Cervezas Victoria, marca patrocinadora de la Selección Española de Fútbol, lanza la campaña “la Playlist de la Victoria” a las puertas de la próxima competición internacional. Esta pieza audiovisual cuenta con los jugadores Álvaro Morata, Dani Carvajal, Unai Simón, Le Normand, Fabián, Joselu y Olga Carmona, entre otros, y está basada en el Efecto Pigmalión.

Se trata de un fenómeno científico que, según explica la psicóloga deportiva Patricia Ramirez en el spot, las creencias o expectativas que una persona tiene sobre otra pueden influir en el rendimiento de esta última. “Es ciencia. Si le decimos a los jugadores que confiamos en ellos, estaremos más cerca de conseguir la victoria”.

Bajo este efecto, el objetivo de la campaña es recoger mensajes reales de aficionados y personas muy cercanas a los jugadores a través de la página web: www.laplaylistdelavictoria.es Con esta acción, según José Villalobos, Brand Manager de Cervezas Victoria; “Esperamos crear un movimiento nacional de apoyo al equipo y que, gracias a la participación de la afición, tengamos más posibilidades de ganar en Alemania.”

La lista contiene mensajes como el de Olga Carmona, campeona del mundo; Susana Martin, madre de Álvaro Morata; Luis Aragonés, hijo del exseleccionador; Javier Barbero, primer entrenador de Unai Simón o los del propio equipo de Cervezas Victoria, entre otros.

Este spot ha sido ideado por la agencia creativa Jon Lavin y dirigido por Santiago Zannou, Premio Goya en el año 2009. La pieza se desarrolla en distintas localizaciones de la geografía española como son las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Las Rozas en Madrid, la playa de la Malagueta en Málaga o Murguía en País Vasco; y demás espacios destacados.

La versión extendida del spot tendrá una duración 90’’ y se emitirá en televisión, plataformas digitales y redes sociales. También en la web www.cervezasvictoria.es y junto a la participación de @alvaromorata y de la cuenta oficial de la Selección Española de fútbol.

La ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, Imma Tor, ha afirmado este viernes que "no se reúnen las condiciones" para reconocer al Estado palestino.

Lo ha declarado a los medios tras su comparecencia ante la comisión legislativa de Política Exterior, durante la cual los consellers generals (parlamentarios) también se han interesado por la cuestión.

La ministra, manteniendo la posición expresada hace unos días, ha insistido en que el Principado no tiene la intención "a corto o medio plazo" de reconocer a Palestina, pero que sí que son partidarios de la solución de los dos estados, ha dicho.

Según ha manifestado, para reconocer un estado debe haber una autoridad, y se ha preguntado: "¿Quién es la autoridad en Palestina?", remarcando --textualmente-- que Hamás es una organización terrorista y, por lo tanto, no se la considera autoridad.

A su juicio, la Autoridad Palestina no tiene "ni la fortaleza ni la madurez" necesarias para asumir el rol que le correspondería.

CONTACTOS CON OTROS PAÍSES

Tor ha explicado que "no ha habido presiones, pero sí contactos" con otros países, como Noruega, España y Eslovenia, sobre la cuestión, y que estos han preguntado al Principado cuál sería su posición.

La ministra ha defendido que la posición andorrana es "bastante cercana" a la que mantiene Francia, mostrándose favorable a dar más derechos a Palestina en organismos internacionales, pero no reconociendo aún su Estado por el conflicto existente.

Cuestionada sobre las relaciones de Andorra con Israel, ha afirmado que tienen "muy buena relación" y ha recordado que este jueves la embajadora israelí, Rodica Radian-Gordon, visitó el Principado para despedirse.

La visita no se publicitó desde el Gobierno, ni tampoco se hizo ninguna comunicación oficial, mientras que el jefe de Gobierno, Xavier Espot, colgó una foto con la diplomática en sus redes sociales agradeciéndole "las acciones impulsadas" durante su mandato para reforzar la cooperación entre Andorra e Israel.

PROTESTAS DE LOS AGRICULTORES

Los parlamentarios también se han interesado por los contactos diplomáticos de los últimos días con motivo de las protestas de los agricultores catalanes que bloquearon el acceso a Andorra.

Tor ha reconocido que la situación supuso "un momento difícil" en las relaciones bilaterales con Cataluña y el conjunto de España, si bien se consiguió garantizar el paso de los vehículos de emergencias o de los estudiantes que tenían exámenes de selectividad.

En la misma línea que otros representantes gubernamentales, ha expuesto que son situaciones que no deberían repetirse porque no pueden "ser rehenes" de una situación en la que consideran que no pueden intervenir.

El conseller general de Concòrdia (principal grupo de la oposición), Cerni Escalé, ha planteado la posibilidad de reclamar compensaciones por los daños sufridos en la economía andorrana y Tor ha respondido que no lo han considerado.

Finalmente, Tor ha explicado que la cuestión "se pondrá en el orden del día" de las próximas reuniones con las autoridades catalanas y españolas.

El Grupo Parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa a la aprobación del Estatuto de las personas en formación básica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido como Estatuto del Becario.

