La portavoz del Comité Organizador del 40º Congreso Federal del PSOE, Eva Granados, ha querido dejar claro este lunes que el ex edil socialista Antonio Miguel Carmona, nombrado ahora vicepresidente de Iberdrola, es solo «un militante de base» que «hace tiempo» que no representa ni al partido ni a su militancia, y que «nunca ha representando a la dirección actual».

«Él sabrá lo que hace, a nosotros no nos ha consultado y creemos que no es una buena decisión. La interlocución con las eléctricas, en un momento en que el Gobierno está haciendo una acción decidida para la rebaja de la factura eléctrica la tiene el Gobierno, y no el señor Carmona», ha afirmado la nueva portavoz del PSOE en el Senado.

Granados ha vuelto a mostrar así el descontento del partido por esta decisión, tal y como ya hizo este domingo el secretario de Organización, Santos Cerdán, y ha insistido en que la dirección «no sabía nada» al respecto ni fue consultada por Carmona.

«Si nos hubiera preguntado, le hubiéramos dicho que no. El Gobierno ya tiene una interlocución fluida con las eléctricas antes, durante y después de su nombramiento», ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz para dar cuenta de los preparativos del 40 Congreso que se celebrará en Valencia a partir del 15 de octubre.

Sobre el futuro de Carmona en el partido, Granados ha reconocido que desconoce si los estatutos del PSOE reflejan algún tipo de mecanismo que obligaría al ex edil a darse de baja como militante, ni tampoco ha respondido a la pregunta de si la dirección prevé iniciar algún tipo de procedimiento sancionador o de expulsión.

Tampoco ha respondido a la preguntada sobre si se plantean reformar los estatutos para impedir que esto siga pasando, y sobre por qué esté caso ha generado tanto malestar, cuando no es el primer exidirigente socialista que ficha por una compañía eléctrica.

«NO ES NINGÚN TIPO DE INTERLOCUCIÓN DE NADA»

Granados se ha centrado, de este modo, en dejar claro que, aunque no tienen nada en contra ni de Iberdrola ni de Carmona, se trata de un fichaje que no les ha gustado, y del que no tenían conocimiento, pero que no afecta al PSOE, porque se trata de una decisión individual del ex edil, sin representación en el partido.

«Militantes del PSOE hay muchísimos, sus decisiones son a título individual, no representan a esta casa, a la dirección actual y no es ningún tipo de interlocución de nada. Si nos hubiera preguntando, le hubiéramos dicho que no. Es su decisión individual, que ahí se queda», ha remarcado.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha expresado su deseo de que a partir del 9 d’Octubre decaigan el mayor número de restricciones posibles en la Comunitat Valenciana.

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios tras la entrega de los Premios Turisme, donde ha indicado que la Generalitat está analizando la situación epidemiológica con el objetivo de que el Día de la Comunitat Valenciana «se supere una frontera de restricciones y se acelere la normalización».

Preguntado sobre la obligatoriedad de la mascarilla, Puig ha indicado que se aplicará la decisión que tome el Consejo Interterritorial. «Es cómo se ha hecho la gestión en la Comunitat Valenciana, otras han decidido ir por su cuenta. No adoptar medidas ha tenido consecuencias», ha agregado.

Puig también ha explicado posteriormente en un acto en Castelló que, a partir del 9 d’Octubre habrá una «normalidad mejorada», y ha subrayado que decaerán todas aquellas medidas que no sea «estrictamente necesario». No obstante, para decidir, se está a la espera de los informes de Salud Pública y de los epidemiólogos, y -ha dicho-, en función de ellos, se decidirá, «pero la voluntad es que caigan todas las medidas no estrictamente necesarias», ha insistido.

PASAPORTE COVID

Preguntado por la posibilidad de que se pueda implantar el pasaporte Covid, el jefe del Consell ha señalado que existen dificultades desde el punto de vista legal para la aplicación del certificado Covid para la entrada en algunos eventos.

No obstante, ha indicado que «está claro que puede ser un instrumento que facilite la normalización». Al respecto ha apuntado que se están manteniendo reuniones con los sectores que pueden estar más afectados, como los festivales y el ocio nocturno. «Queremos que la normalidad llegue a los festivales a los grandes eventos deportivos y musicales, y queremos que sea lo más rapidamente posible, y por eso el certificado Covid es garantía de que aquellas personas que van a un lugar donde hay mucho contacto sepan que es seguro», ha añadido.

Según Puig, la vacunación ha sido el «gran activo» que ha permitido llegar a la normlaización, y ha explicado que «lo que hace falta es que ese porcentaje de personas que no se han vacunado -alrededor del 10 por ciento- tomen una decisión positiva para ellos y para toda la sociedad».

«Si en esta ola de la pandemia no hubiera habido el gran activo de la vacunación, hubiera sido la peor porque la variante delta ha sido mucho más contagiosa que las otras, por tanto la vacuna funciona y creo que no es razonable estar en una posición negacionista porque se pone en peligro su vida y la de los demás», ha concluido.

La portavoz del Comité Organizador del 40º Congreso Federal del PSOE, Eva Granados, ha sentenciado este lunes que lo único que ha conseguido el líder del PP, Pablo Casado, con la Convención que ha celebrado es reafirmar a su formación como la «derecha carca escorada en la ultraderecha», que dice «no a todo» y que ha renunciado a ser un partido de Estado «para acercarse a Vox».

«No hemos escuchado debatir de ideas, no hemos visto discursos, ha sido evidente que Casado ha montado una convención de apoyo a su persona, y si ese era el objetivo, tampoco le ha salido bien», ha asegurado Granados, en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del PSOE de la calle Ferraz para dar cuenta de los preparativos del próximo Congreso Federal de su partido.

Precisamente la dirigente socialista ha aprovechado sus críticas al PP para garantizar que ese cónclave del PSOE de mediados de octubre, que también se celebrará en Valencia, irá «en el sentido contrario» de lo que se escuchó en la Plaza de Toros de la capital valenciana, y estará centrado en «la buena política», que atiende a los «problemas de verdad» y «no habla mal de nadie», y huye de la «crispación».

Preguntada sobre si al PSOE le preocupa la gran afluencia a ese mitin del líder del PP en la Plaza de Toros de Valencia, con una asistencia de más de 9.000 personas, Granados ha dejado claro que, a su juicio, «el proyecto de Casado no llega a ningún sitio».

Según Granados, en la Convención del PP «han hablado mucho, pero han callado más», porque «se alimentan de la polémica y de las declaraciones ruidosas para hacer una cortina de humo que oculte su corrupción y su falta de propuestas de avance social».

«Solo tienen propuestas de regresión social, están en contra de todo lo que suponga un refuerzo al Estado del Bienestar. Incluso sus invitados les han puesto delante del espejo», ha apostillado, mencionando algunas de las polémicas que se han vivido durante la Convención itinerante del PP, como la ponente que reprochó la falta de mujeres en los coloquios organizados por el partido de Casado.

UN PP «EN CONTRA DE TODO»

En este sentido, la nueva portavoz del PSOE en el Senado ha criticado que el PP que sale de esa Convención sigue «en contra de todo» y «rechaza ser partido de Gobierno y de Estado», porque, entre otras cosas, siguen negándose a renovar los órganos constitucionales caducados, tal y como ha criticado Granados.

«En esa Convención sigue un PP que sigue menguando, que sigue radicalizándose y alejándose de las preocupaciones reales de las personas», ha asegurado. «Levantan polémicas inexistentes, y eso ya lo sabemos, porque es la práctica de Vox, adoptada ahora por el PP», ha enfatizado después.

En esta línea, ha asegurado que sus esperanzas para gobernar están puestas «en que el Gobierno cometa errores, que perjudicarían al conjunto de los españoles». «Menos contar con Vox, y más pensar en el bien común de los españoles», ha recomendado Granados.

CONGRESO DEL PSOE

En cuanto al 40º Congreso Federal que el PSOE celebrará en Valencia entre el 15 y el 17 de octubre, Granados ha informado de que se han presentado 10.500 enmiendas a la ponencia marco elaborada por la dirección, que ahora se llevarán a debate en ese cónclave y «enriquecerán» el texto original.

Asimismo, ha anunciado que participarán 1.082 delegados, de los cuales 530 son mujeres y 532, hombres, es decir «la misma representación», lo que garantiza, a su juicio, que será un congreso que «represente a la sociedad española».

La «plena igualdad» entre hombres y mujeres será precisamente uno de los ejes principales de ese congreso, junto a la necesidad de fortalecer el escudo social; crear más empleo de calidad; transformar la economía para hacerla «más robusta y más justa»; y avanzar en la transición ecológica, tal y como ha recordado la portavoz.

Además será clave, según Granados, la «cohesión social y territorial». «No hay progreso sin cohesión social y territorial, garantizar seguridad a todos, vivan donde vivan, eliminar la desigualdad es la primera prioridad del PSOE», ha ahondado.

