Los Reyes ofrecerán de nuevo este año la tradicional recepción con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre en el Palacio Real, si bien se hará con un aforo más reducido que en otras ocasiones con motivo de la pandemia, según ha anunciado Casa Real.

En 2020, no hubo recepción por la COVID-19 y la celebración se limitó a un acto militar en el Patio de la Armería del Palacio Real. Sin embargo, este año se ha recuperado el desfile militar en el Paseo de la Castellana y a continuación Felipe VI y Letizia llevarán a cabo una recepción en el Palacio Real.

No obstante, se ha limitado el número de invitados para elegir a un grupo representativo de personas de todos los niveles institucionales y los diferentes sectores de la sociedad española, han precisado desde Zarzuela. Además del aforo reducido, se exigirá en todo momento el uso de mascarilla y no se ofrecerá ninguna bebida a los asistentes.

En esta ocasión acudirán al Palacio Real se invitará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros, así como a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el del Senado, Ander Gil, junto con las respectivas mesas y los portavoces de ambas cámaras. También estará invitado el jefe de la oposición, el líder del PP Pablo Casado.

Asimismo, se invitará a los presidentes de las comunidades autónomas así como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los alcaldes de capitales de provincia. Dentro de este grupo político e institucional, también se invitará a los expresidentes del Gobierno así como al Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

En el ámbito económico, Zarzuela ha cursado invitaciones a los máximos representantes de organizaciones empresariales y sindicales, además del Consejo Económico y Social y la Cámara de Comercio de España.

En el plano social, se invitará a los máximos representantes de organizaciones, organismos y entidades de asistencia social, mientras que en ámbito deportivo se contará con la presencia del Comité Olímpico Español (COE) y de los abanderados en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Por lo que se refiere a la educación, habrá presencia de representación escolar y universitaria a través del Consejo Escolar de España, la Conferencia de Rectores, el CSIC y Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos en el Exterior.

En cuanto al ámbito de la cultura, se ha invitado al Instituto de España, las Reales Academias, los Reales Patronatos y Fundaciones, incluidas la Fundación Princesa de Asturias y Fundación Princesa de Girona. Por último, está prevista la presencia de representantes de los colectivos profesionales de medios de comunicación y medios públicos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha supeditado convocar el pacto antiterrorista que solicita el PP a que concluya la investigación judicial con participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el atropello mortal de Torre Pacheco (Murcia), y así conseguir el «total esclarecimiento» de este suceso que se analiza en la Audiencia Nacional como posible atentado yihadista.

En una carta en respuesta a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, el ministro del Interior comparte la «preocupación» por los hechos que rodean al atropello del pasado 17 de septiembre en el que un joven marroquí –que presentaba herida por arma blanca– falleció tras impactar con el coche en el que circulaba contra una terraza de un bar, matando a otra persona tras el impacto.

«La investigación rigurosa de los hechos y la plena colaboración con la autoridad judicial sigue en curso y conducirá a buen seguro al total esclarecimiento de los hechos», ha señalado el titular del Ministerio del Interior en un escrito.

Grande-Marlaska alega que desde el Ministerio consideran que conviene esperar a la finalización de las necesarias investigaciones para, en su caso, proceder más adelante a la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista.

INSTRUMENTO FUNDAMENTAL

El titular del Interior destaca que el pacto antiterrorista es un «instrumento fundamental para hacer realidad la imprescindible unidad de las fuerzas políticas ante la grave amenaza que representa el terrorismo», lo que supone una «prioridad» para el Ministerio.

El PP solicitó convocar a los grupos políticos a raíz de las informaciones sobre el atropello mortal de Torre Pacheco. La investigación –declarada secreta por el juez Alejandro Abascal– trata de determinar la motivación terrorista o si se trata de una actuación aislada de una persona con problemas mentales, de acuerdo a las anotaciones halladas, entre otros indicios.

Esa prioridad es la que motiva, según la respuesta de Grande-Marlaska a Cuca Gamarra, que en este momento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén centradas en la investigación y esclarecimiento de todas las circunstancias que concurren en el suceso, al objeto de aportar al órgano judicial instructor «cuantas pruebas e informaciones sean necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y las responsabilidades penales que pudieran desprenderse».

En la carta, Grande-Marlaska agradece la disposición de la portavoz parlamentaria del PP y recuerda el «minucioso y constante» trabajo que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, citando las reuniones semanales de la Mesa de Valoración de la Amenaza, constituida en 2015, y que mantiene el nivel 4 sobre 5 de riesgo alto, con las consiguientes medidas de reforzamiento de los dispositivos de seguridad.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este lunes una nueva sesión del juicio correspondiente a la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), conocida como pieza de personal, en la que figuran como acusados el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el exdirector financiero Antonio Nieto Garrido y dos ex directores de Promoción, Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías, sobrino este último del expresidente socialista del Gobierno Felipe González.

Durante esta sesión ha sido abordada la fase de las conclusiones definitivas de la vista oral, marco en el cual la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado su decisión de incorporar un presunto delito de falsedad documental respecto a los acusados.

En su escrito inicial de acusación, recordémoslo, el Ministerio Público reclamaba para el expresidente de Invercaria seis años de cárcel por un delito continuado de malversación y por un supuesto delito de prevaricación, nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de funciones de administración y gestión de entidades participadas directa o indirectamente por alguna Administración pública.

PETICIÓN DE PENAS DE CÁRCEL

Asimismo, reclamaba para Nieto Garrido seis años de prisión por el delito continuado de malversación, mientras que para los dos ex directores de Promoción pedía tres años y medio de cárcel por ese mismo delito.

En concepto de responsabilidad civil, solicitaba que Pérez-Sauquillo indemnice a Venture Invercaria en la cantidad de 90.224,16 euros; que el exdirector financiero lo haga en la cantidad de 232.446,32 euros y que los ex directores de Promoción indemnicen con 12.960 y 29.928,26 euros, respectivamente.

