La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebrará este martes la vista para examinar la cuestión prejudicial remitida por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena para aclarar el alcance de las euroórdenes que dictó contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y varios de sus exconsellers por su implicación en el 'Procés'.

El instructor del 'Procès' acudió hace un año al Tribunal europeo, con el respaldo de la Fiscalía, para que determinara las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea (OED), reaccionando así a la decisión del Tribunal de Apelación de Bruselas de no enviar a Lluis Puig a España.

Llarena pide aclaraciones sobre la norma que regula las euroórdenes para que, en base a los criterios fijados por la corte comunitaria, "pueda adoptar una decisión concreta en torno a mantener, retirar o emitir nuevas OEDE respecto de todos o algunos de los copartícipes procesados en esta causa".

Los procesados señalados en la cuestión prejudicial son Lluís Puig, Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Marta Rovira y Anna Gabriel. La Justicia belga resolvió ya el caso de Puig denegando su entrega a España pero los asuntos de Puigdemont y Comín están paralizados a la espera de que el Tribunal con sede en Luxemburgo responda a Llarena.

De este modo, el magistrado español busca reactivar un caso que "se encuentra hoy plenamente paralizado" por la situación de rebeldía de los investigados y por el hecho de que un Estado miembro ya ha denegado la primera de las euroórdenes dictadas en el marco de esta causa.

Aunque Llarena no lo mencionó expresamente al plantear la cuestión prejudicial, otra de las razones de esta parálisis es la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, Comín y Ponsatí como miembros de la Eurocámara. El pleno del Parlamento europeo ya dio luz verde al suplicatorio cursado por el TS para retirar dicho blindaje al ex president, pero esta decisión también ha sido recurrida por los políticos independentistas ante la Justicia europea y está pendiente de decisión.

Ninguno de los políticos implicados en este caso estará en Luxemburgo, pero sí se espera la presencia de dos fiscales de Sala del Supremo: Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, que expondrán la postura de la Fiscalía al respecto.

También acude como acusación particular la vicesecretaria Nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, responsable de la acción judicial del partido ante Tribunales.

LA COMPETENCIA DEL SUPREMO

Llarena dirigió un total de siete preguntas al TUE. La principal duda que plantea es si el juez que debe ejecutar la euroorden puede controlar la competencia del juez que la emite hasta el punto de denegar la entrega por esa causa, una cuestión capital para poner fin al debate sobre la competencia del Tribunal Supremo en el 'Procés'.

El juez defendió que esta capacidad de control solo podría fundarse en la propia Decisión Marco o en la jurisprudencia del Tribunal con sede en Luxemburgo. Sobre lo primero, adelantó ya que la norma comunitaria no recoge expresamente esa posibilidad, subrayando que su silencio "no es casual" porque la ejecución de la euroorden es el "criterio general" debido al "principio de reconocimiento mutuo que, a su vez, tiene su fundamento en el elevado grado de confianza" entre los países de la UE.

Avanzó asimismo que la jurisprudencia del TJUE que ha sacado a relucir la Justicia belga en el caso de Puig se centra en determinar si las fiscalías pueden emitir euroórdenes, de modo que "no resuelven nada sobre el control por parte de la autoridad de ejecución de la competencia de la autoridad judicial de emisión de una OEDE" y, en cambio, "sí afirman rotundamente que la no ejecución de una OEDE debe ser excepcional".

Para Llarena, está claro que no hay norma comunitaria ni interpretación judicial que permitan a los jueces belgas cuestionar la competencia del Supremo para procesar a Puig, advirtiendo además de que afirmar lo contrario tendría una consecuencia "perniciosa" para el sistema de Derecho de la UE.

Este sistema comunitario, recordó, se basa en el "principio de confianza" de cada Estado miembro en la justicia de los demás, lo cual deriva en el reconocimiento mutuo de sus respectivas resoluciones. Si eso se pervierte, alertó, "se transmuta en un principio de desconfianza".

Además, avisó de que, si se reconociera tal capacidad de control, dicho control tendría que hacerlo el juez receptor en base al derecho interno del Estado del juez emisor, dando lugar a una solución "paradójica", así como "incoherente e insostenible" en el seno de la UE, porque se vería interpretando un ordenamiento jurídico que le es "ajeno".

Por último, criticó que los jueces belgas rechazaran la entrega de Puig, no solo por la supuesta falta de competencia del Supremo, sino porque ello supondría una violación del derecho fundamental al juez natural y, también, por dos opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), referidas no a Puig sino a Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que hablan de una posible vulneración de la presunción de inocencia

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha advertido de que quedan "ocho años" por delante para acelerar la acción y "mantener a raya" los efectos del cambio climático, tras la publicación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que ha difundido este lunes la tercera entrega de su Sexto Informe de Evaluación, dedicado a la mitigación del cambio climático.

Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado, a la luz de sus conclusiones, Ribera ha declarado que se trata de "una década crítica para la lucha contra el cambio climático" y que no "hay tiempo para dudar".

"Conocemos la fragilidad de la profunda dependencia de los combustibles fósiles, los injustos efectos negativos del cambio climático y la subida de los precios de la energía", ha sentenciado.

La publicación de este informe se produce en un "momento crítico" en el que, según ha afirmado el Ministerio, los países necesitan establecer expectativas claras sobre la ambición climática "para cumplir los compromisos del Pacto Climático de Glasgow y el Acuerdo de París". El documento proporciona evidencias científicas "sólidas" para acelerar los esfuerzos globales de reducción de emisiones en la década actual.

En este sentido, la vicepresidenta ha destacado que "la nueva entrega del IPCC alerta de que las emisiones de gases de efecto invernadero han continuado creciendo a lo largo de la última década, una tendencia que, insiste, en que se debe revertir con urgencia para alcanzar los objetivos de París: un máximo de incremento de temperatura de 1,5 ºC o sustancialmente inferior a 2 ºC.

INCREMENTO DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Entre las principales conclusiones de este estudio, el grupo de expertos indica que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero han continuado su ascenso en la década 2010-2019, de forma que las emisiones medias anuales durante este periodo han sido las más elevadas registradas hasta la fecha. Además, este incremento se ha registrado en los principales sectores, destacando el incremento de emisiones que pueden ser atribuidas a las áreas urbanas.

OPCIONES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Al respecto, el informe señala que se requerirán reducciones sustanciales de emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores, incluyendo transiciones profundas en los sistemas productivos.

Por ello, el Ministerio ha recogido el papel fundamental que pueden jugar las energías renovables, y ha recordado la disminución de costes experimentada en la última década, "que las convierte en unas fuentes de energía asequibles y competitivas".

De hecho, en el informe se destaca que "mantener los sistemas intensivos en emisiones en algunas regiones puede ser más caro que la transición a sistemas de bajas emisiones".

Dicho informe también reconoce el papel de la economía circular, así como de las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono para tratar las emisiones residuales de gases de efecto invernadero en sectores difíciles de descarbonizar, al tiempo que evalúa los riesgos asociados, han desarrollado desde el MITECO.

Igualmente, el documento dedica parte de su análisis a la "necesaria contribución" de los cambios en los estilos de vida a la hora de reducir emisiones, como la apuesta por la movilidad activa, los cambios en la dieta o la reducción de la demanda de energía, entre muchas otras.

ANÁLISIS DE RIESGOS

Por otra parte, señala que muchos de los riesgos, tecnológicos, de escalabilidad o de costes, a los que se enfrenta cualquier estrategia de mitigación se reducen significativamente en los modelos basados en la eficiencia en el uso de recursos.

Por ejemplo, se prevé que los activos asociados al carbón corren el riesgo de perder su valor económico antes de 2030, del mismo modo que los de petróleo y gas hacia mediados de siglo. Por primera vez, el informe analiza el papel cada vez más importante de los actores no gubernamentales como ciudades, empresas, pueblos indígenas o jóvenes, para hacer frente al cambio climático.

OBJETIVOS DE MITIGACIÓN

En cuanto a los objetivos de mitigación, el análisis resalta también la interdependencia entre mitigación, adaptación y desarrollo sostenible, y subraya "la necesidad de garantizar la participación de todos los actores en procesos de decisión inclusivos y transparentes, y que tengan en cuenta los efectos socioeconómicos asociados".

"La ausencia o limitación de recursos financieros, técnicos y humanos en los sistemas sociales e institucionales puede conducir a respuestas mal coordinadas, reducir los beneficios de mitigación y adaptación y aumentar los riesgos", ha informado el Ministerio.

El documento también hace un repaso al estado de los flujos financieros para la mitigación y la adaptación, y señala "una reducción de su crecimiento medio desde 2018". En este contexto, han destacado cómo estos flujos financieros continuaron centrados en la mitigación, "aunque con tendencias desiguales, desarrollados de forma heterogénea entre regiones y sectores".

En otro punto, el MITECO ha indicado que el informe apunta a que los mercados de bonos verdes y otros productos financieros sostenibles (ESG) se han ampliado considerablemente desde el Quinto Informe de Evaluación en 2014.

