El diputado regional del PP Víctor Martínez-Carrasco ha afirmado que «las medidas anticipadas, valientes y eficaces del presidente Fernando López Miras han permitido una vuelta a clase segura y con normalidad», informaron fuentes del partido en un comunicado.

Martínez-Carrasco ha respondido de esta forma a su homólogo en el PSRM, Antonio José Espín, quien ha denunciado que «la improvisación y la huelga de brazos caídos del Gobierno regional ha ocasionado el caos en la vuelta a las aulas».

Para el parlamentario ‘popular’, «la única huelga de brazos caídos es la del PSOE, con un Gobierno de Sánchez que sigue lavándose las manos en la gestión de la pandemia, cuya inacción ha provocado 17 vueltas al cole distintas y que, encima, nos deja sin fondo Covid cuando todavía no hemos alcanzado el pico de una sexta ola que está siendo especialmente virulenta».

Ha resaltado que «lejos del discurso apocalíptico del PSOE, el regreso a las aulas después de las vacaciones de Navidad en la Región de Murcia se ha producido con normalidad, y todos los centros sostenidos con fondos públicos han comenzado sus clases sin incidencias dignas de mención».

Martínez-Carrasco ha apuntado que «la incidencia de bajas entre el profesorado es tan solo del 1,4%, en total 371 profesores han confirmado hoy que son positivos por Covid», si bien, ha añadido, «se están haciendo de forma continua contrataciones extraordinarias de manera telefónica para garantizar que todos los centros que presentan alguna incidencia de baja entre su profesorado tengan asegurado que más del 90% de la plantilla está activa y dando clase», lo que, a su juicio, «garantiza que los alumnos reciben sus clases con normalidad»

«En tan solo un 1,9% del total de centros educativos de la Región de Murcia, once centros, existe una incidencia de bajas por Covid que están afectando a más del 10% de sus profesores», ha señalado el diputado autonómico, para precisar a renglón seguido de que «en estos centros se están haciendo hoy sustituciones telefónicas para que este porcentaje de afectación se sitúe por debajo de ese 10% que garantiza el desarrollo normal de las clases».

Así, Martínez-Carrasco ha asegurado que «mañana se producirá el acto de sustitución programado y el jueves se cubrirán todas las bajas que existan», a lo que ha agregado que, «no obstante, se sigue trabajando al minuto para que la pandemia no tenga repercusión en el transcurso normal de la vida de los centros escolares».

Además, el diputado regional ha criticado que «el PSOE tenga la desfachatez de exigir la contratación de más profesores cuando en la Asamblea Regional rechazó un fondo extraordinario Covid para reforzar la plantilla docente ante la pandemia», y en ese sentido ha recordado que «gracias al esfuerzo del Gobierno regional, este curso 2021-2022 cuenta con más profesorado que el último año anterior al Covid».

«Pese al alarmismo y catastrofismo de la izquierda, se ha vuelto a demostrar que los centros educativos de la Región son espacios seguros frente a la pandemia», ha concluido Martínez-Carrasco.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reivindicado este lunes «la necesidad de un pacto social y político por la educación, que garantice a generaciones futuras una educación equitativa y de calidad» y mantenga a Navarra como «referente nacional en innovación educativa y modelo de servicio público».

La presidenta ha inaugurado esta mañana las XXVI Jornadas del Consejo Escolar de Navarra, dedicadas en esta edición al ‘Pacto social por la educación en Navarra’. También ha intervenido en la apertura la presidenta del Consejo Escolar de Estado, Encarna Cuenca Carrión.

En opinión de María Chivite, el Consejo Escolar, como órgano máximo de participación educativa, es el espacio más adecuado para impulsar ese pacto social y político que, según ha recalcado, es reclamado por la mayoría social.

«Este pacto -ha dicho- será labor de todos y nunca mérito de nadie en particular. No es el pacto de un gobierno. Es un acuerdo para futuras generaciones». Como objetivos de ese acuerdo, la presidenta ha mencionado la consecución de una estabilidad normativa que permita avanzar hacia un modelo educativo de calidad, poder disponer de una planificación y una dotación presupuestaria a largo plazo «no sólo de legislatura», y conseguir remediar el alto fracaso escolar y el prematuro abandono de las aulas.

«Es evidente que la educación conforma el modelo de sociedad», ha continuado María Chivite, y en este contexto ha definido su propuesta para un modelo que «sitúa lo público como referencia, trabaja por la igualdad de oportunidades y lucha contra la segregación, ya sea en materia de sexo, raza, religión o clase social».

Durante su intervención, ha recordado también las especiales circunstancias en las que se está desenvolviendo la enseñanza por la pandemia del Covud-19 y ha agradecido el «esfuerzo titánico» de toda la comunidad educativa para garantizar el derecho a la educación de forma presencial y «en las mejores circunstancias posibles».

Finalmente, ha concluido señalando que el objetivo de la educación, en todas las etapas, «es la formación integral de la persona, prepararla para una ciudadanía libre y para un mundo profesional exigente», para lo cual ha pedido la participación de todos los actores: el profesorado, el alumnado, personal no docente y el entorno familiar y social.