Mediante la modificación de sus conclusiones, la Fiscalía ha incorporado a su acusación un presunto delito de falsedad documental, sin alterar su petición de penas respecto a Pérez-Sauquillo y Antonio Nieto Garrido, rebajando al de cooperadores necesarios y no autores el supuesto grado de participación en los hechos de Cristóbal Cantos y de Juan María González Mejías, con lo que ha reducido su petición de pena para los mismos a un año y nueve meses y un año y once meses de prisión, respectivamente.

El resto de acusaciones, ejercidas por el PP de Andalucía, la agencia autonómica IDEA y la sociedad heredera de Invercaria, ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales.

El congreso internacional ‘Pensar el feminismo, una mirada global’ ha destacado la necesidad de avanzar en la inclusión de referente femeninos en los libros de texto y de seguir aumentando la presencia de obras de mujeres en las bibliotecas para subsanar su ausencia.

Estas son algunas de las conclusiones del encuentro, presentadas este lunes en la biblioteca municipal de La Petxina de Valencia. Se celebró en mayo dentro del ciclo ‘Bibliotecas en igualdad’, organizado por la asociación Clásicas y Modernas para la igualdad de género en la cultura, con el patrocinio de la Concejalía de Acción Cultural y la dirección general de Cultura y Patrimonio.

En el simposio se inscribieron 2.630 personas a través de la web, con un total de 19.283. Contó con 20 ponentes de Australia, Latinoamérica, Londres, París, Estambul, Oviedo, Barcelona, Valencia y Alicante, detalla el consistorio.

Sus voces fueron un acercamiento a los retos del feminismo global, reflexionando desde varios enfoques sociales, filosóficos, culturales y literarios, reuniendo a teóricas y activistas de renombre en sus respectivas áreas. Se estructuró con cinco sesiones y doce ponencias de 45 minutos más 30 de debate y dos vídeos artísticos, un concierto de clausura y un vídeo de bibliotecas valencianas y sus fondos bibliográficos.

Del comité organizador, Marina Gilabert, Rosa Mª Rodríguez Magda y Angustias Bertomeu han presentado estas conclusiones tras agradecer a la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, y a la concejala Maite Ibáñez su apoyo para hacer posible este encuentro, así como a la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo por sus palabras de bienvenida.

«El feminismo de la cuarta ola es un feminismo global que incorpora la mirada norte/sur, internacional e intergeneracional. Estamos asistiendo a un crecimiento internacional del feminismo, nuevos apoyos procedentes de todo el mundo a los movimientos de las mujeres contra la violencia y el acoso, nuevas formas de activismo creativo, fundamentalmente de jóvenes, que impulsan un nuevo dinamismo global», han expuesto, para destacar que «los hombres feministas han actuado como aliados importantes».

En este escenario, las ponentes creen que el feminismo actual ha de recuperar los retos pendientes de la segunda ola, y asumir las críticas del feminismo de la tercera, así como que es necesario lograr la plena equiparación de las mujeres en el ámbito de la cultura, la recuperación de sus aportaciones, seguir acrecentando la presencia de obras de mujeres en las bibliotecas para subsanar su ausencia, rescatar la memoria escrita y oral e implementar todas aquellas acciones que potencien el protagonismo y la difusión de las mujeres en el ámbito de la cultura».

El encuentro contó con la puesta en común de voces y biografías tan relevante del feminismo contemporáneo como Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política; Najat El Hachmi, escritora española de origen marroquí, premio Nadal de novela 2021; Wassyla Tamzali, abogada, escritora y militante feminista argelina, referente del feminismo laico en el mundo árabe-mediterráneo, o Victoria Sendón como filósofa, escritora y referente en España del feminismo de la diferencia.

También Sheila Jeffreys, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Melbourne (Australia) y activista; Maxine Deirdre, socióloga y profesora en el University College de Londres; la filósofa valenciana Rosa María Rodríguez Magda, o la escritora Laura Freixas, entre otras intelectuales procedentes de Argentina, México o República Dominicana como Raquel Rosario, Laura Lecuona y María José Binetti.

Como concejala de Acción Cultural, Ibáñez ha celebrado que la red de bibliotecas municipales acoja la «vanguardia del pensamiento feminista» y que se doten de un marco de reflexión sobre los retos del feminismo en el siglo XXI.

Como «las bibliotecas son lugares para la reflexión, el conocimiento y el pensamiento», el proyecto compartido de ‘Bibliotecas en igualdad’ puso en marcha acciones como compra de libros con perspectiva de género, ciclos de conferencias para visibilizar el espacio de la mujer en la cultura o las celebraciones del Día Internacional de la Mujer.

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un joven de 18 años de edad, S.B.C., nacido en Ceuta y vecino de la ciudad, como presunto autor de un delito de violencia de género, tras agredir y amenazar de muerte a su expareja en plena calle.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde de este sábado, cuando una mujer llamó al 092 para alertar de que estaba presenciando una agresión en la Bajada a la Estación.

Cuando llegaron los agentes, se entrevistaron con esta testigo y con otro varón, que también había presenciado los hechos y que, al intentar mediar, había sido agredido por el varón sospechoso.

Este hombre explicó que, cuando caminaba por esa calle, observó a un joven gritando, insultado y amenazando a dos mujeres. En un momento dado, ese varón había sujetado a una de las mujeres fuertemente por el brazo, produciéndose un forcejeo; en ese momento, el testigo intervino para evitar la agresión y el sospechoso le propinó un puñetazo.

Los agentes recabaron también el testimonio de la mujer agredida, quien explicó que había quedado con su expareja para despedirse, puesto que se iba de viaje, y le había pedido a una amiga que le acompañase, ya que su exnovio le producía miedo.

Asimismo, relató que, una vez que se vieron, él inició una discusión y comenzó a insultarla sin más, con amenazas de muerte, por lo que ambas decidieron marcharse. Sin embargo, el sospechoso las siguió por la calle, sin dejar de gritar, hasta que las alcanzó y sujetó a su exnovia por el brazo.