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la tramitación, "con carácter urgente", del Estatuto del Becario en la redacción dada por el acuerdo bipartito alcanzado en junio de 2023 entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales.

El texto recuerda que el real decreto de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo instó al Ejecutivo a "abordar el Estatuto del Becario".

Tras catorce meses de negociación en el ámbito del diálogo social tripartito, en junio del 2023 el Ministerio de Trabajo y Economía alcanzaba un acuerdo con las organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) sobre el Estatuto del Becario.

Para Sumar, la importancia de la norma estriba, por un lado, en sus potenciales efectos para corregir el recurso "fraudulento" a personas en formación para cubrir puestos de trabajo en las empresas y otras instituciones.

"Esta práctica no solo juega en contra de la generación de empleo en nuestro país y supone un perjuicio patrimonial para las arcas públicas ante el incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social por parte de las empresas, sino que desincentiva la futura incorporación al trabajo de la persona estudiante, cuya experiencia resulta en una prestación de servicios idéntica a la de cualquier trabajador por cuenta ajena, pero sin el reconocimiento de los derechos que le corresponderían como tal", advierte la formación.

La proposición no de ley recoge que, de acuerdo con la última memoria anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social disponible, en 2021 se detectaron 1.038 falsos becarios en las 1.880 actuaciones en esta materia, lo que, a juicio de Sumar, pone de relieve que "estos comportamientos fraudulentos son una práctica extendida".

Además, el Estatuto del Becario reconoce a las personas que realicen estos periodos de prácticas formativas un amplio elenco de derechos, destacando los relativos a la compensación de gastos, al descanso, a los servicios del centro de trabajo ofrecidos a las personas trabajadoras o el derecho a la protección frente a la violencia y el acoso.

"Se trata de una norma fundamental, fruto del diálogo social, que permitirá dotar a las personas estudiantes y a las empresas de un régimen jurídico que proporciona seguridad jurídica y cierra en nuestro país el modelo de empleo-formación, delimitándolo claramente", concluye Sumar.

• La versión del hit Yes, Sir, I Can Boogie, del dúo Baccara, es la protagonista de Verano ’78

Estrella Damm revive los veranos de los icónicos años setenta en “Verano ‘78”, su nueva campaña Mediterráneamente. Y lo hace con uno de los hits que revolucionó el panorama musical de los setenta, “Yes, Sir, I Can Boogie”, del dúo Baccara, que conquistó el primer puesto de las listas musicales de Europa, Estados Unidos y México, batiendo todo tipo de récords más allá de nuestras fronteras.

“Verano ‘78” cuenta la historia de María, una joven que, después de despedirse de su abuela, recibe una caja de fotografías antiguas que le habían pertenecido, de entre las cuales le llama la atención una colección que data del verano de 1978. Es a raíz de esto que decide recorrer cada uno de los lugares que su abuela fotografió el verano de ese año.

Pasado y presente se mezclan en este viaje que las llevará a disfrutar de inolvidables días de playa y de noches estrelladas que parecían eternas, a bailar hasta que salga el sol, y a conocer personas que cambiarán el transcurso de los acontecimientos. Y todo esto, sin darse cuenta de que están viviendo, en años distintos, el que será el verano de sus vidas. Porque, “cambie lo que cambie, que lo importante nunca cambie”.

Indiscutiblemente, la protagonista de la campaña de este verano de Estrella Damm es la música: “Yes, Sir, I Can Boogie”, del dúo Baccara. Una canción que no solo ha sobrevivido al paso del tiempo, sino que ha sido capaz de conquistar a diferentes generaciones, de la misma manera que lo hará este verano con la versión que la cantante y compositora británica Debbie ha interpretado en exclusiva para Estrella Damm, y que próximamente estará disponible en todas las plataformas de venta y streaming de música.

“Verano ‘78” es una idea original de Oriol Villar –creador del concepto Mediterráneamente de Estrella Damm–, dirigida por Claudia Llosa –quien ya colaboró en las campañas de 2012 (“No es el qué, es el cómo”), 2014 (“Entrena el alma”) y 2018 (“Cyrano”) de la cerveza– y con el oscarizado director de fotografía norteamericano Erik Messerschmidt, ganador de una estatuilla dorada por su trabajo en la película “Mank” (2020).

Desde hoy, “Verano ‘78” ya se puede ver en el canal de YouTube y en las redes sociales de Estrella Damm, y en www.estrelladamm.com.

PACMA ha propuesto reducir el IVA y el IRPF aplicables a los servicios prestados por centros veterinarios para "aliviar la carga económica" que estos gastos representan para las familias españolas y ahorrarles "más de 500 millones" de euros anuales, según una propuesta de ley que el partido ha presentado este viernes 7 de junio en el Ministerio de Hacienda.

Por un lado, la formación política propone que los servicios de los centros veterinarios tributen al 4%, siempre que la factura identifique al animal y al titular (con chip y NIF). En este sentido, también quieren que tengan el mismo tributo los medicamentos dispensados junto con el tratamiento veterinario, siempre siguiendo los mismos requisitos de identificación.