Asimismo, el Ministerio ha destacado la presencia de cuatro expertas y expertos españoles en la elaboración de la tercera entrega del informe. Se trata de científicos como Luisa Cabeza (Universidad de Lleida), Alejandro Caparrós (CSIC), Laura Díaz Anadón (Universidad de Cambridge) y Xavier Labandeira (Universidad de Vigo), que han colaborado aportando su experiencia en capítulos sobre edificios y construcción; cooperación internacional; innovación y transferencia de desarrollo tecnológico; e instituciones y políticas nacionales y subnacionales, entre otros.

PRINCIPAL REFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Los informes de evaluación del IPCC constituyen "la mejor referencia internacional" sobre el estado del conocimiento científico en materia de cambio climático. Además, han explicado que para la realización de esta entrega se ha analizado de forma exhaustiva el conocimiento científico sobre la materia, "pero también se han tenido en cuenta otras formas de conocimiento, como el saber indígena y el local, en los procesos de mitigación del cambio climático", han añadido.

"La mejor respuesta es, por tanto, la aceleración de la descarbonización de las economías y la promoción de un desarrollo resiliente. Todos los gobiernos deben alinear su ambición climática con la ciencia. Sabemos lo que hay que hacer. Ahora es el momento de aumentar la velocidad y dar prioridad a las energías renovables y a la eficiencia energética, asegurando al mismo tiempo que las personas se beneficien de las oportunidades de la transición verde", ha concluido la vicepresidenta.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, no ha querido aclarar si España va a proceder a expulsar al embajador de Rusia como ya han comenzado a hacer otros socios europeos, apostando por una respuesta coordinada, aunque sí ha condenado los "crímenes de guerra" que se han cometido en la localidad ucraniana de Bucha durante la retirada de las tropas rusas.

Albares ha expresado su "solidaridad con las víctimas y los familiares de la barbaridad" ocurrida en Bucha, una localidad próxima a Kiev, durante una rueda de prensa al término de la tercera asamblea general de la Alianza Sahel, que preside España.

El ministro ha defendido que "las imágenes indignantes y estremecedoras" que han llegado en las últimas horas desde Bucha "no deben quedar impunes". "Estos crímenes de guerra deben ser investigados rápidamente y sus responsables castigados", ha sostenido.

No obstante, preguntado sobre si España podría seguir los pasos de Lituania, que ha expulsado al embajador ruso tras estos sucesos, o adoptar alguna medida diplomática, como la llamada a consultas de su embajador en Moscú, ha dicho que no era el lugar para anunciar o comentar "decisiones de ese calado".

"Se anunciarán en el momento en que se tomen", ha agregado, aunque sí ha asegurado que "las mismas reflexiones que se están haciendo nuestros socios europeos nos las hacemos nosotros también".

"Es evidente que se han cometido crímenes de guerra", ha aseverado el ministro de Exteriores, los cuales "nos plantean muchas reflexiones a las que daremos respuesta en los próximos días", pero, ha agregado, "siempre que podemos actuamos coordinadamente con nuestros socios europeos" y en esto es en lo que están ahora.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha defendido que el problema actual del espacio soberanista es que hay "un exceso de personalismo y una falta de objetivación de los temas" y ha considerado que estos dos aspectos hacen que el entendimiento sea tan complicado entre ERC y Junts.

En una conversación telemática este lunes organizada por L'H Espai de Debat bajo el título 'Rehacer Catalunya' junto a la periodista Milagros Pérez Oliva, el expresidente catalán ha asegurado que los dos partidos del Govern deben gestionar ahora una situación "que no es de éxito, pero tienen una gran oportunidad de poner las bases del éxito del futuro".

Para Mas, no es imposible superar las diferencias "en función de las actitudes personales", y ha reclamado que se consigan consensos en los temas importantes, entre los que ha mencionado el tema del catalán en las escuelas.

"El precio que se ha tenido que pagar ha sido alto. Tenemos la obligación política de estar por encima de las cosas del día a día, de los rifirrafes", ha reclamado el expresidente catalán, que cree que no es admisible la división en temas clave.

El expresidente catalán ha asegurado que la falta de una hoja de ruta compartida dentro del soberanismo supone una "debilidad intrínseca", y ha reprochado que la represión, que considera que ha habido tras el 1-O, haya traído desunión en lugar de aglutinar y unir más el espacio ideológico soberanista.

JUNTS, EN PROCESO DE DEFINICIÓN

Mas ha afirmado que Junts es un partido que está en proceso de definición tanto ideológica como de liderazgos, pero considera que 'familias' como la del exconseller Jordi Turull y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, "pueden convivir" dentro del partido.

Sobre el papel del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, Mas ha sostenido que su papel dependerá del Estado, de si le tiene en cuenta como interlocutor, y ha añadido que Puigdemont "se implicaría en una posible solución" y tendría una actitud de escucha.

Preguntado por si debería de dar un paso a un lado dentro de Junts, el expresidente Mas ha dicho que eso lo debe decir Puigdemont, pero ha asegurado que es "un hombre poco de partido, pese a que fue militante de CDC desde los años 80".

"Si Puigdemont decide no seguir, hay un mundo que se debe llenar: debe haber un nuevo presidente, una nueva ejecutiva y cargos. Si definen bien la ideología y los liderazgos, se acabará esta confusión", ha destacado Mas.

En cuanto a la mesa de diálogo, Mas cree que Junts no se opone de forma "frontal y radical", porque designó representaste para asistir a este espacio, y ha criticado que la actitud del Gobierno no es de diálogo y no se lo toma tan en serio como deberían, ha dicho textualmente.

Mas también ha sostenido que le "entristece" la disgregación del espacio de CDC, pero ha deseado que salga lo mejor posible de cada uno de los espacios si no son capaces de unirse, al ser preguntado por el proyecto de Centrem, liderado por la exlíder del PdeCat, Àngels Chacón.

Vicente Villanueva reformula las relaciones de pareja en 'El juego de las llaves', su nueva apuesta por la comedia tras 'Toc Toc' y 'Sevillanas de Brooklyn', que se estrena en cines el 13 de abril. Una nueva mirada sobre los enredos amorosos que huye del estilo sitcom para tener "un marco realista, con situaciones que pueden pasar en la vida real" para, también, reflejar la evolución de los roles de género. "Hay ciertos códigos masculinos que deben cambiar", señala Tamar Novas, uno de los protagonistas.

Comedia de enredos con espíritu clásico, 'El juego de las llaves' es la adaptación cinematográfica de la serie mexicana del mismo título creada por Marisa Quiroga para Amazon Prime Video, protagonizada por Maite Perroni, Sebastián Zurita, Marimar Vega, Humberto Busto, Horacio Pancheri, Hugo Catalán, Ela Velden y Fabiola Campomanes. A diferencia de otros remakes, esta producción parte de una ficción de ocho episodios que ha sido reconvertida en una película de 105 minutos de duración.

"Ha sido una plena labor de guion, obra de Marta Buchaca [guionista de 'El juego de las llaves'], que fue la encargada de resumir esos ocho capítulos en un guion de 1 hora y 45 minutos. Luego, fue nuestro reto coger ese guion y hacerlo nuestro, dándole nuestra personalidad y convertirlo en un largometraje diferente", explica Villanueva en una entrevista.

'El juego de las llaves' sigue los pasos de Laura (Eva Ugarte), una mujer que lleva toda la vida con Antonio (Ricard Farré) y justo cuando se empieza a plantear si realmente esa es la vida que quiere, Sergio (Fernando Guallar) y Siena (Justina Bustos) se cruzan en sus vidas. Sergio es un excompañero de instituto y Siena su novia millennial que llega para revolucionar las vidas tanto de ellos como las de sus amigos de toda la vida gracias a un juego: el juego de las llaves.

UNA COMEDIA QUE VA MÁS ALLÁ DE LOS ENREDOS AMOROSOS

A diferencia de otras producciones recientes que tocaron temas como los intercambios de pareja, las relaciones abiertas o el poliamor, 'El juego de las llaves' busca ahondar en la complejidad de las personalidades de sus protagonistas, cuatro mujeres y cuatro varones, que conforman un retrato generacional de los roles de género actuales. "Se agradece ver en ficción a las mujeres hablar de sexo entre ellas como un tema más y compartir experiencias. Esa separación entre hombres y mujeres sobre el sexo no existe en la vida real y da gusto verlo en el cine", defiende Justina Bustos.

"Naturalizar el que las mujeres hablen de sexo era lo que necesitábamos, ayuda a empatizar y mostrar que es algo espontáneo. La diferencia con esta historia es que son ellas las que toman la iniciativa, las que mueven hacer este juego de las llaves", añade Eva Ugarte. Por otro lado, el largometraje también busca mostrar la sexualidad masculina desde una perspectiva actual.

"No solo es cuestión de mostrar la evolución. También es el mostrar que hay cosas que ahora nos llaman la atención o nos molestan y que antes no lo hacían, como lo que sucedió con Will Smith en los Oscar, por ejemplo. Creo que es un debate maravilloso que pase y que nos demos cuenta que ciertas cosas que nos parecían que estaban bien, no lo están y eso se refleja en la cinta", señala Tamar Novas.

"Hay ciertos comportamientos masculinos que tenemos que revisar, esos códigos, que han estado toda la vida, tienen que actualizarse. Las masculinidades que hay en el filme, además, son muy diversas", argumenta Novas. "Los cuatro personajes masculinos son muy diferentes y muestran los retos que tienen como hombres actuales", agrega Fernando Guallar.