Cuando ella se revolvió para librarse del sospechoso, intervino un varón que intentaba mediar e impedir una agresión, pero fue golpeado por S.B.C.

La exnovia explicó a los policías que no es la primera vez que suceden hechos similares, siendo habitual que el sospechoso la insulte y amenace de muerte, tanto a ella como a su familia, por lo que el varón fue detenido, como presunto autor de un delito de violencia de género.

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya se ha amparado este lunes en un acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 sobre secretos oficiales para evitar señalar a otros miembros del Gobierno en el proceso por el que se autorizó la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han asegurado que la extitular de Exteriores ha rechazado responder al magistrado Rafael Lasala sobre quién o quiénes acordaron la entrada de Ghali el pasado 18 de abril en la Base Aérea de Zaragoza y ha optado por ampararse en el mencionado acuerdo del Consejo de Ministros.

En el marco del interrogatorio, González Laya ha confirmado que al líder polisario no se le identificó a su llegada a territorio español. Según han precisado fuentes de la causa, la exministra ha asegurado que no se le requirió documentación alguna en respeto al principio diplomático de confianza mutua entre países, en referencia específica a Argelia.

Las mismas fuentes han asegurado que González Laya ha confirmado al titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que «se autorizó» la entrada de Ghali por razones humanitarias tras recibir una llamada de las autoridades de Argel.

Preguntada por quién fue la autoridad que llamó a España para acordar la llegada del líder polisario, la exministra se ha amparado nuevamente el acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 sobre secretos oficiales, aunque bien podría haberse acogido a su derecho como investigada a no responder.

González Laya ha contestado a las preguntas del juez y de su defensa tras negarse a ser interrogada por la acusación particular –ejercida por el abogado Antonio Urdiales– y por el letrado de los denunciantes –Juan Carlos Navarro–. La Abogacía del Estado, en representación de la exministra y del exjefe de gabinete de Exteriores, ya ha reclamado en dos ocasiones que se aparte a ambos letrados del procedimiento. El juez desestimó la petición en la primera ocasión y está pendiente de que se pronuncie sobre la segunda solicitud.

«CONFORME A LA LEY»

Fuentes presentes en el interrogatorio han asegurado que la exministra, en todo momento, ha defendido que la entrada de Ghali «se ha hecho conforme a la Ley».

Tras prestar declaración durante casi una hora, González Laya ha indicado a los medios de comunicación que su intención es «aportar todas las explicaciones que puedan ayudar» al juez y ha insistido en la premisa que ha mantenido dentro del juzgado: «La entrada –de Ghali– se hizo, desde mi punto de vista, de acuerdo con la Ley.

La exministra acudió presencialmente a la Ciudad de la Justicia en Zaragoza después de que el juez desestimara la solicitud de la Abogacía del Estado para comparecer vía videoconferencia. El magistrado consideró que la petición se basaba en una «alusión genérica a los compromisos profesionales» de la exministra «sin una mínima acreditación», según consta en el auto de 29 de septiembre.

La citación de González Laya tiene lugar a raíz de la solicitud realizada el pasado 14 de septiembre por las acusaciones después de escuchar la declaración de quien fuera su jefe de gabinete en Exteriores, quien aseguró en sede judicial que la exministra tenía conocimiento de la llegada de Ghali.

MÁS DECLARACIONES

Este mismo lunes, a las 12:30 horas, ha declarado ante el juez y en calidad de testigo el ex secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores José María Muriel Palomino. Fuentes jurídicas han indicado que no ha aportado mayor información a la causa tras asegurar que no se encontraba trabajando al momento de la entrada de Ghali.

Está previsto que el próximo 18 de octubre declaren en calidad de testigos la exjefa de gabinete de Carmen Calvo cuando era vicepresidenta primera del Gobierno, y la directora actual de gabinete del Ministerio del Interior.

Las acusaciones han pedido que se cite a los delegados del Gobierno en La Rioja y Aragón después de que se aportara a la causa un informe policial con las declaraciones –en calidad de testigos– del coordinador de trasplantes y cuidados críticos del Hospital San Pedro de Logroño y del gerente del centro. El primero aseguró que le pidieron «una cama UCI para un paciente covid» que venía del «extranjero» dos días antes de la llegada de Ghali; y el segundo aseguró que la petición fue realizada por el jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja.

El partido político Vox quiere poder personarse en la causa abierta en el Tribunal de Apelación de Sassari relativa a la orden de detención y entrega (OEDE) del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont al entender que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) les ampara para poder estar en todo asunto que derive de la causa principal.

«Entendemos que se está vulnerando nuestros derechos fundamentales como acusación popular, y creemos que tenemos que estar aquí personados para defender la unidad de España y la soberanía nacional», ha señalado a responsable jurídica del partido, Marta Castro.

En este sentido, ha defendido que entienden que puede haber acusación popular en la causa italiana de Puigdemont porque si bien no hay muchos antecedentes, «el caso es extraordinario y un golpe de estado no es habitual», ha apuntado en referencia al ‘procés’ independentista catalán por el que se procesó a Puigdemont.

A su modo de ver, el Tribunal Supremo «ha sido tajante y explicativo» sobre el asunto en su comunicación con el tribunal italiano y ha insistido en que el artículo 110 de la LECrim les permite personarse «en cualquier procedimiento que dimana» del principal.

«La OEDE trae causa directa de la causa que se sigue en el Supremo y ahí somos acusación popular, por qué no lo vamos a ser aquí», se ha preguntado a las puertas del tribunal de Cerdeña donde ha comparecido este lunes Puigdemont para asistir a la vista de extradición después de que fuera detenido el jueves 23 de septiembre en el aeropuerto de Alghero y quedará un día después en libertad sin medidas cautelares.