Por otro lado, PACMA apuesta por que los contribuyentes con rentas de hasta 26.414 euros en tributación individual y 37.322 euros en tributación conjunta tengan derecho a una deducción estatal del 15% en gastos veterinarios, con un límite de 500 euros en tributación individual o 1.000 euros en tributación conjunta anuales.

Para el partido animalista, estas medidas no solo "aliviarán la carga económica para muchas familias", sino que también "promoverán una mejor atención sanitaria para los animales, reduciendo el abandono y fomentando la adopción". Además, consideran que implantar la deducción de carácter estatal y el hecho de solicitar la facturación emitida a los clientes particulares podría conllevar un "efecto positivo" en detrimento de la economía sumergida.

En líneas generales, recuerdan que casi la mitad de los hogares (43%) tiene al menos un animal y que el número de mascotas supera significativamente al de niños menores de 14 años, con 30 millones de mascotas frente a 6,6 millones de niños, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2021.

"Las familias españolas necesitan reducir los gastos destinados a la salud de sus animales como miembros de la familia que son, y por ello, consideramos que la reducción del IVA veterinario al 4% supondrá una bajada de más de 500 millones de euros para esos 6 millones de hogares", ha afirmado el presidente de PACMA, Javier Luna.

La pediatra Rosaura Leis ha advertido sobre el riesgo que puede suponer el consumo de bebidas energéticas durante la adolescencia, ya que "la mayoría de estos productos supera los 32 miligramos de cafeína por cada 100, eso son 80 miligramos por lata", lo que es comparable a "tomarse dos cafés de golpe".

"Tanto los niños como las familias tienen poca información sobre lo que supone consumir este tipo de bebidas estimulantes", ha apuntado Leis, que es la coordinadora del Grupo de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría en el 70 Congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP), que se celebra estos días en Córdoba.

"Algunas marcas, además, añaden otras sustancias que también llevan cafeína, como el guaraná, y que no se tiene en cuenta en el cálculo de la cafeína que aportan", ha lamentado la especialista, que ha solicitado su regulación, como ya sucede en otros países como Polonia, Lituania o Letonia, o en comunidades autónomas como Galicia, donde ya existe un anteproyecto de ley para prohibir su venta a menores de edad.

Desde la AEP recuerdan que lanzaron en 2023 un comunicado recomendando el consumo cero de este tipo de bebidas en menores de 18 años. Según la AEP, las consecuencias para la salud de este exceso de cafeína en el organismo, especialmente en la población infanto-juvenil, son todas deletéreas: afecta negativamente a la microbiota intestinal, fomenta las alteraciones del sueño y la excitabilidad, puede causar caries, náuseas, vómitos y problemas en el sistema cardiovascular como arritmias, taquicardias o hipertensión arterial. Pero, además, el consumo de estas bebidas con elevado dulzor favorece la preferencia alimentaria por este sabor y hace que nuestras elecciones alimentarias se desplacen hacia el deseo de consumir más azúcar.

EL PEDIATRA DEBE RECETAR EJERCICIO

La quinta causa de mortalidad en el mundo, tal y como apunta la Organización Mundial de la Salud, es el sedentarismo. Según los objetivos de esta entidad, la falta de ejercicio debería reducirse un 15 por ciento para 2030. En cuanto a los jóvenes, los expertos recomiendan una práctica de ejercicio moderado o vigoroso durante 60 minutos al día, aunque la media está por debajo de los 20 minutos.

El pediatra en el Hospital La Salud de Valencia, Ignacio Güemes, ha abordado esta problemática en la sesión titulada: ‘Adolescencia: actividad física y deporte en un marco de hábitos saludables’ en el 70 Congreso AEP.

"Obviamos la actividad física en consulta, muchas veces por falta de formación para hacer recomendaciones", ha explicado el especialista. Así, en una encuesta desarrollada por Güemes, que presenta en este encuentro científico, se pone de manifiesto que el 50 por ciento de los pediatras encuestados considera no tener suficiente tiempo ni conocimiento al respecto como para poder ofrecer consejos a sus pacientes.

"Desde la consulta debemos revertir estas cifras y dar importancia a la actividad física, hasta tal punto que deberíamos prescribirla como si de un medicamento se tratase. No solo por los que no practican ejercicio, sino también por los que lo hacen de manera mal planificada y obsesiva, llevándoles en ocasiones a cuadros de vigorexia, anorexia o burnout por exceso de exigencia", ha finalizado.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Berja (Almería) encargado de coordinar la operación 'Ovidio' por la que fueron detenidas, al menos, 24 personas en Adra y Berja (Almería) vinculadas al tráfico de seres humanos, el narcotráfico y el suministro de combustible --'petaqueo'-- ha ordenado el ingreso en prisión de seis de ellas.

Fuentes del TSJA han confirmado que la titular del juzgado virgitano tomó declaración este jueves a un total de 13 detenidos en la operación 'Ovidio', efectuada por Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, ya que el resto de arrestados fueron puestos en libertad por las autoridades.