Las jornadas, que se desarrollan en horario de mañana y tarde, serán clausuradas por el consejero de Educación, Carlos Gimeno.

En las ponencias se han tratado temas como ‘Los retos de la educación del siglo XXI: compaginar excelencia y equidad’, el derecho a disfrutar de la infancia a través de la educación, las claves para hacer posible un pacto educativo y el papel del Consejo Escolar de Navarra en la construcción del pacto educativo.

Un total de 54 personas han muerto en los 46 accidentes mortales que se han producido en las carreteras españolas entre las 15 horas del jueves 23 de diciembre de 2021 y las 24 horas del domingo 9 de enero de 2022, periodo en que la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha su habitual dispositivo especial con motivo de las vacaciones de Navidad, fechas en las que se han producido 17,7 millones de desplazamientos por carretera.

La cifra de fallecidos estas Navidades supone tres muertos menos que en 2019 –año de referencia previo a la pandemia del coronavirus declarada en 2020–. El pasado año, Tráfico no desplegó el dispositivo especial de este período como consecuencia de las restricciones a la movilidad que existían entonces en muchas comunidades autónomas para frenar el avance de la enfermedad.

De los 54 muertos en siniestros viales de esta Navidad 2021/2022 un total de 21 de los fallecidos han sido en siniestros ocurridos en autopista y autovía y 33 en vías convencionales. Además, 12 han sido usuarios vulnerables (7 peatones, 4 motoristas y 1 ciclista).

Según los datos de la DGT, el siniestro más frecuente ha sido la salida de vía con 21 fallecidos, seguido de la colisión frontal (9 fallecidos) y la colisión trasera y múltiple con 8 víctimas mortales. También se han producido 6 atropellos a peatón.

Respecto a la utilización de los dispositivos de seguridad, 4 de los fallecidos que viajaban en turismo o furgoneta no hacían uso del cinturón de seguridad en el momento del accidente. Durante este periodo, ha habido dos días con ningún fallecido: el 3 y el 5 de enero de 2022.

Tráfico ha detallado que Andalucía y Cataluña han sido las comunidades más siniestras este año, al registrar 10 fallecidos cada una. Le siguen Castilla-La Mancha (6), Galicia (5) y la Comunidad de Madrid (4).

Por su parte, Canarias, Castilla y León, y la Comunidad Valenciana han registrado tres fallecidos cada una; mientras que en Aragón, Asturias, Baleares y el País Vasco han perdido la vida dos personas en cada región. Una víctima mortal han tenido Extremadura y Murcia, mientras que en Cantabria, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla no ha habido fallecidos.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 42 años en Sant Joan d’Alacant por coaccionar y extorsionar a una usuaria, de 18 años, de una web de citas online. La víctima recibió mensajes en los que le decía que tenía archivos íntimos suyos y que, si no quería que fuesen difundidos entre sus amigos y familiares, debía pagarle 2.000 euros y cumplir lo que le ordenasen.

Los hechos comenzaron a principios de 2020, cuando la afectada se registró en una plataforma de citas online. Tras unos meses de actividad en la web, empezó a recibir mensajes de presuntamente este hombre con coacciones y extorsiones sobre fotos íntimas, informa el instituto armado.

En un primer momento, la víctima accedió de forma parcial a las exigencias, aunque el acoso y hostigamiento se intensificó. Ante la magnitud de los hechos, interpuso la denuncia y, al estar relacionados con ciberdelincuencia, el equipo de la Guardia Civil de Alicante se hizo cargo en octubre.

Tras el estudio de la documentación y nuevas declaraciones de la víctima, los agentes centraron las sospechas en un usuario de esta web de contactos que previamente había intercambiado archivos con la denunciante. Además, aprovechando el vínculo que tenía con ella, facilitaba sus archivos y datos personales a otros conocidos suyos, quienes no dudaban en extorsionarla.

Una vez obtenidos todos los indicios, se estableció un dispositivo de búsqueda que finalizó con la detención del sospechoso: un hombre de 42 años y residente en Sant Joan d’Alacant. En el registro de su domicilio se intervinieron un ordenador de sobremesa, un portátil y siete teléfonos móviles, así como diverso material de almacenamiento para su análisis y estudio.

COLABORACIÓN DE INTERPOL

También se han identificado a otros implicados con este caso, por lo que la Benemérita ha solicitado cooperación a la Oficina Nacional de la Policía Internacional (INTERPOL).

El arrestado está acusado de los delitos de extorsión, coacciones, agresión sexual, contra el honor y organización criminal. El Juzgado Instrucción de Orihuela (Alicante) ha decretado su ingreso en prisión provisional.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha presentado un informe en el que rechaza su recusación como instructor de la causa del procés después de que ésta fuera pedida por, entre otros, el expresidente catalán Carles Puigdemont a raíz de que recibiera un premio de la Fundación Villacisneros en noviembre de 2021.