Dirigida por Vicente Villanueva y escrita por Marta Buchaca, 'El juego de las llaves' está protagonizada por Fernando Guallar, Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Tamar Novas, María Castro, Dani Tatay, Ricard Farré y Justina Bustos. Una producción de Atresmedia Cine y Nadie es Perfecta distribuida por Warner Bros España.

Algunas ONG mediambientales han apuntado a "contradicciones" en el nuevo informe Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés), mientras otras han recogido sus recomendaciones y han demandado "no posponer" las medidas contra el cambio climático"

En concreto, Amigos de la Tierra ha criticado que el documento "presenta trayectorias de acción que sobrepasan el objetivo 1,5°C y recurre a falsas soluciones que ni siquiera se han probado, lo que supone un grave riesgo para la humanidad y el planeta".

A su juicio, se trata de un "informe basado en recomendaciones económicas cortoplacistas y no en recomendaciones científicas" y ha añadido que "están basadas en modelos conservadores que se amparan en la suposición de un crecimiento económico continuo, sin considerar la opción ineludible de un cambio de sistema".

"Una vez más, los hallazgos y conclusiones del IPCC se han convertido en un campo de batalla política (...) Las recomendaciones del nuevo texto respondan a los intereses de un modelo económico incompatible con la vida en la Tierra", ha añadido.

Al respecto, la responsable de Justicia Climática de la organización, Cristina Alonso, ha advertido de que "a pesar de los informes anteriores en los que el IPCC ha alertado una y otra vez de la necesidad de no cruzar la línea y situarnos en un cambio climático de no retorno, con este documento abren la puerta al 1,5°C para contentar a la élite económica mundial y traicionar al 99% de la humanidad".

"Esto deja claro, que el sistema actual no ofrece ninguna solución para enfrentarnos a la crisis climática. Necesitamos nuevas políticas que pongan a las personas y los ecosistemas en el centro", ha sentenciado.

Alonso ha aseverado que la "prioridad de los responsables políticos y las comunidades debe ser poner fin a la era de los combustibles fósiles y transformar los sistemas socioeconómicos para garantizar sociedades bajas en carbono, sostenibles y basadas en la justicia climática, que pongan por delante el interés general de la población mundial".

Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, ha destacado que el informe incide en la necesidad de "no frenar la acción" contra el calentamiento global pese al conflicto en Ucrania.

En esta línea, ha reclamado al Gobierno de España que celebre antes de verano se celebre una Conferencia Extraordinaria de Presidentes "con el fin de fraguar este mismo año un gran Pacto de Estado, secundado por todos los gobiernos autonómicos y municipales, por acelerar la reducción de las emisiones y, a la vez, frenar y revertir la crisis de la biodiversidad".

"Sea en la respuesta a la guerra en Ucrania o en la preparación de los presupuestos públicos para 2023, no se debe plantear, aprobar o gastar nada que vaya en contra de estos dos objetivos troncales", ha demandado también.

Asimismo, el responsable de Clima y Energía de la misma organización, David Howell, ha puesto el foco en la necesidad de "ayudar a los países más desfavorecidos cuya cuchilla climática ya amenaza con cortar de raíz sus economías y supervivencia".

"VENTANA DE OPORTUNIDAD CADA VEZ MÁS ESTRECHA"

Desde Greenpeace, la portavoz, Sara Pizzinato, ha llamado a "dejar de posponer las medidas necesarias para frenar el cambio climático" ya que existen soluciones para "tener un futuro más seguro", si bien ha advertido de que la "ventana de oportunidad para planificar esas medidas es cada vez más estrecha".

Ante la acción "insuficiente" de los países para cumplir con los Acuerdos de París y la financiación de combustibles fósiles, ha pedido "desviar el dinero de los problemas y llevarlo a las soluciones, poner sobre la mesa planes y políticas climáticas".

"Se acabo el juego para los combustibles fósiles que alimentan las guerras y el cambio climático. Hay que pensar en cerrar de forma rápida y acelerada todas las infraestructuras basadas en gas, petróleo y carbón si queremos una oportunidad de salvarnos", ha urgido.

Por otro lado, WWF ha tildado el informe de "impactante" y ha pedido no perder la oportunidad de las soluciones que aún están disponibles en todos los sectores para la reducción de las emisiones. "Es urgente actuar antes de que sea demasiado tarde", ha alertado.

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado un fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la orden de la Xunta de 2019 de confección de nóminas, de forma que reconoce el derecho a cobrar el complemento de carrera a todo el personal que cumpla con requisitos de años de servicio y formación, sin exigir funcionarización.

En el fallo, con fecha de 30 de marzo de 2022, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acuerda la inadmisión a trámite del recurso de la Xunta porque ya se pronunció en otras ocasiones con atención a lo que en enero de este año ya había sentenciado el TSXG.

El fallo del TSXG atendía un recurso de la CIG y decidía anular todos los preceptos de la orden que fueron impugnados por contrarios al ordenamiento jurídico. La Sala entendía que esta orden vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación del personal laboral de la Xunta al impedir participar en el sistema de carrera profesional, privándole de su derecho a la promoción profesional.

La orden impugnada excluía del acceso al grado I del sistema de carrera al personal laboral fijo que no presentase la solicitud de funcionarización o no superase el proceso.

DOS MESES PARA EJECUTAR LA SENTENCIA

En un comunicado, la CIG señala que la Xunta tiene ahora dos meses para ejecutar la sentencia e incluir a todo el personal que cumpla los requisitos, sea funcionario de carrera o personal interino o laboral, en el ámbito subjetivo del primer grado extraordinario.

Aunque algunos empleados han comenzado a cobrar, "incluidos los retrasos", porque las sentencias individuales fueron más adelantadas, este pronunciamiento sirve "ya con carácter general para quien cumpla los requisitos que ya se habían establecido para el personal funcionario de carrera".

La CIG-Administración Autonómica se muestra dispuesta a negociar con Función Pública las modificaciones necesarias para dar este derecho a quien hasta ahora se le había denegado. "No olvidamos tampoco que la Xunta suspendió unilateralmente el derecho al cobro del grado II, por lo que no vamos a admitir que se negocie una cosa sin poner en marcha la otra", sostiene el sindicato. Urge a "que se pongan a trabajar y se sienten a negociar sin agotar el plazo que obligue a solicitar la ejecución de sentencia".

El Consejo de Ministros aprueba este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, el Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato, según han informado en fuentes gubernamentales. Estos cambios se implantarán en el año académico 2022-2023 para 1º de Bachillerato y en el curso 2023-2024 para el 2º curso.

Según la norma, el estudio de Historia de España de 2º se centrará en la etapa contemporánea, desde 1812. "En mi último curso de Bachillerato, yo no estudié toda la Historia española desde la Antigüedad hasta la actualidad. Hay muchas generaciones de españoles que no han estudiando más que la edad contemporánea porque no es la única materia de Historia que hay en la enseñanza", ha dicho en declaraciones a los medios el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.

Tiana ha argumentado que hay "muchos países" que siguen este modelo, con el ánimo de poder profundizar más en la materia. "En Francia se estudia, al final del Bachillerato, la historia desde la Segunda Guerra Mundial para acá y en otros países se estudia la del Siglo XX y comienzos del XXI. No somos una excepción", ha subrayado.

En relación con la titulación, la norma establece que los alumnos podrán obtener el título cuando aprueben todas las asignaturas del ciclo. No obstante, mantiene la excepción de poder conseguirlo con una pendiente, si así lo decide el equipo docente, en caso de que considere que ha alcanzado los objetivos y competencias; que no se haya ausentado de manera continuada y no justificada a clase; que se haya presentado a todos los exámenes; y que la media de las notas obtenidas en todas las materias sea igual o superior a cinco.

Así, un alumno que haya aprobado todas las asignaturas excepto una, podrá presentarse a la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), si cumple dichos requisitos. "Les hemos puesto condiciones. No es que se ahorren una materia. No es eso en absoluto. Es que en determinadas condiciones puedan compensar", ha explicado Tiana ante las críticas, al tiempo que ha recordado que en el ámbito universitario esto ya es posible.

Respecto a la promoción, los alumnos pasarán de 1º a 2º cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. Otra novedad es que, si bien la superación de las materias de 2º estará condicionada a la superación de las materias de 1º, el alumnado podrá matricularse de asignaturas de 2º sin haber cursado la correspondiente materia de 1º "siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo". En caso contrario, deberá cursar la asignatura de 1º.

La evaluación será "continua y diferenciada según las distintas materias" y será el profesor quien decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.

El texto también recoge que los alumnos podrán someterse a exámenes de recuperación de aquellas materias que no hayan aprobado, otra diferencia significativa con respecto a la ESO, donde se eliminan este tipo de pruebas.

De manera excepcional, se permite que los alumnos puedan cursar el Bachillerato en tres cursos en lugar de dos, en aquellos que lo requieran por sus "circunstancias personales, temporales o permanentes". Se refiere a quienes cursen la etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música, los que sean deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, o quienes presenten alguna necesidad específica de apoyo educativo.