Así, de las 13 personsa que comparecieron ante el juez, se dispuso para seis su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras que los otros siete quedaron en libertad provisional con retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.

A cada uno de los detenidos se le investiga por distintos y variados delitos, de manera que el avance de la investigación permitirá concretar las imputaciones. En concreto, la causa investiga los delitos contra la salud pública, contra la seguridad pública, contrabando, inmigración ilegal, blanqueo, contra la ordenación del territorio y tenencia ilícita de armas.

La operación supuso la intervención de cerca de 200 agentes que participaron en un total de 35 registros en los que llegaron a participar en coordinación hasta ocho letrados de la Administración de Justicia ante un operativo que se ha gestado durante dos meses.

La intervención policial permitió la intervención de unos seis vehículos de alta gama así como de abultadas cantidades de combustible que se encontraban almancenadas y que, conforme a los indicios, tendría como fin facilitar el suministro desde tierra y mar a 'narcolanchas' desde el litoral abderitano.

La actuación es fruto de las investigaciones iniciadas por parte de Guardia Civil y Agencia Tributaria a principios de 2023, al apreciarse "un importante incremento de intervenciones, tanto desde el punto de vista del contrabando como otros órdenes delictivos".

Una vez recopiladas y analizadas las informaciones obtenidas, conjuntamente con el Servicio de Vigilancia Aduanera, se procedió a la identificación de los supuestos miembros de una organización delictiva, a los que se atribuyen los delitos.

En el operativo desarrollado este martes han participado cerca de 200 efectivos de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera pertenecientes al Grupo de Acción Rural (GAR) con sede en Logroño, al Grupo Rural de Seguridad (GRS) con sede en Sevilla y al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Asimismo, se desplegaron medios marítimo y aéreos como las patrulleras de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil y helicópteros de ambos cuerpos.

También se ha contó con la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, unidades del servicio Cinológico, unidades de seguridad ciudadana de la 3ª Compañía de la Guardia Civil de El Ejido, y con unidades de Protección y Seguridad (Uprose) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería para el traslado y custodia de detenidos.

Esta operación contra "la logística de las narcolanchas" se enmarca, según explicó el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en el plan de seguridad del campo de Gibraltar, que "está extendido ya a seis de las ocho provincias de Andalucía, entre ellas también Almería", según ha recordado.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada retirará este viernes el precinto de las obras que la Comunidad de Madrid ha iniciado en La Cantueña para establecer un nuevo centro de acogida de menores extranjeros no acompañados, una vez recibida la notificación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid que suspendió de forma cautelar el decreto municipal por el que se paralizaban estos trabajos.

Según fuentes municipales consultada, el Consistorio dará así cumplimiento al auto judicial, que recuerda que no se pronuncia sobre el fondo del decreto de paralización de las obras, y anuncia que presentará alegaciones al recurso del Gobierno regional para "defender" en los tribunales "los derechos de los vecinos y las vecinas", así como por "recuperar el espacio de La Cantueña", sobre el que hay abierto un expediente de reversión, recuerdan.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada precintó el pasado miércoles las obras en cumplimiento del decreto municipal, pues considera que la Comunidad de Madrid incumple el convenio de cesión del espacio de La Cantueña al destinarlo a este fin y, por lo tanto, "la ciudad está en su derecho de recuperarlo", subrayó entonces su regidor, Javier Ayala (PSOE).

Después de que ese mismo miércoles el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, acusara al Consistorio fuenlabreño de estar "en rebeldía" por precintar las obras pese al auto judicial --el Ayuntamiento esgrimió entonces que aún no había recibido comunicación del mismo--, las mismas fuentes municipales subrayan que "seguirá estando en rebeldía" contra "la prepotencia mostrada por la Comunidad de Madrid y contra su obsesión por que este macrocentro para menores no acompañados se levante en Fuenlabrada".

Así, insisten en que la decisión del Gobierno regional "no atiende a la necesidad de atender a menores de una manera adecuada", sino que responde solo "a la obsesión de que este equipamiento se construya en Fuenlabrada cueste lo que cueste".

EL PROYECTO "CONTRAVIENE LAS RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DE EUROPA"

Además, insiste en que el modelo elegido por la Comunidad de Madrid "contraviene las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de servicios sociales". "Un macrocentro en medio de la nada y rodeada de polígonos industriales y autovías no es manera de atender a menores", concluyen.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada cedió el centro a la Administración regional hace 20 años para un centro de difusión ambiental, por lo que al incumplirse el convenio, a juicio del Ayuntamiento, éste activó la cláusula que le habilita a recuperar las instalaciones, si bien el Ejecutivo regional se amparó en la Ley del Suelo autonómica para defender la legalidad de su actuación.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid estimó la petición de medidas cautelares provisionalísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid, suspendiendo así la aplicación del decreto de la Concejalía de Infraestructuras, Urbanismo, Movilidad y Mayores del Ayuntamiento de Fuenlabrada que paralizaba las obras en La Cantueña.

El auto del Juzgado, dio un plazo de tres días al Consistorio para que presente alegaciones antes de dictar auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar.