El vicesecretario de Comunicación del PP, ha echado en cara al PSOE que «vuelva a la matraca» de que Pablo Casado es «radical» y «malísimo» y lo ha achacado a que está «nervioso» porque la «imponente» fotografía de la Convención Nacional del PP que concluyó este domingo en Valencia. Según ha añadido, son el PP «de siempre».

De esta forma ha respondido a la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, quien ha afirmado que el PP ha «renunciado a ser un partido de Estado para acercarse a Vox» y que están «menguando y radicalizándose». «Tenemos una derecha carca y que dice que no a todo lo que suponga una mejora para la vida de las personas», ha apostillado la dirigente socialista.

Ante esas palabras, Montesinos ha indicado que los socialistas están «muy nerviosos porque la fotografía de este domingo», con una plaza de toros con más de 9.000 personas, «fue imponente y ellos no la podrían conseguir».

«Estamos ante el PP de siempre, un PP que quiere puertas anchas para que venga desde el votante socialista descontento, ése que ya no quiere a Pedro Sánchez, hasta todo el votante de centroderecha», ha declarado en una entrevista en la Sexta.

«LOS ESPAÑOLES TIENEN CLARO QUIÉN ES EL RADICAL»

Por eso, Montesinos ha criticado que el PSOE «vuelva a la matraca» de que el PP es «radical» o «malísimo» cuando es Pedro Sánchez el que «pacta con Bildu» y con «quienes quieren romper la unidad nacional», al tiempo que tiene «comunistas en el Consejo de Ministros».

«Creo que los españoles tienen muy claro quien es el radical y el radical se llama Pedro Sánchez», ha manifestado, para insistir que el discurso de cierre del líder del PP le «sonó al Pablo Casado de siempre y al PP de siempre».

Además, ha señalado que Casado lanzó un «mensaje muy claro y rotundo» de que el PP está «preparado» y que tienen al PP «unido». A su entender, ése es el «mejor antídoto y la mejor fórmula» para que Sánchez salga del Palacio de la Moncloa.

«Entiendo que los señores de La Moncloa están muy nerviosos y que también lo esté Pedro Sánchez porque creo que ya está haciendo las maletas porque sabe que en cuanto pulse el botón rojo de las elecciones ni el CIS le va a salvar y tendrá que marcharse», ha declarado.

Montesinos ha indicado que el cambio político en España es «más necesario que nunca» y ha añadido que ése es el mensaje que han trasladado los líderes nacionales e internacionales que han pasado por la Convención Nacional del partido.

EL PP LLEVARÁ AHORA A LAS PROVINCIAS EL MENSAJE DE LA CONVENCIÓN

A partir de este momento, los vicesecretarios del partido se recorrerán España hasta diciembre para explicar el contenido de la Convención Nacional y seguir ensanchando el partido, según han informado fuentes del partido.

En ‘Génova’ hablan de que el cónclave ha supuesto «un chute de energía» y que sale un partido «más unido y más fuerte en torno a la figura de Casado, en busca de aglutinar a todo el votante de centroderecha y también al votante socialista descontento».

El PP ha recalcado que el plan de reformas esbozado por Casado en Valencia es el que «necesita España» y esta semana los parlamentarios del Grupo Popular darán ruedas de prensa en sus respectivas circunscripciones para acercar la convención a sus vecinos, han añadido las mismas fuentes.

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Bartolomé de Tirajana –en calidad de antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción– ha acordado prorrogar durante seis meses la investigación por la desaparición de Yéremi Vargas el 10 de marzo de 2007 en Vecindario.

El magistrado instructor ya acordó el pasado 2 de septiembre reaperturar las diligencias previas archivadas provisionalmente en octubre de 2017 en respuesta a una petición formulada en tal sentido por la acusación particular, personada en el caso en nombre de los padres de Yéremi, que tenía siete años la última vez que fue visto.

Ahora, tras recabar informe favorable del Ministerio Fiscal a la reapertura de la investigación, la autoridad judicial dispone la prórroga de la investigación durante seis meses –susceptibles de nueva prórroga– y se pronuncia sobre la batería de pruebas propuestas por la dirección legal de la familia del desaparecido, admitiendo unas y rechazando otras.

Entre las pruebas que se deniegan está la toma de declaración en calidad de testigo de la persona que entre 2015 y hasta el archivo provisional de la causa en 2017 figuraba como único investigado como presunto responsable de la desaparición de Yéremi Vargas, Antonio Ojeda, conocido como ‘El Rubio’.

«No cabe proponer la declaración como testigo de aquella persona contra quien se dirige la acusación», expone el magistrado instructor en el auto.

«En su caso», añade, «su declaración habría de ser como investigado, y lo habría de ser en el momento en el que existan pruebas o indicios suficientes para dirigir la investigación contra esta persona».

La autoridad judicial explica en el auto, hecho público este lunes, que admitir su declaración como testigo «sería amparar un entendimiento incorrecto, inadecuado y hasta fraudulento de las figuras procesales del testigo y el investigado», además de colocar «en un riesgo evidente» la actividad instructora que pudiese finalmente dirigirse contra Ojeda, obligándole a decir la verdad como testigo, cuando a la vez se sostiene que «es la única persona a investigar» y toda la prueba que se propone va dirigida a su imputación.

«Debe valorarse también», destaca el juez, «que no existe un autor conocido de los hechos investigados» y ahora mismo no hay «ninguna razón de ciencia y conocimiento de hechos o de personas relacionadas con los hechos» que motive su declaración como testigo en el estado en que se encuentran las actuaciones.

En el auto con el que el juez acordó el archivo provisional de las actuaciones el 27 de octubre de 2017, éste llegaba a la conclusión de que no había «medios de prueba, siquiera indiciarios» que «de un modo objetivo y razonable permitan dirigir la causa contra una persona o personas determinadas», y este criterio se mantiene vigente.

La resolución judicial sí admite la práctica de otras pruebas interesadas por la acusación particular, como la recuperación de la entrevista que una cadena de televisión le hizo al anterior investigado en marzo de 2015, la remisión al Juzgado de la historia clínica de Yéremi obrante en el Servicio Canario de Salud o la nueva toma de declaración de la madre del desaparecido.

La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha afirmado este lunes, en sede judicial, que la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en España el pasado 18 de abril fue legal. «Todo se ha hecho conforme a la Ley», ha dicho.

González Laya ha llegado al Edificio Fueros de Aragón de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza a las 12.59 horas acompañada por una letrada de la Abogacía del Estado, y ha entrado en la Sala 10, para declarar como investigada ante el juez Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa, que instruye el caso.

Tras prestar declaración durante una hora, la exministra ha indicado a los medios de comunicación que su intención es aportar todas las explicaciones que puedan ayudar a que el juez llegue pronto a la conclusión que ha guiado siempre su actuación, en este caso, de que todo se ha hecho «conforme a la Ley», lo que espera que Lasala «haga pronto.

«Es, un poco, el espíritu con el que he querido comparecer», ha continuado González Laya, quien ha insistido: «La entrada –de Ghali– se hizo, desde mi punto de vista, de acuerdo con la Ley». Ha dejado clara su intención de actuar con «transparencia» y «con mucha tranquilidad».

NO RESPONDE A LAS ACUSACIONES

También han acudido a la sala de vistas los abogados de las acusaciones popular y particular. Un letrado ha indicado a los medios que González Laya se ha negado a contestar a las preguntas de las acusaciones –respondiendo a las del juez, de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal–, acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales y a un Acuerdo del Consejo de Ministros de 2010, también sobre secretos oficiales, «tan secreto que no es público» y que «utilizan todos los Gobiernos pero nadie lo conoce».

Antes de comparecer la ministra lo ha hecho, como testigo, el exsecretario general técnico de Asuntos Exteriores, José María Muriel Palomino, durante unos 20 minutos, sin comentar nada a los medios posteriormente. El pasado mes de septiembre declaró, también en este caso, el exjefe de Gabinete de la exministra, Camilo Villarino, en calidad de investigado.

Las acusaciones han pedido incluir en el procedimiento las testificales de la exvicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, y su directora de Gabinete, María Isabel Valldecabres, así como a la jefa de Gabinete del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, Susana Crisóstomo.

La acusación particular ha defendido la tesis de que González Laya coordinó «con otros Ministerios» la entrada del líder del Polisario en España, señalando en concreto al Ministerio del Interior.

Brahim Ghali entró en España en un avión procedente de Argelia que aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza el 18 de abril de 2021 para ser trasladado posteriormente en ambulancia a un hospital de Logroño (La Rioja), donde fue asistido de su infección de COVID-19, saliendo del país semanas más tarde por Pamplona (Navarra). El juez investiga si Ghali cruzó la frontera española con pasaporte falso.

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra Majem, ha destacado este lunes en el acto de apertura del curso académico 2021/2022 la vuelta a la «normalidad» y a la presencialidad tras la irrupción de la pandemia del coronavirus.