CINCO MODALIDADES DE BACHILLERATO

El Bachillerato tendrá cinco modalidades: Ciencias y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales; dos bachilleratos de Artes (uno de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y otro de Música y Artes Escénicas); y otro General. Dónde se imparten, lo decidirán las comunidades autónomas.

Todos los alumnos, independientemente del Bachillerato que elijan, cursarán Educación Física en primero, Filosofía en primero e Historia de Filosofía en segundo, Historia de España en segundo, así como Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera (normalmente inglés), tanto en primero como en segundo. Al impartirse en ambos cursos, serán las que más horas tendrán, con 210 cada una. El resto tendrán 70 horas, excepto Educación Física, que contará con 35 horas.

Una novedad que recoge la norma es que cuando la oferta de materias en un centro quede limitada por razones organizativas, se facilitará que se pueda cursar alguna asignatura de manera online o en otros centros. Además de las asignaturas comunes, los estudiantes tendrán que cursar otras materias específicas, a elegir por el alumno, según la modalidad de Bachillerato que escojan. Cada asignatura de modalidad se impartirá durante 87,5 horas.

En la modalidad de Ciencias y Tecnología, los alumnos cursarán Matemáticas I y las dos restantes las tendrán que elegir de un total de cuatro que se ofertan, entre las que se encuentran Tecnología e Ingeniería o Biología, Geología y Ciencias Ambientales. En Humanidades y Ciencias Sociales, podrán escoger Latín I o Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I, y tendrán que elegir otras dos, que podrán ser desde Literatura Universal, a Griego I o Economía. En segundo, podrán elegir desde Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, a Geografía o Historia del Arte, entre otras.

El alumnado que opte por la modalidad de Artes Plásticas, Imagen y Diseño tendrá que cursar Dibujo Artístico en primero y segundo, además de otras dos materias como pueden ser Cultura Audiovisual, Proyectos Artísticos o Volumen. Por su parte, los alumnos de Música y Artes Escénicas cursarán en primero Análisis Musical I o Artes Escénicas I, así como otras dos materias, que podrán ser Coro y Técnica Vocal I, Cultura Audiovisual o Lenguaje y Práctica Musical. En segundo podrán cursar Historia de la Música y de la Danza o bien Literatura Dramática.

En cuanto a los alumnos del Bachillerato General, cursarán, en primero, Matemáticas Generales, y tendrán que elegir otras dos materias, una de las cuales podrá ser Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial. La otra u otras dos, si no coge esta materia, podrán ser cualquiera de las materias de modalidad de primer curso que se impartan en las demás modalidades de Bachillerato. En segundo curso, estudiarán Ciencias Generales y otras dos materias de modalidad, una de las cuales podrá ser Movimientos Culturales y Artísticos. La otra u otras serán de otras modalidades de Bachillerato.

Según Tiana, esta modalidad General "permite establecer trayectorias más personalizadas del alumnado", y que no se vean forzados a llevar una vía muy ceñida, sino que puedan elegir con mayor capacidad de discreción".

En total, el diseño curricular se compone de 42 asignaturas, entre materias comunes y de modalidad a elegir por los alumnos. El Ejecutivo plasma su voluntad de que el Bachillerato incorpore la perspectiva de género y fomente la igualdad. Este enfoque está recogido prácticamente en todas las materias, como por ejemplo, en Historia de Filosofía donde estudiarán autoras como Hipatia de Alejandría, Mary Wollstonecraft, Hannah Arendt o Simone de Beauvoir.

Finalmente, sobre las críticas que apuntan a que la flexibilidad del decreto puede llevar a una mayor desigualad entre territorios, Alejandro Tiana ha defendido que es "positivo" porque ofrece "la posibilidad de sacar lo mejor de la profesionalidad de los docentes". "Nosotros les damos unas directrices sobre qué tienen que hacer, pero ellos son los profesionales que lo van a llevar a cabo", ha zanjado.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha puesto en valor las medidas del Plan Nacional España Responde destinadas a mitigar el impacto en las industrias culturales ucranianas debido a la guerra, al tiempo que ha insistido en el esfuerzo por parte de Europa de favorecer la "industria cultural propia".

Así lo ha trasladado Iceta este lunes durante su participación en el Consejo de Ministros de Educación, Juventud, Cultura y Deporte de la Unión Europea que ha tenido lugar en Luxemburgo donde se han abordado, entre otras cuestiones, la protección del sector cultural ucraniano ante la guerra impuesta por Rusia.

En este sentido, Iceta ha señalado que, durante la jornada, se han expuesto las medidas que los países están tomando "para contribuir a que la cultura ucraniana pueda seguir su actividad y a ayudar a paliar los efectos que está teniendo la guerra sobre la cultura en Europa". Así lo han hecho saber al ministro de Cultura de Ucrania, Alexander Tkachenko, que también ha intervenido en el Consejo por videoconferencia.

El dirigente de la cartera de Cultura y Deporte ha explicado que en España, dentro del marco del Plan Nacional España Responde, se han tomado medidas "referidas a las producciones audiovisuales en coproducción o con rodajes en Ucrania, y países limítrofes, así como a las películas ucranianas con estreno en España".

Según ha concretado, "es imprescindible apoyar a los artistas, empresas e instituciones afectadas por esta situación para que continúen con su actividad, preservando su libertad de creación, flexibilizando los plazos y exigencias para llevar a buen término sus películas. Que el arte no se pare".

Además, ha añadido que los artistas están incluidos en las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para acoger a los nacionales ucranianos, "facilitándoles permiso de residencia, trabajo, sanidad, educación, alojamiento y apoyo financiero".

CESE DE COLABORACIONES RUSAS

Por otra parte, respecto a las sanciones a Rusia, el ministro ha recordado que "no se han hecho propuestas nuevas", sino que se ha decidido mantener la declaración acordada en la reunión informal celebrada en Angers y, por tanto, "el cese de cualquier colaboración de tipo institucional relacionada con la cultura". De esta manera, ha recordado que "hay una preocupación grande" debido a que el Comité de Patrimonio de Unesco tenía prevista la celebración de su próxima reunión en Kazán, en la Federación Rusa, y todos los países se han manifestado "contrarios".

Respecto a medidas concretas de ayuda, Iceta ha detallado que "hay países que han ofrecido su apoyo técnico y la UE ha sido muy clara: algunos programas se están desviando para echar una mano en Ucrania", poniendo como ejemplo el programa Europa Creativa.

En cuanto a la protección del patrimonio ucraniano, Miquel Iceta ha avisado de que "la cuestión no es fácil" ya que el movimiento de patrimonio cultural "es delicado y en una situación de guerra aún más". Por su parte, el ministro ucraniano ha animado a los países reunidos en el Consejo a "proseguir con la política de sanciones" porque, según ha dicho, "están causando efecto".

LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO EN LOS SECTORES CREATIVOS PRIORITARIOS

En el orden del día también han destacado asuntos como la "movilidad de los artistas y los profesionales de la cultura y de la creación" y el "ecosistema de las industrias culturales y creativas".

Al respecto, el Consejo ha tratado sobre "el fortalecimiento de las industrias culturales europeas". Por ello, Iceta ha señalado su satisfacción "por la inclusión de los videojuegos como parte de la cultura en los sectores creativos prioritarios", a petición de España.

"Desde España insistimos en que ya que el énfasis europeo es lo audiovisual, los videojuegos se incorporen en plenitud a esas ayudas. Se ha conseguido. En la reunión intentamos hacer más Europa, pero también echar una mano a nuestra industria nacional", ha defendido el ministro.

Por todo ello, el Consejo de la UE ha reafirmado la consideración de los sectores creativos, entre ellos el del videojuego, como uno de los ecosistemas prioritarios de la UE, ha apuntado el Ministerio.

En este contexto, según han desarrollado, se ha invitado a los Estados Miembros a mejorar el acceso a la financiación europea y estatal; estimular el desarrollo y la mejora de habilidades y la capacitación; mantener y reafirmar la soberanía digital europea en la era digital; fortalecer la capacidad exportadora de las empresas culturales europeas; y promover la responsabilidad de las industrias culturales y acelerar la transición ecológica.

DEPORTE FEMENINO

En materia deportiva, el ministro ha expuesto que el Consejo ha hablado "del deporte como instrumento de transmisión de valores europeos y del necesario impulso al deporte femenino". Por su parte, Iceta ha compartido con sus homólogos la "noticia" de que España ha conseguido el récord mundial de asistentes a un partido de fútbol femenino "con más de 91.000 personas en Barcelona".

"En España estamos haciendo esfuerzos, lo cual muestra un avance que se ha de seguir y consolidar", ha afirmado el ministro, subrayando que es, precisamente, "uno de los ejes de la nueva Ley del Deporte". Dicha ley tiene como objetivo prioritario la protección de las mujeres, ya sean deportistas federadas, profesionales, aficionadas o gestoras y directoras deportivas. "Una ley que busca la igualdad real", ha apostillado el ministro.

Asimismo Iceta ha asegurado que se han tomado una serie de medidas como que las entidades deportivas tienen que equilibrar obligatoriamente la presencia de hombres y mujeres en sus órganos directivos; las federaciones deportivas y las ligas profesionales estarán obligadas a realizar un Informe anual de igualdad entre hombres y mujeres respecto de las competiciones que organicen; y habrán de elaborar un plan de conciliación y corresponsabilidad con medidas concretas de protección en los casos de maternidad y lactancia.