MEMORIA EXPLICATIVA

Al hilo, Castro ha explicado que llevan días tratando de personarse en este procedimiento y de hecho el viernes pasado «se depositó una memoria explicativa de los argumentos jurídicos» que mantienen. «No tenemos resultado directo de las deliberaciones pero hasta donde conocemos creemos que no existiría una causa de suspensión de la cuestión prejudicial europea porque los argumentos que ofrece el Supremo son rigurosos y son jurídicos».

Consideran desde Vox que tanto Puigdemont como los otros consellers fugados de la Justicia «no pueden ampararse en la presunta inmunidad parlamentaria para evadir la Justicia eespañola y no presentarse ante el TS».

El Tribunal de Apelación de Sassari (Italia) ha decidido este lunes suspender la orden de detención y entrega al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sine die, a la espera de que el Tribunal de la Unión Europea se pronuncie sobre su inmunidad y la pregunta prejudicial realizada por el juez del Supremo Pablo Llarena.

Fuentes de la defensa han explicado que los jueces han acordado que el proceso de extradición quede «suspendido sine die por prejudicialidad».

La Universitat Jaume I y la Fundación Mémora han firmado un convenio de colaboración para impulsar conjuntamente proyectos para prevenir la soledad no deseada que estén desarrollados por la Cátedra Cuatroochenta de Inteligencia Artificial, Salud y Bienestar. Ambas entidades han acordado cooperar en el estudio y ejecución de iniciativas para mejorar el proceso final de vida, especialmente en las personas en situación de soledad no deseada.

Asimismo, colaborarán para encontrar vías para mejorar la atención a las personas en proceso final de vida e impulsar acciones de prevención de la soledad no deseada y evitar en lo posible la muerte en soledad.

Actualmente, una de las principales líneas de trabajo de la Cátedra Cuatroochenta de Inteligencia Artificial, Salud y Bienestar es el proyecto Gerontec-Serena, un chatbot conversacional diseñado para comunicarse con las personas y evaluar sus sentimientos de soledad no deseada. Su objetivo es ayudar a la detección temprana de la soledad no deseada y mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de sus cuidadores, a través del aprendizaje automático y la participación ciudadana.

Según la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, este acuerdo de colaboración se enmarca dentro del compromiso institucional de poner tecnologías al servicio de las personas y que mejoren la calidad de vida, «especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad». En este sentido, Alcón ha destacado que precisamente la Cátedra Cuatroochenta de Inteligencia Artificial, Salud y Bienestar de la Universitat Jaume I «ejemplifica esta apuesta por una inteligencia artificial que, como principio básico, persigue el bienestar de la sociedad en su conjunto».

Óscar Belmonte Fernandez y Antonio Caballer Miedes, co-directores de la Cátedra Cuatroochenta, han declarado que poner a disposición de las personas tecnologías que mejoren su calidad de vida es el objetivo prioritario de la Cátedra Cuatroochenta. «Colaborar con la Fundación Mémora nos permitirá crear soluciones tecnológicas para aquellas personas que más lo necesitan, trabajando con ellas en todas las fases de desarrollo de las soluciones, desde la ideación hasta la implementación. Con ello esperamos acercar nuestra labor de investigación a toda la sociedad», han añadido.

Por su parte, el director de la Fundación Mémora, Joan Berenguer, ha explicado que el convenio se enmarca en el compromiso de la entidad con la mejora de la atención a las personas y las familias en situación de proceso de final de vida.

«Desde Fundación Mémora, trabajamos para concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre el final de la vida, para abordarlo de la forma socialmente más solidaria», ha indicado. En este sentido, ha señalado que la colaboración con la Universitat Jaume I y la Cátedra Cuatroochenta permitirá explorar conjuntamente el potencial de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para abordar un problema creciente en la sociedad: la muerte en vulnerabilidad o soledad no deseada de las personas mayores, que se ha visto acentuada «de forma trágica» a lo largo de la pandemia de la Covid-19.

ROBOT CONVERSACIONAL

El proyecto Gerontec-Serena es el primero que el Observatorio Ciudades que Cuidan, impulsado por Fundación Mémora y en colaboración con Fundación la Caixa, ha incluido en su cuaderno ‘Proyectos de intervención en soledad’, una serie de recopilatorios de proyectos e intervenciones de ayuda a las personas mayores para paliar las consecuencias de vivir en soledad, impulsados desde distintas instituciones y entidades.

Constituido el 1 de septiembre de 2019, el proyecto Gerontec-Serena es una iniciativa de ciencia ciudadana financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Consiste en un robot o chatbot conversacional, diseñado para hablar con las personas y evaluar sus sentimientos de soledad. Su objetivo es desarrollar una herramienta que facilite a los profesionales de la salud la detección de personas en riesgo de sufrir soledad no deseada, como primer paso para realizar intervenciones que mejoren esta condición.

Para hablar con Serena, solo es necesario un móvil con acceso a Internet. El asistente funciona través de la voz y, al conversar con Serena, se responde anónimamente a un cuestionario de soledad y a tres preguntas abiertas en las que la persona responde libremente y puede expresar de manera muy personal su sensación de soledad no deseada, lo que permite que el sistema evalúe su situación. Serena está en fase de entrenamiento.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de prisión permanente revisable a una pareja por un delito de asesinato de una bebé de cinco meses, que era hija de la mujer, ocurrida en mayo de 2018 en el municipio de La Matanza, en la isla de Tenerife.

La Sala desestima los recursos de casación interpuestos por los dos condenados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirmó la dictada por un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que impuso, además, una pena de dos años de prisión a cada uno por un delito de malos tratos habituales.

El tribunal recoge en su sentencia que el relato fáctico describe las circunstancias en las que los acusados lesionaron y, finalmente, dieron muerte a la menor. Así, indica que los dos acusados o bien uno de ellos, pero en todo caso con el conocimiento y el consentimiento del otro, por cuanto no hicieron nada para impedirlo a pesar de que podían hacerlo, entre el 22 y el 27 de mayo de 2018, ambos inclusive, «golpearon, zarandearon y propinaron fuertes apretones con las manos y de forma reiterada a la víctima, produciéndole multitud de hematomas distribuidos en la cabeza, piernas, brazos, espalda y abdomen, lugar este en el que se concentraban la mayor parte de ellos».