Según argumenta el auto, concurren en este caso "suficientes elementos" que "permiten apreciar la situación de urgencia requerida" por la Comunidad de Madrid para solicitar la suspensión del decreto municipal.

SUSPENSIÓN DEL DECRETO A LA ESPERA DE UN PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO

Asimismo, el juez considera que ante el reciente inicio de las obras, acceder a la suspensión cautelar de la decisión de paralización representa "el mantenimiento de la situación material y jurídica preexistente", sin perjuicio de su posible modificación una vez se reciban las alegaciones del Ayuntamiento y se resuelva de forma definitiva y tras escuchar a todas las partes.

Tampoco se advierte, sostiene el auto, "un grave perjuicio del interés general" por el hecho de permitir que las obras continúen ejecutándose durante "el breve plazo de tres días que se concederá para la formulación de alegaciones por el Consistorio".

Por el contrario, sostiene, la clausura y precinto de dichas obras "supondrá su inmediata paralización", lo que "presupone objetivamente un perjuicio mayor si después hubiera de ser removido el precinto", dado el "presumible retraso que la ejecución de dicha remoción podría conllevar en cuanto representa la reanudación de unas obras de remodelación, con el subsiguiente traslado de personal, maquinaria y materiales de obra".

Tras el decreto municipal que paralizaba las obras por tratarse de un uso que, a juicio del Ayuntamiento, incumple el convenio de cesión del espacio a la Administración regional, la Comunidad de Madrid --que se ampara en la Ley del Suelo autonómica para justificar la legalidad de su decisión--, recurrió ante la Justicia.

Un centro que la Comunidad quiere habilitar "lo antes posible" y para el que prevé invertir 6,9 millones de euros para habilitar un centenar de plazas de acogida y poder así "atender las demandas del Gobierno de España" con respecto a los menores extranjeros no acompañados que "va a trasladar" a la región madrileña.

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado en minoría por el popular José Luis Sanz, ha rechazado este viernes con los votos en contra de toda la oposición, el PSOE, Vox y la coalición Podemos-IU, la cuestión de confianza del alcalde vinculada al nuevo proyecto presupuestario de 2024, ante lo cual ha comenzado la "cuenta atrás" para la aprobación de las nuevas cuentas, según ha manifestado el propio primer edil.

Y es que ahora será habilitado un periodo de un mes durante el cual los grupos de oposición podrán presentar una moción de censura contra el primer edil, extremo impracticable y ya descartado por los mismos porque dicha operación necesitaría la unión del PSOE, Vox y Podemos-IU en torno a la figura de un alcalde alternativo.

Si no media o prospera ninguna moción de censura, como previsiblemente sucederá, quedarán aprobados definitivamente los presupuestos del Gobierno local del PP, que ascienden a 1,29 mil millones de euros tanto en ingresos como en gastos, en lo que se refiere a su cifra consolidada, es decir las cuentas del Consistorio junto con las de sus empresas municipales y demás entidades satélite.

Este pleno se celebraba en un marco en el que los populares, que gobiernan en solitario y minoría con 14 concejales de un total de 31; vienen gestionando los presupuestos prorrogados de 2023, diseñados por el anterior Gobierno local del PSOE, acometiendo modificaciones presupuestarias de gran envergadura; al no haber cosechado ningún apoyo o abstención entre la oposición para aprobar sus propias cuentas.

Tras meses en esta situación, el alcalde anunciaba su decisión de elevar al pleno su proyecto presupuestario, con el planteamiento de recurrir al mecanismo de la cuestión de confianza en caso de que no prosperasen sus nuevas cuentas, como así sucedió en el pleno extraordinario del pasado lunes, cuando la Corporación local tumbó los presupuestos del PP con el voto contrario en bloque de toda la oposición. Fue entonces, así, cuando el alcalde convocó este nuevo pleno extraordinario para su cuestión de confianza ligada al presupuesto, con los términos ya descritos.

Sanz ha abierto esta "histórica" sesión al tratarse de la primera vez que un alcalde de Sevilla recurre al mecanismo de la cuestión de confianza. Al punto, ha manifestado que todo deriva de la "situación anómala" que sufre el Ayuntamiento por la "pinza y bloqueo" de la oposición al Gobierno local, ante lo cual "hay que poner toda la carne en el asador para salir de esta situación y que la ciudad comience a funcionar lo antes posible con un nuevo presupuesto".

COMIENZA LA "CUENTA ATRÁS"

En ese sentido, ha avisado a la oposición de que esta votación era una "nueva ocasión" para desbloquear el presupuesto, exponiendo que incluso con el nuevo voto contrario de la oposición, comienza "la cuenta atrás" para la aprobación del nuevo presupuesto, que "sólo pararía una posible moción de censura del PSOE con Vox y Podemos e IU", partidos que han descartado tal opción.

La oposición, según ha destacado Sanz, debía elegir entre "facilitar que la ciudad tenga un presupuesto" en breve o "bloquearla de nuevo y hacerle perder un mes y medio o dos meses", en alusión al periodo dispuesto para una hipotética moción de censura descartada por la oposición.