Asimismo, el ministro ha destacado que en España se acaban de aprobar los estatutos para la primera Liga femenina de fútbol profesional "gracias al empeño e impulso de las propias deportistas". "Una liga que confiamos que sirva como ejemplo tractor para otros deportes", ha añadido.

Representantes sanitarios y sociales han reclamado este lunes mayor voluntad política para hacer frente a los objetivos de erradicación del VIH, así como para eliminar la estigmatización antes del 2030, a la vez que han solicitado fomentar una mayor formación en la sociedad, tanto a los profesionales como a los más jóvenes, y un abordaje multidisciplinar para que los pacientes "no se pierdan durante el camino del tratamiento".

Así lo han asegurado varios expertos que han asistido a la X Jornada de Salud Pública sobre el VIH en el Congreso de los Diputados, que ha organizado la International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC), en colaboración con el Ministerio de Sanidad y con el apoyo de Gilead, que se ha celebrado en el marco el 40º aniversario del primer diagnóstico de VIH en España.

El evento ha celebrado dos mesas redondas en las que han participado la Jefa del Área Asistencial Secretaria del Plan Nacional sobre el Sida (PNS) del Ministerio de Sanidad, Rosa Polo; la doctora de la Unidad de Vigilancia de VIH del Centro Nacional de Epidemiología, Asunción Díaz; la doctora del Hospital Germans Tries(Barcelona), Eugenia Negredo: la vicepresidenta y directora general de Gilead, María Río; el director general de Salud Pública y Adicciones de la Región de Murcia, José Jesús Guillen; la presidenta de CESIDA, Reyes Velayos; y la jefa de la Unidad Infecciosas del Hospital Clínico Universitario de Valencia, María José Galindo.

En nombre de Sanidad, Rosa Polo ha reconocido que el principal objetivo que se contempla en el departamento público es conseguir los retos del VIH para 2030, que son disminuir en un 90 por ciento las infecciones, lograr que en el 95 de los casos sean diagnosticados, de esos casos el 95 por ciento obtenga una carga viral indetectable y, por último, eliminar el estigma.

Sin embargo, uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sistema sanitario es que hay un trece por ciento de la población que desconoce que padece dicha enfermedad y, en ocasiones, ha apuntado Polo, se debe a la dificultad de las personas vulnerables para acceder a él.

En este sentido, Asunción Díaz ha apelado a la mejora de los sistemas de información de detección, puesto que los sistemas de tratamiento "están mas establecidos", con lo cual permiten realizar unas estimaciones "con mayor precisión" , y ha criticado la falta de recursos personales que es "exagerada".

"Lo que ocurre es que en nuestro ámbito solamente se pone de manifiesto, desafortunadamente, cuando las cosas van mal. Si las cosas van bien, epidemiología y vigilancia epidemiológica parece que no hace nada. Entonces, ahora, cuando ha habido una sobrecarga del sistema tan importante se ha puesto de manifiesto lo que lo que conocíamos los que trabajamos en esto y es la existe una dificultad en los recursos personales, exagerada. Ahora se nos están jubilando mucha gente y no tenemos relevo y esto se une a un déficit tecnológico muy importante también", ha lamentado.

Por su parte, Eugenia Negredo ha sostenido que una de las prioridades debe ser identificar perfiles de los pacientes porque "cada persona tendrá unas necesidades diferentes", por lo que ha pedido acotar el análisis. "Yo creo que es fundamental para lograr los próximos pasos disponer de equipos multidisciplinares que aborden las diferentes esferas que giran en torno al VIH, como la esfera social, funcional o económica", ha manifestado.

Asimismo, María Río, durante su intervención, ha elogiado el camino que han desarrollado todos los agentes sociales implicados en la enfermedad y que ha permitido pasar de una enfermedad mortal a una enfermedad crónica. "Tenemos que luchar por conseguir la curación aunque sabemos que es complicada pero hemos vista cómo se ha curado la hepatitis C", ha asegurado.

FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y FINANCIACIÓN

Durante la segunda mesa redonda, que se ha celebrado bajo el título 'Retos para alcanzar los objetivos de ONUSIDA 2030', los expertos han coincidido al señalar la importancia que debe tener la comunicación y la formación y han elogiado los actuales sistemas de alertas que se han implantado en algunas regiones.

"Los sistemas de alertas son un gran avance pero no son suficientes sin la formación profesional. En una experiencia en Murcia se ha comprobado que tras la formación de los médicos, los pacientes aumentaron la solicitud de pruebas y se diagnosticaron un mayor número de casos positivos", ha defendido José Jesús Guillén.

En este sentido, María José Galindo ha reafirmado la importancia de una buena comunicación para que el paciente "no se pierda por el camino" porque "en función de cómo se comunique ese caso, esa llegada al sistema será mejor y la aceptación del tratamiento será positivo" y, a su vez, ha apremiado a que los profesionales deben saber diagnosticar todas las comorbilidades de los pacientes con VIH.

"El 60 por ciento de las personas con VIH tienen otras patologías porque son mayores de 50 años y hacen que a veces se olviden de los otros tratamientos que tiene y no se toman sus medicinas. Entonces, es importante que utilicemos las consultas para tratar de manera global las otras enfermedades junto con el VIH y así reduzcamos las complicaciones a los pacientes y al resto de profesionales", ha expuesto.

En cuanto a la discriminación, Reyes Velayo ha lamentado que, después de 40 años, se haya fracasado en este asunto, a pesar de que ha reconocido el éxito clínico farmacológico contra el VIH, y ha asegurado que falta información en la sociedad para acabar con este tema. "Es falta de conocimiento y de información, por lo que la educación es básica", ha reafirmado.

Por último, tanto Reyes Velayos como María José Galindo, han subrayado que también se debe trabajar en disminuir la espera entre consultas médicas y acercar y reforzar la relación entre los sanitarios y los pacientes. "Es importante trasladar a los pacientes el mensaje de que ellos pueden hacer mucho por su salud pero se debe buscar sistemas para que puedan hacer llegar sus historias y así tener más contacto", ha defendido Galindo, quien no se ha aventurado a augurar una fecha en la que se erradicará el VIH aunque sí ha aseverado "que la curación llegará".

Al respecto, Reyes Velayo ha insistido en esta idea para erradicar el estigma, por lo que ha pedido formación sanitaria en los colegios .

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha tildado el nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) de "expediente de la vergüenza" porque evidencia las promesas climáticas "incumplidas", y ha advertido de que el mundo va "por la vía rápida hacia el desastre climático".

Así lo ha expresado este lunes en la presentación del informe 'Cambio climático 2022: mitigación' realizado por el Grupo de Trabajo III del IPCC al Sexto Ciclo de Evaluación (AR6), que advierte de que limitar el calentamiento global a 1,5ºC será "imposible" sin una reducción "rápida y profunda" de las emisiones de gases de efecto invernadero en "todos los sectores".

"El jurado ha llegado a un veredicto, y es condenatorio. Este informe es una letanía de promesas climáticas incumplidas (...) y vacías que nos ponen firmemente en el camino hacia un mundo invivible", ha criticado sobre el estudio, que llega en un momento de "turbulencia mundial".

Asimismo, ha avisado de que, en esta línea, el mundo se encamina al "desastre climático", con "grandes ciudades bajo el agua, olas de calor sin precedentes, tormentas aterradoras, escasez de agua generalizada o la extinción de un millón de especies de plantas y animales".

"Esto no es ficción ni exageración, es lo que la ciencia nos dice que resultará de nuestras actuales políticas energéticas", ha alertado, para incidir en que, de seguir con las "mentiras" por parte de líderes políticos y empresariales, alcanzaríamos más del doble del límite de 1,5ºC acordado en París.

"Los gobiernos y las empresas que más emiten no sólo hacen la vista gorda, sino que echan más leña al fuego. Están asfixiando a nuestro planeta, basándose en sus intereses creados y en sus inversiones históricas en combustibles fósiles, cuando las soluciones renovables más baratas proporcionan empleos verdes, seguridad energética y mayor estabilidad de precios", ha afeado.

En este sentido, ha recordado que la COP26 de Glasgow dio lugar a un "optismismo ingenuo" pero con el "principal problema ignorado", la "enorme y creciente brecha de emisiones".

Ante este problema, ha señalado que "la mayoría de los principales emisores no están tomando las medidas necesarias para cumplir incluso estas promesas inadecuadas". "A veces se describe a los activistas del clima como radicales peligrosos, pero los verdaderos radicales peligrosos son los países que están aumentando la producción de combustibles fósiles", ha aseverado.

La inversión en nuevas infraestructuras de combustibles fósiles es, a su juicio, una "locura moral y económica", ya que pronto serán "activos varados, una mancha en el paisaje y una plaga en las carteras de inversión", ha dicho.

OPCIONES VIABLES

Pero esto, según ha resaltado, "no tiene por qué ser así". Y es que, tal y como ha agregado, se pueden seguir las opciones "viables" y "financieramente sólidas" que ha planteado el informe del IPCC presentado este lunes.

"Estas opciones pueden mantener viva la posibilidad de limitar el calentamiento a 1,5 grados", confía Guterres, para reclamar que se triplique la velocidad del cambio a las energías renovables y se ponga fin a la financiación del carbón.