Añade que, seguidamente, los dos o uno de ellos, como consecuencia de fuertes y violentas compresiones o de uno de los golpes que durante las últimas horas del día 26 de mayo de 2018 o las primeras del día 27 propinaron a la menor, «le rompieron el hígado, provocándole una hemorragia interna que causó su muerte, sufriendo la menor a consecuencia de ello un gran dolor durante un prolongado espacio de tiempo que a su vez indujo un intenso llanto».

La Sala señala que, aunque el Tribunal del Jurado no pudo declarar probado quién de los dos acusados realizó cada uno de los golpes a la menor durante los cinco días, sí concluyó que «fueron ambos o uno de ellos, con conocimiento y consentimiento del otro, expresando un supuesto de coautoría conjunta con recíproca imputación del resultado producido, pues ambos estuvieron presentes durante los cinco días que duró la conducta que produjo los dos resultados típicos, las lesiones y la muerte de la menor».

Agrega que «no es lógico entender que durante esos cinco días uno de los dos no hiciera nada, adoptara una actitud de inactividad absoluta o, como se sugiere, que desconociera lo que ocurrió en la habitación durante cinco días, con los llantos de una bebé maltratada. Por el contrario, la lógica de los hechos lleva a concluir que ambos participaron en el hecho, ambos tuvieron el dominio del hecho sobre la conducta, y así lo describe el relato fáctico que utiliza un tiempo verbal plural para describir la acción y la asunción del resultado, sin perjuicio de la dificultad para determinar la concreta acción que produjo los concretos resultados típicos. Por ello, el Jurado acude a la expresión de la conducta, activa y omisiva, comprensiva de las dos modalidades de un comportamiento típico», subraya el tribunal.

La sentencia recurrida, como la de instancia, según la Sala, evidencian la participación en los hechos, por acción o por omisión, de ambos recurrentes. Recuerda que «hasta cuatro médicos declararon sobre la etiología de las lesiones de la menor de cinco meses, todos concurrentes en sus conclusiones, los hematomas y lesiones son causales a episodios de maltrato y la rotura del hígado no obedece a un hecho fortuito o accidental, sino que es producto de un golpe o una presión intensa sobre el cuerpo del bebé».

Respecto a la autoría de los acusados, indica que «resulta probado, y así lo expresa, por ser ellos dos las únicas personas que atendían a la menor y a la otra hermana de 19 meses de edad, quienes estaban en la habitación de reducidas dimensiones de la que apenas salían, solo para lo imprescindible». Asimismo, descarta la versión accidental proporcionada por los acusados, ya que la prueba pericial refleja el dolor que tuvo que sufrir la menor por la rotura del hígado.

La Sala también considera probada la alevosía, que ha sido cuestionada por los condenados en su recurso. En este sentido, precisa que «cuando se habla de la muerte de un bebé, de una persona de cinco meses de edad, supuesto de máxima indefensión, la conducta dirigida a producir la muerte es típica de la alevosía en la medida en que la muerte de una persona se realiza de modo o forma en el que las capacidades de defensa aparecen, completa y absolutamente, anuladas».

Ciudadanos ha registrado este lunes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que busca favorecer la conciliación de los profesionales de la Justicia ya que, a su juicio, las «particulares circunstancias» en que desarrollan su actividad «requieren de una modificación de las normas procesales» para poder compaginar su vida profesional con la familiar y personal.

Una de estas propuestas pasa por incorporar al año judicial un periodo de vacaciones judiciales navideñas, desde el 23 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive, en el que los tribunales no desplieguen «más actuaciones que las correspondientes a la instrucción de asuntos penales que no puedan demorarse y a los demás asuntos expresamente declarados urgentes por las leyes procesales».

El partido que lidera Inés Arrimadas propone además ampliar, para cada uno de los órdenes jurisdiccionales, las causas que habilitan para la suspensión del proceso, para el aplazamiento de las vistas y para la no asistencia justificada a las mismas por alguna de las partes, a fin de garantizar el derecho a la conciliación familiar de los operadores que intervienen en el ámbito del proceso judicial.

Asimismo, la formación naranja aboga por ponderar adecuadamente el equilibrio entre la finalidad de conciliación de la vida profesional y familiar de los operadores jurídicos con la debida garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de las partes litigantes.

LA CAPACIDAD PARAR CONCILIAR ES «MANIFIESTAMENTE» INSUFICIENTE

Por último, Cs conmina a la Cámara Baja a impulsar reformas legales con el fin de extender el ámbito de aplicación de las medidas propuestas a los supuestos en que, en el ejercicio de su profesión, intervenga un abogado o abogada en un procedimiento de arbitraje o en un procedimiento de mediación.

«Una sociedad liberal, moderna y avanzada, como legítimamente aspira a ser la española, ha de ser capaz de ofrecer a sus ciudadanos la posibilidad de desarrollar plenamente sus propios proyectos vitales, tanto a nivel profesional como personal y familiar, con las mayores facilidades», defiende el escrito presentado por la formación naranja.

En esta línea, Cs considera «manifiestamente insuficientes» las actuales previsiones legales para la conciliación y contenidas en las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, al presentar un tratamiento fragmentario de la cuestión al no tomar en su debida consideración el encaje de los trabajadores en el proceso ni en los diversos órdenes jurisdiccionales.

«En definitiva, se trata de una regulación que no sólo no permite garantizar el derecho a la conciliación familiar que los profesionales de la Justicia tienen reconocido en su condición de trabajadores por cuenta propia, sino que, además, los sitúa en una evidente situación de desventaja frente a otros trabajadores», lamentan desde el partido.