Frente a ello, desde el Grupo de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU) ha precisado a Sanz que como alcalde, él es el "responsable de que la ciudad tenga presupuesto", acusándole de "ir de derrota en derrota" e "ir constantemente improvisando" y de recurrir a esta cuestión de confianza al ser consciente de que "no va a haber moción de censura entre el PSOE, Vox y su formación. Susana Hornillo (Podemos), acusaba además a Sanz de orquestar "una tragicomedia, un circo, para aprobar el presupuesto por la puerta de atrás porque no sabe gobernar" y al no haber salido adelante su "pacto fraguado con Vox", extremo que los populares niegan mientras Vox asegura que había negociaciones para ello.

Cristina Peláez, de Vox, partido que había ceñido su apoyo a los presupuesto a la conformación de un gobierno de coalición con el PP; ha descartado también tanto que la oposición tenga acordada una "pinza" contra el PP, como una moción de censura, porque su formación no va a "pactar nada con el partido traidor" que a su entender constituye el PSOE. Peláez ha recriminado al alcalde que recurra a una cuestión de confianza "inédita" en Sevilla "para mayor vergüenza de este ayuntamiento", como "patada hacia adelante para colar por la puerta de atrás a unos presupuestos socialistas", diseñados para "agradar al PSOE" al objeto de buscar su apoyo o abstención.

"ALCALDE MARIONETA"

Especialmente, le ha reprochado ser un "alcalde marioneta, teledirigido por San Telmo", donde el presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, "no le deja pactar con quien las urnas le han pedido que pacte", en alusión a las conversaciones entre PP y Vox para un gobierno de coalición que los populares niegan. "Los sevillanos eligieron un gobierno de PP y Vox, un cambio real", ha opinado respecto al resultado de los comicios municipales de 2023.

Así, ha acusado a Sanz de tener "el Ayuntamiento sometido a los intereses de Moreno" y de no intentar "cambiar nada en Sevilla", porque su única clave es la de "perpetuar" en el cargo al presidente de la Junta y líder del PP andaluz. Eso sí, ha incluido el mensaje de que Vox sigue con "la mano tendida para el cambio en Sevilla".

El socialista Antonio Muñoz ha lamentado de su lado que Sanz insista en el "mantra de la pinza", alegando que el problema es que el Gobierno local del PP "no convence" ni tiene capacidad de "diálogo o negociación". Muñoz ha descartado una vez más que el PSOE vaya a participar en cualquier moción de censura y ha acusado al Gobierno local de "meter a la ciudad en un lío sin precedentes", reprochando a Sanz que incluso invitase a los partidos de oposición a ausentarse de este pleno si no estaban dispuestos a abstenerse ante la moción de confianza ligada al nuevo presupuesto.

Además, ha advertido de que Sanz se ha convertido en "una sucursal de San Telmo" en el Ayuntamiento de Sevilla, exponiendo que Moreno "le ha rectificado tres veces". "Quería pactar con la extrema derecha y le cogieron con el carrito de los helados", ha aseverado respecto a las citadas conversaciones con Vox negadas por el PP.

Y sobre todo, Muñoz ha defendido que Sanz no puede esgrimir el argumento de Sevilla está bloqueada, asegurando que el PSOE "ha sido generoso" y ha facilitado al Gobierno local la aprobación plenaria de actuaciones por importe de "46 millones de euros". Así, ha lamentado este "regate para aprobar los presupuestos por la puerta de atrás, por la gatera", por el mero hecho de que Sanz "no es capaz de pactar las cuentas ni por la izquierda ni por la derecha".

LA "PINZA UNIDA"

Por el Grupo popular, Juan Bueno lamentaba la "pinza unida de la oposición monolítica", defendiendo que la cuestión de confianza es un mecanismo legal y que el PP recurre a ella por el "bloqueo de la oposición al unísono", idea en la que ha insistido.

Bueno ha defendido así las inversiones del presupuesto, desgranando varias de ellas, alegando que el PP aceptaba 15 de los 27 puntos propuestos por el PSOE y que Vox, partido al que ha rebautizado como "Nox"; ha "decidido que sin sillón no hay negociación".

Ha cerrado el debate el alcalde, avisando a Vox de que sus tres concejales cosechados en 2023 "no les hacen imprescindibles" para el gobierno de la ciudad y considerando que "la pinza está consolidada" y se "fortalece" en este pleno al votar contra la cuestión de confianza. En ese sentido, ha culpado a la oposición de que "la ciudad pierda 30 días" para contar con nuevas cuentas.

El Ayuntamiento de Sevilla, bajo la administración del alcalde 'popular' José Luis Sanz, se enfrenta a un momento crucial en su gestión con la reciente negativa de la oposición a respaldar la cuestión de confianza relacionada con el nuevo proyecto presupuestario para el año 2024. La falta de apoyo de partidos como el PSOE, Vox y la coalición Podemos-IU ha generado un escenario de incertidumbre que pone en peligro la aprobación de las nuevas cuentas municipales. En este contexto, Sanz se encuentra en una situación de fragilidad política que podría desembocar en un periodo de crisis para la administración local.