Tanto Puigdemont como los exconselleres Antoni Comin, Lluis Puig y Clara Ponsatí identificaron a esa fundación con políticas contrarias a sus intereses. Pero Llarena argumenta en el informe de ocho páginas que esta nueva causa de recusación en modo alguno compromete la imagen de imparcialidad que la actuación jurisdiccional ofrece a un observador imparcial.

Al hilo, recuerda el magistrado que ha recibido premios de otras instituciones, como la medalla al mérito de la Guardia Urbana de Barcelona, distinción que le entregó en 2011 el entonces alcalde de la ciudad, Xavier Trias, siendo en esa época alcalde de Girona por el mismo partido político Carles Puigdemont, y primer teniente de alcalde de Barcelona, con funciones precisamente en el área de Seguridad, Joaquim Forn –uno de los condenados por el ‘procés’ independentista catalán–.

En su informe, notificado este lunes a las partes, el juez resalta la doctrina del tribunal sobre imparcialidad judicial, y subraya que en esa materia las «apariencias» son importantes, ya que lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. Pero añade que «ello no significa que deba primar la subjetividad de una de las partes, de modo que para excluir al juez predeterminado por la Ley resulte suficiente con levantar unas sospechas que no resulten objetivamente razonables para un observador externo, pues ello conduciría a un sistema de juez a la carta».

El magistrado destaca que los autores de la recusación esquivan que la imparcialidad es una «actitud interna y objetivable del juez», por lo que la percepción que tenga la sociedad sobre su neutralidad debe surgir de la actitud o del comportamiento del propio magistrado.

Al respecto, el informe subraya que, aunque «los recusantes dicen asumir que son los actos del juez los que desvelan si mantiene un compromiso personal con la equidistancia entre las partes» y reprochan por ello que el instructor aceptara el galardón, en sus escritos «no efectúan ningún análisis» del comportamiento de Llarena.

NO ANALIZA SU DISCURSO: «SINTOMÁTICO»

Señala que las defensas únicamente introducen «objetivos de la fundación» y referencias al pensamiento o la afiliación política de algunos de los integrantes del Consejo Directivo de la fundación, «si bien ocultan que el galardón fue concedido por decisión del Patronato de la entidad en su reunión de 16 de junio de 2021, y que el Patronato se integra por personas distintas de las que detallan en sus escritos».

Asimismo, el magistrado recuerda que tampoco analizan el contenido de su discurso para agradecer el premio, «lo que resulta sintomático en atención a que la disertación se ha divulgado junto con el resto de intervenciones personales que sí se reseñan».

De todo ello, sintetiza el juez, los recusantes indican que la aceptación del premio es un acto del instructor que compromete su credibilidad, pues consideran que «es el reflejo de que el juez comulga ideológicamente con la voluntad de perseguir a todo trance a los encausados o, al menos, que la aceptación del galardón puede proyectar esa realidad y debilitar así la confianza en su imparcialidad».

«El escrito elude que la imagen de parcialidad o imparcialidad judicial se construye a partir de una conjunción de elementos mucho más compleja que el solitario pixel que describen. El escrito opera como un instrumento de realidad aumentada, que ofrece una imagen virtual para aquellos que se someten a su mecanismo, pero que desprecia el cuadro real», añade.

NO HAY PERSECUCIÓN PERSONAL

Tras esto, Llarena recoge varias de sus decisiones en el marco de la instrucción del procés para rebatir que se haya producido la persecución personal, injustificada y arbitraria sugerida en el escrito de recusación.

Recuerda así la decisión de poner en libertad a los miembros de la Mesa del Parlamento tras tomarles la primera declaración como instructor; la de poner en libertad a varios de los integrantes del gobierno de la Generalitat el 1 de octubre de 2017; la de no apreciar indicios racionales de criminalidad contra Artur Mas, Marta Pascal o Neus Lloveras; o el hecho de que a varios de los investigados no se les atribuyera responsabilidad en el delito de rebelión o de sedición inicialmente atribuido por la acusación, o ni siquiera en el delito de malversación, limitándose a atribuirles responsabilidad como posibles autores de los delitos de malversación y desobediencia, o únicamente de desobediencia.

Por último, resalta que aquellas resoluciones que sí han resultado adversas a las pretensiones de algunas defensas, han sido validadas por la Sala de Apelación en las innumerables ocasiones que las decisiones fueron impugnadas.

NO ES PERSECUCIÓN PERSONAL SINO ACTUACIÓN PROCESAL

Respecto a la persecución personal que sugieren los recusantes en sus escritos, el informe contesta que «no es tal y ninguna animosidad puede apreciarse en la labor jurisdiccional de este instructor». Apunta que tras la eventual comisión de los hechos aparentemente delictivos que se les atribuyen «los recusantes abandonaron el territorio español y han eludido comparecer» ante él.