En su discurso, donde Serra Majem ha tenido un primer recuerdo para los ciudadanos de La Palma por el sufrimiento que está causando las consecuencias de la erupción volcánica, ha querido poner en valor el papel que juega la universidad en este tipo de situaciones –como ya ocurrió con el Covid-19– con personas que se encuentran asesorando al comité científico.

«Creo que ya durante la pandemia esta universidad demostró que tenía capacidad también para ayudar a las acciones de gobierno y ahora durante la crisis volcánica se está viendo claramente, tenemos diversas personas desplazadas, distintos proyectos de cooperación y de investigación, tenemos a una persona que está ejerciendo de portavoz en los medios, catedrático de nuestra universidad, por tanto, hay una presencia importante de la universidad y así es como tiene que ser», apostilló en declaraciones a los periodistas.

Por ello, durante su discurso ha reivindicado el papel de la universidad no solo como institución docente, sino como el «mayor agente de innovación, producción científica y tracción tecnológica» de las islas orientales.

En este sentido, ha señalado que las instituciones científicas están llamadas a ser un «elemento tractor de primera fila junto con los empresarios y otros agentes sociales en la creación de un nuevo tejido productivo basado en el conocimiento».

Asimismo ha subrayado que la búsqueda de la innovación «juega un papel importante» también en la apuesta por la sostenibilidad en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, algo por lo que indicó la ULPGC apuesta al igual que por alcanzar el «óptimo funcionamiento» de órganos como la Unidad de Igualdad, la Inspección o la Defensoría Universitaria. Serra Majem también dejó entrever el compromiso de la ULPGC con la modernización de la institución.

CONSCIENTE DE LOS PROBLEMAS

El rector también se refirió a los problemas que tiene la ULPGC, de los que dijo ser consciente y apuntó «no solo dependen de la financiación».

Entre los problemas citados se encuentra las plantillas envejecidas y, «en algunos casos, desmotivadas», la falta de técnicos en laboratorios y de administrativos, así como una «carga de gestión burocrática que les sustrae a todos de lo que deberían ser sus funciones principales».

Todo ello, entiende, debe hacerles reflexionar para resolverlo, de ahí que ha considerado que se tiene que buscar sinergias con la Universidad de La Laguna (ULL) manteniendo las «singularidades e intereses», así como «aceptando con lealtad las discrepancias», pero yendo juntos para «mejorar».

LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS

Serra Majem también ha hecho mención a las universidades privadas que, dijo, ocupan un espacio «significativo» en el mapa universitario español y que han experimentado un crecimiento en los últimos años. En este sentido, ha subrayado que «no» se debe consentir que los apoyos económicos, sociales y mediáticos que tienen se expresen desde la institución pública.

En concreto, se ha referido al nuevo grado de Medicina en Canarias que pretende impulsar una universidad privada –en la isla de Tenerife– «notoriamente apoyada por grupo de interés» y que, a su parecer, «no solamente perjudicaría a las universidades públicas, sino que crearía problemas de inequidad en el acceso al grado más demandado por los jóvenes», además de «presionar aún más los escasos» recursos disponibles para hacer prácticas o la atención de formadores cualificados.

Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha presidido el acto de apertura del curso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha destacado el inicio de este año académico apuntando que es «una magnífica» noticia porque implica «normalidad» en cuanto al derecho que tiene la persona a ser «instruida» y que los estamentos empiezan su funcionamiento ordinario.

Todo ello, añadió, tras una situación de pandemia, lo que ha afirmado anima de cara al futuro porque lo «importante» es ir consiguiendo «esa normalidad». Al respecto, ha apuntado que los datos son cada día «mejores» respecto a los del día anterior, de ahí que ha defendido que el mensaje debe ser «optimista».

Torres espera que este sea un año académico «importante» y aprovechó para agradecer a las universidades canarias su aportación a la ciencia, a la innovación y al conocimiento.

El Parlamento de Cantabria, con la única oposición del PSOE, ha instado al Gobierno regional a solicitar la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por la «cacicada» de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE).

No han sido una, sino dos, las iniciativas aprobadas en el Pleno de este lunes con esta misma petición, una presentada por el PP y otra, debatida a continuación, de Cs. Ambas han salido adelante con idéntico resultado: 28 votos a favor y 6 en contra.

Y es que a los votos de la oposición (PP, Cs y Vox) en ambos casos se han sumado el ‘sí’ de los regionalistas, que han dejado solo en este tema a su socio de Gobierno, el PSOE, rompiéndose así la habitual sintonía de voto que mantienen.

EL PRC CRITICA LA «POLÍTICA DE OÍDOS SORDOS» DE RIBERA

Los regionalistas han votado a favor y han criticado la «política de oídos sordos» mostrada, a su juicio, en este asunto por la ministra Ribera, apostando por una decisión (la inclusión del lobo en el LESPRE) para la que –insisten– «no hay razones ni científicas ni técnicas».

Así, el PRC ha insistido en pedir que el Gobierno de España «dé marcha atrás», algo que su diputado regional y senador autonómico, José Miguel Fernández Viadero, ve «prácticamente imposible».

«Pero lo vamos a intentar», ha afirmado el parlamentario, que considera que también el ministro de Agricultura, Luis Planas, debe «mojarse» en este asunto y, por ello, ha pedido su comparecencia (y la de Ribera) en la Cámara Alta.

Para el PRC, la medida adoptada, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de septiembre, es una «muestra más del desprecio» que siente Ribera por los pueblos de Cantabria y sus pobladores, siendo, mostrándose «insensible» a las «dificultades» que entraña el día a día en el medio rural de la comunidad.

«¿Así se quiere fijar y recuperar población en los pueblos? Es difícil, la verdad», ha apostillado el diputado del PRC y alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, que también ha intervenido en el debate de este asunto en el Pleno.

«La posición que la señora Ribera mantiene en este asunto queremos creer que está motivada por el total desconocimiento de nuestro medio rural», ha afirmado Barrio, que ha censurado el «continuo postureo de consensos» de la ministra con grupos ecologistas «a costa del ninguneo de los habitantes del mundo rural».

Ha acusado a la ministra de, con su actitud, «despreciar» los acuerdos del Parlamento de Cantabria, de la Federación de Municipios de Cantabria, de colegios profesionales y de organizaciones agrarias nacionales.

«Estamos convencidos de que la ministra Ribera es una excepción en el Gobierno de España», ha matizado Barrio, que ha censurado que la titular del departamento para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con sus decisiones, ha acabado con el «consenso» que había entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de gestión de la biodiversidad.

UNA «PÉSIMA IDEA» PARA EL PSOE

Por su parte, el PSOE ha votado en contra de estas iniciativas al incluir entre sus puntos la petición de cese de Ribera, una solicitud «inasumible» para los socialistas.

Su portavoz parlamentaria, Noelia Cobo, ha afirmado que su grupo «jamás» votará a favor de pedir el cese de una de «sus ministras».

Los socialistas han mostrado su disposición a votar a favor de las iniciativas si de ellas se suprimía la petición de cese de la ministra, algo que los proponentes no han aceptado, con lo que el PSOE ha votado en contra.

El grupo socialista considera una «pésima idea» que el Gobierno de Cantabria pida el cese de la persona con la que se va a tener que sentar a «negociar» o intentar «convencer» sobre este y otros temas.

«No es una buena estrategia», ha advertido Cobo, que además considera que dicho cese no se va a producir. «¿Usted cree que (la solicitud de cese de la ministra) puede traer algo bueno a Cantabria?», ha preguntado la portavoz socialista al diputado popular Pedro Gómez.

Además, Cobo ve «malintencionadas» este tipo de peticiones que, según ha dicho, buscan «romper la unidad de acción» que se había alcanzado en la Cámara sobre este tema.

Y es que, en el Parlamento, se habían aprobado por consenso de los grupos varias iniciativas respecto al tema del lobo, aunque no todas. Así, en repetidas ocasiones todos los grupos se habían unido para expresar su rechazo a esta especial protección del lobo (salvo el socialista Javier García-Oliva).

Además, habían salido adelante iniciativas para instar al Gobierno a recurrir ante los tribunales la inclusión del lobo en el LESPRE y pedir la suspensión de la orden, algo que el Ejecutivo ya tiene en marcha.

Cobo ha asegurado que el PSOE de Cantabria está dispuesto a seguir trabajando por la «unidad y el consenso» en este tema, incluso más allá de las fronteras de la comunidad autónoma, centrado en «buscar soluciones» y «no perder el tiempo en buscar culpables».

Ha afirmado que los socialistas «no van a entrar en la grosera competición por abanderar» esta cuestión y erigirse como los «más ganaderos».

En contraposición, cree que algunos grupos parecen estar «más interesados por esta competición» que por solucionar el problema y hacerlo «entre todos».

