueda entrar por la rambla del Albujón y una batería de medidas como exenciones fiscales, entre otras.

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro, ha lamentado que el Mar Menor ha sufrido «un ciclón al ralentí durante 40 años» en los que hay «muchos responsables» sin que de momento se estén tomando medidas contundentes. Así, ha pedido al Gobierno la protección del enclave a través de su declaración como Parque Natural como «medida inicial» que permitiría trabajar en el plan de ordenación del entorno.

En su respuesta, la vicepresidenta tercera ha expresado su sorpresa por las intervenciones de los representantes de Vox y PP. Así, ha calificado las palabras de Gestoso como «esperpénticas» y llenas de interés político local, poco ajustada a la realidad y contraria al respeto del conocimiento, la ciencia, a la ley y a los actores sociales.