El Gobierno de Ayuso pagó 6,3 millones de euros por un ático de lujo en el barrio de Chamberí. Ahora, una jueza pregunta a la Fiscalía si puede investigar cómo se cerró esa compra.
Qué ha pedido el juzgado a la Fiscalía
El juzgado de instrucción número 8 de Madrid ha dado el primer paso. En un auto, plantea al Ministerio Público si los tribunales madrileños son competentes para abrir una investigación sobre la adquisición de ese inmueble, de 486 metros cuadrados y en pleno centro de la capital.
La resolución está fechada el 3 de septiembre. Fuentes fiscales consultadas confirman que la Fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre la competencia. Traducido: nadie ha decidido aún si el caso se investiga en Madrid o si corresponde a otro órgano.
El auto también acuerda formar una pieza separada. En ella se incorporará la documentación aportada por Iustitia Europa, la formación extraparlamentaria que presentó la denuncia inicial, y por el PSOE. Más Madrid pidió personarse en el procedimiento.
Ese ático sigue en manos del Ejecutivo regional. La operación para venderlo se puso en marcha en julio y acabó fracasando, justo un día después de que la prensa desvelara la compra.
Los delitos que están sobre la mesa
Iustitia Europa pidió a la Justicia que se aclarara si la operación pudo constituir malversación de caudales públicos o prevaricación administrativa, además de administración desleal de patrimonio público o cualquier otro delito que resulte de la instrucción.
El juzgado no ha abierto una investigación: antes necesita saber si es él quien debe hacerlo.
La prevaricación es el delito que comete una autoridad pública cuando dicta una resolución injusta sabiendo que lo es. La malversación, por su parte, castiga el uso irregular de fondos públicos.
El PSOE de Madrid sostiene que los hechos 'evidencian lagunas e irregularidades procedimentales' y apunta a posibles delitos de prevaricación y de malversación. Más Madrid habla de 'indicios' de que la compra se hizo 'sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido, de forma opaca, grosera y sin acreditación de un interés público'.
La versión del Gobierno regional
Este jueves, el Gobierno de Ayuso reconoció que el uso previsto para la vivienda era de 'alojamiento'. Durante los dos meses anteriores había defendido que el inmueble albergaría oficinas de la Comunidad.
La vivienda está situada justo enfrente del piso que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió como donación en vida de su padre y en el que ahora vive su madre.
Por qué la competencia marca el ritmo del caso
En este tipo de causas, un juzgado debe confirmar antes que el asunto le corresponde. Cuando está en juego el patrimonio de una administración pública, la Fiscalía interviene primero para fijar quién instruye. Ese trámite no decide si hubo delito, pero condiciona los tiempos. Ese filtro evita que cualquier denuncia abra de forma automática una causa, aunque también alarga los plazos.
El expediente ya tiene recorrido. El 10 de agosto, la Fiscalía Provincial de Madrid remitió a este juzgado cuatro denuncias relacionadas con la compra. Quienes las presentaron hablan de opacidad y de falta de interés público. Ninguna resolución judicial ha confirmado por ahora esos indicios.
Lo próximo que se sabrá es la respuesta del Ministerio Público. Si avala la competencia de los juzgados de Madrid, el caso entrará en fase de investigación. Si no, se trasladará a otro órgano y el calendario volverá a empezar. Hasta entonces, el ático continúa siendo patrimonio de la Comunidad de Madrid.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El juzgado de instrucción número 8 de Madrid pregunta a la Fiscalía si puede investigar la compra del ático de Chamberí por 6,3 millones.
- Por qué te importa: Se trata de dinero público: la Comunidad de Madrid pagó ese ático y aún no se sabe si la operación cumplió la ley.
- A quién afecta: Al patrimonio público de la Comunidad de Madrid, propietaria del inmueble, y a los grupos que han denunciado la operación.
- Hacia dónde vamos: Falta la respuesta de la Fiscalía sobre la competencia; de ella depende que se abra o no una investigación.