Es por eso que, desde su punto de vista, «deben promoverse las oportunas reformas legales que faciliten la conciliación de la vida profesional y la familiar de los abogados y procuradores, sin olvidar y garantizando siempre y en todo caso, que no se lesione el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que asiste a las partes del proceso».

Un tribunal de jurado ha declarado al hombre identificado como K.K., de 32 años y nacionalidad mauritana, de haber acabado con la vida de su pareja en su vivienda de Roquetas de Mar (Almería) en septiembre de 2018 y haberse deshecho de su cuerpo, que apareció a los pocos días en una planta de gestión de residuos de Gádor.

El jurado ha declarado por unanimidad al acusado de un delito de homicidio tras la modificación del escrito de la Fiscalía, al que se han adherido el resto de las partes después de que el propio acusado reconociera los hechos en su declaración, por lo que se ha interesado que se le imponga una pena de 13 años de cárcel.

Así, los miembros del tribunal, que han negado la suspensión de condena y el indulto al procesado, han considerado probado conforme a la declaración del acusado, el testimonio de los investigadores y la prueba forense, que durante la madrugada del 25 de septiembre de 2018 el hombre se sirvió de un cable para causar la muerte a la mujer, quien falleció por asfixia.

El hombre reconoció que tras haber mantenido una «fuerte discusión» con su pareja A.B. en el domicilio familiar de Las 200 Viviendas, ella le anunció su intención de abandonar la relación, de modo que «como último acto de venganza y control sobre ella» y de forma «sorpresiva», la estranguló.

La madre de la víctima reconoció durante el primer día de juicio que su hija le había comentado que tenía intención de dejar la relación con el acusado, pero que este la tenía «controlada». Así, explicó que desde el momento de la desaparición de su hija tenía el «presentimiento» de que había ocurrido algo con su pareja, de modo que, según ha explicado, el hombre le «mintió» al decirle que se había ido a diferentes sitios de Almería o incluso a Francia.

La testigo detalló que el acusado le dijo que había localizado a la joven en Murcia y que iba a ir a por ella. Ese mismo día –nueve jornadas después del crimen– el sospechoso fue detenido cuando intentaba huir a su país de origen a través de un vuelo a Marruecos que pretendía tomar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fue en la propia T4, tras alcanzar la zona de embarque, donde fue detenido por la Guardia Civil.

Para entonces, el cadáver de la mujer ya había sido encontrado, aunque en muy malas condiciones, en la planta de basura de Gádor, a unos 70 kilómetros de donde había sido arrojado por el acusado según la versión policial, que sostuvo que la misma noche de crimen el hombre se deshizo del cuerpo en un contenedor de basura tras haberlo transportado en su coche hasta una zona diseminada del Poniente almeriense.

El sospechoso ofreció a los investigadores distintas versiones orientadas a hacer creer que la mujer «se había ido de casa» y sobre su posible presencia en Murcia. De forma paralela, ocultó el lugar de residencia donde se produjo el crimen y se deshizo también del vehículo que había empleado para transportar el cuerpo hasta un contenedor.

El detenido habría tratado de obtener un «salvoconducto» de la Embajada de Mauritania para permanecer en Marruecos, toda vez que se había hecho con un billete de avión como parte de su plan de huida. Por su parte, la víctima tenía cuatro hijos de 7, 8, 11 y 14 años de otra relación en la fecha de los hechos, actualmente a cargo de la abuela materna.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica aunque puede quedar registrado en ciertos terminales. El servicio 016 ha incorporado un servicio permanente de WhatsApp al número 600000016 y el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla prevé celebrar los días 8 y 11 de este mes un juicio, contra un varón acusado de intentar asesinar a su esposa apuñalándola con un cuchillo y estrangulándola en la cocina de la vivienda familiar.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos habrían acontecido el pasado 20 de marzo en la calle Torreblanca, en el sector norte del casco histórico de Sevilla capital, y el acusado es Carlos Eduardo S.V., sin antecedentes penales.

Allí, en su domicilio familiar, el acusado habría «abordado por detrás» a su esposa en la cocina de la vivienda, apuñalándola presuntamente con un cuchillo para después arrojarla al suelo y ponerse sobre ella, asifxiándola apretando su cuello entre las manos, siempre supuestamente.

La mujer habría intentado repeler la agresión, mordiendo un dedo pulgar del encartado, que habría respondido apuñalando a la mujer de nuevo, esta vez en el cuello, al tiempo que seguía intentando asfixiarla, sufriendo la víctima un «sangrado masivo» y en suma «peligro de muerte, ya que las heridas afectaron a zonas vitales».

La Fiscalía detalla además que a la fecha de los hechos, el encartado estaba «afectado» por el consumo de sustancias tóxicas y su «estado emocional dado el momento personal y general que estaba viviendo, por lo que su capacidad de obrar se encontraba afectada».

La Fiscalía achaca al encartado un supuesto delito de asesinato en grado de tentativa en concurso con un delito de lesiones, con la agravante de parentesco y la circunstancia eximente incompleta de su estado de afección, reclamando para él nueve años de cárcel y 20 años de prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella.

El Papa ha dicho que la pobreza material es una «condición criminal» que deben combatir «sin tregua» todos los actores sociales, tanto gobiernos como empresas y advertido de que para un cristiano es una «herida abierta del cuerpo de Cristo».

«Las situaciones de pobreza, como verse privado de lo necesario para vivir, son condiciones criminales que en estricta justicia deben ser denunciadas y combatidas sin tregua», ha asegurado Francisco.

El Pontífice ha instado de este modo a oponerse a la cultura de la indiferencia al asegurar que «es un deber ayudar a los pobres». «Todos, según su responsabilidad, y en particular los gobiernos, las empresas multinacionales y nacionales, la sociedad civil y las comunidades religiosas, deben hacerlo. Son las peores degradaciones de la dignidad humana y, para un cristiano, las heridas abiertas del cuerpo de Cristo que grita desde su cruz: ‘Tengo sed'», ha asegurado

En una carta enviada a la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, en el marco de la celebración del encuentro ‘Cáritas, la amistad social y el fin de la pobreza. Ciencias y ética de la felicidad’, el Papa se ha referido a las bienaventuranzas como la «llave de la felicidad» de cualquier persona.