A su vez, ha llamado a las coaliciones climáticas a "apoyar a las principales economías emergentes en este cambio", y ha instado al mundo a "proteger los bosques y los ecosistemas como poderosas soluciones climáticas".

"Los líderes deben liderar, pero todos nosotros podemos hacer nuestra parte", ha agregado también el secretario general de la ONU, para concluir enviado un mensaje a los ciudadanos: "Exige que se introduzcan ya las energías renovables, con rapidez y a gran escala. Exige el fin de la energía de carbón".

"Exijan el fin de todas las subvenciones a los combustibles fósiles", ha continuado, para incidir en que la producción de estos solo "empeorará" la actual "turbulencia mundial" causada por las desigualdades derivadas de la pandemia y el aumento de precios por la guerra en Ucrania.

"Las decisiones que tomen los países ahora marcarán o romperán el compromiso de 1,5 grados. Las promesas y los planes climáticos deben convertirse en realidad y en acción, ahora", ha concluido.

El Rey Felipe VI ha visitado este lunes por la tarde el Puerto Olímpico de Barcelona para conocer el plan de transformación que el Ayuntamiento de la ciudad llevará a cabo en la zona para convertirla en un espacio referente con actividades vinculadas a la promoción económica y de fomento de la economía azul.

Lo ha hecho acompañado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay; los tenientes de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y Janet Sanz; el concejal de Deportes y del distrito de Sant Martí, David Escudé, y la directora general de Barcelona Serveis Municipals (B:SM), Marta Labata.

También han participado en la visita del monarca el gerente del Área de Economía de Barcelona, Albert Dalmau; la directora del Puerto Olímpico , Olga Cerezo; el presidente de la Federación Catalana de Vela y director del Centro Municipal de Vela, Xavier Torres; el director de Bimsa, Ángel Sánchez; el arquitecto jefe de Barcelona, Xavier Matilla; la subdirectora general de operaciones de B:SM, Anna Xicoy, y la subdirectora general económica de B:SM, Asunción Santolaria.

A su llegada, sobre las 18.00 horas, se han dirigido al Dic de Recer, donde Collboni, Sanz, Escudé y Labata le han explicado el plan de transformación del enclave y han podido intercambiar opiniones.

La visita ha continuado por el Moll de Gregal, donde le han seguido comentando el proyecto municipal mediante unos paneles informativos que lo mostraban con detalle.

OVACIONADO: 'VIVA EL REY'

Finalmente, el monarca ha bajado hasta el puerto, donde ha finalizado su visita, y un grupo de unas 30 personas trabajadores de los restaurantes de la zona le han esperado y aplaudido a gritos de 'Viva el rey', a quienes posteriormente se ha acercado a saludar.

Antes de abandonar el puerto, preguntado por los periodistas por su visita a la ciudad, el Rey ha contestado: "Muy bien".

La presencia del monarca en Barcelona se produce después de que el martes pasado se anunciará que la ciudad será la Copa América de Vela en 2024.

TRANSFORMACIÓN DEL PUERTO OLÍMPICO

El Ayuntamiento de Barcelona prevé impulsar un nuevo modelo del Puerto Olímpico, que comportará una inversión total de más de 40 millones de euros durante los próximos seis años, en el que quiere establecer actividades centradas en la economía azul, vinculada al mar, sostenibles y que mejoren el bienestar y la equidad social.

Está previsto que este abril se avance con la transformación con el inicio de dos actuaciones de mejora: la adecuación de los locales del Moll de Mestral y de los locales y pañoles del Dic de Recer, así como su urbanización, aunque todavía no hay fecha concreto para ello.

INAUGURA LA FERIA ALIMENTARIA

Por la mañana, el Rey Felipe VI ha inaugurado la feria Alimentaria & Hostelco, que se celebra hasta el miércoles en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Lo ha hecho acompañado con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, antes de realizar un recorrido por los siete pabellones que ocupa el evento.

A su llegada, a las 11.30 horas, no ha sido recibido por Aragonès ni Colau, aunque luego se han saludado dentro y se han fotografiado.

La última vez que el Rey visitó Barcelona fue por el Mobile World Congress (MWC) a finales de febrero, cuando coincidió en una cena con Aragonès y Colau, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha apuntado que España tiene "al alcance de la mano" acabar con la epidemia de VIH como problema de salud público para el año 2030, en línea con los objetivos de Naciones Unidas.

"Tenemos al alcance de la mano el objetivo de acabar con el VIH como problema de salud pública en 2030. Sigamos trabajando en esa senda", ha señalado durante la clausura de la 'X Jornada de Salud Pública sobre el VIH', organizada en el Congreso de los Diputados por la Internacional Association of Providers of AIDS Care (IAPAC, por sus siglas en inglés), con la colaboración de Gilead.

En el evento, celebrado con motivo del 40 aniversario del primer diagnóstico de VIH en España y en el mundo, Darias ha destacado que "todavía tenemos que continuar haciendo el último y definitivo esfuerzo".

La ministra ha celebrado que "afortunadamente" el VIH en España se ha convertido en "crónico". "Los pacientes tienen una esperanza de vida similar a la población general, pero tenemos la oportunidad de asumir el compromiso compartido de acabar con el VIH y también con la discriminación asociada", ha detallado.

Darias ha recordado que eliminar la discriminación también "significa mejorar la vida de las personas con VIH y acabar con la principal barrera hacia el camino de la eliminación del virus", por lo que ha insistido en la importancia del "cero estigma".

Así, ha defendido que España ha dado "pasos importantes" hacia las metas de Naciones Unidas en VIH/sida, es decir, que el 95 por ciento de las personas con VIH estén diagnosticadas; que 95 por ciento de ellas esté en tratamiento; y que le 95 por ciento de ellas cuente con carga viral indetectable y, por tanto, intransmisible.

"Estamos trabajando intensamente para cumplir estos objetivos. Si estamos en disposición de hacerlo es gracias al trabajo coordinado de todos los agentes implicados", ha apostillado.

Por su parte, Carmén Andrés, del PSOE, ha apuntado que el VIH "va mucho más allá de lo que es estrictamente un problema de salud físico". "No se cura solo con una pastilla, tiene muchísimas implicaciones. La investigación es la solución, hemos conseguido cronificar la enfermedad, ahora hay que ir hacia la cura. Es la clave para mejorar la salud de las personas", ha apuntado.

En la misma línea, Elvira Velasco, del PP, ha advertido de que la pandemia "ha afectado en el diagnóstico tardío de las personas con VIH": "Hay que poner el Sistema Nacional de Salud en orden y volver a la etapa preCOVID".

Por ello, ha instado a la creación de la Agencia de Salud Pública. "Si queremos avanzar tenemos que lograr también contar con una Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencial que defina los indicadores a seguir en VIH. Los nuevos diagnósticos se declaran pero es importante contar con un buen registro, unos buenos datos y una buena comunicación entre todos para que los resultados sean los más eficaces en el mejor tiempo posible y los pacientes cuenten con los mejores tratamientos", ha detallado.

El diputado de VOX Juan Luis Steegmann se ha mostrado de acuerdo con la opinión de Velasco. "Necesitamos registros, son fundamentales en Medicina. Es algo que falta en España. Todos los pacientes tendrían que tener acceso a la información de todos los ensayos clínicos que se están realizando", ha resaltado.

La defensa de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel defenderá este martes en la vista ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las euroórdenes por el 1-O que "la justicia de los tribunales europeos no puede quedarse indiferente y debe corregir la posición" del Tribunal Supremo (TS).

El abogado de Gabriel, el también exdiputado de la CUP Benet Salellas, comparecerá este martes ante el tribunal para argumentar su rechazo a la petición de entrega que el juez instructor Pablo Llarena cursó contra ella y otros dirigentes independentistas, ha informado la CUP en un comunicado este lunes.

Durante la vista, se examinará la cuestión prejudicial remitida por el magistrado para aclarar el alcance de las euroórdenes que dictó contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, exmiembros de su Govern y las exdiputadas Anna Gabriel y Marta Rovira, después de que un tribunal belga no ejecutara la dirigida contra el exconseller Lluís Puig.

"La resolución de las prejudiciales en esta vista ante el TJUE es una nueva oportunidad para escoger entre avanzar y reforzar en la construcción de un sistema que tenga los derechos fundamentales en el centro o, en cambio, validar el esquema de una UE que da la espalda a las situaciones de injusticia", ha añadido.

COMPARECER ANTE EL TS

La defensa de Gabriel argumentará que la decisión del juez belga de no acceder a la petición del instructor fue "acertada porque protegió a Lluís Puig del riesgo de vulneración de derechos fundamentales".

Durante el procedimiento, el abogado de Gabriel defendió que su causa --por presunta desobediencia-- debía juzgarla un juzgado ordinario de Barcelona, y no el TS.

Sin embargo, Llarena contestó que Gabriel debía comparecer en todo caso primero ante el TS y que la acusación contra ella aún debía concretarse, por lo que su defensa cree que existen "razones de peso para Gabriel para desconfiar" del instructor y de que no hay ninguna seguridad, en sus palabras, de que no terminará procesada por presunta corrupción.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes la iniciativa registrada por Podemos en el Congreso de los Diputados con la que quieren crear un impuesto de grandes fortunas.