La cuestión de confianza y sus implicaciones

El rechazo de la cuestión de confianza por parte de la oposición ha marcado un hito en la historia política de Sevilla, al ser la primera vez que un alcalde recurre a este instrumento para impulsar un proyecto presupuestario. La postura unánime de los partidos contrarios al Gobierno municipal evidencia las divisiones y tensiones existentes en el panorama político de la ciudad. El desafío de Sanz de obtener el respaldo necesario para sacar adelante los presupuestos se presenta como un verdadero obstáculo en su mandato.

El pulso político entre el Gobierno local y la oposición

Las críticas de la oposición hacia la estrategia del alcalde de intentar aprobar los presupuestos "por la puerta de atrás" reflejan las profundas discrepancias en cuanto a la gobernanza y la toma de decisiones en el Ayuntamiento. La falta de consenso y diálogo ha llevado a un punto muerto que pone en riesgo la estabilidad institucional y el buen funcionamiento de la ciudad. La inminente posibilidad de una moción de censura, aunque descartada por el momento, sugiere un escenario de incertidumbre que podría desembocar en una crisis política sin precedentes.

La falta de acuerdo y el desafío de la gobernabilidad

La incapacidad de alcanzar un pacto entre las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento de Sevilla deja al descubierto las fisuras y las limitaciones del sistema democrático local. La polarización ideológica, la falta de voluntad de entendimiento y la estrategia de confrontación adoptada por las diferentes facciones políticas contribuyen a un clima de inestabilidad que perjudica el interés general de los ciudadanos. En este contexto, la necesidad de superar los intereses partidistas en aras del bien común se convierte en un reto urgente para garantizar la viabilidad y el progreso de la ciudad.

Los estudiantes universitarios de Cádiz acampados en el campus de Puerto Real han anunciado en un comunicado que levantan su acampada en apoyo a Palestina tras 23 días "en respuesta al avance de las negociaciones con el equipo de Gobierno de la Universidad de Cádiz".

No obstante, desde esta acampada se ha advertido que esta decisión "no implica que nos disolvamos" sino que ahora entrarán en una nueva fase en la que mantendrán su asamblea con la finalidad de "garantizar la cristalización de los compromisos adquiridos, así como de asegurarnos de que no se produzca un incumplimiento de los mismos".

"Nos mantenemos firmes en nuestras reivindicaciones y no dudaremos en escalar las acciones si la situación así lo requiere", han señalado estos estudiantes, que han manifestado de nuevo su apoyo al pueblo palestino "en su liberación" a través de "una nueva fase" en la que se centrarán en "los esfuerzos en el boicot y la presión a las empresas que financian y colaboran con la ocupación israelí y el genocidio".

Tal y como se ha explicado, el pasado martes 4 de junio, los estudiantes acampados mantuvieron una reunión con el equipo de Gobierno de la UCA en la que se concretó en un documento la aplicación de sus demandas y la respuesta de la entidad universitaria hacia las mismas. En él se hacía hincapié en "el carácter urgente de romper relaciones con el estado genocida de Israel".

Este documento aún no ha sido publicado por parte de la Universidad de Cádiz, aunque su Gobierno "adoptó el compromiso de comenzar a trabajar en los ejes" establecidos y "de formalizar su posicionamiento a finales de esta semana o a principios de la siguiente".

En su comunicado, los estudiantes gaditanos han informado de los compromisos alcanzados por ambas partes, en los que se incluyen el cese de relaciones académicas con Israel, remarcando que "actualmente no existe ninguna, por lo que se decretará la imposibilidad de crear nuevas alianzas", así como un posicionamiento "explícito" de la UCA "denunciando los crímenes israelíes en Gaza en términos de genocidio".

Otro de los puntos incluidos en el acuerdo es la protección a la comunidad académica palestina, de tal manera que se gestionarán los casos individuales "para garantizar la continuidad de los estudios, la estabilidad administrativa y la inserción laboral de estudiantes y docentes palestinos", además del estudio de un plan de "desescalada de los acuerdos de colaboración con empresas vinculadas a la ocupación israelí y el genocidio en Gaza, lo cual incluye al Banco Santander".

"Estos avances son fruto de la movilización social en solidaridad con Palestina, y especialmente el movimiento estudiantil en la UCA y en las demás universidades del Estado. Es por ello que hacemos un llamamiento a todas las estudiantes a organizarse y exigir la ruptura total de relaciones con el estado sionista", han manifestado.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha transmitido una visión optimista acerca de las negociaciones en curso con el PSE-EE para establecer un acuerdo de gobierno en Euskadi. Según sus declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, el proceso está avanzando de manera positiva.

Una negociación en progreso

Ortuzar ha destacado que las conversaciones con los socialistas para formar un Ejecutivo de coalición en la región están avanzando favorablemente. Los grupos de trabajo se encuentran en la fase de cerrar el programa de gobierno, lo cual es un paso crucial en el proceso.

El líder del PNV también ha hecho hincapié en la importancia del respeto interinstitucional como parte fundamental del diálogo político. En este sentido, ha señalado que ambas partes deben mostrar un nivel equitativo de respeto para poder sentarse en la mesa de negociaciones de forma constructiva.

