El decreto de centros de datos que debe proteger tu factura de la luz estará listo antes del 29N. El Ministerio para la Transición Ecológica ha cerrado el texto tras meses de alegaciones de las grandes tecnológicas y mantiene el grueso del filtro: solo aterrizarán los campus más eficientes.
Traducido: el Gobierno no quiere que compitan por la energía renovable que ya consumen hogares y empresas. El miedo es concreto: que su llegada encarezca la luz, como ya ha ocurrido en otros países.
La norma se aplicará a los centros de más de 10 MW, prácticamente todos los proyectados. La Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, la desarrolla y el Ejecutivo quiere aprobarla en semanas, antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Qué exige el decreto para instalarse en España
La propuesta inicial, de agosto, obligaba a usar un 80% de renovable las 24 horas y a que saliera de una planta construida en los 18 meses previos. En la práctica, cada centro necesitaba su propia eólica para las horas sin sol, algo que el sector leyó como un veto. El texto final mantiene esa vía, pero abre una segunda con cinco años de margen.
Esa alternativa permite, hasta el 31 de diciembre de 2028, acreditar un 60% de renovable en las horas punta P1 (de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, de lunes a viernes). Desde 2029 y hasta el cierre de 2031, el listón sube al 70% y se extiende también a las horas valle.
El texto deja dos caminos para cumplir, pero mantiene el objetivo: que los campus no empujen al alza el precio mayorista de la electricidad.
A cambio de ese respiro, quien se acoja al régimen transitorio tendrá que desconectarse de la red cuando Red Eléctrica se lo pida. La lógica: en un pico de demanda, el último en llegar debe ser el primero en apagarse, no una fábrica de coches.
Donde no hay marcha atrás es en el agua. El WUE, litros consumidos por cada kWh, se queda en 0,10, uno de los estándares más exigentes del mundo por la sequía estructural. El PUE, la eficiencia eléctrica, se relaja del 1,15 al 1,25: por cada megavatio de actividad principal se pueden gastar 0,25 más en otros usos.
Qué cambia en tu factura y por qué protesta el sector
El objetivo declarado es doble: que los campus no tiren del mercado mayorista y que los proyectos con permiso caigan en picado. Hoy hay 12 gigavatios (GW) con punto de conexión concedido y Transición Ecológica quiere dejar la cifra en 4 GW.
Las penalizaciones no son cosméticas. Incumplir los objetivos de renovables o la correlación horaria supone recargos en peajes y cargos del 10% al 500%. Si el incumplimiento se prolonga dos o cinco años, según la infracción, se pierde el permiso de conexión y el campus no puede operar.
El sector ha peleado el texto alegación a alegación y ha arrancado ajustes. La solar ya no tendrá límite de antigüedad, porque hay planta de sobra, y la eólica amplía a 36 meses su ventana. No podrán acogerse, eso sí, generadores con un contrato PPA firmado con otro consumidor.
Las organizaciones ecologistas se quedan con la miel en los labios. Ecologistas en Acción pedía 1,5 kilómetros entre viviendas y campus, una demanda sensible en Aragón, donde se espera una oleada de instalaciones junto a núcleos urbanos. El Gobierno lo deja fuera: la ordenación del territorio es competencia autonómica.
El precedente que el Ejecutivo quiere evitar
El propio Gobierno justifica la norma con lo ocurrido en Estados Unidos, Países Bajos, Irlanda y Australia, donde la instalación masiva acabó presionando el precio de la luz. También pretende adelantarse a la ley europea de centros sostenibles, para que no llegue cuando los campus ya estén levantados. La vicepresidenta Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, lo resumió en agosto: buscaban centros 'excelentes' y que su consumo fuera renovable.
El pulso sigue abierto. La industria sostiene que las exigencias frenan la inversión; el Ministerio responde que sin reglas el sobrecoste lo pagarían las familias y las empresas ya conectadas. Y el calendario aprieta: si el texto no llega antes del 29N, un Ejecutivo en funciones dependería del criterio del Consejo de Estado sobre si la norma es de interés general.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Transición Ecológica cerrará antes del 29N el real decreto que filtra los nuevos centros de datos por eficiencia energética, hídrica y uso de renovables.
- Por qué te importa: la norma busca que estos campus no compitan por la energía que ya consumen hogares y empresas, lo que evitaría presión al alza en el precio de la luz.
- A quién afecta: a promotores y tecnológicas con permisos de conexión (12 GW en juego) y a los consumidores domésticos e industriales que pagan la factura eléctrica.
- Hacia dónde vamos: el texto debe aprobarse antes del 29N; después llega el desarrollo normativo que adaptará el PUE por regiones y la ley europea de centros sostenibles.