«Sólo esta circunstancia ha impedido que se haya concluido un sumario en el que los promotores de la recusación se encuentran debidamente representados, y sólo esta circunstancia impide que la Sala de enjuiciamiento pueda pronunciarse a favor del sobreseimiento de la causa que reclaman las defensas o a favor de la apertura del juicio oral que, eventualmente, puedan solicitar las acusaciones. Nada puede decidir este instructor al respecto», añade.

Por eso, sostiene que «la persecución que se aduce hace referencia a una obligada actuación procesal, incapaz por ello de cincelar el recelo en la opinión pública de que este instructor esté carente de la imparcialidad exigida». Y recuerda que el legislador es quien impone, en los artículos 836 y 842 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que «el instructor acordará la búsqueda de los procesados en rebeldía hasta que sean hallados y queden a disposición del proceso a fin de que pueda culminarse la fase de investigación».

Y pone como ejemplo el caso de la exconsellera Meritxell Serret, procesada que compartía su situación de rebeldía con el resto, que compareció voluntariamente ante Llarena y sobre la que se acordó su libertad, quedando sujeta a lo que decidiera la Sala de enjuiciamiento del TS. «Ningún observador imparcial podría maliciar una falta de imparcialidad por la reclamación de los fugados», dice apoyándose en el caso de Serret.

Por ultimo, Llarena recuerda que son diversas las instituciones, entidades o medios de comunicación que han reconocido el esfuerzo y rigor del juez «desde la diversidad ideológica» y desde los aspectos de la función jurisdiccional que desea resaltar cada institución, entidad o medio de comunicación. Añade que que ninguna de estas consideraciones públicas «compromete por sí misma la credibilidad de la neutralidad de un juez cuando la distinción se hace para ensalzar una función jurisdiccional comprometida con los valores y exigencias constitucionales».

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 23 años y diez meses de prisión a H.B., el joven de 27 años que agredió sexualmente e intentó matar a una mujer que se identificó como agente de la Guardia Civil ante su agresor después de que este se introdujera en su apartamento, ubicado en la costa de Roquetas de Mar.

El fallo, y contra el que cabe recuso, condena al acusado a 22 años y cuatro meses de prisión por un delito de allanamiento de morada agravado en concurso medial con el delito de agresión sexual con penetración agravada por el uso de arma, y del delito de homicidio en grado de tentativa.

Asimismo, le impone nueve meses de multa a razón de seis euros al día por estos hechos y prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con la misma durante un periodo de 20 años. Del mismo modo, añade otros diez años de libertad vigilada y le condena a un año y medio de cárcel por atentar contra los agentes que le detuvieron tras ser sorprendido desnudo en una playa del municipio.

La Sección Segunda considera probado que el acusado, cuando contaba con 25 años de edad el 1 de marzo de 2020, se dirigió al domicilio de la víctima, a la que conocía superficialmente por haberla acechado la tarde anterior, en torno a las 2,00 horas, con lo que «valiéndose de un bloque de hormigón» fracturó un cristal para abrir la puerta de la casa, a la que entró.

Tras empuñar cuchillo, el hombre se dirigió a la habitación donde la víctima dormía, si bien esta se despertó y al verle «le dio el alto y se identificó en alta voz como agente de la Benemérita». El procesado, ignorando dicha condición y con ánimo de menoscabar su integridad física, se abalanzó sobre ella y la amenazó con el cuchillo con expresiones tales como «cállate o te mato».

La mujer se identificó en varias ocasiones como agente de la autoridad para que se marchara, lo que fue ignorado por el acusado, quien le amenazó con matarla si no se callaba antes de agredirla sexualmente sobre la cama, donde continuó golpeándola y donde llegó a oprimirle el cuello «hasta dejarla momentáneamente sin respiración».

Cuando el acusado se levantó de la cama la víctima aprovechó para huir de la vivienda por la oquedad que este había ocasionado, sin que lo consiguiera al ser alcanzada por su agresor, quien la agarró del pelo y la condujo a una playa cercana donde le exhibió una navaja de pequeñas dimensiones y la volvió a amenazar para, acto seguido, taparle la boca y la nariz con arena «para que no respirara».

Fueron finalmente dos agentes uniformados y comisionados para presentarse en el lugar de los hechos quienes sorprendieron al agresor desnudo sobre la víctima, si bien este salió corriendo aunque pudieron darle alcance a pocas calles. A pesar de su arresto, el acusado mantuvo una actitud violenta, tiró piedras a los agentes y a uno de ellos le golpeó con el codo.

Durante el juicio, que se celebró a puerta cerrada, el acusado aseguró que en el momento de los hechos estaba «empastillado», si bien también dijo no recordar nada por estar bajo los efectos del alcohol; una versión que el tribunal desestima en base a las aportaciones de los testigos así como de su comportamiento, ya que tras ser detenido por primera vez «logró desasirse de las esposas, saltó la alambradas y verjas» y lanzó piedras a uno de los agentes, «lo que demuestra que sus facultades intelectivas y volitivas estaban indemnes».