El PSOE ha abogado por la convivencia del ganadero y el lobo, incidiendo para ello en la mejora de los planes de gestión de la especie, y ha apostado por solicitar al Gobierno de España una «moratoria» de la medida adoptada para favorecer el «diálogo» mientras se afronta la Estrategia Nacional de la Especie.

Por su parte, el PP había advertido al PRC que si votaba en contra de la iniciativa estaría poniendo al lobo por delante de los ganaderos.

«A su partido, el PRC, la alianza con Sánchez y Zuloaga le pesa más que los intereses de unos pocos», señaló antes de la votación el diputado del PP Pedro Gómez refiriéndose al presidente regional y líder de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla.

Gómez ha advertido que ahora, con la orden ministerial que incluye al lobo en el LESPRE, los ganaderos van a estar «más vigilados» que lo que lo ha estado en todo este tiempo.

Por su parte, Cs ha tildado de «cacicada» la actuación del Ministerio a la hora de tomar su decisión de incluir al lobo en el LESPRE y ha considerado una «desvergüenza» la oposición del PSOE a su iniciativa, acusándole de ir «en contra de Cantabria y del medio rural».

Y Vox ha apoyado las iniciativas pese a considerar que quejarse de la ministra es «muy cómodo» pero «no sirve de nada» y ha censurado que desde el Gobierno de Cantabria «no se ha hecho nada» para buscar una solución al problema del lobo.

Además de la petición de dimisión de la ministra, las iniciativas aprobadas contenían más reivindicaciones.

En la del PP se instaba al Gobierno de Cantabria a solicitar al Gobierno de España que anule de manera inmediata la orden por la que se incluye al lobo en el LESPRE «por tratarse de una decisión enormemente lesiva, arbitraria e injusta, adoptada sin diálogo y desde la imposición, sin ningún respaldo técnico ni científico y con el único objetivo de contentar a colectivos animalistas».

Y en la de Cs, se pedía seguir aplicando en la comunidad, y en «su integridad», el Plan de Gestión del Lobo actual. Además, se llamaba al Gobierno a liderar «un frente común» con Castilla y León, Galicia y Asturias, y las organizaciones profesionales agrarias para revertir la inclusión del lobo en el LESPRE.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha advertido de que, tras la transferencia de la gestión de Prisiones a Euskadi, su partido estará «vigilante» para que no haya otras ‘Lledoners’ para los presos de ETA por un «pacto entre Sánchez y Bildu». Además, ha acusado al presidente del PNV, Andoni Ortuzar de intentar «ridiculizar» la convención del PP porque hay «otro proyecto» ante «el pacto frentista» del que forma parte, junto al PSOE, EH Bildu y ERC.

En una entrevista en Onda Cero, Iturgaiz se ha referido a la advertencia del presidente del PP, Pablo Casado, de que recentralizará competencia de Prisiones si llega a la Moncloa. El dirigente de los populares vascos ha recordado que el PP vasco siempre ha reclamado que «todas las transferencias, cuando lleguen a las Comunidades Autónomas, cumplan con la ley y sirbvan para lo que tienen que servir».

En este sentido, ha aludido al «ejemplo» del centro penitenciario Lledoners, en el que permanecieron ingresados los presos independentistas del ‘procés’.

«Esa tranferencia de prisiones sirvió para que los golpistas catalanes tuvieran unos privilegios, unas prebendas que no tenían otros presos de Cataluña. Nosotros no queremos que haya un Lledoners bis en el País Vasco, no queremos prisiones de resort y de lujo para los criminales de ETA», ha señalado.

Carlos Iturgaiz ha expresado su temor de que «en los pactos que el señor Sánchez tiene con Bildu», al igual que «ha habido acercamiento de presos, al igual que hay ese acuerdo con los presos de ETA, haya un acuerdo para tenerlos en las prisiones vascas en unas condiciones diferentes, con prebendas». «Por eso, vamos a estar muy vigilantes al respecto», ha avisado.

El presidente del PP vasco ha admitido que es ‘muy defensor del Estatuto de Gernika’ y el PP «siempre ha dicho que el Estatuto se tiene que completar».

«Nosotros, el Estatuto de Gernika sí, pero cuando las transferencias llegan , hay que hacer un seguimiento de esas transferencias y somos los primeros que vamos a estar vigilantes para que esa transferencia sea lo que tiene que ser y no lo que quieren los nacionalistas y Bildu. No vamos a permitir que haya Lledoners bis en el País Vasco y que las prisiones sean resorts para los criminales de ETA», ha insistido.

Además, ha advertido que la competencia de prisiones no debe servir para debatir «si queremos marmitako o cocidito madrileño para los presos», sino que tienen que ser una transferencia «normal», de forma que todos los reclusos «tengan unos planteamientos que se cumplan en la ley de prisiones».

CONVENCIÓN

Respecto a la convención popular, Iturgaiz ha defendido que el presidente del PP, Pablo Casado, «salió por la puerta grande» de la Plaza de Toros Valencia, en la que se celebró la convención del partido. «Todas las expectativas se cumplieron y fue más», ha añadido. A su juicio, el partido ha vuelto de Valencia «muy unido, muy fuerte». «El partido es, en estos momento, una roca», ha señalado.

El líder de los populares vascos, ha asegurado que, tras escuchar a «algunos analistas que trataban de ridiculizar a la convención del PP», como «el señor Ortuzar», que ha utilizado términos como «España cañí» para referirse al encuentro «intentando ridiculizar la convención».

«Me imagino que lo hará porque ha visto la fortaleza del PP, una marea azul, una marea de cambio (…) Yo nunca haría lo mismo con los Alderdi Eguna, que podríamos hacerlo. Hoy, el señor Ortuzar se ha puesto la careta del Club de la Comedia, para venir a intentar ridiculizar», ha dicho.

A su juicio, Ortuzar actúa de esta forma porque ha visto que «ante el pacto frentista de Sánchez» en el que está el PNV, ERC y EH Bildu, «hay otro planteamiento, otro proyecto, que es el del PP, que no es estar ni con Vox más cerca ni más lejos».

«Esta convención ha vuelto a abrir las puertas a todos esos ciudadanos conservadores, liberales, socialdemócratas, que saben que dentro del partido PP van a estar muy cómodos porque tenemos un proyecto para salvar a España de la ruina en la que nos está metiendo el señor Sánchez, a nivel nacional e internacional», ha dicho.

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, viaja esta tarde a París para reunirse con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, con Afganistán, el Sahel y el Magreb entre los temas a tratar, según han informado fuentes diplomáticas.

La visita relámpago de Albares a la capital gala se producirá apenas 24 horas antes de su viaje ya adelantado la semana pasada por su departamento para asistir a una reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Entre los temas a tratar por los dos ministros, además de las relaciones bilaterales entre España y Francia, figuran la próxima presidencia francesa de la UE en el primer semestre de 2022, así como Afganistán, han precisado las fuentes.

Asimismo, Albares y Le Drian, que se ven por primera vez a nivel bilateral aunque han coincidido en reuniones de ministros de la UE, podrán repasar tanto la situación en el Sahel como en el Magreb, dos regiones de especial interés para ambos países.

PULSO ENTRE PARÍS Y BAMAKO

El encuentro se produce además en un momento particularmente delicado para Francia en ambas regiones. Por una parte, el Gobierno francés mantiene en las últimas semanas un agrio pulso con el Gobierno militar de Malí a raíz de las informaciones de que Bamako estaría estudiando la contratación de mercenarios rusos para que ayuden en la lucha contra los yihadistas.

La noticia se conoció después de que el pasado mes de junio el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara el fin de la operación ‘Barkhane’, presente esencialmente en Malí y que ayuda en la lucha antiterrorista, con vistas a transformar la presencia militar francesa en el Sahel y reducir el número de tropas en el terreno.

Francia, al igual que otros países como Alemania o Reino Unido, han amenazado con retirar sus efectivos de Malí si el Gobierno actual, que emergió del doble golpe de Estado militar en agosto de 2020 y mayo pasado, llega a contratar a los mercenarios rusos.

Por su parte, el primer ministro maliense, Choguel Kokalla Maiga, aprovechó el estrado de la Asamblea General de la ONU para acusar a Francia de «abandono en pleno vuelo» de Malí. Macron le replicó calificando de «vergüenza» la acusación.

El futuro de ‘Barkhane’ y de la presencia de las fuerzas internacionales en Malí es importante para España, ya que el Gobierno considera prioritaria la estabilidad en el Sahel y que el contingente español es actualmente el más numeroso en la misión EUTM Malí, encargada de entrenar a las fuerzas malienses.

CRISIS ENTRE FRANCIA Y ARGELIA

Entretanto, la nueva crisis entre Francia y Argelia podría complicar aún más el escenario en el Sahel. El Gobierno francés anunció la semana pasada la reducción de visados a argelinos, marroquíes y tunecinos, y el jueves Macron calificó a Argelia de «sistema político-militar» basado en la «renta histórica» y con una «historia oficial reescrita» durante una reunión con descendientes de figuras destacadas de la guerra de independencia argelina.