"No se trata de castigar al que prospera y tiene una gran fortuna. Se trata, evidentemente, de que pague más impuestos, solo faltaba, pero no de expulsarle", ha señalado durante su intervención en los Premios de la Asociación Unión de Empresarios (UNE) de Villaverde.

Ayuso ha subrayado que no quiere "un país donde la gente que prospera y que crece se vaya" sino que quieren que se queden y que sean "quienes menos tienen" los que tengan "más oportunidades crecer". "Esa, esa la clave", ha sentenciado.

Podemos busca con esta proposición de ley crear un impuesto sobre grandes fortunas complementario al Impuesto sobre el Patrimonio y que se dirige a la acumulación de bienes por encima de los diez millones de euros con una nueva escala de gravamen y 'blindado' para que no pueda ser eximido por las comunidades autónomas, según se recoge en la propuesta.

La comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) ha aprobado este lunes, con los votos a favor de los diputados de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, y el voto en contra de PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía, la propuesta de dictamen registrada por el presidente de dicho órgano, el diputado de Cs Enrique Moreno.

El propio presidente de la comisión ha informado en el Parlamento del resultado de esta votación tras la reunión que la comisión tenía programada para este lunes a partir de las 17,00 horas con objeto de debatir y votar dicha propuesta de dictamen, que atribuye "responsabilidades políticas" a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en relación a las "irregularidades" detectadas en la extinta fundación. También señala a la expresidenta Susana Díaz, aunque "de distinta naturaleza", porque "el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración" con la misma.

Según explicó el pasado viernes el presidente de la comisión en rueda de prensa, tras la aprobación de esta propuesta de dictamen, los grupos parlamentarios dispondrán de 15 días naturales para registrar, si lo consideran oportuno, votos particulares, que se debatirían, junto al documento aprobado este lunes, en el Pleno del Parlamento, algo que Enrique Moreno calculaba el viernes que podría producirse "o a finales de este mes" de abril "o a principios del mes que viene".

El dictamen sometido a votación constata "irregularidades" en la Faffe que "no fueron hechos puntuales", sino "consecuencias previsibles de un descontrol institucionalizado", del que atribuye "responsabilidades políticas", entre otros, a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En concreto, el dictamen, que se detiene en analizar las "irregularidades" que se hayan abordado en la comisión y que "tuvieron lugar en el seno" de la Faffe, contiene unas conclusiones, señala unas "responsabilidades políticas" y finaliza con unas recomendaciones.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

En concreto, las "responsabilidades políticas" que plantea la propuesta de dictamen que ha resultado aprobada señalan, en primer lugar, al ex director general de la Faffe y ex secretario general de Empleo del PSOE en Andalucía, Fernando Villén Rueda, "principal autor de las irregularidades" en la fundación, y, en segundo lugar, "a todas las personas que formaron parte del Patronato de la Faffe desde su creación hasta su extinción, todos ellos cargos políticos" y "algunos de ellos ya condenados por su gestión en otras responsabilidades de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".

La propuesta de dictamen nombra explícitamente en ese apartado a los exconsejeros de Empleo que fueron presidentes del Patronato de la Faffe José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio.

En tercer lugar, el documento atribuye responsabilidades políticas a Chaves y Griñán, porque "ha quedado patente el caos organizativo" en el que ambos "sumieron la administración de la Junta de Andalucía durante sus mandatos".

De igual modo, la propuesta de dictamen señala responsabilidades políticas en "todos los dirigentes socialistas que consiguieron para ellos mismos, o para sus familiares y amigos, una nómina en la Faffe por su condición de responsables políticos gracias a su relación con el PSOE de Andalucía y con Fernando Villén, cuya firma estaba presente en todos los contratos".

En último lugar, la propuesta de dictamen atribuye "una responsabilidad política de distinta naturaleza, por no haber participado de manera directa ni haber formado parte de los gobiernos socialistas que ejecutaron la gravísima irregularidad acaecida en el seno de la Faffe", a la expresidenta de la Junta Susana Díaz y a los exconsejeros de sus gobiernos María Jesús Montero, José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, "porque el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración" con la misma.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En su apartado de recomendaciones, el dictamen plantea, entre otras cuestiones, "incluir de forma expresa" en la próxima reforma del Código Penal tanto "la tipificación de la obligación de declarar ante las comisiones de investigación parlamentarias" como "la obligación de colaborar en la aportación documental con las comisiones de investigación parlamentarias".

Por su lado, el dictamen recoge entre sus conclusiones, en primer lugar, que la Faffe "no debió existir nunca, porque las irregularidades que tuvieron lugar" en ella "no fueron puntuales", sino que "fue una corrupción institucionalizada".

Además, la propuesta de dictamen sostiene que, "dada la arbitrariedad de sus contrataciones, cualquier miembro de la plantilla de la Faffe puede ser considerado presunto enchufado".

Por otro lado, la propuesta de dictamen concluye también, entre otras cuestiones, que la Faffe "pagó incluso de forma sistemática facturas con conceptos falsos", y "la opaca contabilidad de la tesorería" de la fundación "en cajas fuertes, con irregulares disposiciones de dinero metálico por sus responsables, era un ejercicio sistemático de trilerismo malversador".

"La ausencia de una evaluación ordinaria efectiva de las actividades realizadas por la Faffe hizo que los principales beneficiarios no fuesen los previstos, sino los encargados de gestionar los recursos dedicados a los desempleados", apunta otra conclusión de esta propuesta de dictamen, que también sostiene que "la acción negligente y pasividad de los responsables, no sólo políticos, de la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas ha hecho que al revisar la herencia de la Faffe haya que tratar prescripciones y caducidades".

Asimismo, el documento presentado por el presidente de la comisión señala que la Faffe "se gastó durante su existencia 10.726.755,80 euros en publicidad, propaganda y relaciones públicas", una "cantidad exorbitante para tales conceptos en los que se imputaban las famosas tarjetas de la Faffe y de la que debieron de salir el pago de los prostíbulos a su director general, Fernando Villén".

TRES AÑOS DE RECORRIDO DE LA COMISIÓN

La comisión de investigación de la Faffe que este lunes ha votado su dictamen celebró su sesión constitutiva el 25 de marzo de 2019 con el objetivo de "conocer, analizar y evaluar las posibles irregularidades que hayan tenido lugar en las actuaciones realizadas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo".

La creación de este órgano fue solicitada por el propio Gobierno andaluz de PP-A y Cs tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, cuya convocatoria motivó precisamente que se desactivara la que se había configurado en el Parlamento antes de dicha cita con las urnas para esclarecer la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Faffe desde su creación, todo tras conocerse el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la referida fundación para pagar, supuestamente, 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte de Fernando Villén.

En el desarrollo de su actividad, la comisión ha citado a comparecer, entre otros, a los expresidentes Chaves y Griñán, así como a la actual ministra de Hacienda y exconsejera del ramo María Jesús Montero, si bien sólo el primero acudió a la cita aunque no respondió a los grupos, algo que, en cambio, sí hizo el pasado 3 de diciembre la expresidenta de la Junta Susana Díaz.

La Asociación Clara Campoamor, que también ejerce la acusación particular en el caso de las niñas de Aguilar de Campoo desaparecidas hace treinta años en Reinosa, se ha adherido a las nuevas diligencias solicitadas por las familias de Manuela Torres y Virginia Guerrero, tras las practicadas durante el secreto de las actuaciones después de la reapertura del caso, el verano pasado y con motivo de una nueva línea de investigación.

La asociación suscribe así y apoya todas las peticiones de los familiares de las menores, que tenían 13 y 14 años cuando fueron vistas por última vez, en abril de 1992, haciendo auto-stop para regresar de la localidad cántabra a la palentina después de una fiesta.

Los representantes legales de los familiares de las niñas remitieron la semana pasada al Juzgado número 2 de Cervera de Pisuerga (Palencia) que instruye el caso las alegaciones derivadas de la investigación llevada a cabo la Guardia Civil durante los casi seis meses de secreto de sumario.

Junto a las mismas, pedían a la jueza instructora que autorizara la práctica de una serie de diligencias que consideran "de sumo interés para avanzar en este caso", y después de entender como "insuficientes" las actuaciones llevadas a cabo durante el secreto de las actuaciones.

En este despacho son partidarios, además, de reiterar otras pesquisas que ya fueron planteadas en el Informe Criminológico presentado con anterioridad ante la autoridad judicial, que acordó la reabrir la causa en junio de 2021.

Los abogados de los allegados a las víctimas esperan que todas las diligencias interesadas sean autorizadas para esclarecer la desaparición de Manuela y Virginia, dar con el autor o autores implicados en la misma y saber qué ocurrió, y en su pretensión cuentan con el respaldo de los letrados de la Asociación Clara Campoamor.

MÁS DE 7.000 VEHÍCULOS RASTREADOS

La Guardia Civil rastreó más de 7.400 vehículos Seat 127 desde la reapertura de la investigación por la jueza titular, meses después de que una mujer alertara en un programa de televisión de que un año antes de la desaparición de ambas menores y en la misma zona donde se les perdió la pista había escapado de un varón a cuyo Seat 127 blanco se había subido.