De otro lado, valora la versión «nítida, persistente e idéntica en el tiempo sin variación» ofrecida por la víctima en distintos momentos del proceso, con un testimonio «verosímil y persistente en la incriminación» a juicio de esta sala, lo que se apoya además en los agentes que arrestaron al acusado, quien fue sorprendido por los mismos cuando trataba de agredir sexualmente a la chica nuevamente.

A ello se unen los análisis de ADN que corrobora la versión de víctima, pues se hallaron restos orgánicos en las sábanas y otras prendas, si bien el presunto cuchillo empleado en el ataque no pudo ser analizado ya que, aunque se encontró en el lugar de los hechos, había sido lavado.

En cuanto a la intención de acabar con la vida de la mujer, la Sección Segunda concluye que existió un ‘animus necandi’ por parte del agresor, empezando por sus manifestaciones en las que le decía claramente que la quería «matar».

«No solo la agredió en el interior de la vivienda llegando a dejarla en apnea, sino que, en una inmediata secuencia, la agarró por el cabello y arrastrándola fuera de la vivienda, siguió con su intención, no solo de agredirla sexualmente, sino de acabar con su vida, para ello la golpeó con extraordinaria violencia», determina el texto.

Además de las penas privativas de libertad, la Audiencia impone al acusado una indemnización de 52.129,18 euros, más los intereses legalmente previstos. Asimismo indemnizará al agente al que agredió en la cuantía de 150 euros.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a destituir al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por poner en cuestión las exportaciones de carne española y ha propuesto destinar el dinero ahorrado de su sueldo y de su «patulea de asesores» para una campaña en defensa de la ganadería española.

En rueda de prensa en la sede de Ciudadanos, Arrimadas ha vuelto a cargar contra el ministro de Izquierda Unida, pero no tanto por hablar de las macrogranjas, sino por descalificar la venta de la carne española.

HAY QUE TENER POCAS LUCES…

«Hay que ser muy sectario o tener muy pocas luces para decir en un diario extranjero que la carne que exporta España es de mala calidad», ha comentado, subrayando que no es la primera polémica que protagoniza el líder de IU. «Como trabajan poco, tiene que decir cada día algo», ha apostillado.

A su juicio, parece que a Sánchez «le gusta mucho dormir en el colchón de La Moncloa» más que «defender a la ganadería», pero le ha exigido zanjar esta polémica destituyendo al ministro: «Que lecese ya y que use el dinero de su sueldo y de la patulea de asesores para una campaña en defensa de la carne española».

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha destacado este lunes la calidad de la ganadería aragonesa y ha apostado por convertirla en un referente, «incluso internacional», de sostenibilidad.

Lambán se ha expresado así durante su visita este lunes a la planta de elaborados cárnicos ‘El Cierzo’, en La Mata de los Olmos (Teruel), acompañado por la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y los máximos responsables de Térvalis, Generoso Martín, y de Noel, Joan Boix y Anna Bosch.

En declaraciones a los medios de comunicación, Javier Lambán ha afirmado que conseguir la reducción de emisiones «pasa por que agricultores y ganaderos se impliquen activamente», así como realizar campañas de información e implicar a las cooperativas: «De esto hemos de ir hablando cuando nos pongamos a hablar, muy pronto».

La reducción de emisiones difusas será posible, ha planteado Lambán, gracias a la colaboración público-privada y «gracias a una empresa que es Térvalis», que «ya dispone, merced a un importante esfuerzo de investigación, de un sistema para sustituir radicalmente los fertilizantes tradicionales por fórmulas inocuas» y, además, «dispone de la fórmula para erradicar los efectos nocivos de los purines».

Ha pronosticado que la agricultura y la ganadería aragonesas «alcanzarán unos estándares de excelencia en sostenibilidad antes que el resto de actividades de la comunidad».

Ha afirmado que el clúster del porcino está «muy comprometido» con estas prioridades y que, de acuerdo con el Gobierno, ha puesto en marcha un ciclo de FP dual para mejorar la calidad profesional de los trabajadores del sector, mantener los estándares de bienestar animal y «ser un referente en sostenibilidad».

Ha lamentado que la ganadería intensiva aragonesa «ha sido sometida, en los últimos días, a una especie de demonización», afirmando que, al contrario, «la ganadería aragonesa produce productos de altísima calidad, muy valorados en todos los mercados», y es «respetuosa» con el bienestar animal y la sostenibilidad. Ha felicitado a los profesionales del sector «por lo bien que hacen las cosas y por la disposición a seguir mejorando su buen hacer».

Lambán ha comentado que el Gobierno de Aragón realizará una campaña en los medios de comunicación, empezando por ‘The Guardian’, el medio británico en el que «se han difundido imágenes desajustadas e injustas respecto a lo que es la verdadera naturaleza de la ganadería española y aragonesa en particular. El objetivo es «paliar los daños en la reputación del sector que se hayan ocasionado en el exterior e interior de España y reponer el prestigio que, con todo merecimiento, deben tener» los ganaderos.