En respuesta, Argelia anunció el sábado que llamaba a consultas a su embajador en París y el domingo dijo que de ahora en adelante no permitirá el sobrevuelo de su espacio aéreo de aviones militares franceses, que lo usaban en el marco de la operación ‘Barkhane’.

Esta crisis entre París y Argel llega apenas unos días después de la visita de Albares a la capital argelina, donde entre otras cosas obtuvo garantías de suministro de gas para España, además de tratar temas como la inmigración –tras el aumento de las llegadas de pateras desde este país– y otros asuntos regionales, lo que incluiría a priori la cuestión del Sáhara.

Francia es un aliado clave de Marruecos, país con el que España aún está buscando cerrar la crisis diplomática abierta por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y por la negativa del Gobierno a reconocer como marroquí el Sáhara Occidental, como hizo Estados Unidos el pasado diciembre con Donald Trump aún en la Casa Blanca.

Albares ya ha tenido un primer contacto con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, y ambos han acordado verse próximamente, sin que por el momento haya fecha prevista para ese encuentro ni para el regreso a Madrid de la embajadora marroquí, llamada a consultas el pasado mayo coincidiendo con la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta facilitada por las autoridades alauíes.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido concluir el sumario de la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) contra miembros del Frente Polisario por presuntos delitos de genocidio sin procesar al líder de la organización política, Brahim Ghali.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 explica en su auto que los hechos denunciados habrían ocurrido entre 1974 y 1990, por lo que ya estarían prescritos, de acuerdo con el Código Penal del 1973, que sería el aplicable y que establece un plazo de prescripción de 20 años.

Además, aunque no entra a analizar si los hechos podrían constituir genocidio bajo el Código Penal actual, Pedraz cree que «las conductas expuestas en la querella no integran todos los elementos del delito de genocidio», por lo que observa un intento de «forzar la norma penal».

A este respecto, señala que no están acreditadas ni la intención conjunta de destruir total o parcialmente a un grupo de población concreto ni la existencia de los subgrupos en los que ASADEDH divide al pueblo saharaui en función de su localización geográfica y contra los que se habría dirigido el genocidio.

Insiste también Pedraz en que hay contradicciones entre el relato de la querella y los testimonios escuchados, así como «una insuficiencia manifiesta de detalles relevantes sobre circunstancias de lugar y tiempo de los hechos, detalles concretos de la participación del querellado Brahim Ghali».

Por todo ello, acuerda concluir el sumario sin procesar a Ghali, enviando el conjunto de las pesquisas a la Sala de lo Penal para que se pronuncie sobre el camino a seguir con esta querella.

En base a los mismos argumentos, Pedraz ordenó el archivo de la causa para Ghali el pasado 29 de julio pero la Sala de lo Penal le ordenó reabrirla dos meses después por un defecto de forma.

Los magistrados le indicaron que, por el tipo de delito denunciado, debía haber seguido el cauce del procedimiento ordinario o sumario, no el del procedimiento abreviado, por lo que le instaron a corregir este error procesal.

Pedraz transformó el procedimiento días después, tras lo cual llega esta conclusión de sumario que deja en manos de la Sala de lo Penal si la querella progresa o procede su archivo definitivo.

DOS QUERELLAS EN LA AUDIENCIA NACIONAL

ASADEDH se querelló contra 23 agentes del Frente Polisario, incluido Ghali, y cuatro miembros de la seguridad argelina por graves violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis ubicados en Tinduf (Argelia) en un periodo temporal que iría de 1975 a 1990. En concreto, denunció una «limpieza étnica» contra las minorías tekna, aitusa, yegutt y contra los pobladores del ex Sáhara español.

La de ASADEDH no es la única querella contra Ghali en la Audiencia Nacional. Pedraz tiene entre manos otra presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica por las torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019.

De acuerdo con Breica, al llegar allí agentes del Frente Polisario le amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

Esta segunda querella estaba a la espera de un último testigo, un hombre que habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y que podría dar cuenta de las presuntas violaciones de los Derechos Humanos por las que se investiga al Frente Polisario.

Debía haber declarado el 29 de junio, pero tuvo que aplazarse al 27 de julio por problemas en la obtención del visado para venir a España. A día de hoy estos problemas persisten, por lo que Pedraz ha suspendido la testifical y sopesa el archivo de la querella y, por ende, el cierre de la causa, según las fuentes jurídicas.

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, estudia si hubo delito de prevaricación en la entrada y salida de Ghali de España. El magistrado ha citado para este lunes a la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya para que declare en calidad de imputada.

EL PASO DE GHALI POR ESPAÑA

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Ghali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, negando cualquier implicación en dichas violaciones de los Derechos Humanos. Su defensa ha esgrimido en sucesivos escritos que se trata de una causa política para minar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui.

Tras escuchar al líder del Frente Polisario, el juez acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada del 2 de junio, regresaba a Argelia en un avión medicalizado.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha deseado que el PP, como principal partido de la oposición, «eche mano de la responsabilidad», «se siente a mirar seriamente» el texto de la nueva ley de FP «y pueda dar un voto favorable a la misma».

Así lo ha manifestado Alegría en declaraciones a los medios de comunicación, en Zaragoza, donde ha visitado el Centro Público Integrado de FP ‘Corona de Aragón’. Ha recordado que el proyecto de ley de FP fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 7 de septiembre y enviado al Congreso para su debate.

Según ha comentado, «se echa de menos altura de miras por parte del principal partido de la oposición», en cuya convención celebrada este fin de semana «ya ha dejado de manifiesto que su única propuesta para este país es el no por el no».

Sin embargo, ha añadido Alegría, «no quiero caer en la desesperanza, soy aragonesa y hay que echar mano de la tenacidad» para lograr el máximo apoyo posible a esta futura norma porque es una ley «necesaria, capaz de transformar nuestro país, que dará oportunidades a los jóvenes y a los trabajadores», además de que mejorará «la competitividad de nuestra economía» «y es demandada por el tejido productivo.

La ministra ha indicado que durante la elaboración de este proyecto de ley se ha contado con la participación de las comunidades autónomas y se ha trabajado en cuatro mesas de diálogo con los agentes sociales, «donde el acuerdo y el consenso han sido la tónica general».

Por eso, ha expresado su interés por que esta ley, que ha nacido «del consenso y la necesidad», pueda ser aprobada en el Congreso «con el máximo apoyo posible; lo demanda la sociedad y el tejido productivo», ha opinado, y por eso ha hecho un llamamiento «a todas las fuerzas políticas» en este sentido.

Por otra parte, ha confiado en que se apruebe «pronto», si no puede ser este año, en los primeros meses de 2022, no solo por las mejoras que supondrá, sino porque una parte importante de su memoria económica proviene de los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea «y para poder aplicarlos sería deseable que en el curso que viene se pudiera poner ya en marcha», ha dicho la ministra.

EMPLEO DE CALIDAD

Pilar Alegría ha expuesto algunas de las bondades de la futura ley, como generar empleos «de calidad», aportar «mucha más flexibilidad» para adaptar la oferta a las necesidades del tejido productivo, al tiempo que las comunidades autónomas tendrán «margen» para atender la realidad de su territorio.

Ha subrayado, igualmente, su aspecto dual, la mejora de la formación a lo largo de la vida y el reconocimiento de la experiencia. En este punto, ha precisado que en los últimos diez años se han reconocido las competencias de 300.000 trabajadores, mientras que en un año se va a llegar a 500.000 más, con el objetivo de alcanzar en los próximos tres años «más de cuatro millones de reconocimientos de competencias de nuestros trabajadores».

Respecto a la falta de plazas públicas, Alegría ha señalado que desde el curso pasado, en colaboración con las comunidades autónomas, se han creado 120.000 nuevas, con el propósito de llegar a las 200.000 en los próximos cuatro años.

En Aragón, se han puesto en marcha 2.994 entre el curso pasado y éste, periodo en el que se han transferido más de 18 millones de euros para esta finalidad, así como para crear aulas digitalizadas y para la formación del profesorado.

La ministra ha remarcado que, por primera vez, en España más de un millón de estudiantes han elegido la FP como primera opción formativa. En el caso del Centro Público Integrado de FP ‘Corona de Aragón’ que ha visitado, hay 2.000 de esos estudiantes, un centro que tiene abiertas sus puertas de las 8.00 a las 22.00 horas.

Asimismo, cuenta con una de las nueve aulas de tecnología aplicada que ha puesto en marcha Aragón, una por cada centro integrado de FP –que ofertan únicamente títulos de Formación Profesional–, que han supuesto el desembolso de casi medio millón de euros, cofinanciado por el Ministerio de Educación y los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Next Generation EU.