Así, las ha contrapuesto al «paradigma imperante» en la sociedad «que confunde la utilidad con la felicidad» y «pasarlo bien con vivir bien», y que además «pretende volverse el único criterio válido de discernimiento».

El Papa ha señalado así que «el espíritu de pobreza» es aquel punto de inflexión que abre «el camino hacia la felicidad mediante un giro completo».

En este sentido, ha revindicado la pobreza de espíritu que se refiere a aquellas personas «que socorren al enfermo y al pobre con alimentos, salud, refugio, vestimentas y otras necesidades básicas». «Es un deber, por tanto, ayudar a los pobres, pues para Jesús todos serán medidos según lo que hayan hecho para ayudar a sus hermanos necesitados», ha recalcado.

Por otro lado, el Papa ha donado en total 112.000 euros (125.000 dólares) a Sudán del Sur y Grecia, dos países que se han visto afectados por distintas catástrofes, para mostrar su «cercanía espiritual» con un «paternal aliento» hacia las personas y territorios afectados, según ha informado el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

En concreto, el Pontífice ha enviado 67.000 euros (75.000 dólares) a Sudán del Sur, que en agosto se vio afectado por fuertes lluvias e inundaciones que provocaron que más de 12.000 personas tuvieran que ser desalojadas de sus casas, con unas 6.000 viviendas dañadas o destruidas, además de considerables daños materiales, especialmente en la agricultura, una de las principales actividades de la población.

Además, Francisco ha enviado otros 44.785 euros (50.000 dólares) a Grecia para apoyar a la población que, desde el pasado mes de agosto, ha sufrido graves pérdidas debido a los incendios que se produjeron en la isla de Evia, en la península del Ática y en la región del Peloponeso, destruyendo más de 100.000 hectáreas de tierra, campos y cultivos. Según el comunicado emitido por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, esta suma se destinará a actividades promovidas por Cáritas Hellas en la región.

Activistas de Greenpeace han reclamado a los líderes mundiales que se comprometan a proteger el 30 por ciento de los océanos de aquí a 2030 y acciones valientes para proteger la Antártida.

Con motivo de la conmemoración del 30 aniversario del Protocolo de Madrid del Tratado Antártico activistas de Greenpeace han circulado en bicicleta con remolques-pancarta, acompañando a los coches oficiales de los representantes políticos a su llegada al Museo Arqueológico Nacional, en las pancartas, los representantes políticos podían leer en castellano y en inglés: «Dejad las excusas y salvad los océanos ya» o «¡Necesitamos nuestros océanos y nuestros océanos os necesitan, actuad ya!» junto a imágenes de la Antártida y su biodiversidad.

La ONG denuncia que tres décadas después de la protección de la Antártida, menos del 3 por ciento de todos los océanos están protegidos y menos del 1 por ciento lo están adecuadamente.

Así, rememora que el Protocolo Antártico sobre la protección del medio ambiente supuso un hito diplomático sin precedentes con la moratoria de la explotación minera y petrolífera del continente.

Con motivo de la efeméride, Greenpeace reclama a los gobiernos que asisten este lunes al acto que se comprometan a proteger «totalmente» al menos el 30 por ciento del océano para 2030″ y a destinar recursos diplomáticos, al más alto nivel, para finalizar las negociaciones para un Tratado Global de los Océanos sólido en la próxima conferencia de la ONU, prevista en marzo de 2022.

La que fuera responsable de la campaña global para la protección de la Antártida de Greenpeace España cuando se firmó el Protocolo de Madrid en 1991, María Luisa Toribio, ha destacado que la campaña para la protección de la Antártida demostró que es posible lograr acuerdos ambiciosos.

«Los gobiernos supieron escuchar y hacer realidad lo que pocos años antes parecía inalcanzable. Espero que las y los líderes de hoy estén a la altura, que escuchen a la ciudadanía y a la ciencia, y tengan la audacia de poner la protección de los océanos por delante de la explotación de los recursos naturales», ha apelado.

Por su parte, la responsable de la campaña de océanos de Greenpeace, Pilar Marcos, ha explicado que la pandemia COVID ha retrasado la última ronda de negociaciones del Tratado Global de los Océanos que supondría la protección de la alta mar. «Este proceso se inició en el año 2002 y que dada la emergencia ambiental en la que estamos inmersos no puede retrasarse más», ha declarado.

Para Marcos, ha llegado el momento de poner las palabras en práctica y que la UE encabece las negociaciones en Naciones Unidas para garantizar un Tratado sólido que regule las actividades en alta mar y que prime la protección en el 70% del planeta «que es tierra de nadie».

La ONG reclama a nivel internacional que se instaure un mecanismo global para establecer una red de santuarios oceánicos bien gestionados en los océanos globales, y permitir así a la comunidad internacional cumplir con el objetivo 30-30 de acuerdo con las recomendaciones científicas y los crecientes compromisos políticos.

Además, en su petición insta a que el Tratado Antártico «como Constitución de los océanos similar a los Acuerdos del Clima’, disponga de mecanismos «efectivos» de toma de decisiones que impidan que algunos países bloqueen o retrasen decisiones, como ha pasado con la creación de Áreas Marinas Protegidas en el Ártico o la Antártida.

Así, insiste en la necesidad de regular actividades como la pesca o la extracción de minerales, para gestionar las múltiples presiones a la que se enfrentan las aguas internacionales.

En cuanto a España, Greenpeace pide que siga liderando la protección íntegra de las aguas internacionales y que exija la regulación total de las actividades más perjudiciales, como la pesca industrial de alta mar o la minería submarina.