Ha aludido al proyecto de ley de las explotaciones familiares agrarias. Además, ha reiterado su apuesta por alcanzar «un gran pacto» autonómico para reducir las emisiones difusas hasta un 40 por ciento en 2030, «lo cual requiere un fortísimo esfuerzo en una acción combinada pública y privada de todos los sectores de la economía, que van a tener que adaptarse, progresivamente, a las exigencias de la lucha contra el cambio climático», por ejemplo la agricultura respecto a los fertilizantes.

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha asegurado que invitará al Papa Francisco a visitar la capital valenciana con ocasión del centenario de la Coronación de la Mare de Déu dels Desamparats.

Con ocasión de la visita Ad Limina al Papa Francisco, que se ha iniciado este lunes, el cardenal Cañizares se ha dirigido a la Diócesis: «Pido a los fieles cristianos de Valencia que reaviven su comunión con el Papa, aumenten su afecto filial hacia él, y, siguiendo sus enseñanzas y secundando su impulso de esperanza, se sientan profundamente comprometidos en vivir el Evangelio de Cristo con autenticidad, proclamarlo con todo su esplendor y rezar por él como nos pide constantemente desde el comienzo de su pontificado».

En la visita Ad Limina, que se extenderá hasta el próximo 15 de enero, participan junto a Cañizares y sus obispos auxiliares, los obispos de la Provincia Eclesiástica de Valencia con los de la de Tarragona y Barcelona, para presentar al Santo Padre y a los Organismos o Congregaciones de la Santa Sede el estado o situación y necesidades pastorales de las diócesis, informa el Arzobispado de Valencia en un comunicado.

«Vamos a vivir cinco días junto al Papa, en Roma, la gratificante experiencia de comunión eclesial en la caridad y la alegría serena de la fidelidad a la fe recibida, en la que seremos confirmados y alentados por el Sucesor de Pedro, el Papa Francisco», ha celebrado el cardenal.

El arzobispo ha aseverado que «el Papa tendrá palabras de cariño entrañable para Valencia, a la que quiere de verdad». «Recordará, de manera especial, a la que es para los valencianos nuestro tesoro incomparable: la Virgen de los Desamparados». En este sentido, ha apuntado: «Me estaréis diciendo que invite al Papa a que venga a Valencia con ocasión del centenario de la Coronación de la Mare de Déu dels Desamparats. Lo haré, tenedlo por cierto».

Entre las causas que ha impulsado la diócesis de Valencia, como indica el cardenal Cañizares «le recordaremos al Papa al Padre Jofré y le pediremos en vuestro nombre su pronta beatificación y canonización».

Y ha aludido además a «nuestras raíces cristianas, sembradas en los albores de la fe cristiana, con la sangre del mártir, san Vicente, mantenida por los grandes santos valencianos como San Vicente Ferrer, Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Ribera, del Beato Cardenal Ciriaco Sancha, y los venerables Marcelino Olaechea y José María García Lahiguera para los que pediremos su elevación a los altares».

REUNIONES

Durante el día de hoy los obispos se reúnen con los responsables de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que se centra en el ámbito de la liturgia, en la que participa como portavoz de los obispos el cardenal Cañizares. Esta mañana, la visita Ad Limina se ha iniciado con la misa en la Basílica Pontificia de San Pedro, ante el Altar de la tumba de San Pedro, presidiendo la celebración el cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omella.

Mañana martes de nuevo el cardenal Arzobispo Antonio Cañizares será el interlocutor ante la Sección para las Relaciones con los Estados, de la Secretaría de Estado del Vaticano.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este lunes al Gobierno que liberalice la venta de test homologados de antígenos y permita su compra en supermercados, como ocurre en Portugal o Alemania, que a su juicio es «la mejor forma» de abaratar su precio.

Mientras que en España estas pruebas de autodiagnóstico frente al coronavirus sólo se pueden adquirir en farmacias, Ciudadanos insiste en romper esa exclusividad porque, según Arrimadas, ha sido «una vergüenza» que en estas navidades no haya habido disponibilidad de test o que su precio estuviera por encima incluso de los 10 euros.

En rueda de prensa en la sede del partido, la líder de Ciudadanos ha puesto como ejemplo los casos de Alemania o Portugal, donde los test de antígenos se venden en supermercados por un precio de alrededor de dos o tres euros.

CADA ESPAÑOL, CUATRO TEST GRATUITOS AL MES

Frente a la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «controlar» ahora el precio de los test, Arrimadas ha indicado que la liberalización de la venta es «la mejor forma» de abaratarlos. «La mejor regulación es liberalizar la venta, que no vayan por caminos que no van a solucionar el problema», advierte.

Además, y para evitar colapsos por bajas laborales, la líder del partido ‘naranja’ ha pedido «testeos masivos» en colegios y trabajos para que cada español tenga posibilidad de hacerse cuatro test gratuitos al mes, como está establecido en Portugal.