AULAS DE TECNOLOGÍA APLICADA

Estas aulas incluyen mobiliario y tecnología digital útil para diferentes sectores profesionales, así como tecnología audiovisual de última generación, conectividad ultrarrápida, equipos para la fabricación aditiva con impresoras y escáneres 3D, además de elementos de realidad virtual y de Internet de las cosas. Cada centro complementa este equipamiento con otras tecnologías directamente vinculadas con sus sectores de actividad profesional.

Durante su visita, la ministra, acompañada por el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, y la delegada del Gobierno de España, Rosa Serrano, han constatado la funcionalidad del nuevo espacio, en el que alumnado y profesorado del ciclo formativo del grado superior de Proyectos de Edificación les han mostrado su trabajo con los equipos de realidad aumentada.

También han estado en los laboratorios de análisis instrumental y química industrial, equipados con hardware y software para la realización de análisis físico químicos y microbiológicos, cromatografía de gases, análisis PCR, HPLC y otros, así como en el aula de fabricación mecánica, con máquinas de control manual y control numérico.

Además, han conocido el trabajo de una empresa ubicada en uno de los espacios del vivero de empresas del centro, creada por un antiguo alumno. Por otra parte, este curso, 38 estudiantes del centro participan en la modalidad dual y han sido contratado por empresas, cuyos representantes han mantenido un encuentro con la ministra.

A LA VANGUARDIA

El consejero de Educación de Aragón, Felipe Faci, ha asegurado que la FP está «a la vanguardia» en el ámbito de la innovación del sistema educativo y ha mencionado la iniciativa del campus digital A.0 puesta en marcha en esta comunidad autónoma para modernizar la FP, que incluye la puesta en marcha de nuevos grados y cursos de especialización relacionados con las nuevas tecnologías y sus nuevos nichos de empleo, así como la implantación de una metodología centrada en «desarrollar competencias, no contenidos», con más de 60 ciclos formativos que ya la aplican.

También ha informado de que durante este curso y el siguiente se completará la implantación de 27 de estas aulas de tecnología aplicada en los centros de FP, con una inversión que superará el millón y medio de euros.

Por otra parte, Faci ha considerado que será «fácil» adaptar la futura ley de la FP a la comunidad autónoma puesto que es una norma «realista, práctica y lo que está esperando el tejido productivo y la ciudadanía en general».

Ha sostenido que desde su Departamento y los centros «venimos trabajando con las empresas» para acomodar la oferta formativa a las características socioeconómicas de Aragón y la futura ley da esta posibilidad.

«Estamos preparados para su aplicación», ha asegurado Faci, que ha incidido en la necesidad de cambiar el modelo de orientación profesional para que formen parte de él las empresas, algo que la futura ley permite, y que sean ellas las que informen, para hacer frente a los «desajustes» entre lo que algunos alumnos demandan y las necesidades del tejido productivo.

Faci ha subrayado, asimismo, la posibilidad que da la futura ley para reconocer la cualificación y formación a través de experiencia, mediante los certificados de profesionalidad y unidades de competencias, contribuyendo a la formación a lo largo de la vida y al desarrollo de la carrera profesional. «La FP tiene que ser un instrumento para el desarrollo productivo» y «el impulso a nuevos modelos de formación«, ha enfatizado.

El Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha lanzado un manual para prevenir y actuar contra el acoso sexual y «por razón de sexo» en el ámbito laboral. Se trata de un documento que, según ha explicado el departamento, debe «adaptarse a las particularidades» de cada empresa y también «negociarse» con los representantes de las personas trabajadoras.

Este documento, que se han redactado con la colaboración de la catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia Gemma Fabregat, se ha publicado en la web del Instituto en dos versiones descargables: para empresas con Plan de Igualdad y para otros negocios más pequeños que no cuenten con el Plan.

En su contenido se recoge las diferentes formas de acoso que se pueden dar en una empresa por razones de sexo con el objetivo de una mejor identificación de las mismas. Entre ellas, no solo se habla del conocido como acoso sexual, sino también del relacionado con circunstancias que biológicamente solo les pueden afectar a las mujeres, como embarazo, maternidad, lactancia natural.

Del mismo modo, el texto recuerda que existe un acoso relacionado con las funciones reproductivas y de cuidados que, «a consecuencia de la discriminación social, se les presumen inherentes a ellas» y que, por tanto, también podrían recibir los hombres. Por ejemplo, indica el documento, el caso de un trabajador al que se acosa por dedicarse al cuidado de menores o dependientes.

Entre los comportamientos que pueden suponer este hostigamiento, el manual recoge situaciones como el cuestionamiento o desautorización de las decisiones del trabajador, el hecho de que no se le asigne ninguna tarea o que estas sean degradantes; facilitar datos erróneos o ocultar información para impedir una buena labor laboral; presionar a las personas que apoyar al trabajador acosado; aislarlo del resto de la plantilla; realizar amenazas o agresiones físicas; o ataques a la vida privada o reputación de la persona.

UNA VIOLENCIA «INVISIBILIZADA» Y «NORMALIZADA»

En la presentación de este texto, que ha tenido lugar este lunes, la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, ha recordado que, según la macroencuesta de violencia contra la mujer realizada por el Ministerio de Igualdad, 1 cada 5 mujeres que asegura haber sufrido acoso lo ha sufrido en el ámbito laboral, una cifra que, a su juicio, demuestra lo «invisibilizada» y «normalizada» que está esta violencia.

A su juicio, hay que «construir entornos laborales seguros» como «vacuna» contra esta situación y hacer esta construcción desde «la perspectiva de género». También ha destacado la labor del Gobierno en este sentido, apuntando que la aprobación de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ‘Ley del solo sí es sí’, camina hacia «el reconocimiento de todas las violencias» hacia la mujer en el ámbito sexual y también hacia «el reconocimiento de todas las víctimas».

En el acto también ha intervenido Fabregat, quien ha llamado a las empresas a poner, como primer paso contra estas actuaciones, alguna herramienta para que las víctimas de esta situación puedan activas un procedimiento de denuncia, como un tablón, una web o un correo electrónico específico.

El objetivo, ha explicado, es implantar un procedimiento sencillo, rápido y accesible de queja o denuncia confidencial, que permita a las víctimas de acoso realizar una denuncia de la situación que está sufriendo.

LA VÍCTIMA «SIEMPRE PIERDE SU TRABAJO»

El escrito, también recoge las pautas para investigar internamente estas denuncias y para sancionar, en su caso, a la persona agresora, así como resarcir a la víctima que ha sufrido esta situación y que, además, debe recibir el apoyo de la empresa para evitar la revictimización secundaria.

Para la catedrática, el principal cambio que hay que llevar a cabo son las consecuencias que esta situación tiene para la víctima que, en cualquier caso, aunque su situación sea ratificada por la justicia y se establezcan multas contra la empresa y/o el hostigador, «siempre pierde su trabajo».

Desde CCOO, su representante en esta materia, Elena Blasco, ha puesto el foco en la «infradenuncia» de estos casos, ya sea por el miedo a la revictimización, como por la falta de formación. En muchos casos, ha apuntado, hay mujeres que no saben que lo que están sufriendo es acoso. «Necesitan apoyo y garantía de que van a salir», ha declarado, para lamentar que la mayoría de denuncias que le llega al sindicato en este sentido lo hacen «a toro pasado».

UN TOQUE A LOS SINDICATOS

Blasco apunta que la mejor «solución» para las víctimas frente al acosos es que este «no suceda» y, a su juicio, otra buena medida contra esta situación es «que se hable de ello», es decir, más «información».

Su homóloga de UGT, Cristina Antoñanzas, ha criticado también a las organizaciones sindicales. Aunque, ha reconocido, se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, reconoce que «ha costado trabajo» que «los negociadores» de los convenios entendieran «que esto no era solo algo de mujeres» y que «había que ir introduciéndolo» en los convenios.

Ambas han participado en una mesa redonda posterior a la presentación de este manual al que, según ha explicado el Instituto de las Mujeres, también han sido invitadas las patronales, que no acudieron por cuestiones de agenda.

Vox ha asegurado este lunes que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, puede contar con su apoyo para derogar las leyes del PSOE y «desarbolar» el Estado de las autonomías recuperando competencias como la de Prisiones. Y le ha emplazado a comenzar por las autonomías donde gobiernan los ‘populares’ para acabar, por ejemplo, con la Ley de Memoria de Andalucía o las leyes LGTBi en la Comunidad de Madrid.

El eurodiputado de Vox y portavoz de su Comité de Acción Política, Jorge Buxadé, ha retado de esta manera a Casado tras el cierre de la Convención de los ‘populares’ en Valencia erigiendo al PP como «única alternativa» al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Parece que se ha olvidado de que para ser presidente no necesita el apoyo de los compromisarios del PP sino de millones de españoles –ha advertido–. Y hay millones de españoles que decidieron no vivir arrodillados y no votar tapándose la nariz. El PP no puede vender la piel del oso antes de matarlo».