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de cuatro asociaciones de jueces contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó el conflicto colectivo que plantearon contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y 11 comunidades autónomas, al considerar que el CGPJ había incumplido su obligación de regular la carga de trabajo de jueces y juezas a efectos de salud laboral.

Este lunes se ha dado a conocer la sentencia de 55 folios, emitida el pasado 29 de septiembre. En la resolución, que cuenta con el voto particular del magistrado Ángel Blasco Pellicer, el Alto Tribunal ha acordado devolver las actuaciones a la Audiencia Nacional.

Los magistrados han respondido así al recurso interpuesto por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI).

REGULACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

Las cuatro asociaciones judiciales pedían en un principio a la Audiencia Nacional que dictara sentencia por la que se declarase que el Consejo General del Poder Judicial incumplió su «obligación», documentada en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial 2015-2016, de «regular la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as a efectos de salud laboral».

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, sin embargo, estimó la «excepción de inadecuación de procedimiento» alegada por el CGPJ y absolvió tanto al Consejo, como al Ministerio y a las comunidades autónomas demandadas.

El CGPJ insistió en que no se trataba de un conflicto jurídico, «puesto que no existe norma legal, ni convencional, ni práctica de empresa, cuya interpretación y/o aplicación viabilice la acción, en tanto en cuanto el único reproche efectuado es la supuesta inactividad del CGPJ en materia de carga de trabajo a efectos de salud laboral».

SÍ ES UN CONFLICTO COLECTIVO

La sentencia recurrida, sin entrar a conocer del fondo del asunto, aceptó el argumento del órgano de gobierno de los jueces al entender que el conflicto colectivo no era el cauce adecuado para dirimir el objeto del litigio. A su juicio, debería de haberse sustanciado por el procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia social.

Ante esta resolución de la Audiencia Nacional, las cuatro asociaciones de jueces presentaron recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que finalmente les ha dado la razón. «En el presente caso, ha de estimarse que es procedimiento idóneo el de conflicto colectivo», ha concluido el Alto Tribunal.

EL CGPJ, COMO EMPRESARIO

«Resulta trascendente a los efectos discutidos, señalar que el CGPJ al elaborar, aprobar y asumir el referido plan de prevención, cuyo cumplimiento se exige por las Asociaciones judiciales demandantes, no está actuado como una Administración pública en el ejercicio de sus potestades y funciones, sino que realmente actúa a modo de ‘empresario’, al que afectan las obligaciones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, entendiendo el concepto ‘empresario’ en el caso, como garante de seguridad frente a los riesgos laborales de jueces y magistrados», ha precisado el Supremo.

La Audiencia Nacional, la primera vez que examinó esta demanda, dictaminó la falta de competencia del orden jurisdiccional social, lo que fue corregido por el Supremo en una primera sentencia sobre este asunto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude este miércoles a la cumbre de la UE con los Balcanes celebrada en Eslovenia que juntará a los líderes europeos con sus homólogos balcánicos, incluido Kosovo, en una cita en la que aprovechará para llevar ante los socios comunitarios la escalada del precio de la electricidad.

Sánchez será el primer líder del Ejecutivo que se siente en una cumbre presencial frente a un dirigente de Kosovo, al que España no reconoce su independencia proclamada de forma unilateral de Serbia. Mariano Rajoy abandonó una cumbre similar en Bulgaria en 2018 para evitar el encuentro con el líder kosovar en plena crisis catalana, mientras que la anterior cita con los Balcanes en 2020 se celebró por videoconferencia por la expansión del coronavirus.

España da por superada esa situación, después de apoyar el diálogo entre Serbia y Kosovo, con el que la UE aspira a la normalización de las relaciones, y de que se hayan producido hasta choques deportivos, como partidos de fútbol en el marco de la clasificación para el Mundial de Qatar de 2022. Por ello exhibe mayor pragmatismo y defiende que su participación en la cumbre UE-Balcanes no implica reconocimiento oficial.

Eso sí, en la cita de Eslovenia se suprimirán las banderas y símbolos nacionales y tampoco se hará alusión al cargo de primer ministro de Albin Kurti, para no interferir con la política de no reconocimiento de España, Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia. En Madrid muestran su satisfacción con la sensibilidad con la que el país anfitrión ha tratado el tema y se espera se garantice la misma neutralidad que se logró en la anterior cita por videoconferencia que organizó Croacia.

Tras la reunión con Albania, Macedonia del Norte, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Montenegro y Kosovo se espera una declaración conjunta de los Veintisiete que marque la línea a seguir con los retos compartidos en la región, que el bloque europeo considera fundamental por cuestiones geopolíticas y para la estabilidad de su vecindario. A esta hora la discusión en el seno de la UE se centra en cómo referirse a la aspiración comunitaria de los países Balcánicos y si debe haber mención explícita a la adhesión de los países balcánicos, la mayoría candidatos a ingresar en el bloque.

SÁNCHEZ LLEVARÁ EL PRECIO DE LA LUZ

Para el martes, está prevista una cena informal del Consejo Europeo en la que Sánchez pondrá sobre la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE el auge de los precios de la energía. Fuentes oficiales aseguran que se espera que otros líderes se sumen a Sánchez y hagan mención a esta cuestión cuando se discuta sobre la autonomía estratégica del bloque.

En todo caso, la escalada de precios será uno de los asuntos que centre la atención en la próxima cumbre ordinaria de finales de mes en Bruselas. La Comisión Europea ha prometido para entonces un documento con orientaciones para que los Estados miembros puedan responder a la situación pero siempre respetando la normativa actual, por lo que descarta en el corto plazo reformas de calado como las que plantea el Gobierno español.

Una vez acabe la cumbre en Eslovenia, Sánchez aprovechará para desplazarse a la vecina Croacia, en una visita oficial de tan solo unas horas, pero que servirá para entrevistarse con el presidente croata, Zoran Milanovic, y el primer ministro, Andrej Plenkovic. Se trata del primer viaje de un presidente español al país balcánico.