En concreto, desde que se retomaron las actuaciones, cuyo secreto fue levantado a principios de marzo por la magistrada, la Benemérita ha inspeccionado un total de 7.414 coches de ese mismo modelo y marca en seis provincias, 68 de ellos en la misma zona en la que Virginia y Manuela fueron vistas por última vez.

Entre las pesquisas realizadas figura además la toma de declaración por parte de los agentes al propietario del 127 al que se subió la denunciante -que curiosamente no es blanco, sino de color marrón-. Si bien fue plenamente identificado, ha sido desvinculado del caso tras haber sido incluso 'pinchado' su teléfono y la instalación de un dispositivo de seguimiento en su actual turismo.

Las investigaciones desde entonces han llevado al instituto armado a hacer lo propio, con la toma de declaración, escuchas telefónicas e instalación de dispositivos de seguimiento en sus vehículos a las tres personas que en su momento fueron también investigadas por estos hechos, pero igualmente sin resultado alguno.

REAPERTURA DEL CASO Y SECRETO DE SUMARIO

Desde que se reabrió la causa, la magistrada había venido prorrogando el secreto de las actuaciones por periodos de un mes, salvo en la última ocasión, cuando lo acordó solo por veinte días más.

Y en la anterior vez, lo decretó para todas las partes personadas -las familias y la Asociación Clara Campoamor- a excepción de la Fiscalía, que continuó así informada junto a la jueza de las averiguaciones de la Guardia Civil palentina.

La reapertura del caso se decidió por una nueva línea de investigación surgida a raíz de la difusión, en febrero del año pasado, de una información en un programa de televisión recordando esta desaparición y solicitando colaboración ciudadana.

A partir de esa noticia se produjo una llamada de una mujer a la que, un año antes de la desaparición de Virginia y Manuela, había sucedido algo parecido, también cuando hacía autostop en compañía de una amiga con la que regresaba de unas fiestas.

Sin embargo, en aquella ocasión ambas lograron escapar del vehículo -de las mismas características en el que al parecer se subieron Virginia y Manuela cuando fueron vistas por última vez-, aunque no denunciaron nada porque al igual que las menores de Aguilar habían salido de casa sin el permiso de sus padres.

Por tanto, casi tres décadas después de lo ocurrido y tras ver el citado programa de televisión, esa mujer decidió denunciar los hechos ante la Guardia Civil y se acordó así la reapertura de las actuaciones judiciales.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha planteado enmiendas a la futura Ley de Vivienda, a través de En Comú Podem, para lograr una regulación "efectiva" del alquiler para bajar los "precios abusivos", algo que a su juicio ahora no está garantizado.

Además, ha apelado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que cumpla su palabra y despliegue el compromiso que adquirió personalmente con ella y que también recoge el pacto de coalición con Unidas Podemos.

Junto a ello, aspira a que se dedique al menos un 1% del PIB a políticas públicas de vivienda, obligar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de emprender un proceso de desahucio, articular mecanismos de financiación de inmuebles destinados a alquiler social y cambiar la fiscalidad para dar bonificaciones a los promotores que ofrezcan pisos a precios asequibles.

De esta forma, la aspiración del Consistorio barcelonés es que los pequeños propietarios también se sometan al índice de referencia fijado por la normativa, combinado con las bonificaciones fiscales que ya se contemplan en el texto.

Así lo ha planteado a los medios de comunicación en el Congreso tras el registro de una treintena de modificaciones al proyecto normativo, mediante la confluencia catalana de Unidas Podemos, junto a la concejal de Vivienda del Ayuntamiento, Lucía Martín, y el diputado del espacio confederal Gerardo Pisarello.

LA LEY COMO ESTÁ AHORA "NO CAMBIA LA REALIDAD DEL MERCADO"

"Hay que decir que la ley, con la redacción inicial de la ley, no es efectiva. Si la ley se aprobara tal y como se aprobó inicialmente no cambiaría la realidad del mercado de la vivienda y eso seria inaceptable", ha lanzado.

Colau ha expresado que es "inédito" que una regidora impulse enmiendas en el trámite final de una ley estatal, pero ha reivindicado que era "obligado" hacerlo porque la situación del alquiler es "excepcional", por lo que debe hacer el "máximo esfuerzo" para que esta normativa, que llevan mucho tiempo esperando, sea "realmente efectiva".

"Nos jugamos muchísimo" ha asegurado la regidora de la ciudad condal para destacar que Barcelona es la ciudad donde más repercute esta ley, pues el 40% de la población opta por este régimen (más de 500.000 personas), y que estas enmiendas también aspiran a mejorar el alquiler de otras grandes ciudades, donde se produce el fenómeno de mercados tensionados.

Además, Colau ha explicado que se reunió hace pocos días con las ministras coproponentes de la normativa Raquel Sánchez (Transportes) e Ione Belarra (Derechos Sociales) para exponer su postura y cree que hay buena receptividad de cara a asumir esos cambios. En este sentido, fuentes de los comunes subrayan que las enmiendas que impulsan tienen plena sintonía con el resto del espacio confederal.

Y es que la alcaldesa ha insistido en que, ante un mercado del alquiler "asalvajado" y "descontrolado", las familias trabajadoras tiene que hacer "auténticos malabarismos" para llegar a fin de ley y, en consecuencia, la ley debe "ser la buena" y "cambiar esa realidad".

De hecho, coincide desde la "experiencia" y el "conocimiento" de Barcelona, que a su juicio ha desplegado más políticas de vivienda pública que nadie, en que esta ley es "insuficiente" como proclaman los sindicatos y colectivos sociales, como el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Por ejemplo, en materia fiscal Colau ha lamentado que se dé "alfombra roja" a los fondos buitre que "especulan sin control" mientras que a los promotores que impulsan vivienda social pagan muchos impuestos, lo que supone el "mundo al revés".

BONIFICACIONES A PROMOTORES DE VIVIENDA SOCIAL

En consecuencia, los comunes proponen medidas como aplicar un IVA reducido del 10% a los promotores que construyan edificios destinados a viviendas de protección pública del alquiler con un periodo de arrendamiento superior a 50 años y con precios que estén un 30% por debajo de los marcados por el índice de referencia de la normativa, junto a otras bonificaciones fiscales que alcanzarían hasta el 85%, como por ejemplo en el impuesto de Sociedades.

También aspiran a suprimir el periodo de carencia de hasta 18 meses para poder desplegar la regulación de los precios del alquiler y que, de cara a 2023, se eleve hasta el 1% del PIB la inversión para garantizar un parque de vivienda a precios asequibles.

A su vez, pautan que el Estado deberá contar en todos los municipios con al menos 5.000 habitantes, en el plazo máximo de 20 años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales de al menos un 20%.

Por otro lado, la edil de Vivienda de la ciudad condal ha explicado que se debe variar el régimen de subidas ligado al IPC acorde con la situación actual y replicar la normativa catalana que obliga a todos los propietarios a someterse a ese índice de referencia, dado que si se limita a los grandes tenedores quedarían fuera el 70% de la oferta.

Ello ligado a la "pata" que ya contempla el proyecto normativo de desplegar bonificaciones, pero unido a esa regulación con vistas a que los precios también puedan bajar, una propuesta que a su juicio no implica una "gran intervención" del mercado puesto que esas referencias que se propondrán son precios de mercado.

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de amparo que presentó una mujer contra la decisión de los tribunales de rechazar su petición de obtener la incapacidad permanente en grado de gran invalidez derivada de su miopía elevada progresiva. El tribunal de garantías asevera ahora que se vulneró su derecho fundamental a no recibir discriminación por razón de su discapacidad.

Así, la Sala Primera del TC, ponencia del presidente Pedro González-Trevijano, ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Madrid --que fue el primero que le denegó la incapacidad-- y que se resuelva de forma que se respete el derecho vulnerado.

Fue en marzo de 2019 cuando ese tribunal de instancia dictó sentencia que desestimaba la pretensión de la mujer de obtener la incapacidad permanente. Daba así la razón al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

El INSS en 2018, y en base a dictámenes médicos, recogía que la mujer padecía "miopía elevada progresiva, glaucoma y artritis reumatoide". El informe médico de síntesis señalaba que cumplía con "los criterios de ceguera legal al menos desde 1990 con empeoramiento de agudeza visual previa de 1987".

Esa primera resolución fue recurrida en súplica ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) quien en febrero de 2020 desestimó el recurso confirmando la sentencia. Y ese mismo mes, la mujer fue en casación al Supremo, donde en noviembre se acordó la inadmisión del asunto por falta de contenido.

TRABAJABA EN LA ONCE

El auto del Supremo, que ahora anula el TC, indicaba que la mujer estaba dada de alta en el régimen general como trabajadora de la ONCE desde 1991. Recoge que tiene reconocida una prestación de jubilación en el régimen general con efectos económicos desde 2016 de 2305,27 euros, y que está afecta de las siguientes patologías: miopía magna en ambos ojos y cataratas coronarias en ambos ojos.

En ese recurso de casación, la mujer solicitaba la posibilidad deconcederle una incapacidad desde la situación de jubilación anticipada sin haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación. Pero el Supremo no vio contenido suficiente en su recurso como para admitirlo a trámite.