La Comisión Europea ha abierto un expediente para comprobar si el real decreto de regularización de inmigrantes respetó el derecho comunitario. Lo hace tras una queja que Junts registró en julio.
Los números del proceso fueron muy distintos a los previstos: la regularización extraordinaria acabó con 1.174.968 solicitudes registradas, cuando el Ejecutivo calculaba medio millón. Terminó el 30 de junio, pero muchas peticiones siguen resolviéndose.
Qué ha abierto Bruselas y qué puede pasar
El pasado 23 de octubre, la Comisión respondió al requerimiento de Junts y le comunicó que 'examinará su denuncia a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable', según la respuesta a la que ha tenido acceso EL MUNDO. El organismo contempla la posibilidad de incoar un procedimiento de infracción, el mecanismo con el que Bruselas vigila que las normas nacionales cumplan con las europeas.
La Dirección General de Migración y Asuntos de Interior estudiará el expediente. Junts tendrá un año para argumentar con documentos que el decreto choca con la normativa comunitaria. Conviene aclararlo: no es una sanción ni una decisión sobre el fondo, sino la apertura de una comprobación.
Qué denuncia Junts ante la Comisión
La queja, diseñada por Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, tiene varios frentes. El primero es de forma: el Gobierno eligió un real decreto en lugar de una ley debatida en las Cortes para activar la regularización. El segundo apunta a la obligación de informar a Bruselas y al resto de Estados miembros de las medidas migratorias que puedan afectarles, algo que, según Junts, no se cumplió.
El tercer frente entra en el contenido. Junts sostiene que el real decreto archiva y revoca las órdenes de expulsión de los inmigrantes que obtengan el permiso de residencia, mientras que la directiva europea de retorno obliga a dictar el retorno de quienes están en situación irregular. También cuestiona que los solicitantes de asilo puedan obtener un permiso de residencia sin que la Administración haya comprobado antes si necesitaban esa protección.
El expediente no decide todavía si el decreto incumple la ley europea: abre un año de comprobaciones con la denuncia de Junts como base.
Hay un cuarto elemento, lingüístico. La formación sostiene que el decreto permite vivir en Cataluña sin acreditar ningún vínculo con el catalán, una cuestión que formaba parte del acuerdo para delegar competencias de inmigración a la Generalitat y que decayó en el Congreso por la negativa de Podemos. En Cataluña se registraron 257.602 solicitudes, cerca del 22% del total.
El precedente de enero y la presión de dos primeras ministras
Bruselas ya se había pronunciado antes sobre este asunto. En enero descartó intervenir: el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, sostuvo ante PP y Vox que regularizar el estatus de nacionales de terceros países residentes ilegalmente es 'una responsabilidad de los Estados miembros'.
En febrero, el mismo comisario matizó que la migración es 'un reto compartido' entre los Estados miembros y la Unión Europea, y que cada país debe garantizar que sus decisiones 'no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea'. Ahora, la Comisión se propone comprobar si el decreto contraviene la legislación europea.
La presión política ha acompañado el proceso. Diez días antes de que se conociera el expediente, Meloni y Frederiksen reprocharon a Sánchez la regularización. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunció que pediría a la Comisión investigar la actuación de España por ir 'en contra de la política de inmigración que cuenta con el amplio apoyo de la mayoría en Europa.
¿Qué puede pasar ahora? La Dirección General de Migración y Asuntos de Interior analizará la denuncia con la documentación que aporte Junts y decidirá si abre un procedimiento formal. Si lo hace, España afrontaría un pulso jurídico con Bruselas en plena discusión europea sobre migración. Por ahora, el expediente no altera los permisos ya concedidos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Comisión Europea estudia si el real decreto de regularización respetó el derecho de la UE, tras una queja de Junts.
- Por qué te importa: Afecta a más de un millón de solicitudes y al margen del Gobierno para regularizar por decreto sin pasar por las Cortes.
- A quién afecta: A los 1.174.968 solicitantes de la regularización, con especial peso en Cataluña (257.602 peticiones), y al Ejecutivo.
- Hacia dónde vamos: Junts tiene un año para documentar la denuncia y la Comisión podría abrir un procedimiento de infracción contra España.