Por último, la líder de la formación naranja ha pedido dar un impulso a la vacunación de refuerzo, que en su opinión se ha ralentizado frente a los buenos ritmos que se registraron con las primeras dosis.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha admitido que se estén produciendo críticas y quejas en el seno de la Atención Primaria en esta sexta ola pero ha remarcado que «cada epidemia de gripe convencional ha saturado urgencias y llenado hospitales, provocando entre 4.000 y 6.000 fallecimientos al año en España».

Desde Alcázar de San Juan, en la presentación de la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo, ha reconocido que los profesionales sanitarios han «frenando muy bien» los efectos de esta ola, con «problemas», pero gestionándola «de manea extraordinaria».

«No se ha tenido que reducir prácticamente la atención en el resto de patologías. El sistema funciona al cien por cien, esta cubriéndose el estrés, con un esfuerzo personal muy grande, seguimos manteniendo el rastreo y el refuerzo», ha afirmado el presidente autonómico.

Ha avanzado que, según los datos que se manejan, los próximos 10 o 15 días apuntan a una «clara estabilización, a una digestión de esta variante más racional» de la que se planteaba al principio. «Estamos más preparados, también más cansados, pero esto nos permite actuar con mucha coherencia y cabeza».

Asimismo, en materia educativa, se ha alegrado de que el curso «hoy ha empezado como Dios manda», de manera ordenada, por lo que ha agradecido su esfuerzo a los miles de docentes y al resto de trabajadores del sistema educativo, que «quieren estar en clases y ver los rostros a los niños».

El Consejo Europeo de Investigación ha anunciado este lunes la concesión de 397 becas por valor de 619 millones de euros a jóvenes investigadores europeos para impulsar su carrera, en el marco del programa común Horizon.

Las ayudas están destinadas a lanzar los proyectos de nuevos talentos científicos y cubren distintas disciplinas, desde programas sanitarios y médicos a investigación sobre inteligencia artificial.

Alemania es el país que más becas recibirá, 72, seguido de Francia, con 53. Justo después se sitúa Reino Unido que se beneficiará de ayudas para 46 proyectos, mientras que España es el séptimo país con más becados, 23.

El Consejo Europeo de Investigación ha destacado que una cifra récord, el 43% de las subvenciones, irán a parar a mujeres investigadoras, un incremento de siete puntos con respecto a la edición del año pasado, en línea con el objetivo de la Comisión Europea de avanzar en igualdad de género en el campo de la ciencia y la investigación.

«Estoy contenta de ver que el Consejo Europeo de Investigación sigue siendo una insignia de la excelencia y la ciencia bajo el programa Horizon», ha señalado la comisaria de Ciencia, Mariya Gabriel, quien ha indicado que este programa de becas abre el camino a jóvenes investigadores en Europa para que desarrollen proyectos que luego benefician al conjunto de la Unión.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado la labor que las Fuerzas Armadas está desarrollando para hacer frente a la pandemia del coronavirus, en el marco de la Operación ‘Baluarte’, donde, entre otras tareas, están apoyando al sistema sanitario en la campaña de vacunación para la dosis adicional contra la COVID-19. En menos de una semana, más de mil militares de 150 unidades han inoculado 35.000 dosis en 13 comunidades autónomas, ha precisado.

Robles ha visitado este lunes, 10 de enero, la Unidad de Vacunación del Hospital General de la Defensa de Zaragoza, que fue la primera que se puso en funcionamiento, una vez que el Gobierno de España acordara que la sanidad militar reforzara las campañas de vacunación contra la COVID-19. Le ha acompañado la subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce; el coronel y director del Hospital, Juan Antonio Lara, y la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés.

En el itinerario, han pasado por el Centro de Vacunación, han conocido un equipo móvil de vacunación y han conversado con algunos de los rastreadores militares.

Robles ha destacado el «estrecho contacto» entre su ministerio y el Departamento de Sanidad de Aragón, a quien ha agradecido «todo el esfuerzo que está realizando» para hacer frente al coronavirus. En esta línea, se ha mostrado «muy orgullosa y satisfecha» por la labor que están haciendo todos los sanitarios militares.

Sobre el derecho y la libertad de vacunarse, la titular de Defensa ha sostenido «que hay que pensar en los derechos de los demás» y en «ser solidarios» porque «cada uno que no se vacuna o no se pone la tercera dosis» puede provocar perjuicios en otras personas, especialmente, en el personal sanitario, que lucha cada día por hacer frente a esta enfermedad.

Asimismo, Robles, ha recordado «que un tanto por ciento» de los fallecidos que han estado hospitalizados por coronavirus no estaban vacunados. Por último, ha dejado claro que los puntos de vacunación militar trabajarán «mientras sea necesario e imprescindible» y no hay una fecha para cerrar estas instalaciones.

1.200 VACUNAS POR DÍA

En Aragón, se puso en marcha la Unidad de Vacunación del Hospital Militar de Zaragoza el 28 de diciembre y en estos momentos administra 1.200 vacunas diarias –300 dosis en cuatro filas–, en horario de mañana. Tal y como ha informado el coronel y director del centro sanitario, Juan Antonio Lara, se vacuna a cuatro personas por minuto, es decir, se pone una dosis cada 15 segundos.