En este sentido, Buxadé ha celebrado que los dirigentes del PP se hayan puesto «de acuerdo» durante esta semana en que Casado es «su jefe». Pero, más allá de eso, ha lamentado no haber visto ninguna «idea» ni «novedad» en el cónclave de los ‘populares’.

Además, le ha exigido «menos discursos y más política» para empezar a acabar con las leyes del PSOE. «Puede ir empezando por la ley de memoria democrática de Andalucía, o por las leyes de ideología de género que hay por ejemplo en Madrid», ha recomendado asegurando que todo aquello que «se acerque a los postulados de Vox» es «bienvenido».

También, sobre el compromiso de Casado para recuperar las competencias en materia de prisiones de Cataluña y País Vasco, le ha pedido que primero hable con el expresidente José María Aznar. Y después, ha insistido en que el PP puede contar con el apoyo de Vox para recuperar competencias y «desarbolar» el Estado autonómico.

A VER QUIÉN RECIBE MÁS VOTOS

Sin embargo, ha insistido en pedir paciencia a los ‘populares’. «Vamos a ver cuál es el partido más votado en las próximas elecciones generales, igual es Vox y es Abascal el que tiene que conformar Gobierno», ha advertido.

Buxadé cree que el debate está en «la autencididad» y «no en hacer el discurso más bonito». Y ha avisado a Casado de que «España ha cambiado» y los ciudadanos han decidido «apartarse del bipartidismo». «Eso no se arregla con dos o tres discursos en una plaza de toros, se arregla con política real, querer cambiar de verdad España», ha sostenido.

Frente a esto, cree que el camino del PP es «acercarse» a los socialistas, como a su juicio está demostrando en Andalucía. Vox denuncia que el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha decidido que «no quiere» cumplir con los compromisos adquiridos con ellos y prefieren «mantener» las políticas del PSOE. «Están consolidando el chiringuitismo», ha denunciado Buxadé.

El jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado este lunes su deseo de que la Agencia Europea del Medicamento apruebe esta semana la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para mayores de 65 años en toda España «como ya propuso inicialmente Castilla-La Mancha para tener un plus de tranquilidad».

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo autonómico durante el acto de colocación de la primera piedra de la planta de Linde Gas España, en la localidad guadalajareña de Torija.

En relación a la posibilidad de esta inminente aprobación, García-Page ha indicado que, de producirse, «en torno al 15 de octubre, a mitad de este mes, podremos empezar con esa vacunación que significará un plus de tranquilidad y un plus de conciencia».

Por otro lado, el presidente autonómico ha mostrado su interés en que el espacio sanitario europeo, que tan buenos resultados ha tenido, se pudiera aplicar también al espacio judicial europeo, ha informado la Junta en un comunicado.

Junto al presidente regional han participado en este acto el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; el director general de Linde Gas España, Baltasar Palanca; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega; el delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles; y el alcalde de Torija, Rubén García, entre otras personalidades.

Esquerra Republicana (ERC), socio parlamentario del Gobierno, quiere que los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, aclaren en el Congreso el uso de fondos reservados en este Ministerio hace 25 años.

Los independentistas catalanes han registrado sendas solicitudes de comparecencia en el Congreso después de que se haya conocido que Robles, en su etapa como secretaria de Estado de Interior (1994-1996), entregaba todos los meses cinco millones de pesetas (30.000 euros) en metálico de los fondos reservados a la Casa del Rey.

Así se lo desveló el exministro de Interior Antoni Asunción en diciembre de 1994 a Emilio Alonso Manglano, jefe de los espías españoles entre 1981 y 1995, según los documentos inéditos que este lunes publica el diario ‘ABC’.

Ante esta noticia, el grupo parlamentario que capitanea Gabriel Rufián quiere que Marlaska aclare en la Comisión de Interior del Congreso «la legalidad de la gestión económica en su Departamento, después de conocerse algunas informaciones sobre presuntas entregas de fondos reservados en metálico a la Casa Real por parte de altos cargos de su departamento».

En la misma línea, los republicanos catalanes pretenden que Robles acuda a la Comisión de Defensa para dar cuenta de «la legalidad de la gestión económica en su Departamento, tras conocerse estas mismas informaciones sobre presuntas entregas de fondos reservados en metálico a la Casa Real cuando estaba al frente de la Secretaría de Estado en el Ministerio del Interior».

DOS AÑOS Y MEDIO SIN CONTROL PARLAMENTARIO

El control parlamentario de los fondos reservados conforme a una ley de 1995, está asignado a una comisión del Congreso que se reúne a puerta cerrada y de la que sólo forman parte los pocos diputados –uno por grupo parlamentario– que están autorizados para conocer materias clasificadas como secretas.

Pero esta comisión todavía no se ha constituido esta legislatura. Los vetos cruzados entre partidos han impedido un acuerdo de mínimos para que el Pleno del Congreso elija a los integrantes de esta Comisión, por lo que aún no se ha constituido esta comisión de secretos, que tambiñen es la encargada de controlar la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según el Reglamento de la Cámara Baja, para integrar la citada Comisión de Gastos Reservados es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna.

Así las cosas, el Congreso lleva ya más de dos años y medio sin ejercer control parlamentario alguno sobre las actividades del CNI, ni sobre el uso de los fondos reservados de los que dispone el Gobierno. La última vez que la Comisión de Secretos Oficiales se reunió fue en marzo de 2019 justo un día antes de que se disolvieran las Cortes Generales como consecuencia de las elecciones generales del 28 de abril.

La Asamblea de Ceuta ha alcanzado este lunes un preacuerdo para sacar adelante la aprobación del calendario laboral para 2022, atascado por los desencuentros sobre la inclusión del final del Ramadán como uno de los dos festivos locales, que han de ser aprobados por el Pleno. Finalmente, la pascua que marca el final del mes sagrado de los musulmanes será una jornada no laborable en 2022 tras los votos del PSOE y los dos formaciones localistas, Caballas y MDyC, así como la abstención del PP y el rechazo frontal de Vox.

Este principio de acuerdo llega después de que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas (PP), aprobara por decreto un primer calendario sin incluir los dos festivos locales para poder cumplir con los plazos legales y evitar el bloqueo. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre todos los grupos, divididos por la inclusión del final del Ramadán en 2022, reivindicación histórica de la comunidad musulmana de Ceuta, ponía en serio peligro la aprobación del calendario laboral antes del limite legal del 30 de septiembre.

La tensión del debate alcanzó su cénit en la última sesión plenaria, que debió ser suspendida temporalmente por el abandono del grupo parlamentario de Vox, en protesta por la aprobación por decreto del calendario laboral.

Dos semanas después, este lunes, en la Comisión de Hacienda previa a la sesión plenaria, PP, PSOE, MDyC, Caballas y los dos diputados no adscritos –ex integrantes de Vox–, han acordado que una de las dos festividades locales pendientes de determinar sea la de San Antonio (13 de junio), una cita con especial arraigo en Ceuta y en la que se celebra una popular romería; y, por otro lado, los grupos PSOE, MDyC y Caballas han planteado que el otro de los festivos sea el fin del Ramadán, propuesta que también ha sido aprobada con diez votos y las abstenciones del Grupo Popular y los dos diputados no adscritos. Propuesta que se someterá al Pleno en las próximas semanas.

Desde el PSOE de Ceuta defienden que «se trata de una reivindicación histórica de la comunidad musulmana de Ceuta» y consideran que «debe ser reconocida porque representa a un elevado porcentaje de la población», explica su secretario general, Manuel Hernández.

«La Pascua del fin de Ramadán ya está recogida en el calendario escolar desde hace varios cursos académicos, por lo que el laboral debe adecuarse y contemplar la misma realidad», recuerda.

Para Vox, en cambio, se trata de una «decisión dictatorial del Gobierno marroquinizador del PP» y ha anunciado que impugnará la decisión ante los tribunales. El partido, que en Ceuta lidera Juan Sergio Redondo, considera que incluir las festividades musulmanas del fin del Ramadán y del Sacrificio, afirman, «es un verdadero atentado contra la identidad, la cultura y las tradiciones históricas de Ceuta.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a penas que suman 50 años y siete meses de prisión a un hombre por abusar sexualmente de cinco menores y obtener imágenes de ellos para elaborar pornografía infantil.

La sentencia, que puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, establece en 20 años el tiempo máximo de cumplimiento de la condena, en aplicación del artículo 76 del Código Penal, según ha informado el TSJCV.

La Sala ha declarado probado que el penado, de 54 años en el momento de los hechos, captó a las víctimas, que tenían entre 12 y 14, en diversos parques de una localidad de la provincia de Alicante entre 2017 y julio de 2019.