Posicionamiento del PNV ante las reuniones interterritoriales

Cabe mencionar que en sus declaraciones, Ortuzar también abordó la ausencia del Gobierno vasco en la reunión de la Interterritorial de Sanidad durante la semana pasada. Expresó su descontento con este tipo de encuentros, calificándolos como poco gratificantes para su partido.

El presidente del EBB del PNV criticó el carácter uniforme y poco consultivo de estas reuniones interterritoriales, donde, según él, las decisiones parecen ser preestablecidas y poco flexibles. Asimismo, hizo hincapié en la falta de consulta por parte del Estado en temas en los que debería involucrarse.

A pesar de los planteamientos críticos sobre ciertos aspectos del sistema político actual, Ortuzar se mostró confiado en que las negociaciones avanzan en la dirección correcta. Con la investidura programada para el día 20, el tiempo sigue siendo un factor importante, pero el líder del PNV ve margen suficiente para llegar a un acuerdo satisfactorio.

La Policía Nacional ha detenido a seis personas relacionadas supuestamente con el asesinato de un joven, cuyo rastro desapareció hace dos años, tras hallarse ayer jueves su cadáver en una finca de la localidad de Aldea del Fresno, ha confirmado una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Tras años de complejas investigaciones, los agentes de la Comisaría de Hortaleza lograron este jueves localizar el cuerpo de un hombre que, a la espera de los resultados de las pruebas de ADN, se trata de Francisco de Pablo Páez, un joven de 32 años que desapareció en extrañas circunstancias en marzo de 2022.

Tras el hallazgo del cadáver, que presentaba signos de muerte de etiología homicida, han detenido a seis personas, cinco hombres y una mujer. Inicialmente, se descarta que el homicidio esté relacionado con un ajuste de cuentas por drogas, según informa hoy 'Vozpopuli'.

Hace dos años, Juana Paez, la madre de Francisco de Pablo, al que llamaban 'Francis', explicó a Europa Press que días antes de su desaparición habían amenazado de muerte días antes por un asunto relacionado con drogas.

La última vez que se le vieron con vida fue el 21 de marzo a las 16:30 horas. Estaba junto a un amigo jugando a videojuegos en el piso que alquilaba en Hortaleza cuando le dijo que se marchaba porque tenía que arreglar un asunto, pero que volvería en una hora, ya que tenía que sacar a pasear a sus perros. Sin embargo, nunca más se supo de él. Le llamaron constantemente al móvil pero nunca ha dado señal.

Según reconoció entonces su madre, su hijo era toxicómano y frecuentaba lugares como la Cañada Real Galiana y la Colonia Marconi, por donde le han estado buscando. Además, sus amigos le habían contado que semanas antes había sido amenazado de muerte por una peligrosa familia de origen moldavo que debía dinero a Francisco por un trapicheo de sustancias estupefacientes.

Juana denunció los hechos en comisaría y trasladó lo ocurrido a asociaciones como SOS Desaparecidos, que lanzaron varias alertas. Además, el abogado Juan Manuel Medina se hizo cargo de este caso y pidió al juez abrir diligencias y tener acceso a las últimas llamadas y mensajes del desaparecido, además del interrogatorio a los miembros de la familia moldava.

La Policía Nacional, en una operación conjunta con agentes británicos de la National Crime Agency (NCA) y la Regional Organised Crime Unit (ROCU), ha logrado desmantelar una red criminal que operaba en Reino Unido y tenía su base de operaciones en España. La organización se dedicaba a la explotación sexual de mujeres vulnerables procedentes de diversos países europeos.

En total, se llevaron a cabo 20 detenciones, dos en Madrid y 18 en Reino Unido, relacionadas con delitos que van desde trata de seres humanos y blanqueo de capitales hasta pertenencia a organización criminal. Durante los arrestos, se efectuaron cuatro registros donde se incautaron más de 4.000 euros en efectivo, dispositivos electrónicos, joyas y documentación relevante para la investigación.

Estrategias de la organización y operación policial

Los responsables de la red reclutaban a mujeres en distintos países europeos para luego explotarlas sexualmente en Reino Unido, obteniendo considerables beneficios económicos. Desde España, el cabecilla y su familia dirigían las actividades de prostitución y coordinaban los pagos a distancia. La organización trasladaba los beneficios fuera de Reino Unido, haciendo transferencias a cuentas en territorio español.

La estrategia de captación de víctimas se centraba en personas vulnerables, muchas de ellas con adicciones, a quienes forzaban a realizar servicios sexuales sin protección, coaccionándolas y amenazándolas continuamente. Incluso llegaron al extremo de presionar a una mujer embarazada para que abortara y pudiera seguir siendo explotada sexualmente.

La investigación se puso en marcha tras la detección de una red que operaba como agencia de acompañamiento en Reino Unido, pero cuyos líderes residían en España. Los beneficios obtenidos de las actividades ilegales eran utilizados para adquirir propiedades inmobiliarias en territorio español.