Lara ha añadido que el viernes, 14 de enero, se habrán inoculado 10.700 vacunas, a las que se suman cerca de otras 2.000 correspondientes a los puntos de vacunación móvil. En la comunidad aragonesa, hay cinco ambulancias móviles: Tres en la provincia de Zaragoza –dos para vacunar por las tardes en la capital y una que se desplaza por los pueblos de la provincia–, una en Huesca y otra en Teruel.

Este lunes, ha precisado la ministra Robles, las unidades móviles han estado vacunando en el centro de salud de Ejea de los Caballeros y, en horario vespertino, van a trasladarse a Teruel. Otras zonas de refuerzo de vacunación son Fuentes de Ebro y Cuarte de Huerva.

Hasta la fecha, tanto en la Unidad de Vacunación del Militar, como en los Equipos Móviles de Vacunación ya desplegados en el territorio se han administrado ya cerca de 5.000 dosis extraordinarias de vacuna frente a la COVID-19 a ciudadanos aragoneses.

Los dos equipos ubicados en el Hospital Militar cuentan con agenda de tardes de 240 citas diarias. Para la provincia de Zaragoza, se destinan otros dos equipos y cubrirán, a partir de este lunes, las zonas de salud de Ejea de los Caballeros, Tarazona, La Almunia de Doña Godina, María de Huerva –en Cuarte de Huerva– y Fuentes de Ebro, localidades donde reforzarán la inmunización un día por semana durante todo el mes de enero.

En el caso de la provincia de Huesca, se ha destinado, ya desde la pasada semana, un equipo para los centros de salud de Barbastro y Monzón, que continuará en esa zona hasta el día 14 de enero, para luego recalar en Jaca. En Teruel, dos equipos se ubicarán, también a partir hoy, en el centro de salud Teruel Ensanche dos días a la semana en horario de tardes.

APOYO MILITAR EN PANDEMIA

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha resaltado su agradecimiento al personal militar durante la pandemia, en primera instancia, con la Operación ‘Balmis’, para desinfectar residencias y, en estos momentos, con la Operación ‘Baluarte’, con el apoyo en la campaña de vacunación y rastreadores. En Aragón, de lunes a domingo, realizan una media de 2.500 llamadas diarias a positivos o contactos estrechos.

Repollés ha calificado de «magnífica» la colaboración con el Gobierno de Aragón, que detecta los puntos «más comprometidos» para enviar las unidades móviles de vacunación militar en función de las necesidades.

Este colectivo, entre otras medidas, ha dicho la consejera, está dirigidos a «descongestionar» los centros de Atención Primaria, «saturados» por las tareas de detección de COVID-19, rastreo y vacunación. «Poder expandir la vacunación a otros centros y otras tareas permite que se pueda atender a los pacientes y tiempo y forma en los centros de salud», ha apostillado.

Por otro lado, se ha ampliado también la colaboración con el Hospital General de la Defensa, con 12 camas más que servirán de apoyo al Hospital Miguel Servet y que se suman a las 90 ya existentes.

Repollés ha insistido que estas labores sirven para acercar las Fuerzas Armadas al ciudadano, que ve la colaboración que hacen los militares, y que son personas «cercanas y amables».

José Ángel Herrero-Velarde (San Sebastián, 1945), «figura fundamental» del Festival de Cine San Sebastián durante las últimas cuatro décadas ha fallecido este pasado domingo por la tarde en su domicilio donostiarra, según han informado desde el Zinemaldia.

Notario de profesión, oficio al que debía el apelativo con el que era conocido, los inicios de Herrero-Velarde (San Sebastián, 1945) en el ámbito cinematográfico estuvieron ligados a su trabajo de crítico en el diario Informaciones y en la revista Reseña y a su participación en la junta directiva del cineclub Kresala.

En 1979, y en representación de ese cineclub, pasó a formar parte del comité rector del Festival. En 1985 fue codirector del Festival junto a Mariano Larrandia, Rafa Treku y Leopoldo Arsuaga. Después, formó parte de su comité de selección en distintas etapas, bajo la dirección de Carlos Gortari, los dos periodos de Diego Galán, Manuel Pérez Estremera, Mikel Olaciregui y en la actualidad con José Luis Rebordinos. Con Galán, Olaciregui y Rebordinos, ha formado parte también de su comité de dirección.

El papel de José Ángel Herrero-Velarde fue «especialmente relevante en la configuración de Zabaltegi, la sección más libre del Festival en la que se consolidó la apuesta por los nuevos talentos cinematográficos, así como en la presencia del cine latinoamericano que se plasmó en la sección Horizontes Latinos y el programa pionero Cine en Construcción», según han destacado desde el certamen donostiarra.

A ello ha añadido que «su importancia se extiende a todos los apartados del Festival, ya que ha formado parte en toma de decisiones esenciales de su organización y programación desde 1979». El equipo del Festival le ha agradecido «su incalculable contribución» y ha lamentado que echará de menos su «criterio, erudición y sentido del humor».