El hombre se ganaba la confianza de los niños, algunos de ellos internos en centros de menores, ofreciéndoles comida, alcohol, tabaco, dinero o marihuana a cambio de que le mandaran fotos de sus partes íntimas o que accedieran a mantener relaciones sexuales con él.

Tras ser detenido por estos hechos, el acusado accedió a que se practicara una entrada y registro en su vivienda, donde la Policía intervino seis USB, un CD-R, varios DVD y discos duros, una tablet y dos terminales móviles, en los que se localizaron un total de 5.716 archivos, de los que 4.108 eran imágenes y 1.608 videos en los que aparecen menores desnudos total o parcialmente en actitudes sexuales o manteniendo o practicando relaciones tanto con adultos como con otros menores.

SE HACÍA PASAR POR MENOR

En ocasiones, el acusado para conseguir que los menores, no identificados, con los que contactaba de otros países le mandaran fotos o videos de contenido sexual, se hacía pasar por menor de edad, llegando a poner en sus perfiles fotos de menores haciéndose pasar por ellos para así ganarse su confianza, según recoge la sentencia.

El acusado admitió los hechos en su totalidad, sin reserva alguna. No obstante, según la sala, esta admisión, por sí sola puede no ser prueba suficiente para atribuirle el conjunto de comportamientos que las acusaciones alegan, pero se cuenta con las declaraciones de los perjudicados, todos menos uno menores de edad, quienes, aunque escuetamente, en el acto del juicio ratificaron sus declaraciones previas en la fase de instrucción.

El fallo considera al acusado autor de cinco delitos de abuso sexual cometidos contra menor de 16 años, de tres delitos continuados de elaboración de pornografía infantil, otro de distribución de dicho material y de un delito de corrupción de menores.

Además de las penas de prisión, la Audiencia ha impuesto al condenado medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con las víctimas y libertad vigilada, así como la obligación de pagar indemnizaciones que suman en total 22.000 euros.

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha subrayado que van a trabajar con «denuedo» en la tarea marcada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de ensanchar el espacio político de izquierda y ha recalcado que ahora «no es el momento de hablar de marcas y siglas».

En rueda de prensa y preguntada sobre si las últimas declaraciones de Díaz, en la que aludía a que si había «egos» se marcharía, Fernández ha dicho estar convencido de que no se refería a su formación sino que era una reflexión general respecto a una forma de hacer política «encabezada» por hombres.

En contraposición, Fernández ha desgranado que Díaz apuesta por unas formas «feministas», basadas en mayor colaridad, y en consecuencia comparten sus reflexiones y van a trabajar en favor de su proyecto.

Y es que, como ha relatado, el objetivo que persigue Díaz y Unidas Podemos es un espacio «amplio, plural» y que sea «más poroso», para lo cual se va a dialogar con otras formaciones políticas pero, sobre todo, con la sociedad civil.

HAY MUCHA GENTE QUE ANHELA EL ENSANCHAMIENTO

De esta forma, comparten la reflexión de Díaz, quien precisamente hoy participa en la Mesa Confederal de Unidas Podemos, para «aglutinar» a todo el espectro progresista en un proyecto para los próximos diez años. «Hay mucha gente que está anhelando el ensanchamiento de un espacio para que sea mayoritario en el Gobierno de coalición», ha desgranado ante los medios de comunicación.

Y para continuar «agrandando» su espacio político, el coportavoz estatal de Podemos ha opinado que no es el momento de hablar de posibles nombres de candidaturas sino de demostrar que son «permeables» a las demandas que traslada la sociedad civil, siendo abiertos «siempre» a los movimientos sociales y plataformas de cara a su posible incorporación.

IU MUESTRA ILUSIÓN CON DÍAZ CON SU PROYECTO «HORIZONTAL»

Mientras, la portavoz federal de IU, Sira Rego, ha destacado en rueda telemática que están «ilusionadas» con la propuesta de frente amplio que abandera Díaz, pues está en el «ADN de su formación» sumar a colectivos que creen en un modelo diferente.

Por tanto, saludan la iniciativa de la también ministra de Trabajo y garantizan que «arrimarán el hombro» para ayudarla, dado que es el «mejor activo» político que tiene ahora Unidas Podemos.

Tras enmarcar también esa referencia de ‘egos’ por parte de Díaz a una voluntad de «mirada feminista» ante el patriarcado, la eurodiputada ha subrayado que ahora las fuerzas que componen Unidas Podemos tienen un «aprendizaje colectivo». Y es que está convencida de que encontrarán la forma de relacionarse todos para «construir en horizontalidad» «sinergias», en lugar de «competir».

En declaraciones a los medios a las puertas de la sede del partido, Díaz ha detallado que participa en esta reunión para hablar de los retos pendientes para el próximo mes, dado que hay negociaciones relevantes en el seno de la coalición que se deben resolver.

La Comisión de Educación y FP del Congreso debatirá este miércoles una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, por la que se insta al Gobierno a reconocer y crear la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura.

Según exponen los ‘morados’ en la iniciativa, actualmente, los niños de Primaria estudian el asturiano (o el gallego-asturiano), en su zona de influencia de forma voluntaria en los centros escolares sostenidos con fondos públicos; es decir, el alumnado puede escoger entre la asignatura de lengua asturiana o una alternativa (en este caso cultura asturiana).

Mientras, en las etapas de Secundaria y Bachillerato solo es posible estudiarla de forma optativa en los institutos: el asturiano o, en su caso, el gallego-asturiano compiten con otras diversas opciones que se ofertan y entre las cuales el alumnado solo puede elegir una.

En Primaria, las asignaturas de Llingua Asturiana y Lliteratura y de Gallego-Asturianu se han ofertado en el curso 2020-2021 en un total de 227 colegios de enseñanza pública (98,7%) y en 42 centros de la red concertada (84%), lo que se traduce en un número total de 17.464 estudiantes que las cursan. En ESO y Bachillerato se ha ofertado la lengua asturiana o el gallego-asturiano en un total de 79 centros públicos (92,9%) y 25 privados (49%), con una cifra total de 4.539 alumnos.

En cuanto al profesorado, en total este curso han sido 278 los profesores de asturiano y gallego-asturiano que estuvieron en el aula sin tener reconocida la especialidad de la asignatura que imparten. Esto se traduce, según Unidas Podemos, en «la práctica total interinidad del profesorado y en la alta proporción de plazas a media jornada: hasta un 71% de las 278», calificando la situación de «precariedad».

Tal y como recuerdan, para poder ser docente de lengua asturiana en la actualidad, las personas cualificadas han de darse de alta en el Registro General de Capacitación en bable/asturiano y en gallego-asturiano, que es un catálogo en el que se inscribe al profesorado que, de acuerdo a las condiciones y requisitos regulados, pide voluntariamente y con carácter gratuito su incorporación al mismo.

DEMANDA DE HACE AÑOS

La demanda de reconocimiento y creación de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura al Ministerio de Educación por parte de la sociedad asturiana en general y, en particular, por diferentes instituciones como la Junta General del Principado de Asturias y la Consejería de Educación del Principado de Asturias viene siendo una constante desde el año 2005.

En octubre de 2014 y enero de 2015 se repite la petición presentando propuestas de cambio al Proyecto de Real Decreto de Especialidades. El 3 de febrero de 2015, el Consejo Escolar del Estado emitió un dictamen solicitando el reconocimiento de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura, y el 23 de diciembre del mismo año, en junta celebrada en el Ministerio, se formó un grupo de trabajo con el objetivo de encontrar la vía para dar respuesta a esta solicitud.

En noviembre de 2016, el consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias solicitó retomar negociaciones ya iniciadas para el reconocimiento y creación de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura.

Los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias han constatado que no tiene capacidad legal ni título habilitante para dictar el Decreto de la Especialidad Docente del Profesorado de Lengua Asturiana y Literatura, por lo que la única vía posible para creación de la Especialidad pasaría por el cambio de los Reales Decretos de Especialidad.

La Universidad de Oviedo es la institución que, desde hace décadas, se ha encargado de poner en marcha las titulaciones necesarias relacionadas con la formación del profesorado para impartir la asignatura de lengua asturiana en el sistema de enseñanza en el Principado de Asturias, con plena normalidad y en las mismas condiciones legales y académicas que cuentan el resto de materias.

Destacan el grado en Maestro en Educación Primaria con mención en Lengua Asturiana, la especialización de asturiano dentro de los grados en Estudios Clásicos y Románicos, en Estudios Ingleses, en Lengua Española y sus Literaturas y en Lenguas Modernas que garantizan el acceso al Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la especialidad de Asturiano y, por último, el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la especialidad de asturiano.

Por todo ello, Unidas Podemos ha presentado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, y el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, para que se reconozcan en Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, las especialidades docentes de las lenguas propias de aquellas comunidades que, aunque no tengan reconocidas dichas lenguas como oficiales, dispongan de protección legal y manifiesten su voluntad de desarrollarlas, como es el caso del asturiano.