La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha subrayado que el Ayuntamiento no es el investigado en los contratos de emergencia de Funeraria señalados, autorizados por todos los grupos municipales, quienes están representados en el consejo de administración de la empresa.
Desde Carabanchel, donde ha informado sobre el plan de apoyo a desplazados y refugiados ucranianos en Madrid, Villacís ha insistido en que «en este caso el investigado no es el Ayuntamiento, son las empresas, el Ayuntamiento está asistiendo en calidad de testigo cuando es requerido por parte de perfiles técnicos para explicar cómo sucedió«.
El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid ha remitido la Fiscalía Anticorrupción toda la información sobre los contratos de emergencia de material sanitario en las primeras semanas de pandemia, que fueron aprobados en el Consejo de la Funeraria con el voto a favor de todos los grupos municipales.
Tal y como avanza ‘eldiario.es’, la Fiscalía Anticorrupción investiga dos de los tres contratos adjudicados en la última semana de marzo de 2020 a una empresa radicada en Malasia para que llegara material sanitario a la capital como mascarillas, test de anticuerpos y guantes.
«EN AQUELLOS TIEMPOS TODO ERA BASTANTE CAÓTICO»
La vicealcaldesa ha añadido que «en aquellos tiempos todo era bastante caótico» y llegaban al Ayuntamiento todo tipo de solicitudes de ayuda, para aclarar que estos empresarios señalados no se pusieron en contacto ni con ella ni con sus compañeros.
«Es importante discriminar cuándo el investigado es una institución o es una empresa o cuándo acudimos en calidad de testigo. Estos contratos se hicieron en el marco de Funeraria con el conocimiento y participación de los grupos«, ha insistido Villacís.
También lo ha hecho recordando que aquellos «eran momentos muy complicados». Así, esa semana se le pedía al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, «bolsas para las personas que se estaban muriendo».
«El investigado no es el Ayuntamiento y esto se hizo con el conocimiento de todos los grupos, con todo el consejo donde están representados. Ya adoptaremos futuras acciones en función de cómo se vaya desarrollando el caso«, ha adelantado la vicealcaldesa.
Fuentes municipales han precisado que «estos contratos se aprobaron en el consejo de Funeraria Municipal los días 23 y 25 de marzo de 2020 por todos los grupos«. Entre marzo y julio de 2020 se realizaron 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, todos ellos remitidos al Tribunal de Cuentas.
De los tres contratos, «todos ellos en precio según oferta y demanda del momento«, dos de ellos se abonaron en su totalidad y un tercero, relativo a los guantes, se devolvió parte de lo pagado por no ser el modelo acordado en la compra.
LOS CONTRATOS Y LAS CUANTÍAS
Estos tres contratos hacen referencia a uno de 6,6 millones de dólares para la adquisición de 1 millón de mascarillas FFP2/ KN95. Además se incluyó una donación de 183.000 de las mismas características.
Otro de 4,8 millones de dólares para la adquisición de 250.000 test, y otro de 5 millones de dólares para compra de 2,5 millones de pares de guantes. De esta cantidad se devolvieron al Ayuntamiento 4 millones de dólares por no reunir las características requeridas. En total se pagaron 12,3 millones de dólares a la empresa LENO.
Además, el Ayuntamiento de Madrid, como «primer interesado en conocer si se ha producido algún delito con dichos contratos», ha remitido a la fiscalía toda la documentación requerida por ésta (contratos, correos electrónicos).
En este sentido, un cargo del Consistorio ha declarado en calidad de testigo por la adjudicación de tres contratos de material sanitario en marzo de 2020, momento en el que, recuerdan, «el personal esencial del Ayuntamiento, Policía, sanitarios o empresa funeraria, entre otros, necesitaban ser provistos de equipos de protección individual«.
